Sentencia máxima contra los tres elementos detenidos, pide madre del estudiante
Texto: Amapola Periodismo
Foto: Interacción Noticias
Chilpancingo
Viernes 7 de marzo del 2025
Hoy se cumple un año que el estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, fue asesinado por policías estatales, y ninguno de los tres elementos detenidos por su presunta responsabilidad es sentenciado.
Con el reclamo de pena máxima contra los elementos implicados fue que sus familiares, encabezados por su madre, Vianey Peralta; normalistas de Ayotzinapa, secundados por más miembros de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM) de otras partes del país y por estudiantes de normales públicas de Guerrero, y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos hace más de 10 años en Iguala, además de miembros de colectivos de familiares de desaparecidos, marcharon en la ciudad en la conmemoración del primer aniversario luctuoso del estudiante.
Su madre, en el Monumento a los 43 (antes Monumento a las Banderas), la primera parada del contingente, reprochó que agentes del Estado le arrebataran a Yanqui Kothan la posibilidad de ser “un futuro de México”, como lo expresó, dijo, alguna vez el joven a manera de anhelo.
Exigió que el Poder Judicial local deje de darles largas y sentencie a los policías estatales que están detenidos por el involucramiento en el asesinato del normalista. “¡Justicia!”, gritó la madre, después de expresar que nunca olvidará el 7 de marzo.
Aspectos de la protesta de hoy viernes 7 de marzo al cumplirse un año del asesinato de Yanqui Kothan. En primer plano, la madre del estudiante asesinado. Foto: Interacción Noticias.
Desde que ocurrió el asesinato del joven hubo una obstaculización institucional, primero, de parte del gobierno estatal para que se conociera la verdad, con un evidente afán de encubrir a los elementos estatales. Es constante el involucramiento de elementos policiacos en agresiones contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Hace un año, quienes ocupaban los cargos de secretarios estatales de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, ofrecieron la primera versión oficial de los hechos la madrugada inmediata en una conferencia de prensa, donde dijeron que lo acontecido fue resultado de la persecución de un delito, porque la camioneta donde fue asesinado el normalista tenía reporte de robo y, además, hallaron dentro alcohol, una arma y una sustancia granulada, lo que sugería un tipo de droga.
Después que la administración del gobierno federal anterior ofreció otros detalles que exponía el involucramiento de policías estatales, ocurrió el cese de los funcionarios estatales, porque, además de todo, David “N”, el elemento que disparó contra Yanqui Kothan, se había fugado. Lo detuvieron unas semanas después, el 10 de abril; otros dos elementos involucrados ya estaban presos.
Desde entonces hasta hoy, un año después de los hechos, el caso sigue igual: ninguno de los tres agentes ha sido sentenciado, aun cuando están detenidos, lo que significa, según expusieron los familiares y normalistas en la marcha de hoy, que la justicia es una deuda que tiene con ellos el Poder Judicial local.
El contingente de la marcha que, a la vez, representaba varias deudas pendientes en términos de justicia, siguió, porque el objetivo final fue llegar hasta la zona donde ocurrieron los hechos hace un año, el viejo libramiento a Tixtla, al oriente de Chilpancingo.
La versión reconstruida hace un año sobre cómo habrían pasado los hechos, según versiones de allegados a los estudiantes, es que Yanqui Kothan, junto a dos de sus compañeros normalistas, Osiel y Arenita, vinieron de Tixtla, donde está la sede de la Normal Rural de Ayotzinapa, a Chilpancingo en una camioneta, y se detuvieron en la entrada oriente de la ciudad, porque Arenita bajó a comprar un cigarro.
El estudiante vio a lo lejos cuando los policías estatales dispararon a sus compañeros, que estaban dentro del vehículo. En esa agresión mataron a Yanqui; Osiel se salvó porque se agachó cuando vio el arma.
Una vez que el contingente de la marcha llegó hasta el libramiento a Tixtla, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, quien ha acompañado a la familia de Yanqui Kothan en la búsqueda de la justicia, ofició una misa en memoria del normalista, donde también extendió el reclamo que plantearon durante todo el recorrido de la marcha.
“Vamos a seguir pidiendo por su familia, por su madre, por sus hermanos, por todos sus compañeros, y por todos aquellos que sufren acerca de la violencia. También pidamos por nuestros hermanos desaparecidos: los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y por todos los desaparecidos, que están presentes los colectivos por sus seres queridos. Vamos a pedir por ellos”, dijo el sacerdote al iniciar la homilía.
En otro momento de su sermón expuso que la sociedad no puede pasar por alto las violaciones de servidores públicos contra aquellos que no pueden defenderse, como ocurrió con el caso Yanqui Kothan, en un acto claro de “abuso de poder”.
El director del Centro de Derechos Humanos, Filiberto Velázquez, en la misa en honor de Yanqui Kothan a un año de su asesinato.
Convocó también a no olvidar, porque es el aliciente más importante en la búsqueda de la justicia y en la no repetición de actos violatorios contra los normalistas rurales de Ayoptzinapa. “La exigencia de justicia por la justicia para nuestro compañero Yanqui Kothan debe ser siempre acompañada por la memoria”.
Foto: Captura de pantalla del documental Los sobrevivientes de Ayotzinapa: 10 años después.
Chilpancingo
Jueves 27 de febrero del 2025
Ulises Martínez Juárez logró egresar de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y convertirse en maestro, pero bien pudo ser uno de sus tres asesinados la noche de Iguala, después que policías y hombres armados se llevaron a otros 43 de normalistas, desaparecidos hace 10 años y seis meses.
Estuvo en el mismo lugar que ellos, el cruce de la calle Juan N Álvarez con Periférico Norte, en Iguala, durante los primeros minutos del 27 de septiembre del 2024.
Las balas con sentencia de muerte impactaron en Julio César Nava Ramírez y Daniel Solís Gallardo. Esas balas salieron de las armas de los tres hombres que él mismo vio bajar de la camioneta que instantes atrás advirtió como sospechosa, porque disminuyeron la velocidad al cruzar por donde los dirigentes estudiantiles daban la conferencia de prensa para denunciar que policías se llevaron a un grupo de sus compañeros e hirieron a otros.
Ulises en sus inicios como profesor en Guerrero, en 2016.
“¡Tírense al suelo!”, recuerda que escuchó a alguien gritar al momento de los disiparos. “¡Shuuun!”, “¡Shuuun!”, es como recuerda que sonaban las balas que pasaban cerca de él tirado detrás del primer autobús de cara al periférico, donde se resguardó.
O, bien, en el intento por protegerse, pudo toparse con quienes, con una descarnada saña, le arrancaron el rostro a Julio César Mondragón Fontes.
Ulises fue parte del grupo que se refugió en la clínica Cristina, en busca de auxilio para el Oajaco, como llamaban a Édgar Andrés Vargas, originario del Itsmo de Oaxaca, quien tenía destruida la boca por un balazo que lo alcanzó. “¡No te vayas oajaco!”, recuerda le decía. Otro momento de riesgo ocurrió en esa clínica, porque hasta ahí llegó el capitán del Ejército, José Martínez Crespo, quien les negó el auxilio y les advirtió que llamaría a los policías que poco antes los habían agredido.
La mala suerte, en realidad, la pudo tener cualquiera. “Yo pude haber sido uno de ellos. Yo pude no haber regresado de Iguala. Mi cuerpo pudo haber regresado en un ataúd”.
Ulises durante una marcha en reclamo de la aparición de sus 43 compañeros desaparecidos. Foto: Archivo personal de Ulises Martínez.
Por una razón que no se explica Ulises es uno de los sobrevivientes de esa noche. A sus 30 años es docente de una primaria en el Estado de México, desde 2017, después de ganarse una base, mediante examen, un año después de que egresó (en 2016). Buscó salirse de Guerrero.
Trabajar lejos también es consecuencia de aquella anoche y de un contexto que tampoco colaboró. Tixtla, sede de la Normal Rural, de donde es originario, es uno de los lugares que, con el paso de los años, las acciones criminales modificaron su entorno. El intento de criminales por privar de su libertad a uno de sus tíos terminó por convencerlo de salir.
Sin contar que las oportunidades laborales se reducían a lugares también afectados por diferentes violencias. En los meses inmediatos a egresar de Ayotzinpa, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) le dio un par de interinatos –contratos temporales como maestros–, uno en la zona de Quechultenango, de donde se sabe son originarios los líderes del grupo criminal con mayor presencia en la zona Centro, y en la Sierra de Leonardo Bravo.
El colmo, lo dice con una risa irónica, es cuando lo quisieron enviar a un pueblo de Cocula, zona que forma parte del territorio de la noche de agresión a normalistas. Tuvo la oportunidad de quedarse a trabajar en Guerrero, pero ante tales opciones, decidió salir.
Migrar del estado lo ha apartado de otro aspecto formativo en la Normal Rural, el político y el social –formó parte del Comité de Organización Política e Ideológica (COPI) de la dirigencia estudiantil–, porque se desvinculó de casi todas las organizaciones involucradas en estos procesos, pero acompaña el movimiento de las madres y los padres de sus compañeros desaparecidos y asesinados, y acude a dar su testimonio para las investigaciones oficiales como testigo, incluso, sin protección porque, como bien lo sabe, ese pudo ser su destino.
El normalista de Ayotzinapa continúa adelante, pero las cicatrices en su cara y cuerpo lo regresan a la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014
Texto: Margena de la O
Foto: Facebook Tryno Maldonado
Chilpancingo
Miércoles 26 de febrero del 2025
A 10 años y cinco meses del balazo que le destruyó el maxilar, Édgar Andrés Vargas se empeña en borrar las cicatrices de su rostro y cuerpo a consecuencia de las siete cirugías de su reconstrucción.
