Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaban una protesta hasta la noche de este miércoles 11 de septiembre en la entrada del Congreso local, donde los diputados preven aprobar la minuta del dictamen de la reforma judicial.
El dictamen de la reforma, que ya fue aprobada por el Senado de la República, llegó este miércoles al Congreso y de inmediato la Junta de Coordinación Política convocó a una sesión extraordinaria a las 20 horas.
A las 19:30 horas, más de un centenar de trabajadores administrativos, actuarios, secretarios de acuerdos y jueces de distrito, así como de los dos tribunales colegiados de Chilpancingo, se instalaron en plantón en las rejas de la sede del Poder Legislativo.
«Lo que hicieron los diputados federales y senadores fue un golpe a la justicia del país, al aprobar la reforma», condenó uno de los manifestantes.
La mayoría de los manifestantes iban vestidos de blanco y llevaban una veladora encendida.
A las ocho de la noche llegó al estacionamiento del Congreso en una camioneta blindada el diputado y líder estatal de Morena, Jacinto González Varona.
«Apenas estamos cinco diputados y a lo mejor cambiamos de sede para sesionar», advirtió el legislador.
En la actual legislatura local, que se instaló el 1 de septiembre, Morena cuenta con 24 diputados, y con seis del PVEM y cuatro del PT, que son sus aliados, aprobaría la reforma constitucional.
Y es que entre el PRI, PAN, PRD y MC solo reúnen 12 votos.
Hasta las nueve de la noche de este miércoles, las fracciones parlamentarias seguían reunidas.
En tanto, el grupo de trabajadores del Poder Judicial de la federación seguían afuera del recinto con su protesta.
Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales de la Secretaría General de Gobierno, se acercó a platicar con los manifestantes, bajo una pertinaz lluvia.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, hizo una presentación durante la conferencia matutina de este martes para exhibir los «vicios» que hay actualmente en Poder Judicial
Texto: Redacción Animal político
Foto: José Luis de la Cruz/Archivo Amapola
Martes 10 de septiembre de 2024
Chilpancingo
A horas de que inicie la votación de la reforma al Poder Judicial en el Senado, el Gobierno federal dedicó más de una hora de la conferencia matutina para hablar de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y acusar a jueces, ministros y magistrados de injerencia en las elecciones, corrupción y nepotismo.
El mandatario dijo que con la aprobación de la reforma judicial los jueces tendrán un comportamiento distinto ya que al ser elegidos por el pueblo ya no se seguirán sintiendo influyentes y serán libres para impartir justicia, ya que este poder “se convirtió en protector de las mafias del poder económico y político”.
“Al momento en que sean electos van a tener que actuar con rectitud, primero van a tener la arrogancia de sentirse libres, no van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie, van a tener como jefe al pueblo de México”, insistió.
Al inicio de la conferencia, el tabasqueño presentó unos fragmentos del programa Qué Nos Pasa, del actor Héctor Suárez, para ejemplificar la corrupción en el sistema de justicia.
Hoy se discute la reforma judicial
Los senadores discutirán la reforma judicial este martes y proyectan terminar votación las primeras horas del miércoles. Para la aprobación de la reforma judicial en el Senado, Morena y sus aliados (PT y Verde) requieren un voto más y así conseguir los 86 necesarios para tener la mayoría requerida para pasar esta iniciativa.
El senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, es el único de su partido que no ha firmado el compromiso de votar contra la reforma judicial.
Cuestionado sobre ello, López Obrador se limitó a responder: “No, no estoy enterado, ya ven que es mucho el trabajo aquí”.
Los vicios” en el Poder Judicial, según el Gobierno
Posteriormente, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, hizo una presentación para enumerar los diversos “vicios” que hay actualmente en Poder Judicial, entre ellos el nepotismo.
La funcionaria expuso que la mitad del personal, es decir, el 49 %, que equivale a 24 mil 546 personas, tienen al menos un familiar en el Poder Judicial.
“Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial, y el 23.7 % de personas tienen más de cuatro familiares trabajando en la institución.
La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando incluyendo un magistrado, 13 secretarios dos actuarios y 10 oficiales”, según información obtenida por Consejo de la Judicatura Federal.
Luisa Alcalde destacó que también han existido procesos viciados en la selección de jueces y puso como ejemplo la venta de exámenes por 186 mil pesos para concursos de oposición.
Asimismo, durante su exposición cuestionó la efectividad del Consejo de la Judicatura Federal, al asegurar que, del total de 38 mil quejas presentadas contra jueces, entre 2004 y 2023, el 86% fueron desechadas sin ni siquiera iniciar una investigación.
En este periodo, según el reporte que presentó, sólo han sido sancionados 472 jueces y magistrados, pero sólo con 292 apercibimientos y amonestaciones; 102 suspensiones, 41 destituciones, 23 inhabilitaciones y 14 sanciones económicas.
