Crematorio en Ciudad Juárez mantuvo 383 cuerpos ocultos, algunos de ellos por años


Texto: Blanca Carmona, Rocío Gallegos y Gabriela Minjares / La Verdad Juárez

Foto: La Verdad Juárez

Ciudad Juárez

Lunes 30 de junio del 2025


En un inmueble que opera presuntamente como un crematorio, al sur de Ciudad Juárez, se localizaron al menos 383 cuerpos embalsamados de personas no identificadas, acumulados, ocultos y en condiciones insalubres. Algunos de ellos fueron depositados en ese lugar desde el año 2020, de acuerdo con información de la Fiscalía de Chihuahua.

El hallazgo se registró la noche del jueves 26 de junio, después de que una persona reportara al 911 lo que creía era un hecho delictivo: un cadáver dentro de un vehículo que estaba estacionado en la calle Chihuahua, entre avenida Granjas y Tapachula, de la colonia Granjas Polo Gamboa, a unos 10 kilómetros del monumento La Puerta del Milenio, que marca la entrada a la ciudad.

Tras la denuncia, los primeros respondientes fueron policías municipales, quienes confirmaron que había dos cadáveres en el interior de un vehículo tipo carroza. Al ingresar a la propiedad, se encontraron con decenas de cadáveres acumulados, por lo que dieron aviso a la autoridad investigadora.

Los cuerpos encontrados estaban apilados unos sobre otros, como si fueran costales. Algunos yacían en el piso; otros, colocados sobre muebles, en habitaciones sin las condiciones de refrigeración que debería tener una instalación forense, en condiciones insalubres. Además, el yeso del techo se desprendía y el piso parecía anegado por un líquido negruzco, de acuerdo a lo que se pudo observar en fotografías del hallazgo filtradas a medios de comunicación.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, dijo este domingo que los cuerpos estaban acumulados en un inmueble, que describió como una casa pequeña, con cinco o seis cuartos. “Ahí estaban apilados por la negligencia criminal”.

Al investigar, se dieron cuenta de que el lugar era un crematorio y que los cuerpos fueron puestos a disposición del establecimiento por funerarias que lo subcontrataron para la incineración de cadáveres, pero les incumplían, dijo en entrevista con el Canal 44.


Personal forense y de la Fiscalía de Chihuahua trabajan en crematorio. Foto: Blanca Carmona / La Verdad.

DETIENEN A DUEÑO Y TRABAJADOR DEL CREMATORIO

Jáuregui Moreno reveló que hay dos personas detenidas por este hecho, el dueño y un trabajador, pero no reveló sus identidades. Tampoco dio el nombre del crematorio ni de las funerarias que le subcontratan el servicio, por la investigación en proceso.

Datos extraoficiales consultados por La Verdad Juárez indican que el lugar se identifica como Crematorio Plenitud, el cual comercializa servicios de incineración a por lo menos seis funerarias de Ciudad Juárez. Como presunto propietario se menciona a una persona identificada como José Luis Arellano Cuarón.

En una revisión realizada al Registro Nacional de Detenciones –sistema de consulta pública que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas– se detectó en calidad de arrestado a una persona con el hombre de José Luis Arellano Cuarón.

La cédula de detención que arroja el sistema indica que fue detenido el viernes 27 de junio a las 5:00 de la tarde por la Policía Ministerial/Investigación y quedó a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía de Chihuahua.

El fiscal general de Chihuahua calificó este caso como “una negligencia criminal”. Dijo que son cuerpos que no tuvieron la disposición final para la que estaban destinados, la incineración. Además, se mantenían en un lugar sin refrigeración.

“Se trata de la absoluta y total irresponsabilidad criminal de una empresa que trató con indignidad a las familias que dieron su confianza para un proceso de incineración y cremación (de sus difuntos), para tener presentes a sus familiares y que no se realizó”, afirmó.

Consideró que es un fraude, pero también se cometieron otros delitos, relacionados con la salubridad, inhumación clandestina, así como el incumplimiento al trato digno que merecen los cuerpos.

“Nos dimos cuenta de que se trataba, en todos los casos, de cuerpos que traían procesos mortuorios que se realizan en funerarias, cuerpos tratados y, muy probablemente, fueron incluso velados, para posteriormente ser trasladados a ese lugar donde su destino era la cremación y otorgamiento de sus restos a familias que habían solicitado ese servicio” explicó Jáuregui Moreno.

“Seguramente (este caso) va a causar inquietud en gente que acudió a las funerarias, solicitaron este servicio y muy probablemente no tengan en sus manos los restos de su familiar”, adelantó el funcionario.

Simple y sencillamente, dijo, la empresa no realizó su tarea desde hace mucho tiempo. “A ojo de buen cubero, desde el 2020”. Al parecer, recogía los cuerpos y seguramente cobraba por un servicio que no realizaba.

“Es un caso atroz, es inédito”, dijo el funcionario, quien no se refirió a las omisiones que pueden atribuirse a dependencias de gobierno encargadas de regular el funcionamiento de estos servicios.

Se buscó la postura de algunas funerarias sobre la cantidad de cuerpos abandonados sin incinerar, pero se dio a conocer que este lunes, a través de su asociación, expondrán su posición ante los hechos relacionados con el Crematorio Plenitud.


Foto: Rocío Gallegos / La Verdad Juárez.

OPERABA LEGALMENTE: COESPRIS

Desde las primeras horas de la investigación, funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) se apresuraron a informar que el lugar operaba legalmente, que no había delito que perseguir, solo un incumplimiento administrativo. Justificaron la presencia de cadáveres abandonados en el sitio, afirmando que se debía a una falta de capacidad del horno crematorio.

Sin embargo, la mañana de este domingo, el fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, declaró que es una “irresponsabilidad criminal” por parte del crematorio, aunque contara con permisos para su operación.

El viernes por la tarde se instaló, junto al crematorio, una caja de un tractocamión equipada con un sistema de refrigeración, donde colocaron los cadáveres dentro de bolsas individuales. Además, instalaron un laboratorio móvil del Servicio Médico Forense.

En un recorrido por el lugar se detectó que la mañana de este domingo la caja de refrigeración permanecía en el exterior del lugar, custodiada por una unidad de la Policía Municipal. La zona continuaba acordonada.

El vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eloy García Tarín, dijo que lo siguiente será identificar a cada persona, cotejando con las actas de defunción que deberán presentar las empresas funerarias que contratan el servicio de cremación en ese horno, lo que será complicado, porque también hay un caos administrativo.

“No es tan sencillo, porque, así como había una disposición, además de grotesca, de falta de respeto y de dignidad de los cuerpos apilados como si fueran costales, imagínese el estado que guardan los archivos de estos. Entonces no se trata de tener solo documentos, sino ahora poder identificar un cuerpo con su documento respectivo, que es el certificado de defunción, que es la solicitud de la funeraria con la autorización de la familia para la cremación”, declaró.

El proceso de identificación será lento, adelantó el portavoz.

Sobre esto, el fiscal Jáuregui Moreno dijo que habrá dificultad para la identificación porque todos los cuerpos están tratados con químicos, por los procesos mortuorios que pasaron para prepararlos para su incineración, que hace que el ADN y otras sustancias, que se puedan utilizar para la investigación, ya no funcionen.

“Muchos podrán ser identificados, pero hay cuerpos que ya están fosilizados, será complicado, aunque la fiscalía tiene documentación de cremaciones otorgadas, entre esa y la que tiene la empresa que incumplió se podrá identificar”, aseguró.


Hoyos realizado para movilizar los cuerpos de personas no identificadas. Foto: Blanca Carmona / La Verdad Juárez.

SUSPENDE OPERACIÓN DEL CREMATORIO

Las autoridades estatales colocaron un acordonamiento como a 100 metros alrededor del inmueble. Además, formaron un túnel en un pasillo que comunica de la puerta del crematorio a la caja equipada con un sistema de refrigeración, para impedir la visibilidad.

En conferencia de prensa del viernes, el titular de Coespris, Luis Carlos Tarín Villamar y el fiscal en la zona norte, Carlos Manuel Salas, aseguraron que por este hecho no se encontró ningún hecho delictivo.

Tarín Villamar dijo que desde la noche del jueves 26 de junio se dispuso de personal para realizar una verificación en ese sitio y proceder al aseguramiento. Además, enfatizó que “son cuerpos que están perfectamente bien embalsamados. Son cuerpos que no están en estado de descomposición”.

Tarín señaló que se trataba de 60 cuerpos e hizo hincapié en que no es un crematorio clandestino, dijo que el negocio cuenta con los permisos sanitarios de funcionamiento y se han realizado supervisiones constantes debido a que el negocio fue sancionado en el 2020. La última revisión, aseguró, se realizó en febrero de este año y toda la infraestructura y el trabajo estaba “de acuerdo a la norma”.

Este domingo, el fiscal general César Jáuregui Moreno, dijo que se levantaron en total 383 cuerpos, “creo que es una cifra que puedo manejar como definitiva”. También habló de delitos por incumplimiento a las disposiciones legales por parte del crematorio.

El titular de Coespris dijo que se suspendió el funcionamiento del crematorio por dos irregularidades y faltas a la Ley General de Salud en cuanto a la disposición de cadáveres y la falta de cuartos refrigerados para la conservación de los cadáveres.

En la misma conferencia de prensa del viernes, el fiscal Salas, indicó que todos los cuerpos estaban embalsamados y, salvo irregularidades administrativas, la Fiscalía no advertía la comisión de un delito.

“Todos los cuerpos fueron debidamente identificados, localizados, los familiares los identificaron, se les dio el servicio funerario, el servicio funerario los embalsamó, se les veló y cumplieron con toda la normatividad. Todos los cuerpos están embalsamados. El tema ahí, como lo explicaba acertadamente el doctor, es que se acumularon bastante dado que tiene una capacidad limitada el horno crematorio y sí, en los cuartos donde están no reúnen las condiciones sanitarias de refrigeración que deben tener”, afirmó.

Salas expresó también que “todo está en orden y documentado”.

El fiscal también descartó que bandas criminales estuvieran utilizando ese crematorio para ocultar cadáveres.

“Normalmente, las bandas criminales que operan en Ciudad Juárez no hacen esto, no embalsaman los cuerpos, ni los mandan a un negocio privado para incinerarlos. Ha habido grupos criminales en el estado, sí los hay, que queman los cadáveres, pero no es el caso”, aseveró al ser cuestionado sobre esto.

Salas dio a conocer que en Ciudad Juárez hay ocho empresas que dan servicios crematorios y 66 funerarias; y que, en lo que va del año, se han expedido dos mil 160 autorizaciones para cremar a personas fallecidas por causas naturales.

En la misma rueda de prensa, el director de Servicios Periciales, Javier Sánchez, dijo que los cuerpos no estaban en estado de descomposición gracias al proceso de embalsamamiento que recibieron.

“HUELE A CARNE QUEMADA, A CABELLO QUEMADO”: VECINOS

Vecinos del crematorio señalaron que en ese negocio opera desde aproximadamente 10 años sin su anuencia y sigue funcionando a pesar de las quejas que han presentado y de una clausura.

Las personas consultadas explicaron que en el 2020, durante la pandemia del COVID-19, presentaron denuncias ante la Dirección de Ecología Municipal, y el negocio fue clausurado porque, hasta donde tienen conocimiento, los permisos de funcionamiento estaban vencidos, pero al poco tiempo reabrió.

También, expusieron que casi a diario observaban una columna de humo en el inmueble y es constante un olor fétido proveniente de ese lugar, que se filtran a sus hogares, incluso con ventanas y puertas cerradas.

“Huele a carne quemada, a cabello quemado”, dijo Irma Rojas quien vive a una calle cercana al crematorio.

