Confirman diputados que ASF detectó irregularidades en la obra de la biblioteca

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Debido a que detectaron una serie de irregularidades en la demolición y cimentación de la biblioteca del Congreso local en la que se invirtieron 9 millones 600 mil pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una investigación y los resultados los envió a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron diputados locales.

«Cuando la Auditoría (Superior de la Federación) hace observaciones sobre el ejercicio de algún recurso público es porque a juicio de ellos hay anomalías», declaró el coordiandor de la bancada del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón.

Después de la demolición de la Biblioteca del Congreso la obra estuvo parada por nueve meses. Apenas el pasado 22 de diciembre del 2022 la gobernadora dio un segundo banderazo de inicio de la obra.

El presupuesto de la primera etapa contemplaba la demolición del inmueble, para ello, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, destinó un presupuesto de 9 millones 600 mil pesos, los cuales ya fueron observados por la ASF al considerar que hubo irregularidades en su ejecución.

Otra fuente dentro del Congreso, que pidió omitieran su nombre, mencionó que las observaciones de la ASF son un hecho, pero aún desconocen los rubros y las cantidades del recurso observado.

La Junta de Coordinación Política (Jocupo) debe informar a los diputados el contenido de las observaciones.

Desde un principio, la obra de la biblioteca estuvo rodeada de señalamientos de opacidad.

El entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, comenzó los trabajos de demolición y a tres meses de comenzar la obra fue detenida.

Cuatro meses después de que la obra fue parada a Sánchez Esquivel lo removieron del cargo y lo sustituyó la también morenista Yoloczin Dominguez Serna.

La diputada retomó el caso y señaló públicamente a Sánchez Esquivel de que bajo su administración hubo irregularidades en el uso del recurso destinado para la biblioteca.

Los señalamientos llegaron al pleno del Congreso local, pero al final quedó pendiente la transparencia de los recursos y los motivos de la demolición del inmueble.

Los planos arquitectónicos también tienen observaciones

La Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Chilpancingo informó que los planos de construcción de la biblioteca lo confirmó. Tienen observaciones e información que deberieron haber cambiado para que les fuera aprobado el permiso de construcción, informó Emanuel David Garibay Valdez, el secretario municipal

«Era un tema de divisiones, espacio muerto y divisiones que por ser una construcción grande tenía que revisarse», comentó.

Los encargados de la obra debían corregir los planos y subsanar el tema de las observaciones hechas por la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal para que les otorgaran la licencia de construcción.

«En el tema del Congreso tengo entendido que no se le dio el seguimiento como tal, porque pararon la obra, pero vamos a checar y vamos a dar un recorrido por todas las obras de Chilpancingo, incluido el Congreso, para verificar sus licencias y permisos», mencionó Garibay Valdez.

Con este mencionado recorrido, el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa también morenista, Norma Otilia Hernández Martínez, verificaría si la construcción del Congreso local está en orden.

 

La costosa “austeridad republicana”: recortes de 90% golpean la operación del gobierno y dejan peores servicios a ciudadanos

Desde el inicio del sexenio, el gobierno de López Obrador prometió austeridad para acabar con los gastos suntuosos. Pero a cuatro años de administración, la tijera no solo recortó los excesos, sino también insumos y rubros básicos para la operación del gobierno y la atención a la ciudadanía, de acuerdo con esta investigación de Animal Político y el IMCO.


Texto: Nayeli Roldán, Zedryk Raziel e IMCO / Animal Político

GRÁFICOS: Andrea Paredes y Jesús Santamaría

 

Antes de tomar posesión como presidente, Andrés Manuel López Obrador dio la orden de recortar gastos: “Seamos austeros”. Su lema “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre” se materializó en la Ley de Austeridad Republicana.

La justificación: había toallas de 4 mil pesos, gastos en cocineros, escoltas, autos, asesores, seguro de gastos médicos…

Sin embargo, a cuatro años de austeridad, no solo se han recortado gastos suntuosos. También se dio un golpe a la operación misma del gobierno con recortes de personal, cancelación de prestaciones, falta de material para el trabajo cotidiano, vehículos detenidos por falta de gasolina, baños y elevadores descompuestos, oficinas a oscuras.

Los afectados no son solo burócratas y funcionarios.

Los recortes son de este tamaño: todo el gobierno tuvo 50% menos en insumos básicos como hojas, impresoras o fotocopiadoras entre 2018 y 2022, pero en Bienestar, la disminución llegó a 98%; en Presidencia, a 93%; en Hacienda y Función Pública, a 80%.

En los servicios generales, tan básicos como la electricidad, el internet o el agua, entre otros, el recorte fue de 37% entre todo el gobierno, aunque en ocho dependencias las disminuciones alcanzaron entre 80% y 90%, como Economía, Cancillería, Desarrollo Agrario o Turismo.

Estos recortes se traducen en que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, prefirió recortar personal y no revisó ni arregló las principales carreteras, lo que hubiera evitado muertes.

La situación también se refleja en falta de viáticos que permitieran a la Secretaría de Educación Pública enviar personal que verificara daños en escuelas reportadas como inundadas o robadas. Como nadie verificó, no se pudieron cobrar los seguros.

