‘Plan C’ entra a la recta final; este viernes se votará en comisiones desaparición del Inai y otros órganos autónomos

El dictamen a votar en el Pleno de la Cámara de Diputados se propone la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y otros seis organismos autónomos constitucionales.

Texto: Alexis Ortiz / Animal Político
Foto: Facebook Inai

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados llega a la recta final de la aprobación de los dictámenes del “Plan C”. Hoy discutirán la penúltima iniciativa, relacionada con la desaparición de siete órganos autónomos. El asunto es tan controvertido, que anoche aún se especulaba sobre la posibilidad de que la reunión de la Comisión se pospusiera hasta la próxima semana.

La aprobación del “Plan C”, el último paquete de reformas constitucionales de Andrés Manuel López Obrador, sigue adelante, ahora con la votación de un dictamen en el que se propone la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y otros seis organismos autónomos constitucionales.

Desde que empezó el mes de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales ha aprobado 15 iniciativas del Plan C, con el objetivo de dejarlas listas para que el Pleno de la Cámara de Diputados las pueda votar en cuanto se inicie el periodo de sesiones de septiembre.

Morena dejó para el final las iniciativas que han causado más polémica: la relacionada con la desaparición de organismos autónomos, la reforma al Poder Judicial, que incluso provocó un paro de actividades de los juzgados federales como forma de protesta, y la de la Guardia Nacional, que fue aprobada ayer con los votos de Morena y sus aliados en la Comisión respectiva.

Este viernes 23 de agosto toca el turno a la iniciativa en materia de simplificación administrativa, que incluye la extinción de órganos autónomos, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ayer por la tarde una declaración de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, puso en duda si hoy se iba a discutir la reforma de desaparición de órganos autónomos. Entre los mismos morenistas que integran la Comisión de Puntos Constitucionales había esa incógnita. Pero al final la discusión del dictamen sí fue integrada a la agenda de la Cámara de Diputados, y hasta anoche aparecía en el programa de actividades de San Lázaro.

La desaparición de órganos autónomos es una idea que López Obrador tuvo en los primeros años de su gobierno, pero es hasta ahora, a un mes de que concluya su sexenio, que ese proyecto avanza en el Congreso, justo cuando Morena está a punto de conseguir los espacios necesarios en el Senado y la Cámara de Diputados para aprobar el dictamen.

¿De qué trata la reforma de desaparición de órganos autónomos?

La iniciativa enviada por el presidente López Obrador, y que será aprobada por los legisladores de Morena que controlan la Comisión de Puntos Constitucionales, trata sobre la eliminación de siete organismos autónomos.

Estos son la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Morena busca que las funciones de estos organismos autónomos se transfieran a dependencias del propio gobierno federal, un modelo que en el caso del INAI se replicaría en las dependencias de los gobiernos estatales.

Las funciones de Mejoredu, un organismo con autonomía operativa y presupuestaria, encargado de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, pasarían a la Secretaría de Educación Pública.

Los trabajos que hace el INAI, un organismo que garantiza el acceso a la información y protección de datos personales, los realizaría la Secretaría de la Función Pública (SFP) en caso del gobierno federal; al órgano de control y disciplina del Poder Judicial; a las contralorías del Congreso de la Unión, y a los órganos de control de los órganos autónomos que quedan. Este modelo se replicaría en los gobiernos estatales.

Las funciones del Coneval, una dependencia que hace estudios del desarrollo de la pobreza en México, ahora las realizaría el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En materia de competencia económica, las funciones de la CRE y la CNH, quienes regulan y fomentan la competencia en los mercados de energía e hidrocarburos, se trasladarían a la Secretaría de Energía.

Mientras que las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que promueve la competencia entre las empresas para que haya mejores servicios y precios, pasarían a formar parte de la Secretaría de Economía.

Las funciones del IFT, encargado de regular el mercado de las telecomunicaciones, serían transferidas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.