“Si queremos estar aquí afuera, el mal olor es insoportable. Las puertas y ventanas siempre tienen que estar cerradas”, agregó Irma, quien también explicó que su familia compró el terreno en 1965 y se los vendieron como una zona habitacional, no como una granja, por lo que la petición continúa siendo que el crematorio y unos corrales para marranos sean retirados del sitio.

Otro vecino dijo que en una ocasión observaron a unos hombres que pasaban a través de una barda del crematorio un carro camilla para el traslado de cadáveres, y pensaron que estaban robando, por lo que uno de sus familiares intervino; posteriormente, un trabajador del lugar los amenazó y se identificó como empleado de la Fiscalía.

“Ocupa puros malandros tatuados y estaban sacando un carrito donde jalan los muertos, de cuatro llantas, donde suben los cadáveres, y creo que se le quebró y lo estaba brincando por atrás. Mi chavalo vio y fue a reclamarle, pensó que andaban robando… Al ratito vino un hombre gordo a reclamar y nos amenazó al chavalo y a un yerno de nosotros, con pistola en la cintura, diciéndonos que con él no se metieran, porque él trabajaba para la Fiscalía”, dijo el vecino que pidió la reserva de su nombre por seguridad.

 

Este es un texto original de La Verdad Juárez, un medio independiente de Territorial-Alianza de Medios, de la cual formamos parte, y lo reproducimos con su autorización. Consulta aquí la versión original.

Sus esposos trabajaron en Estados Unidos antes de morir: viudas de migrantes buscan ejercer su derecho a la pensión


Ejercer este derecho es posible desde cualquier entidad de México, sin embargo, Guanajuato es la única que difunde, asesora y acompaña en el trámite a las mujeres viudas de migrantes.


Texto y foto: Luz Rangel /Animal Político

Lunes 30 de junio del 2025


Estela Zaragoza faltó a su trabajo como jornalera; pidió permiso para dedicar el día a hacer un trámite en la Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato. A nueve años de que su esposo Rubén Arriaga falleciera de cáncer, busca ejercer su derecho a la pensión que él cotizó en el Social Security de Estados Unidos. Es viuda de un migrante mexicano.

Está sentada en una fila de espera para que el personal de la Embajada de Estados Unidos  revise sus documentos. Tiene 60 años y ser elegible como beneficiaria le permitiría dejar de trabajar bajo el rayo del sol en el campo e invertir en un negocio.

“Me están pagando, como quien dice, lo de su trabajo de él, de tantos años”, responde Estela en entrevista. Su marido emigró en 1986 a Los Ángeles para emplearse como jornalero por casi cuatro décadas.

Al trámite gratuito la acompaña Valeria, una de las cinco hijas e hijos que tuvo con Rubén en sus casi 50 años de casados. “Él decía que trabajaba para nosotros, para darnos lo que necesitáramos. Pero no nos gustaba tanto porque nos dejaba solas”, cuenta sobre su papá.

Rubén pudo regularizar su situación migratoria y venía dos veces al año al municipio de Silao a visitar a su familia. Al saberse enfermo decidió regresar definitivamente en 2015 a Guanajuato y murió el 5 de octubre de 2016.

Que hayan podido estar con él en su último año de vida es un consuelo para sus familiares. Pero hay algo más. Pronto les llegará una noticia que les dará esperanza: Estela contará con la carta expedida por el Social Security de Estados Unidos que indique que es beneficiaria para cobrar la pensión como viuda de una persona migrante.


Estela Zaragoza, mujer viuda de migrante solicitante de la pensión. Foto: Luz Rangel.

Guanajuato, la entidad con más personas migrantes al extranjero 

A nivel nacional, Guanajuato es la entidad con más personas migrantes hacia otros países. La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob) estima que entre 2015 y 2020 emigraron 50 mil 442 guanajuatenses al exterior. Se trata de una entidad con larga tradición migratoria, cuya ubicación es estratégica dentro de las rutas hacia Estados Unidos, el principal destino. Los principales puntos de llegada de las y los guanajuatenses en el extranjero son Texas, California e Illinois, con base en la Segob.

La principal causa de migración internacional desde Guanajuato es laboral (73% de los casos), coinciden la Segob y Migración en Guanajuato: diagnóstico y propuesta de política pública, 2024.

Este diagnóstico elaborado por el Gobierno de Guanajuato indica que los hombres en edades de mayor productividad (18 a 29 años) para trabajar no sólo en agricultura, sino en manufactura, construcción y servicios son los principales en migrar. Lo que también genera impactos económicos y sociales a nivel local y hasta familiar.

“La transformación en la jefatura de los hogares, donde las mujeres asumen un rol predominante en ausencia de los hombres emigrados, destaca el papel crucial de ellas en la economía y la cohesión familiar”, se lee en el diagnóstico.

Aunque como jefas de familia, muchas de ellas deciden no migrar y esperar el regreso de sus maridos. Administran las remesas que les envían para sostener a sus hijas e hijos y a sus hogares.

“Su esposo es el proveedor de la familia, pero cuando fallece, indudablemente hay un desajuste en la economía”, menciona Susana Guerra Vallejo, titular de la Subsecretaría de Atención a Personas Migrantes y en contexto de Movilidad de Guanajuato.

Contar con una pensión por viudez les ayuda a tener un nivel de vida más digno. El dinero lo usan para comprar medicinas, alimentos, dar mantenimiento a sus casas, sobre todo al ser adultas mayores que también enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral.

“Algunas están solas o algunas viven incluso dentro de familias extendidas, por lo que la aportación de este recurso es fundamental”, insiste Guerra Vallejo.

¿Cómo funciona el seguro social de Estados Unidos?

Carlos Díaz, representante de la Oficina de Seguridad de los Estados Unidos en la embajada con sede en la Ciudad de México, es quien atiende a mujeres viudas de migrantes que, como Estela, buscan recibir este beneficio económico mensual.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, hay tres oficinas de la Unidad Federal de Beneficios. Una está en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, que da servicio a 18 entidades, entre las cuales está Guanajuato; las otras dos están en Guadalajara y Ciudad Juárez.

La Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato ofrece asesoría y acompañamiento en el estado, sin necesidad de que quienes buscan el beneficio tengan que trasladarse a la capital del país a realizar el trámite de elegibilidad. Es falso que tengan que hacerlo únicamente en Estados Unidos y que tenga algún costo.

“El gobierno local hace difusión en todos los municipios. A veces tenemos eventos, como el día de hoy, donde citamos aquí a la gente y se les atiende”, explica Díaz sobre las jornadas de, por lo menos, cada dos meses en la Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato. Animal Político acudió a la realizada el 21 de mayo de 2025.

El documento Comprendiendo los beneficios menciona que el Social Security de Estados Unidos funciona con trabajadores que pagan impuestos, los cuales se usan para dar un beneficio mensual a personas jubiladas, con discapacidad o beneficiarios como padres dependientes económicamente, cónyuges, exparejas e hijos y sobrevivientes de empleados fallecidos, como las viudas de migrantes.

Son 59 mil 186 beneficiarias y beneficiarios en México, de los cuales 15 mil 773 corresponden a viudas o padres de trabajadores fallecidos, según los datos más recientes, con corte a 2023, del Suplemento Estadístico Anual del Boletín de la Seguridad Social publicado en 2024. En total, suman 55 millones 264 mil dólares los que reciben todos mensualmente.

“Mientras trabaja y paga impuestos, usted gana ‘créditos’ de Seguro Social  (…) La mayoría de las personas necesitan 40 créditos (10 años de trabajo) para ser elegibles”, se lee en el documento.

El monto mensual que recibe cada beneficiario depende de los ingresos que obtuvo el trabajador a lo largo de su trayectoria y del tiempo cotizado. “Las pensiones pueden ser desde 180, 200 dólares. Las normales son de entre 300, 350, hasta 500 y hay mujeres viudas que están recibiendo mil 800, 2 mil mensuales”, revela Díaz.

Esto equivale a entre 3 mil 392.69 y 37 mil 696.60 pesos al tipo de cambio peso-dólar del 27 de junio, según el portal del mercado cambiario del Banco de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum creó la Pensión Mujeres Bienestar, la cual otorga 3 mil pesos cada bimestre a aquellas que tienen entre 60 y 64 años de edad. Todas las beneficiarias, al cumplir los 65 años, pasan en automático a ser parte del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que este año entrega 6 mil 200 pesos bimestrales.

La clave está en que la persona que migró a Estados Unidos haya obtenido el número de seguro social para pagar impuestos, registrar sus ganancias mientras trabaja y sus beneficios después. Pero hay empleados que no cotizan: en 2020 el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York y en 2022 el Pew Research Center estimaron que hasta 8.3 millones de personas inmigrantes indocumentadas trabajan en la economía estadounidense, por lo tanto, no pueden inscribirse al Social Security.

“Hay muchos trabajadores que viven irregularizados en Estados Unidos,  que justamente por su situación compran papeles de otros para que presenten un número de seguridad social y puedan trabajar o trabajan sin contrato y, por lo tanto, sin seguro. Entonces, al final, no gozan de ningún tipo de prestación social y cuando mueren, tampoco sus familiares”, explica Amarela Varela, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Contar con el número de seguridad tampoco tiene costo, como tramitar la pensión. En 1974 Social Security endureció sus requisitos y comenzó a pedir evidencia de documentos de edad, identidad y estatus de ciudadanía, residencia o si se trata de una persona extranjera con permiso de trabajo.

En abril de 2025 Donald Trump, presidente de Estados Unidos, emitió un memorando para reforzar los controles ya existentes del seguro social al expandir la persecución de fraude, investigar informes de ganancias y buscar reestablecer un programa que aplique multas económicas a quien infrinja las leyes del Social Security.

Asesoría y acompañamiento para la pensión y la visa en Guanajuato

Cualquier persona de las 32 entidades de México puede ser beneficiaria de la pensión de Social Security. Sin embargo, Guanajuato es la única que está realizando una campaña de difusión en sus 46 municipios.

Desde 2023, tiene un programa social de Atención a Migrantes y sus Familias que brinda asesoría y acompañamiento para el trámite de la pensión de Social Security y la visa de Estados Unidos a quienes cumplan con los requisitos de elegibilidad. Son dos trámites distintos, pero complementarios.

La visa es necesaria porque las personas beneficiarias deben residir temporalmente en Estados Unidos para acceder a la pensión, un mes calendario, según establece la Recopilación de las Leyes de Seguridad Social. El gobierno de Guanajuato paga el traslado a su cita en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México y una parte de la visa, trámite que, a diferencia del de elegibilidad, sí tiene costo.

“Como cualquier persona que quiera entrar a Estados Unidos, necesita presentar pasaporte y visa de turista. Podrían decir ‘yo tengo derecho a una pensión, aquí está mi carta y me solicitan que esté un mes allá cada seis meses”, responde Carlos Díaz al preguntarle sobre la entrevista consular.

Actualmente, Atención a Migrantes y sus Familias depende de la Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato y cuenta con un presupuesto de 2 millones de pesos, según las Reglas de Operación de dicho programa.

Las visas solicitadas por guanajuatenses bajo el respaldo de este programa serán aprobadas, asegura Susana Guerra Vallejo, titular de la Subsecretaría de Atención a Personas Migrantes y en contexto de Movilidad, que a su vez depende de la Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato.

Guerra revela que desde la creación del programa han sido beneficiadas 160 personas, entre esposas, hijos menores y viudas de migrantes provenientes de municipios como León, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo, Valle de Santiago, Guanajuato y Silao. La mayoría de las personas beneficiarias pertenecen a estas últimas.

En el primer grupo del programa hubo 18 viudas de migrantes de 33 personas beneficiarias, refiere un boletín del Gobierno de Guanajuato de agosto de 2023. Otro de agosto del 2024 da cuenta de 28 mujeres viudas de migrantes que recibieron su visa.

Acorde con un reporte interno, a diciembre de 2024, guanajuatenses recibieron 8 millones 211 mil 383.60 dólares anuales por concepto de pensiones para 9 mil 688 personas beneficiarias entre extrabajadores, dependientes y sobrevivientes, así como las viudas de migrantes.