Esas cicatrices continúan transportándolo a la noche de Iguala, cuando corría desangrándose sobre la calle Juan N Álvarez.
“En estas fechas que veo las cicatrices que tengo, por ejemplo, de cierta manera me transporta a lo sucedido, incluso hasta me ha dado como sensación de arrepentimiento”.
Edgar Andrés se ha reprochado por qué asistió a Iguala y cuestionado por qué le tocó a él.
En ese momento estudiante del tercer año de la licenciatura en Educación Primaria (2012-2016), acudió a Iguala la noche del 26 de septiembre del 2024, como parte de la comitiva de normalistas rurales que salió de Ayotzinapa en apoyo a sus compañeros que policías habían baleado en el trayecto que va del mercado hasta Periférico Norte, cruzando por el centro, después de sacar tres autobuses de la estación camionera Estrella Blanca.
Más tarde fue parte del grupo de estudiantes que se refugió en la clínica Cristina, donde llegaron elementos del Ejército para reprocharles por su presencia en la ciudad.
En este foto donde aparece Édgar Andrés, de sudadera negra, la compartió en sus redes sociales el escritor Tryno Maldonado, quien está al lado del maestro normalista de Ayotzinapa. Foto: Facebook Tryno Maldonado.
En la clínica, Édgar Andrés vio por primera vez su herida, sin reconocer, todavía, el grado de la agresión. “Me acerqué, no recuerdo si era una ventana o un espejo donde se veía mi reflejo, y pude ver un poco, pero sólo veía sangre, no veía otra cosa, no sabía la magnitud de lo que me había ocurrido, incluso ya estando en terapia intensiva yo creí que todo el proceso iba a ser de unos meses, y hoy por hoy ya son (más de) 10 años”.
La larga lista de cirugías y revisiones que lleva Édgar Andrés no resumen 10 años invertidos en su reconstrucción física, pero muestran cierta complicación de su proceso.
Los primeros días después de la lesión los pasó en terapia intensiva, tuvo varios meses sin hablar a causa de la herida, fue alimentado mediante sondas durante dos años, acudió a citas constantes con especialistas en otorrinolaringología, cirugía plástica, ortopedia para su exhaustivo procedimiento de funcionalidad y reconstrucción del maxilar; cirugías diferentes, todas dolorosas y molestas, hasta la vez que le fijaron el dedo ancho del pie izquierdo, porque le causaba dolor al caminar, consecuencia de que le extrajeron un hueso del peroné, para la reconstrucción de su paladar. Todavía le incomoda el pie.
Las consecuencias y el procedimiento de reconstrucción tiene costos emocionales en la vida de Édgar Andrés, que no sólo se agotan con sobrellevar lo que vivió la noche de Iguala, es aceptar la persona que es ahora, por sus cambios físicos a causa de la reconstrucción. “Por mucho tiempo no me aceptaba físicamente. Si veo mi cuerpo, tengo cicatrices por donde sea y eso por mucho tiempo me ha generado cierta inseguridad, aunque lo he tratado con sicólogos, sigue esa parte”.
Édgar Andrés en su etapa de estudiante en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, antes de la noche de Iguala. El joven está en la plaza principal de Tixtla. Esta imagen circula hace años en internet. Foto: Internet.
En la actualidad abraza una de las aspectos más importante que le dejó la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, su formación de maestro. “Le tengo mucho cariño a la institución (Ayotzinapa)”. Desde 2019 es profesor de una primaria de turno vespertino en el Estado de México, porque ganó una plaza después de hacer su examen de oposición. Este mérito empezó a reconocérselo hace poco, en un ejercicio por valorar su esfuerzo, como parte de su propia recuperación, que aún tiene fases pendientes, como la eliminación de cicatrices, físicas y emocionales.
Estuvo casi cinco semestres en la Universidad Iberoamericana (IBERO), en la Ciudad de México, cursando la licenciatura en Derecho, por una beca que logró con el apoyo del Centro Miguel Agustín Pro, para probarse en la defensa de los derechos humanos. No la culminó, porque su recuperación y su faceta de maestro fueron prioridad.
A la escuela primaria –este ciclo escolar (2024-2025) tiene a cargo sexto grado– evita llevar lo que le pasó aquella noche, porque prefiere que lo conozcan por su aportación como docente, pero no olvida la agresión. “Lo de Ayotzinapa siempre va a ser un crimen de Estado”.
El acoso gubernamental contra las normales rurales tiene historia.
Antes del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz había en México 29 normales rurales. Después de su administración quedaron 15. Entre 1964 a 1969, este ex presidente cerró 14 escuelas, de acuerdo con documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que la revista Contralinea solicitó en 2014, vía Ley de Acceso.
En el sexenio del presidente Luis Echeverría (1970-1976) se abrió la Normal Rural de Amilcingo, Morelos.
Actualmente en México sobreviven 16 normales. Una de ellas es la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Guerrero, de donde son los 43 normalistas desaparecidos. Si se mantiene vigente es porque cada año, los estudiantes se movilizan para mantener sus recursos, su matrícula y la convocatoria para nuevos integrantes.
El ataque a los estudiantes, que cumple seis años este septiembre del 2020, es parte de una serie de daños, agravios y ataques que vienen de antaño.
En esta ocasión, para conmemorar el ataque a la Normal de Ayotzinapa, Amapola Periodismo trae el relato de quienes fueron estudiantes de esa escuela durante la década de los 70. Su palabra da cuenta de cómo el gobierno, enfocado en derrocar grupos políticos militares puso la mira en las escuelas normales al considerarlas semilleros de guerrilleros.
Contra las normales
La novela Las armas del alba, de Carlos Montemayor, cuenta la historia del asalto al cuartel Madera, en Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, por ?el Grupo Popular Guerrillero (PPG), quienes atacaron la guarnición militar creyendo que sólo había unos 30 soldados pero esa madrugada había más de cien. De los 13 integrantes del GPG murieron 8 en ?el ataque. Los sobrevivientes iniciaron una etapa de vida clandestina dando origen a la Liga 23 de Septiembre.
Quienes realizaron este ataque, que marcó el surgimiento de las guerrillas en la historia reciente de México, eran maestros o estudiantes de las normales rurales de San Marcos, Zacatecas, y Salaices, Chihuahua.
Desde el asalto al cuartel, el gobierno federal se obsesionó por cerrar las normales rurales. Era el tiempo del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de 1964 a 1970, los años de la llamada amenaza comunista, del estigma a las normales rurales como germen de grupos guerrilleros cuyo obejtivo era derrocar al Estado.
Aspecto de uno de los murales de la normal rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde se aprecia la imagen de Lucio Cabañas y los retratos de los 43 normalistas, desaparecidos en Iguala en 2014. Foto: Jessica Torres Barrera
En la imagen, un mural recientemente pintado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para conmemorar el surgmiento de la institución. Fotografía: Franyeli García.
Romper la organización
En Guerrero, en 1974, el Partido de los Pobres, creado precisamente por un egresado de Ayotzinapa, Lucio Cabañas Barrientos, secuestró a Rubén Figueroa Figueroa, cuando andaba en campaña política para gobernador en este estado.
Rubén Figueroa ganó la gobernatura y ese triunfo significó para los jóvenes guerrerenses de izquierda persecución, desaparición y muerte.
De acuerdo con los relatos de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa durante los setentas, el gobierno implementó varias estrategias para desactivar los movimientos que estaban formándose al interior: el traslado de los estudiantes a otras normales, la infiltración y la ruptura a partir del ingreso de mujeres.
De esas estrategias da cuenta este especial que presentamos hoy en Amapola Periodismo.
“Creo que el gobierno federal y las autoridades educativas tomaron esta medida de cambiar a los estudiantes de Normal porque seguramente había estudiantes con actitudes críticas a las diferentes manifestaciones del autoritarismo gubernamental. Yo creo que veían al normalismo rural como un problema subversivo”, comparte Jorge Alberto Cabañas Cienfuegos, quien concluyó sus estudios en 1971.
De la generación 1979-1983 Roberto Gante Palacios, quien estudió entre 1979 y 1983, coincide en que el método de cambiar a los estudiantes de Normal continúa vigente hasta estos años de avanzada la década de los setentas.
“Esa fue una estrategia muy común en esa década: a los estudiantes que encabezaban algún movimiento o tenían mayor formación política los mandaban a otras normales, entre más lejos mejor. Los dispersaban y así el gobierno y la autoridad educativa terminaban los movimientos o cualquier intento de organización”, recuerda Gante Palacios.
Amenaza y acoso
Víctor Maldonado Gómez también estudió en la generación de 1979 a 1983. Después se convirtió en un escultor y pintor afamado. Cambió las aulas por las galerías.
Maldonado recuerda un episodio que habría ocurrido en 1980, a causa de un movimiento que empezaba a organizar el Comité Estudiantil. El Ejército y la policía judicial irrumpieron en la Normal, sacaron a todos los estudiantes de sus dormitorios y los concentraron en la explanada central para atemorizarlos, y los mantuvieron en el piso semidesnudos. Días después, Figueroa citó a los estudiantes en Chilpancingo. En ese encuentro el gobernador los amenazó con retirarles el subsidio.
“¡Si ustedes siguen con esas pendejadas les levanto la canasta y van a tener motivos para organizarse como lo están haciendo ahorita!”, recuerda Maldonado que les grito el mandatario.
