“Guerrero se consolida como uno de los destinos preferidos de México en esta temporada”, es parte del texto posteado en redes sociales de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda este domingo cuando habló de la ocupación hotelera con que cerraron Semana Santa los cuatro destinos turísticos del estado, donde Acapulco alcanzó un promedio 91.6 por ciento.
Lo que no figura en esta información oficial son las 25 personas asesinadas en el puerto durante toda la semana pasada de descanso, mientras un parte de Acapulco estaba lleno de turistas. Seis de las personas asesinadas fueron conductores del transporte público o personas de alguna manera asociados a este servicio, lo que generó que algunas rutas del centro y la zona conturbada de la ciudad pararan por algunas horas.
Este número es resultado de un recuento de los hechos violentos suscitados en Acapulco del domingo 13 al domingo 20 de abril, todos publicados por medios locales de comunicación, lo que refleja los diferentes contextos de puerto, como si Acapulco tuviera diversas caras.
Hace unos días Amapola, periodismo transgresor público datos sobre la recuperación turística de Acapulco después de los huracanes Otis (2023) y John (2024) que difunde las instituciones del gobierno del estado y los sucesos violentos que continúan en Acapulco. Dos contrariedades que se acentuaron durante esta Semana Santa que concluyó ayer domingo, pero nunca se cruzaron.
Las playas del puerto estuvieron repletas, según las publicaciones en redes sociales de las dependencias públicas estatales, los medios de comunicación locales y los propios visitantes. Con estas publicaciones, los servidores públicos difundían las diferentes actividades de distracción que hubo en Acapulco, por ejemplo, el puerto fue sede de lo que llamaron la “Cumbre del Mariachi” y otras actividades. Publicaron recomendaciones hasta de los restaurantes que podían visitar.
Todas estas sugerencias dentro de la zona blindada, el Acapulco turístico: el tradicional, que ahora este gobierno le llama la bahía histórica; la dorada, que incluye la costera Miguel Alemán, y la diamante, entre otros puntos que son visitados, como Pie de la cuesta.
La presencia policiaca y militar por toda la costera, en el principal corredor que conecta con otros puntos, es evidente. Dentro de los números particulares de ocupación hotelera, la zona dorada es la más ocupada, con un promedio de 93.6 por ciento.
Así estuvieron las playas de Acapulco durante Semana Santa. Foto: Cromática.
El otro Acapulco…
Pero en el otro Acapulco, la zona rural, conurbada y hasta en la avenida Cuauhtémoc, ubicada apenas a espaldas de la costera Miguel Alemán, asesinaron a estas 25 personas.
El ataque contra los transportistas llevaba semanas en Acapulco, al menos desde marzo pasado, lo que ya era un antecedente de alarma para estas vacaciones, pero durante Semana Santa hubo una sobre exposición de la situación porque, además, los agresores quemaron unidades y atacaron bases del transporte público, lo que alcanzó a otras víctimas además de los conductores.
El martes 15 de abril seis personas fueron asesinadas en Acapulco, dos eran dos hombres taxistas. Uno fue asesinado por la tarde en la avenida Cuauhtémoc, cerca del puente Bicentenario, unas personas en moto se le acercaron y le dispararon. Manejaba una unidad de la ruta Centro-Zapata. Antes, por la mañana aún ya habían asesinado a otro taxista en el bulevar Vicente Guerrero, en la colonia Las Cruces.
Al día siguiente, el miércoles 16, en respuesta contra los ataques, los conductores del transporte publico, de manera particular de taxis y camionetas pasajeras que circulan entre zona conurbada y parte de la zona rural, bloquearon el punto que es conocido como El retorno de la carretera federal México-Acapulco. Durante el bloqueo que duró unas cuatro horas, los conductores no dijeron ninguna palabra a reporteros que cubrían la noticia, su reclamo lo expusieron en las pancartas que portaron durante la protesta, al parecer por temor al exponerse de más.
Este temor no estaba infundado porque unas horas después otro taxista fue asesinado en el bulevar Vicente Guerreros, a la altura de la colonia Renacimiento (zona conurbada). Este conductor había participado en el bloqueo unas horas antes. Su numero de taxi, el 2980, fue visto en el lugar de la protesta.
Al día siguiente, jueves 17, mataron a otro taxista y el viernes 18 a otro. La víctima del viernes ocurrió en un ataque armado al sitio de taxis de la unidad habitacional Casa Palenque, que cubren la ruta hacia el centro de Acapulco. A conductores de esta ruta se les vio en el bloqueo del miércoles, contaron quienes estuvieron en el lugar. En ese mismo hecho mataron a una mujer que era trabajadora de un establecimiento de comida cercano al sitio de taxis, según publicaron algunos medios de comunicación del puerto.
Además, en esta semana fueron incendiadas dos unidades del transporte público, una en Caletilla, ruta Ex campo de tiro-Caleta, y una en calle Nicolás Bravo, cerca del punto conocido como El Vaquero Norteña, en el centro de Acapulco.
Este último hecho ocurrido el viernes pasado generó que conductores de al menos tres rutas del transporte público de la parte poniente del puerto pararan el servicio durante el resto del día; las unidades que iban de Pie de la Cuesta, Pedregoso y San Isidro hasta el centro no circularon y los habitantes de esa parte de Acapulco tuvieron qué resolver esa necesidad.
De estos hechos ni de las causas don fondo han hecho una mención oficial los servidores públicos estatales, a excepción de que la Secretaría de Seguridad Pública del estado difundió en redes sociales que la semana intensificó su operación policial en los destinos turísticos, donde ya habrían unos 13 mil elementos, según los números publicados durante el arranque del periodo vacacional.
Este lunes, todavía es visible la presencia de turistas en Acapulco, debido a que las vacaciones para estudiantes dura una semana más, y la Secretaría de Turismo del estado siguen convocando a visitantes al puerto.
La Semana Santa en Acapulco es una prueba para su recuperación turística, tras los estragos de los huracanes Otis y John. Mientras que una reciente ola de violencia en las zonas populares obligó a un despliegue policial y militar en el puerto.
Texto: Margena de la O Foto: Cromática agencia fotográfica y multimedia Chilpancingo Lunes 14 de abril del 2025
La Semana Santa en Acapulco representa una prueba para la recuperación del puerto como destino turístico a nivel nacional, tras los impactos de los huracanes Otis (2023) y John (2024). Sin embargo, la persistente situación de inseguridad, con la que sus habitantes llevan lidiando desde hace más de una década, volvió a hacerse presente justo antes del inicio de la temporada.
Antes de las vacaciones, que comenzaron este fin de semana, el puerto ha experimentado dos semanas de violencia, lo que generó un despliegue policiaco que expuso la situación de alerta.
Las estadísticas de asesinatos en Acapulco en lo que va de abril lo reafirman. Un recuento de hechos violentos, basado en las publicaciones de medios de comunicación locales desde el inicio del mes hasta ayer domingo 13, arrojó que asesinaron a 22 personas en estos días. El periódico El Sur publicó a inicios de abril que marzo cerró con 44 personas asesinadas en el puerto, de las cuales 10 eran transportistas.
Los hechos violentos de los días previos a las vacaciones que iniciaron este fin de semana se concentraron en zonas populares, como la colonia La Mira, que forma parte de ese otro Acapulco que poco es considerado cuando los servidores públicos, empresarios y prestadores de servicios hablan del puerto en términos turísticos.
La imagen corresponde a las diligencias después del asesinato del trabajador de una tortilleria de la colonia La Mira, el 7 de abril pasado. Foto: Andrew López.
Las maestras y los maestros del preescolar y la primaria de La Mira, de acuerdo con la sección XIV del SNTE, salieron de vacaciones una semana antes porque, a unos metros de donde están ubicados los planteles, ocurrieron ataques a balazos, y mataron a un taxista y a trabajadores de tortillerías.
La reacción institucional del gobierno del estado fue enviar vigilancia a la zona de escuelas y ofrecer talleres de activación física y dinámicas para el control de emociones y la prevención del consumo de drogas a la secundaria, que mantuvo sus actividades durante toda la semana pasada, con el propósito, según difundieron, de prevenir la violencia.
La Secundaria Técnica 151 Caritino Maldonado está un poco más lejos del lugar de los ataques. Ahí, los preadolescentes y adolescentes recibieron clases de boxeo.
Desde entonces, la vigilancia en las zonas turísticas es una prioridad, porque el periodo vacacional estaba en puerta. A lo largo de toda la costera Miguel Alemán, según los habitantes del puerto, es evidente la presencia de policías estatales, guardias nacionales y militares desde hace días.
En el contexto de este arranque, el secretario de Seguridad Pública en Acapulco, Eduardo Arturo Baileres Mendoza, informó que el gobierno municipal forma parte de una estrategia integral nacional de seguridad pública y que la vigilancia en La Mira es importante, como lo son las áreas de cualquier otro cuadrante del puerto.
Mencionó que, como resultado de esa coordinación, ahora funcionan en Acapulco más de 2,000 cámaras institucionales de videovigilancia. Pero Acapulco también fue noticia hace unas semanas porque la Marina retiró de algunos puntos de la ciudad cámaras irregulares que podrían ser operadas por grupos criminales.
El viernes pasado, en Taxco, durante el acto oficial para el arranque de la operación policial del periodo vacacional de Semana Santa (del 11 al 27 de abril), el gobierno del estado informó que más de 13 mil elementos fueron distribuidos en el estado, en particular en lugares turísticos, como Acapulco.
Declaran a Acapulco recuperado
Para el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, la recuperación de Acapulco en infraestructura turística está completa después de Otis y John; solo están pendientes algunas habitaciones o condominios particulares de la zona Diamante del puerto, lo que significa, si acaso –dijo–, un 3 por ciento.
“Tenemos ya prácticamente una recuperación total, a pesar de que hemos tenido condiciones climatológicas un poco adversas. El nivel de ocupación y lo que hemos podido ver aquí es que se está recibiendo una gran cantidad de visitantes”, comentó en entrevista.
La única alerta que los tuvo un tanto a la expectativa fue el alto oleaje por un fenómeno conocido como mar de fondo, que provocó olas altas en los últimos días en diferentes playas de la bahía, pero –aclaró el secretario– no generó ningún escenario negativo, porque ni reportes de palapas derribadas tuvieron.
Todo el discurso institucional del gobierno del estado está orientado en la misma tónica para estas vacaciones. Por ejemplo, el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, en pleno acto de arranque de la operación policial especial, soltó: “Se cumplió el pronóstico, gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), de llegar a las 15 mil habitaciones en Acapulco”.
El periodo vacacional arrancó con 15,004 habitaciones reservadas en 274 hoteles de Acapulco, de acuerdo con las estadísticas de la dependencia.