“No es una dádiva, no es un apoyo, es un derecho de los trabajadores y, por supuesto, es un derecho de las mujeres viudas”, afirma Guerra en entrevista.


Infografía: Equipo de diseño.

“Siempre tratamos de de apoyar”: organizaciones acompañan el derecho a la pensión

Ana María viaja desde el municipio guanajuatense San Luis de la Paz a Texas por un mes cada medio año. Este es un requisito para que su hija Johanna, de 15 años de edad, conserve la pensión de Social Security con la que su padre la benefició hace tres años.

“Representa todo porque de ahí nosotros hacemos los gastos de la escuela, de comida o cuando nos enfermamos”, comenta sobre este apoyo económico mensual.

Salvador, papá de Johanna y marido de Ana María, emigró a Estados Unidos para trabajar como jornalero en 1985 y que su familia pudiera tener una casa propia. Gracias a que regularizó su situación migratoria pudo visitar a su esposa, sus tres hijas y un hijo año con año, según los periodos de siembra y cosecha en el campo.

Pero en su último viaje a México falleció de un infarto fulminante el 11 de enero del 2018. A siete años de haber enviudado, Ana María cuenta que el mejor recuerdo que tiene de su esposo, con quien estuvo 30 años casada, es que por más que estuviera cansado, antes de morir, todavía jugó con Johanna, su hija más pequeña.

Es ella la beneficiaria por ser menor de edad y podrá serlo hasta los 19 años sólo si sigue estudiando la preparatoria. Con 55 años, a Ana María le faltan cinco años para tener 60, la edad que requieren las mujeres viudas de migrantes para recibir la pensión de su esposo.

Las fechas no cuadran. En algún año dejarán de contar con este sustento económico y lo saben gracias a María Dolores Aviña, enlace comunitario de la Asociación Guanajuatense del Estado de Texas y quien les acompañó en los trámites.

“Nadie sabía decirnos qué trámite hacer, buscamos puertas durante dos años. A partir de ahí encontré a la abogada y ella me apoyó. Estoy bien agradecida con Lolita, ella me recoge del aeropuerto, me lleva a presentar lo que sea necesario para mi firma”, platica Ana María.


Ana María y Johanna, beneficiaria de la pensión. Fotografía: Especial.

En 2008, Aviña fundó de forma voluntaria la asociación que brinda acompañamiento a sus connacionales. Ella es originaria de San Francisco del Rincón, Guanajuato y emigró a Estados Unidos desde 1992.

“Lo que hacemos es familiarizarnos con todos los requisitos que tiene el Gobierno de Estados Unidos para nosotros preparar a las personas que van a tramitar el beneficio, para asegurarnos de que lleven toda la documentación necesaria”, señala.

La voluntaria canaliza a quienes buscan cobrar la pensión de Social Security con el Gobierno de Guanajuato. Pero sugiere que si no saben cómo empezar el trámite busquen acompañamiento porque hay muchas personas, más allá de las viudas de migrantes, que podrían ser elegibles.

“Busquen asociaciones como la nuestra. Nosotros, bajo nuestras posibilidades, siempre tratamos de apoyar”, recomienda.

La diputada Yesenia Rojas, migrante a Estados Unidos en la década de los setenta, invita a guanajuatenses que estén fuera de México a buscar ayuda para el trámite de la pensión en las casas de enlace ubicadas en California, Chicago, Texas, Carolina del Norte y Georgia. Si están en territorio nacional, pide que acudan a los municipios, al Gobierno de Guanajuato o incluso a su oficina en el Congreso local.

Este reportaje fue realizado como parte del taller Cambiar la Mirada. Nuevas narrativas sobre migración, coordinado por Eileen Truax, en alianza con Factual, ONU-Derechos Humanos, la Universidat Autònoma de Barcelona y CER-Migracions. Se publica simultáneamente en Animal Político y La Verdad. Tutoría: Rocío Gallegos. Edición: Arturo Daen Ascención y Luis Fernando Lozano.

 

Este texto es original de Animal Político, con quien Amapola, periodismo transgresor mantiene una alianza, y lo reproducimos con su autorización

La arriera: amor sáfico en un mundo de hombres

 


La arriera de Isabel Cristina Fregoso retrata el viaje de Emilia, una joven que desafía los roles de género en los años 30. Protagonista del Festival MIX México 2025, la película explora amor sáfico, identidad y libertad en un mundo masculinizado


Texto: Andi Sarmiento /Pie de Página

Foto: Tomada del trailer oficial

Ciudad de México 

Domingo 22 junio del 2025


El Festival MIX México es un espacio que, durante casi tres décadas, se ha dedicado a retomar y visibilizar filmes sobre las distintas vivencias LGBT+; un evento que retoma el arte como forma de protesta y expresión, abriendo espacios a voces que suelen pasar desapercibidas en el cine.

La 29.ª edición del festival arrancó con la proyección de La arriera, una cinta mexicana dirigida por Isabel Cristina Fregoso, ubicada en la década de los años 30 en la sierra de Jalisco. La protagonista, Emilia, es una chica adoptada luego de que su madre falleciera en el parto y que, al volverse adolescente, se embarca en la búsqueda de su padre, en un viaje que la obligará a analizarse a sí misma desde una nueva perspectiva.

Romper los roles establecidos

Desde pequeña, Emilia creció estigmatizada socialmente por no actuar bajo los estándares que se supone rigen a una mujer. Su respaldo siempre fue Caro, quien se crió a su lado como una hermana. Ambas se acostumbraron a vivir bajo el mandato de su padre y hermano, pero una noche, Emilia decide huir de su hogar para encontrar a su padre —del que solo sabe que es arriero—, como un acto de oposición a los hombres de su familia.

En su camino, se encuentra con un arriero al borde de la muerte. Emilia habla con él y se da cuenta de que su situación ya no tiene salvación, por lo que no le queda más que acompañarlo en sus últimos momentos. Entonces, el hombre le dice que puede llevarse a Encanto, su caballo, y le encomienda su última voluntad: cumplir con un encargo pendiente. Así, Emilia se dirige a su destino con su nuevo compañero.

Durante este tiempo, deja de lado su posición de mujer para presentarse como varón. Rompe con el rol establecido para su género y es consciente de lo necesario que es esto en su contexto, dominado por hombres. No rechaza su feminidad, pero sabe que esta la vuelve vulnerable. Mientras sea percibida como mujer, será violentada como tal.

No obstante, conforme avanza la cinta, vemos cómo su seguridad aumenta, pues esta versatilidad en su identidad le permite un mayor autoconocimiento, estableciendo su propia forma de ser mujer, distinta a lo que siempre se le enseñó.

Una búsqueda personal entre la pasión y lo simbólico

Lo que comienza como la búsqueda de un padre, con el tiempo se transforma en una búsqueda pasional y, sobre todo, personal.

A medida que enfrenta adversidades, Emilia replantea sus vínculos y su forma de relacionarse, especialmente con Caro, quien no solo ha sido su pilar de apoyo, sino también su motivación para seguir adelante, pues le prometió regresar por ella.

El personaje de Emilia se profundiza al analizar lo que implica autodenominarse arriera. Primero, porque es una labor ligada a la masculinidad, asociada al orgullo y al honor, atributos históricamente negados a la mujer. El arriero es libre, recorre las montañas con su caballo; es bravo, defiende su dignidad a toda costa —prefiere morir de pie que vivir de rodillas— y tiene el control sobre los animales y los encargos. Que una mujer de esa época reclame estos elementos representa un acto de fortaleza.

La película utiliza a los caballos como símbolo para explorar el miedo y las estructuras de poder. Quien monta a caballo tiene libertad, fuerza y presencia; quien está en el suelo debe mirar hacia arriba, en una analogía de poder vertical. Sin caballo, el arriero no avanza; el animal se vuelve su compañero de vida, siendo así un personaje esencial en la historia.

Esta metáfora se refleja en Emilia y Caro, quienes redefinen su vínculo fuera de la estructura heteronormativa que conocieron. Su dinámica no se basa en la superioridad, sino en la complementariedad: cuando están juntas, ambas están a pie o ambas montan. Su unidad se rige por el amor, no por el poder, algo revolucionario en su sociedad.

El Festival MIX 2025 presentará su muestra del 19 al 30 de junio en el Cine Tonalá, Cinépolis Diana, Cineteca Nacional y la Cineteca Nacional de las Artes. La arriera está disponible en todos estos espacios.

Convocan activistas y académicos a analizar en foro el caso de Aguas Blancas a 30 años de impunidad


Organizaciones sociales, encabezadas por la Organización Campesina de la Sierra del Sur, mantienen un movimiento denominado ¡Aguas Blancas, 30 años de impunidad!, con el que buscan lograr que el gobierno mexicano se haga cargo de la justicia para sobrevivientes y familias de las víctimas de esta masacre. El foro será en el CIPES de la Universidad Autónoma de Guerrero el próximo miércoles


Texto: Margena de la O

Foto: Especial

Chilpancingo

Domingo 22 de junio del 2025


Miembros de diferentes organizaciones sociales de Guerrero, en las que destaca la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), académicos, estudiantes y sociedad civil mantienen un movimiento por la justicia y el honor a 30 años de la masacre de Aguas Blancas, cometida por elementos de la Policía Motorizada en un vado de esa comunidad que pertenece al municipio de Coyuca de Benítez, en tiempos del gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer.

Están por cumplirse 30 años de este episodio de sangre y el reclamo es el mismo: justicia para las víctimas. 

Los activistas, académicos, estudiantes y sociedad civil se han reunido en un plan de actividades para recordarle al Estado mexicano la deuda que aún mantiene con los 17 campesinos asesinados y otros 23 heridos, y con sus familias que después fueron perseguidas. Lo llamaron “¡Aguas Blancas, 30 años de impunidad! ¡Justicia y libertad para Antonio Barragán Carrasco!” 

En la búsqueda de esta justicia pendiente, la demanda de las organizaciones sociales y del movimiento en su conjunto es una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheimbaun para que retomar y reabrir el caso. 

A la OCSS le resulta paradójico que resultado de la Nueva Escuela Mexicana –programa educativo implantado por la 4T– la masacre de Aguas Blancas esté contemplada en los libros de texto de educación básica como un ejercicio de no repetición, pero que este gobierno federal no les acompañe en la búsqueda de la justicia.

Una evidencia de la persecución como una acción continuada contra las familias de las víctimas y los sobrevivientes es el caso de Barragán Carrasco, quien el próximo septiembre cumplirá 24 años preso, sostiene la OCSS, “injustamente” porque quienes lograron salvarse de las balas durante la masacre enfrentaron la persecución, detención, tortura y delitos prefabricados.

“Soy Antonio Barragán Carrasco, preso político. Estoy preso en el estado de Morelos, soy sobreviviente de la masacre en el vado de Aguas Blancas”, dice Barragán Carrasco en un audio que compartieron sus compañeros de organización donde narra cómo ocurrieron los hechos y señala a los policías como los agresores. También pide la mesa de diálogo con la presidenta.

“Así como estábamos pecho a tierra fueron acribillados mis compañeros rendidos, sin armas, desarmados, no es como dice el gobierno que veníamos armados…”, agrega. 

El 28 de junio de 1995, policías dispararon contra un grupo de personas, la mayoría miembros de la OCSS, que iban camino a Atoyac, el municipio continuo del corredor de la Costa Grande del estado, con la intención de participar en una protesta para reclamar la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero Vázquez. Planeaban solicitar también insumos agrícolas.

Los policías los emboscaron en el vado de Aguas Blancas, desde entonces el sitio de la masacre, en realidad de una de las masacres cometida en el pasado reciente por elementos del Estado. 

