Texto: Andrea Mendoza Foto: Cromática/Archivo 27 de abril del 2024 Chilpancingo
Un juez dictó la pena máxima de 60 años a César N, el feminicida de Magdalena Aguilar Romero, la nutrióloga asesinada en Taxco en el 2018.
Por medio de una entrevista con La voz de la Noticia, Saúl Aguilar Romero, hermano de Magdalena, anunció que tras una lucha de seis años por la justicia de su hermana, un juez dictó sentencia máxima a César N.
En noviembre del año pasado se dictó una sentencia de 55 años a César N por el delito de feminicidio.
La familia de Magda no quedó conforme, pues exigían la pena máxima para el ex esposo
y feminicida de la nutrióloga.
Saúl Aguilar aseguró que aquel juez que dictó la primera sentencia no concientizó sobre los horrores que el feminicida hizo con su hermana después de privarla de la vida.
Para Saúl Aguilar recibir la noticia de la sentencia máxima es un logro y paz para él, para su madre, padre y sus dos sobrinos, los hijos de Magda.
Reconoció que la justicia estuvo de su lado y que es uno de los pocos casos donde se hace una justicia verdadera.
Saúl recordó el tormento de recibir la noticia del feminicidio de su hermana a sus 18 años y de los dolores por los que tuvieron que pasar su madre y padre.
“Fue un ir y venir, tocamos puertas, fuimos a Chilpancingo a la Fiscalía, para exigir justicia”, comentó Saúl Aguilar.
Saúl también lamentó que en Taxco no existan instancias de género que asesoren a las mujeres ante violencias domésticas y de género.
Comentó que en el 2018, cuando denunciaron al feminicida de su hermana, llegaron mensajes de muchas mujeres que le decían que gracias a esta noticia, dejaron a sus parejas violentas.
El hermano de Magda sabe que esta sentencia no le regresa a su hermana, pero para él y su familia es un logro y paz saber que jamás va a salir a hacerle daño a otra mujer.
Investigadores de la UAM han registrado mil 619 casos e intentos de linchamiento en el periodo que va del 2016 al 2022, un promedio de 22.4 por mes.
Texto: Redacción Animal Político
Foto: Amapola Periodismo/Archivo
Sábado 30 de marzo 2024
El intento de linchamiento de los presuntos asesinos de la niña Camila en Taxco, Guerrero, no fue un caso aislado. En las últimas décadas este fenómeno ha incrementado, llegando a registrarse hasta 22.4 casos e intentos en promedio por mes, detalla una investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
¿Qué es el linchamiento?
La palabra linchamiento se deriva del apellido del estadounidense Charles Lynch, un juez improvisado del estado de Virginia, famoso por infligir penas crueles a criminales, y sin tomar en cuenta procedimientos legales, durante la guerra de Independencia.
La CNDH define el linchamiento como un ”acto de agresión física que lleva a cabo un grupo de personas, incitados por la propia multitud, en contra de una o más personas, con el pretexto de ser supuestamente sancionadas por la colectividad por la presunta comisión de una conducta delictiva o en agravio de la comunidad, justificándose en la inoperancia de la autoridad, a la que consideran no sancionará a los responsables.
Por lo tanto, deciden tomar la justicia en sus manos y castigar de manera corporal, directa e inmediata a los sujetos presuntamente responsables, sin permitirles defensa alguna, lo que puede llegar a provocar su muerte.”
Foto: Captura de pantalla
Casos de linchamiento en México
Un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), elaborado por los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, señala que en el periodo que va del 2016 al 2022, se han registrado mil 423 casos en la modalidad de linchamiento y 196 en grado de tentativa, es decir, un total de mil 619.
De acuerdo con los datos recopilados, los linchamientos no ocurren exclusivamente en el medio rural, sino en zonas netamente urbanas, siendo Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y la Ciudad de México las entidades con mayor prevalencia al concentrar más de 74 por ciento de los casos.
Los investigadores del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco argumentan que este tipo de estallidos surgen cuando la ciudadanía se siente insegura y sin esperanza de beneficiarse de los mecanismos de justicia establecidos, así como por el descontento individual ocasionados por las ofensas de un miembro de la sociedad o autoridad que generan un reclamo conjunto.
“El encono es canalizado por muchedumbres que deciden hacer justicia por propia mano, ante la ineficiencia de las instituciones oficiales, generando una crisis de autoridad que constituye una de las causas profundas de la violencia social”, señalan.
Foto: Captura de pantalla
Otro estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, elaborado por Juan Pablo Aguirre Quezada, destaca que han habido años en los que este tipo de agresiones se han disparado. Es el caso de 1997, cuando se registraron 27 casos; 2010, con 47 y 2013, con 40.
