Presos políticos de la OCSS, el otro montaje de Genaro García Luna

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Facebook Libertad a los presos políticos de la OCSS

Chilpancingo

 

Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, en 1995, y activistas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron detenidos el 16 de mayo del 2002, en Baja California, de manera extrajudicial por personal del entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, en la actualidad preso en Estados Unidos por relación con el crimen organizado.

Este miércoles 5 de abril, después 21 años de encierro por los supuestos delitos de secuestro y homicidio, a los que le inculpó García Luna, Aguirre Bahena salió de prisión en Acapulco.

Acompañado a su salida del penal de Las Cruces de Acapulco, el integrante de la OCSS se pronunció porque sean liberados otros de sus compañeros que están encarcelados, dijo, de forma injusta.

Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco trabajaban en San Quintín como jornaleros agrícolas, cuando un policía de nombre Rey David, junto con un civil de nombre Eduardo Gallo y Tello, llegaron a su centro de trabajo y se los llevaron detenidos.

El caso Paola Gallo, el argumento de implicación

Paola Gallo, hija del empresario Eduardo Gallo y Tello, fue secuestrada el 8 de julio del 2000, en Tepoztlán, Morelos. Una semana después su cadáver fue hallado en Emiliano Zapata, municipio también de Morelos.

Ese mismo día localizaron el cadáver de tres hombres en el poblado de Ocotepec, presuntamente implicados en el secuestro.

Este caso fue uno de los tantos en donde estuvo involucrado García Luna, entonces director de la extinta AFI.

De acuerdo con lo documentado por activistas y por la defensa de Gilberto Aguirre, la desaparecida Agencia le otorgó a Gallo y Tello todo el equipo y el acceso a fiscalías y prisiones para que hiciera justicia por su cuenta por el caso de su hija.

La explicación que dieron entonces las autoridades fue que Paola Gallo murió por impacto de bala en medio de un fuego cruzado entre insurgentes, que pertenecieron a grupos de insurrección.

Gilberto y Antonio fueron acusados por este caso y sometidos a tortura por parte de Gallo y Tello.

Cuando los agentes de la AFI hallaron a Gilberto y Antonio en San Quintín, desplazados por la persecución política del caso Agua Blancas, fueron golpeados y amenazados para que se inculparan como los asesinos de los secuestradores de Paola Gallo, de lo contrario, el padre de ella mataría a sus familiares y violaría a sus hijas.

Esa noche Gallo y Tello mantuvo a Antonio y a Gilberto de rodillas, con las manos en la nuca, y a golpes, tortura y toques eléctricos les arrancó una confesión sobre la muerte de su hija.

Al día siguiente, los trasladaron a Tijuana, al aeropuerto, para subirlo a un vuelo nocturno hacia la Ciudad de México.

La detención, tortura y encarcelamiento de Gilberto Aguirre fue impulsada por García Luna, quien después fue responsable del montaje de la detención de Florence Cassez y de Israel Vallarta –transmitida en vivo por televisión– y de la fabricación del secuestro de Hugo Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace.

García Luna, más tarde, sería el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012); hoy permanece encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, acusado de facilitar las operaciones del cártel de Sinaloa.

Persecución política contra miembros de la OCCS

La OCCS, fundada en 1994, sostiene que el encarcelamiento de sus integrantes se debe a una persecución política en contra de la organización en realidad por la masacre en el vado de Aguas Blancas.

En 1995, durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, en el municipio de Coyuca de Benítez, ocurrió la matanza; 17 personas asesinadas y más de 20 heridos es el saldo de esos hechos.

Todo sucedió cuando los campesinos se dirigían a Atoyac de Álvarez a manifestarse; fueron detenidos por un retén de la Policía Judicial de Guerrero que disparó a quemarropa contra de ellos.

Derivado de esa masacre familias completas padecieron el desplazamiento forzado interno, asesinatos extrajudiciales, desaparición forzada y detenciones arbitrarias.

Jerónimo Hernández, Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco y Orlando Ávila Mesino fueron detenidos y acusados de delitos que no cometieron, «como parte de la estrategia para terminar con la organización», dijo Norma Mesino Mesino, líder de la OCSS, después de la liberación de Gilberto Aguirre.

