Organizaciones exigen castigo por masacre de Aguas Blancas; en un comunicado EPR pide juicio a Figueroa

Con dos actos de protesta conmemoran organizaciones sociales los 27 años de la masacre de Aguas Blancas; exigen justicia y castigo a los responsables.


Texto: Amilcar Juárez y José Miguel Sánchez

Fotografía: Cromática, Agencia Fotográfica y multimedia 

28 de junio de 2022

 

Con dos actos de protesta con la exigencia de justicia y castigo a los responsables fueron conmemorados los 27 años de la masacre de Aguas Blancas.

A las diez de la mañana de este martes 28 de junio, un contingente de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Colectivo de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narciso marcharon del vado de Aguas Blancas a la cabecera municipal de Coyuca de Benítez.

Estas activistas encabezados por miembros de la OCSS realizaron un acto político-cultural en el kiosco de Coyuca, donde gritaron consignas contra los responsables de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en la que participaron policías estatales y agentes judiciales del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.

«¡Castigo a los asesinos!», «¡Evelyn (Salgado Pineda) decía que todo cambiaría, mentira, mentira la misma porquería!», «¡Aguas Blancas vive!», gritaron.

Una hora después otro grupo de militantes de la OCSS, organizaciones sociales y familiares de las víctimas realizaron una marcha hacia el vado de Aguas Blancas, lugar de la masacre donde ahora está un mausoleo en honor a los 17 campesinos muertos.

Con coronas florales e imágenes del extinto guerrillero lucio Cabañas Barrientos, los integrantes de la organización campesina cubrieron las cruces y el monumento.

Durante el mitin, Norma Mesino Mesino, dirigente de la OCSS, le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir su promesa de campaña y hacer justicia a las víctimas de esta masacre. Denunció que desde hace 27 años existe una revictimización del Estado mexicano hacia las víctimas y sus familiares.

Demandó también la inmediata libertad de cuatro miembros de la OCSS que son sobrevivientes de la masacre y que están presos

En el acto se recordó a otros líderes sociales asesinados en otros momentos, como Luis Olivares, Raymundo Velázquez, Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona y Ranferi Hernández Acevedo.

EPR, exige a Evelyn que castigue a Figueroa Alcocer por caso Aguas Blancas

Por su parte, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), le exigió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que tiene en sus manos detener las políticas represivas y presentar ante la justicia a los verdaderos responsables del crimen reabriendo el caso de Aguas Blancas para castigar al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer por tener responsabilidad en estos hechos.

A través de un comunicado, el grupo guerrillero, indica que en este 27 aniversario de la matanza de los 17 campesinos no existe una verdadera justicia para las víctimas.

«No basta con el reconocimiento del cometido de estos crímenes desde el Estado, ni tampoco con conocer la verdad para romper con un pasado doloroso; el pueblo jamás se reconciliará con sus verdugos, exige inexorablemente justicia, ni perdón ni olvido, juicio y castigo a los responsables, señala el comunicado.

El EPR, compara el caso de Aguas Blancas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace casi ocho años en Iguala.

«En Aguas Blancas y Ayotzinapa persiste el mismo patrón criminal del Estado, los mismos métodos de terror, de perversidad sin límites ejecutados sobre población y territorio bien definidos y estratégica táctica contrainsurgente que se ha aplicado hasta la fecha contra el pueblo inerme», dice el comunicado del grupo subversivo.


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Texto: Amílcar Juárez

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

La mañana del 28 de junio de 1995 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se movilizaron para exigir la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero Vázquez, quien desapareció un mes antes, el 24 de mayo, durante una operación policiaco-militar en la región de la Costa Grande y la Sierra de Guerrero.

El 3 de mayo de ese año, en la comunidad de Tepetixtla, Romero Vázquez leyó las demandas de la OCSS durante una visita del gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El reclamo molestó al priista y focalizó la represión.

Esa mañana tenían planeado protestar en Coyuca de Benítez y Atoyac, pero en un retén policías en El Vado de Aguas Blancas detuvieron a las camionetas en las que se transportaban los campesinos.

Los policías ordenaron a los campesinos de la primera camioneta que bajaran, luego a golpes los obligaron a tirarse al piso boca abajo con las manos en la nuca sin darles explicación.

El retén estaba integrado por policías judiciales y policías motorizados estatales.

Cuando llegó la segunda camioneta se repitió la operación: a punta de golpes bajaron a los campesinos, todavía no terminaban de descender cuando comenzó la masacre: 17 campesinos asesinados y 24 más heridos.

Mientras ocurría la masacre, sobrevolaba en un helicóptero el general Mario Arturo Acosta Chaparro, recuerda la defensora de derechos humanos e integrante de la OCSS, Norma Mesino Mesino.

A 27 años, los integrantes de la OCSS sostienen que la emboscada fue planeada y los tiradores perpetrados en la maleza.

En ese tiempo, Figueroa Alcocer tenía de asesor al general Francisco Quirós Hermosillo.

Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo fueron los encargados de “combatir” la guerrilla de Lucio Cabañas y diferentes grupos insurgentes en el estado bajo una estrategia de guerra de baja intensidad y contrainsurgencia en los años 70 y 80, de la cual dejaron en Guerrero un sin número de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales.

Testigos los señalan como iniciadores y perpetradores de los llamados “vuelos de la muerte” que salían de la Base Área de Pie de la Cuesta de Acapulco en el mandato de gobernador Rubén Figueroa Figueroa, padre de Figueroa Alcocer.

“En la masacre participaron todos los secretarios de estado en Guerrero, el procurador, el secretario de Seguridad Pública, el de Gobernación, el de Finanzas, todos jugaron un papel para acallar, socavar la lucha y la forma de protesta de la OCSS”, recuerda Mesino Mesino.

El origen

La OCSS se constituyó el 14 de enero de 1994 en la comunidad serrana de Tepetixtla.

Desde su formación, las autoridades buscaron desprestigiar y criminalizarla; se formó por demandas de los pueblos, por las violaciones graves a los derechos humanos pues después del año de los 60 quedaron muchas familias agraviadas, comunidades enteras sitiadas, dice Mesino.

La mayoría de campesinos que conforman la OCSS son sobrinos, hijos, nietos, esposas, hijas, nietas de víctimas de la llamada Guerra sucia que golpeó todo el país pero en particular a la Costa Grande y Sierra de Guerrero. Es por eso que desde su conformación la principal demanda fue la presentación con vida de cientos de desaparecidos políticos. Esta exigencia fue la principal molestia de Figueroa Alcocer.

El priista previo a la masacre trató de cooptar a la OCSS mediante cumplimientos de demandas económicas y a sus dirigentes entre ellos Benigno Guzmán, Hilario Mesino, Marína Sánchez Flores.

“A sus desaparecidos ya se los llevo…”, recuerda Mesino que les decía el ex gobernador.

La consigna por Figueroa Alcocer fue la cooptación, pero para los que no aceptaban  les esperaba la represión y la cárcel, situación que tomó forma el 28 de junio de 1995 con la masacre Aguas Blancas. Luego vino más  persecución, criminalización, encarcelamiento y asesinato.

Otra maniobra de Figueroa Alcocer fue tratar de dividir a través de Bertoldo Guzmán hermano de Benigno (uno de los dirigentes de la OCSS), quien formó una organización paralela provista con todos los recursos.

—¿Dentro de los asesinados murieron dirigentes de la OCSS?

—Sí, había compañeros representantes de comunidades, porque la organización tiene su estructura de representantes colectivos, pero también tiene representantes regionales y comunales, varios de los compañeros asesinados eran representantes comunales.

Represión selectiva tras la masacre

“Después de la masacre de Aguas Blancas, Figueroa Alcocer como es sabido por todos, mandó a traer y cooptar a las viudas, quiso dividir así a la organización para frenar la protesta de justicia”, dice Mesino.

Héctor Vicario Castrejón, uno de los alumnos de Figueroa Alcocer, ofreció dinero a Benigno Guzmán e Hilario Mesino: 300,000 pesos y llevarlos a Cuba a cambio de que abandonaran la lucha. Ambos se negaron. El resultado: fueron perseguidos, detenidos y la organización criminalizada.

Fueron acusados de motín, sabotaje y recluidos en cárceles de máxima seguridad como Puente Grande, Jalisco.

La estrategia focalizada contra las bases de la OCSS no paró ahí.

“Muchos de los sobrevivientes como Gerónimo Hernández Refugio, Gilberto Ramírez Bahena, Antonio Barragán están detenidos, el compañero Eugenio Aguirre Bahena fue asesinado, otros compañeros fueron desplazados, otros compañeros como Celio Vázquez también fue asesinado”, precisa Mesino.

Agrega: “Todos ellos tenían un cargo dentro de la organización y el estado se encargó de infiltrar, investigar toda la estructura de la organización por eso los ataques iban bien dirigidos a las estructuras de la OCCS”.

La justicia no llega

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe declaró que se violaron gravemente los derechos humanos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó directamente a Figueroa Alcocer.

Pero la masacre de Aguas Blancas no entró en los acuerdos que firmó el gobierno de la República en el marco internacional porque fueron posterior a 1998 y tampoco entró en la nueva Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990”.

La masacre de Aguas Blancas quedó en el limbo.

A pesar de que se consumaron violaciones graves a los derechos humanos ninguna instancia internacional ha atraído el caso y el gobierno mexicano no ha acatado las recomendaciones.

“La nueva estrategia de visualizar la lucha y conseguir justicia nos ha llevado a interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de mi padre Hilario Mesino Acosta y Marina Sánchez Flores, aun no ha sido atraído por dicha comisión, Aguas Blancas es una deuda histórica”, dice Mesino.

 Gerónimo Hernández Refugio

Gerónimo Hernández es sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas. Está sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de secuestro por un falso testimonio. En diciembre cumple los 20 años, hace unas semanas fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Chiapas, sin aviso a su defensa ni a su familia.

