El cadáver de un hombre asesinado a balazos fue hallado la tarde de ayer martes en un predio ubicado a orilla de la carretera Chichihualco-Chilpancingo.
Según los reportes policiacos, la víctima vestía ropa color negro y calzaba huaraches; quedó recargado en la pared de un chiquero de puercos. A corta distancia estaba tirada en el suelo un arma larga de AK-47.
Las autoridades informaron que tendría unos 30 años; su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.
El lugar donde lo hallaron está ubicado cerca de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, donde desde lunes pasado la ciudadanía no recobra la tranquilidad por los enfrentamientos a balazos que duraron toda esa madrugada.
En estos hechos, entre dos y cuatro personas murieron en el fuego cruzado, según algunos vecinos de la localidad, porque las autoridades no reportaron ningún detalle.
Del Ayuntamiento de Leonardo Bravo informaron que para garantizar la seguridad de la ciudadanía fue cancelada la cabalgata por el 237 Aniversario del natalicio del general Nicolás Bravo, que estaba programada para el próximo sábado 2 de septiembre.
«Apelamos su compresión, la prioridad en estos momentos es implementar medidas que garanticen un entorno más seguro para todos y recuperar el orden público», se lee en el comunicado de las autoridades.
Esta mañana, las principales calles de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, amanecieron vacías. Casquillos de balas en el suelo y algunas casas baleadas se observan en fotografías y videos difundidos por pobladores que vivieron una de las madrugadas más abrumadoras por una balacera que duró horas.
De acuerdo con pobladores de Chichihualco, a la media noche de ayer comenzó un enfrentamiento entre civiles armados que se prolongó hasta las seis de la mañana de hoy.
Los habitantes hablan de al menos dos personas muertas y algunas otras heridas, pero ninguna autoridad lo ha confirmado.
A las siete de la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó a través de su cuenta de Facebook que elmentos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) se trasladarían a la zona «para brindar atención ciudadana», sin ofrecer datos.
Una hora después del comunicado de la SSP algunos pobladores de Chichihualco compartieron en redes sociales que el enfrentamiento había terminado. Por el miedo, muchas personas optaron por no salir hoy.
Hasta pasadas las dos de la tarde, la SSP estatal emitió un comunicado oficial escueto donde sólo reportan de las acciones de seguridad que emprendieron, pero nada del origen de la balacera, quiénes la propiciaron y por qué. Nada de detalles.
Sólo informaron que rescataron a dos personas que fueron privadas de su vida libertad.
«(…) Las fuerzas de seguridad realizaron un despliegue que permitió el aseguramiento de 10 cargadores para fusiles de uso exclusivo del Ejército; un arma larga; 1,438 cartuchos de distintos calibres; así como seis cintas con eslabones con 487 cartuchos», es parte del comunicado.
El trasnporte público local suspendió servicios en la cabecera municipal; también la ruta de Chichihualco-Chilpancingo.
Quienes se atrevieron a ir contaron que en el tramo de Jalapa a Atlixtac, en las comunidades que quedan de camino, había unos 30 árboles recién arrancados, para impedir el paso a Chichihualco.
Los negocios locales y el mercado central permanecieron cerrados.
En las escuelas tampoco reiniciaron clases; el Ayuntamiento suspendió actividades.
El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, confirmó la suspensión de clases en el municipio.
Los estudiantes de 12 primarias, una telesecundaria, una secundaria, un telebachillerato y dos bachilleratos más; hay un plantel del Colegio de Bachilleres y una Preparatoria Popular afiliada a la Universidad Autónoma de Guerreo (Uagro), no acudieron a su primer día de clases.
En Chilpancingo, en el crucero a Chichihualco, la madrugada de hoy personas desconocidas incendiaron dos automóviles.
Agregó que se decomisaron cinco vehículos sin placas de circulación.
El lugar y zonas aledañas está resguardo por elementos de la Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional, reportó la secretaría.
Chichilhualco es la cabecera municipal de Leonardo Bravo, uno de los tres municipios que componen la Sierra de la zona Centro, esta región es insegura desde hace años, según las autoridades, por la presencia de grupos criminales.
