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Centro Nacional de Inteligencia incumple orden de entregar información sobre violaciones a DH, denuncia Mecanismo para la Verdad

Desde 2019 hasta la fecha, el Centro Nacional de Inteligencia ha incumplido la orden presidencial para entregar al Archivo General de la Nación toda la información que posee sobre violaciones a derechos humanos, advierte un informe del Mecanismo para la Verdad. Hasta ahora, solo ha entregado el expediente sobre Manuel Buendía.

Texto: Mauricio Torres / Animal Político

Fotografía: Retomada del Informe del MEH

15 de agosto del 2023

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ha incumplido la orden que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió desde 2019 para que todas las instituciones del gobierno federal entreguen al Archivo General de la Nación (AGN) la información que tengan sobre violaciones a derechos humanos.

Así lo advierte el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), instancia que forma parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEHJ), y que este martes publica un informe sobre los incumplimientos del CNI.

La denuncia del MEH se da a menos de un mes de que otra instancia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lanzara un reclamo similar dirigido al Ejército y a la Marina, dependencias a las que acusó de obstaculizar sus investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al no entregar toda la información que tienen en su poder.

Ahora, el documento del mecanismo señala que conocer la información en cuestión es indispensable para entender qué ocurrió durante el periodo 1965-1990. También resalta que el CNI no solo tiene en sus manos los registros de las actividades del CISEN —su antecesor inmediato—, sino también de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN).

“La DFS, DGIPS, DGISEN y el CISEN estuvieron a cargo del monitoreo, investigación, vigilancia y combate de las actividades de individuos y colectividades señaladas como enemigos y opositores del Estado: líderes políticos, campesinos, sindicalistas, estudiantes, personas de ciudadanía extranjera, organizaciones religiosas, movimientos fascistas y de derecha, agrupaciones comunistas y anarquistas, asociaciones de las clases medias, movimientos armados y un largo etcétera”, dice el informe.

“La importancia de los documentos de estas dependencias, también denominados ‘archivos de la represión’, consiste en que permiten conocer las lógicas de la violencia y las estrategias represivas empleadas por el Estado contra sus enemigos y opositores”, agrega.

El documento señala que el equipo del MEH detectó diversas irregularidades en la actuación del CNI en esta materia, como afirmar que ya había cumplido con la entrega de información sin tener las actas que lo comprueben.

Hasta ahora, de acuerdo con el informe, el CNI solo ha entregado al AGN el expediente del asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido el 30 de mayo 1984. Dicho expediente está integrado por una caja con 10 legajos, en los que hay 816 fojas, 315 negativos y seis fotografías, pero ha sido lo único brindado a lo largo de cuatro años.

Expedientes faltantes e incompletos

El documento señala que personal del MEH también revisó los catálogos y depósitos del AGN, en los cuales encontró discrepancias o elementos faltantes. Para el mecanismo, esto lleva a la hipótesis de que hubo información relacionada con violaciones a derechos humanos que simplemente nunca se entregó al AGN o que incluso se sustrajo de ahí.

Como ejemplo, el informe advierte que hay fichas que se refieren a documentos que no están almacenados, o bien, a expedientes incompletos. Tan solo un caso es el de expedientes de narcotraficantes que fueron elaborados pero no están archivados.

“Hay tarjetas catalográficas que evidencian la existencia de expedientes creados por la institución de inteligencia, pero que no aparecen en los catálogos y que, por lo tanto, no están disponibles para consulta en el acervo documental del AGN. La información ubicada perteneció tanto a la DFS, DGIPS, DGISEN y CISEN, y se trata de los casos específicos de Ernesto Fonseca Carrillo (Imagen 16), Miguel Ángel Félix Gallardo (Imagen 17), y Enrique Camarena Salazar (Imagen 18)”, detalla el documento.

“El CNI no ha mostrado voluntad”

Para el mecanismo, todas estas situaciones impiden que tanto su propio personal como la CoVEHJ —creada el 10 de junio de 2021— avancen en su labor de esclarecer los hechos relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas en la segunda mitad del siglo XX.