El dinero de los autónomos para las pensiones del bienestar

El dictamen que los diputados de Morena buscan aprobar propone que los recursos de los órganos autónomos que desaparezcan sean utilizados en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado apenas el año pasado.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso que tiene el objetivo de garantizar un ingreso a las personas que se jubilen de sus trabajos y que hayan empezado a cotizar después del 1 de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con este fondo, el gobierno mexicano busca entregar a las personas jubiladas hasta 16 mil 778 pesos mensuales, monto que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023.

Según el dictamen en materia de simplificación administrativa, entre 2018 y 2024 los siete organismos autónomos que se quieren desaparecer recibieron 32 mil 313 millones 546 mil pesos, lo que equivale a 5 millones 385 mil pensiones bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores.

Los recursos de los organismos autónomos ayudarían a dar vida al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual ha sido criticado por especialistas debido a que no cuenta con un plan de financiamiento constante, es decir, los recursos con los que va a operar en buena parte se obtendrían de la eliminación de instituciones, de la desaparición de fondos y fideicomisos del Poder Judicial o de la venta de bienes asegurados por el gobierno mexicano.

Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.

Si el INAI no investiga casos de corrupción, ¿qué sí hace?

Texto: Samantha Paéz / Lado B

Fotografía: Lado B

23 de mayo del 2023

 

En medio de los cuestionamientos y desinformación sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en redes sociales circulan mensajes donde lo acusan de ocultar datos del rescate bancario.

En otras publicaciones, se le acusa de negar información relacionada con casos de corrupción, y de que haya impunidad.

Pero ¿qué es competencia del INAI y qué no? Lado B consultó a especialistas quienes nos explicaron cuáles son las funciones y atribuciones del organismo que, a diferencia de lo que se especula, no es un repositorio de información gubernamental. Acá te cuento:

Desinformación sobre el INAI

A raíz de las declaraciones de López Obrador para desacreditar el instituto, hay mucha desinformación respecto al tema de transparencia.

Por ejemplo, en redes sociales se dice que el INAI es a quien se debe la opacidad en el caso de Zhenli Ye Gon, empresario acusado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero y a quien se le incautó la suma de 207 millones de dólares.

Otra sostiene que Vicente Fox benefició a su familia con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Esto aunque durante su mandato, gracias a la ley de transparencia, se descubrió el “Tanga Gate”, donde se comprobó el desvío de 30 millones de pesos destinados a programas de salud de mujeres y VIH en la compra de artículos de lujo y tangas.

También hay imágenes y cartones políticos donde dicen que no proporcionó información sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, y el fraude de Fobaproa.

Sin embargo, no es deber del INAI concentrar la información pública, sino que es responsabilidad de cada dependencia de gobierno proporcionar y transparentarla. La información sobre el caso Fobaproa, por ejemplo, la tienen autoridades de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

También es mentira que el INAI haya evitado la transparencia respecto a la Casa Blanca, un inmueble de 7 millones de dólares facilitado al entonces presidente por Grupo Higa, sino que gracias al sistema de transparencia se pudo revelar esa historia, según se explica en el mismo reportaje.

Otro dicho de desinformación es que al INAI le corresponda emitir sentencias o investigar casos de corrupción. Eso no está entre sus atribuciones.

“El @INAImexico no es un ente fiscalizador ni investiga. No denunciamos corrupción, abrimos las negativas y las resistencias de abrir lo público”, refirió en su cuenta de Twitter la comisionada del Río.

Pero entre tantos datos falsos, ¿qué es lo que sí hace el INAI?

Las verdaderas atribuciones

Actualmente tal cual está redactada la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya última modificación es de 2021, el INAI tiene las responsabilidades de:

•Formar parte del Sistema Nacional de Transparencia, en el cual también está la Auditoría Superior de la Federación, y que se encarga de la política pública en la materia y de los lineamientos de operación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

•Conocer y resolver recursos de revisión e inconformidad de la ciudadanía respecto a la información entregada y resoluciones emitidas por los órganos locales.

•Interponer recursos de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren el derecho de acceso a la información o promover controversias constitucionales.

•Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, en caso de no cumplirse las obligaciones de transparencia.