En Chilpancingo también hubo conatos de violencia este lunes. A las 10 de la mañana, se reportó al número de emergencias 911, que intentaron incendiar una camioneta, en la colonia Sección Séptima, al poniente de Chilpancingo.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona y hallaron el vehículo con algunos rastros de quemaduras porque los vecinos lo apagaron a tiempo.
Los ataques aéreos con bombas con los que grupos criminales acechan al poblado de El Caracol, municipio Heliodoro Castillo, ya dejó una persona asesinada, denunció el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio.
«Nos informan que una persona ya perdió la vida debido a las esquirlas de una bomba», mencionó Velázquez Florencio.
El ataque ocurrió ayer, alrededor de las doce del día, cuando los drones cargados con bombas caseras «comenzaron a sobrevolar a mediodía la población y a lanzar estos artefactos y esto cesó más o menos a las ocho de la noche».
En conferencia de prensa esta mañana en Chilpancingo, el director del Centro Minerva Bello recordó que desde mayo esta población sufre de manea constante ataques de este tipo, es decir, aéreos a través de drones que lanzan bombas caseras.
El 12 de mayo del 2023 ocurió el primer ataque por lo que 600 personas salieron de El Caracol y se refugiaron en Tlacotepec.
Sin garantías de seguridad, el 19 de mayo, los pobladores regresaron porque no quisieron abandonar sus pertenencias, su cosecha y sus animales.
El anterior ataque fue el 14 de agosto, el cual duró un día y ayer hasta la mañana continúan, de acuerdo con el Centro Minerva Bello.
«Ya van tres episodios de este tipo, uno en mayo y dos en este mes de agosto y no vemos que halla un interés por solucionar el problema», dijo Velázquez Florencio.
En El Caracol no hay servicio telefónico ni de internet, por lo que la información, de acuerdo con Velázquez Florencio, aún es escasa.
El Caracol es un poblado que en 1998 fue reubicado porque fue construida la presa con el mismo nombre, entre los límites de los municipios de Heliodoro Castillo, en región Sierra y Apaxtla de Castrejón, zona Norte.
Desde el 2020, primero por la pandemia de Covid-19 y después por la violencia, a El Caracol ya no llegan maestros, médicos ni medicinas.
«Urgimos a las autoridades tener un plan de protección permanente para la población y que esa zona se pacifique y se atiendan los orígenes de la violencia».
De acuerdo con Velázquez Florencio en la zona hay presencia policiaca pero sólo resguardar los alrededores de la presa y no acuden a atender los reportes de los pobladores.
Dijo que tienen programada una caravana solidaria para llevar víveres y medicamentos para la población para el próximo martes 29 de agosto.
Jaquelín González Salgado, titular de la Agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero, fue privada de su libertad esta tarde por civiles armados que ingresaron al edificio de la Fiscalía Regional y desarmaron a los policías ministeriales.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del estado (FGE) los hechos ocurrieron alrededor de la una de la tarde. Hombres armados, presuntamente integrantes del grupo del crimen organizado la Familia Michoacana, ingresaron aclas instalaciones de la Fiscalía Regional, desarmaron a elementos de la Policía Ministerial y posteriormente se llevaron a González Salgado.
González Salgado, de aproximadamente 40 años, tenía 15 días como titular del MP en Coyuca de Catalán, antes estuvo como titular del MP en el distrito judicial de Los Bravos, en Chilpancingo.
Información extraoficial indica que a las instalaciones de la FGE de Coyuca de Catalán llegó un convoy de 10 camionetas con civiles armados, quienes con violencia y por la fuerza se llevaron a González Salgado.
Después de los hechos se inició un operativo de búsqueda por parte del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal en la región.
Se desconoce hasta el momento el paradero de González Salgado.
Hasta el momento la dependencia no ha emitido comunicado para ampliar la información, pero se supo que la titular de la MP ayer habría organizado una operación ministerial en Tlapehuala, uno de los nueve municipios de la Tierra Caliente, y que eso habría molestado a ciertos criminales.
Una emboscada contra un convoy del Ejército en la comunidad del Parazal, en la Sierra del municipio de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, dejó el saldo de un soldado muerto y varios heridos, confirmaron fuentes de seguridad.
Los hechos ocurrieron la tarde de ayer (domingo), durante un recorrido de reconocimiento que el convoy realizaba en las inmediaciones de Parazal, cuando fueron emboscados por un grupo de civiles armados.