Gante Palacios recuerda que esa irrupción se dio porque los estudiantes se estaban organizando para crear el Comité Estudiantil, porque durante 1979, no hubo representación porque un año antes, en 1978, los integrantes del Comité Estudiantil fueron trasladados a otras normales, después de un intento de huelga fallida.
Vigilancia y espionaje
Rogelio Meza Aguilera, otro egresado de la misma generación, compartió que la Normal tenía vigilancia permanente de Gobernación estatal y nacional, y no descartó informantes de la misma Normal.
Él cree eso porque en una ocasión tuvieron una reunión estudiantes y los padres de familia que convocó el Comité Estudiantil. Dice que cuando terminó la reunión, ya estaba llamándoles el gobernador Rubén Figueroa y ya sabía qué trataron y lo que querían exigir.
De ese día, ellos creen que una mamá de uno de los normalistas fue la informante del mandatario.
En 1972, el gobierno abre en Ayotzinapa un programa piloto para que ingresaran mujeres a Ayotzinapa, que cierra al año siguiente. En perspectiva, Santa Cabañas, una de las mujeres que ingresaron, considera que “lo que buscaba el gobierno con ese programa piloto era generar un conflicto interno en Ayotzinapa y tener pretexto para cerrar la Normal”.
Y esto lo cree porque la vida interna estudiantil en Ayotzinapa se tornó difícil cuando el gobierno decidió dar entrada a las mujeres. Se dividió la población estudiantil; unos estuvieron de acuerdo y otros discriminaron a las normalistas mujeres.
Jorge Alberto y Santa Cabañas son hermanos. Ingresaron a Ayotzinapa como externos, por ser hijos de un trabajador de la Normal. En su testimonio, la profesora Santa Cabañas comparte que por esa relación de su padre con la institución conoció al maestro Raúl Isidro Burgos.
“Era un señor muy amable e inteligente. Iba a veces con mi papá a la casa”. También conoció a Cabañas Barrientos. Su padre solía invitar a maestros y a estudiantes a ir a comer a su casa, pues vivía en Tixtla. Uno de esos estudiantes invitados a veces era el normalista rural que vio en la lucha armada la única posibilidad para cambiar las condiciones de vida de los campesinos.
En 1972, el Estado desapareció al normalista Rafael Castro, compañero de generación de la profesora Santa Cabañas.
“Le decíamos (a Rafael Castro) El Cubano, aunque era originario de Atoyac. Yo pienso que habría tenido unos 17 años cuando lo desaparecieron. Era un muchacho muy alegre y muy participativo. Era uno de los cuadros activistas de la Normal, andaba siempre en actividades de ese tipo”, recuerda.
Rafael Castro continúa desaparecido. Las siguientes generaciones de Ayotzinapa lo consideran una víctima del embate del Estado contra el normalismo rural.
Este relato se suma al que hace un año publicó Amapola. Periodismo transgresor: una serie de entrevistas a egresados de 17 generaciones que abarcaron 59 años de vida académica, estudiantil y de activismo político. A partir de esos testimonios se pudo ver un hilo conductor: la infiltración como una estrategia de Estado para dividir al movimiento social y desaparecer las normales, una de las pocas opciones de estudios superiores para jóvenes pobres.
Texto: Marlén Castro, Margena de la O, Jacob Morales y Vania Pigeonutt
Fotografía: Amapola Periodismo
Chilpancingo
La población estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, de donde son los 43 estudiantes desaparecidos hace cinco años, ha vivido cercada por la vigilancia policiaca y la infiltración, casi de manera inmediata a su creación en 1929.
¿Vivir infiltrado de quién? Puede ser el Ejército, el Cisen, los partidos políticos, la Secretaría de Educación, según afirman egresados normalistas que estudiaron pensando que convivían con el enemigo. En los últimos ocho años han vivido cercados también por el crimen organizado, indican sus narraciones.
Amapola Periodismo entrevistó a egresados de 17 generaciones, que abarcan 59 años de vida académica, estudiantil y de activismo político. Revelan un hilo conductor: la infiltración como una estrategia de Estado para dividir al movimiento social y desaparecer la institución que sobrevive junto a otras 15 normales rurales, y es de las pocas opciones de educación gratuita en México.
La recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en noviembre del 2018, estableció como motivo de la posible agresión a los normalistas, la infiltración de un grupo del crimen organizado entre los estudiantes. Amapola Periodismo jaló de este hilo: la infiltración, y encontró evidencias de que ésta también sería una modalidad empleada por el Estado.
Dividimos los testimonios en tres grupos: los tres iniciales o históricos a partir de los años 50, los que ocurrieron posterior a la guerrilla de los 70’s, que fueron las décadas de los 80, 90’s, y los testimonios que parten después del año 2000.
Para los egresados históricos, la infiltración comenzó después del movimiento de masas de 1960, que logró derrocar al ex gobernador Raúl Caballero Aburto y la autonomía del Colegio de Guerrero, que se convertiría en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro); y, durante el inicio de los movimientos guerrilleros de finales de esa década.
Los tres personajes hablan de lo importante que fue el ex normalista de Ayotzinapa y ex guerrillero Lucio Cabañas para la formación política de los estudiantes y cómo se convierte, primero, en un líder estudiantil y después en un líder regional. Más adelante encabezará el Partido de los Pobres, que será un grupo subversivo.
Hacen énfasis en la conciencia social de Lucio y cómo encauzó a los normalistas a involucrarse a las luchas de la época, como el movimiento por la autonomía universitaria. Dejó instaurada la tradición de los círculos de estudio, que consisten en leer autores que hablan sobre socialismo y lucha de clases, como Marx.
César Núñez quien formó parte de la generación 1955-1960, desglosa que: “Ayotzinapa tiene un papel importante en la lucha política de Guerrero a partir de 1960. Los normalistas, encabezados por Lucio, quien en ese año era dirigente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), participaron en el movimiento anticaballerista que pedía la autonomía de la Universidad. Fue fundamental la participación de él y los muchachos”.
Dice que después de eso inició un proceso de cierre de las normales rurales en el país, que eran el principal refugio de la gente del campo, de los pobres. Él coincidió como compañero de Cabañas, pero no se enfiló en la lucha armada, Núñez más bien se formó como un cuadro político y dirigió en Guerrero el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Manifestantes señalan la participación de militares en el caso Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste
Para Núñez, el sello y orientación del normalismo rural, influenciado por su origen cardenista, fue hacia la clase popular. “El normalista rural tenía una identidad con el pueblo y daba todo lo que fuera por la educación. Teníamos una disciplina profunda en ese sentido”.
En este periodo gobernaron México Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Durante esos años en el país ocurrió un movimiento importante de obreros ferrocarriles por incremento salarial y la recuperación del sindicalismo.
También nació el Movimiento Revolucionario Magisterial (MRM), considerado ahora los inicios de la disidencia magisterial en el país, en la que el profesor guerrerense Othón Salazar tuvo la participación más importante.
Otro de nuestros entrevistados es Félix Bautista, de la generación 1956-1962. Él se graduó junto a Cabañas. En su opinión, tras la participación activa de Ayotzinapa, en el movimiento de 1960 que dejó como resultado 17 personas asesinadas, y tras la decisión de su compañero Lucio de tomar las armas, comenzó una época contrainsurgente e inició la infiltración en su normal.
En su periodo fue secretario general de la normal –el cargo más importante de un estudiante, dentro de la organización política de la escuela–, Julián Castillo Navarrete, un primo de Lucio. Él tomó su lugar cuando a Lucio lo nombraron secretario general de la FECSM, organismo que representaba a su escuela a nivel nacional.
«La formación política para nosotros, a cargo antes como ahora del Comité de Organización Política e Ideológica (COPI), era tan importante como la académica».
Se vivía un momento importante fuera de México. Iniciaba la revolución cubana y nos llegaba la información de lo que pasaba También de lo que sucedía en China y en los países de la Unión Soviética, todo lo que tenía que ver con su desarrollo económico, científico y cultural.”, comparte.
Ayotzinapa, dice Bautista ahora de 78 años de edad, siempre estuvo envuelta en la problemática política estatal y del país. “En aquellos tiempos la infiltración política o policiaca del Estado en Ayotzinapa no era como ahora que, se sabe, podrían inscribirse como estudiantes. El Estado tenía todo el control político con Caballero Aburto al frente, entonces no había necesidad de que los agentes policiacos o informantes entraran hasta la Normal”.
El papel de los agentes policiacos, sobre todo de la Policía Judicial, era el de informadores. Eran muy artesanales. Se vestían con guayaberas y mostraban su arma. Se les veía en las plazas públicas, en los mítines, en las marchas. Esa era su estrategia oficial de entonces. Nada de sofisticación. Los equipos de seguridad que acudían a los eventos públicos reportaban lo que ocurría: quién hablaba y qué estaban diciendo. Se usaba mucho.
La infiltración en Ayotzinapa se desarrolló en los años que surgió la insurgencia en Guerrero, que ha tenido diferentes periodos, primero con Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, y después con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Todo esto ocurrió a partir de 1960, enfatiza.
También de esa generación, Arturo Miranda opina que el gobierno siempre intentó infiltrar a Ayotzinapa. Existe el antecedente de 1941, cuando expulsaron a toda la dirigencia estudiantil y a algunos maestros acusados de agraviar a los símbolos patrios. La cárcel fue su castigo.
En el 2000 fue director de la Normal Rural Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos, otra de las escuelas del corte de Ayotzinapa que sobreviven hasta ahora, en ésta sólo estudian mujeres. Durante ese año se percató que cada vez que hubo un problema interno, agentes policiacos vigilaban la Normal.