 

La PNT es un espacio virtual donde se puede acceder a la información que es obligación de las dependencias hacer pública, también se pueden hacer preguntas a los tres niveles de gobierno, sindicatos y demás instituciones que reciben dinero gubernamental.

Para Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, el instituto es una especie de tribunal en materia de transparencia.

“(Si) te niegan una información o te dicen que está clasificada o que después de una búsqueda muy cansada y exhaustiva no la encontraron y tú sabes que es una información de carácter público, tienes que recurrir, somos un tribunal […] Nosotros no tenemos es información, nosotros damos la garantías para que conozcas”, dijo la comisionada en entrevista.

Y es que la información no sólo es poder, de acuerdo con la organización Transparencia Mexicana “también es dinero, y quien tiene la información concentrará tanto poder como dinero. Cuando los ciudadanos perdemos información, tenemos menos poder y todavía menos posibilidades de hacer que la información se convierta en riqueza y bienestar”.


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También protege los datos personales

Otra cuestión que comentó Del Río Venegas es que han tomado esta coyuntura como una oportunidad para difundir más lo que hace el INAI.

“Hay que reconocer que mucha gente no conocía a fondo lo que significaban estos derechos la información, esta desinformación también nos ha dado una coyuntura para informar más fuerte de la de lo que hace este instituto y del beneficio no solo para los medios de comunicación, también para los ciudadanos”, agregó la funcionaria.

Y es que el INAI no sólo conoce de inconformidades por la falta de transparencia, otra de sus atribuciones es velar por la protección de los datos personales de la ciudadanía.

¿Qué son los datos personales? Es aquella información que se relaciona con nuestras personas y que nos hace identificables, como son edad, domicilio, número telefónico, correo electrónico, número de seguridad social y CURP, entre otros.

Si brindamos esta información a alguna dependencia o a alguna empresa y se utiliza con otros fines a los que autorizamos, por ejemplo, para la afiliación a un partido político, podemos pedir apoyo al INAI o a los institutos de transparencia en los estados.

Entonces, el Instituto Nacional de Transparencia es un intermediario entre las dependencias que tienen la información y la ciudadanía, que busca garantizar nuestros derechos, pero también protege el uso de nuestros datos personales. Acá puedes conocer un poco más de él.

¿Cómo surgió el INAI?

En mayo de 2001, hace 22 años, integrantes de medios de comunicación, de la academia y sociedad civil se reunieron en Oaxaca para impulsar una reforma en materia de derecho a la información pública. En ese momento se fijaron los mínimos para garantizar la Ley de Transparencia en México:

1. Crear un texto constitucional que consagre el principio en el que la información es algo que pertenece al ciudadano.

2. Crear el derecho ciudadano para acceder a datos, archivos, registros y todo tipo de información en manos de los órganos del Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y empresas privadas que reciben recursos públicos.

3. Crear la obligación de los órganos del Estado para proporcionar la información requerida, estableciendo las sanciones adecuadas a los servidores públicos que incumplan con el deber de informar.

4. Identificar las excepciones, que serán mínimas.

5. Crear la figura de una autoridad independiente, que deberá tener a su cargo la tarea de intervenir cuando haya controversias.

6. La iniciativa tendrá también que incluir en el apartado de transitorios reformas al Código Penal, a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a todas aquellas leyes y reglamentos que se opongan al derecho de la sociedad a saber de la actuación de los gobernantes.

En resumen, la Ley de transparencia es una iniciativa ciudadana para favorecer a la ciudadanía.

¿Qué cambios propone AMLO?

Actualmente, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador parece retomar la propuesta de Fox, pues propone que sea la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía quienes lleven a cabo las funciones del INAI.

Jorge Islas López, precursor del derecho a la información en México y ahora cónsul de México en Nueva York, Estados Unidos, escribió un artículo donde recuerda que en 2001 el entonces presidente Vicente Fox Quezada propuso que la Secretaría de la Función Pública se hiciera cargo del procedimiento de acceso a la información. Es decir, que el mismo gobierno federal se encargará de garantizar el derecho a la información pública.