El funcionario celebró que la ocupación hotelera se mantenga desde el inicio de 2025 entre un 71 y 80 por ciento los fines de semana normales, y que suba durante los fines de semana largos.
Seguridad o inseguridad pública, según el lugar del puerto
La inseguridad de las últimas semanas en ciertas zonas del puerto no figura en el discurso institucional para este periodo vacacional. Algunos empresarios de Acapulco también parecen no mirarla.
Al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco (Canaco Servytur Acapulco), Alejandro Martínez Sidney, le llena de confianza las acciones institucionales coordinadas que –dijo– emplean los diferentes niveles de gobierno actualmente en el puerto.
Consideró que Acapulco no es el mismo que hace 20, 15 o 10 años, porque “ha habido grandes avances en materia de seguridad y prevención de los delitos. Acapulco ha mejorado mucho su seguridad. La extorsión ha disminuido”.
La queja más recurrente del sector empresarial del puerto hace algunos años, como parte del contexto violento, eran las extorsiones de criminales, y Martínez Sidney fue uno de los que más se quejó.
Pero ahora, expuso, han disminuido las extorsiones porque las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, en particular desde el cambio de la administración federal, han respondido con mayor “eficacia”.
Sin embargo, en las zonas urbanas distintas a la costera y otros puntos turísticos podrían tener una evaluación muy diferente a la del empresario. Por ejemplo, en La Mira, donde requirieron vigilancia especial.
Pero el empresario reduce la problemática a los eslabones sociales más débiles: los consumidores de drogas. “Estas ejecuciones que se han dado en el transporte son acapulqueños contra acapulqueños, entonces, no es el gobierno el causante de la violencia, son los consumidores de droga. La droga altera a las personas”.
Con éste, es el segundo caso de un ex alcalde asesinado durante esta semana los cuales, a su vez, forman parte de una lista de nueve personas muertas halladas en circunstancias similares en estos días, es decir, en barrancos, en lo que parecen accidentes
Texto: Margena de la O
Foto: Facebook Roberto Zapoteco Castro
Chilpancingo
Viernes 11 de abril del 2025
A orilla de un camino de Mártir de Cuilapan, municipio de la zona Centro del estado, esta mañana fue hallado el cadáver del exalcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, junto al de otra persona, de acuerdo a unos reportes policiacos.
Con éste, es el segundo caso de un ex alcalde asesinado durante esta semana los cuales, a su vez, forman parte de una lista de nueve personas muertas halladas en circunstancias similares en estos días, es decir, en barrancos, en lo que parecen accidentes, al costado de carreteras locales.
Los preliminares de este hallazgo indican que el cadáver del exalcalde y otras persona fueron ubicados en un paraje conocido como El Aguacate, localizado entre las comunidades de Zotoltitlán y La Esperanza, dos pueblos de Mártir de Cuilapan. En esos reportes también hablan de un accidente vehicular, pero nunca ofrecen detalles del incidente, razón por la que no queda claro la causa de muerte.
Zapoteco Castro fue alcalde durante el periodo 2015-2018 de Zitlala, uno de los municipios que de manera oficial forma parte de la zona Centro del estado pero, a su vez, es parte de una subregión conocida como la Montaña baja de Guerrero, donde hay importante población nahua. La Montaña baja es de referencia pública durante los últimos años por temas de inseguridad y violencia criminal.
El diciembre del 2020, Zapoteco Castro sobrevivió a un atentado armado, ocurrido en las inmediaciones de la comunidad de Pochahuizco, que pertenece a Zitlala. En esa ocasión fue herido en el brazo.
Cuando se exponen que han ocurrido otros hallazgos en circunstancias similares se trae a cuenta que apenas el martes por la noche fue reportado el hallazgo de una camioneta al fondo de un barranco de la carretera Ocotito-Tlahuizapa, de Chilpancingo, con cadáveres dentro.
Hasta el día siguiente que fueron rescatados, se supo que eran tres, uno era el del exalcalde de Heliodoro Castillo, José Concepción Hernández Solano, el de su padre y el de un colaborador. La causa de muerte que reportaron fuentes policiacas son golpes. De manera oficial las autoridades estatales no informaron del caso ni hablaron de las razones de las muertes.
Hernández Solano además es ubicado como fundador del Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor (CSPFM) y hasta unos días se había desempeñado como secretario de Desarrollo Rural de Chilpancingo, pero renunció.
Tomó el puesto todavía por designación del exalcalde asesinado, Alejandro Arcos Catalán, y el alcalde Gustavo Alarcón Herrera lo mantuvo. El gobierno municipal de Chilpancingo colgó una esquela en sus redes sociales oficiales para dar el pésame a la familia del ex funcionario municipal.
Un día antes, el lunes 7 de abril por la mañana fue reportado el hallazgo de una de una camioneta Nissan X-Trail color rojo al fondo de un barranco sobre la carretera federal México-Acapulco, en el tramo carretero Palo Blanco-Acahuizotla, con cadáveres dentro. Desde un principio hubo la sospecha que se trataban de los cadáveres de tres conductores del transporte público dediferentes rutas de Chilpancingo reportados como desaparecidos desde el viernes anterior.
Más tarde fue confirmado, eran ellos, pero había una cuarta víctima.
Todos estos casos tienen la coincidencia del hallazgo en un contexto de aparentes accidentes carreteros.
Consecuencia de los hechos de este miércoles en Yextla e Izotepec las clases están suspendidas hasta después del próximo periodo vacacional. La versión de los habitantes de Yextla es que quienes ingresaron a su pueblo incendiaron una vivienda y se llevaron por la fuerza a unas personas. El gobierno estatal había ofrecido vigilancia permanente
Texto: Margena de la O
Foto: Oficial y Especial
Chilpancingo
Jueves 10 de abril del 2025
Aun cuando el gobierno del estado dio a conocer la implementación de una operación policiaca y militar permanente en los pueblos de la Sierra donde ayer por la mañana hubo enfrentamientos a balazos entre civiles, pobladores de Yextla, municipio de Leonardo Bravo, informaron que los elementos solo llegaron, vieron parte de los daños y se retiraron.
Consecuencia de los hechos de ayer, los habitantes de este pueblo tomaron medidas y los directivos de las escuelas decidieron suspender las clases y adelantar el periodo vacacional que empieza este fin de semana, ante el riesgo de que vuelvan a ocurrir balaceras. Cuando ocurrieron los hechos, entre nueve y 10 de la mañana, las niñas, niños y adolescentes estaban en los planteles. En el pueblo hay escuelas desde nivel básico hasta bachillerato.
Mediante un video difundido en las redes sociales, los pobladores de Yextla reportaron ayer parte de la balacera en su pueblo. En poco más de un minuto que dura ese video se escuchan balazos tupidos y se ve una calle solitaria ensombrecida por una nube de humo, como si algo estuviese quemándose.
Aunado a este video se supo que las balaceras comenzaron en Izotepec, una localidad que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo, que pega con Yextla. La Sierra de Guerrero, formada por las montañas más altas del estado, funciona como una sola región, independiente de los límites territoriales de algunos municipios.
La versión de los habitantes de Yextla es que, en efecto, los enfrentamientos armados habrían comenzado una hora antes en Izotepec, y que siguieron en su pueblo, donde incendiaron una vivienda. Esa era la razón del humo negro del video.
En la imagen se puede observar la vivienda que fue baleada e incendiada en la comunidad de Yextla, donde este miércoles 9 de abril del 2025 ingresaron personas armadas. Foto: Especial.
Quienes ingresaron a Yextla, dijeron, se llevaron a unos habitantes del pueblo, con quienes tendría una diferencia en términos criminales. Eso ha generado que otros habitantes, familiares de quienes se llevaron por la fuerza, se desplazaran de la comunidad.
Después de que ayer (miércoles) fuera público la balacera o enfrentamiento en estos pueblos, el gobierno del estado, sin ofrecer una versión oficial de que ocurrió, difundió un comunicado a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, donde daban a conocer operaciones de seguridad y vigilancia en Yextla e Izotepec por parte del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Además informaron que serían acciones permanentes. “La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero informa que estas acciones se mantendrán de manera permanente en la región, en estrecha coordinación con las fuerzas federales, con el firme compromiso de salvaguardar la integridad de las y los guerrerenses”, es uno de los fragmentos del comunicado.
Junto al comunicado solo publicaron fotografías de su camino hacia la Sierra, nunca de su permanencia en los pueblos donde ocurrieron los hechos.
Los habitantes de Yextla informaron que “el gobierno”, como es que identifican la presencia policial y militar, solo llegó al pueblo, revisó la vivienda incendiada y se retiró.
El compromiso público del gobierno estatal, según el texto difundido por la secretaría, es salvaguardar la integridad de los habitantes, pero los habitantes lo pusieron en duda.
En el video de poco más de un minuto se ve como un humo negro sale al final de una calle vacía del pueblo de Yextla y se escuchan los balazos tupidos, uno tras otro, mientras unas personas murmullan. Esa así como habitantes de este pueblo de Leonardo Bravo dieron a conocer sobre un enfrentamiento armado que civiles mantiene en diferentes puntos de la Sierra de la parte Centro del estado.
Otro de los puntos hasta donde se extendió el enfrentamiento fue en Izotepec, otro pueblo serrano que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo. En la parte alta de Guerrero, conocida como la región Sierra, convergen varios pueblos de distintos municipios que forman un solo territorio.
Durante casi todo el video se escuchan los balazos de lo que habitantes reportan como un enfrentamiento aparentemente criminal, pero las autoridades no ofrecieron un reporte oficial.
Mediante las redes sociales se supo que las balaceras comenzaron desde temprano y que siguieron hasta avanzada la mañana. Al mediodía la refriega había terminado.
Algunas personas que tienen familiares en estos pueblos informaron que desde temprano les reportaron que personas armadas llegaron a sus pueblos y comenzaron a dispararse unos con otros, como si trajeran un pleito desde antes, lo que generó que los habitantes se encerraran.
Lo que se ve en el video que circula en la redes sociales es que el enfrentamiento a balazos en Yextla fue en pleno pueblo, porque el humo negro sale de un punto de entre las casas.
Captura del video que habitantes de Yextla comparten del momento de las balaceras.
Una habitante de la Sierra que está desplazada desde hace varios años informó que ya pudo comunicarse con su familia que vive en Yextla, y “están bien, solo asustados, pues, pero bien, gracias a Dios”.
La Sierra es una zona apartada de la zonas más urbanizadas en el estado y suele ser referencia desde hace varios años como un punto atravesado por varias violencias, la más notable, la criminal que ha generado que pueblos completos sean desplazados de manera forzada.