El estudio de Aguirre abarca de 1992 a 2018, años en los que registró 366 casos, la mayoría de estos ocurridos en la zona centro-sur del país.
Sobre los motivos, el estudio del BID señala que el 63% de los linchamientos se asocian a la presunta comisión de robos; el 20% a atropellos de alguien de la comunidad; el 9% contra presuntos secuestradores y el 8% contra supuestos violadores.
Diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso local presentaron una serie de iniciativas de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para armonizar leyes nacionales y tratados internacionales que garanticen a las mujeres una vida de libre de violencia.
El paquete de reformas fue presentado por la presidenta de la Comisión, la priista Gabriela Bernal Reséndiz.
“La propuesta del paquete de reformas a impulsar con este instrumento preveé impactar diversas disposiciones en materia de feminicidios, violencia familiar, desaparición de niñas y mujeres, feminicidio infantil, violencia sexual, niñas y niños en situación de orfandad por feminicidio”, expuso Bernal Reséndiz.
La diputada Gabriela Bernal Reséndiz durante la sesión de este 12 de enero del 2024. Foto: Congreso local
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, del 2021, siete de cada 10 mujeres de 15 años o más en Guerrero, experimentaron algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Lo de hoy fue una primera lectura, por lo que hace falta una segunda y la votación correspondiente para que estas reformas sean efectivas.
De acuerdo con Bernal Reséndiz, el paquete de reformas que se presentó hoy tiene la finalidad “de armonizar lo estipulado en materia de órdenes de protección, en concordancia con los estándares internacionales, las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y las recientes sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Con el paquete de reformas presentadas ayer, se pretende homologar y actualizar los artículos 14 al 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre.
Este paquete de reformas se da después de que el Congreso local firmó un memorándum de entendimiento en el marco de la iniciativa Spotligth, una alianza global orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
“Estas iniciativas tendrán un potencial benéfico para 1.8 millones de mujeres y niñas de Guerrero”, explicó Bernal Reséndiz.
Algunos de los puntos que trata es endurecer los castigos contra quien resulten responsables de cometer violencia política en razón de género, violencia física, psicológica y sexual.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas para la Igualdad de Género y Justicia para su análisis y dictaminación.
Éste texto está patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Texto: Amapola periodismo (con Información de Itzel Urieta y Carmen González
Fotografía: Tlachinollan
Chilpancingo
5 de diciembre del 2023
Luis Vargas acusó a su ex yerno del asesinato de su hija María Margarita Vargas, de 30 años.
Los hechos ocurrieron en la cabecera municipal de Copanatoyac, en la región de la Montaña, la madrugada del domingo 3 de noviembre.
El padre de María Margarita denunció que la muerte de su hija es un feminicidio, no un suicidio, como pretende hacer creer el alcalde priísta de Copanatoyac, Eleuterio Reyes Calleja.
Luis Vargas culpó del asesinato de su hija María Margarita a su ex marido Pavel Bernabé Rosendo.
María Margarita, de 30 años, quien de acuerdo con la denuncia fue víctima de un feminicida, fue sepultada la tarde del viernes 4 de diciembre, en Copanatoyac.
Contó que su hija se separó hace tiempo por la violencia que padecía de su ex marido Pavel Bernabé Rosendo.
María Margarita vivía solo con sus dos hijas de 11 y siete años, en una casa cerca del río, en Copanatoyac.
Contó que en varias ocasiones, mientras vivían en pareja, María Margarita fue agredida por su ex marido, razón por la cual lo dejó, pero él iba a gritarle y a amenazarla.
Explicó que la madrugada del domingo 3 de noviembre, alrededor de la una y media, recibió una llamada de su nieta de once años, hecha desde el número de celular de Pavel Bernabé.
Su nieta le dijo de forma textual: “véngase a mi casa, mataron a mi mamá».
Cuando llegó a la casa a la que se fue a vivir su hija sola, contó, encontró una patrulla de la Policía Municipal de Copanatoyac, a unos vecinos y a sus nietas.
Los policías y los vecinos intentaban reanimar a María Margarita y contó que buscaron atención en clínicas privadas y en el hospital de Copanatoyac pero nadie abrió.
Así que se la llevaron a María Margarita al Hospital General de Tlapa, donde la ingresaron y luego salieron a decirle que estaba muerta.
Contó que el cadáver de su hija tenía signos de violencia, además de señas de una cuerda en el cuello, con la cual, cree, fue asesinada.
Yacimiento de María Margarita Vargas.
El cadáver de su hija fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para practicarle la necropsia, por petición del mismo padre.