Estos episodios, suscritos con fuerza en la década de los setentas, repetidos en los noventas y presentes en este siglo –la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa también evidencia el involucramiento de actores del Estado–, fueron categorizados por científicos sociales estudiosos del tema como terrorismo de Estado.

Para discutir más sobre el tema con ese enfoque está agendado para el próximo miércoles 25 de junio a las 10 de la mañana, en el auditorio del Centro de Investigación y Posgrados en Estudios Socioterritoriales (CIPES) de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), el Foro: Impunidad en las violaciones a los derechos humanos. Testimonios de sobrevivientes y análisis del caso de Aguas Blancas.

En el foro están planeadas dos mesas, en una los sobrevivientes y familiares de la víctimas darán sus testimonios, y en la otra académicas y académicos harán sus reflexiones y análisis del caso a 30 años de los hechos.

Para el sábado siguiente, es decir, el 28 de junio, día de la conmemoración de los 30 años, habría una marcha en el pueblo de Aguas Blancas.

Las actividades de este movimiento arrancaron desde el 20 de junio pasado y el reclamo desde el principio de los organizadores es que los diferentes niveles de gobierno otorguen garantías y condiciones para realizar y concluir este plan de actividades, por toda la situación de inseguridad y violencia extrema que se vive en diferentes partes de Guerrero. Aun cuando ya llevan más de la mitad de las actividades, la petición es la misma.


Cartel del movimiento.

 

Carrizalillo: empiezan los habitantes a enfrentar solos las consecuencias en su salud por 20 años de explotación minera


En el pueblo funciona una Casa de Salud que depende de la aportación de la empresa minera. Aquí son atendidos los enfermos por padecimientos a causa de la explotación minera y obtienen su medicamento subsidiado. Los ejidatarios solo podrán sostenerla por unos meses


Texto y Foto: Margena de la O 

Carrizalillo

Miércoles 18 de junio del 2025


Silvia, quien rondaba los 30 años, llegó quejándose de un agudo dolor en el abdomen este lunes pasado por la noche al campamento de los ejidatarios y parcelarios de Carrizalillo, instalado en la caseta cuatro que tenía la minera canadiense Equinox Gold en el camino hacia el pueblo, y ayer a mediodía murió en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo. Un probable tumor en el estómago del que nunca supo.

La médica Nancy Olivia Guzmán, una de los tres que atienden la Casa de Salud en Carrizalillo, informó que pudiera tener alguna relación con enfermedades asociadas a la explotación minera.

Fue un deceso rápido e intempestivo. El presidente del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, José Luis Rodríguez Saldaña, recibe ese martes la noticia por teléfono y exclama con sorpresa: “¡Se murió!”. Para ningún habitante es una información ajena, porque si no son familia, seguro se conocen. 

El presidente del comisariado está por iniciar un recorrido por los patios de lixiviados con reporteros, porque sumaban dos meses y 17 días de que iniciaron el plantón en la caseta principal para impedir los trabajos de la empresa hasta que lleguen a nuevo acuerdo, ya sea para renovar el convenio de explotación minera después de 20 años ininterrumpidos, o para el proceso de cierre. En ninguno de los dos casos ha avanzado; la empresa se niega a aceptar la propuesta de convenio de los ejidatarios.

Hace varias llamadas para que de la Casa de Salud, ahora que todavía pueden, envíe la ambulancia al hospital para que regresen al pueblo el cadáver de Silvia. La Casa de Salud de Carrizalillo es independiente a la clínica institucional, porque es un beneficio del convenio social que los ejidatarios sostuvieron con las empresas mineras que por 20 años explotaron oro en este ejido que pertenece al municipio de Eduardo Neri. El subsidio para su funcionamiento salía de la aportación de la empresa minera y del Comisariado Ejidal de Carrizalillo.


Casa de Salud en Carrizalillo.

Al no avanzar la negociación con la empresa, uno de los riegos mayores es que deje de operar la Casa de Salud en Carrizalillo. De acuerdo con la versión de los ejidatarios, Equinox Gold les ofrece un 60 por ciento menos por la renta de casi 1,400 hectáreas que ocupaba en su ejido, en relación al último convenio que venció el 31 de marzo pasado.

El plantón que comenzó el 1 de abril pasado ahora es un campamento que parece una extensión del pueblo, porque los plantonistas construyeron pequeñas casas de madera o techados con esqueletos de herrería para mantener el movimiento. El personal que hace el turno de la noche en la Casa de Salud ofrece el servicio en la carpa donde atiende el Comisariado Ejidal en el campamento.

Es por eso que Silvia llegó al lugar. Quienes la vieron y escucharon dicen que gritaba del dolor. En la Casa de Salud atendieron algunas veces a Silvia por la diabetes que padecía. El personal encargado la trasladó durante la madrugada al hospital de Chilpancingo y unas horas después murió.

La Casa de Salud, donde al día atienden entre 10 y 20 personas, depende en estos momentos en un 100 por ciento del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, y el costeo de las acciones de la mesa ejidal dependen de su relación con la empresa. Entonces, el funcionamiento de los servicios de salud operan en realidad con las reservas que tiene la mesa para este año.

El presidente del comisariado, en una actitud optimista, cree que pueden mantener los gastos de la Casa de Salud por seis meses o, quizá, un año, pero la médica Nancy lo sitúa de golpe al mencionar que los tratamientos que ofrecen son costosos, porque atienden padecimientos derivado de la contaminación por la explotación minera. 

Cada mes, dice la médica, podían gastar en medicamentos hasta 700 mil pesos, de esos, la empresa daba unos 200 mil, y la mesa ejidal ponía el resto.

Los enfermedades más comunes en el pueblo son las respiratorias, de la piel y las oculares. “Una tos te dura normalmente una semana, es el ciclo normal de la enfermedad, aquí nuestros pacientes duran hasta tres meses, no les funciona un jarabe, una pastilla, los tenemos que nebulizar. Es una de las preocupaciones ahora que no tenemos el ingreso de la mina, son medicamentos caros; las ampolletas nada más para nebulizarte cuestan casi 600 pesos, además de los aparatos e insumos de ese tratamiento”, agrega.

La Casa de Salud, además de ofrecer los servicios médicos básicos, subsidia en un 50 por ciento el medicamento para la mayoría de los habitantes, y completo para quienes no pueden costearlo. En este sitio trabajan tres médicos, tres enfermeros y paramédicos y tres administrativos que dejaron de recibir sueldo desde el término del convenio.


La farmacia de la Casa de Salud, que reciben surtieron el sábado pasado. La médica Nancy, quien aparece en la imagen, cree que solo alcancen a subsidiarla por unos tres meses más.

La médica calcula que, si acaso, pueden cubrir bien tres meses más, no seis ni un año; ya no compraron la lista completa de medicamentos y dejaron de pedir tratamientos para los pacientes crónicos, como diabéticos, hipertensos y asmáticos.

Estas solo son las enfermedades menores.

La tumba de Sofía, una dura evidencia

Este martes 17 de junio que cuatro reporteros recorremos Carrizalillo en el cotexto del plantón–de otra manera sería muy difícil– el pequeño panteón del pueblo es un lugar necesario visitar a propósito de la muerte de Silvia. La primera tumba que está al entrar es la de Sofía Peña Figueroa, quien murió el 4 de diciembre del 2010. Su muerte es uno de los primeros casos documentados como causa de la explotación minera.

Sofía fue contratada por Gold Corp como afanadora, la empresa que comenzó con la explotación de oro en el ejido en 2007–dos años antes, 2005, inició la instalación del consorcio–, pero pronto la puso a manejar el equipo de absorción atómica del laboratorio. Para eso habría necesitado una especialización, porque tiene que ver con el procedimiento de separación del mineral de la roca que sacan del suelo y manejan químicos, como el cianuro, pero solo tenía hasta primero de secundaria. En marzo de 2008, la empresa minera la presentó como un caso de superación, aunque solo le pegaba 1,800 pesos semanales.


La tumba de Sofía.

Sofía murió con los pulmones destrozados, después de dos días continuos de vómitos y convulsiones y tres meses sin comer, de acuerdo con lo que documentaron en su momento los periodistas Marlén Castro y Rogelio Agustín en el reportaje Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio. 

Cuando ocurrió su muerte apenas habían pasado tres años de explotación minera en Carrizalillo.

La médica menciona que esperarán la defunción del caso de Silvia, pero mencionó que tiene registradas dos defunciones recientes de cáncer que asocia de manera directa con la explotación minera, actividad que para este momento suma 20 años.

La explotación minera, la consecuencia en el cuerpo

Todos estos años de explotación ha ocasionado que de algún modo todos los habitantes de Carrizalillo tengan alguna exposición que desencadene en enfermedades porque, también, los patios de lixiviado y la planta están cerca del perímetro habitacional, además de que se practica una minería a cielo abierto. 

“Todo el polvo tiene un grado de contaminación”, dice la médica con claridad. Expone que en el ejido han comprobado que los informes semestrales que entrega la empresa al ejido sobre los contaminantes ambientales, que siempre son bajos, están manipulados.

Ella misma forma parte de sus estadísticas de consecuencias en términos de salud, tuvo un embarazo pretérmino reciente, su bebé de poco más de dos meses nació antes de las 37 semanas. Esto le ocurre a las mujeres en el pueblo, también los embarazos óbitos (muerte fetal).

Además de anemias severas en menores y adultos, malformaciones genéticas y síndrome de down. Aclara que estos casos también ocurren en lugares donde no hay explotación minera, pero en Carrizalillo tienen relación con esa función.

Didecsi Robles a sus 34 años es madre de cinco hijos. El menor tiene tres años, se llama Pedro, quien nació síndrome de down, fallas en su corazón, presión pulmonar y hace poco le detectaron problemas en la tiroides, además de las recurrentes complicaciones respiratorias, pero eso, tiene que ver, dice la médica Nancy, con el ambiente del pueblo.


Didecsi y su hijo Pedro.

Iris Peña tiene 24 años, es madre de dos niñas, la mayor es María Guadalupe, de cuatro años, quien comienza a decir sus primeras palabras. Dice el nombre de su hermana que es una bebé. Comenzó a caminar casi a los tres años. Padece también una anemia eritoproyética, que le causa un problema en la estimulación de la producción de glóbulos rojos, por lo que deben llevarla a consultas periódicas al Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad, de México.

Lo común que hay entre estas mujeres, además de ser habitantes de Carrizalillo, es que sus esposos, padres de sus hijos, trabajaban en la empresa minera, lo que les ponía en contacto de algún modo con los químicos que se usan para la separación de los minerales de la roca. También tienen en común que Equinox Gold los liquidó en el contexto del actual conflicto con ejidatarios y parcelarios.

La etapa en la que los habitantes de Carrizalillo enfrentan solos las consecuencias de la explotación minera en sus cuerpos apenas comienza.


Un niño de Carrizalillo. Foto: Especial.

 

Exige colectivo a FGE entregar esta semana restos de desaparecido o procederá legalmente

Texto: Marlén Castro 

Chilpancingo 

Lunes 16 de junio del 2025


El Colectivo de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narcizo exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) entregar esta semana los restos de José Vázquez Culebrina, a quien desaparecieron en 2013, halló la Fiscalía en 2015, pero notificó a familiares hasta diciembre de 2024 y, ahora, no lo halla entre decenas de desaparecidos.

Vázquez Culebrina, entonces de 32 años, era trabajador del Ayuntamiento capitalino, se desempeñaba como conductor de un carro recolector de basura. El 5 de junio se cumplieron 12 años que se lo llevaron hombres armados al salir del Rastro Municipal, al norte de la ciudad.

Este martes, David Molina Rodríguez, coordinador del Colectivo Lupita Rodríguez Narcizo, estuvo en la FGE en los trámites para recuperar los restos del desaparecido, sin resultados.

«Me quedó claro que la Fiscalía no tiene ni idea de dónde pueden estar los restos de Pedro Vázquez o que pasó con ellos», indicó.