El gobierno del estado no ofreció una versión oficial de los hechos de esta mañana en estos pueblos de la Sierra, solo difundió mediante un comunicado que derivado de algunos reportes ciudadanos habían implementado una operación especial en la zona para preservar el orden. “(…) La Base de Operaciones Interinstitucionales conformada por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal implementa operativos de seguridad y vigilancia en la localidad de Yextla, municipio de Leonardo Bravo”, es una parte del comunicado.
En ese misma información difundieron que el patrullaje y puestos de atención los mantendrán en la región de manera permanente.
El líder de la sección XIV del SNTE reportó que son unos 40 maestros que mantienen sus clases virtuales. La SEG desconoce de esta suspensión presencial
Texto: Margena de la O
Foto: Andrew López / Cromática agencia fotográfica y multimedia
Chilpancingo
Martes 8 de abril del 2025
Derivado de los ataques a balazos y asesinatos ocurridos en la colonia La Mira de Acapulco, docentes de los planteles educativos de nivel básico ubicados en la zona suspendieron actividades presenciales para hasta después del periodo vacacional de Semana Santa, informó el secretario general de la sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Silvano Salgado Palacios.
La suspensión de actividades la iniciaron desde la semana pasada. Son dos planteles donde no hay clases, un preescolar y una primaria que, de acuerdo al líder sindical, están a unos 90 metros de donde han ocurrido los hechos violentos.
Por el momento los docentes mantienen a los estudiantes con asesorías por mensajes o con clases virtuales. Según el reporte que le hicieron saber de las mismas escuelas al dirigente, son entre 30 y 40 maestros y maestras que suspendieron clases presenciales a causa de la violencia.
Mencionó que los docentes tomaron esta decisión también porque está cerca el periodo vacacional, el cual comienza el próximo lunes, lo que significa que las clases oficiales cierran este siguiente viernes. Después del periodo vacacional, dijo, los docentes valorarían si regresanclases presenciales, porque La Mira es una colonia de «alta inseguridad”.
“El tema de inseguridad es un tema que le ponemos mucha atención, porque es muy importante resguardar la seguridad y la integridad física de los compañeros. El jardín de niños y la primaria están muy cerca de don fue el suceso lamentable, están a metros, por decirlo así, y por esas razón suspenden el trabajo presencial, pero lo retoman de manera virtual”, comentó Salgado Palacios en entrevista.
Del miércoles de la semana pasada hasta hoy han ocurrido cuatro episodios violentos en La Mira, en los que han asesinado a varias personas. Ese miércoles mataron a un taxista, al día siguiente asesinaron a una trabajadora de una tortillería y quemaron una tienda, y apenas ayer unas personas armadas entraron a otra tortillería y mataron a un trabajador.
Esto ha generado, dijo el líder sindical, que los docentes de estos dos planteles decidieran la suspensión de actividades. Comentó que también hay incertidumbre entre los profesores de la secundaria técnica de la zona, pero todavía están en clases presenciales.
“Esperemos que sea por estos días nada más (la suspensión de clases presenciales), ya vez que se atraviesa el periodo vacacional y quizá, los más seguro, es que regresando haya condiciones de continuar su trabajo de manera presencial”, mencionó.
El dirigente agregó que el sindicato protegerá los derechos laborales de estos docentes.
El secretario de Educación en el estado, Ricardo Castillo Peña, desconocía si hubiera suspensión de clase en los planteles de La Mira de Acapulco, pues, dijo por teléfono, que los docentes “siguen protocolos no escritos” en casos como éstos. Después mencionó que como autoridad tampoco pueden permitir que se expongan.
Podría tratarse de tres choferes del transporte público de Chilpancingo reportados como desaparecidos desde el viernes pasado. Los cadáveres estaban dentro de una camioneta similar en la que se vio por última vez a los transportistas
Texto: Amapola Periodismo
Foto: Captura de pantalla
Chilpancingo
Lunes 7 de abril del 2025
Una camioneta con las mismas características en las que fueron vistos por última vez tres conductores del transporte público de Chilpancingo, reportados como desaparecidos desde el viernes pasado, fue localizada este mediodía en un barranco sobre la carretera federal México-Acapulco, con tres cadáveres dentro.
Esta coincidencia expone que las víctimas podrían ser los mismos conductores del transporte público desaparecidos; está pendiente la confirmación de las autoridades estatales. En el lugar del hallazgo, de acceso complicado por la profundidad del barranco, servidores públicos todavía realizaban las diligencias de ley hasta esta tarde.
El reporte que familiares y conocidos compartieron mediante redes sociales este fin de semana, es que tres hombres, que identificaron como conductores de diferentes rutas del transporte publico de Chilpancingo, estaban desaparecidos desde el viernes pasado. La referencia que ofrecieron es que los vieron por última vez a bordo de una camioneta Nissan X-Trail color rojo, después de salir de sus domicilios.
Los identificaron como Rey David, Diego Alexis y Jorge.
Este mediodía se supo del hallazgo de una camioneta hasta el final de un barranco de la carretera federal libre México-Acapulco, en el tramo carretero Palo Blanco-Acahuizotla, con tres cadáveres dentro. Las características del vehículo del vehículo son las mismas donde se les vio por última vez a los transportistas.
El punto donde fue abandonado el vehículo está algunas decenas de metros abajo de la carretera, hasta donde llegó a pie personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), incluidos de las áreas de Ciencias Forenses y Policía Ministerial. Los vehículos los dejaron algunos metros antes, hasta donde el camino se los permitió.
El caso de Teuchitlán refleja la grave falta de oportunidades en México, donde los jóvenes, al buscar mejorar sus vidas, se convierten en víctimas de fraudes, trata, reclutamiento forzado y privación de la libertad.
Texto: Scarlett Nordahl / Revista Espejo
Foto: Redes
Culiacán, Sinaloa
Lunes 31 de Marzo del 2025
En México hay 31 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. De estos, casi la mitad, alrededor de 15.9 millones, están empleados, pero con un ingreso promedio de tan solo 33.8 pesos por hora, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta realidad económica crea el escenario perfecto para que organizaciones criminales exploten la vulnerabilidad de esta población, engañando, reclutando y privando de libertad a muchos jóvenes que buscan una vida mejor.
El caso de Teuchitlán, Jalisco, ha puesto en evidencia la grave situación que enfrentan muchos jóvenes en México. Como relata Alejandra Martínez Carrizales, miembro del colectivo Por las Voces Sin Justicia y quien busca a su hermano, Ismael Alejandro Martínez Carrizales, desde el 12 de julio de 2020.
“Muchos jóvenes van buscando trabajo con la esperanza de mejorar su vida, intentando cumplir sus sueños, pero terminan siendo reclutados por el crimen organizado”, comentó.
Martínez señaló que el caso de Teuchitlán debe servir como advertencia para no caer en ofertas de trabajo que parecen demasiado buenas para ser verdad.
El colectivo Por las Voces Sin Justicia también subraya la importancia de que las autoridades, especialmente la Fiscalía General del Estado, reconozcan que una persona privada de su libertad podría ser víctima de diversos crímenes, incluido el reclutamiento forzado por el crimen organizado.
“Volvemos a lo mismo, siempre se criminaliza y revictimiza a los desaparecidos, aseguraron que andaban en algo o podían andar en algo, pero la realidad es esa, mira a todos esos jóvenes que con engaños fueron a ese rancho o muchos otros lugares con la promesa de trabajar, sin saber que era para el crimen organizado. Eso quiere decir que no todos andan mal, algunos solo querían cumplir sus sueños de salir adelante”, subrayó la buscadora.
Durante la conferencia mañanera del 24 de marzo, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, abordó el caso de Jose Gregorio “N”, un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculado al Campo Izaguirre. García Harfuch reconoció que este individuo se encargaba del reclutamiento de personas, utilizando principalmente redes sociales para ofrecer falsas oportunidades laborales. Entre las ofertas que promovía se incluían vacantes de vigilantes de seguridad con sueldos que iban de 4 mil a 12 mil pesos semanales.
Los interesados, tras contactar a los reclutadores, eran citados en diversas centrales de autobuses y, desde allí, trasladados al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Allí, los nuevos reclutas eran adiestrados en el uso de armas de fuego y acondicionamiento físico. Durante este proceso, se les retiraban los teléfonos celulares y permanecían incomunicados por un periodo de hasta un mes, dependiendo de su comportamiento. Después de este tiempo, se les asignaba un puesto dentro de la estructura del crimen organizado.
El Gobierno de México también reconoció que aquellos que se negaban a participar en las actividades delictivas o intentaban escapar eran asesinados o sometidos a torturas. Además, a través del Área de Investigación y Patrullaje Cibernético, se descubrió que existen al menos 39 perfiles en diversas plataformas dedicados al reclutamiento de personas para estos fines.
Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), advierte que, aunque no haya denuncias formales sobre reclutamiento forzado o trata de personas, siempre existe lo que se conoce como la “cifra negra”.
“He conocido casos, no en esta comisión, pero como activista he recibido informes. Un caso fue el de una joven que fue engañada para viajar a Durango, donde fue localizada por el Ejército junto con otras tres jóvenes. Era un caso de trata, y las iban a prostituir”, comentó Loza Ochoa, quien subraya la importancia de atender incluso un solo caso, ya que detrás de cada uno podría haber muchos más sin denuncia.
El defensor de derechos humanos también explicó que la falta de denuncias podría deberse al desconocimiento sobre el tema o a la confusión con otros delitos, como el secuestro o el secuestro virtual. Sin embargo, destacó que la existencia de incluso un solo caso de trata es alarmante, especialmente en lugares turísticos como Mazatlán y Vallarta, que, según él, podrían estar siendo utilizados para actividades de explotación sexual.
Cifras oficiales y víctimas vulnerables
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) reporta que desde 2010 se han abierto 69 carpetas de investigación relacionadas con trata de personas en Sinaloa. Estas investigaciones involucran a 177 víctimas, de las cuales 77 son mujeres y 92 hombres, con ocho personas cuya identidad de género aún no ha sido determinada.
De las mujeres, el grupo más vulnerable son las menores de edad, con 41 casos registrados. Esto refleja una clara tendencia hacia el tráfico de personas, especialmente en el contexto de la explotación sexual.
Priscila Salas Espinoza, activista y miembro del colectivo No se metan con nuestras hijas, sostiene que la trata de personas es el segundo negocios ilegal más rentable a nivel mundial. Mientras que los hombres son principalmente víctimas de trabajos forzados, las mujeres son explotadas sexualmente. Sin embargo, la falta de protocolos adecuados y la incapacidad de las autoridades para investigar estos delitos profundizan el problema.