“A 22 meses de la creación de la CoVEHJ y faltando 13 meses para la entrega de su informe, al MEH no se le ha dado acceso a dicha documentación ni se ha hecho de su conocimiento dónde y bajo qué jurisdicción se encuentra esta”, señala el informe.

“En suma, el CNI no ha mostrado voluntad de estar acatando el acuerdo presidencial que lo obliga a abrir estos archivos para los usos que el decreto de creación otorga a la CoVEHJ”.

Desde el inicio del sexenio, cuando el CISEN se convirtió en CNI, su titularidad la asumió el general Audomaro Martínez Zapata, un militar en retiro cercano al presidente López Obrador.

En diversas ocasiones, el mandatario ha defendido el trabajo del CNI bajo el argumento de que este ya no espía a opositores políticos como antes lo hacía el CISEN, aunque el informe del Mecanismo para la Verdad resalta que el organismo actual no colabora con el esclarecimiento de hechos del pasado.

“El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico hace un llamado al Centro Nacional de Inteligencia a acatar la orden del presidente de la República en el sentido de que corresponde a su gobierno y al Estado mexicano ‘permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie’ como lo declaró en el acto inaugural de los trabajos de la Comisión de la Verdad del periodo 1965-1990”, subraya.

Justicia, memoria y reparación del daño piden víctimas y familiares de la guerra sucia en Guerrero

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

9 de diciembre del 2022

Chilpancingo

Este viernes comenzó el conversatorio Diálogos por la Verdad y Justicia, convocado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Guerra Sucia, para escuchar a las víctimas y familiares de personas desaparecidas, torturadas y encarceladas de 1965 a 1990, periodo conocido como guerra sucia, que algunos académicos nombran terrorismo de Estado.

Durante el conversatorio, víctimas, sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas contaron su testimonio acerca de cómo vivieron la desaparición de algún familiar en manos del Ejército o agentes del Estado mexicano.

Los testimonios fueron recabados por el equipo del Mecanismo para Verdad y formarán parte un informe que tiene la intención de esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil en Guerrero de 1965 a 1990.

El conversatorio, además, se convirtió en un espacio de protesta, donde las familias y víctimas exigieron al gobierno enjuiciar a los perpetradores «y no hacerles un memorial como pretende el presidente», además de una reparación del daño, tanto física, emocional, económica y social. El conversatorio comenzó ayer viernes y terminará hoy.

«Queremos terminar con la impunidad que hasta ahora ha protegido a los perpetradores de masacres, desapariciones, arrasamiento de pueblos enteros, asesinatos, torturas y encarcelamientos clandestinos», mencionó David Fernández Dávalos, titular del Mecanismo para la Verdad.

Alrededor de 100 personas, entre víctimas y familiares llenaron el auditorio de la Unidad Deportiva Chilpancingo, conocida como Crea, al norte de la ciudad.

El auditorio, que lucía repleto de personas originarias de la región Costa Grande, Costa Chica, Sierra, Tierra Caliente y Centro, principalmente, y otros más desplazados desde hace 40 años, se escucharon unos a otros.

Los asistentes contaron pasajes o recuerdos dolorosos sobre la violenta historia política del estado de los últimos 50 años.

Testimonios como el de Guillermina Cabañas Barrientos, hermana del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, resonaron en el pequeño auditorio cuando contó cómo el Estado, a través del Ejército, orilló a toda a la familia del guerrillero a desplazarse y a vivir en la clandestinidad.

«Llegaban los militares y sacaban a toda la gente a la cancha de basquetbol, ahí los que eran Cabañas de un lado y los que no, del otro lado, y ahí vimos cómo comenzaron a desaparecer a nuestros familiares», mencionó Guillermina, quien tiene 72 años.

Contó que en la comunidad donde vivía, San Martin de las Flores, municipio de Atoyac, Costa Grande, debido a los estigmas y el miedo que tenían al Ejército, ella decidió, con ayuda de su hermano Lucio, irse a la clandestinidad.

Aprendió a usar armas y se unió a la lucha armada del Partido de los Pobres que encabezada su hermano.