«Sé lo que digo. Los agentes de inteligencia militar o de Gobernación me buscaron para que les informara de lo que sucedía. ‘A mí no me mandaron aquí para ser oreja, estoy por un nombramiento de director de la escuela, eso investíguenlo ustedes’”, les dijo.
«En el caso de Morelos, detectó a algunas muchachas usando celulares de manera muy discreta. “En esos años no cualquiera podía tener celular, una, por un asunto de dinero y otra, porque la señal era complicada”.
Otro momento en el que confirmó gran interés del gobierno en las normales rurales fue después del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, ocurrido en Chilpancingo, en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre del 2011.
Durante una protesta para exigir justicia por sus compañeros asesinados, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Socialistas de México realizaron pintas en la fachada de la Fiscalía General del Estado (FGE).
«El asesinato de estos normalistas es el primero que ocurre en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Este gobernador ni siquiera concluyó su mandato (2011-2015). Se ve obligado a retirarse en 2014, después de la noche de Iguala en que mataron a tres normalistas más y desaparecieron a otros 43”.
Para Miranda, Aguirre Rivero es uno de los personajes políticos actuales que promovió el cierre de Ayotzinapa. Lo hizo después del asesinato en la Autopista del Sol, con una campaña intensa de odio contra los normalistas. Desde esa fecha, marca un antes y un después para Ayotzinapa.
Los estudiantes de esta Normal que representa la escuela rural mexicana que fortaleció el presidente Lázaro Cárdenas, han vivido con la posibilidad de que el compañero de junto sea el caballo de Troya que busca socavar su organización. Todas las narraciones coinciden en que durante todos estos años han aprendido a lidiar con esa estrategia: para ninguno de ellos es un secreto que sus compañeros, pueda ser un traidor.
Desde los primeros años de su funcionamiento, los normalistas tuvieron que expulsar a compañeros sospechosos, y cerrarle las puertas a un dirigente de izquierda; realizar dobles actividades, protegerse entre miembros del Comité, todo, con la intención de confundir a sus enemigos.
En las generaciones recientes expulsaron a estudiantes con vínculos con el PRI ante la sospecha de pertenecer al crimen organizado. Esta es la vida del normalista de Ayotzinapa, que desde siempre ha sabido el trasfondo de su mal: la desaparición del normalismo rural.
José Ángel Román Espinoza de la generación 2003-2007, quien fue secretario general de 2005-2006, contó como robaron el cerebro de una computadora con toda la información sobre la estructura estudiantil, las carteras que había, las funciones de cada una, cómo se elegían a los integrantes, cómo se tomaban decisiones.
«Nos sentamos a analizar cómo sustrajeron el CPU y llegamos a la conclusión que fue una tarde en que la SEG nos llamó a una reunión a Chilpancingo. Al siguiente año que nosotros egresamos, en 2008, el gobierno abrió otras dos licenciaturas en la Normal, la Licenciatura en Educación Bilingüe y la Licenciatura en Educación Física, por su cuenta, sin que la base estudiantil pidiera que se abrieran”, detalla.
Otro egresado, ya de la generación de 2013, narra cómo su Comité decidió expulsar a tres estudiantes de cuarto año. “Nos dimos cuenta que tenían relaciones con Silvia Ojeda, coordinadora de asesores de la SEG, y con el secretario de ese entonces, José Luis González de la Vega, y también con Héctor Vicario, quien fue diputado por el PRI, y desde siempre cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer”.
Esos chavos que fueron expulsados se oponían a las acciones del Comité, retaban sus indicaciones, tomaban alcohol en las instalaciones y vendían drogas, inclusive, se sabía que andaban armados, por lo menos a uno se le vio portando una pistola nueve milímetros.
A cada egresado se le aplicó una encuesta de 10 preguntas, cuyas respuestas tejen estos testimonios que reflejan a los actores detrás de la vigilancia e infiltración a Ayotzinapa, casi todos asociados a las instituciones de manera directa o indirecta.
Queremos aclararle a nuestros lectores, que de las generaciones de la década de los setentas no conseguimos ningún testimonio, pero sí confirmamos que fue la época más dura a de vigilancia policiaca en la Normal, a través de otros egresados.
Muchos de nuestros entrevistados decidieron no declarar con su nombre, y esto no implica que haya un anonimato, sino confidencialidad: como equipo tenemos la certeza de que formaron parte de la estructura estudiantil de Ayotzinapa, y sus voces son importantes para explicar la infiltración; sin embargo, en un contexto de violencia compleja, prefieren no revelar su identidad.
Con sus narraciones, los egresados nos permiten ingresar a las entrañas de una normal que ha sido reprimida casi desde su creación. Abrir las puertas a su organización política, a comprender la némesis del conflicto en una línea del tiempo reveladora: casi en ningún año desde su creación han dejado de navegar a la par de la organización y la academia.
Imagen de archivo de una marcha y un mitin en Iguala, donde las madres, los padres y estudiantes reclamaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por no resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
Una generación entrevistada inició su educación, en pleno triunfo del presidente López Obrador. En un contexto estatal de crispación social. A tres años del gobierno del priista, Héctor Astudillo Flores, y ante el triunfo de la perredista Erika Alcaraz, identificada como gente del diputado Bernardo Ortega Jiménez, cuya familia es acusada de conformar el grupo local del crimen organizado más fuerte de los municipios: Zitlala, José Joaquín Herrera, Chilapa y Tixtla, de donde son varios normalistas.
Los 17 testimonios con los que construimos nuestra hipótesis, se pueden consultar ampliamente de manera unitaria en nuestro micrositio.
Marlén Castro, Vania Pigeonutt, Margena de la O, Jacob Morales
Traducción: Sergi Rodríguez
English Version
The student population of the Normal Rural Raúl Isidro Burgos, of Ayotzinapa, where 43 students disappeared five years ago, has been surrounded by police surveillance and infiltration, almost immediately after its creation in 1929.
To live as an infiltrated from whom? It could be the Army, the CISEN, the political parties, the Ministry of Education, according to the graduates who studied thinking they lived with the enemy. In the last eight years they have also been surrounded by organized crime, their narrations indicate.
Amapola Periodismo interviewed graduates of 17 generations, which are about 59 years of academic, student and political activism life. They reveal a common thread: infiltration as a state strategy to divide the social movement and disappear the institution that survives along with 15 other rural normal school, and is one of the few options for free education in Mexico.
The recommendation issued by the National Human Rights Commission (CNDH), in November 2018, established the infiltration of an organized crime group among students as a reason for the possible aggression against the students. Amapola Periodismo pulled from this thread: infiltration, and found out evidence that this would also be a modality employed by the State.
We divide the testimonies into three groups: the three initials or historical ones from the 50s, those that occurred after the 70’s guerrillas, which were the 80s, 90’s, and the testimonies that start after the year 2000.
For historical graduates, the infiltration began after the mass movement of 1960, which succeeded in overthrowing former governor Raúl Caballero Aburto and the autonomy of the Guerrero College, which would become the Autonomous University of Guerrero (UAGro); and, during the beginning of the guerrilla movements of the end of that decade.
The three characters talk about how important the former Ayotzinapa student and former guerrilla fighter Lucio Cabañas was for the political training of students and how he becomes, first, a student leader and then a regional leader. Later he will lead the Party of the Poor, which will be a subversive group.
They emphasize Lucio’s social conscience and how he directed the students to get involved in the struggles of that time, such as the movement for university autonomy. He established the tradition of study circles, which consist of reading authors who talk about socialism and class struggle, such as Marx.
César Núñez, who was part of the 1955-1960 generation, explains that: “Ayotzinapa has an important role in the political struggle of Guerrero since 1960. The students, headed by Lucio, who in that year was leader of the Peasants Student Federation Socialist of Mexico (FECSM), participated in the anticaballerista movement calling for the autonomy of the University. The participation of him and the boys was fundamental”.
He says that after that it began a process of closing the rural normal schools in the country, which were the main refuge of the rural people, of the poor. He coincided as a Cabañas classmate, but did not join the armed conflict, Núñez rather formed as a political cadre and led the National Regeneration Movement (Morena) in Guerrero, the current president’s party, Andrés Manuel López Obrador.
For Núñez, the seal and orientation of rural normal education, influenced by its cardenista origin, went to the popular class. “The rural normalist had an identity with the people and gave everything for education. We had a deep discipline in that sense”.
In this period, Adolfo Ruiz Cortines and Adolfo López Mateos governed in Mexico. During those years in the country there was an important movement of railroad workers for wage increase and the recovery of unionism.
The Revolutionary Magisterial Movement (MRM) was also born, now considered the beginnings of the magisterial dissent in the country, in which the Guerrero professor Othón Salazar had the most important participation.
Another of our interviewees is Félix Bautista, of the 1956-1962 generation. He graduated with Cabañas. In his opinion, after the active participation of Ayotzinapa, in the 1960 movement that left 17 people killed, and after the decision of his partner Lucio to take up arms, a counterinsurgency era began and the infiltration began in his normal.
In his period he was general secretary of the normal –the most important position of a student, within the political organization of the school- Julián Castillo Navarrete, a cousin of Lucio. He took his place when Lucio was named general secretary of the FECSM, an agency that represented his school nationwide.
“Political formation for us, in charge before as now of the Committee of Political and Ideological Organization (COPI), was as important as the academic formation.
There was an important moment outside of Mexico. The Cuban revolution began and we received the information of what was happening. Also of what was happening in China and in the countries of the Soviet Union, everything that had to do with its economic, scientific and cultural development”, he shares.