Mesino Mesino acusó al ex director de la AFI de haberle fabricado los delitos a Gilberto Aguirre y a otros dos integrantes de la OCSS que aún permanecen en prisión.

Aguirre Bahena fue sentenciado por un juez a 40 años de cárcel por secuestro y homicidio.

En 1995, después de la masacre de sus 17 compañeros de la OCSS, se fue a Mexicali, Baja California, a trabajar como jornalero. El 16 de mayo del 2002 policías ministeriales de Guerrero y Morelos lo detuvieron bajo el cargo de secuestro y asesinato.

«Me torturaron en forma cruel e inhumana para que me declarara culpable», expuso Aguirre Bahena.

En la misma causa penal acusó a otros dos integrantes de la OCSS de asesinar a los tres individuos que participaron en el secuestro y homicidio de Paola.

Orlando Avilés Mesino y Antonio Barragán Carrasco, también integrantes de la OCSS, permanecen en prisión, el primero en una cárcel de Guerrero y el segundo de Morelos. Aguirre Bahena fue liberado hace unos días.

«Todo fue un montaje que realizó el entonces jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna, para involucrar a nuestros compañeros», dijo Mesino Mesino.

El pasado 12 de febrero fue puesto en libertad de la cárcel de Chilpancingo, Jerónimo Hernández Refugio, integrante de la OCSS que también estaba acusado de secuestro; permaneció en prisión 20 años.

Él también es sobreviviente de la masacre del 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, debió salir de la cárcel en diciembre del 2022, pero en forma inexplicable un juez lo sentenció a cuatro años de prisión más, pero gracias a un amparo ya está en libertad.

«Yo ya salí libre pero faltan más compañeros que están presos en forma injusta», dijo Aguirre Bahena al abandonar la cárcel de Acapulco este miércoles 5 de abril.

En 1995, después de la masacre de Aguas Blancas, dirigentes de la izquierda, entre ellos el entonces legislador perredista y luchdor social, Ranferi Hernández Acevedo, acusaron al gobernador Rubén Figueroa Alcocer como el responsable de la matanza. En marzo de 1996, Figueroa Alcocer pidió licencia al Congreso local.

 

Jerónimo Hernández: 20 años de injusticia y resistencia  

Jerónimo, sobreviviente de Aguas Blancas, cumplió su sentencia este sábado 10 de diciembre del 2022, con una condena de veinte años en prisión, con graves violaciones al debido proceso jurídico, pero una nueva condena le impide la libertad 


Texto y fotografia: Amílcar Juárez 

El sol radiante ilumina medio rostro de Jerónimo Hernández Refugio, quien viste una camisa azul clara y pantalón de mezclilla. Es de estatura mediana y cabello corto. Sus ojos grandes y redondos miran fijamente. Su sonrisa es cubierta por un cubrebocas gastado, color azul.

Nos separa una malla rectangular. Jerónimo Hernández está en los locutorios del Centro de Readaptación Social (Cereso), de Chilpancingo.

En veinte años, Jerónimo no ha tenido contacto con la opinión pública. Piensa que es momento para aclarar varias cosas.

Jerónimo es de la Costa Grande de Guerrero. Desde su juventud, vio la necesidad de luchar por mejores condiciones. Su herencia campesina le hacía conocer las desigualdades económicas y sociales que vive la población de su región, por eso se integró a las filas de la naciente Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), nacida en Tepetixtla, municipio de Atoyac, en la región de la Costa Grande.

El 28 de junio 1996, la caravana de campesinos tomarían los palacios municipales de Tecpan y Atoyac, en demanda de la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, integrante de la OCSS, víctima de desaparición forzada, pero fueron emboscados en un retén de la entonces Policía Motorizada y Judicial, las balas de los agentes acabaron con la vida de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas. Hubo varios heridos.

Jerónimo sobrevivió a la masacre, desde entonces, junto con otros integrantes de la organización fueron perseguidos por denunciar los hechos y acusar directamente al gobernador de ese entonces, Rubén Figueroa Alcocer, de ser el responsable; varios sobrevivientes fueron desplazados hasta el norte del país.
En 2002, Jerónimo fue detenido en Coyuca de Benítez, tenía 26 años; los delitos imputados fueron secuestro y posesión de arma de fuego los dos de índole federal. Lo trasladaron al Penal de las Cruces, de Acapulco, donde permaneció ocho años.

