Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Amílcar Juárez
22 de marzo del 2022
Chilpancingo
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y otras organizaciones sociales cerraron tres horas el Congreso local en rechazo a la consulta indígena en la que, aseguraron los manifestantes, los diputados autorizaron un gasto de 28 millones de pesos.
Los inconformes acusaron a los legisladores de «manipular» la consulta de reformas a los artículos 777 y la Ley 701 que tienen que ver con el reconocimiento de la cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos así como a su sistema de seguridad.
En el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las reformas a los artículos 14 y 772 de la Constitución local así como la Ley 701 que aprobó en el 2018 la anterior 61 Legislatura a propuesta del entonces gobernador priísta Héctor Astudillo Flores.
La Corte le dio un plazo de 12 meses al Congreso local para que realice una consulta entre los pueblos indígenas y afromexicanos para que se realice estas reformas y la Ley 701 que reconoce a la policía comunitaria.
El próximo 12 de abril se cumple el plazo que le dio la Corte a los diputados locales quienes apenas llevan una semana llevándola a cabo en los municipios donde hay comunidades indígenas y afromexicanas.
Durante la protesta que realizaron los dirigentes de las cinco casas de justicia de la CRAC- PC, organizaciones sociales y los asesores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijeron que a los diputados no les dará tiempo de realizar la consulta por lo que están en riesgo de ser desaforados por incumplir esta orden que les dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
«Los diputados se están gastando 28 millones de pesos para esta consulta falsa y manipulada para salvar su pellejo», dijo Luis Donato, dirigente de los pueblos afromexicanos.
Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico de Tlachinollan, calificó a los diputados de realizar toda una «farsa» para realizar estas reformas.
El grupo de líderes de la CRAC y dirigentes como el del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) Marco Antonio Suástegui Muñoz bloquearon uno de los acceso del Congreso.
En la puerta del recinto legislativo fueron colocadas dos mantas, en una decía, «diputados mercenarios y racistas».
Durante la protesta, los líderes de las cinco casas de justicia de la CRAC, anunciaron una movilización para el próximo 5 de abril.
«Esta consulta no va a pasar porque es una farsa», señaló Rosales Sierra.
«La consulta que impulsan los diputados está tan manipulada que en la pregunta que hacen a los habitantes de los pueblos les piden qué si están de acuerdo en que haya o no policía comunitaria», expresó.
El abogado recordó que la policía comunitaria forma parte del sistema de seguridad que tienen los pueblos indígenas y afromexicanos y por eso no da lugar esa pregunta que hacen los legisladores en su supuesta consulta.
En la protesta estuvo el presidente ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández quien dijo que a los diputados lo que menos les interesa es explicarle a la gente cuál es el motivo de la consulta y sobre qué temas van a tratar.
Recordó que las anteriores reformas a los artículos 777 y 14 de la Constitución que promovió Astudillo a través de los legisladores de la anterior legislatura local y que revocó la Corte, tiene el propósito de desaparecer a la verdadera policía comunitaria de la CRAC que se fundó en 1995 y que tiene reconocimiento ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en base al artículo 169 de la libre autodeterminación de los pueblos.
En el mitin, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) Marco Antonio Suástegui Muñoz denunció que el ex gobernador Astudillo promovió esas reformas porque la policía comunitaria que brinda seguridad en pueblos de la Costa Chica le iba afectar sus negocios que tiene en esa franja turística de Guerrero.
Señaló que los habitantes de las comunidades no se van a dejar y que si es necesario nuevamente van a sacar «los machetes» así como lo hicieron hace años cuando obligaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cancelara la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota en Acapulco.
Plácido Dolores, dirigente de la casa de justicia de la CRAC-PC, le pidió a los diputados que mejor aprueben la propuesta de reformas a la Constitución que ellos elaboraron después de realizar una consulta con los pueblos indígenas.
«Los diputados están gastando mucho dinero en esa consulta manipulada y mejor aprueben la que nosotros elaboramos y ahí la tienen en el Congreso», expresó.
Abel Barrera Hernández, dijo que la consulta que están realizando los diputados no se acerca a los estándares internacionales.
«Los diputados tuvieron más de diez meses para realizar una consulta como se los ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora quieran sacarla en dos meses». Están realizando una práctica legislativa que degrada a ellos mismos como diputados, expresó Barrera Hernández.
La actual 63 Legislatura local está representada por el PRI, PRD, PAN, MORENA, PVEM y PT.
La mayoría legislativa la representa MORENA y por lo consiguiente uno de sus integrantes, Alfredo Sánchez Esquivel es el presidente de la Junta de Coordinación Política.
El morenista Sánchez Esquivel, que repite por segunda vez consecutiva por vía de la reelección al cargo, ha sido acusado de diversas irregularidades desde presuntos actos de corrupción y de haber usurpado la curul cuando le correspondía a un indígena y él no lo es, señalan sus acusadores.
Ahora con esta consulta de reformas para reconocer los derechos a los pueblos indígenas y afromexicanos, Alfredo Sánchez, otra vez está envuelto en la polémica porque fue el principal responsable de haber atrasado este ejercicio ciudadano.