Mientras que, de enero de 2023 a la fecha, el Poder Ejecutivo ha presentado 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal, pero ninguna ha resultado en sanción.
Además señaló que en los últimos meses, el Poder Judicial ha intervenido en asuntos electorales, sin que sea de su competencia.
Por ejemplo, dijo, hace unos meses la presidenta de la Corte, Norma Piña, convocó a una cena en casa del ministro González Alcántara e invitaron al líder del PRI, Alejandro Moreno, al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez y a magistrados electorales.
Otro ejemplo que puso es que la ministra Piña admitió un recurso del presidente del PAN, Marko Cortés, para que la Corte interpretara y definiera los criterios para la asignación de diputados plurinominales en el Congreso.
La funcionaria reprochó que pesar de que la ley señala que ningún servidor público puede ganar más que el presidente López Obrador, los ministros obtienen sueldos superiores a los 500 mil pesos mensuales.
“Sabadazos” y liberaciones”
En tanto, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, exhibió las resoluciones de integrantes del Poder Judicial que han puesto en libertad, principalmente en fines de semana, a presuntos delincuentes, entre ellos integrantes de cárteles del narcotráfico, de exfuncionarios cercanos a Genaro García Luna, del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, y de exgobernadores como Mario Marín y César Duarte.
Pero, contrario a lo asegurado por el Gobierno federal, los fines de semana son los días en los que menos presuntos delincuentes han sido liberados, al menos bajo órdenes de inmediata libertad derivadas de la no vinculación a proceso de los imputados, pues del año 2018 al 2024 sólo el 16.2% de estas liberaciones han ocurrido en sábado (7.80%) o domingo (8.40%), según datos de los Centros de Justicia Penal Federal del país recopilados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Este texto es publicado por Amapola periodismo con la autorización de Animal Político
Ricardo Anaya rindió protesta en el Senado, en entrevista dijo que la reforma al Poder Judicial de Morena no es una «medicina» al sistema de justicia y que, por el contrario, podría provocar más problemas.
Texto: Redacción Animal Político
Foto: Fb Ricardo Anaya
29 de agosto del 2024
El excandidato a la presidencia y quien este jueves rindió protesta como senador plurinominal, Ricardo Anaya, defendió la urgencia de una reforma al Poder Judicial, sin embargo, descartó estar de acuerdo con la que propuso Andrés Manuel López Obrador.
Ante medios, dijo que el país sí necesita cambios en el sistema de justicia porque está “convencido” que hay “jueces de consigna”, incluso mencionó que por eso tuvo que salir del país cuando fue acusado por presuntamente haber participado en un esquema delictivo para el pago de sobornos a legisladores con recursos provenientes de Odebrecht para agilizar la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto.
“Tuve que estar fuera del país porque tenía clarísimo que en un asunto que no tenía ni pies ni cabeza, se lo iban a turnar a un juez de consigna, y un juez de consigna te deja dos años ‘en el bote’ en lo que averiguan”, dijo en referencia a que se fue a vivir a Estados Unidos tras los señalamientos en su contra.
Sobre la reforma judicial propuesta por el gobierno de AMLO y que ha generado protestas e incluso el paro de trabajadores, Anaya dijo que la iniciativa no va a solucionar los problemas.
“La medicina que está proponiendo Morena no va a curar esta enfermedad (en el Poder Judicial). Por el contrario, creo que la reforma, en los términos en los que la están proponiendo, va a agravar el problema”.
Agregó que el tema central no es la elección de jueces y magistrados sino que Morena tendrá el “monopolio” para designar quiénes pueden participar y quiénes van a aparecer en las boletas en las que la ciudadanía va a votar y acusó que con esto, el Poder Judicial será “un apéndice del Poder Ejecutivo y eso no le conviene a nadie”.
Ricardo Anaya denuncia que habrá un régimen autoritario; dice que será un contrapeso ante mayoría en Congreso
El senador dijo que la única oposición son los 43 legisladores que no forman parte del oficialismo y que eso se verá en las votaciones y aseguró que de parte de Acción Nacional nadie venderá su voto pues serán responsables.
Sin embargo, mencionó que tampoco será una oposición que diga no a todo porque eso es algo que tampoco quieren los mexicanos.
“Debemos apoyar lo que en conciencia creamos que es bueno para la gente y nos debemos oponer con firmeza, con determinación, a todo aquello que estemos convencidos es dañino para el país y para la gente”.
Al ser cuestionado sobre posibles procesos legales en su contra dijo que la Sala Superior ha resuelto que nunca hubo una órden de aprehensión en su contra.