Funcionarios de Bienestar tienen que hacer “vaquitas” para comprar papelería. Los de Cancillería pierden tiempo esperando el elevador que los lleve a alguno de los 23 pisos de su torre, porque la mitad está descompuesta. En Semarnat, trabajan con software pirata. El archivo digital del Registro Agrario Nacional está a punto del colapso por falta de presupuesto para su mantenimiento.

La consecuencia: el servicio a los ciudadanos ha empeorado.

Las denuncias por la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos han aumentado en 38%, y la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública creció en 17% entre 2018 y 2020, según datos del Censo Nacional de Derechos Humanos del Inegi.

La evolución del gasto fue comparada entre 2018 y 2022 para contrastar las cifras del gobierno de Enrique Peña Nieto con las de Andrés Manuel López Obrador. También, entre 2019 y el presupuesto para 2023, para analizar los cambios presupuestales solo en la actual administración, y dejando fuera del análisis 2020 y 2021, porque los años de pandemia provocaron gastos atípicos.

De esta comparación se desprende que la austeridad ha sido selectiva, porque recursos hay, y cada vez más. La administración de López Obrador gastó 3% más en términos reales que en 2019, cuando ejerció 7 billones 156 mil millones de pesos, en comparación con Peña Nieto en 2018, que ejerció 7 billones 102 mil millones. Pero al comparar 2019 con 2023, el crecimiento presupuestal es de 16% en términos reales, pues para el quinto año de gobierno tendrá 8 billones 299 mil millones de pesos de presupuesto.

Pero aun cuando la administración de López Obrador gastará más dinero el próximo año, los recortes para el funcionamiento de las oficinas de gobierno continuarán, porque la prioridad siguen siendo las obras insignia de esta administración y los programas sociales, que cada año tienen aumentos presupuestales.

El 2023, el gobierno federal tendrá 340 mil millones de pesos para materiales y suministros indispensables para trabajar en sus oficinas, un recorte de 26% en comparación con 2019, cuando tuvo 458 mil millones.

Para servicios generales tendrá 41% menos en 2023, es decir, 157 mil millones menos. Esto en realidad no es “ahorro”, sino el aplazamiento de un gasto que podría ser mayor ante la falta de mantenimiento de inmuebles cuyos desperfectos se pueden agravar.

Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizaron esta investigación para comprobar los efectos de la “austeridad republicana” en la labor cotidiana de los funcionarios y su repercusión entre los ciudadanos y los servicios que deben recibir.

La investigación se hizo a través de la revisión de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de todas las dependencias, un reporte trimestral y obligatorio por ley en el que se evalúan los riesgos que amenazan las metas y los objetivos institucionales; de los Informes de Austeridad, que reportan los montos “ahorrados”; de encuestas del Inegi y de decenas de entrevistas a funcionarios y exfuncionarios de todos niveles (cuyos nombres fueron cambiados en todos los casos para evitar represalias).

Igualmente, con el análisis de Cuentas Públicas y del presupuesto asignado y ejercido de los principales rubros para que el gobierno funcione: servicios personales (pagos y prestaciones a empleados), materiales e insumos (artículos de papelería, higiene, refacciones de máquinas, etcétera) y servicios generales (rubro que lo mismo incluye mantenimiento a edificios para dar servicios a ciudadanos que la ciberseguridad para evitar robo de información).

GRÁFICOS: Andrea Paredes y Jesús Santamaría

Trabajar sin lo mínimo indispensable 

Al inicio de la pandemia, en abril de 2020, la instrucción de trabajar en casa puso en apuros al área de Magali, exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación. Ahí trabajaban 12 personas, pero solo había una laptop. Todas debían seguir trabajando, así que algunas, como ella, tuvieron que comprar un equipo adicional; en su caso, la única computadora en casa la ocuparía su hija para tomar clases a distancia.

Otros más no pudieron hacer ese gasto, “por eso regresamos a trabajar por turnos”, cuenta Magali; sin embargo, eso alentaba los procesos burocráticos, de por sí poco eficientes. Además, al trabajar en la oficina, “no había ni siquiera hojas para poder imprimir archivos, por eso andábamos recolectando hojas con otras áreas y luego las reponíamos”. Esto, porque solo les entregaban un paquete de papelería cada mes; si se acababa, no les resurtían.

Mónica, exfuncionaria de la Secretaría de Hacienda, asegura que en los últimos dos años no había papelería para armar carpetas ni siquiera para las reuniones relevantes con funcionarios de organismos internacionales o para el mismo secretario; se eliminaron las impresoras a color y a veces ni siquiera había hojas; el extremo era limitar el papel higiénico, pues les repartían un rollo a granel por cada sanitario una vez al mes.

“Nosotros comprábamos cosas de papelería por fuera para cumplir con el trabajo, pero todo eso nos hizo sentir que el servicio público era devaluado, pese a que éramos los empleados que sacaban el trabajo todos los días”, relata Mónica.

En la Semarnat, no solo tenían computadoras obsoletas; tampoco tenían programas instalados porque los mandos no quisieron pagar las licencias. Los trabajadores usaban versiones pirata o software libre, lo que incrementaba el riesgo de ataques cibernéticos y poca eficiencia; los funcionarios optaron por llevar sus propias computadoras, explica Sofía, otra exempleada.