La primera sentencia, desde su detención, fue en el 2011, cometiéndose una grave violación al debido proceso.

Al igual que él, dos de sus compañeros desplazados y que trabajaban como jornaleros agrícolas en el valle de San Quintín, Baja California, fueron detenidos por la entonces Agencia Federal de inteligencia (AFI), coordinada a nivel nacional por Genaro García Luna, detenido en diciembre de 2019 por supuestos vínculos con un grupo del crimen organizado, denominados por el Estado como carteles del narcotráfico.

La primera sentencia contra Jerónimo fue de 20 años, por el delito de secuestro. Jerónimo niega haber cometido dicho delito y refiere que se trata de una vendetta en represión por su lucha incansable.

“yo pertenecí a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, sobreviví a la masacre de Aguas Blancas y en aquel entonces más que nada fuimos perseguidos por la represalia del gobierno del estado y mi detención fue por la situación política porque el delito de secuestro yo no lo cometí”.

“En 2011 recibí la primera sentencia a 20 años de prisión, pero como nunca se presentó el agraviado, el magistrado me revoca la sentencia, y la última sentencia la tuve en 2017, fue la sentencia definitiva”.

Una estrategia de la prisiones según el filósofo Michel Foucoult es desligar al prisionero de su ámbito (lugar de origen, familia, amigos, base de apoyo) y en Hernández Refugio no fue la excepción, el cambio de reclusión comenzó de Acapulco a Taxco de Alarcón, de ahí a Chilpancingo, luego a Durango, después a Chiapas y con el apoyo del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, pudo ser movido a su entidad federativa al centro de reclusión de la capital, a Chilpancingo.

La situación económica es mala, pues al estar en prisión por casi veinte años ha hecho estragos irreparables, desde hace un año no ha podido ver a su esposa ni a ninguno de sus cinco hijos, pues el traslado implica tarifas económicas que no son fáciles de sufragar.

“Cuando caigo en prisión, no tuve ningún apoyo, ni respaldo de la organización a la que pertenecía. Fui abandonado. Hasta la actualidad, en veinte años, ahorita lo andan haciendo, pero no sé en qué términos. Ellos publican que me están apoyando, que me están ayudando, cuando no es así, al contrario, llevo veinte años preso y para que el licenciado lleve mi defensa me han pedido dinero a mí, a mi familia, cosa que no tengo”.

La OCSS propuso para su defensa al licenciado Hegel Mariano, defensor de derechos humanos y consejero electoral.

Jerónimo cumplió su sentencia este sábado 10 de diciembre del 2022, con una condena de veinte años en prisión, con graves violaciones al debido proceso jurídico, pero una nueva condena le impide la libertad.

El 3 de noviembre pasado, activistas ingresan al Cereso de Chilpancingo para pedir informes sobre el caso del preso político Jerónimo Hernández Refugio. Foto: Amílcar Juárez.

Nueva sentencia 

Jerónimo se reacomoda el cubrebocas que poco protege su nariz, y explica que el día 6 de diciembre fue llamado por una jueza.

“Ayer estuve con la jueza de ejecución, la licenciada Maritza Jiménez Santiago, yo estaba confiado que se me iba tomar en cuenta la prisión  preventiva, pero no se respetó, eso porque el licenciado no se dio el tiempo o no tuvo, más que nada, ese interés de hacer el escrito y llevarlo ante el juez para pedir la simultaneidad de las penas para que éstas corrieran juntas pero no lo hizo, porque él dice que no le notificaron a tiempo, pero para mí es como una burla, un abandono porque yo soy su defendido de él y el mi licenciado y por cualquier cosa él debe estar pendiente de mi situación jurídica”.

La pena a que refiere Jerónimo es la de portación de arma de fuego, que no es tomada en cuenta en estos veinte años y le sentencia a tres años más tras las rejas.

Por momentos, mientras habla, parece desesperado, angustiado, pero luego recobra la calma con un esbozo de sonrisa que se adivina bajo el traslucido cubrebocas y comenta que tiene cuatro días hábiles para apelar, pero por lo que ha escuchado, su defensor ha aceptado la sentencia. Él no está de acuerdo.

Veinte años en la cárcel no son fáciles, dice, por que la situación dentro es muy dura. Hay trabajo, pero es mal pagado.