Luis Vargas pidió neutralidad en la investigación, sin tráfico de influencias en el Ayuntamiento, porque la madre del presunto feminicida, Pavel Bernabé, Josefa Rosendo Cisneros, es supervisora de la Zona de Preescolar en el municipio y es lideresa priísta.
Luis Vargas indicó que Josefa Rosendo y el alcalde tienen una buena relación y denunció que por eso está protegiendo al feminicida.
El presidente municipal de Copanatoyac ya fue señalado de encubrir otro feminicidio, se trata del doble feminicidio de las hermanas Avelina y Kenia Olivares López, dos mujeres nahuas de Tlalquetzalapa, asesinadas por Fernando Reyes Olivos, hijo del ex presidente municipal Enterbio Reyes Bello.
Ayer por la tarde fue el sepelio de María Margarita y de camino al panteón, la gente exigió justicia para la madre de dos pequeñas que quedan en la orfandad.
El cansancio de los diputados durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, era evidente.
Se notaba en los párpados semicerrados de algunos morenistas y en las posturas encorvadas de algunos de la oposición.
El funcionario centró su discurso en las protestas, principalmente del sector educativo.
Fue la priísta Gabriela Bernal Resendiz quien despertó a los otros 35 diputados presentes.
“Destituya al secretario de Educación (Marcial Rodríguez Saldaña), penoso fue ayer verlo huir de una protesta por unas escaleras; los problemas se enfrentan, no se les huyen”, dijo en tribuna.
El pleno del Congreso de Guerrero, invitados y reporteros de la fuente también salieron del letargo.
En la imagen, la diputada priísta Gabriela Bernal Reséndiz al momento de cuestionar al secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez.
Este lunes iniciaron las comparecencias con motivo de la glosa del segundo informe de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda y las comenzó el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
La sesión estaba prevista para las 10 de la mañana, aunque comenzó con una hora y media de retraso, a las 11:45.
La comparecencia se desarrolló de manera tranquila, sin muchos cuestionamientos fuertes, el ambiente en el pleno era tranquilo, la voz baja y calmada que caracteriza al secretario le imprimió ese ritmo.
Los cuestionamientos más importantes vinieron de las y los diputados de la oposición; de la priista Bernal Reséndiz y de los perredistas Bernardo Ortega Jiménez y Carlos Reyes Torres.
Antes, en un discurso que duró 25 minutos, Reynoso Núñez informó al pleno que durante este segundo año de gobierno, se disminuyeron en un 20 por ciento las manifestaciones individuales y colectivas. “Brindamos cobertura en 1, 453 movilizaciones político-sociales”, dijo Reynoso Núñez.
En el tema de los desplazados, dijo, se atienden a 755 familias desplazadas de 11 municipios.
En el tema de los feminicidios y violencia hacia las mujeres, informó que éstos disminuyeron 72 por ciento.
Otro tema que destacó Reynoso Núñez fue el del Transporte Violeta; indicó que hay 98 urvans de este tipo y 150 taxis que dan servicio especial a las mujeres.
La panista Ana Lenis Reséndiz Javier inició la primera ronda de preguntas, de cuatro que fueron, y que se alargó por cinco horas.
El cuestionamiento de la panista fue en torno a la violencia.
“¿Cuál es la estrategia para abatir los índices de inseguridad, en especial ante el inicio de las campañas políticas, que brinde certeza tanto a candidatos como a la ciudadanía en general, así como al gremio de periodistas”, cuestionó la panista.
La diputada priísta y el secretario general de Gobierno en la comparecencia este 27 de noviembre del 2023.
Reynoso Núñez respondió que se trabaja con todos los órdenes de gobierno, y que a través de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se atienden los reportes de desplazamiento, y agresiones contra periodistas.
Continuó la diputada Leticia Mosso Hernández quien pidió al funcionario explicar las políticas públicas para ayender a las familias desplazadas y cuáles eran las estrategias para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Reynoso Núñez dijo que este año no se registraron personas desplazadas porque aseguró, “se atienden todas las causas, incluidas, la seguridad”.
Sobre la violencia contra las mujeres, el secretario dijo que se implementó el transporte violeta y dijo que se tiene un registro de 75 feminicidios en lo que va del año.
Por último, Mosso Hernández llamó al Poder Ejecutivo a redoblar esfuerzos para garantizar la estabilidad y paz social.
Siguió, a nombre de la representación del Partido Verde, la diputada Hilda Jennifer Ponce Mendoza, quien se limitó a felicitar a la administración estatal “por los esfuerzos que hacen para sacarlos de la marginación y pobreza”.