Los números confirman esto.

Como parte de la investigación, en Animal Político y el IMCO se analizó el “Clasificador por objeto del gasto”, donde se encuentran organizadas por claves cada una de las cosas que se compran, contratan o arriendan para el funcionamiento de gobierno. Luego se consultó con fuentes, como exoficiales mayores, para seleccionar los servicios y artículos básicos para poder trabajar en las oficinas gubernamentales, desde energía eléctrica hasta arrendamiento de edificios, o seguridad informática, y se obtuvo una selección de 38 conceptos. De ellos, 30 tuvieron recortes.

De ese análisis se desprende que, por ejemplo, la clave 21101 correspondiente a “materiales y útiles de oficina” —que incluye papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas, entre otros— tuvo un recorte de 22% entre 2018 y 2022, y para 2023, los funcionarios tendrán aún menos papelería, con 2 mil 115 millones de pesos, es decir, mil 270 millones menos en comparación con 2018.

En la Secretaría de Bienestar, la dependencia encargada de la distribución de miles de millones de pesos de los programas sociales, la principal acción en materia social, las reparaciones de impresoras y fotocopiadoras y la renovación de equipos de cómputo tardaron más de lo normal, mientras que los faltantes de tóner y hojas han hecho que los funcionarios también tengan que comprar insumos para trabajar, cuenta José, un exfuncionario.

El recorte explica estos faltantes. La compra de materiales y útiles de impresión, de la partida 212021 —que incluye la “adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación”— tuvo un recorte de 50% entre 2018 y 2022.

Mientras, el concepto 29301 “refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración” —que abarca fotocopiadoras, escritorios, sillas, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras— tuvo 40% menos. Y el mantenimiento y la conservación de bienes informáticos como computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros, incluido el pago de deducibles de seguros, tuvieron 15% menos dinero entre 2018 y 2022.

El “ahorro” sale caro 

Cinco meses después de asumir la presidencia, el 3 de mayo de 2019, Andrés Manuel López Obrador dirigió un memorándum a los funcionarios de su gobierno para instruirlos a vivir “en la justa medianía”. Enlistó 13 medidas de “austeridad republicana” que se sumaban a la eliminación de los seguros de separación individualizada y de gastos médicos y viáticos.

Esto provocó que funcionarios experimentados renunciaran para trabajar en la iniciativa privada, con salarios acordes a sus conocimientos y la calidad de vida que su trabajo les permitía, relatan exdirectivos.

Eso ocurrió en la Procuraduría Fiscal. Sin embargo, explica una fuente, dicho órgano debe tener abogados lo suficientemente expertos para enfrentar a feroces despachos de grandes empresas que evitan a toda costa pagar multas. Cuando el gobierno pierde estos juicios, significa miles de millones de pesos que no entran a las arcas, por lo que sería incluso más rentable pagar sueldos competitivos a abogados que ganen esos litigios y lograr esas recuperaciones, que ni siquiera se comparan mínimamente con sus sueldos.

La Secretaría de Hacienda incluso advirtió en 2020 que existía este riesgo en la Procuraduría Fiscal debido a sus recursos humanos: “La Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos identificó ciertos factores que podrían incidir en la atención de asuntos jurídicos de forma deficiente o fuera de plazos legales establecidos en los diversos juicios”.

La solución de ese riesgo era realizar “acciones dirigidas a lograr la especialización de los recursos humanos, mediante la identificación de necesidades de capacitación y gestión de cursos correspondientes y la evaluación de personal”, según se asentó en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020.

Incluso, otro problema era el personal de recién ingreso poco competente en todas las dependencias, como quedó asentado en el reporte de riesgos de Hacienda 2021. “Los programas y proyectos de inversión fueron gestionados de manera deficiente”, por lo que dichos proyectos (que requieren financiamiento público) “tuvieron retraso y posible suspensión derivado del incumplimiento de envío de evaluaciones”.

Por ello, la Unidad de Inversiones de Hacienda se comprometió a realizar “acciones relacionadas con capacitación a servidores públicos de las instituciones públicas y a su personal al interior de la unidad, así como para el monitoreo en materia de evaluaciones de las dependencias”.

Otras medidas dictadas por López Obrador desde 2019 fueron el recorte de 30% en distintos insumos como papelería, materiales de impresión, combustibles, viáticos nacionales, estudios e investigaciones, y 50% de recorte en viajes al extranjero, arrendamiento de vehículos y subcontratación de servicios con terceros. Incluso, impuso que los viajes de funcionarios al extranjero debían ser aprobados por él.

Pero los viajes al extranjero y los viajes dentro del país no necesariamente son un lujo sino una necesidad para cumplir con labores de gobierno y atención a ciudadanos. Por ejemplo, los funcionarios de la SEP deben revisar las afectaciones a escuelas durante siniestros como la inundación de Tabasco en 2020 o los robos ocurridos durante la pandemia.

Los viáticos apenas ascenderían a unos 10 mil pesos por visita, pero sin ese presupuesto, los funcionarios no pudieron acudir a las escuelas para verificar los daños, un requisito indispensable dentro del trámite para hacer efectivos los seguros.