El elemento del Ejército asesinado fue el cabo de infantería Reynaldo Cabo Martínez, miembro del 75 Batallón de Infantería, de acuerdo con una esquela que realizaron sus compañeros y que fue difundida en redes sociales.
Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el caso, aún es desconocido el número de heridos.
La presencia del Ejército en esta zona de Guerrero aumentó en los últimos ocho días, después del asesinato de Cresenciano Arreola Villa, conocido como Chano Arreola, y señalado por fuentes de seguridad de ser el líder del grupo criminal Los Arreolas, que opera en la zona Serrana de la Costa Grande y que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), mantienen rivalidad con la Familia Michoacana por las operaciones en el territorio.
Desde inicios del 2023, en esta zona serrana de Guerrero hay una crisis de violencia generada por los grupos criminales, sin que alguna autoridad estatal o federal los detenga.
El 28 de enero pasado, habitantes de la comunidad serrana de El Parotal, también municipio de Petatlán, desarmaron y retuvieron por casi 24 horas a 28 policías estatales después de que se enfrentaron a balazos con ellos.
La balacera dejó un saldo de cinco muertos, un comandante de la corporación y un policía, además de tres presuntos delincuentes que acompañaban a los agentes en ese momento.
Versiones de los lugareños indican que la confrontación empezó después de que un comandante de la operación protegió a los tres individuos que iban con ellos.
Estos tres hombres, de acuerdo a los pobladores, eran integrantes de la Familia Michoacana, pero murieron en el enfrentamiento.
En marzo, cerca del poblado de La Morena, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) cateó un inmueble, donde halló drogas y equipo táctico, armas y vehículos, al parecer propiedad de los hermanos Jhony y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de la Familia Michoacana en la Tierra Caliente.
Fotografía: Oficial / Secretaria de Seguridad Pública
Chilpancingo
Hombres armados asesinaron a balazos a dos personas cuando cargaban combustible a su camioneta esta mañana en una gasolinera en Chilapa.
A través de informes policiacos se supo que el ataque armado ocurrió a las once de la mañana en la gasolinera Jardines, ubicada en la avenida Eucaria Apreza, cerca del mercado central de esta ciudad en la región de la Montaña baja.
Los atacantes llegaron a la estación y primero dispararon contra un hombre que estaba afuera de la camioneta marca Nissan doble cabina. Esta víctima de unos 40 años quedó tirada entre las bombas despachadoras de la gasolinera.
La otra persona de entre 16 y 18 años fue asesinado a tiros y quedó en la cabina de la camioneta.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó a este lugar para realizar las diligencias de ley.
Los cadáveres de las dos víctimas fueron trasladados el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.
Dos taxistas y dos funcionarios del Ayuntamiento de Xochihuehuetlán murieron luego de ser atacados a balazos por un grupo armado cuando viajaban en distintos vehículos sobre la carretera federal Tlapa-Chilapa, la noche de este miércoles.
En la agresión armada ocurrida en esta vía federal en las inmediaciones del crucero hacia la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, dos personas resultaron heridas.
Los reportes oficiales dieron a conocer que hombres armados se instalaron en un cerro desde donde dispararon contra dos taxis, una camioneta Urvan de transporte público y un vehículo oficial del Ayuntamiento de Xochihuehuetlán que circulaban en esta vía.
En la emboscada murieron el chofer de la camioneta Urvan de transporte público, un taxista que iba en su unidad, así como Luigi Arath Pociano Juárez, director de Seguridad Pública y José Luis Báez Vázquez, director de Catastro del Ayuntamiento de Xochihuehuetlán quienes viajaban en un vehículo oficial.
Debido a este ataque armado donde murieron dos trabajadores del volante, a partir de este jueves fue suspendido el servicio de transporte de la ruta Tlapa-Chilapa.
Fotografía: Cromátida Agencia Fotográfica y Multimedia
Chilpancingo
En plena temporada vacacional, integrantes de grupos criminales causaron terror ayer miércoles en Acapulco al incendiar 12 vehículos, 11 en la zona poniente y otro casi en el centro de este destino turístico donde, según fuentes oficiales, hay una ocupación hotelera de un 75 por ciento.