“Les cuesta mucho trabajo de delincuentes que son y no quieren visibilizarlo y no quieren hablar de ello. No quieren saber la verdad. La trata es un delito muy complejo y yo creo que la Fiscalía no tiene la capacidad y como no tiene la capacidad para investigar delitos de genero, no hay unidades de contexto, no hay gente especializada, no tienen la capacidad ni humana, ni institucional o tecnológica o el presupuesto para que eso suceda”, denunció Salas.
Salas Espinoza también subraya la relación entre los casos de desapariciones de mujeres y la trata de personas. Asegura que muchas veces, las desapariciones no son reportadas adecuadamente como casos de trata, lo que impide su investigación correcta.
“Si caes en una red de trata, en 90 horas desapareces. La única manera de que la Interpol te busque es a través de una ficha oficial de búsqueda. Parece que hay un hoyo negro en este estado en donde desaparecen niñas, adolescentes y mujeres y nadie sabe nada, nadie sabe qué pasó”, explicó.
Otro problema que Salas señala es el uso de ofertas de trabajo falsas a través de redes sociales y otros medios, donde se engaña a jóvenes con promesas de empleo en el extranjero, solo para ser explotados sexualmente o en trabajos forzados.
“Las ofertas de empleo falsas son una de las maneras más comunes en las que los jóvenes son engañados. Prometen sueldos altos y pocas horas de trabajo, así como facilidades en los tramites para que te vayas a otro lado. incluso te pueden ofrecer una beca o una capacitación. Hay recursos porque es un negocio ilegal rentable, entonces hay como moverte para que termines siendo víctima de trata”, agregó.
A través de los años, este colectivo indentifico en casos de mujeres que fueron localizadas y regresaron con sus familias, tres rutas principales que salen desde Sinaloa para ser explotadas en otros estados: Jalisco, Oaxaca y Sonora.
La respuesta del gobierno: La responsabilidad cae en la sociedad
A pesar de los llamados de los colectivos de búsqueda y los activistas, el gobierno estatal ha minimizado el problema.
Feliciano Castro Meléndrez, secretario de Gobierno en Sinaloa, aseguró que, hasta el momento, no tienen información sobre casos de reclutamiento forzado en la entidad, aunque reconoció que algunos sectores de la sociedad han expresado preocupaciones.
“Afortunadamente, no hemos tenido casos de este tipo en Sinaloa, pero es importante que las familias y la sociedad se mantengan alerta y no caigan en ofertas de trabajo sospechosas”, afirmó.
El también vocero oficial del Gobierno de Sinaloa recomendó a los jóvenes a “interactuar” en sus hogares, comentar y preguntarse si una oferta de trabajo es demasiado buena para ser real, con el fin de evitar que caigan en estafas o sean víctimas de este tipo de delito.
Este es un texto de Espejo, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.
Las madres buscadoras enfrentan constantes riesgos de seguridad. En los últimos 15 años, 28 personas dedicadas a la búsqueda han sido asesinadas o desaparecidas. Además, la difusión de discursos que las desacreditan, revictimizan y criminalizan aumenta su vulnerabilidad.
Mientras los riesgos de seguridad para las madres y familias buscadoras persisten en un escenario en el que se han visto obligadas a asumir una labor que compete al Estado, colectivos, organizaciones e investigadores alertan sobre los riesgos de desacreditarlas y criminalizarlas, en un contexto en el que las amenazas y asesinatos hacia ellas van en aumento.
De acuerdo con datos recabados por la organización Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025 se han detectado 24 casos de personas buscadorasasesinadas y cuatro desaparecidas. Los estados que registran la mayor cantidad de estos hechos son Guanajuato, con ocho casos, Michoacán y Sonora –tres en cada uno–, y Sinaloa, Veracruz y Jalisco –dos cada uno–. En este último, a principios de mes se dio el hallazgo del Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán.
A esas entidades les siguen Baja California, Chihuahua, Puebla, Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Guerrero, uno por cada una. Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, destaca que a un año de la audiencia temática sobre protección a personas buscadoras en México, —solicitada originalmente por un asesinato—, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos modificó la protección para mujeres buscadoras. Sin embargo, no se atendió la petición de crear un mecanismo específico de supervisión.
Abrieron la consulta para enviar insumos y varias organizaciones enviamos información, incluido el componente de protección. Entonces exhortamos a la Comisión a que le dé continuidad a la elaboración de un informe sobre desapariciones en México, y a que incluya especialmente un componente sobre protección”, apunta Sandoval en entrevista.
El activista recuerda que el año pasado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) presentó un diagnóstico donde se incluye una tipología, incluso sobre perpetradores, y recomendaciones que no han sido retomadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –que tampoco ha elaborado un diagnóstico propio– ni han tenido la suficiente difusión, una de las cuales tiene que ver con la creación de un mecanismo específico para la atención de las madres buscadoras.
En el documento, el Movimiento identifica las siguientes agresiones y violaciones a derechos humanos contra las familias y colectivos: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, criminalización, ataques armados, desaparición forzada y a manos de particulares, y agresiones letales.
A estas se añaden acciones para la obtención ilegal de información, inteligencia, vigilancia y seguimientos; estigmatización y deslegitimación: delitos contra el honor y la imagen pública de las personas buscadoras; vulneración y exposición de datos personales e información sensible, así como agresiones en el entorno digital y mediático.
“13 amenazas de muerte solo por buscar”
María Isabel Cruz Bernal es madre de Reyes Yosimar García Cruz, quien desapareció el 26 de enero de 2017 en Culiacán, Sinaloa. Fundadora de Sabuesas Guerreras en la entidad y parte de la comisión de seguridad del MNDM, asegura que en estos ocho años se ha vuelto investigadora, policía, rastreadora y todóloga, pero es muy enfática en el hecho de que ha sido obligada.
“Las madres buscadoras necesitamos un poco de seguridad, porque estamos en peligro cada que salimos a una búsqueda; yo soy una de ellas, tengo 13 amenazas de muerte solo por buscar. La comisión de seguridad se hizo con ese fin: saber qué necesitan las madres buscadoras para tener protección”, señala.
En su caminar, dice María Isabel, “somos amenazadas, somos criminalizadas, somos perseguidas, somos señaladas”. Por eso, era momento de tomar una decisión y hacer un análisis de lo que sucedía en la capital y otros lugares de la República Mexicana, porque ante contextos diferentes, las amenazas también lo son.
“Estamos en constante peligro y podemos ser cazadas como unas criminales, porque ahora las que quieren que nos veamos mal somos nosotras, como que estamos criminalizando a los delincuentes, porque ahora somos nosotras quienes sembramos cuerpos, hacemos y tenemos un montón de evidencias, y eso no se vale, porque lo único que buscamos es a nuestros hijos. No estamos señalando a nadie; sin embargo, nos da bastante miedo ser perseguidas por la delincuencia y ahora por el gobierno”, sostiene.
La intención del Movimiento es que el diagnóstico de seguridad siga siendo presentado en cada uno de los estados de la República para que sus gobiernos conozcan el análisis de riesgo y puedan adaptarlo para generar medidas de protección, y no revictimización o criminalización.
“El desprestigio hacia nosotras, las madres buscadoras, es por un trabajo, una chamba, que no nos corresponde hacer, ¿estamos de acuerdo? Es algo que nosotras no pedimos, lo vuelvo a repetir; entonces si ellos no quieren que nosotros andemos metiendo las narices donde no debemos, pues que hagan su chamba, que hagan su trabajo”, remarca.
Andrea Horcasitas, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, agrega que la seguridad no debe pensarse solo en términos de ataques físicos, sino de integridad completa. Por ejemplo, en las búsquedas muchas veces no hay acompañamiento médico para casos de accidente, además de la complejidad de la entrada a territorios o polígonos que están controlados por grupos del crimen organizado.
“Tenemos que empezar a pensar en seguridad no solo en las actividades de campo, sino en la vida cotidiana, porque el rastreo de personas buscadoras que han sido asesinadas, desaparecidas, violentadas, torturadas, ha sido fuera de las labores de búsqueda, muchas de ellas incluso en sus negocios o en sus casas. Ahí está el foco rojo de la seguridad”, indica.
Uno de los temas vinculados es la criminalización, apunta, como se ha visto a partir del hallazgo de Jalisco: “Al criminalizarlas, al revictimizarlas, lo que estás garantizando es justificar un poco el que les pase algo, y ese también es un tema de seguridad del que no estamos hablando suficiente. Tenemos que empezar a pensar la seguridad de las familias que buscan de manera más amplia y más integral”.
Un clima de revictimización y criminalización
Desde los primeros días que siguieron al hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, pese a que en los hechos se han reiterado discursos de respeto a las madres buscadoras y solidaridad con las víctimas, diversas comunicaciones oficiales y no oficiales han apuntado a desacreditar –la mayoría de las veces sin decirlo de manera explícita–, revictimizar o criminalizar al colectivo Guerreros Buscadores, así como a otros grupos o mamás.
En uno de sus primeros comunicados, la fiscalía estatal se adelantó a aclarar que sí había calcinación de cuerpos, pero no dentro de hornos. Luego, en otro texto le dio estatus de presunción a una carta hallada en el rancho, hizo mención a que los sellos de aseguramiento ya estaban rotos “de acuerdo con integrantes del colectivo”, destacó que se estaba ante una modalidad “que no había sido utilizada por el grupo criminal” y aclaró que “la existencia de un artículo personal en el sitio no representa que quien lo utilizaba esté sin vida”.
Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el hecho de insinuar de manera velada que las familias generan mentiras sobre la existencia de hornos crematorios —discurso que luego se ha replicado en distintos niveles de gobierno— representa una respuesta preocupante por parte de las autoridades.
Luego, durante la vigilia que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino el sábado 15 de marzo, un grupo de personas insistió durante varias horas en confrontar verbalmente a la policía, utilizando la causa y consignas de los colectivos, sin reparar en ningún momento en la petición de las madres en torno a que esa actividad no era parte de su convocatoria. El lunes siguiente, durante su conferencia mañanera, la presidenta de la República lo atribuyó a una campaña en su contra.
Señaló que el tema se tocaría después, “porque si no, después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña”, pero volvió al punto de que el grupo de Palacio era distinto. “¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones”, agregó. Acto seguido, mencionó a grupos de la oposición, “calderonistas, muchos de ellos, que, de manera hipócrita, ahora resulta que están dolidos por la situación dedesaparición, cuando en realidad son parte de una campaña en contra del gobierno”.
Más adelante, durante las preguntas, igualmente puso en duda los dichos sobre los hallazgos, sin señalar a nadie en particular: “También, ¿qué encontraron en el predio?, que también es muy importante, la verdad sobre… Porque se han dicho muchas cosas y tiene que haber evidencia científica, no es solamente lo que se diga. ¿Qué se encontró en el predio?”.