Las revisiones estuvieron a cargo del ajustador de la empresa de seguros (que siempre buscará pagar menos) y, para tener a un representante de gobierno, la SEP tuvo que contratar a un despacho para acompañar las revisiones, es decir, en este caso solo se prohibieron los viáticos, pero no hubo ahorro.

A esto se suma que la SEP debe firmar convenios con las autoridades de las escuelas que recibirán el seguro tras algún siniestro. Dichos documentos deben ser firmados por el titular de Recursos Materiales y otros funcionarios. Sin embargo, si alguno fue despedido o renunció, los documentos deben ser reemplazados para tener las firmas de los funcionarios en activo.

“La directora podría tener hasta 150 convenios en su escritorio esperando las firmas de nuevos funcionarios. Y hasta no tenerlos, las escuelas no reciben el seguro. Esto provocó retrasos de hasta un año. A la fecha, no han reparado la totalidad de escuelas en Tabasco”, dice Martín, un exfuncionario de la dependencia.

A esto también se suma que, ante los siniestros, el Fonden entregaba dinero de manera directa a la SEP para hacer frente a las reparaciones en las escuelas, pero al desaparecer (también por orden presidencial), la dependencia debió pagar una póliza más alta del seguro para catástrofes, que solo en 2021 ascendió a más de 900 millones de pesos.

Respecto de los viajes al extranjero y viáticos, es cierto que ocurrieron excesos en el sexenio pasado, por ejemplo cuando Peña Nieto viajó a Francia para los festejos del Día Nacional con una comitiva de 143 personas. Sin embargo, presupuestalmente los viáticos al extranjero también forman parte de funciones del gobierno y no todos los gastos son superfluos, advierten funcionarios.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los viajes al extranjero forman parte de su responsabilidad y razón de ser. Sin embargo, hubo un recorte de 42% en servicios de traslado y viáticos comparando el presupuesto de 2018 contra 2022.

Es decir, la dependencia ha tenido las mismas responsabilidades que siempre, pero tuvo 154 millones de pesos menos en viáticos.

Si bien los viajes en el mundo durante la pandemia de COVID-19 se frenaron, hacia 2021 comenzaron a retomarse actividades y la petición de evitar los recortes en este rubro fue expuesta en el Informe de Austeridad de la SRE, documento que todas las dependencias deben entregar al Senado anualmente.

En el apartado de “Posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana”, la Cancillería explicaba que “las medidas de austeridad no deberían aplicarse bajo el mismo porcentaje y en los mismos rubros en toda la Administración Pública Federal; como ejemplo, el caso de esta dependencia cuya misión es conducir la política exterior mexicana mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención de los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del Gobierno de la República”.

“Para el caso de las comisiones oficiales al extranejro no debería aplicarse el mismo porcentaje de ajuste que, por ejemplo, a una dependencia cuyas actividades son en un 90% o más en nivel nacional en comparación con Relaciones Exteriores, donde más del 70% de sus actividades son a nivel internacional. Todo lo anterior, derivado de la naturaleza de su existir”.

Pero esa petición no fue escuchada. Para 2023, la Cancillería tendrá 16% menos dinero que en 2019 para gastos de viáticos y traslados, pese a que todas las actividades presenciales han sido restablecidas tras la pandemia.

La falta de viáticos para responsabilidades internacionales provocó que en 2020 México perdiera su lugar en el Comité Ejecutivo del Marco Inclusivo de la OCDE, encargado de revisar los impuestos a la economía digital, debido a que no hubo recursos para el viaje. El lugar de México fue ocupado por Argentina, como se pudo comprobar en la lista de integrantes de abril de 2022.

También perdió su lugar en el Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund), uno de los tres principales organismos de financiamiento climático de la ONU y cuya representación estaba a cargo de Hacienda, pero en este caso la salida del país fue provocada por una permanente rotación del representante ante despidos o renuncias.

Hacienda incluso advirtió la falta de viáticos como un riesgo, “la insuficiente provisión de viáticos aéreos y terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”, según asentó en su programa de riesgos.

En riesgo, millones de hectáreas del país 

La plataforma del Sistema Registral Automatizado del Registro Agrario Nacional (RAN) está a punto del colapso por falta de presupuesto para realizar el respaldo. Se trata del sistema que almacena cada una de las actas de propiedad de la tierra en el país, de los juicios agrarios y toda la información digitalizada que da certeza a la tenencia de cada hectárea.

Desde 2019, el RAN ha solicitado 38 millones de pesos solo para asegurar el respaldo de la plataforma, aunque actualizarla costaría 100 millones. Pese a que se trata de un asunto crítico y que podría traer consecuencias incalculables, cada año les han negado el presupuesto extra bajo la misma razón: las medidas de austeridad.

Además, los recortes de personal y de insumos han dejado al RAN con lo mínimo para atender a los millones de ciudadanos, a veces los más pobres, en los cientos de trámites que solicitan a diario.

Así lo reconoció incluso su titular, Plutarco García, en una comparecencia ante la Cámara de Diputados en abril de 2022: “Debido a la austeridad y a los recortes presupuestarios, el RAN opera con menos personal a nivel central y en las oficinas de los estados. Esto nos ha creado un problema de acumulación de demandas, y con la llegada de la pandemia nos vino a limitar más la atención que teníamos programada con anterioridad”.

