Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Alejandro López Cabañas era el sastre de la comunidad de San Vicente, en Atoyac de Álvarez. La noche del 27 de junio de 1972 militares se lo llevaron con engaños al cuartel, un mes después regresó a su casa con secuelas de la tortura que sufrió y con las que vivió de por vida.
“Llevaron a mi padre por engaño al cuartel, que iba arreglar unos pantalones del coronel Macario Castro Villareal y que se dirigiera al cuartel y que inmediatamente se regresara”, relató la hija de Alejandro, Estela López Arroyo.
No fue así, Alejandro regresó un mes después con claros signos de tortura y contó que se lo llevaron solo porque tenía el apellido Cabañas, igual que el entonces guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, aunque Alejandro jamás participó en los movimientos sociales, según lo relatado por su hija.
Hace 15 años Alejandro falleció y nunca se pudo recuperar de las lagunas mentales que fueron consecuencia de las torturas de los militares.
Estela, de 62 años, participó el día de hoy en la marcha que realizaron tres colectivos de familiares de víctimas de la guerra sucia para exigir justicia y verdad.
Este domingo, en el marco del Día del Ejército Mexicano, los colectivos marcharon en la capital y protestaron en la 35 zona militar, para exigir un “acceso pleno a la justicia, sin simulación e impunidad”.
A las 10 de la mañana tres colectivos de familiares de desaparecidos, torturados y asesinados durante la denominada Guerra Sucia, se reunieron en el monumento a Las Banderas y salieron en marcha hacia la 35 zona militar.
La guerra sucia es un periodo histórico entre 1960 y 1980 en el que fueron secuestrados, asesinados y torturados cientos de personas, algunas afinas a los movimientos sociales de la época y algunas otras solo estaban en el lugar y momento equivocado.
De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los desaparecidos por el Estado en este periodo es de 800 personas en todo el territorio nacional.
Aunque cifras de colectivos locales hablan de esos 800 desaparecidos solo en Guerrero, sin contar víctimas de tortura y asesinados.
Al mismo tiempo que las familias y víctimas marchaban, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda desayunaba con mandos militares por la conmemoración del Día del Ejército dentro de la 35 zona militar.
Los familiares y victimas marcharon con cartulinas y fotografías de sus desaparecidos, con pancartas en las que se leían sus exigencias de justicia.
El representante del colectivo Esposas e Hijos de los Desaparecidos de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Benítez, dijo que la mayoría de los crímenes de lesa humanidad, y de los que tienen documentados, se dieron en 1974 a 1980, de los que a casi 50 años no hay justicia para la víctimas ni castigo a los perpetradores.
“Los desaparecidos fueron torturados con tratos inhumanos crueles y degradantes de los que no se conoce la verdad, ni se ha castigado a los responsables”, dijo Gervasio Benítez.
Informó que de esta época tienen un total de 700 desaparecidos registrados y lamentó que “cada administración federal que pasa siempre es el mismo discurso, que van a investigar y nunca lo hacen”.
El contingente llegó a las afueras de las instalaciones de la 35 Zona Militar, donde fueron cerradas las puertas y detrás había un contingente de militares con equipo antimotines.
Por una pequeña puerta salió un elemento de Gobernación y un mando del Ejército a hablar con los manifestantes.
Desde las torres de vigilancia, militares fotografiaron y grabaron en todo momento la protesta de los manifestantes.
Por su parte, los manifestantes tiraron cuetes en señal de protesta, algunos fueron lanzados directamente dentro de las instalaciones militares.
Las familias e integrantes de los colectivos colocaron las lonas de sus desaparecidos y exigencias sobre la fachada de las instalaciones.
Antes de retirarse, los manifestantes leyeron una serie de peticiones que entregaron al personal que estuvo en la puerta observando la manifestación.
En dicho documento piden la destitución del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, “por el mal trabajo que hace al investigar los crímenes de la guerra sucia, debido a que actualmente solo dos ministerios públicos atienden las 600 carpetas de investigación de nuestros casos”.
El documento también señala que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”, se lee en el documento.
A la gobernadora Evelyn Salgado Pineda piden que se investigue a los entonces agentes de la Policía Judicial involucrados en las detenciones y extra judiciales que acabaron en desapariciones forzadas.
Denunciaron que la Comisión para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de la guerra sucia (Comverdad) no ha aportada nada nuevo a las investigaciones y la catalogaron de “omisión y simulación”.
El documento es firmado por el Colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados de la guerra sucia del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. A.C, la Asociación representativa de Ejidos y Comunidades y víctimas de violaciones de derechos humanos y grupos vulnerables A.C y por la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).