Jerónimo también quiere deslindarse de la organización a la que pertenecía.
“En vez de que ellos me estén ayudando, al contrario, están perjudicando mi salida. ¿Por qué? Porque el licenciado tuvo el tiempo de hacer ese escrito donde él iba pedir la simultaneidad de la pena y no lo hizo, no sé porque no lo hizo. Yo le hice el comentario que debería meter el escrito cuanto antes y no lo hizo”.

Jerónimo reconoce que la organización a la que pertenece ha hecho manifestaciones para exigir su libertad, pero en el ámbito legal no hacen nada.

“Una vez se comunicaron conmigo y me propusieron a un defensor para mi caso. Bajaron un recurso para solventar los gastos pero a mí me siguieron pidiendo recursos, entonces, no comprendo qué pasó”.

Como un mantra repite la misma frase: “Voy a seguir luchando por mi libertad”.

En estos cuatro días hábiles, cuenta, interpondrá una revocación de representante jurídico y pedirá a la defensoría pública se le asigne a un abogado de oficio.

En el cambio de abogado existe una temporalidad de días con los que ganará tiempo para pedir su expediente judicial pues no cuenta con él.

Pedirá que se tome en cuenta el tiempo de la prisión preventiva, además, que el proceso estuvo viciado desde un principio, que jamás declaró ninguna víctima del supuesto delito de secuestro.

En varias ocasiones, Jerónimo pidió un careo con su denunciante, pero nunca sucedió. Las autoridades dijeron que no lo pudieron localizar.

En México la fabricación de culpables es una realidad que llena las cárceles del país. Litigios como los casos Wallas o Cassez Vallarta son la prueba irrefutable de un sistema de justicia caduco.

Jerónimo espera reunirse con su esposa y sus cinco hijos que ve muy poco. Sólo lo visitan dos veces al año, por la falta de recursos. A su mamá y papá no los ha visto en casi un cuarto de siglo. Espera que el destino no le haga otra mala jugada, pues su mamá y papá ya tienen más de noventa años, han superado con creces el promedio de vida de la población mexicana.

La ruta marcada ahora es que lo más pronto la jueza tome en cuenta la apelación y los años de prisión preventiva en la simultaneidad de penas, aunque el fiscal le ha comentado que no se puede dar la simultaneidad de las penas, pero en las largas horas que pasa leyendo la Constitución, halló sustentos jurídicos de que sí es posible obtener la libertad inmediata, aunque él sabe que su situación es política, porque no existe un delito que haya cometido.

Cuando se le pregunta que es lo primero que hará cuando salga de prisión su rostro gesticula un pequeño rasgo de sonrisa tímida y dice: “seguir en la lucha, no hay de otra”.

Veinte años en prisión no son fáciles. El encierro, la preocupación, angustia y desesperación han pasado factura. Jerónimo tiene varias enfermedades crónico degenerativas, la pandemia de la Covid-19 lo colocó entre la población vulnerable.
Jerónimo ya no es el joven dirigente de 26 años que entro a prisión por un delito que, argumenta, fue fabricado y además vinculado al Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Lo que es evidente, es que veinte años tras las rejas no han menguado el espíritu cálido, rebelde y justo de Jerónimo.

Fue decisión de la jueza, revira abogado

Entrevistado vía telefónica, Mariano Ramírez aseguró que el tema de la simultaneidad de las pruebas fueron entregadas a tiempo y que la decisión de que Jerónimo continuara en prisión fue de la jueza.

El oficio de simultaneidad fue un documento para pedir que la sentencia de cuatro años por portación de arma de fuego se le tomara en cuenta a Jerónimo junto con la sentencia de 20 años por secuestro.

Pero, al no ser tomado en cuenta el oficio, Jerónimo fue sentenciado de nuevo a otros cuatro años de prisión, por lo que seguiría en prisión hasta 2025. De haberlo considerado pudo ser liberado el pasado 10 de diciembre.

En la entrevista, Jerónimo habló sobre el oficio de simultaneidad. Mariano Ramírez, en una consulta aparte, dijo que sí presentó el oficio en audiencia y en presencia de Jerónimo.