Estos hechos de violencia ocurrieron a la par de que transportistas, a bordo de sus unidades, cerraron cuatro puntos en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en protesta por la detención de un individuo y un cateo, según ellos, ilegal en la colonia El Pedregoso.
Todo empezó a la una de la tarde cuando los choferes de taxis, camionetas Urvan y mototaxis que cubren diferentes rutas de colonias ubicadas al poniente de este puerto se instalaron en la vía, a la altura de las siquientes colonias San Isidro, Jardín Mangos, al arco de Pie de la Cuesta, en Cerrito de Oro y Ejido Viejo.
Alrededor de las tres de la tarde, cuando todavía seguía el bloqueo llegaron al lugar un grupo de hombres armados y empezaron a detener camiones de empresas mercantiles, autobuses de pasajeros y automóviles.
Los sujetos bajaron a los ocupantes de los vehículos, rociaron de gasolina a las unidades y luego les prendieron fuego.
Según los reportes, en esta zona fueron 11 vehículos incendiados, entre camiones repartidores de refresco, agua embotellada, un autobús de pasajeros, vehículos particulares y un camión de transporte público local, además de un tráiler.
En las redes sociales circuló que un autobús del estado de Morelos que transportaba a 16 niños de un equipo de futbol y sus padres fueron detenidos y bajados de la unidad que, posteriormente, fue incendiada por los delincuentes.
Los menores de edad participaban en un torneo internacional de futbol que se desarrolla en los campos deportivos de los hermanos Campos, ubicados en la zona poniente de Acapulco.
Poco después de las seis de la tarde, cuando todavía seguía el bloqueo de los transportistas en la vía federal, otro grupo armado llegó a la avenida Cuauhtémoc, esquina con la calle Artículo 27, e incendiaron un camión urbano; las llamas casi alcanzaban un edificio comercial.
La acción violenta de los delicuentes fue presenciada por las personas que pasaban por esta vía que está a una cuadra de la avenida Costera Miguel Alemán, zona que es una de las más vigiladas por el Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.
Durante los hechos de violencia ocurridos en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, los reporteros y fotorreporteros fueron amenazados por los hombres armados luego de correrlos del lugar y exigirles que no tomaran fotografías ni videos.
Autoridades del gobierno estatal informaron la noche de ayer que integrantes de grupos delictivos obligaron a los transportistas cerrar las vías.
Según el gobierno estatal, el gerente de una empresa denunció que choferes de las camionetas Urvan impidieron la salida de sus clientes y a quien logró salir del lugar le incendiaron su vehículo.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que aplicaron el «protocolo de disuación» a un grupo de manifestantes (transportistas) que impedían el libre tránsito en tres puntos de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
«Tras estas acciones, la Policía Estatal en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del estado y Policía Municipal tomaron el control de la carretera al poniente del puerto de Acapulco», se lee en el comunicado de la SPP.
Indica que se mantiene la presencia de las autoridades civiles y militares para garantizar el libre tránsito.
El ayuntamiento de Acapulco informó que personal de Protección Civil y Bomberos sofocaron los incendios y no hubo reportes de personas lesionadas.
En este 2023, los gobiernos federal y estatal han puesto en marcha al menos dos operaciones de seguridad en Acapulco, pero la violencia en las calles de este puerto no ha sido contenida.
Apenas en marzo pasado, la alcaldesa de este municipio, Abelina López Rodríguez, acompañada por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, puso en marcha un operativo llamado «Fuerza Acapulco» con 100 patrullas, 413 policías municipales equipadas con alta tecnología, 400 videocámaras y cuatro ambulancias.
Este despliegue, la edil lo presumió en la avenida Costera Miguel Alemán.
Marcelo Ebrard prometió que en 90 días (en junio) regresaría a Acapulco para junto a la alcaldesa hacer una evaluación del operacion policiaca.
Pero Ebrard Casaubón renunció al cargo en el gobierno federal y recorre el país para promoverse como aspirante a la candidatura presidencial por Morena en el 2024.
La primera edil Abelina López forma parte de los simpatizantes e impulsoras en Guerrero de la campaña de promoción del ex canciller.