Sin embargo, Islas López apuntó en el texto “La primera ley federal de transparencia: una breve relatoría personal”, que al final se aprobó la creación de un organismo autónomo y colegiado.

Para Transparencia Mexicana la posible desaparición del INAI “sería un grave retroceso para el país. Ha costado mucho trabajo que la transparencia no la controlen los gobiernos, y que exista un organismo que les instruya entregar la información cuando se le niegan. Sin INAI abundará la propaganda, pero no la información”.

*Este contenido fue producido con el apoyo del Institute for War And Peace Reporting y la mentoría de Animal Político, en el marco del programa Mexican Journalism Resilency.


Este texto fue publicado originalmente en Lado B y lo reproducimos como parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie.Puedes leer el original en este enlace.

 

En vilo, solicitudes sobre pensiones y expedientes clínicos de ciudadanos por parálisis en el INAI

Este miércoles fue la primera vez en la historia del INAI que no pudo sesionar por falta de quórum, por lo que están pendientes 2 mil 133 recursos de revisión que debían ser resueltos en sesión pública. Esto significa que miles de personas no podrán acceder a la información pública o personal que solicitaron.


Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografía: Facebook Senadores PAN

14 de abril del 2023

 

 

Por responsabilidad del Senado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está paralizado y por ello, 2 mil 133 recursos de revisión sobre diversas solicitudes están en vilo. Entre ellas, peticiones de personas sobre sus horas cotizadas en el IMSS para tramitar pensiones y jubilaciones, obtención de sus expedientes clínicos y judiciales; estatus de trámites burocráticos o corrección de datos en documentos de identificación, entre otras.

 

La inactividad en el INAI se debe a que el Senado lleva más de un año sin nombrar a los dos comisionados del instituto cuyos espacios están vacantes desde marzo de 2022, y es que el pleno del Instituto solo puede sesionar con al menos cinco de sus siete comisionados, de lo contrario, sus resoluciones no tendrían validez, según establece la Ley Federal de Acceso a la Información.

 

Durante un año, el INAI sesionó con cinco integrantes, aún cuando el Senado no había nombrado a los dos comisionados faltantes, pero este 30 de marzo, el comisionado Javier Acuña concluyó su gestión, por lo que únicamente quedan cuatro integrantes: Blanca Lilia Ibarra, Josefina Román, Adrián Alcalá y Julieta del Río.

 

Por ello, este miércoles fue la primera vez en la historia del INAI que no pudo sesionar por falta de quórum, por lo que están pendientes 2 mil 133 recursos de revisión que debían ser resueltos en sesión pública. Esto significa que miles de personas no podrán acceder a la información pública o personal que pidieron a instituciones del gobierno federal, estatal o municipal.

 

En las sesiones, el pleno analiza los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos cuando las instituciones se negaron a entregarles información personal o pública hechas mediante solicitudes. El pleno del INAI analiza cada uno de los casos y determina si la institución debe o no entregar la información a quien lo solicitó.

 

Por ejemplo, los ciudadanos pueden pedir información pública como los contratos que haya hecho cualquier institución, los comprobantes de servicios, facturas, o cualquier documento generado en la administración pública.

 

Pero también puede pedir información personal, es decir, aquella que se refiere a información de la persona que hace la solicitud, como expedientes clínicos, expedientes judiciales; información sobre algún trámite, rectificación de datos en documentos oficiales como el certificado de vacunación COVID, trámites del INFONAVIT, entre otros.

 

Hasta el momento, el Senado no ha hecho los nombramientos ni hay fecha prevista para ello y que el INAI pueda retomar las sesiones para analizar los recursos de revisión.

 

Así lo reiteró el senador morenista Félix Salgado Macedonio este miércoles, pese a que el periodo de sesiones concluye el 30 de abril.

 

 

“¿Cuándo se van a nombrar? (los comisionados del INAI) ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría. Antes ustedes eran la mayoría y decidían, pero ahora ya no, ya son una franca minoría. Así que se aguantan, aunque sigan trayendo lonas, no será cuando ustedes digan”, dijo Salgado Macedonio en tribuna, en referencia a los carteles que senadores colocaron en sus curules con la leyenda “nombramiento del INA ya”.