El pasado diciembre del 2024, a la esposa de Vázquez Culebrina, Nora Elsi Maldonado Cruz le llamaron de un Ministerio Público federal para informarle que los restos de su esposo habían sido localizados en el Semefo de Chilpancingo y, como corresponde, se los iban a entregar.

Desde diciembre, Nora Elsi va y viene de la Fiscalía, del Semefo, del MP local, MF y ninguna instancia le da informes de los restos de su esposo.

No solo eso, Nora Elsi buscó a su esposo durante 11 años, aunque la Fiscalía lo halló a los dos años de desaparecido.

Como parte de las labores de Búsqueda del Colectivo, Nora Elsi fue varias al Semefo a preguntar sobre alguien con las características de su esposo, instancia que tenía las pruebas de ADN de los hijos del matrimonio, las características del desaparecido y sus pertenencias y nunca habló de la posibilidad de que los restos de José Vázquez estuvieran ahí.

David Rodríguez Molina indicó que aunque esté caso se federalizó, la FGE es la responsable de la cadena de custodia.

«Es su responsabilidad plena, no de Periciales o de Semefo, la Fiscalía es la responsable directa”.

El Colectivo advirtió a la FGE que esperará toda la semana para tener información veraz acerca de los restos de José Vázquez, de no ser así, a partir de este lunes 15 de junio procederían legalmente contra la institución, además de otras acciones como marchas y plantones en la Fiscalía.

El Colectivo Guadalupe Rodríguez exige desde hace alrededor de cinco años la Creación del Centro Estatal de Identificación Humana, como ya lo tienen otros estados del país, precisamente para que los restos de las personas desaparecidas tengan el tratamiento adecuado.

Sin embargo, lo que ha hecho el gobierno estatal, se quejó, es decir que fortalece las comisiones de búsqueda con más recursos económicos.

El Colectivo considera que esa medida solo genera más corrupción, porque con esos recursos económicos compran más camionetas que sólo les sirven a los funcionarios, no a las familias de los desaparecidos. 

Exigió que ya se concrete el Centro Estatal de Identificación Humana.

Dudan familiares de víctima que restos humanos recibidos correspondan a su ser querido

Sonia Erika Carbajal recibió los restos de su esposo Marco Antonio el 31 de julio del 2023, después de casi cuatro años de desaparecido, pero los restos que recibió cree que no podrían ser del esposo, porque siempre negaron en el Semefo que hubiera un cadáver con esas características 


Texto: Marlén Castro

Foto: Cortesía de Narrativas y memorias de la desaparición en México

Chilpancingo

Domingo 8 de junio del 2025 (publicado esta fecha en redes sociales)


Para dar con su esposo Marco Antonio Cristino Marino, Sonia Erika Carbajal Sostenes, de 36 años, se convirtió en buscadora, mientras Marco estuvo desde el día uno que no regresó a casa en el Servicio Médico Forense (Semefo), de Chilpancingo. 

Los prosectores del Semefo recogieron el cadáver y lo ingresaron al Semefo, desde el 14 de noviembre del 2019, el día que Sonia Erika, entonces de 30 años, dejó de ver a su esposo. 

El próximo 31 de julio cumplirá dos años que a Erika le entregaron los restos de Marco. “Sí se pueden llamar restos a lo poco que recibimos”, contó.

Desde el pasado mes de diciembre, a Sonia Erika le asaltó la duda acerca de si los restos que recibió corresponden realmente a los de Marco, quien tenía 32 años al momento de la desaparición, porque otra mujer buscadora del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narcizo, Nora Elsi Maldonado Cruz, recibió la noticia de que habían identificado a su esposo, pero a seis meses de esa notificación no le entrega nada la Fiscalía General del Estado (FGE) porque no los halla de entre decenas de muertos. 

Desde el 14 de noviembre del 2019, Sonia Erika acudió varias veces al Semefo a preguntar por alguien de las características de su esposo: un hombre alto, moreno, con sobrepeso, tatuajes en los brazos y cicatrices en el ojo y la nariz y de la ropa que llevaba: un pantalón de mezclilla azul y playera verde.

“Siempre nos dijeron que no, que no había llegado una persona con esas características”, recordó Sonia Erika. 

De acuerdo con información recabada por la familia, Marco fue localizado muerto el mismo día de su desaparición en el retorno del Parador del Marqués, junto a otro individuo. Pero eso lo supieron hace apenas unos meses. 

En la sección policiaca de El Sol de Chilpancingo publicaron del hallazgo de los cadáveres de dos hombres. El medio indica que la noche del 14 de noviembre del 2019, alrededor de las 23 horas, se reportó que dos hombres con huellas de tortura y amarrados con las manos hacia la espalda fueron hallados a la mitad del retorno del Parador del Marqués. 

Ese 14 de noviembre Sonia no se enteró de tal noticia. Esa noche, no pudo dormir por la angustia de que su esposo no había regresado del trabajo. Al día siguiente acudió a hospitales a preguntar por Marco y días después al Semefo, en donde aportó los datos y características de su esposo.

En ningún momento, el personal del Semefo le habló de la posibilidad de que uno de los hombres tirados en el retorno del Parador del Marqués fuera Marco.

“Me decían: no nos ha llegado un cuerpo así”.

La evidencia de los hechos violentos en los que hallaron asesinado a su esposo publicado por diferentes medios muestran a dos hombres adultos tirados en el asfalto de la carretera del retorno a Chilpancingo, por el lado sur. Los cadáveres se observan ensangrentados, pero completos. 

Sin embargo, lo que Sonia recibió como restos de su esposo eran tejidos y huesos, que son imposibles de identificar solo con la vista.

Esos restos que le entregaron a Sonia fueron confrontados con las muestras de ADN tomadas a sus hijos –tiene cuatro–. Ella recibió los restos y los sepultó el mismo 31 de julio. 

El día que Sonia dejó de verle, Marco Antonio fue a colocar ventanas de herrería a una casa en Chichihualco. “Él no era herrero, era albañil, pero tenía necesidad de ganarse unos pesos y se fue a hacer ese trabajo”, compartió Sonia.

Autoridades de Guerrero dejan en ruinas primaria de Acapulco tras Otis; familias acuden a la justicia para que la reparen


Madres y padres de 56 alumnos de la primaria ‘Rafael Ramírez Castañeda’ en Acapulco, Guerrero, promovieron un amparo para obligar a las autoridades a reconstruir la escuela que quedó destruida tras los huracanes Otis y John.


Texto: Manu Ureste /Animal Político

Foto: Especial (para Animal Político)

Lunes 9 de junio del 2025


Por los barrotes oxidados de la ventana sin cristales se observa el interior del aula, una sala de unos pocos metros cuadrados con paredes deslavadas y la pintura desconchada, cubierta por un frágil techo de lámina que ya está carcomido por el implacable sol de Acapulco, en la costa de Guerrero.

Se trata de una de las 12 aulas de la escuela primaria ‘Rafael Ramírez Castañeda’, en la colonia La Sabana del puerto, que atiende a casi 600 niños y niñas estudiantes. Al interior de esa misma aula, apoyadas sobre una de las paredes, yacen amontonadas unas sillas rotas de plástico de color naranja, y unos pupitres de madera ya putrefacta. Junto a ellas, hay una mesa –probablemente la del maestro o la maestra— que tiene un enorme y aparatoso boquete sobre la madera corroída por la humedad y el calor.

Enfrente, apoyadas sobre la otra pared donde hay colgada una pizarra, hay más sillas rotas amontonadas y también sillones tipo de oficina cubiertos por una gruesa capa de polvo y barro. Y en el suelo hay varias láminas rotas del techo, y restos de cascotes de concreto y escombros junto a unas botellas vacías de cerveza que alguien dejó ahí tiradas.


Foto: Especial.

En las aulas contiguas, la escena es prácticamente igual de desoladora: paredes y muros dañados, cables y conectores de electricidad que cuelgan del techo, más pupitres tirados por todas partes, y más escombros. Incluso, en algunas de las aulas ya no hay ni techo de lámina, ni barrotes protegiendo los ventanales.

Lo que sí hay en algunas fachadas de las aulas son las pintas de las pandillas que acceden con total libertad y facilidad a esta primaria, que a pesar de estar ubicada en una colonia con altos índices delictivos en Acapulco –que de por sí ya es una de las ciudades más violentas de México y el mundo, con al menos 645 asesinatos en 2024 y casi 200 hasta abril de 2025, en apenas 4 meses— lleva más de un año y medio sin la barda perimetral que impide el acceso de desconocidos al recinto donde estudian cientos de niños y niñas entre los turnos de mañana y tarde.

Por esta escuela, literal, pasó un huracán y la arrasó.

O para ser más precisos, pasaron dos, pues el primero que destrozó el inmueble –junto a buena parte de Acapulco–, fue Otis, que en octubre de 2023 dejó 50 personas muertas, cientos de heridos, y miles de millones en pérdidas económicas por los daños en infraestructura. Y casi un año exacto después, el huracán John volvió a dejar una estela de daños y pérdidas económicas y materiales. Esto, sin contar que medio año antes de Otis, un potente sismo –de los habituales en la costa de Guerrero—ya había generado daños de diversa consideración en los inmuebles de la ciudad portuaria, incluyendo a esta escuela primaria, cuya barda quedó cuarteada antes de que la tumbara el huracán.

Autoridades de Guerrero incumplen promesa de reconstruir primaria destruida por Otis y John

Las autoridades prometieron reconstruir y reparar todos los centros educativos de la ciudad tras los fenómenos naturales. Sin embargo, a casi dos años de Otis, hoy estás instalaciones son más propias de un recinto abandonado y casi en ruinas, que el lugar donde reciben clases casi 600 estudiantes.

Por ello, padres y madres de 29 niños y 27 niñas del turno vespertino acudieron con un grupo de abogados y abogadas de las organizaciones civiles ‘Toma tu Remo’ y ‘Perteneces’ para pedirles ayuda, quienes, ante las evasivas de las autoridades de atender el asunto, promovieron un amparo ante la justicia para obligarlas a reconstruir la escuela.

Sin embargo, a pesar de que la justicia ya ordenó a la Secretaría de Educación de Guerrero y al Instituto de Infraestructura Educativa guerrerense a que rehabiliten el centro, por considerar que los niños y niñas no están recibiendo clases en un espacio seguro, las autoridades –denuncian las abogadas– se han dedicado a “tirarse la bolita” entre ellas y han hecho caso omiso al mandato.

“En las leyes está establecido que se debe garantizar el bienestar y la armonía en un centro educativo público, pero ahora mismo esta escuela no es un espacio digno ni seguro para los niños y niñas”, lamentó un maestro que pidió anonimato.

Previo a la publicación de este reportaje, Animal Político buscó a la SEP de Guerrero para pedirle una entrevista o postura sobre la situación de esta escuela primaria en Acapulco, e incluso le envió un escrito con la petición. Por medio de comunicación social, la SEP guerrerense respondió que debido a “la problemática con docentes de la CETEG” no estaban en condiciones de confirmar una entrevista con el secretario, dejando abierta la posibilidad a una posible futura entrevista.

Reconstrucción de primaria en Acapulco dañada por Otis: “Se tiran la bolita unos a otros”

Fernando Aragón es investigador y consultor en gestión de riesgos por desastres naturales y cambio climático. En febrero del año pasado acudió por parte de una organización civil a dos escuelas públicas en Chilpancingo, la capital guerrerense, y en Acapulco, donde visitó la primaria ‘Rafael Ramírez Castañeda’ como parte de un trabajo de campo para analizar las condiciones de las escuelas para enfrentar peligros por desastre climáticos, y proponer mecanismos y formas de reducir esos riesgos.

“Habían transcurrido como cinco meses, más o menos, del huracán Otis, y la escuela todavía seguía en condiciones bastante deplorables, muy deteriorada”, plantea Aragón en entrevista.