Con menos personal, el RAN debe atender a miles de ciudadanos, pero también proporcionar información y resolver los trámites para las obras prioritarias del presidente, como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el proyecto ecológico del Lago de Texcoco o el Corredor Interoceánico, el plan de justicia de la Tribu Yaqui y el de la Selva Lacandona.

De esta ecuación, más trabajo, menos insumos y poco personal, alguien paga las consecuencias: los ciudadanos.

En la oficina del RAN de Toluca, la fila de personas recorre la calle Josefa Ortiz de Domínguez y da vuelta hacia la avenida Miguel Hidalgo. Ahí está Justina, de 62 años, junto a su hija y nieta, formadas desde las 6:00 de la mañana para no perder la cita que le dieron un mes antes. Tramitará la “vigencia de derechos” de sus tierras en el Estado de México, un documento indispensable para acreditar la propiedad en una zona ejidal.

La constancia de derechos es el trámite más solicitado en el RAN y representa hasta 25% de los documentos procesados en las 34 ventanillas del organismo en todo el país. En 2018, por ejemplo, hubo 223 mil personas que obtuvieron ese documento, y en 2020, durante la pandemia y con las oficinas cerradas, el número cayó a 109 mil, pero aun así es un número que equivale a llenar cinco veces el Palacio de los Deportes.

Cuando al fin es atendida, le explican que deberá traer documentación, luego hacer una cita por internet y esperar hasta un mes. O si quiere ser atendida sin cita, debe formarse antes de las 7:00 de la mañana para alcanzar una de las 100 fichas que se reparten cada día. Después, deberá esperar 60 días para que le entreguen el documento.

Desde 2019, funcionarios del RAN se dieron cuenta de que había solución para que usuarios como Justina no perdieran tiempo ni dinero, y que los burócratas no invirtieran miles de horas de trabajo en este trámite. El área de informática creó la propuesta para que pudiera hacerse en línea y, con unos cuantos clics, los usuarios pudieran conseguir el documento de manera automatizada.

Avanzaron en la propuesta, pero tres años después aún no se concreta debido a que no hay personal suficiente para dar seguimiento a la propuesta; los funcionarios que quedan tras el recorte de plazas apenas alcanzan a resolver lo urgente, aun trabajando el doble.

Otro elemento es que este tipo de propuestas era atendido por la Secretaría de la Función Pública, pero al tratarse de una innovación tecnológica, ahora debe ser aprobada por Gobierno Digital, área que ha concentrado todas las decisiones en la materia para todas las instituciones, como como parte de la centralización de facultades en Presidencia y que se ha convertido en un cuello de botella.

Justina y miles más seguirán pasando horas esperando un turno en ventanilla.

 

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

Coahuila, Colima y Guerrero, con mil 700 mdp ‘perdidos’ del presupuesto federal destinado a servicios de salud

Del total de recursos sin justificar, 74%, es decir, mil 291 millones de pesos, corresponde a Coahuila, gobernado por el priista Miguel Ángel Riquelme, quien concluirá su administración en 2023. 


Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografía:

 

Los gobiernos de Coahuila, Colima y Guerrero recibieron recursos federales para invertirlos en servicios de salud, pero no han justificado el destino de mil 732 millones de pesos que gastaron durante 2021, según detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe de Cuenta Pública entregado este viernes.

Del total de recursos sin justificar en la revisión de “Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Servicios de Salud Estatales)”, 74%, es decir, mil 291 millones de pesos, corresponde a Coahuila, gobernado por el priista Miguel Ángel Riquelme, quien concluirá su administración en 2023.

Le sigue Colima, que no justificó el gasto de 344 millones de pesos y que hasta octubre de 2021 era gobernado por José Ignacio Peralta.

En Guerrero, durante la administración del perredista Héctor Astudillo, no justificaron el destino de 89 millones de pesos.

En Coahuila, la Secretaría de Salud “no acreditó el origen y destino del aumento presupuestario de 824 millones de pesos”. Además reportó un aumento de 37% en servicios personales, es decir, el pago a personal, con respecto al año previo, pero “se identificaron recursos pagados en exceso respecto del límite permitido en la asignación global de servicios personales por 442 millones de pesos”.

La Auditoría también detectó 23 millones de pesos por ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal 2021, de los que “no se presentó evidencia de que se destinaron para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones”.

En tanto, la Secretaría de Salud de Colima “no proporcionó la documentación comprobatoria” del destino de 48 millones de pesos ni el destino de ingresos excedentes de libre disposición que ascendieron a 295 millones de pesos.

En Guerrero, la Auditoría Superior de la Federación hizo una solicitud para que los Servicios Estatales de Salud “aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 89 millones de pesos asignados al Capítulo de Servicios Personales que rebasaron el límite máximo establecido en la normativa”.

Las irregularidades en el sector Salud

La Auditoría revisó a las secretarías de Salud de todo el país que recibieron recursos federales y detectó tres principales irregularidades:

La falta de documentación que acredite el destino conforme a las Reglas de Disciplina Financiera de las ampliaciones líquidas otorgadas por la Secretaría de Finanzas por 878 millones de pesos, lo que representó el 50% del monto pendiente de aclarar.