Aún embarazada combatió fue enfermera para la guerrilla, «hasta que a los cinco meses de embarazo Lucio buscó la manera de sacarme de la Sierra».

Pablo Cabañas, maestro normalista, igual que su hermano Lucio, dijo que nunca participó en la lucha armada, aún así fue detenido frente a sus alumnos de quinto de primaria en una escuela de Huatabampo, Sonora.

Después de su detención fue torturado directamente por Miguel Nazar Haro de la Dirección Federal de Seguridad (DFS); estuvo seis años en prisión “por el único delito de ser hermano del profesor Lucio Cabañas, perdí mujer, casa, trabajo y libertad”.

Otros de los testimonios contados durante el conversatorio fue el de los campesinos de Tlacalixtlahuaca, municipio de San Luis Acatlán, Costa Chica. Victoriano Villegas, dijo, por ejemplo, que “fue duramente golpeada por el Ejército en castigo por haberle dado alojo y cobijo en una ocasión al guerrillero Genaro Vázquez Rojas”.

En esa intervención militar, Victoriano Villegas, que tenía 15 años en ese entonces, vio cómo los militares obligaban a los campesinos a cavar sus fosas antes de ejecutarlos o los dejarlos colgados de los árboles.

“Nadie era libre, sólo de recordar duele”, mencionó.

José Oliver Calleja, otro poblador de Tlacalixtlahuaca, recordó que su padre, antes de ser asesinado, lo colgaron de un árbol, fue torturado por militares.

“Estamos muy sentidos con lo que nos hizo el gobierno, y lo mínimo que pueden hacer es una reparación del daño y castigar a los perpetradores”.

Nicomedes Fuentes Adame, quien también vivió la embestida del Estado en esos tiempos, es un activista que públicamente lleva años con el reclamo de justicia para las víctimas de la guerra sucia, pidió al Mecanismo y a la Comisión de la Verdad el rescate de la memoria histórica, garantías de la no repetición y castigo a los perpetradores.

Fuentes Adame recordó que él fue detenido y desaparecido en dos ocasiones y llevado a cárceles clandestinas del Ejército y la Brigada Blanca.

Uno de sus torturadores fue el comandante Wilfrido Castro Contreras, quien, dijo, falleció de muerte natural, sin ningún castigo.

Otro personaje presente y asumido como sobreviviente de la guerra sucia es el ex gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, quien contó que fue torturado por el comandante del Ejército, Mario Aburto Acosta Chaparro, y un comandante de la Brigada Blanca.

«Mi petición aquí es que los nombres de esos torturadores queden en los libros de historia como lo que son, criminales, torturadores y secuestradores», mencionó.

Las historias de otras personas menos públicas también fueron narradas en este espacio.

El 17 de mayo de 1974, Onésimo Uriostegui Terán, junto con sus dos hijos, Mario y Efraín Uriostegui Flores, caminaban rumbo al campo a trabajar, cuando un grupo de militares les marcó el alto.

Por el miedo de la población a los militares, la familia Uriostegui corrió y en respuesta los militares dispararon y asesinaron a Efraín.

La familia Uriostegui Flores tardó una semana en hallar su cadáver; después de hallarlo lo enterraron por la noche para que los militares no se dieran cuenta.

Por el miedo que les generó el asesino de Efraín, la familia Uriostegui huyó de su natal Tenexpa, un pueblo de Tecpan de Galeana, Costa Grande. Contrataron un taxi para llevarlos a Acapulco, pero en el crucero de Tenexpa, un retén militar los detuvo.

Ahí les preguntaron de dónde venían y alguien respondió que de la Sierra, por lo que de inmediato los militares los bajaron del taxi y Efraín y Mario fueron trasladados en calidad de detenidos al cuartel militar de Atoyac.

La historia fue contada por Celia Uriostegui Flores, hija de Onésimo y hermana de Mario y Efraín.

Ese fue el último contacto que Celia tuvo con su padre y hermano, desde entonces los busca.