Aun cuando en Acapulco hay un despliegue del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal este miércoles hombres armados incendiaron al menos cuatro camiones de transporte y de empresas refresqueras en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
Estos hechos de violencia ocurrieron después de las dos de la tarde en la vía federal, entre las colonias Jardín, Las Palmas y la playa de Pie de la Cuesta, en Acapulco.
Según los reportes policiacos, los vehículos incendiados son de las empresas Coca-Cola, Pepsi-Cola y un autobús de transporte público de la empresa Estrella de Oro así como un camión urbano del servicio local.
La incursión de los hombres armados que incendiaron los vehículos ocurrió durante el bloqueo que desde la una de la tarde de este miércoles realizan choferes de taxis colectivos, mototaxis y camionetas Urvan en la vía federal, en protesta por la detención de un hombre y el cateo en una vivienda en la colonia El Pedregoso, por parte de las fuerzas estatales y federales.
Los reporteros y fotorreporteros que daban cobertura al bloqueo de transportistas fueron amenazados por los hombres armados, después de que los correrieron del lugar y exigieron que no tomaran fotografías ni videos. En la zona hay una tensión.
Autoridades del gobierno estatal informaron que los bloqueos son de integrantes de grupos criminales y obligaron a los choferes de las combis, taxis y mototaxis a cerrar la vía federal.
Esta tarde corrió la versión de que ocurría un enfrentamiento armado entre agentes policiacos y delincuentes.
Un ataque armado en un taller de motocicletas, ubicado en la colonia Universal, al sur de Chilpancingo, dejó el saldo de dos personas heridas y una asesinada.
De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió cerca de las diez de la mañana. El taller comenzaba sus labores del día cuando ocurrió el ataque perpetrado por sujetos desconocidos que dispararon contra la fachada del local.
El ataque ocurrió sobre la calle Prosperidad esquina con Unión, de la colonia Universal, a un costado de un Centro de Salud y detras de una bodega de la Secretaría de Salud Guerrero.
Las tres personas heridas fueron el dueño del taller de nombre Juan «N» y uno de sus trabajadores, ambos fueron reportados como estables.
La tercera víctima fue identificada como Ángel»N», a quien reportan como grave debido a que fue herido de bala en la cabeza y otras partes del cuerpo.
Horas mas tarde se confirmó que Ángel «N» falleció en el hospital por la gravedad de sus heridas.
Los informes policiacos indican que Ángel»N» trabaja como repartidor de alimentos de varios negocios de la capital y esta mañana acudió al taller Moto Servicio Multimarcas Pipis a reparar su motocicleta, cuando sujetos armados llegaron y dispararon en diversas ocasiones contra el inmueble.
Después de una llamada de emergencia acudieron al lugar elementos de la Policía Estatal, de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes.
Los heridos fueron atendidos por paramedicos de Protección Civil y después trasladados a un hospital.
En la escena del ataque los policías hallaron alrededor de 20 casquillos percutidos de distintos calibres.
Las calles aledañas fueron cerradas para agilizar las diligencias realizadas por personal de Servicios Periciales de la FGE.
El transporte en Chilpancingo y sus alrededores no se normaliza en su totalidad desde el 8 de julio que comenzaron una serie de ataques donde los trabajadores del volante fueron víctimas de una serie de asesinatos.
La tarde del 8 de julio ocurrieron nueve ataques perpetrados por hombres armados en Tixtla y Chilpancingo, en contra de varias unidades del transporte público que dejaron un saldo de cuatro unidades incendiadas, y el asesinato de cinco taxistas.
Desde entonces el transporte público en Chilpancingo y municipios cercanos no se normaliza por completo.
Además de los nueve ataques del 8 de julio pasado hubo más acciones contra los transportistas durante el mes.
El 10 y 11 de julio pasado, durante una irrupción violenta de pobladores de la zona Centro y Montaña a Chilpancingo, la ciudad entró en pánico por todas las acciones violentas. Una de ellas fue el ataque a balazos a la base de urvans del sitio Chilpancingo-Tlacotepec.
Después de la irrupción de estos pobladores, el transporte del Circuito Río Azul por tres días no ingresó a Chilpancingo por temor a algún ataque; colocaron su base en la entrada sur de la capital para evitar llegar el centro.