Unos días después, en redes sociales se hizo viral un video presuntamente atribuido a integrantes del crimen organizado –sin que se haya confirmado–, donde se desacredita a las madres buscadoras en tono amenazante. La voz protagonista menciona que las madres están “respaldadas por no sé quién”. Información de dudosa procedencia, no encontraron nada, mentiras, historias inventadas y sin fundamentos son otras palabras utilizadas. “Somos el pueblo, servimos al pueblo y estamos con el pueblo”, concluye el discurso.
Por separado, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó el 19 de marzo que desde días atrás, campañas que buscaban ponerle su rostro a una causa que no le pertenece a ella, sino a las miles de madres que tienen un desaparecido, querían desacreditarla para evadir la realidad que le duele a todo un país. Se refería a diversas cuentas anónimas que hicieron publicaciones reiteradas sobre las actividades de uno de sus hijos desaparecidos. “Estamos bajo amenaza”, subrayó.
Por otro lado, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato señala que es especialmente preocupante la referencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en torno a una pretendida apertura a la participación de las familias, pero ciñiéndolas al modelo de investigación penal que tiene sus propias reglas y procedimientos para víctimas que aportan información, y es muy restrictivo.
“Ambas fiscalías utilizaron políticamente a los colectivos de búsqueda restringiendo su participación y deslegitimándoles, y qué decir de la revictimización que vivieron el día 20. La nueva revictimización es del secretario de Seguridad que ahora pareciera que les da la razón, pero sin hablar específicamente del aporte de los colectivos de búsqueda, especialmente el de Guerreros Buscadores de Jalisco. No hay un reconocimiento de su papel en el hallazgo y hay una pugna por la narrativa entre la Fiscalía General de la República, la de Jalisco y ahora la Secretaría de Seguridad”, afirma Sandoval.
Horcasitas señala adicionalmente que asistimos a discursos de un Estado que se justifica a sí mismo por sus omisiones y falta de atención. Además, la criminalización es la forma ideal de mantener la impunidad, porque permite justificar la falta de búsqueda y de investigación, así como dejar solas a las familias al apuntar que las personas desaparecidas “en algo andaban” o son criminales.
“Todas las personas tienen derecho a ser buscadas, independientemente de las causas, pero además, es una narrativa que cimentó bien Felipe Calderón, y que la verdad sigue más vigente que nunca, que permite al Estado ser indolente, no llevar a cabo acciones concretas de búsqueda, criminalizar, estamos viendo un poco también con lo del Rancho Izaguirre, a las víctimas que se encuentran ahí, y por ende, por añadidura, por extensión, a sus familias; la criminalización es la médula ósea detrás del abandono estatal de las familias”, subraya.
La visita al rancho Izaguirre provocó el reclamo de las madres buscadoras, que se sintieron, una vez más, burladas por las autoridades. Ni la fiscalía federal ni la estatal se hicieron responsables del caos y el dolor que provocó la falta de coordinación y la ausencia de explicaciones sobre lo ocurrido en el lugar. Por eso, cada visitante inventó su propia narrativa. Aunque quienes descubrieron ese predio insisten (con fotografías) en que las excavaciones donde se encontraron los restos fueron alteradas
Cuando regresa al rancho Izaguirre en Teuchitlán, ya no en secreto sino con autorización oficial, a Virginia Ponce se le estruja el corazón al ver que este sitio no está como lo recordaba: lo ve “limpio”, como desmantelado. No apesta a humedad, tampoco está polvoso ni abandonado; cientos de personas lo recorren, lo pisan y manosean ahora mismo —por invitación de las fiscalías federal y de Jalisco—, aunque ella, que rastrea sitios de exterminio, sabe que es la escena de muchos crímenes y seguramente conservaba evidencias forenses.
No puede reconciliar este sitio “maquillado” con el que se le metió en las pesadillas nocturnas tras una de las visitas furtivas que hizo con otras madres buscadoras en enero y febrero de 2025, cuando aún estaban crecidas las cañas en los terrenos colindantes. Esos días lo revisaron a escondidas y con miedo; momentos antes de irse, escucharon un grito: “¡Mamááá!”.
“Pensé que solo yo había escuchado, pensé que era mi mismo miedo que yo tenía, y no, mis compañeros escucharon ese lamento pidiendo ayuda. Y cuando escucho el video se oye ese ‘mamá’. ¿A cuál de las mamás de nosotras le estaba hablando? Fue muy triste y doloroso”, dice, y del puro recordar se le llenan los ojos de lágrimas a esta mujer que lleva 4 años y 9 meses en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Meza y que lidera el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.
“Encontramos prendas tiradas por toda esa parte de ahí, era un olor insoportable, un alteronón de zapatos por donde quiera. Todo tirado”, dice mostrando todo alrededor, donde ya no existe nada. Se queja de que esta visita a la que fue invitada por las autoridades a participar es una burla. “Nos trajeron como a un museo, pero siquiera en un museo tú ves o puedes preguntar, y aquí nadie te dijo a qué venías o qué trabajos habían realizado. Es una burla”.
Los reclamos son generalizados. “Nada que ver [de lo que había], ya limpiaron. Estaba tapada la ropa con una lona, y olía muy feo. De hecho, había una bata colgada con sangre, muchas cobijas aquí y en la parte de afuera. Ahora ya está muy pisado todo aquí”, asegura Adriana Ornelas, integrante también del colectivo —ella busca a su hijo veinteañero Paul Gabriel Sánchez—, y quien siente que desde enero a este rancho le han ido sacando cosas.
No están las gallinas y los gatos, la comida enlatada (sopas instantáneas, latas de sardinas, harina de hot cakes), la enorme pila de platos (más de 100), los tenis y botas que había en cajas nuevas, las dos bases de cama, los colchones, una estatua enorme de la Santa Muerte y más objetos que tampoco vio en las transmisiones que hizo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que ingresó el 5 de marzo acompañado del fotógrafo Ulises Ruiz, de AFP, cuyas imágenes de los cientos de zapatos y prendas de ropa abandonados y más de mil objetos sin dueño lucían como vestigios de una catástrofe de la que pocos sobreviven. La catástrofe del reclutamiento forzado, y de la desaparición de personas que azota a México.
A partir del 8 de marzo, cuando La Jornada llevó en portada la noticia del crematorio clandestino, la información comenzó a tomarse en serio y a publicarse en la prensa nacional.
Esos zapatos huérfanos y la noticia de que, desde septiembre de 2024, el rancho estaba bajo resguardo de la fiscalía estatal y, a pesar de que encontraron tres personas con reporte de desaparición (una muerta envuelta en un plástico) y detuvieron a 10 supuestos integrantes del cártel, abandonaron las evidencias, lograron que el país entero volviera los ojos a Jalisco, que se hicieran homenajes luctuosos a las víctimas en las plazas de 40 ciudades, y que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que atender la desaparición de personas es una prioridad nacional.
Decenas de zapatos, ropa y maletas fueron encontrados en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. (Facebook de Guerreros Buscadores de Jalisco)
Entre los dimes y diretes sobre en quién recaía la responsabilidad, si en el gobierno estatal porque desde septiembre se quedó a cargo de este narcorrancho, o en el federal porque lo descubrió la Guardia Nacional y el predio pertenecía a la delincuencia organizada, el miércoles 19 de marzo, un sonriente Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó en rueda de prensa de todas las irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al procesar la escena del crimen e invitó a los medios a que vieran con sus propios ojos ese rancho de la localidad La Estanzuela en el municipio de Teuchitlán.
Tras aventar el paquete a la fiscalía estatal para que, en menos de 24 horas, organizara el recorrido, esta extendió la invitación a colectivos de familias buscadoras de Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas, y a todas las que hubieran identificado, entre las fotografías de objetos hallados exhibidas en internet, alguna prenda de las personas que buscan.
Así, la visita a este campo de entrenamiento que en la prensa se llamó “la escuelita del terror” se convirtió en un “tour del horror” del que fueron víctimas Virginia, Adriana y tantas otras familiares que buscan.
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Las primeras denuncias de la estafa comienzan a las 13:59 horas. Cuando los periodistas están esperando que los dejen ingresar al rancho, dos mujeres salen corriendo, como traumatizadas. Una de ellas —camisa de manga larga a cuadros y el rostro cubierto con un pasamontañas porque a todas les advirtieron que podía ser peligroso dar entrevistas con la cara descubierta—, a quien no le dejan de temblar las manos con las que quiere ocultar las lágrimas, grita que las engañaron porque ya no hay nada, no está la fajina que ella pensaba que era de su esposo Juan José Ramos —desaparecido de su casa “hace 6 años y 20 días”—, y llora con la impotencia de quien siente que se lo volvieron a ocultar.
La esposa de Juan José Ramos, desaparecido en 2019, se sintió engañada porque en el rancho no había ninguna prenda y pidió que dejaran a los colectivos excavar en busca de indicios. (Marcela Turati)
“No hay nada. No hay prendas, no hay zapatos, no hay mochila, no hay nada. Se desaparecieron. No se vale. Compañeras de otro colectivo vinieron cuando se abrió y hay fotos de todo lo que hay, ahora no hay nada. Dicen que están en Semefo, pero nunca lo han publicado, pero hay muchos lugares donde hay montones de tierra. Que nos dejen entrar, escarbar, y verán que íbamos a sacar muchos indicios de nuestros desaparecidos. No se vale. Somos una burla. No hay nadie que te diga qué ha pasado con todo esto. Según que iba a venir de México una persona [de la FGR] y no llegó. Como siempre, somos burla de esta sociedad, de este pinche gobierno. Todo está bien manipulado, todo lo que hay adentro está manipulado. Esto nada más lo hacen para hacer un teatro. Había muchos zapatos, mucha ropa, muchas mochilas. Había de todo. Y ahora no hay nada”.
En la finca de 11,000 metros cuadrados es difícil seguir todo lo que pasa porque simultáneamente ocurren muchas cosas: un papá saca de entre la tierra un maletín azul y unos calcetines del bodegón donde supuestamente entrenaban a los sicarios, un sitio que ya había sido procesado por los peritos de la fiscalía; durante el recorrido irán surgiendo cepillos de dientes, peines, cosas que pertenecieron a alguien. Una mujer de Colima coloca sobre la pared un altar con la foto de su hijo desaparecido y unas veladoras para despedirlo (“si aquí estuvo”). Un empleado de Protección Civil trata de desalojar a la gente a gritos porque la pared del galerón principal está a punto de caerse por el peso de la multitud.