Ayotzinapa, says Bautista, now 78, was always involved in state and country policy issues. “In those days the political or police infiltration of the State in Ayotzinapa was not like now that, it is known, could register as students. The State had full political control with Caballero Aburto commanding, so there was no need for the police or informants to enter the Normal”.
The role of police officers, especially the Judicial Police, was that of informants. They were very handmade. They dressed in guayaberas and showed their weapon. They were seen in public squares, in rallies, in marches. That was his official strategy at the time. No sophistication Security teams attending public events reported what was happening: who spoke and what they were saying. It was used a lot.
The infiltration in Ayotzinapa developed in the years that the insurgency in Guerrero emerged, which has had different periods, first with Lucio Cabañas Barrientos and Genaro Vázquez Rojas, and then with the Popular Revolutionary Army (EPR) and the Revolutionary Army of the Insurgent People (ERPI). All this happened since 1960, he emphasizes.
Also from that generation, Arturo Miranda believes that the government always tried to infiltrate Ayotzinapa. There is a history of 1941, when they expelled the entire student leadership and some teachers accused of aggravating the national symbols. Jail was their punishment.
In 2000 he was director of the Normal Rural Emiliano Zapata form Amilcingo, Morelos, another one of the schools of the Ayotzinapa type that survives until now, in this one only women study. During that year he realized that every time there was an internal problem, police officers monitored the Normal.
“I know what I say. The military intelligence or government agents searched for me to inform them of what was happening. ‘They didn’t send me here to be an ear, I’m on a school principal appointment, you investigate that’”, he told them.
In the case of Morelos, he detected some girls using cell phones very discreetly. «In those years, not everyone could have a cell phone, one, for a matter of money and another, because the signal was complicated.»
Another moment in which he confirmed great interest of the government in the rural normal school was after the murder of the Ayotzinapa normalists, Gabriel Echeverría de Jesús and Jorge Alexis Herrera Pino, which occurred in Chilpancingo, on the Autopista del Sol, on December 12, 2011.
“The murder of these normalists is the first that occurs in the government of Ángel Aguirre Rivero. This governor did not even finish his term (2011-2015). He is forced to retire in 2014, after the night of Iguala when they killed three more normalists and disappeared another 43”.
For Miranda, Aguirre Rivero is one of the current political figures that promoted the closure of Ayotzinapa. He did it after the murder on the Autopista del Sol, with an intense campaign of hatred against the normalists. From that date, it marks a before and after for Ayotzinapa.
The students of this Normal that represents the Mexican rural school that strengthened President Lázaro Cárdenas, have lived with the possibility that the classmate is the Trojan horse that seeks to undermine his organization. All the stories agree that during all these years they have learned to deal with this strategy: for none of them it is a secret that one of their classmates can be a traitor.
From the first years of its operation, the normalists had to expel fellow suspects, and close the doors to a leftist leader; perform double activities, protect each other among members of the Committee, all this with the intention of confusing their enemies.
In recent generations they expelled students with ties to the PRI on suspicion of belonging to organized crime. This is the life of the Ayotzinapa normalist, who has always known the background of his evil: the disappearance of rural normalism.
José Ángel Román Espinoza of the 2003-2007 generation, who was general secretary of 2005-2006, told how they stole the brain of a computer with all the information about the student structure, the portfolios that were there, the functions of each one, how to they chose the members, how decisions were made.
“We sat down to analyze how the CPU was stolen and we concluded that it was an afternoon when the SEG called us to a meeting to Chilpancingo. The next year that we graduated, in 2008, the government opened two other degrees in the Normal, the Bachelor of Bilingual Education and the Bachelor of Physical Education, on its own, without the student base asking them to open them”, he details.
Another graduate, from the 2013 generation, tells how his Committee decided to expel three fourth-year students. “We realized that they had a relation with Silvia Ojeda, coordinator of advisors to the SEG, and with the secretary of that time, José Luis González de la Vega, and also with Héctor Vicario, who was deputy for the PRI, and always close to former governor Rubén Figueroa Alcocer”.
Those boys who were expelled were opposed to the actions of the Committee, challenged their indications, drank alcohol inside the school and sold drugs, it was even known that they were armed, at least one of them was seen carrying a nine millimeter pistol.
A survey of 10 questions was applied to each graduate, whose answers weave these testimonies that reflect the actors behind the surveillance and infiltration of Ayotzinapa, almost all directly or indirectly associated with the institutions.
We want to clarify to our readers, that from the generations of the seventies we did not get any testimony, but we did confirm that it was the hardest time for police surveillance in the Normal, through other graduates.
Many of our interviewees decided not to declare with their name, and this does not imply that there is anonymity, but confidentiality: as a team we are certain that they were part of the Ayotzinapa student structure, and their voices are important to explain the infiltration; however, in a context of complex violence, they prefer not to reveal their identity.
With their stories, graduates allow us to enter the bowels of a normal that has been repressed almost since its creation. Open the doors to their political organization, to understand the nemesis of the conflict in a revealing timeline: almost in no year since its creation they have stopped sailing alongside the organization and the academy.
An interviewed generation began their education, in full triumph of President López Obrador. In a state context of social tension. Three years after the PRI government, Héctor Astudillo Flores, and before the triumph of the PRD Erika Alcaraz, identified as friend of the deputy Bernardo Ortega Jiménez, whose family is accused of forming the strongest organized local crime group in the municipalities: Zitlala, José Joaquín Herrera, Chilapa and Tixtla, where several normalists are from.
The 17 testimonies with which we construct our hypothesis, can be consulted widely in a single way in our microsite.
La población estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, de donde son los 43 estudiantes desaparecidos hace cinco años, ha vivido cercada por la vigilancia policiaca y la infiltración, casi de manera inmediata a su creación en 1929.
¿Vivir infiltrado de quién? Puede ser el Ejército, el Cisen, los partidos políticos, la Secretaría de Educación, según afirman egresados normalistas que estudiaron pensando que convivían con el enemigo. En los últimos ocho años han vivido cercados también por el crimen organizado, indican sus narraciones.
Amapola Periodismo entrevistó a egresados de 17 generaciones, que abarcan 59 años de vida académica, estudiantil y de activismo político. Revelan un hilo conductor: la infiltración como una estrategia de Estado para dividir al movimiento social y desaparecer la institución que sobrevive junto a otras 15 normales rurales, y es de las pocas opciones de educación gratuita en México.
La recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en noviembre del 2018, estableció como motivo de la posible agresión a los normalistas, la infiltración de un grupo del crimen organizado entre los estudiantes. Amapola Periodismo jaló de este hilo: la infiltración, y encontró evidencias de que ésta también sería una modalidad empleada por el Estado.
Dividimos los testimonios en tres grupos: los tres iniciales o históricos a partir de los años 50, los que ocurrieron posterior a la guerrilla de los 70’s, que fueron las décadas de los 80, 90’s, y los testimonios que parten después del año 2000.
Para los egresados históricos, la infiltración comenzó después del movimiento de masas de 1960, que logró derrocar al ex gobernador Raúl Caballero Aburto y la autonomía del Colegio de Guerrero, que se convertiría en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro); y, durante el inicio de los movimientos guerrilleros de finales de esa década.
Los tres personajes hablan de lo importante que fue el ex normalista de Ayotzinapa y ex guerrillero Lucio Cabañas para la formación política de los estudiantes y cómo se convierte, primero, en un líder estudiantil y después en un líder regional. Más adelante encabezará el Partido de los Pobres, que será un grupo subversivo.
Hacen énfasis en la conciencia social de Lucio y cómo encauzó a los normalistas a involucrarse a las luchas de la época, como el movimiento por la autonomía universitaria. Dejó instaurada la tradición de los círculos de estudio, que consisten en leer autores que hablan sobre socialismo y lucha de clases, como Marx.
César Núñez quien formó parte de la generación 1955-1960, desglosa que: “Ayotzinapa tiene un papel importante en la lucha política de Guerrero a partir de 1960. Los normalistas, encabezados por Lucio, quien en ese año era dirigente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), participaron en el movimiento anticaballerista que pedía la autonomía de la Universidad. Fue fundamental la participación de él y los muchachos”.
Dice que después de eso inició un proceso de cierre de las normales rurales en el país, que eran el principal refugio de la gente del campo, de los pobres. Él coincidió como compañero de Cabañas, pero no se enfiló en la lucha armada, Núñez más bien se formó como un cuadro político y dirigió en Guerrero el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Para Núñez, el sello y orientación del normalismo rural, influenciado por su origen cardenista, fue hacia la clase popular. “El normalista rural tenía una identidad con el pueblo y daba todo lo que fuera por la educación. Teníamos una disciplina profunda en ese sentido”.
En este periodo gobernaron México Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Durante esos años en el país ocurrió un movimiento importante de obreros ferrocarriles por incremento salarial y la recuperación del sindicalismo.
También nació el Movimiento Revolucionario Magisterial (MRM), considerado ahora los inicios de la disidencia magisterial en el país, en la que el profesor guerrerense Othón Salazar tuvo la participación más importante.
Otro de nuestros entrevistados es Félix Bautista, de la generación 1956-1962. Él se graduó junto a Cabañas. En su opinión, tras la participación activa de Ayotzinapa, en el movimiento de 1960 que dejó como resultado 17 personas asesinadas, y tras la decisión de su compañero Lucio de tomar las armas, comenzó una época contrainsurgente e inició la infiltración en su normal.