El diputado perredista Bernardo Ortega Jimenez cuestionó al secretario sobre si cuentan con un programa estatal de derechos humanos y sobre las políticas públicas que se implementan.
También pidió fueran públicas las normas a que se sujetan sobre el uso de la fuerza pública en casos de protestas y sobre los avances respecto a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.
Reynoso Núñez se limitó a contestar que en la Secretaría a su cargo existen direcciones y subsecretarías destinas al apoyo de víctimas de la violencia, desaparecidos, desplazamiento forzado, y agresión contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Sobre las protestas, Reynoso Núñez dijo que los elementos de seguridad con equipo antimotin tienen la orden de no llevar armas a las manifestaciones y procurar el diálogo.
El secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, fue el primer funcionario en comparecer en el Congreso local con motivo del desglose del segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Llegó el turno de la priista Bernal Reséndiz, quien preguntó al secretario sobre la estrategia de atención que se da a 407 familias desplazadas y sí se contempla algún programa de empleo temporal, educación y salud, además de la distribución de canastas básicas.
Fue en ese momento que la legisladora mencionó el desempeño del titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.
Reynoso Núñez respondió que se tiene programas de apoyos económicos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que atienden a las personas desplazadas y sobre el titular de la SEG, dijo que se atienden a todas las personas y sectores, y que los secretarios “hacen su mejor esfuerzo”.
Así concluyó la primer ronda de preguntas, en las rondas siguientes los cuestionamientos fueron repetitivos, seguridad, personas desplazadas y violencia contra las mujeres.
Reynoso Núñez se limitó a responder los cuestionamientos sobre inseguridad y violencia contra las mujeres.
Acompañaron al secretario a la comparecencia, el subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Flores Morales; el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros; el director del Registro Civil, Roberto Barreto Bohórquez y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Óscar Chávez Rendón, o sea, prácticamente todos los altos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.
Texto patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Chilpancingo ocupa el segundo lugar en casos de feminicidios, sólo detrás de Acapulco
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
18 de julio del 2023
Chilpancingo
Desde 2017, ocho municipios de Guerrero tienen activa una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y ninguno de ellos ni el goberno estatal, a siete años de distancia, han logrado que las retiren.
Activistas por los derechos de las mujeres reconocieron que sí hay trabajo y disposición de las autoridades, pero la violencia contra las mujeres aumentó en estos años.
«Eso es lo que se tiene que analizar», dijo la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacía las Mujeres (AGCVM), Marina Reyna Aguilar.
En el caso Chilpancingo, la titular del Instituto Municipal de Igualdad de Género, Blanca Alicia Camacho de la Cruz, informó en la conferencia de prensa matutina de ayer lunes, que el Ayuntamiento capitalino ya cumplió con todos los requisitos para que les sea retirada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
«Estamos cumpliendo y alcanzando más de las metas que nos habíamos propuesto y el día 7 (de julio) se entregó toda la documentación debida que acredita que este municipio ha cumplido con todas las medidas de la Alerta y esperamos que nos puedan quitar la alerta, aunque eso ya no depende de nosotros», mencionó Camacho de la Cruz.
La visión optimista del municipio de Chilpancingo no coincide con los datos y opiniones de activistas.
Para Reyna Aguilar, la situación no es tan fácil, porque aun cuando el municipio cumpla con los requisitos, también son otras instituciones, como el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno estatal, que deben implementar acciones y programas para que la Conavim retire las alertas.
Chilpancingo ocupa el segundo lugar en casos de feminicidios, sólo detrás de Acapulco.
De acuerdo con la Conavim, el municipio que más ha cumplido en las recomendaciones es Zihuatanejo.
«Los ayuntamientos pueden cumplir con su parte y cumplir con los requisitos que son de su competencia, pero no quiere decir que ya se les va a retirar la Alerta», dijo Reyna Aguilar.
Los municipios que cuenta con la Alerta de Género son Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
Existe una segunda alerta por Agravio Comparado, la cual establecía como principal acción la despenalización del aborto en la entidad, hecho que se logró el 17 de mayo del 2023.
En el caso de esta alerta son analizados los requisitos secundarios para que pueda ser removida.
Aún no hay fecha para que la Conavim retire ambas alertas.
La activista Emma Cerón Díaz dijo que las instituciones trabajan para el retiro de las alertas, «pero no han cumplido del todo. Por ejemplo, en Acapulco, apenas se está comprometiendo a accionar para quitar la alerta».
Marcha pacifica de feministas en marco del dia Internacional de la Mujer del monumento las bandera a la alameda Granados Maldonado culminando con un festival el 8 de marzo del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