Por la ausencia de prendas, desde el principio del recorrido mujeres fuertes como las buscadoras, que cavan fosas, comenzaron a colapsar. En distintos rincones —rodeadas de decenas de cámaras que enfocan cada llanto, cada grito, cada maldición— se les ve desoladas porque sienten que, al llevarse las evidencias, les desaparecieron para siempre a sus familiares. Esas prendas que habían visto eran como señales que les mandaban los hijos, las hijas, los esposos, los padres, que buscan. Presienten que si los quemaron ahí, ya nunca los van a encontrar.
Uno de los momentos más duros lo protagoniza una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores que aparecía en alguna de las transmisiones en vivo donde encuentran los 300 zapatos, la carta de despedida de un joven desaparecido, los fragmentos de huesos, y demás imágenes que revelaron lo que la sociedad y el gobierno no habían querido ver: que el cártel local traía a jóvenes retenidos a la fuerza para convertirlos en sicarios y los sometía a un brutal entrenamiento en el que quienes no matan, mueren. Cuando nota que bajo el adoquín que pisa se siente hueco, y sabiendo que la fiscalía estatal no hizo un buen trabajo pericial, se tira al piso y, como en trance, comienza a excavar con las uñas, mientras grita llorando:
—¡Traigan un pico y pala! —pide otra mujer que también lleva una gorra para el sol y viste una camiseta gruesa de manga larga como las que usan los exploradores, y que, aunque intenta calmarla, luego grita exasperada—: Si ellos [los peritos] no van a trabajar, que no nos den un tour como si fuera museo, como si fuera película de terror, es una burla para nosotras las víctimas…
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Nada auguraba que las cosas iban a salir tan mal. Únicamente se notaba la descoordinación federal y estatal, dado que las instrucciones a la prensa eran contradictorias. La FGR citaba el jueves 20, a las 12:00 horas, a las afueras de la fiscalía estatal, y la FGE indicaba que saldrían a las 11:00 de la delegación de la fiscalía general. Como si cada una hubiera querido adjudicar la responsabilidad a la otra.
“[Un día antes] por ahí de la tarde, de las 4, 5 de la tarde, empieza a circular la versión de que iban a salir de dos puntos porque no podían ponerse de acuerdo sobre el recorrido. Eso dura hasta las 10 de la noche, que finalmente deciden lanzar dos convocatorias. Pero, evidentemente, allá se notó que no había una logística y me parece que tampoco había una razón de fondo para acudir: si se les iban a presentar las evidencias o iba a haber una explicación”, explicó el periodista y columnista jalisciense Jonathan Lomelí López.
Por la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada como la Glorieta de las y los Desaparecidos porque está tapiada con imágenes de las personas buscadas por sus familias (en Jalisco hay al menos 15,000 registradas), pasaron los camiones —unos reportes mencionan 10, otros 12—, con lugar para 40 invitados cada uno.
Una hora después, los autobuses tipo maquileros que contrató el estado fueron los primeros que aparcaron en el sitio asignado como estacionamiento, a un kilómetro del portón negro con el dibujo de dos caballos encabritados, donde se lee: Izaguirre Ranch.
Se propuso una logística a los recién llegados: esperar a unas camionetas que subirían grupos de 10 personas, y hacer recorridos de 20 minutos para permitir el acceso a los siguientes visitantes.
A las 13:15 horas ya se escuchaba el grito de guerra de las familias, que, desesperadas por estar bajo el sol y entre el terregal, ansiosas por entrar al rancho donde estaban las prendas de quienes buscan, se saltaron a los funcionarios que les impedían el paso y comenzaron una caravana con el grito:
El grito de guerra que no ocultaba la furia de los primeros reclamos:
“Como le digo, señora, somos seres humanos, somos madres que buscamos a nuestros hijos nomás. ¿Cree que esto sea justo? ¿Eh? Aparte de que cuando andamos con la pala y el pico escarbando, ¿quién se arrima? ¡Nadie!, nadie se arrima. Y ahorita sí que es política, que es gobierno, que nos den trato digno. Que se pongan a pensar: tenemos a nuestros hijos desaparecidos. ¿Y que nos den este trato cuando nos están invitando y [dicen] que nos van a dar un trato digno? No se vale. No se vale, señora. Somos seres humanos, no somos animales”.
Se alcanza a escuchar a un papá buscador que en su celular toma la llamada de un noticiero: “No puedo decir que fueron 100, fueron 200 [cuerpos], no tengo la cantidad exacta. No te puedo dar una cantidad porque no eran cuerpos completos los que sacamos, quedaron una nada”.
La furibunda procesión se topó con el portón negro; la entrada parecía un hormiguero. La gente discutía para entrar.
Dentro de la finca esperaba el funcionariado estatal, cada quien con sus logos en los uniformes, pero nadie entendía qué hacían: no explicaban nada ni daban el recorrido como en los museos, solo cuidaban que no se traspasaran los sellos de seguridad. Los tres tristes psicólogos enviados por la fiscalía estatal tampoco estaban ahí cuando con más urgencia se necesitaban.
Desde las 13:30 horas ya eran televisadas por canales como el 44 las furiosas críticas de las madres que salían del rancho, como Patricia Sotelo, del colectivo Huellas de Amor, quien —rodeada de sus compañeras, todas reclamantes— dice a cámara: “Solo pisar el lugar es un dolor y se siente. Es una burla al dolor. Esperábamos caminar por nuestro pie cada rincón. […] Lo que hemos visto por la televisión, no nos dejan pasar, te formas como niño de primaria, tienes que seguir las indicaciones, seguir una hilera, nos dan 15, 20 minutos. […] Ya no hay nada, no nos dejaron entrar donde supuestamente era el dormitorio. Sabíamos que iba a venir Gertz Manero y el fiscal de Guadalajara, que nunca llegaron. Que Gertz tome su puesto, que no nada más cobre”.
A las 14:36, cuando la visita ya era un desastre, la fiscalía de Jalisco tuitea la foto de un oficio y un mensaje: “Hemos puesto a disposición de la @FGRMexico la totalidad de la información del caso del rancho Izaguirre para efectos de que puedan ejercer su facultad de atraer y encabezar la investigación”.
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Mientras a las madres que dedican el día entero a buscar con pico, pala y varillas a sus parientes desaparecidos solo les daban 20 minutos de acceso, otros contaban con privilegios, como Jorge Manuel Suárez Azcargota (@SUAREZDEJALISCO), el influencer VIP a quien el gobierno del estado coló antes del recorrido. En su transmisión se jactaba de haber sido resguardado por la fiscalía para ser el primero en echar una mirada a la bodega. Mostró la que creía que era “casa de una familia”. Enseñó lo que “una vez fue un estanque”. La cocina rudimentaria. Un baño. Las excavaciones. Los drones que sobrevolaban el espacio. Se sentía, dijo, una “vibra no cool”, muy pesada, fea, con una “carga muy cabrona”.
En su video en vivo le dio su llegue al fiscal general: “Se esperaba la visita de Gertz Manero, obviamente no está aquí, quizás se pueda tomar como una falta de cuidado, porque aquí están los colectivos, los medios, aquí en el punto cero tendría que darse la información”, dice en el mensaje que subió después.
No sería el único influencer en la “zona cero”. Al narcorrancho estaban por arribar otros desde la Ciudad de México, deseosos de entrar a verificar si en realidad ese sitio era un “campo de exterminio” y buscar los “hornos crematorios” que las madres habían difundido en sus transmisiones dos semanas antes, en imágenes en las que se ve a un hombre sumido medio cuerpo en un hoyo y a ellas cerniendo la tierra, depositando fragmentos de huesos en una bandeja de plástico.
En la Mañanera del 18 de marzo se informó que el tema de Teuchitlán formaba parte de una “guerra sucia”, que estaba siendo manipulado por 87,000 bots de la oposición con el fin de atacar al gobiero de la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente López Obrador.
Algunos de los influencers y periodistas fueron a constatar en vivo si esas fotos de prendas abandonadas, y los hoyos con restos humanos que hicieron del rancho Izaguirre “el Auschwitz mexicano”, eran el montaje que la presidenta y diversos medios afines denunciaban como una campaña orquestada desde la derecha o con fines injerencistas para propiciar una invasión de Estados Unidos.
El recorrido era autodidacta. En el caminito a lo largo del predio había banderines amarillos, rojos y verdes en donde se encontró alguna posible evidencia. En el bodegón principal pusieron un cordón amarillo, pero entre el tumulto no se respetaba, ni siquiera se notaba. Otro sitio estaba clausurado con una tela.
En la visita solo se veía tierra aplanada. Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que hizo público el hallazgo, repetía que la fiscalía había rellenado los hoyos de los que sacaron fragmentos de huesos. “Yo lo vi cuando lo taparon. Todo lo alteraron”.
De las decenas de uniformados presentes (soldados, guardias nacionales, personal de derechos humanos, atención a víctimas, protección civil, fiscalía de desapariciones, FGE, comisión de búsqueda y un largo etcétera), ninguno daba razón de lo ocurrido en ese rancho, de los hallazgos, de las conclusiones. En las transmisiones en vivo de periodistas, y de feizbuqueros, yutuberos, tuiteros, tiktokeros e instagrameros llegados al rancho, se notaba esa torre de Babel, donde cada quien hablaba un lenguaje distinto. Donde unos vieron un comedor, otros vieron un sitio de desollamiento.
Periodistas internacionales que pisaban por primera vez el campo de entrenamiento de un cártel detallaban en inglés, ante las cámaras, los métodos de ejecución que se utilizaban en el predio, y hasta los lugares exactos donde se hacía cada cosa. A pesar de que lo ocurrido aún está bajo investigación. Aderezaban sus reportes con rumores, noticias, deducciones y entrevistas a sobrevivientes anónimos que dan sus testimonios en los noticieros.
No faltaban los morbosos que —ante las familias convertidas en un manojo de nervios mientras buscaban las prendas que reconocieron— parecían competir por quién hacía las preguntas más crueles, las más terribles o las más sangrientas para ganar más vistas.
“¿Usted cree que su hijo está aquí enterrado? Si fuera así, si él le pudiera escuchar, ¿qué mensaje le daría?”.
Solo las familias que en el primer trimestre de este año ingresaron al perímetro y encontraron las evidencias atinaban a esbozar explicaciones de lo que vieron. El señor Raúl Servín, que desde hace una década busca a su hijo Raúl, ofrece el recorrido que los medios necesitan. Habla de las dentaduras que hallaron (“piezas molares”), de la placa metálica del brazo de una persona que busca su colectivo, de los restos que sacó. Critica lo mal que excavaron los peritos de la fiscalía, que sus exploraciones no se comparan con la profundidad bajo tierra que él alcanza.