“No temo ninguna persecución. La Sala Superior ha resuelto con absoluta claridad que contrario a los que se ha especulado, no tengo una orden de aprehensión y por tanto, mis derechos políticos están a salvo. Aquí estoy, yo no llegué con un amparo, entré como un ciudadano común y corriente, si tuviera un problema legal no estaría aquí”.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
En el tercer día del paro de labores de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en las sedes Iguala, Chilpancingo y Acapulco, en contra de la reforma judicial, magistrados y jueces se sumaron a la protesta este miércoles 21 de agosto.
Los trabajadores sindicalizados y de confianza, entre actuarios judiciales, secretarios, proyectistas, oficiales judiciales, los tres jueces de distrito y magistrados, se reunieron en las instalaciones del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil y de trabajo, con sede en Chilpancingo.
«Nos encontramos en un punto de inflexión con una reforma legislativa que es promovida por el presidente de la República y analizada por la mayoría parlamentaria que amenaza con socavar los pilares donde se asienta nuestro estado de derecho», expuso el magistrado José Jerónimo Martínez Martínez.
Al referirse al presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario judicial advirtió que la concentración de poder en una sola persona no solo es una afrenta directa a la autonomía del Poder Judicial, sino que también es un golpe a la democracia.
«La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión, y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder», refirió el presidente del Tribunal Colegiado del 21 Circuito.
«Esta reforma (judicial) no solo amenaza la justicia, también amenaza la estabilidad de nuestra nación; sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas y la confianza en nuestras instituciones se desmoronan. Y los derechos humanos quedarán en las manos de una maquinaria estatal centralizada autoritaria», consideró Jerónimo José Martínez.
Previó que con el movimiento de protesta que realiza el Poder Judicial en todo el país, se va a desencadenar una crisis institucional sin precedentes.
«A partir de este 21 de agosto, hacemos un acto legítimo de resistencia contra esta reforma, hasta que ésta sea desechada para dar paso a la construcción de una reforma integral de sistema de justicia, a la cual nos sumaríamos», expuso el magistrado.
En Iguala, los trabajadores y jueces de los juzgados Noveno y Quinto distrito se unieron al paro de labores de manera indefinida.
En Acapulco, todo el personal de los ocho juzgados federales y magistrados de los tribunales colegiados, se sumaron a las protestas.
De acuerdo con los trabajadores en paro, son mil 100 trabajadores, jueces, actuarios, secretarios, oficiales judiciales, proyectistas y magistrados del Poder Judicial de la Federación que participan en el movimiento.
Un grupo de abogados litigantes de Guerrero se reunieron para analizar y discutir la propuesta de reforma del Poder Judicial de la Federación hecha por el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de formular propuestas que realmente permitan mejorar el sistema judicial.
La mayoría de los abogados partieron de que muchos aspectos de la propuesta del titular del Ejecutivo son “aberrantes” en términos jurídicos. Uno de los aspectos que uno de ellos pidió evaluar desde el principio del ejercicio fue si la iniciativa está, en realidad, sostenida en una investigación y metodología sólida o está configurada en una “revancha política”.
La convocatoria para estas mesas de trabajo la hizo el despacho jurídico Sandoval & Asociados, que lidera el abogado Valentín Sandoval Montiel, y acudieron hasta sus oficinas las abogadas Berenice y Mariela Jaramillo Pineda y los abogados Raúl Sánchez Aguirre, Marco Antonio Villalobos Quevedo, Miguel Ángel Astudillo Ponce y Salvador Bustamante Polanco, cada uno de ellos con perfiles destacados en la materia, según la presentación que les hicieron.
El diálogo entre abogados locales lo consideraron necesario porque existen grandes posibilidades de que la reforma sea aprobada por la sucesión presidencial próxima que no anticipa cambios.
La dinámica estuvo dividida en cinco temas a partir de las propuestas planteadas en la iniciativa de reforma: Análisis de las justificaciones para la implementación de la reforma, Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Elección popular de ministros, magistrados y jueces; Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, y Nuevas reglas procesales. En los tres primeros se centró gran parte de la discusión.
En el primer punto, dedicado a la exposición de motivos en los que esta sostenida la iniciativa, una conclusión por la mayoría de los abogados fue que la motivación simplemente “no es correcta” porque, a decir de Mariela Jaramillo, representa “un juego de palabras” con premisas falsas.
En el planteamiento inicial de este punto, Sánchez Aguirre comentó que la exposición de motivos de López Obrador es buena, pero con “consecuencias catastróficas”. Esto abrió el debate, porque el resto de abogadas y abogados lo interpretó como una posición a favor de su colega, quien después reviró y explicó su punto.
“A mí me llama la atención que si esto (la iniciativa) es resultado de una encuesta social, como un documento desde un enfoque no jurídico, creo que es correcto, ahí sí está plasmando el enfoque que tiene el pueblo de México, se lee y está bonito (…). (Pero) siendo analíticos, la exposición de motivos es aberrante, plagada de mentiras y no puede el pueblo de México estar sosteniendo una política, y menos un sistema de justicia, basado en mentiras”, abundó Sánchez Aguirre.