En su periodo fue secretario general de la normal –el cargo más importante de un estudiante, dentro de la organización política de la escuela–, Julián Castillo Navarrete, un primo de Lucio. Él tomó su lugar cuando a Lucio lo nombraron secretario general de la FECSM, organismo que representaba a su escuela a nivel nacional.
«La formación política para nosotros, a cargo antes como ahora del Comité de Organización Política e Ideológica (COPI), era tan importante como la académica».
Se vivía un momento importante fuera de México. Iniciaba la revolución cubana y nos llegaba la información de lo que pasaba También de lo que sucedía en China y en los países de la Unión Soviética, todo lo que tenía que ver con su desarrollo económico, científico y cultural.”, comparte.
Ayotzinapa, dice Bautista ahora de 78 años de edad, siempre estuvo envuelta en la problemática política estatal y del país. “En aquellos tiempos la infiltración política o policiaca del Estado en Ayotzinapa no era como ahora que, se sabe, podrían inscribirse como estudiantes. El Estado tenía todo el control político con Caballero Aburto al frente, entonces no había necesidad de que los agentes policiacos o informantes entraran hasta la Normal”.
El papel de los agentes policiacos, sobre todo de la Policía Judicial, era el de informadores. Eran muy artesanales. Se vestían con guayaberas y mostraban su arma. Se les veía en las plazas públicas, en los mítines, en las marchas. Esa era su estrategia oficial de entonces. Nada de sofisticación. Los equipos de seguridad que acudían a los eventos públicos reportaban lo que ocurría: quién hablaba y qué estaban diciendo. Se usaba mucho.
La infiltración en Ayotzinapa se desarrolló en los años que surgió la insurgencia en Guerrero, que ha tenido diferentes periodos, primero con Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, y después con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Todo esto ocurrió a partir de 1960, enfatiza.
También de esa generación, Arturo Miranda opina que el gobierno siempre intentó infiltrar a Ayotzinapa. Existe el antecedente de 1941, cuando expulsaron a toda la dirigencia estudiantil y a algunos maestros acusados de agraviar a los símbolos patrios. La cárcel fue su castigo.
En el 2000 fue director de la Normal Rural Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos, otra de las escuelas del corte de Ayotzinapa que sobreviven hasta ahora, en ésta sólo estudian mujeres. Durante ese año se percató que cada vez que hubo un problema interno, agentes policiacos vigilaban la Normal.
«Sé lo que digo. Los agentes de inteligencia militar o de Gobernación me buscaron para que les informara de lo que sucedía. ‘A mí no me mandaron aquí para ser oreja, estoy por un nombramiento de director de la escuela, eso investíguenlo ustedes’”, les dijo.
«En el caso de Morelos, detectó a algunas muchachas usando celulares de manera muy discreta. “En esos años no cualquiera podía tener celular, una, por un asunto de dinero y otra, porque la señal era complicada”.
Otro momento en el que confirmó gran interés del gobierno en las normales rurales fue después del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, ocurrido en Chilpancingo, en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre del 2011.
«El asesinato de estos normalistas es el primero que ocurre en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Este gobernador ni siquiera concluyó su mandato (2011-2015). Se ve obligado a retirarse en 2014, después de la noche de Iguala en que mataron a tres normalistas más y desaparecieron a otros 43”.
Para Miranda, Aguirre Rivero es uno de los personajes políticos actuales que promovió el cierre de Ayotzinapa. Lo hizo después del asesinato en la Autopista del Sol, con una campaña intensa de odio contra los normalistas. Desde esa fecha, marca un antes y un después para Ayotzinapa.
Los estudiantes de esta Normal que representa la escuela rural mexicana que fortaleció el presidente Lázaro Cárdenas, han vivido con la posibilidad de que el compañero de junto sea el caballo de Troya que busca socavar su organización. Todas las narraciones coinciden en que durante todos estos años han aprendido a lidiar con esa estrategia: para ninguno de ellos es un secreto que sus compañeros, pueda ser un traidor.
Desde los primeros años de su funcionamiento, los normalistas tuvieron que expulsar a compañeros sospechosos, y cerrarle las puertas a un dirigente de izquierda; realizar dobles actividades, protegerse entre miembros del Comité, todo, con la intención de confundir a sus enemigos.
En las generaciones recientes expulsaron a estudiantes con vínculos con el PRI ante la sospecha de pertenecer al crimen organizado. Esta es la vida del normalista de Ayotzinapa, que desde siempre ha sabido el trasfondo de su mal: la desaparición del normalismo rural.
José Ángel Román Espinoza de la generación 2003-2007, quien fue secretario general de 2005-2006, contó como robaron el cerebro de una computadora con toda la información sobre la estructura estudiantil, las carteras que había, las funciones de cada una, cómo se elegían a los integrantes, cómo se tomaban decisiones.
«Nos sentamos a analizar cómo sustrajeron el CPU y llegamos a la conclusión que fue una tarde en que la SEG nos llamó a una reunión a Chilpancingo. Al siguiente año que nosotros egresamos, en 2008, el gobierno abrió otras dos licenciaturas en la Normal, la Licenciatura en Educación Bilingüe y la Licenciatura en Educación Física, por su cuenta, sin que la base estudiantil pidiera que se abrieran”, detalla.
Otro egresado, ya de la generación de 2013, narra cómo su Comité decidió expulsar a tres estudiantes de cuarto año. “Nos dimos cuenta que tenían relaciones con Silvia Ojeda, coordinadora de asesores de la SEG, y con el secretario de ese entonces, José Luis González de la Vega, y también con Héctor Vicario, quien fue diputado por el PRI, y desde siempre cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer”.
Esos chavos que fueron expulsados se oponían a las acciones del Comité, retaban sus indicaciones, tomaban alcohol en las instalaciones y vendían drogas, inclusive, se sabía que andaban armados, por lo menos a uno se le vio portando una pistola nueve milímetros.
A cada egresado se le aplicó una encuesta de 10 preguntas, cuyas respuestas tejen estos testimonios que reflejan a los actores detrás de la vigilancia e infiltración a Ayotzinapa, casi todos asociados a las instituciones de manera directa o indirecta.
Queremos aclararle a nuestros lectores, que de las generaciones de la década de los setentas no conseguimos ningún testimonio, pero sí confirmamos que fue la época más dura a de vigilancia policiaca en la Normal, a través de otros egresados.
Muchos de nuestros entrevistados decidieron no declarar con su nombre, y esto no implica que haya un anonimato, sino confidencialidad: como equipo tenemos la certeza de que formaron parte de la estructura estudiantil de Ayotzinapa, y sus voces son importantes para explicar la infiltración; sin embargo, en un contexto de violencia compleja, prefieren no revelar su identidad.
Con sus narraciones, los egresados nos permiten ingresar a las entrañas de una normal que ha sido reprimida casi desde su creación. Abrir las puertas a su organización política, a comprender la némesis del conflicto en una línea del tiempo reveladora: casi en ningún año desde su creación han dejado de navegar a la par de la organización y la academia.
Una generación entrevistada inició su educación, en pleno triunfo del presidente López Obrador. En un contexto estatal de crispación social. A tres años del gobierno del priista, Héctor Astudillo Flores, y ante el triunfo de la perredista Erika Alcaraz, identificada como gente del diputado Bernardo Ortega Jiménez, cuya familia es acusada de conformar el grupo local del crimen organizado más fuerte de los municipios: Zitlala, José Joaquín Herrera, Chilapa y Tixtla, de donde son varios normalistas.
Los 17 testimonios con los que construimos nuestra hipótesis, se pueden consultar ampliamente de manera unitaria en nuestro micrositio.
También solicitan investigar a funcionarios de entonces, como el senador electo Omar García Harfuch y el exgobernador Ángel Aguirre
Texto y foto: Jesús Guerrero
Martes 6 de agosto de 2024
Chilpancingo
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014 pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que su gobierno coadyuve con la Federación en la búsqueda de sus hijos y que se investigue a exfuncionarios, entre ellos, al senador electo Omar García Harfuch, virtual secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Claudia Sheinbaum que arranca el próximo 1 de octubre.
Las madres y los padres de los 43 se reunieron este martes 6 de agosto con la mandataria guerrerense en la residencia oficial Casa Guerrero, para entregarle un documento en el que le piden que se investigue también al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien a raíz de la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014, solicitó licencia para separarse del cargo, el 23 de octubre de ese año, casi un mes después de los hechos de Iguala.
Otro de los puntos del escrito entregado a Evelyn Salgado es que se detenga a ex policías estatales que están prófugos de la justicia.
Al inicio del encuentro, tres de los padres le reclamaron a la mandataria estatal el por qué no los había atendido anteriormente.
Durante la reunión, acompañaron a la gobernadora el subsecretario para Asuntos Sociales y Políticos, de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, y el subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alejandro Moreno Lira.
De acuerdo con la versión de uno de los padres de los 43, el documento contiene la demanda de que se investigue al Ejército y a Omar García Harfuch.
Los informes de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, reportan que Omar García Harfuch estuvo como principal mando en Guerrero de la desaparecida Policía Federal cuando ocurrieron los hechos en Iguala en 2014.
Durante el diálogo con Evelyn Salgado, varios de los padres expusieron que mandos del 27 Batallón del Ejército en Iguala fueron los responsables de la desaparición de los estudiantes.
En la reunión de más de dos horas en un amplio patio de la residencia oficial Casa Guerrero, varios padres le pidieron a la mandataria estatal que intervenga ante la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, para que una vez que asuma el gobierno no suelte el caso de los normalistas desaparecidos.
Evelyn Salgado les comunicó que el miércoles 7 de agosto tendrá una reunión con Claudia Sheinbaum y se comprometió a informarle de las demandas de los padres y madres y que sigan las investigaciones.