Una periodista se detiene para grabar una construcción donde se encontraron señalizaciones de carreteras contra las que se practicaba tiro al blanco, y muchos bidones, y dice ante las cámaras que los delincuentes tenían ahí “una barra” para descuartizar a sus víctimas.
Don Raúl Servín, vestido con su paliacate y su camiseta negra de manga larga que lleva a los rastreos, no quiere continuar, explica que a él no le tocó inspeccionar más adelante. Que solo recuerda que en un cuarto había bidones vacíos.
—¿Aquí se usaron combustibles?
—Sí. Las muestras están en que los que se llevaron no fueron cuerpos completos. Eso porque se llevaron las evidencias a México, no fueron cuerpos completos.
—¿Cómo se veía eso que quedó?
—Como esta piedrita que está ahí, así quedaban reducidas las partes de los cuerpos humanos que fueron quemados.
Los camarógrafos le piden que diga más, que siga adelante. Y él continúa. Personal de la fiscalía les limita el paso porque la visita ya ha durado más de la cuenta: son las 15:30 horas.
Entonces le lanzan la pregunta del millón, por la que existe un debate público y las familias buscadoras han sido acusadas de exagerar:
—¿Este es un centro de exterminio o solo un campo de adiestramiento, como dijo en su conferencia el fiscal (Gertz)?
—No sé cómo le llaman ellos. Como cuando estaba niño yo veía en las caricaturas que usaban esas pistolas como tipo láser que los exterminaban. Yo creo que ellos [el gobierno] pensaban verlo así. Entonces, cuando vine, dije: “No, lógico, pues, si estás quitando la vida a una persona y la estás quemando, pues es un castigo de exterminio”. Claro. Están aprendiendo [a matar] con otros cuerpos, entonces a lo mejor para ellos [el gobierno] no es de esa manera, pero desgraciadamente esa es la realidad para nosotros.
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A la mitad del recorrido, la hija de Adriana Ornelas —hermana de Paulo Gabriel, de 21 años, quien el año pasado fue sacado junto con sus patrones del negocio de instalación de estéreos donde trabajaba— notó el mensaje distorsionado que desde ese momento un supuesto periodista ya transmitía. Y le entró la desconfianza.
“Mi hija vio un influencer que decía que ahí no había nada. Que todo era actuado, que nos habían pagado, que somos de un partido… Da mucho coraje. Me pasaron el enlace del en vivo, ahí dicen eso”, señala su madre, quien no se dio cuenta; ese día daba contención a compañeras conmocionadas por tantas emociones vividas.
A partir de ese tourMontessori donde cada quien hizo lo que quiso, se hicieron notar periodistas e influencers que dictaminaron al instante, como si tuvieran vista de rayos X y fueran expertos en Ciencias Forenses: aquí no hay crematorios, no hay hornos, no hay nada quemado, no hay centro de exterminio. Y hasta fueron a informarlo en la Mañanera de la presidenta los días siguientes.
El fotógrafo Ulises Ruíz, quien acompañó a Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo, cuando hicieron los hallazgos de los zapatos, la ropa, los restos óseos, volvió al rancho para la visita a medios, y contradice a quienes aseguran que nunca hubo nada: “[En el recorrido] yo vi [los hoyos] tapados”. Menciona que una de las excavaciones del colectivo que acompañó era como de un metro de profundidad. Pero el jueves del recorrido alcanzó a notar a lo lejos —porque el paso estaba cerrado— que ese pozo lucía rellenado.
“[Si en la Mañanera] declararon que no vieron hornos es porque nadie les dijo que los hornos de aquí no son como de pan o de pizza, que podrían ser bajo tierra. Yo he ido a otros dos o tres [sitios] de los que llaman hornos crematorios, con las madres de Buscando Corazones y con Guerreros [Buscadores], e indudablemente no tienen las características de un horno de pan ni horno de ninguna otra circunstancia que uno conoce de barbacoa; tiene diferentes especificaciones”, dijo en entrevista.
Para explicar las variaciones que no se entendieron en el recorrido compartió tres fotografías aéreas que tomó para la agencia AFP en el rancho Izaguirre usando un dron, en las que se puede observar la evolución de los sitios excavados —donde él vio que los buscadores extrajeron fragmentos de huesos— para compararlas con las del día del recorrido. Y una cuarta donde se aprecia la profundidad de las excavaciones.
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¿Para qué se organizó la visita? Aún no hay respuestas. Si lo que se buscaba era controlar la narrativa para bajarle la intensidad al momento —y no dar a Estados Unidos la excusa para invadir México en busca de terroristas, como planteaban algunas mesas de análisis—, y desvincular los campamentos de entrenamiento del sicariato con los campos de exterminio —como han sido denominados en México muchos sitios con fosas clandestinas—, algo salió terriblemente mal.
The Guardian: “Hornos secretos y restos humanos: un macabro lugar de exterminio en México saca a la luz las desapariciones forzadas”.
El País: “El horror de Teuchitlán abre sus puertas: ‘La única verdad es que no les importan los desaparecidos’”.
New York Times: “En un ‘campo de exterminio’, los rastros de los amados desaparecidos”.
CNN: “Los secretos del Rancho Izaguirre: entre el horror y la búsqueda de los desaparecidos”.
En los comentarios de medios estadounidenses no pocas personas escribían que México necesitaba “ayuda” para combatir a sus propios terroristas.
Si de algo sirvió el recorrido fue para dotar de imágenes de terror a los medios de comunicación que se alimentan también con los testimonios anónimos que surgen como hongos de quienes dicen haber estado en ese mismo rancho y haber salido con vida. Son tantos que llegan a ser dudosos, pero la crisis humanitaria ha durado tanto, y las denuncias de estos hechos han sido tan ignoradas en Jalisco (la primera fue en 2011), que tampoco es posible descartarlos.
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Si para algunas madres la visita fue “una burla”, “un circo”, “un teatro”, “un museo de nuestro dolor” o un “montaje”, conforme pasan los días sienten que pudo haber sido una trampa. Ni Adriana, ni Virginia, ni las madres buscadoras presentían la campaña de insultos en su contra que desataría.
“Qué bueno que el rancho se dio a conocer. Lo que no es bueno es que nos estén atacando a todos los colectivos, a todas las mamás, está muy feo. Nos están atacando a todas de vendidas, que porque [a nuestros hijos] no los cuidamos antes, que si estaban en malos pasos. Y eso es lo que más lastima —se le quiebra la voz—, que la gente no sea empática, que no saben que de nuestra propia bolsa pagamos para buscar a nuestros hijos. Yo, la verdad, ni veo noticias, pero me metí a Yutú a ver lo que sacaron, y dije: ‘Ojalá no les pase a ellos, que sufran lo que una anda sufriendo’. Anden bien o anden mal [nuestros desaparecidos], lo que queremos es regresarlos a casa”, dice Adriana desde su casa en Guadalajara, donde aún asimila lo ocurrido.
Aunque su colectivo mantuvo las visitas en secreto —porque los elementos de la Guardia Nacional que las escoltaban en las dos ocasiones que entraron solo les permitieron tomar imágenes, pero no las dejaron excavar ni hacerlo público en los medios, y aunque Virginia dice que avisaron de sus hallazgos a una MP de nombre Berenice, de la que no recuerdan el apellido, que no les hizo caso y les prohibió volver—, Adriana siente gratitud hacia Guerreros Buscadores de Jalisco porque rompió el silencio, dio a conocer el hallazgo y generó que voltearan a verlas a todas.
Aunque hoy las atacan. “[Le dicen a Ale] que ese drama debería de haberlo hecho para que no se lo llevaran”, dice dolida por los insultos contra la madre que acudió a la visita a Teuchitlán buscando la gorra, la mochila y una placa metálica que llevaba su hijo, y que en un ataque de histeria, de llanto, de dolor, cuando no encontró las evidencias que había visto, se tiró al piso a excavar con sus uñas.
Esta semana, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunció que “enfrenta una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes”. También ha recibido amenazas.
El viernes 21 de marzo, en la Mañanera la presidenta Sheinbaum defendió la visita al rancho como un acto de libertad de expresión (no dijo nada de la alteración o destrucción de evidencias) para que cada quien se hiciera una opinión.
Ese mismo día en algunos medios ya comenzaba a criticarse el “invento del centro de exterminio” y de los hornos crematorios. Pero difundían también otra noticia: al rancho seguían llegando grupos de madres que pedían entrar, pero no les autorizaron el ingreso. En la televisión se veía a una madre y su hija, ambas del grupo Buscando Corazones en Jalisco, cargando los picos, palas y varillas cotidianas, vestidas con sus camisetas largas y los sombreros para el sol, auscultando las parcelas colindantes al predio Izaguirre; después anunciaban nuevos hallazgos: una sudadera, una gorra, un huarache y —lo más sospechoso— un calcetín quemado. También un plano decolorado del rancho del terror, donde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses marcó los sitios de interés que luego no inspeccionó.
Las madres, imparables, siguieron excavando verdades.
**Foto de portada: Una madre buscadora, al darse cuenta de que el adoquín estaba hueco, intentó excavar el piso con las uñas. Intentaba encontrar la gorra y la mochila de su hijo desaparecido. (Marcela Turati)
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
*Marcela Turati es periodista, cofundadora de Quinto Elemento Lab y del proyecto A dónde van los desaparecidos. Autora del libro “San Fernando: última parada” (2023), sobre las desapariciones de personas en Tamaulipas y la búsqueda de sus familiares.
Después que comerciantes del mercado Baltasar R. Leyva Mancilla denunciaran mediante redes sociales que en este lugar había cámaras irregulares, esta mañana agentes policiacos y militares iniciaron una operación al interior de la central de abastos con el propósito de verificar o descartar esa información.
Los agentes, policías estatales, guardias nacionales y militares, iniciaron el recorrido poco después de las 11 de la mañana en el estacionamiento del mercado. Estuvieron en las diferentes áreas del mercado central de Chilpancingo, incluida el área de administración.
En algunas zonas había algunas cámaras, pero parte del propósito de esta operación fue hablar con los dueños de los negocios para saber si esos circuitos de videovigilancia pertenecían a ellos como una medida de prevención o, en su caso, tienen un propósito ilícito o criminal.
Esta central de abastos ya era vigilada por agentes desde el fin de semana pasado, derivado de un ataque armado en el área de carnes. En este contexto circuló la versión de que en el lugar había cámaras irregulares y que los agentes ni siquiera se habían dado cuenta.
En un recorrido por el mercado durante el fin de semana pasado no se observó a ningún agente adentro de las instalaciones.