“Muchos techos habían volado y la barda perimetral, casi en su totalidad, estaba destruida, por lo que cualquiera persona de fuera podía acceder. Tampoco se había restablecido la energía eléctrica, ni el abasto regular de agua potable. En otras palabras: no había las condiciones mínimas para que operara la escuela”, subraya.

Algo más de un año después, en mayo de este 2025, otro docente que pide anonimato para evitar posibles represalias laborales, asegura que la escuela continúa prácticamente en las mismas condiciones deplorables que atestiguó el investigador Fernando Aragón.

“Si bien nos va, hay un avance en la reconstrucción del 20 por ciento”, asegura.

El agua potable, por ejemplo, dice que les llega por tandeo unas tres veces a la semana. En cuanto a la electricidad, las aulas tienen luz pero porque se tomó de otra línea eléctrica que alimenta la escuela. Sin embargo, esa línea está muy saturada y el transformador, de repente, truena y se va la luz. En la parte de atrás del inmueble, donde se cayó la barda, el poste de electricidad sigue tirado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aún no ha ido a repararla.

“Todo está lleno de escombros y materiales por el suelo que volaron con el huracán. No parece una escuela”, hace hincapié el docente, que incluso apunta que tienen que dar clases con los niños fuera de los salones, en el patio, por las malas condiciones de las aulas.

Otro maestro explica que durante las vacaciones de Semana Santa de este 2025 llegó personal de la aseguradora que la SEP tiene contratada, Agroasemex, para este tipo de casos. Llegaron luego de que en diciembre del año pasado la organización Perteneces obtuvo, a raíz del amparo, una suspensión para que las autoridades hicieran algo. Sin embargo, los trabajadores de la aseguradora abrieron una zanja para comenzar las obras de reparación, y poco después se retiraron sin dar una explicación.

“Nada más cobraron, se retiraron y la escuela se quedó a medias”, denuncia el maestro.

Raquel Cherqueño, abogada de la organización civil ‘Perteneces’, explica en entrevista que luego de que promovieron el amparo en noviembre pasado, el propio tribunal mandó a su personal para corroborar las malas condiciones de la primaria, y en diciembre les concedieron una suspensión a partir del cual se instruyó a la SEP a que reparara la escuela.

“Sin embargo –plantea Cherqueño–, la SEP respondió diciendo que no puede hacer nada porque está involucrado el seguro. Es decir, le pasa la bolita a la aseguradora Agroasemex”.

“No obstante –matiza a colación-, esto no es del todo cierto, porque si bien hay un seguro, pues la obligada a dar la cara es la propia institución educativa, que fue quien contrató a la aseguradora”.

“Mientras tanto, los niños y niñas se encuentran en riesgo por las malas condiciones de la primaria, a pesar de que las autoridades del estado dijeron que iba a haber apoyos para las escuelas dañadas por los huracanes. Pero, hasta ahora, las familias de esta escuela no han visto nada de ese apoyo”.


Foto: Especial.

Lorena Aragón es abogada de la organización ‘Toma tu Remo’. En entrevista, lamenta que, a pesar de que la justicia les concedió la suspensión a raíz del amparo, “todavía no haya una respuesta de las autoridades”, y critica que la otra institución implicada en el asunto, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Educativa “también se lave las manos” asegurando que “no tiene capacidad ni poder de gestión con la aseguradora Agroasemex, porque el contrato fue firmado con la SEP”.

“Se están tirando la bolita unos a otros”, critica también la abogada.

“La inseguridad para los niños es alarmante”: maestros de primara dañada por huracanes en Acapulco

Además de las malas condiciones del plantel educativo, todos los docentes entrevistados coinciden en apuntar que uno de los puntos que más les preocupa es la barda perimetral destruida por el huracán Otis y el hecho de que cualquier extraño pueda acceder a la escuela con cientos de niños y de niñas, cuya seguridad es responsabilidad de los maestros y maestras.

Por ejemplo, plantea otro docente, hace unas semanas estaban teniendo una reunión con padres y madres, cuando vieron a un hombre merodeando por el baño de las niñas.

“Eso es algo alarmante”, dice el maestro. “No supimos si era alguien drogado o que estaba mal de sus facultades mentales, pero con tantos niños y niñas, es un riesgo muy grande”.

Incluso, el maestro asegura que en la colonia, ubicada en lo alto de un cerro y muy alejada de la zona turística y más protegida de los hoteles de la costera Miguel Alemán, a veces se escuchan balazos y luego ven a los agresores que pasan por el patio de la escuela corriendo para huir, “como si fuera su casa”.

“Aquí las autoridades de la Secretaría de Educación, el gobierno estatal, y la presidencia municipal, dicen que los maestros no hemos buscado hacer una estrategia para resguardar la integridad del alumnado. Pero nosotros no podemos hacer todo. Porque si se mete alguien, no solo está en riesgo la vida de los alumnos, sino que también va de por medio nuestra propia vida”, concluye el maestro.

 

Este es un trabajo original de Animal Político, un medio aliado de Amapola, periodismo transgresor, y lo reproducimos con su autorización. Consulta aquí el texto original.

Tilda obispo Raúl Vera de “sin vergüenza” a gobierno mexicano por negar justicia a víctimas de El Charco en 27 años


La masacre fue cometida por el Ejército. La falta de justicia para los habitantes de esta zona ñu savi de la Costa Chica va en un sentido más amplio, porque también hay una deuda social. 


Texto: Margena de la O 

Ilustración: ArT.M.

Chilpancingo

Lunes 9 de junio del 2025


Han pasado 27 años de la masacre ocurrida en la comunidad ñu savi de El Charco por el Ejército mexicano y la justicia es una deuda pendiente para las familias de las 11 víctimas asesinadas en la cancha de la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez el 7 de junio del año 1998.

Pero dadas las condiciones de marginalidad de este territorio que forma parte de la Costa Chica de Guerrero, la deuda de justicia es mucho mayor.

En la misma cancha que representa un sitio de memoria, el sábado pasado, el obispo José Raúl Vera López ofició una misa en recuerdo de las víctimas y en un claro recordatorio del incumplimiento del gobierno mexicano, sin importar quien esté al frente, con la justicia. 

Después, lo puntualizó en entrevista al mencionar que, primero que todo, “la sinvergüenzada está en el gobierno mexicano”, porque son quienes debieron cumplir con este principio.  

La masacre de El Charco es seguida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por intervención del propio obispo Vera López, un férreo defensor de los derechos humanos en el país. 

Cuando el obispo expone que debieron ser las autoridades mexicanas las primeras en garantizar la justicia en este caso, lo dice con toda la probidad. Ericka Zamora Pardo, sobreviviente de esta masacre, le reconoció que sea el generador de una luz en la búsqueda de la justicia: “Hace 13 años vino aquí y se comprometió con este este pueblo a llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (…) Hoy estamos esperando el informe de fondo. Gracias obispo por acompañarnos, por caminar con nosotros y llevar este caso a nibelunga internacional”.

Mencionó también su expectativa de que el caso llegue hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos (Coidh) para hacer posible que el Estado mexicano rinda cuentas por la masacre de sus compañeros y por la tortura y el encarcelamiento que enfrentaron los sobrevivientes, como en su caso.

Además, el aspecto que pidió nunca perder del radar es que la masacre de El Charco fue cometida por el Ejército. “Seguimos denunciando que los militares son quienes ejecutaron esta masacre”, expresó Zamora Pardo.

“Fue un crimen del Ejército. Es una vergüenza”, agregó el obispo.

El reclamo de justicia fue en memoria de Onorio García Lorenzo, Mauro González Castro, Mario Chávez García, Fidencio Morales Castro, José Rivera, Zeferino Damián, Fernando Félix Guadalupe, Daniel Jiménez, Manuel Francisco Prisciliano, Apolonio Jiménez García, todos habitantes de la región, y por el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ricardo Zavala.

El obispo, que también tiene una conexión con Guerrero, sus inicios están en Ciudad Altamirano, en la diócesis de Tierra Caliente, insistió en que desde los gobiernos, en diferentes grados, han tratado de oponerse al esclarecimiento del caso. Por ejemplo, al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, sin mencionar su nombre, reprochó que arrancara con su política “abrazos no balazos”, que desde el principio expuso “que la justicia iba a ser suave. Esto es lo que demostraron”. 

Consideró que para cambios reales en el país, los mexicanos deben tener una consciencia mucho más clara con lo que ocurre en su territorio. “De que tenemos que ser mucho más exigentes, tenemos que ser más exigentes”, agregó.

El acto conmemorativo comenzó con una marcha por la comunidad que poco ha cambiado. Es una comunidad situada entre lomas de tierra a la que le falta casi todo, lo que significa que la falta de justicia para los habitantes va en un sentido más amplio, porque también hay una deuda social. 

Entonces el abandono institucional es una importante lectura a 27 años de distancia de los hechos, si es considerado que en esos años la comunidad se organizaba para buscar bienestar social. La masacre ocurrió durante una reunión de líderes ñu savis de la zona. “Nuestros compañeros estaban reunidos aquí para buscar una mejor vida, para organizarse y tener mejores condiciones para una vida digna”, comentó Zamora Pardo durante el acto conmemorativo.

En todo este tiempo uno de los cambios mayores es que El Charco dejó de formar parte del municipio de Ayutla de los Libres, en la búsqueda del bienestar social. Es parte del territorio del nuevo municipio Ñuu Savi (decreto en septiembre del 2021), integrado por 37 localidades separadas de Ayutla.

La constitución de este municipio, regido por usos y costumbres, lo que expone autonomía y autodeterminación en sus acciones, tiene sus antecedentes en el proceso organizativo de los habitantes de la región antes de que ocurriera la masacre de El Charco, de acuerdo con lo que han expresado sobrevivientes del caso en la prensa local. 

Aun con estos avances en términos del territorio, las obras sociales para esta parte de la Costa Chica todavía no son ni siquiera las necesarias. La búsqueda es la misma de hace años.

*Ilustración «27 años de lucha por la justicia, Masacre de El Charco”, por ArT.M.

¿Por qué las personas adultos mayores de México no pueden sólo descansar?


Araceli, Catalina, Juana y Otilio tienen más de 40 años trabajando, y ninguna posibilidad de descanso en su futuro próximo. Esta es la realidad de muchas personas de la tercera edad en la Ciudad de México, que, a causa de políticas gubernamentales deficientes, no logran vivir su vejez de manera digna.


Texto y fotos: Sofia Pontiroli / Zona Docs

Jalisco 

Miércoles 28 de mayo del 2025


Araceli inició a trabajar a los 8 años. Ahora tiene 63, hace 10 meses dejó a su esposo por infidelidad, y tiene un hijo de 23 años con Asperger en la universidad. Araceli no tiene auto, usa un bastón para caminar por un problema en sus rodillas, y cada día tiene que salir para vender ropa usada fuera del metro Jamaica o realizar limpieza en varias casas en la Ciudad de México. Hace unos meses solicitó ayuda por parte del gobierno, pero no le alcanza para que pueda vivir con tranquilidad.

“En la Ciudad de México es imposible dejar de trabajar, porque sino, no comes. Yo tengo que trabajar aunque mi hijo y yo tengamos ayuda del gobierno. Tuve que dejar a mi esposo porque ya llevaba 17 años teniendo una relación con mi hermana, y cuando mi hijo encontró a su papá con mi ella, tuvo una crisis nerviosa”.

La psicóloga y el neurólogo del hijo de Araceli, después de visitarlo, dijeron que iba a ser muy difícil para él aguantar altos niveles de estrés. De esta forma Araceli, por el amor que le tiene a su hijo, decidió dejar a su esposo a los 62 años, perdiendo su casa y sabiendo que iba a tener que seguir trabajando por muchos años más.