«La gobernadora (Evelyn Salgado) no habló nada sobre el Ejército y se comprometió a que su gobierno va a coadyuvar en las investigaciones», dijo uno de los padres que estuvieron en la reunión.
Agregó que cuando se tocó el tema de los exfuncionarios del gobierno estatal que no han sido investigados, como es el caso del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, Evelyn Salgado expuso que si alguien no está involucrado no tiene por qué temer que se le investigue o que comparezca ante una instancia.
Otro de los compromisos que la mandataria estatal estableció es que la Secretaría de Salud estará al pendiente de su salud.
Uno de los padres mencionó que desde hace tiempo el gobierno federal ya no les brinda atención médica, pese que ése fue un compromiso que hizo con ellos el gobierno federal.
«A una madre que tiene diabetes tienen que hacerle las diálisis, y a otro padre deben de hacerle una cirugía en las rodillas», refirió uno de los padres.
Después de la reunión, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra declaró que uno de los compromisos de la gobernadora es que su gobierno va a coadyuvar con la Federación en las búsquedas de los 43.
Otro de los temas que abordó en esa reunión fue el de los videos que se grabaron de las cámaras del edificio de la Ciudad Judicial en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), esos videos captan el momento en que civiles armados y policías municipales de Iguala y Huitzuco bajan de un autobús a un grupo de normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos.
La presidenta del Poder Judicial de ese entonces era la magistrada Lambertina Galeana Marín, quien actualmente está en retiro.
«En la próxima reunión que se tendrá con la gobernadora en septiembre próximo va estar el presidente del Poder Judicial (Raymundo Casarrubias Vázquez) y nos dará información sobre eso», comentó Vidulfo Rosales.
«Se hicieron varios planteamientos en materia de búsqueda, en donde el gobierno estatal pueda coadyuvar en materia de investigación y son acciones que se pueden hacer en los próximos días», consideró el abogado de los padres y madres de los 43.
Señaló que serán los padres y madres los que decidirán las protestas a realizar en las próximas semanas con motivo de los 10 años de la desaparición de sus hijos.
El abogado sintetizó que este primer acercamiento con la gobernadora Evelyn Salgado fue para tratar temas de manera general.
También se llevaron un vehículo de una empresa privada
Texto y foto: Jesús Guerrero Lunes 5 de agosto de 2024 Chilpancingo
Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, que exigen que la gobernadora Evelyn Salgado cumpla con la asignación de plazas y otras demandas, cerraron tres horas la Autopista del Sol y se llevaron seis camionetas de la Secretaría del Bienestar y un vehículo de una empresa privada.
Los normalistas llegaron a Chilpancingo en dos autobuses y se dividieron en dos grupos para llevar a cabo sus protestas en distintos puntos de la capital guerrerense.
Un grupo pintó con diversas consignas la fachada de las oficinas de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y lanzó petardos al interior del edificio oficial ubicado en la colonia Universal, al sur de Chilpancingo. Los explosivos de fabricación casera solo provocaron daños materiales.
Luego, los normalistas se unieron a sus compañeros en el bloqueo a la Autopista del Sol a la altura del kilómetro 272, punto conocido como El Parador del Marqués.
Durante la protesta, los normalistas no lanzaron ninguna consigna por la presentación de los 43 desaparecidos en Iguala hace casi 10 años en Iguala, se limitaron a detener seis camionetas de la Secretaría del Bienestar con todo y sus ocupantes.
Una de las camionetas traía paquetes de botellas de agua que los estudiantes repartieron entre los automovilistas varados.
Los llamados Servidores de la Nación que se dirigían a Acapulco en las camionetas retenidas, se regresaron a las instalaciones del Instituto Nacional del Deporte y la Juventud (Indej), donde tienen su campamento que se instaló el año pasado para damnificados del huracán Otis, que azotó Acapulco en octubre de 2023.
El bloqueo a la autopista fue intervalos. Cerraban el paso 20 minutos y luego abrían la circulación durante 5 minutos.
«La gobernadora (Evelyn Salgado) no quiere dar respuesta a nuestro pliego petitorio», acusó uno de los normalistas, a la pregunta de cuál era el motivo de la protesta.
Durante la protesta, personal de la Dirección de Gobernación del estado y el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, dialogaron con los normalistas.
Quienes encabezaron el contingente acudieron a la sede del gobierno estatal para dialogar con funcionarios de la SEG.
«Creo que la reunión es con el secretario (Marcial Rodríguez Saldaña)», dijo un estudiante que aseguró que en la protesta participó toda la plantilla estudiantil. «Aquí están de primero, segundo, tercero y cuarto grado», aseguró.
Pese a que el bloqueo era intermitente, se formaron largas filas de vehículos en ambos sentidos.
«Oiga, ¿va tardar mucho el bloqueo?, preguntó una joven de piel blanca y ojos azules que iba en un automóvil rumbo a Acapulco.
«Pues estamos dando paso cada 20 minutos», le contestó el normalista encapuchado a la mujer a quien le regaló un bote de agua.
A las 12 con 43 minutos, los estudiantes subieron a los dos autobuses dando por concluida su protesta en la autopista.
Los normalistas fueron los que condujeron hacia las instalaciones de la Normal las seis camionetas del Bienestar y el vehículo de la empresa Barcel.
El próximo 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala; y la gobernadora Evelyn Salgado cumple tres años en el cargo el próximo 15 de octubre, y este martes se reunirá en la residencia oficial de Casa Guerrero con los padres y madres de los 43, en lo que será la primera que los recibirá la mandataria morenista desde que asumió el gobierno estatal el 15 de octubre de 2021.
Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida con la normal de Ayotzinapa, cerraron este lunes 5 de agosto la Autopista del Sol y lanzaron petardos a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y a la de Educación Guerrero ( SEG) en Chilpancingo, para exigir que el gobierno del estado que encabeza la morenista Evelyn Salgado Pineda les resuelva sus demandas de carácter educativo.
«No nos han resuelto nuestro pliego petitorio», fue todo lo que dijo un normalista acerca del bloqueo.
Un grupo de los estudiantes, que llegaron a Chilpancingo en dos autobuses alrededor de las diez de la mañana, se trasladó a las oficinas de la Subsecretaría de Finanzas de la SEG, ubicadas en la colonia Universal y, encapuchados, pintarrajearon la fachada de las oficinas y después lanzaron petardos al interior del inmueble, que estaba vacío.
Después, este grupo se trasladó al kilómetro 272 de la Autopista del Sol, donde sus compañeros ya tenían cerrada la vía.
En este punto, los normalistas tienen retenidas seis camionetas de la Secretaría del Bienestar y otros dos vehículos de una empresa particular.
El bloqueo es intermitente. Cierran los cuatro carriles de la vía de cuota por un lapso de 20 minutos, y dejan paso libre a los automovilistas cinco minutos.
De acuerdo con uno de los estudiantes, una comisión se trasladó a las oficinas de gobierno para una reunión con funcionarios de la SEG.
Hasta al mediodía de este lunes 5, los normalistas seguían con su protesta en la autopista.
Se presume que los jóvenes piden que el gobierno les asigne plazas.
Ls protesta de los normalistas se registra a casi un mes de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 en Iguala.
La defensa de los militares acusados de ser al menos cómplices en el caso Ayotzinapa ya advirtió que le interrogarán «hasta el cansancio»
Texto: Lydiette Carrion
Foto: Redes
31 de julio de 2024
Alejandro Encinas, exsubsecretarío de Derechos Humanos de Gobernación, denunció que el pasado 25 de julio fue llamado a comparecer como testigo por la defensa de los militares acusados por la desaparición forzada de 43 normalistas en septiembre de 2014.
Así lo escribió el extitular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, que investigó el caso Ayotzinapa a través de la Comisión de la Verdad y la Justicia (Covaj), en una columna en el diario El Universal.
“Esta audiencia forma parte de la errática estrategia de la defensa que ha pretendido litigar a través de los medios de comunicación este proceso, alentando una campaña de amenazas y acoso judicial, que a final de cuentas no se concretó dada la ausencia de los abogados que amenazaron con ‘interrogarme hasta el cansancio’”.
En el relato de Encinas, destaca que uno de los abogados de los militares indiciados –y ahora demandantes–, el Mayor de Justicia Militar Jorge Alfredo Rico Pérez, declaró haber iniciado una demanda en contra de Encinas en la Fiscalía General de la República. Esto cuando Encinas Rodríguez aún estaba en funciones como Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
La comparecencia, según el escrito de Encinas, fue ante la juez [Raquel] Duarte Cedillo. Esta sería la juez segunda de distrito en materia penal con sede en Toluca. La misma otorgó la libertad condicional al general brigadier José Rodríguez Pérez el pasado 6 de julio.
Rodríguez Pérez era comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala durante los hechos de la llamada noche de Iguala. Según la investigación de la Covaj, él estuvo al tanto de todo lo que ocurrió aquella noche, y además sería responsable de la ejecución extrajudicial de cuatro normalistas.
Cabe recordar que Encinas Rodríguez dejó el cargo de subsecretario de Derechos Humanos en octubre de 2023. En aquel momento se adujo que era para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum (hoy, virtual presidenta electa). Pero su salida del cargo se dio en medio de crisis y acusaciones a raíz de que la Covaj publicó diversos informes en los que se concluía que diversos elementos del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, tuvieron conocimiento en tiempo real de las agresiones que sufrieron los estudiantes e incluso habrían colaborado.
Fue la Covaj bajo la dirección de Encinas, la que informó de fojas faltantes en los expedientes del Ejército.