El llamado Circuito Río Azul abarca los poblados de Mochitlán, Quechultenango y Colotlipa, lugar de origen de varios pobladores que irrumpieron en la capital y que de acuerdo con el gobierno federal fueron movilizados por el grupo criminal Los Ardillos para exigir la liberación de un líder transportista y su acompañante cercano a ellos.
El domingo pasado en Tixtla, dos urvans de la ruta Chilpancingo-Copalillo fueron incendiadas con sus conductores dentro.
Familiares de estos dos transportistas confirmaron que se trató de un hombre de nombre Salvador «N» y Gustavo «N», quienes eran trabajadores del transporte público.
Tixtla es otro municipio donde operan Los Ardillos.
Otro grupo de transportistas que canceló sus servicios estos últimos días fueron los de la ruta Chilpancingo-Tierra Colorada; ayer domingo suspendieron sus servicios a la población sin informar los motivos.
La base de este servicio de taxis se ubica en la calle 20 de Noviembre, en el barrio de Tequicorral, zona céntrica de Chilpancingo. Desde ayer luce abandonada.
El sitio de taxis sólo emitió un aviso por redes sociales donde informaron que suspenderán el servicio para mañana (martes).
Los servicios suspendidos son los de la ruta Tierra Colorada- Chilpancingo; Tierra Colorada-Acapulco y el servicio local.
En su base en Tierra Colorada sólo colocaron un comunicado donde se lee: «Sin servicio hasta nuevo aviso».
Esta tarde se confirmó el incendio de un taxi local de Tierra Colorada y la suspencion de todo el servicio público local.
De la misma manera, la base de Tlacotepec está cerrada y las urvan llegan a Zumpango, cabecera del municipio de Eduardo Neri, donde los usuarios deben de tomar otro transporte para llegar a Chilpancingo.
Servicios foráneos como los de Tixtla, Chilapa, Zumpango y Mártir de Cuilapan redujeron sus horarios, sin dar alguna explicación.
En tanto la Comisión Técnica de Transporte del Estado de Guerrero no aclara por qué la suspensión de servicios y la reducción de horarios.
Independientemente de quiénes sean los grupos criminales presentes en ciertas zonas de Guerrero, los acuerdos entre ellos y las autoridades municipales saltan a la vista.
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Cromática agencia fotográfica y multimedia
Chilpancingo
Los acuerdos que existen entre los grupos criminales y autoridades de Guerrero son evidentes desde el momento en que no existe una estrategia real para contenerlos o frenarlos, coinciden organizaciones de derechos humanos ante los últimos hechos violentos ocurridos en la entidad.
En las zonas más violentas de Guerrero hay indicios que sugieren vínculos entre el poder político y grupos delictivos, porque, casualmente, ninguna operación policiaca funciona.
Por ejemplo, casos como el de Tierra Caliente, donde ocho de nueve alcaldes de la región son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntamente participar en un bloqueo carretero para exigir la salida de la institución. Esto ocurrió en abril, después de una operación policiaca donde fueron decomisados 12 vehículos de lujo y de colección propiedad de los hermanos Jhony y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes locales de La Familia Michoacana.
Los ediles de los municipios de Tierra Caliente son señalados por los propios pobladores de tener relación con La Familia Michoacana, organización que desde hace más de una década tiene operaciones en ocho de los nueve municipios: Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa, Cutzamala de Pinzón, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.
En Zirándaro, el noveno municipio de la región, son otros los acuerdos.
Esta organización criminal fija los precios de los productos de la canasta básica y de otros productos y servicios como la cerveza, el refresco, el transporte público y materiales de construcción.
La situación de alza de precios afecta de manera directa a los pobladores de la Tierra Caliente, quienes han denunciado el control que ejercen sobre ellos para que consuman en ciertos establecimientos.
“Ya hay zonas establecidas: si eres de una comunidad, no puedes ir a comprar a otra porque te pueden detener los armados y hasta multarte, o en el caso de la Coca-Cola, no puedes ingresar a la región con paquetes porque existe el riesgo de que esos grupos armados te la quiten, porque solo ellos pueden distribuirla”, mencionó un poblador.
Testimonios de pobladores, de quienes se omite su nombre por seguridad, aseguran que todo lo anterior no podría ser posible sin acuerdos, y esto se extiende a otros roles, por ejemplo, en los ayuntamientos, donde ciertos grupos tienen injerencia para trabajar junto a quien es el encargado de la seguridad pública.