“No es sólo lo que yo digo, si no que fue alegado y argumentado en audiencia, y Jerónimo estuvo presente y él se adhirió a lo que yo dije en esa audiencia, pero finalmente la juez tiene su propio criterio y nosotros no lo compartimos», mencionó.

Mariano Ramírez mencionó que dicha determinación no es definitiva, hay un recurso de apelación para que el cómputo de la sentencia sea tomada en cuenta tal como lo propuso la defensa de Jerónimo.

Es decir, pueden determinar que los cuatro años de prisión agregados a su sentencia sean contados en los 20 años que ya cumplió en prisión y sería liberado.

Ahora será la sala penal la que determine la procedencia del recurso de apelación, en caso de no resultar favorable para Jerónimo, explicó el abogado, recurrirían a un juicio de amparo.

“Tenemos que agotar todos los recursos legales y no quedarnos de brazos cruzados hasta el 2025”.

Lo que sucedió, agregó, fue que las dos sentencias de Jerónimo no fueron apeladas a tiempo en 2018, cuando le dictaron la sentencia, debido a inconsistencias en el proceso.

«Lo que sucedió fue que Jerónimo  estaba preso en el penal federal de Durango y su proceso era en Acapulco y, obviamente, él nunca tuvo comunicación con su defensor, y las notificaciones le llegaron por correo y, pues, nunca pudo platicar con su defensa y la defensa nunca apeló, y él tampoco apeló”.

Sobre los cuatro años adicionales de sentencia a Jerónimo, aclaró Mariano Ramírez que ya existía la sentencia, pero el director del reclusorio no la presentó, y eso es lo que se busca objetivar.

“Nosotros esperamos que la ahora la Sala Penal valoré lo que nosotros argumentamos”, agregó. (Con información de José Miguel Sánchez).

 

Organizaciones exigen castigo por masacre de Aguas Blancas; en un comunicado EPR pide juicio a Figueroa

Con dos actos de protesta conmemoran organizaciones sociales los 27 años de la masacre de Aguas Blancas; exigen justicia y castigo a los responsables.


Texto: Amilcar Juárez y José Miguel Sánchez

Fotografía: Cromática, Agencia Fotográfica y multimedia 

28 de junio de 2022

 

Con dos actos de protesta con la exigencia de justicia y castigo a los responsables fueron conmemorados los 27 años de la masacre de Aguas Blancas.

A las diez de la mañana de este martes 28 de junio, un contingente de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Colectivo de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narciso marcharon del vado de Aguas Blancas a la cabecera municipal de Coyuca de Benítez.

Estas activistas encabezados por miembros de la OCSS realizaron un acto político-cultural en el kiosco de Coyuca, donde gritaron consignas contra los responsables de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en la que participaron policías estatales y agentes judiciales del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.

«¡Castigo a los asesinos!», «¡Evelyn (Salgado Pineda) decía que todo cambiaría, mentira, mentira la misma porquería!», «¡Aguas Blancas vive!», gritaron.

Una hora después otro grupo de militantes de la OCSS, organizaciones sociales y familiares de las víctimas realizaron una marcha hacia el vado de Aguas Blancas, lugar de la masacre donde ahora está un mausoleo en honor a los 17 campesinos muertos.

Con coronas florales e imágenes del extinto guerrillero lucio Cabañas Barrientos, los integrantes de la organización campesina cubrieron las cruces y el monumento.

Durante el mitin, Norma Mesino Mesino, dirigente de la OCSS, le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir su promesa de campaña y hacer justicia a las víctimas de esta masacre. Denunció que desde hace 27 años existe una revictimización del Estado mexicano hacia las víctimas y sus familiares.

Demandó también la inmediata libertad de cuatro miembros de la OCSS que son sobrevivientes de la masacre y que están presos

En el acto se recordó a otros líderes sociales asesinados en otros momentos, como Luis Olivares, Raymundo Velázquez, Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona y Ranferi Hernández Acevedo.

EPR, exige a Evelyn que castigue a Figueroa Alcocer por caso Aguas Blancas

Por su parte, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), le exigió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que tiene en sus manos detener las políticas represivas y presentar ante la justicia a los verdaderos responsables del crimen reabriendo el caso de Aguas Blancas para castigar al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer por tener responsabilidad en estos hechos.