También, esta salida de Encinas se dio tras la separación del cargo del fiscal encargado del caso, Omar Gomez Trejo. López Obrador le «acusó» en una mañanera de haber omitido diversos procedimientos requeridos, lo que propicióla libertad de varios probables responsables. Además le acusó de no tener listas las órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos de alto nivel, como Tomás Zerón. Por su parte, Gómez Trejo acusó a su vez de presiones tanto por parte de AMLO, como de la propia Covaj, señalando en específico a Encinas y su equipo cercano.
A partir de esa fecha, el distanciamiento entre las tres instancias –Presidencia, la Covaj, la FGR– fue cada vez más pronunciado.
La defensa de los militares
La defensa de los militares procesados es litigada en lo «profundo» por abogados militares. Pero la encabeza un “civil”: Alejandro Robledo Carretero. Este anunció públicamente que demandaría a Alejando Encinas, debido a la investigación que su Comisión por la Verdad realizó.
Alejandro Robledo fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando de Alfonso Durazo, entre agosto de 2019 hasta junio de 2020. Luego dejó el servicio público y se sumó al litigio privado. Fue entonces que se sumó a la defensa legal de un grupo de cercanos a Julio Scherer Ibarra. Todos ellos, acusados de tráfico de influencias, según lo reportó Aristegui Noticias en su momento.
Públicamente, la defensa se ha centrado en que el informe presentado por Encinas tendría al menos 467 “pruebas falsas”.
Por primera vez, las familias de los 43 normalistas desaparecidos vieron a Claudia Sheinbaum de quien, dijeron, esperan que tenga “más empatía y credibilidad” que AMLO.
Texto: Manu sureste/ Animal Político
Foto: Redes
31 de julio de 2024
La visita de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa este lunes a Palacio Nacional generó una fuerte expectación. No por la reunión habitual con el presidente López Obrador, del que los padres han asegurado ya en reiteradas ocasiones que “no esperan nada más” debido a su inamovible postura de que el Ejército mexicano no tuvo nada que ver en la desaparición de los estudiantes, sino por el posterior encuentro con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con quien se vieron por primera vez para plantearle el caso, y de quien dijeron que esperan que tenga “más empatía y credibilidad” que su antecesor.
La reunión con López Obrador estaba prevista para las 11 de la mañana, pero los padres de los normalistas, que llegaron en dos grupos separados, arribaron a eso de las 11:40 al inmueble histórico por la calle de la Moneda.
Antes de acceder al recinto, el abogado Vidulfo Rosales ejemplificó con pocas palabras el ánimo de las familias cuando, a pregunta de los medios sobre cuáles eran las expectativas que tenían del encuentro, respondió con desgana diciendo que “la posición del presidente ya está muy clara”, en referencia al rechazo del mandatario de que el Ejército mexicano tuviera un papel preponderante en la desaparición forzada de los estudiantes, uno de los puntos clave que los familiares exigen que se investigue a fondo.
“¿No es entonces una reunión de trámite? ¿Vale la pena esta reunión (con el presidente López Obrador)?”, se le preguntó al abogado de las familias, a lo que éste respondió encogiendo los hombros y explicando que ya era “una reunión pactada” con anterioridad y que tampoco podían dejar plantado al presidente, “pues tampoco sería correcto”, aun y cuando las posturas entre padres y mandatarios lleven ‘enquistadas’ más de un año.
En concreto, desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló antes de su salida del país el verano pasado que existían documentos de inteligencia militar que el Ejército se negaba a entregar, y que podrían contener información clave sobre conversaciones, transcripciones y llamadas. Una documentación que los padres llevan exigiendo desde entonces, y que el Ejército no ha entregado alegando que, o son documentos clasificados, o son irrelevantes para el caso, o están fechados antes de los hechos de Iguala en septiembre de 2014.
“Si no hay pruebas, no las puedo inventar”, había dicho López Obrador apenas el viernes pasado en su habitual conferencia mañanera, donde insistió en que ya se ha entregado toda la documentación del caso, y en la que, además, negó algunas de las revelaciones que documentaron los expertos del GIEI, como que un soldado con formación en espionaje estaba infiltrado en la normal rural de Ayotzinapa antes de los hechos de Iguala. Simplemente, se trataba de un militar que quería estudiar en esa escuela para ser maestro, aseguró el mandatario, cuyo gobierno hizo público un día antes un informe del caso que envió a los familiares, el cual causó una gran molestia entre ellos, pues también contenía descalificaciones y acusaciones de todo tipo en contra de sus abogados, activistas y las organizaciones civiles que los llevan acompañando casi una década.
Sin embargo, la tarde de ese mismo viernes, los padres y madres expusieron públicamente un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el que queda corroborado que el supuesto estudiante sí era un soldado con adiestramiento en inteligencia militar.
“Nos preocupa que el Ejército le mienta a usted, le mienta al pueblo de México y nos mienta a nosotros”, señaló una de las mamás de los normalistas durante una marcha el pasado viernes 26 de julio, en la que también hizo lectura de una especie de ‘contrainforme’ que responde a los planteamientos de López Obrador exculpando al Ejército, el cual le fue entregado de manera personal la tarde de este lunes durante el encuentro en Palacio.
En ese documento, los familiares insisten en que la participación del Ejército la noche del 26 de septiembre de 2014 “es una verdad irrefutable”, pues existen testimonios y declaraciones que avalan que ese día los militares estaban en las calles y participaron en la desaparición de los normalistas.
Reunión de familias de Ayotzinapa con AMLO en Palacio Nacional
La reunión terminó pasadas las dos de la tarde. Como en otras ocasiones, fue un encuentro incómodo, ríspido, con reclamos de los padres por los 10 años sin respuestas, seis de ellos bajo el gobierno de López Obrador. A la salida, a eso de las dos de la tarde, los rostros de los familiares de los normalistas seguían igual de cansados y desanimados que a la entrada.
“Fue más de lo mismo”, repitieron varios de ellos de manera escueta ante la pregunta de los periodistas que, corriendo por la calle de la Moneda, salieron a su encuentro.
Otra de las mamás, que caminaba junto al resto de los familiares de los 43 por las laberínticas calles del centro histórico para dirigirse desde el Palacio Nacional hacia el Museo de la Ciudad de México, donde las recibiría Claudia Sheinbaum, fue algo más explícita.
“El gobierno y el presidente López Obrador siguen protegiendo al Ejército y eso es algo que nos indigna porque no se está investigando a las fuerzas armadas, y porque siguen sin entregar toda la documentación del caso”, planteó.
“El presidente se ha burlado de nosotros todo este tiempo, porque él firmó un decreto en el que se comprometía a resolver el caso Ayotzinapa, y hasta hoy no sabemos la verdad, ni tampoco hay justicia. Está dejando el caso en la impunidad”, acusó muy enojada otras de las madres de los normalistas, que portaba un letrero con la imagen de su hijo desaparecido.
“El acuerdo con Sheinbaum es el mismo: seguir adelante”
A la llegada al Museo de la Ciudad de México, decenas de medios de comunicación se agolpaban sobre unas vallas metálicas que el personal del museo puso para facilitar el acceso de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y de los padres y madres de los normalistas que arribaron al grito de ‘porque vivos se los llevaron, vivos los queremos’.
El encuentro duró un par de horas aproximadamente, y según comentaron algunas de las personas que asistieron se desarrolló en un tono “amable y cordial” por parte de la futura mandataria, que escuchó las demandas y los emplazó a mantener futuros encuentros, ya como presidenta formal del país.
Precisamente, la primera en abandonar el recinto fue Sheinbaum, quien al salir se dirigió a los medios para prometer que “no nos vamos a olvidar del caso Ayotzinapa”.
“Vamos a encontrar un método de trabajo para encontrar lo que ellos están demandando, que es la verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes”, dijo Sheinbaum, quien al ser cuestionada cómo palpó el ánimo de los padres y madres de los normalistas se limitó a responder: “Son víctimas con mucho dolor, por eso hay que encontrar la manera de hallar la verdad”.
“En algunas cosas no estaremos de acuerdo, pero lo importante es que caminemos juntos para entrar la verdad”, agregó la futura presidenta, antes de enfilar el camino hacia el vehículo que la esperaba, mientras detrás de las vallas metálicas algunos simpatizantes se acercaron para lanzarle vivas, a la par que otras personas gritaban ‘fue el Estado’ y ‘¡justicia!’, y otras desplegaron una manta que rezaba: ‘Con desaparecidos no hay transformación’.
Pocos minutos después, cuando comenzaba a caer una ligera llovizna que no tardó en desembocar en el ya habitual ‘aguacero’ vespertino de la capital mexicana, el abogado Vidulfo Rosales se colocó ante la marabunta de reporteros y camarógrafos, y explicó que fue una reunión en la que Sheinbaum mostró su disposición para “el diálogo”, e informó que una vez que ella tome el cargo de manera formal en octubre próximo buscarán un mecanismo para darle seguimiento al caso.
“Necesitamos que se comprometa con el caso Ayotzinapa y que haya un diálogo fluido”, pidió Rosales ante los medios.
Por su parte, Felipe de la Cruz, familiar de uno de los estudiantes desaparecidos, volvió a criticar al presidente todavía en funciones, López Obrador, por su inamovible postura sobre el Ejército en este caso, y se mostró algo más optimista de cara al próximo sexenio de Claudia Sheinbaum, a quien también le exigirán más resultados.
“Con la doctora el acuerdo es el mismo: seguir adelante”, dijo el señor De la Cruz.