La guerra sucia (terrorismo de Estado para muchos) fue un periodo que comprendió de 1965 a 1980, en ese tiempo militares y grupos paramilitares se enfrentaron de manera directa con los movimientos sociales de izquierda, desde universitarios, populares, campesinos hasta las guerrillas.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con los que trabaja la Comisión de la Verdad indican que durante ese periodo fueron desaparecidas unas 800 personas.

Familiares y víctimas de la Guerra Sucia exigen justicia a la Comisión de la verdad

Exigieron también que se diga la verdad sobre el papel del Ejército en la Guerra Sucia. Consideran que siguen siendo intocables y no hay voluntad política para abrir los cuarteles y ser investigados

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

12 de marzo de 2022

Chilpancingo

Familiares y víctimas de desaparición forzada de los años 70´s se reunieron con integrantes de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.

Exigieron a las autoridades justicia para las víctimas, el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el periodo denominado Guerra Sucia, así como la presentación con vida de sus familiares.

En el encuentro, que se realizó en el Auditorio Sentimientos de la Nación, las víctimas expusieron sus casos particulares y sus expectativas sobre la Comisión.

Entre los asistentes estuvieron hijas, hijos, hermanas y esposas de personas desparecidas y torturadas, también algunos sobrevivientes de tortura y encarcelamiento.

Las víctimas contaron sus experiencias en la búsqueda de justicia y realizaron exigencias a las autoridades.

Nicolás Catarino Vásquez contó a la Comisión que él fue desaparecido, torturado y posteriormente encarcelado por el Ejército Mexicano en 1970, tenía 18 años y estudiaba la preparatoria. A 50 años de esos hechos pidió tener acceso a una reparación del daño.

«Yo no me refiero a una reparación económica, me gustaría una reparación psicológica y saber que mis torturadores sean alcanzados por la justicia», comentó.

Trinidad Cuevas, quien militó en las Fuerzas Armadas del Pueblo, lo que le costó la persecución del Ejército, contó que es desplazada de Jalisco. En la Guerra Sucia, los dos hijos de Trinidad fueron desaparecidos. No sabe nada hasta la fecha, exigió su presentación con vida.

Leticia Gutiérrez, hija de Lauro Gutiérrez Santana, arrestado por el Ejército en Atoyac de Álvarez por ser presunto militante del Partido de Los Pobres, dirigido por Lucio Cabañas, también acudió a la reunión.

Fuentes cercanas a la familia les informaron que Gutiérrez Santana estaba arrestado en al Campo Militar número 1, donde posteriormente fue ejecutado.

Las víctimas denunciaron algunos problemas a los que se enfrentan en la búsqueda de justicia, como la falta de protocolos en los servicios médicos forenses, lo que calificaron como una “crisis forense”. No les permiten un reconocimiento eficiente de los cadáveres, lo que dificulta el reconocimiento a los familiares.

Pidieron también tener acceso a una reparación del daño que no sólo sea económica, si no también psicológica, justicia para las víctimas y un castigo a los perpetradores.

Pidieron a la Comisión valorar la creación de un museo para rendir un homenaje a todas las víctimas de la Guerra Sucia.

Integrantes de la Comisión contestaron a los presentes que tomarán en cuenta sus testimonios y propuestas; además, prometieron que recabarán más información sobre las víctimas.

Abordarán el tema de los militares y propondrán otra Comisión de la verdad que abarque la década de 1990 para revisar casos como los de El Charco y Aguas Blancas.

En el foro estuvieron presentes integrantes de la Comisión de la Verdad, el Colectivo de esposas e hijos desaparecidos de la Guerra Sucia, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

Las víctimas dijeron tener esperanza en estos espacios y esperan que sus casos y testimonios no sean archivados como en sexenios anteriores.

Los integrantes de la Comisión se comprometieron a mantener un diálogo permanente con las víctimas y los resultados de la investigación serán presentados en un informe.

El 7 de octubre del 2021, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la creación de la Comisión, luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto para dicha finalidad.
El mecanismo tiene como referente a las comisiones que hubo en Uruguay, Argentina y Ghana. La mexicana tratará de entender el tamaño y la densidad de los movimientos contrainsurgentes que utilizó el Estado mexicano para reprimir a los movimientos sociales.