A través de un comunicado, el grupo guerrillero, indica que en este 27 aniversario de la matanza de los 17 campesinos no existe una verdadera justicia para las víctimas.

«No basta con el reconocimiento del cometido de estos crímenes desde el Estado, ni tampoco con conocer la verdad para romper con un pasado doloroso; el pueblo jamás se reconciliará con sus verdugos, exige inexorablemente justicia, ni perdón ni olvido, juicio y castigo a los responsables, señala el comunicado.

El EPR, compara el caso de Aguas Blancas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace casi ocho años en Iguala.

«En Aguas Blancas y Ayotzinapa persiste el mismo patrón criminal del Estado, los mismos métodos de terror, de perversidad sin límites ejecutados sobre población y territorio bien definidos y estratégica táctica contrainsurgente que se ha aplicado hasta la fecha contra el pueblo inerme», dice el comunicado del grupo subversivo.


  • Te puede interesar: Aguas Blancas: 27 años de la masacre y ninguno de los responsables está detenido

Aguas Blancas: 27 años de la masacre y ninguno de los responsables está detenido

Texto: Amílcar Juárez

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

La mañana del 28 de junio de 1995 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se movilizaron para exigir la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero Vázquez, quien desapareció un mes antes, el 24 de mayo, durante una operación policiaco-militar en la región de la Costa Grande y la Sierra de Guerrero.

El 3 de mayo de ese año, en la comunidad de Tepetixtla, Romero Vázquez leyó las demandas de la OCSS durante una visita del gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El reclamo molestó al priista y focalizó la represión.

Esa mañana tenían planeado protestar en Coyuca de Benítez y Atoyac, pero en un retén policías en El Vado de Aguas Blancas detuvieron a las camionetas en las que se transportaban los campesinos.

Los policías ordenaron a los campesinos de la primera camioneta que bajaran, luego a golpes los obligaron a tirarse al piso boca abajo con las manos en la nuca sin darles explicación.

El retén estaba integrado por policías judiciales y policías motorizados estatales.

Cuando llegó la segunda camioneta se repitió la operación: a punta de golpes bajaron a los campesinos, todavía no terminaban de descender cuando comenzó la masacre: 17 campesinos asesinados y 24 más heridos.

Mientras ocurría la masacre, sobrevolaba en un helicóptero el general Mario Arturo Acosta Chaparro, recuerda la defensora de derechos humanos e integrante de la OCSS, Norma Mesino Mesino.

A 27 años, los integrantes de la OCSS sostienen que la emboscada fue planeada y los tiradores perpetrados en la maleza.

En ese tiempo, Figueroa Alcocer tenía de asesor al general Francisco Quirós Hermosillo.

Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo fueron los encargados de “combatir” la guerrilla de Lucio Cabañas y diferentes grupos insurgentes en el estado bajo una estrategia de guerra de baja intensidad y contrainsurgencia en los años 70 y 80, de la cual dejaron en Guerrero un sin número de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales.

Testigos los señalan como iniciadores y perpetradores de los llamados “vuelos de la muerte” que salían de la Base Área de Pie de la Cuesta de Acapulco en el mandato de gobernador Rubén Figueroa Figueroa, padre de Figueroa Alcocer.

“En la masacre participaron todos los secretarios de estado en Guerrero, el procurador, el secretario de Seguridad Pública, el de Gobernación, el de Finanzas, todos jugaron un papel para acallar, socavar la lucha y la forma de protesta de la OCSS”, recuerda Mesino Mesino.

El origen

La OCSS se constituyó el 14 de enero de 1994 en la comunidad serrana de Tepetixtla.

Desde su formación, las autoridades buscaron desprestigiar y criminalizarla; se formó por demandas de los pueblos, por las violaciones graves a los derechos humanos pues después del año de los 60 quedaron muchas familias agraviadas, comunidades enteras sitiadas, dice Mesino.

La mayoría de campesinos que conforman la OCSS son sobrinos, hijos, nietos, esposas, hijas, nietas de víctimas de la llamada Guerra sucia que golpeó todo el país pero en particular a la Costa Grande y Sierra de Guerrero. Es por eso que desde su conformación la principal demanda fue la presentación con vida de cientos de desaparecidos políticos. Esta exigencia fue la principal molestia de Figueroa Alcocer.