“Aquí todos nos conocemos, sabes quién es quién y a qué se dedica y, de repente, alguien que andaba con esos grupos delictivos vemos que ya es policía o incluso comandante, y ¿qué puede hacer uno? Si la seguridad pública depende de ellos, no hay ni dónde denunciar”, señala otro ciudadano.
Las estrechas relaciones
Durante el pasado proceso electoral local de 2021, los candidatos ganadores que hoy son alcaldes fueron los únicos que hicieron campaña.
De siete partidos en la contienda, la alianza PRI-PRD y Morena lograron ganar los municipios de Tierra Caliente; no tuvieron competencia.
En Coyuca de Catalán, la única candidata opositora al reelecto alcalde Eusebio Echeverría Tabares era la morenista Francisca Baltazar Bravo, que a 10 días de comenzar la contienda declinó la candidatura porque, presuntamente, recibió amenazas de grupos delictivos. Todo esto fue documentado en su momento por la prensa local.
Los alcaldes que ganaron sin competencia fueron los que el 28 de abril bloquearon los accesos carreteros a la región, exigieron la salida de la FGE y la renuncia de la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Se trata de seis priistas que hoy gobiernan Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; Cutzamala de Pinzón, Mayte Arce Jaimes; Arcelia, Bulmaro Torres Berum; Tlapehuala, José Luis Antunes Goicochea, y Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega Hernández. Además del alcalde perredista Eusebio Echeverría Tabares, de Coyuca de Catalán, y la morenista Tania Mora Eguiluz, de Tlalchapa.
En Zirándaro, gobernado por la morenista Tania Pacheco Duarte, la radiografía institucional indica que existen operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En septiembre del 2020 fue filtrado un video donde se observa una cabalgata pública por las calles del pueblo, encabezada por hombres armados, algunos en camionetas blindadas.
Otras regiones
Iguala y Taxco son otros municipios en crisis por la inseguridad, donde han sido revelados nexos con autoridades municipales.
En Iguala, desde hace dos meses los hechos violentos alertan a la población. A mediados de junio, el alcalde priista David Gama Pérez ordenó el cierre del Palacio del Ayuntamiento y dejó a la población sin servicios porque comenzó a recibir amenazas mediante cartulinas y lonas en la ciudad por no “cumplir acuerdos”.
Las amenazas llegaron acompañadas de hechos violentos: en dos días asesinaron a un trabajador del ayuntamiento, hubo ataques armados a oficinas y comercios.
En octubre de 2021, días después de que Gama Pérez asumió la alcaldía, hombres armados dejaron abandonada una camioneta con cuatro individuos asesinados afuera de su casa de campaña.
Hasta ahora, el alcalde no se ha pronunciado sobre la inseguridad, y menos ha dejado claro cuáles serán sus acciones para frenarla.
Desde 2014, cuando 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos, Iguala es referencia de las relaciones de grupos criminales con políticos y miembros de corporaciones policiacas y militares.
El mismo contexto de inseguridad existe en el “pueblo mágico” de Taxco, donde a mediados de junio hubo cierre de negocios, suspensión del servicio del transporte, ataques a tortillerías, el asesinato de un empleado del gobierno municipal, la desaparición de ocho policías municipales y del director de Protección Civil y el hallazgo de una granada de fragmentación que un grupo dejó en las oficinas del ayuntamiento.
La alcaldesa se ha negado a solicitar licencia del cargo, a pesar de que la FGR le ha solicitado declarar sobre estas reuniones y de que la dirigencia estatal de Morena le ha sugerido que colabore para esclarecer los presuntos nexos con grupos delincuenciales.
“Estoy curada de espanto”, dijo recientemente al ser cuestionada sobre la posible filtración de más evidencias de sus contactos con esos grupos.
Los Ardillos es un grupo que tiene operaciones en la zona Centro y Montaña de Guerrero y también tiene vínculos con el PRD, pues el diputado Bernardo Ortega Jiménez es hermano de Celso y Jorge Iván, líderes de Los Ardillos, cuyo padre —Celso Ortega Rosas— se ubica como fundador de dicha agrupación.