La exposición de motivos de la iniciativa son los elementos que la sostienen y la justifican donde, de acuerdo a las abogadas y los abogados, fue accionado un juego de palabras con recursos como “democracia”, “no a la corrupción”, “no a la impunidad”, “no al nepotismo”, “no al tráfico de influencias”, “no a los abusos al interior del Poder Judicial”, lo que tendría un impacto social positivo, pero no jurídico.
Sánchez Aguirre dijo que en la iniciativa prevalece un llamado a romper la supuesta “cúpula del poder” dentro del Poder Judicial con la “democratización de la justicia”, pero eso, en realidad, configura un “retroceso”, porque la vía que se propone alude a antecedentes de hasta 100 años atrás para empujar la propuesta de elección popular para elegir a los servidores públicos de este poder, cuando fue un mecanismo modificado para llegar a la carrera judicial, que ahora pretende desecharse.
También fue cuestionado que este elemento tenga congruencia con tres de las premisas propuestas de la iniciativa de reforma del Poder Judicial: independencia, modernización y democracia.
*Nueva Integración de la SCJN*
La abogada Berenice Jaramillo fue la encargada de poner el tema en la mesa con posiciones muy claras de lo que, a su juicio, es aceptable y no de la reforma, por ejemplo, consideró viables ajustar de 15 a 12 años el periodo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reducir de 11 a nueve el número de ellos y la cancelación de sus pensiones vitalicias; lo último hasta lo creyó acertado.
No está de acuerdo en la reducción del salario de los ministros y para eso ofreció varios elementos, uno de los más contundentes fue que hacen un trabajo especializado en materia constitucional que demanda tiempo completo y eficiencia probada, no si es popular o no, elemento al que, según su interpretación, apela la iniciativa de reforma para los encargos en este Poder.
Tampoco está de acuerdo con la eliminación de las dos salas del Supremo, donde se discuten asuntos en materias civil y penal y administrativa y laboral, por el contrario, propone tres, de lo contrario el problema será para los justiciables. En el debate general, el resto de las abogadas y los abogados consideraron que la eliminación de las salas generaría una mayor dilación de los casos. “Repercutirá en el número de asuntos por resolver”, agregó Mariela Jaramillo.
La abogada Berenice Jaramillo anotó también que los ministros de la SCJN, para quienes parece estar más dedicada la iniciativa de reforma, según dijo, por el conflicto con el presidente, no son todos los que integran el Poder Judicial, pero al resto de los integrantes parece no considerárseles cuando se expone la necesidad de reducir gastos, sostenida en el principio de austeridad. Además, “no podemos hablar de austeridad si debemos modernizar el sistema judicial”.
Villalobos Quevedo agregó en este punto de discusión que antes de cualquier reforma, lo primero por concretarse era un sistema judicial moderno, el cual no existe.
Astudillo Ponce hizo una lectura más determinante de la iniciativa, “es una venganza del Ejecutivo”.
*Elección popular en el Poder Judicial*
Una de las propuestas sustanciales de la iniciativa de reforma es que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por elección popular, es decir, que sea la ciudadanía quien los elija en una votación, otro de los grandes puntos de discusión en la mesa de trabajo de hoy.
Los abogados participantes no estuvieron de acuerdo con este rasgo de la iniciativa. Bustamante Polanco planteó que el Poder Judicial representa el equilibrio entre el Ejecutivo y Legislativo, donde los servidores públicos son elegidos por elección popular, justo porque este mecanismo no les exige una preparación y especialización profesional, y cualquier mala interpretación de las leyes es corregida en este poder.
Entre otros riesgos que mencionó de entrar en vigor la reforma, con la elección popular como premisa, es que sea una elección desinformada, porque la sociedad no tiene la claridad de cuál debe ser el perfil para cada espacio; posibles costos excesivos: ¿Cuánto costará la elección?; riesgos de que en el financiamiento de campaña se cuelen “grupos antisociales”, si se considera que no habrá financiamiento público, entre varios más.
El abogado Sánchez Aguirre agregó que la única manera en que podría estar de cuerdo con este punto de la propuesta general, de no existir otro escenario, es que los aspirantes tengan carrera judicial porque, de lo contrario, significaría que cualquier persona podría aspirar a los cargos, cuando los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal debe distinguirles un nivel elevado de capacidad intelectual y técnica.
Porque “si analizamos la exposición de motivos desde el punto de vista jurídico y por parte de quienes conocemos el sistema, (la iniciativa de reforma) es una obra literaria para un premio a la mentira y denigrante para quienes estamos en el Poder Judicial”.
Los abogados reunidos elaborarán un documento que concentre los rasgos más importantes de toda su discusión, que incluye los otros dos temas, con una serie de propuestas que darán a conocer en estos días.