El priista previo a la masacre trató de cooptar a la OCSS mediante cumplimientos de demandas económicas y a sus dirigentes entre ellos Benigno Guzmán, Hilario Mesino, Marína Sánchez Flores.

“A sus desaparecidos ya se los llevo…”, recuerda Mesino que les decía el ex gobernador.

La consigna por Figueroa Alcocer fue la cooptación, pero para los que no aceptaban  les esperaba la represión y la cárcel, situación que tomó forma el 28 de junio de 1995 con la masacre Aguas Blancas. Luego vino más  persecución, criminalización, encarcelamiento y asesinato.

Otra maniobra de Figueroa Alcocer fue tratar de dividir a través de Bertoldo Guzmán hermano de Benigno (uno de los dirigentes de la OCSS), quien formó una organización paralela provista con todos los recursos.

—¿Dentro de los asesinados murieron dirigentes de la OCSS?

—Sí, había compañeros representantes de comunidades, porque la organización tiene su estructura de representantes colectivos, pero también tiene representantes regionales y comunales, varios de los compañeros asesinados eran representantes comunales.

Represión selectiva tras la masacre

“Después de la masacre de Aguas Blancas, Figueroa Alcocer como es sabido por todos, mandó a traer y cooptar a las viudas, quiso dividir así a la organización para frenar la protesta de justicia”, dice Mesino.

Héctor Vicario Castrejón, uno de los alumnos de Figueroa Alcocer, ofreció dinero a Benigno Guzmán e Hilario Mesino: 300,000 pesos y llevarlos a Cuba a cambio de que abandonaran la lucha. Ambos se negaron. El resultado: fueron perseguidos, detenidos y la organización criminalizada.

Fueron acusados de motín, sabotaje y recluidos en cárceles de máxima seguridad como Puente Grande, Jalisco.

La estrategia focalizada contra las bases de la OCSS no paró ahí.

“Muchos de los sobrevivientes como Gerónimo Hernández Refugio, Gilberto Ramírez Bahena, Antonio Barragán están detenidos, el compañero Eugenio Aguirre Bahena fue asesinado, otros compañeros fueron desplazados, otros compañeros como Celio Vázquez también fue asesinado”, precisa Mesino.

Agrega: “Todos ellos tenían un cargo dentro de la organización y el estado se encargó de infiltrar, investigar toda la estructura de la organización por eso los ataques iban bien dirigidos a las estructuras de la OCCS”.

La justicia no llega

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe declaró que se violaron gravemente los derechos humanos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó directamente a Figueroa Alcocer.

Pero la masacre de Aguas Blancas no entró en los acuerdos que firmó el gobierno de la República en el marco internacional porque fueron posterior a 1998 y tampoco entró en la nueva Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990”.

La masacre de Aguas Blancas quedó en el limbo.

A pesar de que se consumaron violaciones graves a los derechos humanos ninguna instancia internacional ha atraído el caso y el gobierno mexicano no ha acatado las recomendaciones.

“La nueva estrategia de visualizar la lucha y conseguir justicia nos ha llevado a interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de mi padre Hilario Mesino Acosta y Marina Sánchez Flores, aun no ha sido atraído por dicha comisión, Aguas Blancas es una deuda histórica”, dice Mesino.

 Gerónimo Hernández Refugio

Gerónimo Hernández es sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas. Está sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de secuestro por un falso testimonio. En diciembre cumple los 20 años, hace unas semanas fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Chiapas, sin aviso a su defensa ni a su familia.

Hegel Mariano, abogado de Gerónimo Hernández, interpuso un amparo por las violaciones a sus derechos humanos y su debido proceso; se ganó y se logró su regreso al Cereso de Chilpancingo.

Mesino responsabilizó a las autoridades penitenciarias de la integridad física de Gerónimo Hernández pues dentro de los reclusorios exigen cuotas económicas por seguridad.

El domingo 26 de junio, la OCSS instaló en Acapulco un plantón para exigir de una mesa de trabajo con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para revisar los casos jurídicos de integrantes que se encuentran recluidos.

“Nos vimos en la necesidad y deber de manifestarnos porque pareciera que tenemos gobiernos con oídos sordos, porque se publica que somos el santuario de los derechos humanos  pero es mentira tuvimos que hacer la manifestación para decirle a la gobernadora que intervenga y se hagan mesas de trabajo para revisar el caso de cada uno de los presos”, denuncia Mesino.