El diputado Bernardo Ortega niega alguna relación con sus hermanos y, en comunicado reciente, dijo que desde hace 15 años no los ve. Estos comunicados los emite cada que ocurren hechos de violencia en los municipios donde operan sus hermanos.
Este político ha ocupado cargos públicos y de representación popular en los municipios donde operan Los Ardillos desde 2002, cuando ganó la alcaldía de Quechultenango; actualmente, es su cuarto periodo como legislador local.
“Actúan como si no existiera un aparato de seguridad”
De acuerdo con pequeños comerciantes de la capital del estado, durante la Feria de Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo hubo civiles armados que cobraron el derecho de piso a los locatarios acompañados de policías municipales.
Esta declaración la dio a conocer un empresario durante una reunión entre hoteleros y prestadores de servicios con el gabinete de seguridad.
Para el director de Tlachinollan, Abel Barrera, esta falta de gobernabilidad se debe a que los grupos criminales tienen como objetivo tener el control en las presidencias municipales, los negocios lícitos e ilícitos, así como del cobro de piso, las extorsiones y los secuestros.
“Por eso actúan como si no existiera un aparato de seguridad”, advierte.
También regulan el comercio, mantienen las extorsiones y los secuestros.
“Estos grupos criminales actúan como si no existiera un aparato de seguridad que ha sido creado expresamente para proteger a la población. Los policías y militares portan armas y están entrenados para contener y disuadir a grupos que ponen en riesgo la convivencia pacífica y atentan contra el orden y el Estado de derecho”, explica Barrera.
Para Tlachinollan, la violencia tiene un aumento desde hace cuatro sexenios, que va de Ernesto Zedillo hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.
En el presente sexenio, apunta Barrera, el incremento de elementos de seguridad y la permanencia del Ejército en las calles ha sido notorio, pero esto no ha dado resultado.
“En nuestro estado, a pesar del incremento del número de elementos de la Guardia Nacional y del mismo Ejército, la proliferación de las organizaciones delictivas sigue al alza en las siete regiones”, comenta el activista de derechos humanos.
Para el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, otra organización que atiende casos de violencia en el estado, la situación es clara: hay una colusión entre criminales y autoridades electas en las urnas.
“Las presidencias municipales están coludidas con la delincuencia organizada, y depende del municipio: hay unos donde es el grupo criminal quien gobierna; entonces, eso nos pone en riesgo a todos los ciudadanos porque estamos sometidos, bajo un control que sin querer fue puesto sobre nosotros”, menciona la representante del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra.
La activista asegura que no existen planes y programas para contener la violencia, porque es el mismo Estado el que la genera, a través de los grupos criminales.
Guerrero encabeza las estadísticas de políticos asesinados
En las elecciones de 2018, Guerrero encabezó las listas nacionales de candidatos y políticos asesinados con 24 casos registrados por la prensa local, además desde las elecciones de 2015 hasta 2018 otros 17 políticos fueron víctimas de violencia.
Algunos de los casos de políticos asesinados entre 2017 y 2018 son los perredistas Arturo Gómez Pérez, alcalde de Petatlán; Roger Arellano Sotelo, exalcalde de Acapetlahuaya; Demetrio Saldívar Gómez, exsecretario general del PRD estatal; Elí Camacho Goicochea, exalcalde de Coyuca de Catalán, y Francisco Tecuchillo Neri, exalcalde de Zitlala.
Del PRI fueron asesinados el aspirante a la alcaldía de Atoyac, Adolfo Serna Nogueda, y el excandidato a la alcaldía de Eduardo Neri, Francisco Torres Rendón.
En 2021, el último proceso electoral, el Indicador de Violencia Política en México elaborado por la consultora Etellekt arrojó que 23 políticos fueron asesinados.
Otro informe presentado a través del Atlas de Riesgo Electoral, elaborado por varias asociaciones civiles e instituciones electorales, contó hasta 45 actores políticos víctimas de la violencia, es decir, que sufrieron atentados y desapariciones o fueron asesinados.
El próximo año, 2024, en Guerrero se disputarán 81 alcaldías, 28 diputaciones locales y siete federales. El proceso inicia oficialmente el 7 de septiembre próximo, de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero.
Con el reacomodo electoral y el antecedente de violencia en la entidad, hay una alta probabilidad de que el proceso electoral de 2024 tenga el mismo comportamiento.