La segunda irregularidad es el monto pagado en servicios personales que excedió el parámetro establecido en las reglas de disciplina financiera por 532 millones de pesos, lo que representó el 30% del monto pendiente de aclarar.

También hubo falta de documentación que acredite el destino conforme las reglas de disciplina financiera de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición por 321.3 mdp, que representó el 18% del faltante por aclarar.

Al comparar el gasto de recursos federales por parte de las entidades para el sector salud en 2020 y 2021, la Auditoría detectó irregularidades recurrentes, como que los pagos de servicios personales excedieron el parámetro establecido en las reglas de disciplina financiera; dicha irregularidad representó el 68.2% en 2020 y el 30.8% en 2021.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

En tres años, la Fiscalía Anticorrupción abrió más de 3 mil carpetas de investigación pero solo logró 7 sentencias condenatorias

En sus tres años de operación, la fiscalía especializada creada con la meta de combatir la corrupción ha enfrentado problemas como escasez de recursos y de personal, al igual que falta de capacitación entre los ministerios públicos.


Texto: Zedryk Raziel / Animal Político

Fotografía: Senado de la República

 

A más de tres años de su creación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado llevar ante un juez el 3.6% de las más de 3 mil carpetas de investigación iniciadas por presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos y ha obtenido solo siete sentencias condenatorias, de acuerdo con estadísticas obtenidas a través de transparencia.

La poca eficacia de la Fiscalía Anticorrupción está relacionada con recortes presupuestales, subejercicio de recursos públicos, escasez de personal y falta de capacitación de los ministerios públicos. La desproporción entre la carga de trabajo y los recursos disponibles es tal que un agente adscrito a esta fiscalía tiene en promedio 50 carpetas de investigación a su cargo.

De acuerdo con dos distintas solicitudes de información pública, cuyos datos fueron sintetizados para esta nota, la FECC ha iniciado 3 mil 036 carpetas de investigaciónentre marzo de 2019 —fecha de su creación constitucional— y octubre de 2022.

Los expedientes fueron iniciados por delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, cohecho, intimidación, encubrimiento y fraude.

De esas carpetas, la fiscalía ha judicializado 111, lo que representa el 3.6% del total, conforme las cifras revisadas. Y, de este total, solo ha obtenido siete sentencias condenatorias contra funcionarios federales: dos en juicios orales y cinco en juicios abreviados.

Animal Político solicitó un posicionamiento a la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja, pero no hubo respuesta.

Personal insuficiente

La FECC nació en marzo de 2019, como parte de la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en FGR, con la que se le dotó de autonomía constitucional respecto del Poder Ejecutivo.

Pero la naciente fiscalía no contó con presupuesto etiquetado para su primer año de operación, de modo que otras áreas de la FGR tuvieron que transferirle recursos humanos y financieros.

“En este contexto, si bien se recibieron denuncias competencia de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción desde el primer día, no se tuvieron las condiciones para abrir una carpeta de investigación sino hasta el mes de mayo (de 2019), fecha en la cual se comisionaron a tres ministerios públicos. Pero fue hasta el mes de julio cuando se estuvo en posibilidad de comenzar a realizar las investigaciones conducentes en virtud de que, a partir de ese momento, se contó con el personal mínimo necesario para realizar todos los pasos que las diligencias ministeriales requieren”, expuso la fiscal Mijangos en su informe de labores de 2019 remitido al Congreso.

Allí, la funcionaria explicó que el arranque de la nueva FECC también se vio frenado por la falta de capacitación de los ministerios públicos en el nuevo sistema penal oral.

“El sistema penal acusatorio sigue constituyendo un reto (…) A pesar de que desde el 2016 se abandonó el sistema penal mixto, hay inercias que se conservan. Los ministerios públicos comisionados a la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción en su mayoría no habían participado en juicios orales, no habían integrado carpetas de investigación de acuerdo con el sistema penal acusatorio, ni están capacitados aún en las destrezas del litigio. Esto ha complicado la determinación de las carpetas de investigación en los casos en los que debe vincularse a proceso a una persona denunciada”, señaló Mijangos.

De acuerdo con información oficial, la Fiscalía Anticorrupción pasó de tener 23 agentes del Ministerio Público a 61 en la actualidad.

Pero, aunque la cantidad de funcionarios especializados ha ido paulatinamente en aumento, es aún mayor el número de expedientes que deben integrar.

Conforme a las cifras obtenidas por transparencia, se iniciaron 773 carpetas de investigación en 2019, 794 en 2020, 854 en 2021 y 615 a octubre de 2022.

Esto significa que cada agente del Ministerio Público tiene a su cargo, en promedio, 50 carpetas al mismo tiempo.

Recortes y subejercicio presupuestal

El 2020 fue el primer año en el que la Fiscalía Anticorrupción gozó de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

No obstante, desde su creación, ha sufrido recortes a su presupuesto asignado, o bien, este no se ha ejercido.

Por ejemplo, para 2020, la Cámara de Diputados le asignó mil 100 millones de pesos, pero en el transcurso del ejercicio fiscal se le recortaron 31.3 millones, según información de la Cuenta Pública.