 

Te puede interesar: Incendian un autobús y dos camionetas en libramiento Chilpancingo_ Tixtla; la Fiscalía guarda hermetismo sobre este hecho

Exigen liberación de presos políticos sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas

Se trata de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, cuya liberación fue exigida por Rocío Mesino asesinada en octubre de 2013


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

25 de abril de 2022

Chilpancingo

 

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigieron al gobierno federal la liberación de cuatro presos políticos que llevan 20 años privados de su libertad.

Pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, aplicar la amnistía que propuso o en su defecto ejecutar el Protocolo de Estambul que consiste en un conjunto de directrices reconocidas internacionalmente por los médicos y abogados para determinar si una persona fue torturada y cómo documentar los síntomas. La documentación puede servir como prueba válida e independiente ante un tribunal.

Los cuatro presos políticos son Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, a quienes acusaron injustamente de secuestro, denunció Norma Mesino Mesino, representante de la OCSS.

Barragán Carrasco, Aguirre Bahena y Hernández Refugio tienen 20 años en distintas prisiones del país, mientras que Ávila Mesino fue encarcelado en 2011.

En conferencia de prensa la dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que lleva un mes sin tener comunicación con Hernández Refugio y desconoce su paradero, porque las autoridades carcelarias no informan si continúa preso en la cárcel de Chilpancingo o trasladado al estado de Chiapas.

“Tememos por la vida del compañero Gerónimo, un mes antes de que perdiéramos comunicación con él, nos dijo que estaba recibiendo amenazas de muerte”, dijo Mesino.

En la conferencia estuvieron presentes familiares de los presos políticos quienes confirmaron que fueron torturados durante el proceso de detención y que sus declaraciones fueron conseguidas bajo tortura.

Desde el año pasado la OCSS y los familiares de las víctimas buscaron al presidente de la República para plantearle que los presos políticos sean beneficiarios de la amnistía, contaron que fue a través de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa quienes le hicieron llegar un carta a López Obrador durante una reunión el 26 de septiembre de 2021.

Sin respuesta la OCSS comenzó una campaña para exigir la liberación de los cuatro presos políticos, a la que denominaron Campaña por la liberación de los presos políticos de la OCSS.

Fue durante la conferencia matutina del presidente, el pasado 21 de abril, que López Obrador habló del tema y mencionó que “se revisará el caso y actuarán en favor de las víctimas y a garantizar la libertad de los que injustamente están detenidos”, dijo el presidente.

A cuatro días que el presidente dio esas declaraciones la dirigencia de la OCSS dijo que todavía no hay un acercamiento de algún representante o autoridad federal con las familias ni los abogados de las víctimas.

Norma Mesino agregó que están conscientes de que por el tipo de delito que los acusan no pueden ser beneficiados por la Amnistía presidencial, por eso se busca aplicar el protocolo de Estambul.

Agregó que de parte del gobierno estatal que encabeza la morenista, Evelyn Salgado Pineda, no existe la voluntad política para resolver el caso.

Norma y los demás integrantes de la OCSS lamentaron que la FGE criminaliza a sus familiares, mientras la administración estatal “hace oídos sordos”.

Explicaron que debido a los cambios en el gabinete estatal el caso no puede avanzar. “Ya llevábamos avances significativos con Saúl López Sollano, pero cuando lo quitan de secretario general tuvimos que empezar de nuevo, ahora ya nadie nos contesta las llamadas”, mencionó Norma Mesino.

Barragán Carrasco, Hernández Refugio y Aguirre Bahena son sobrevivientes de la Masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, ocurrida el 28 de junio de 1995, y fueron detenidos entre 2000 y 2001, acusados de secuestrar a la hija del empresario Eduardo Gallo, originario de Morelos.

Ávila Mesino es uno de los cuatro que permanecen en prisión, con pruebas «evidentemente fabricadas», de acuerdo con la OCSS, por las que fue señalado, junto con su prima Rocío Mesino Mesino, de participar en un secuestro ocurrido el 23 de junio de 2011.

Rocío Mesino fue asesinada en octubre de 2013 mientras encabezaba las exigencias de libertad a los cuatro presos políticos.

Salir de la versión móvil