Catalina tiene 68 años, y trabaja desde los 19, cuando tuvo a su primera hija. Durante esos años, estuvo trabajando de manera legal cotizando a través del seguro social; sin embargo, a la hora de ir a solicitar su pensión, le mencionaron que le faltaban dos años para cotizar. Eso significa que tiene dos opciones: o trabajar dos años más, o pagar una cuota para poder recibir su pensión mensual. Catalina ha tratado de buscar trabajo en diferentes lugares, pero siempre recibe la misma respuesta: superados los 40 años, es muy difícil ser contratada por una empresa.



“Nuestra señora presidenta, este año, aumentó de 200 pesos el apoyo, entonces estoy recibiendo 6200 bimestrales: apenas me alcanza para pagar los servicios de mi casa y mi despensa”, afirma Catalina.

“Me quedé sin mi trabajo de secretaria cuando empezó la pandemia. Empecé a buscar, pero por la edad ya no he encontrado en ninguna oficina, me dicen que necesitan jóvenes de 18 a 30 años: yo les doblo la edad”, dice riéndose un poco.

Actualmente Catalina está trabajando en un puesto, vendiendo artículos de ropa.

La situación actual de pensiones en la Ciudad de México

Para mujeres entre 60 y 64 años, en 2025 el Gobierno Federal – a través del Programa Pensión Mujeres Bienestar – comenzó a otorgar 3 mil pesos bimestrales. Sin embargo, hay estudios señalando que la cantidad ideal para vivir en la capital del país y cubrir sus gastos cotidianos es de 29,500 pesos (Forbes, 2024).

En 2019, durante el gobierno de López Obrador se creó la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un programa social para “contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva” (Gobierno de México, 2021). En cinco años, esta política pública creció de 466% (398 mil millones de pesos), iniciando con un presupuesto de 85 mil millones de pesos. Según este programa, las personas solicitantes mayores de 65 años, recibirán 6200 pesos bimestrales de apoyo. Siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Juana y Otilio tienen 59 y 67 años. Son una pareja originaria de Oaxaca, ambos iniciaron a trabajar a muy temprana edad. Otilio es sordo, y en la primaria se salió de la escuela para empezar a trabajar en una oficina automotriz. Juana en la primaria realizaba trabajos de limpieza. Cuando se conocieron, decidieron abrir una tienda de abarrotes en Oaxaca, para después mudarse a Ciudad de México y abrir la tienda ahí.

“Este año decidimos descansar por varios temas de salud, y mi cuñado nos ayuda con la tienda, pero realmente cuando él se tiene que ir nosotros la cuidamos. Estamos acostumbrados al negocio, y no vemos posible dejar de trabajar, hasta que Dios nos permita estar”, afirma Juana.

El sueño de Otilio es irse a Oaxaca, porque la Ciudad es muy ruidosa y caótica para él. Allá quisiera seguir trabajando, pero en el campo, con algunos animales como vacas o toros.

Actualmente Otilio recibe apoyo por parte del gobierno, pero no le alcanza. Además de seguir abriendo la tienda todos los días, aunque Juana tiene artritis y se le dificulta trabajar, reciben apoyo económico por parte de sus hijas. El apoyo que recibe Otilio – a través de la Pensión del Bienestar – es de 6,200 bimestrales. Juana todavía no tiene la edad para recibir ese apoyo.

En México, la población de la tercera edad que se considera económicamente activa y ocupada corresponde a más de 6 millones de personas (CESOP, 2023). Pese a los programas sociales aquí señalados, el Estado no proporciona apoyos suficientes para que los adultos mayores puedan gozar de su derecho al descanso.

De acuerdo al INEGI, en México, las personas mayores de 60 años representan el 12.9% de la población, se espera que dicha proporción se incremente al 25% en el año 2050. Con esta estimación no habrá forma de sostener los apoyos económicos que hoy se le brinda a esta población.

Empleo por grupo etario en la Ciudad de México

Según el  Observatorio Laboral, realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en septiembre de 2024, los grupos etarios mayores presentaron los siguientes niveles de empleo:

  • Más de 60 y hasta 65 años: 101,676 empleos, con un crecimiento mensual de 0.93% y anual de 7.66%.
  • Más de 65 y hasta 70 años: 29,136 empleos, con un crecimiento mensual de 0.61% y anual de 8.12%.
  • Más de 70 y hasta 75 años: 9,689 empleos, con un crecimiento mensual de 0.77% y anual de 12.90%.
  • Más de 75 años: 4,885 empleos, con un crecimiento mensual de 1.26% y anual de 12.30%.


Estos datos destacan un crecimiento notable en el empleo de adultos mayores en la Ciudad de México. Además, es importante revisar los datos oficiales sobre los adultos mayores con empleo informal a nivel nacional. Como menciona un artículo de Milenio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que, al segundo trimestre de 2022, el 70% de los adultos mayores ocupados laboraban en la informalidad.

Más en específico, el 75% de las mujeres y el 68% de los hombres en este grupo de edad trabajaban en condiciones informales. Aunque estos datos son a nivel nacional, reflejan una tendencia que podemos observar en la realidad que muchas personas en la Ciudad de México viven, según los testimonios mencionados.

“Antes de la pandemia estaba trabajando como ayudante de cocina, pero era tan pesado estar parada 8 horas que duré solamente 7 meses ahí: tuve un problema de circulación en ambas piernas. Pero le digo, yo trato de buscar un trabajo en donde pueda generar dinero, porque tengo que pagar mis cosas”, cuenta Catalina.

Araceli, por otro lado, todos los días recorre kilómetros y kilómetros por la ciudad, para ir a limpiar casas o vender ropa en el mercado, ayudándose con su bastón, sin el cuál no podría caminar.

¿Qué acciones está realizando el Estado para resolver este problema?

Actualmente, está en vigor una reforma por parte del partido de Morena, que creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo tiene como objetivo garantizar que los trabajadores del IMSS e ISSSTE que cotizan bajo el régimen de cuentas individualizadas, puedan recibir una pensión equivalente al 100% de su último salario, con un tope de 17 mil 364 pesos mensuales.

Esto aplica solamente para las personas que tuvieron la suerte de ser empleados en una empresa que diera la oportunidad de cotizar a través del seguro social. Hay muchas otras personas, como Araceli, que tuvieron empleos informales todas sus vidas; o hay otras como Catalina, que aún contando con años de trabajo formal cotizados a través del seguro social, no puede acceder a su pensión por un pequeño detalle burocrático.

“Me faltan dos años por cotizar porque trabajé en varios lados, y en algunos no me daban seguro. La solución es trabajar otros dos años cotizando, o pagar 1800 pesos al mes durante esos dos años. ¿Cómo puedo hacerle? Si no me aceptan para trabajar en ningún lado por mi edad, no tengo trabajo, y por ende no puedo pagar mensualmente los 1800”.

Esta situación evidencia cuánto, en realidad, el sistema de pensiones actualmente implementado beneficia solamente a parte de la población mexicana de la tercera edad. “Siempre lo digo, ¿por qué los jubilados tienen más cosas de los que no tenemos jubilación?”, pregunta Catalina. “No tiene sentido”.

Además del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el gobierno cuenta con programas de apoyo que promueven la inclusión de los adultos mayores en el mundo laboral. Si tienen más de 60 años, los hombres y mujeres que cuentan con hoja de jubilación pueden acceder a programas de capacitación impartidos por el INAPAM, en donde pueden “aprender cómo producir artículos de diversa índole, con el objetivo de ocupar su tiempo libre y obtener un ingreso extra” (Gobierno de México, 2016).

“Fui a vinculación productiva del INAPAM para buscar trabajo, y me pidieron la hoja de jubilación: si no tienes esa no te dan acceso a ese programa”, concluye Catalina.

*Es importante preguntarnos, ¿todos estos programas promovidos por el gobierno, son sustentables? Según el Dr. Ricardo Velázquez Leyer, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO, la respuesta es no.

“La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del gobierno federal enfrenta tres riesgos: no es sustentable, incentiva el empleo informal y presenta fallas de implementación”, afirma un estudio realizado por la universidad Iberoamericana en 2022.

El académico afirma que las necesidades de presupuesto destinadas a estos programas crecerán en el tiempo, a la par con el envejecimiento de la población a nivel mundial. Esto causará que mucho del dinero invertido para sustentar estos programas, deberá de quitarse a cualquier otro tipo de apoyo o beneficio que necesitan otros sectores de la población, igual de vulnerables. Además, destaca como las pensiones no contributivas tienen un efecto negativo en la formalización del trabajo, ya que muchos empleadores no invertirán recursos para otorgar pensiones dignas a sus colaboradores: el gobierno lo podrá hacer.

“Uno está acostumbrado al negocio, yo estoy acá en la casa y me siento encerrada, y ya con el negocio platicamos con las personas y nos distraemos”, afirma Juana. A los adultos mayores en la Ciudad de México, no les queda más que adaptarse a una realidad que no cambiará pronto. Aún con problemas de salud o cansancio por una vida entera trabajando no podrán descansar, y los programas promovidos por el gobierno actual no serán sustentables en el tiempo.


 

Este es un texto original de Zona Docs, un medio independiente de Territorial-Alianza de Medios, de la cual formamos parte, y lo reproducimos con su autorización. Consulta aquí la versión original.

Este trabajo es el resultado del proceso formativo de ZonaDocs: Escuela de Periodismo, 2da. Generación.

Irrumpe Ceteg en órganos electorales y advierte con boicotear elección del Poder Judicial del próximo domingo


Los maestros que forman parte de la CNTE, como parte del plan nacional, mantienen un movimiento por la abrogación de la Ley del ISSSTE, mejoras salariales y otras demandas


Texto: Amapola Periodismo

Foto: Alex Ortiz

Chilpancingo

Lunes 26 de mayo del 2025


Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) irrumpieron en acciones continuas en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (Iepcgro) y del Instituto Nacional Electoral (INE), después de marchar por la ciudad, con la advertencia de que boicotearán las elecciones prevista el próximo domingo para renovar los cargos en el Poder Judicial.

Estas acciones son en concordancia con la movilización en el país convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la cual pertenece la Ceteg. Esta mañana otros bloques de la CNTE realizaron protestas en estados y zonas donde tienen presencia, como la Ciudad de México, donde ya han realizado otras acciones.

La movilización nacional de los maestros disidentes inició desde más de una pasada con la exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE, eliminación de la Reforma Educativa y una lista de mejoras salariales. 

Esta mañana, los maestros de la CETEG salieron en marcha desde sus instalaciones, ubicadas en la colonia Burócratas, y recorrieron varias calles de la ciudad hasta llegar a las instalaciones del Iepcgro, ubicado en el paseo Alejandro Cervantes Delgado, el primer punto de la protesta.


Aspectos de la marcha de la Ceteg por la ciudad de Chilpancingo. Foto: Alex Ortiz.

Para ingresar al inmueble, los maestros derribaron a empujones algunas contenciones de herrería. Después desalojaron a los trabajadores; les dieron unos minutos para que se retirarán sin presiones.

El propósito, según expusieron mediante su consignas, es impedir las votaciones para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, lo que sería una medida de presión porque no han logrado que el gobierno federal les resuelva sus demandas.

El órgano electoral encargado de la elección es el Instituto Nacional Electoral (INE).

Después de un par horas de acciones en el Iepcgro, los maestros continuaron con las protestas; siguieron con la marcha justo hasta llegar ahora a las instalaciones locales del INE, ubicada en calle Encino, muy cerca del centro de la ciudad.

Cuando el contingente llegó al lugar, las oficinas estaban cerradas y los maestros comenzaron a empujar el portón principal con el coche donde llevaban el sonido, hasta abollar la parte inferior. Después, un grupo de maestros la derribó a empujones, lo que les permitió ingresar.

Una vez adentro, los maestros realizaron pintas en el inmueble, el mobiliario y en vehículos oficiales con algunas de sus demandas. “Derogación a la ley del ISSSTE”, escribieron con aerosol en una pared.