Del presupuesto que le quedó, de 78.6 millones de pesos, la FECC ejerció 61 millones 941 mil 686. Es decir, a pesar de la falta de personal capacitado, se quedaron sin gastar 16 millones 668 mil 845 pesos.

En 2021, los recursos asignados a la Fiscalía Anticorrupción en el PEF aumentaron a 123 millones 531 mil 300 pesos. Sin embargo, una vez más, la institución sufrió un recorte, ahora de 56.9 millones de pesos (casi la mitad de lo que se le otorgó originalmente).

Ese año, la fiscalía gastó los 66 millones 597 mil 835 pesos que le quedaron, es decir, no hubo subejercicio.

Para 2022, la FECC obtuvo recursos del PEF por 174 millones 792 mil 336 pesos. Si bien esta vez no se le aplicaron reducciones, durante la primera mitad del año ejerció solo 31 millones 867 mil 101 pesos, de acuerdo con datos más actuales de la Cuenta Pública, es decir, solo el 18% del total de su presupuesto anual.

En el proyecto del PEF 2023, a la Fiscalía Anticorrupción se le destinan 223 millones 363 mil 087 pesos, el gasto más elevado desde su creación. Sin embargo, es probable que durante el ejercicio fiscal del próximo año nuevamente se le apliquen recortes o que la institución incurra otra vez en subejercicios.

Las investigaciones

La FECC nació con la encomienda de combatir la “gran corrupción” en el gobierno, pero también los casos aislados, tomando en cuenta que en los casos participan no solo servidores públicos, sino también, muchas veces, empresarios.

Según los informes de labores de la Fiscalía Anticorrupción correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 —los únicos disponibles—, la mayoría de los funcionarios contra los cuales se han iniciado carpetas de investigación pertenecen a Pemex, el ISSSTE, el IMSS, el SAT, la extinta Policía Federal y la Sedatu.

De las 3 mil 036 carpetas abiertas por la FECC, en 305 casos se determinó la incompetencia de la fiscalía para investigar, en cuyo caso, a veces, los expedientes se turnan a otras áreas de la FGR. En otros 114 casos, se determinó la abstención de investigar, y en otros 277 se determinó el no ejercicio de la acción penal, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por transparencia.

Solo 111 carpetas de investigación fueron presentadas ante un juez federal.

Uno de los asuntos donde la FECC logró la vinculación a proceso de funcionarios públicos —al considerar el juez que existían elementos suficientes para presumir su responsabilidad en los delitos de que se les acusó— fue por un caso de corrupción al interior del INE, en relación con un contrato adjudicado de manera irregular a una empresa de eventos.

Otro caso judicializado está relacionado con una pugna entre el IMSS y la Secretaría de Hacienda por la centralización de los recursos en la Oficialía Mayor, que habría causado una parálisis presupuestal y desabasto de medicamentos, tal como documentó Animal Político.

Conforme a los datos obtenidos mediante solicitudes de información, solo en siete casos de las 111 carpetas judicializadas se logró una sentencia condenatoria en contra de funcionarios federales.

Dos de esas sentencias se obtuvieron en juicios orales. En un caso, por el delito de cohecho, el juez impuso a un funcionario una pena de dos años y ocho meses de prisión e inhabilitación por 292 días para desempeñar cargos públicos. En el segundo asunto, por el delito de peculado, se impuso una pena de un año y cuatro meses de cárcel, multa de 5 mil 660 pesos, inhabilitación por seis años y ocho meses para ejercer cargos públicos, y reparación del daño por 354 mil 691 pesos.

Ha habido otros grandes casos de corrupción que, sin embargo, no son investigados desde la FECC, sino desde la Fiscalía de Control Competencial, encabezada por Juan Ramos López, mano derecha del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Un ejemplo de esta situación ocurrió en el caso de la investigación contra Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal, y otros funcionarios por presuntamente favorecer desde su cargo público a la empresa Aleática, antes OHL. De acuerdo con autoridades de la FGR, ese expediente se armó en la Fiscalía de Asuntos Internos y de ahí se derivó a la fiscalía de Ramos, sin pasar por las manos de la fiscal Mijangos.

Otro caso es el de la corrupción millonaria en Segalmex, cuyo daño al erario asciende a 9 mil 500 millones de pesos. El primer expediente se integró en la Fiscalía Anticorrupción, pero después pasó a manos del fiscal Ramos, desde donde se conducen las indagatorias actualmente. Incluso, una nueva carpeta de investigaciónpor el caso Segalmex se inició en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada(FEMDO), dejando fuera de la investigación a la fiscalía de Mijangos.

 

Este trabajo fue publicado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

Reparan calle de casi dos millones de pesos remodelada hace un mes

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

A un mes de que la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, inauguró la remodelación de un tramo de 200 metros de la calle 5 de Mayo que costó un millón 197 mil pesos, volvió a reabrirse por fallas en el drenaje.

A un mes, ese tramo de la calle 5 de Mayo fue reabierto, es decir, la parte remodelada tuvo que ser destruida porque hubo fallas en el drenaje y la obra comenzó a presentar hundimiento.