“Más bien para alertar a las personas, ya que civiles desconocidos se encuentran en las entradas y salidas del mercado, revisando a personas que para ellos se les hacen sospechosas. Además se encuentran instalando cámaras en diferentes puntos que no son propiedad del Ayuntamiento o de la misma administración, ni siquiera de los negocios y comerciantes, tal parece que son para vigilar de manera ilegal como lo han hecho en Acapulco por miembros del crimen organizado”, este es un fragmento de un mensaje que un usuario dejó en redes sociales.
Este denuncia cobraba relevancia porque existe el antecedente reciente de Acapulco. Hace unos días, la Marina retiró de algunas calles del puerto 35 cámaras de videovigilancia que habrían instalados personas relacionadas al grupos del crimen organizado en postes de energía eléctrica y de telefonía. No es la primera vez que ubicaban y retiraban cámaras de este tipo.
Además, el mercado Baltasar R. Leyva Mancilla está en una vigilancia especial desde el fin de semana pasado por policías municipales, estatales, agentes de la Guardia Nacional y elementos del Ejército por el ataque a balazos que ocurrió la tarde del viernes en el área de carnes.
Aspectos de recorrido de agentes policiacos y militares en el mercado Baltasar R. Leyva Mancilla como parte de la operación para detectar cámaras irregulares.
En ese ataque a balazos mataron al presidente de la Unión de Tablajeros y Comerciantes de Chilpancingo, Daniel Lorenzo Campos Nava, y a uno de los colaboradores la carnicería Ruth, de la cual era propietario. El ayudante era un joven de unos 20 años.
Este episodio fue el último de una secuencia de ataques donde asesinaron e hirieron a otras personas relacionadas a la venta de carne carne de la ciudad, que dejó cuatro muertos en total y otros heridos. Tampoco es la primera ocasión que ocurren este tipo ataques y asesinatos contra miembros de este ramo comercial.
Después de esto los agentes vigilan el mercado, pero solo en la parte frontal, según la documentación que hizo este medio el domingo pasado en el sitio. Estaban en el estacionamiento y en la avenida Insurgentes
No había nadie en el área de carnes, donde seguían las flores y veladoras en memoria de Campos Nava.
Hasta la publicación de esta información no había resultados oficiales de la operación policial colectiva de detección de cámaras irregulares.
“Las fotos que hemos visto del rancho de Teuchitlán no solo son una muestra del horror, son también la pregunta que los familiares se hacen ¿cómo es posible?, que necesita respuesta y acompañamiento”, escribe Carlos Martín Beristain, integrante del GIEI para el caso Ayotzinapa, reconocido por su labor en varias partes del mundo con las víctimas de las violencias de Estado, quien señala que también muestra de la dolencia y la impunidad.
Hace años, visitando la sierra Tarahumara, los indígenas y pobladores de varios de esos pueblos colgados de las impresionantes montañas rocosas, me contaron que había jóvenes que eran reclutados para entrenamiento de grupos del narco. Algunos nunca volvían, otros lo hacían con las prácticas aprendidas del terror que habían sufrido, aplicado ahora a sus comunidades. Unos pocos conseguían escapar. Los rarámuris son los mejores corredores del mundo, pueden correr descalzos días y noches enteras, pero saben que se necesita algo más que varios maratones para huir del terror. En esa misma tierra fueron asesinados dos padres jesuitas, Javier Campos y Joaquin Mora, que habían estado en un encuentro con comunidades y agentes de pastoral donde hablábamos de cómo acompañar a las comunidades, enfrentar el miedo, potenciar el apoyo mutuo. De esas montañas que estremecen, uno nunca termina de volver.
En otras partes de México, cuando empezábamos a acompañar procesos de los familiares de personas desaparecidas con grupos como FUUNDEC de Coahuila o el CEDHEM de Chihuahua, varias veces escuché los relatos de centros de entrenamiento y de que personas que estaban siendo desaparecidas habrían sido llevadas para ser forzadas a algún tipo de trabajo o para incluirse en la dinámica de esos grupos de delincuencia tremendamente organizada. Y digo tremendamente organizada porque parece que los estados no se enteran, cuando en cambio son la estructura organizada del poder. Esos relatos siempre estaban a mitad de camino de la esperanza en que estuvieran vivos, del desaliento de que fueran forzados a colaborar, de la desesperanza de que estuvieran muertos. Para alguien que necesita pruebas, todo podía parecer parte de un mito.
Uno de los papás de los 43 normalistas desaparecidos, don Margarito, había sido llevado en su juventud a un campo forzado de cultivo controlado por el narco, del que pudo finalmente huir. O sea que existe reclutamiento forzado desde hace mucho tiempo. Ahora que la escalada de la violencia no ha tenido límite en México, para mantener la maquinaria se necesita gente entrenada, a base de morir para poder matar, una vieja fórmula llevada al extremo por los kaibiles en la guerra contrainsurgente en Guatemala en los años 80.
Cuando estábamos trabajando en los primeros meses en 2015 en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, leyendo el expediente, en uno de esos oficios abigarrados de lenguaje jurídico y burocrático, encontramos un documento que hablaba de que la PGJ de Guerrero había recogido ropa de los chavos que habían sido desaparecidos de uno de los autobuses que fueron a tomar para su marcha del 2 de octubre. Cuando preguntamos a la PGR por esa ropa, la respuesta fue que no sabían nada. Tirando del hilo llegamos a un almacén de la PGR donde había un rollo de ropa embalada, y otra parte de la ropa se encontró en un archivo de la PGJ de Guerrero. El impacto de ese hallazgo para los familiares fue brutal. La pregunta que asaltaba todo el tiempo era: ¿Cómo es posible que seis meses después descubriéramos que había ropa que nunca había sido identificada ni procesada?
En una sesión en la escuela normal, con todos los padres y madres sentados en las sillas donde tendrían que estar sus hijos desaparecidos, comenzamos una reunión cargada de emociones y detalles. La antropóloga del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) vino con todas las fotos de la ropa cuidadosamente tratada después de que fue descubierta y explicó a los familiares el trabajo que se había hecho con ella. La ropa estaba en condiciones espantosas porque no había sido recogida de forma adecuada ni preservada, tenía moho en muchas partes.
El equipo argentino hizo un trabajo de calidad excepcional, el examen de las camisas, de la ropa, del librito, de las cosas que aparecieron en la mochila, y traía todo preparado para compartir con las familias. Como integrantes del GIEI que éramos, explicamos que lo que íbamos a ver eran fotografías de la ropa y objetos que habían sido encontrados. La preparación para una reunión así, para lo que luego podría ser una diligencia formal con la PGR y el EAAF, era crucial. Se necesita crear un contexto favorable, explicar a las familias lo que se puede ver, darles tiempo para prepararse, responder a sus preguntas y sus dudas hasta donde sea posible. Ayudarles a poner un pie delante y otro detrás para una diligencia muy estresante. ¿Será la camisa de mi hijo? Esas botas se parecen. Yo le regalé algo igual. Es estresante y doloroso, pero las familias quieren saber y están dispuestas a enfrentarlo. La cuestión es cómo se prepara y acompaña ese proceso. Y cómo se responde a las preguntas que se resumen en una: ¿cómo es posible?
Hay un tiempo en que las cosas se muestran y otro en que se asimilan. Cada foto tiene sus detalles que tratan de identificar. En la reunión del caso de los 43, Don Mario se agarraba la cabeza y su cabello entre las manos era su llanto. Hay que explicar de vez en cuando algunos detalles. Los jóvenes se pusieron la camisa en el rostro para evitar los gases lacrimógenos, la ropa oscurecida en este caso no es sangre sino moho, el cuaderno es idéntico, los jóvenes se prestaban ropa unos a otros. Todo ello ayuda a poner los hallazgos en su contexto, a poder escuchar y atender.
La ropa, los objetos, humanizan la pérdida. Los restos óseos se parecen en todos nosotros, pero la ropa, los objetos tienen un valor simbólico clave, la ropa es el último rastro, la última huella de una presencia. Lo que se enfrenta ahí es algo que Sandra, la hermana de Richard, desaparecido en Colombia por la policía en 1995, sentía cada vez que iba a un lugar a buscar a su hermano: “que esté, que esté, que esté… y cuando iba a entrar, pensaba, que no esté, que no esté, que no esté, estaba como matándole y reviviéndole todo el tiempo”.
Las fotos de la ropa vienen con su estela de posibles sentidos, no solo de que estuvo ahí, sino de qué le pasó, qué le hicieron. El caso del Patio 29 en Chile, un caso con mala identificación de restos de personas desaparecidas por la dictadura de Pinochet, aumentó enormemente la demanda de atención psicosocial de familiares de desaparecidos, no solo de quienes estaban en ese caso, sino en todo el país.
Las evidencias del horror de esos zapatos y ropas muestran también la impunidad de las diligencias mal hechas o las denuncias nunca investigadas que se acumulan en México y su impacto en las familias se extiende por todo el país.
El caso de Rabinal, una masacre en los años ‘80 en Guatemala, fue una de las primeras exhumaciones que se hizo. Con los cuerpos de las víctimas maniatadas, aparecieron pruebas de lo sucedido que eran detalles de lo sufrido. La historia que había sido negada durante tantos años por los responsables y el Estado, estaba ahí. Ninguna reconstrucción del tejido social se puede hacer imponiendo la mentira, la insensibilidad o el olvido. En la investigación en la escombrera de Medellín de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por las desapariciones llevadas a cabo en la Operación Orión en 2002, y donde desde hace décadas hubo testimonios de que habían sido asesinadas y desaparecidas muchas personas que se encontrarían sepultadas entre cientos y cientos de toneladas de escombros, mucha gente pensó que no era cierto, que era el mismo mito del que fueron víctimas don Margarito o los rarámuri.
Cuando en diciembre de 2024, aparecieron en la escombrera los cuerpos de un hombre y una mujer finalmente identificados, en Colombia se desató una clarividencia que las mamás habían tenido desde hacía décadas, señalando que se podrían encontrar desaparecidos ahí, que apareció escrita en las calles de todo el país: «Las cuchas tenían razón». Las cuchas son las mamás en Colombia.
También en México. Las fotos que hemos visto del rancho de Teuchitlán no solo son una muestra del horror, son también la pregunta que los familiares se hacen ¿cómo es posible?, que necesita respuesta y acompañamiento. Las evidencias tienen que estudiarse científicamente, las pruebas protegerse, la negligencia o complicidad investigarse, y las familias tienen que ser atendidas con respeto a su dignidad. Todo lo demás es parte de una ceremonia de la confusión.
*Carlos Martín Beristain es médico y psicólogo vasco con amplia experiencia en atención psicosocial de víctimas en el mundo y como asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países. Coordinó el informe Recuperación de la Memoria Histórica – REMHI, de Guatemala, formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa y fue comisionado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia.
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