Los maestros se retiraron de edificio un vez que llenaron el lugar con sus consignas.


Una maestro cetegista escribe una consigna en fachada de la Junta Local del INE. Foto: Alex Ortiz.

“¡Ayotzinapa no olvida!”

Esta mañana en las calles de la ciudad de Chilpancingo han concurrido varias protestas simultáneas derivados de varios conflictos sociales, lo que generó que diferentes puntos estuvieran tapados o complicados para el tráfico.

Otro contingente en protesta fue el de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, quienes realizaron una concentración en el renombrado monumento a los 43 (antes Las Banderas), para reclamar justicia por sus compañeros, porque hoy se cumplen 10 años y ocho meses de la desaparición de los 43.

Los estudiantes, como cada mes, realizaron el mitin acompañados por representantes de otros contingentes que también buscan a sus desaparecidos. “¡Ayotzinapa no perdona, Ayotzinapa no olvida! Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, dijo uno de los estudiantes durante su discurso político.

Esta concentración tiene un sentido especial porque hace unos días detuvieron y dictaron formal prisión a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Guerrero, Lambertina Galeana Marín, por su presunta responsabilidad en la destrucción de videos clave relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala. 

En ese momento ella estaba al frente del Poder Judicial y esos videos los habrían captado las cámaras de seguridad Ciudad Judicial en Iguala. “Hoy que se encuentra detenida, le decimos al gobierno (federal) que queremos avances significativos”, agregó el estudiante que arrancó el mitin.

Junto a los representantes de otros colectivos de familiares de desaparecidos, los estudiantes exigieron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que aclare e investigue el caso y sancione a todos los responsables con diferentes niveles de involucramiento. En resumen, reiteraron su exigencia de justicia por el caso de desaparición colectiva más impactante de este siglo, el cual está por cumplir 11 años y las autoridades siguen sin esclarecer.

«Frente a la pedagogía de la crueldad, desobedecer es un acto político»: Rita Segato


En el conversatorio Pensar en Diálogos con Rita Segato, la escritora y antropóloga recuerda la imperante necesidad de cuestionar la obediencia al mandato de masculinidad y a la política de violencia que impera a nuestro alrededor


Texto: Laura Buconi / Pie de Página

Foto: Archivo Pie de Página

Ciudad de México

Martes 20 de mayo del 2025


Necromasculinidades, políticas de muerte, desapariciones forzadas en aumento, «sicariato» y secuestro. Frente al levantamiento de gobiernos autoritarios, de ultraderecha y profundamente patriarcales en varias regiones del globo, ¿cómo resistimos las mujeres?

Rita Segato habla de un «segundo estado», también llamado economía oculta, que gobierna paralelamente al Estado, y cuyas víctimas son «esos cuerpos tirados en los campos algodoneros, en los terrenos baldíos».

«Los hombres son tan victimizados por el mandato de masculinidad como nosotras las mujeres. Son víctimas también. ¿Cómo hacer? Somos nosotras, con nuestro movimiento, las que intentamos salvar a los hombres de su obediencia, que también los daña», recuerda Segato.

En el conversatorio Pensar en Diálogos con Rita Segato, las teóricas, escritoras e investigadoras Sayak Valencia, Emanuela Borzacchiello y Karine Tinat abordan las múltiples problemáticas contemporáneas que generan políticas cada vez más hostiles hacia las mujeres. Junto con Rita Segato, reflexionan sobre las posibles lecturas de estas violencias y sus estrategias de resistencia.

El mandato de masculinidad y la belleza de desobedecerlo

Rita Segato, ante las problemáticas de violencia, borrado de historias y manipulación de la información en una sociedad cada vez más alineada con modelos patriarcales y autoritarios, recuerda:

«Dentro de la masculinidad está la semilla de la obligación. Lo que llamo el mandato de masculinidad: un hombre, desde niño, tiene que optar entre ser considerado un impotente —un incel— o matar. Solo le quedan esas dos posibilidades».

La antropóloga reflexiona sobre las coyunturas entre patriarcado y capitalismo: «La masculinidad tiene una estructura corporativa; es la primera de todas las corporaciones que el ser humano atraviesa. Desde las sociedades tribales, vemos rituales de paso que cada niño debe cumplir para titularse ‘hombre’».

La pedagogía de la crueldad, según Segato, es «todo aquello que eleva nuestro umbral de empatía». En la sociedad contemporánea, especialmente en Latinoamérica, estamos insensibilizados ante la violencia extrema. La antropóloga llama a no permitir que el contexto anule nuestra empatía, pues esta es «la semilla más poderosa de resistencia».

«Yo siempre estudié a los hombres. Desde que, por pedido de mi rector, fui a entrevistar violadores en la cárcel de Ciudad Juárez, me di cuenta de que, con la violación, no satisfacen su deseo sexual, sino el narcisismo masculino, que demanda una espectacularidad de la masculinidad».

«Los hombres son tan victimizados por el mandato de masculinidad como nosotras, las mujeres.»

Segato analiza la necromasculinidad como un tipo de masculinidad eludible, siempre que se proporcionen herramientas —ante todo, verbales («lo que no se nombra no existe»)— para cuestionar ese mandato. «Pueden desmarcarse, desobedecer. Desde nuestro movimiento, les decimos que es más interesante, elegante y bello desobedecer; adherir a una ética de la desobediencia.»

Necromasculinidades, folclor digital y autoritarismos

La escritora y ensayista Sayak Valencia, autora de Capitalismo Gore (2010), presenta el concepto de necromasculinidades, que define como «muy vinculado con el ejercicio de violencia de baja y alta intensidad, ligado a las políticas de muerte y el ejercicio de violencia letal en contra de ciertas poblaciones, como técnicas de tortura y de violencia sistematizada».

Hace referencia al sicariato, al secuestro y a las prácticas del crimen organizado y del narcotráfico, y menciona el aumento de las tasas de trata de personas y desaparición forzada. Dentro de esta última, enfatiza cierta categoría de hombres que también son afectados: «varones, regularmente precarios y racializados».

En el marco de la alza de gobiernos autoritarios, patriarcales y de ultraderecha, Valencia define a Trump, Putin, Milei y otros gobernantes de ultraderecha como «soberanos, como el rey o el omnipotente, frente a poblaciones que están replegándose en una sensibilidad regresiva para no ser dejadas de lado o no ser borradas».

Valencia advierte también sobre los peligros del «asedio estético» del que todas y todos los que usamos tecnologías digitales somos inevitablemente víctimas:

«Sabemos que mucha de la digitalización que hoy consumimos está desarrollada en los mismos laboratorios para desarrollo militar y nuclear. Se trata de un tinglado empresarial que conocemos como GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), que ahora se ha reconfigurado también por la entrada de China en la carrera tecnológica y en el desarrollo digital».

Con el término «algolitarismo», entendido como autoritarismo a través de los algoritmos, Valencia alerta sobre la diseminación de algoritmos con contenido reaccionario, fraccionado y enriquecido estéticamente, estrategia comunicativa común de la alt-right (derecha alternativa).

«Amor, seguridad, bienestar, salud pública parecen lujos en la vida cotidiana, pero no lo son; serían prerrogativas del Estado en los sistemas democráticos. Se han vinculado con una ‘buena vida’ que va de la mano con una agenda muy conservadora, muy regresiva, que disemina contenidos en las redes como los de las trad wives (esposas tradicionales)».

Esta coyuntura —entre una política institucional cada vez más autoritaria y reaccionaria, una diseminación de contenido hegemónico orquestado por las industrias militares y la carencia de programas políticos que garanticen los derechos de las mujeres y las personas racializadas— puede persuadir de suscribir políticas e intereses de derecha en pro de una vida digna, advierte Valencia.

«Muchos proyectos progresistas son muy poco progresistas con los derechos de las mujeres, las minorías, los migrantes y las personas racializadas. No hablo solamente de los fascismos, sino de este paréntesis social en el que mucha gente que no suscribió una vida de derecha, pero que quiere una ‘buena vida’, puede adherir a estas políticas de sensibilidad regresiva».

Lógica de guerra y cuerpos-archivos en rExistencia

La investigadora e historiadora Emanuela Borzacchiello aborda los «nudos no resueltos en un panorama muy preocupante», desde su experiencia de investigación sobre feminicidios y desapariciones forzadas en Ciudad Juárez desde 2007.

«En México, en las últimas tres décadas, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Desde dónde partimos para entender la lógica de guerra? Partimos desde donde no había más nada que hacer: desde un cuerpo víctima de feminicidio o desaparición forzada, y desde ahí volvemos a hacerlo todo. Hay territorios con mayor acumulación de poder simbólico, religioso, económico y político en la trama nacional. Territorios que nos hablan de la continuidad histórica del aparato represivo y del común, porque hoy se configura una repatriarcalización del Estado».

Borzacchiello denuncia que «una telaraña de poderes» trabajó incansablemente para proyectar a la sociedad civil en una historicidad distinta, ajena a las tragedias que se consumían en silencio: *»En los años más álgidos de la guerra, entre 2009 y 2012, en Juárez el producto interno bruto iba subiendo constantemente. Pasamos de un -6.3% en 2007 a un +5% en 2010. ¿De qué desarrollo hablamos si, al mismo tiempo, buscábamos en fosas comunes los cuerpos de mujeres desaparecidas? ¿De qué desarrollo sin progreso hablamos si los porcentajes de desempleo en Juárez eran casi cero, pero en las fiscalías acompañábamos miles de casos de feminicidios? En esos años, nos ilusionamos con que la violencia podía encerrarse en los límites de una ciudad o un estado. No es así, y nunca lo fue.»*

El problema de reconocer a las madres buscadoras de ayer y hoy como sujetos políticos, afirma Borzacchiello, es «reconocer que nos enfrentamos a una metamorfosis de poderes interrelacionados. A una telaraña. Y también implicaría afirmar que la derrota y el fracaso son de quienes no han tenido el valor de descubrir la verdad. No alcanzar la verdad judicial es una derrota del Estado, no nuestra. No se trata solo de castigar al agresor: un Estado que no tiene el valor de reconocer la verdad es un Estado que ha perdido.»

La historiadora propone recomponer la fragmentación de esos cuerpos e historias borradas en un archivo feminista como práctica política, que permita posicionarlas no solo como enunciación de un sistema feminista, sino como acta de nacimiento de una nueva subjetividad colectiva.

Tratar de someter a una mujer insumisa

La investigadora Karine Tinat lleva al debate el caso Pélicot para analizar el mandato de masculinidad y la pedagogía de la violencia.

«No quería defraudar al señor Pélicot. Era mi cuerpo, no mi cerebro. Creí que era un juego; nunca quise violar.» Estas son algunas de las frases de los 51 hombres condenados por violar a Gisèle Pélicot, bajo la cínica orquestación de su esposo. Todos los invitados de Dominique se involucraron en el performance del mandato de masculinidad y usaron el cuerpo de Gisèle como «el campo de batalla donde se reunían».

Y denuncia:

«Si bien no se pretende deducir que cualquier hombre puede ser un agresor en potencia, tampoco es casualidad que la mayoría de los agresores sean varones. El sexismo estructural se perpetúa, y muchos hombres saben bien cómo protegerse dentro de él y cobijarse entre ellos. A ninguno se le ocurrió denunciar a la policía las vilezas que se cometían en esa casa».

Dominique Pélicot confesó que había «tratado de someter a una mujer insumisa». Esta frase remite al deseo de muchos hombres de amar a mujeres libres, fuertes e independientes, pero con la condición de que no lo sean demasiado o todo el tiempo. No quieren perder su superioridad ni el derecho de propiedad sobre sus cuerpos y acciones.

 

Este es un texto original de Pie de Página, un medio independiente de Territorial-Alianza de Medios, de la cual formamos parte, y lo reproducimos con su autorización. Consulta aquí la versión original.

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