Hegel Mariano, abogado de Gerónimo Hernández, interpuso un amparo por las violaciones a sus derechos humanos y su debido proceso; se ganó y se logró su regreso al Cereso de Chilpancingo.

Mesino responsabilizó a las autoridades penitenciarias de la integridad física de Gerónimo Hernández pues dentro de los reclusorios exigen cuotas económicas por seguridad.

El domingo 26 de junio, la OCSS instaló en Acapulco un plantón para exigir de una mesa de trabajo con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para revisar los casos jurídicos de integrantes que se encuentran recluidos.

“Nos vimos en la necesidad y deber de manifestarnos porque pareciera que tenemos gobiernos con oídos sordos, porque se publica que somos el santuario de los derechos humanos  pero es mentira tuvimos que hacer la manifestación para decirle a la gobernadora que intervenga y se hagan mesas de trabajo para revisar el caso de cada uno de los presos”, denuncia Mesino.

 

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Exigen liberación de presos políticos sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas

Se trata de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, cuya liberación fue exigida por Rocío Mesino asesinada en octubre de 2013


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

25 de abril de 2022

Chilpancingo

 

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigieron al gobierno federal la liberación de cuatro presos políticos que llevan 20 años privados de su libertad.

Pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, aplicar la amnistía que propuso o en su defecto ejecutar el Protocolo de Estambul que consiste en un conjunto de directrices reconocidas internacionalmente por los médicos y abogados para determinar si una persona fue torturada y cómo documentar los síntomas. La documentación puede servir como prueba válida e independiente ante un tribunal.

Los cuatro presos políticos son Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, a quienes acusaron injustamente de secuestro, denunció Norma Mesino Mesino, representante de la OCSS.

Barragán Carrasco, Aguirre Bahena y Hernández Refugio tienen 20 años en distintas prisiones del país, mientras que Ávila Mesino fue encarcelado en 2011.

En conferencia de prensa la dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que lleva un mes sin tener comunicación con Hernández Refugio y desconoce su paradero, porque las autoridades carcelarias no informan si continúa preso en la cárcel de Chilpancingo o trasladado al estado de Chiapas.

“Tememos por la vida del compañero Gerónimo, un mes antes de que perdiéramos comunicación con él, nos dijo que estaba recibiendo amenazas de muerte”, dijo Mesino.

En la conferencia estuvieron presentes familiares de los presos políticos quienes confirmaron que fueron torturados durante el proceso de detención y que sus declaraciones fueron conseguidas bajo tortura.

Desde el año pasado la OCSS y los familiares de las víctimas buscaron al presidente de la República para plantearle que los presos políticos sean beneficiarios de la amnistía, contaron que fue a través de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa quienes le hicieron llegar un carta a López Obrador durante una reunión el 26 de septiembre de 2021.

Sin respuesta la OCSS comenzó una campaña para exigir la liberación de los cuatro presos políticos, a la que denominaron Campaña por la liberación de los presos políticos de la OCSS.

Fue durante la conferencia matutina del presidente, el pasado 21 de abril, que López Obrador habló del tema y mencionó que “se revisará el caso y actuarán en favor de las víctimas y a garantizar la libertad de los que injustamente están detenidos”, dijo el presidente.

A cuatro días que el presidente dio esas declaraciones la dirigencia de la OCSS dijo que todavía no hay un acercamiento de algún representante o autoridad federal con las familias ni los abogados de las víctimas.

Norma Mesino agregó que están conscientes de que por el tipo de delito que los acusan no pueden ser beneficiados por la Amnistía presidencial, por eso se busca aplicar el protocolo de Estambul.

Agregó que de parte del gobierno estatal que encabeza la morenista, Evelyn Salgado Pineda, no existe la voluntad política para resolver el caso.

Norma y los demás integrantes de la OCSS lamentaron que la FGE criminaliza a sus familiares, mientras la administración estatal “hace oídos sordos”.

Explicaron que debido a los cambios en el gabinete estatal el caso no puede avanzar. “Ya llevábamos avances significativos con Saúl López Sollano, pero cuando lo quitan de secretario general tuvimos que empezar de nuevo, ahora ya nadie nos contesta las llamadas”, mencionó Norma Mesino.

Barragán Carrasco, Hernández Refugio y Aguirre Bahena son sobrevivientes de la Masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, ocurrida el 28 de junio de 1995, y fueron detenidos entre 2000 y 2001, acusados de secuestrar a la hija del empresario Eduardo Gallo, originario de Morelos.

Ávila Mesino es uno de los cuatro que permanecen en prisión, con pruebas «evidentemente fabricadas», de acuerdo con la OCSS, por las que fue señalado, junto con su prima Rocío Mesino Mesino, de participar en un secuestro ocurrido el 23 de junio de 2011.

Rocío Mesino fue asesinada en octubre de 2013 mientras encabezaba las exigencias de libertad a los cuatro presos políticos.

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