 

 

Peticiones personales

De acuerdo con datos del Informe de Labores del INAI, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el pleno del INAI resolvió 21 mil 197 recursos de revisión sobre información pública, es decir, todo lo relacionado con los sujetos obligados, es decir, las instituciones federales, estatales y municipales e incluso aquellos que reciben recursos públicos como partidos políticos, sindicatos y fideicomisos.

 

Sobre las solicitudes de información personal, el INAI resolvió 2 mil 619 recursos de revisión, es decir, a ese número de personas le habían negado el acceso a su propia información que tenía alguna institución, o para rectificar sus datos, cancelar u oponerse a su tratamiento.

 

Por ejemplo, en el recurso RRD 763/22, una persona había solicitado al IMSS copia certificada su historial laboral del período de 1977 al 2022, en el cual se identificaran sus semanas cotizadas y datos patronales, pero se negaron a entregarlo porque su número de seguridad social no tenía el dato de CURP. El INAI determinó que si la CURP no estaba registrada en su sistema, no era motivo para negarle la información, porque había más datos para corroborar la identificación de la persona, por lo que determinó que el IMSS sí debía entregarle lo que solicitaba.

 

De hecho, peticiones como esta es de las más recurrentes al solicitar datos personales. El IMSS es la institución con más solicitudes de datos personales, pues de 2003 a septiembre de 2022 suma 313 mil 480 solicitudes. Cada año suma registró entre 20 mil y 23 mil peticiones, de acuerdo con datos del Informe de Labores del INAI 2022.

 

Le sigue la Secretaría de Salud, con 22 mil 606 solicitudes de 2003 a 2022, y el mayor número ocurrieron entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, con 18 mil peticiones.

 

Los ciudadanos también hacen solicitudes de datos personales al ISSSTE, el INFONAVIT, diversos hospitales, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el INE, la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CFE o la Secretaría de la Función Pública, entre otras.

 

Otro ejemplo de solicitud personal fue la que hizo un ciudadano que pidió copia simple, con entrega por correo certificado, las promociones que presentó ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y copia del expediente donde se enlista la atención que recibió por parte de la CEAV.

 

Sin embargo, la CEAV negó la información, al pedir que la persona debía “acreditar personalidad en la Unidad de Transparencia”. El INAI le dio la razón a la persona, toda vez que la CEAV podía recibir los documentos que acreditaran la personalidad también mediante correo certificado, sin pedirle al ciudadano que se presentara personalmente.

 

La resolución ayuda a los ciudadanos para que puedan acceder a sus expedientes, como en este caso, relacionado con una persona desaparecida y el procedimiento especial de declaración de ausencia de persona desaparecida.

 

Retrasos y veto

Después de un año de retraso, el Senado destrabó el proceso pendiente y el 1 de marzo hizo los nombramientos de Yadira Alarcón y de Rafael Luna como comisionados del INAI, y, además, emitió la convocatoria para las personas interesadas en ocupar el asiento que Javier Acuña dejará vacante el 31 de marzo, con lo que finalmente el INAI tendría a los siete comisionados que integran el plano.

 

Sin embargo, el 15 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó dichos nombramientos, bajo el argumento de que “hubo un acuerdo. Todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse. Además, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último salió, es decir en la prueba, y el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN”, explicó el mandatario en su conferencia matutina.

 

En respuesta, el INAI interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que “ordene al Senado culminar con el proceso de designación y, en tanto ello sucede, permitir al Pleno sesionar con la integración que existe a partir del 01 de abril de 2023”, es decir, con cuatro integrantes.

 

También este 11 de abril, la jueza Celina Angélica Quintero Rico, titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México hizo un segundo llamado al Senado para que nombre a la brevedad a los comisionados.

 

En su llamado advirtió que, si persiste el incumplimiento con los nombramientos, las y los senadores que forman parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) serán multados con 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 10 mil 374 pesos.

 

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