Sobre el tema Hernández Martínez dijo que si se realizó un estudio previo pero que no había indicios de algún problema con la red.

“Se realizaron todos los estudios, y en aquel entonces nada nos indicó que había un problema, pero es un tema general porque toda la red de drenaje del centro de la ciudad está colapsando», mencionó Hernández Martínez.

Por su parte, los trabajadores de la obra dijeron que ellos recién llegaron a reparar el tubo, el cual está aplastado, lo que impide la circulación del drenaje.

«Por esa razón toda la calle podría ser reabierta», mencionó uno de los trabajadores.

El pasado viernes, en su primer informe de labores, la alcaldesa mencionó que hay «una inversión histórica que asciende a más de 700 millones de pesos en este ejercicio fiscal para el tema de obra pública».

Entre los gastos realizados está el tramo de la calle 5 de Mayo.

 

En México sigue la corrupción e impunidad, asegura ex titular de la UIF, Santiago Nieto

José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo 

El ex titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, mencionó durante una conferencia que dio en esta capital que en México persiste la impunidad y la corrupción.

Nieto Castillo asistió como ponente a la conferencia denominada Combate a la Corrupción, organizada por el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJ).

Ahí mencionó que de un 100 por ciento de casos que atiende el Poder Judicial en México sólo el dos por ciento logra una sentencia condenatoria, el resto, 98 por ciento, se quedan en la impunidad.

Hizo un llamado al presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, para fortalecer el Poder Judicial en Guerrero.

El magistrado Casarrubias Vázquez militó en las filas del PRD y en noviembre del 2021, por mayoría de votos de sus compañeros magistrados, fue designado presidente del Poder Judicial con la anuencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Durante su exposición, Nieto Castillo mencionó que México se estancó en erradicar la corrupción de 2020 a la fecha.

Explicó que a través del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es como varios países miden su nivel de corrupción.

El IPC clasifica a 180 países y territorios de acuerdo con los niveles de percepción de la corrupción en el sector público. Actualmente México figura en el lugar 138 de los 180 países.

Además el IPC utiliza una escala del 0 al 100 para clasificar los niveles de corrupción en donde un mayor punta indica menor corrupción y un menor puntaje indica mayor corrupción. El puntaje de México en ese rubro es de 30 puntos.

Sobre el tema electoral Nieto Castillo mencionó que Morena tiene las de ganar en el Estado de México el próximo año, pero en Coahuila se desconoce el panorama político.

Dijo que para fortalecer la democracia en México se necesita fortalecer el Poder Judicial, entre ellos el de Guerrero, acabar con las élites políticas y cacicazgos estatales; llamó a los académicos a no ser complacientes con el poder.

«Dónde más dinero incauta el Estado después del crimen organizado es la corrupción, y se necesitan dos factores indispensables para el combate a la corrupción: las instituciones y la voluntad política”, mencionó Nieto Castillo, quien estuvo acompañado por su esposa Carla Humphrey; ella también hizo algunas participaciones durante la conferencia.

Asistieron además magistrados y académicos. Ocurrió en el auditorio del Poder Judicial, ubicado en centro de esta ciudad.

Tanto Nieto Castillo y su esposa recibieron sendos regalos por parte de los magistrados del TSJ.

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Fue el gobierno quien entregó 354 animales al santuario Black Jaguar-White Tiger; en inspecciones, Profepa no reportó fallas

El gobierno dio al santuario Black Jaguar-White Tiger no solo felinos, sino también aves y reptiles. De muchos de ellos se desconoce su paradero, mientras las inspecciones de las autoridades no dieron cuenta de problemas en el lugar.


Texto: Sergio Rincón / Animal Político

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entregaron en depósito o donación 354 ejemplares de fauna silvestre, principalmente felinos, al santuario Black Jaguar-White Tiger, asociación que está denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posible maltrato animal.

Desde el pasado 5 de julio, la Profepa acudió al santuario para realizar diligencias y encontró felinos en “estado crítico”; algunos ejemplares ya fueron trasladados al Zoológico de Chapultepec. Pero antes de esta coyuntura, entre 2014 y 2019, al menos 26 funcionarios ambientales federales —de diversos estados— realizaron decenas de donaciones a la organización, cuyo predio está ubicado en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, de acuerdo con 39 actas de depósito o entrega-recepción notariadas, que se encuentran en la página web de Black Jaguar-White Tiger.

Animal Político buscó a la Semarnat y la Profepa para preguntarles por qué eligieron este santuario como destino de estos animales, pero no hubo respuesta. También se solicitó postura de la organización, pero tampoco respondió.

Entre las donaciones que realizaron las autoridades ambientales se encuentran leones, tigres, jaguares, pumas, ocelotes, tucanes, búhos, águilas, monos, cocodrilos y hasta un oso negro (muerto), de los cuales, según los documentos, la asociación fundada por Eduardo Serio debía dar reportes periódicos de su estado de salud y condiciones generales.

Estos animales provenían de decomisos en operativos de seguridad y de rescates en parques temáticos, circos o zoológicos. Algunos hasta tenían nombres artísticos como Jimbo, Simba, Mufasa, Princess, Kiara y Shambala, entre otros.

Las donaciones se hicieron a pesar de las inspecciones, las cuales se detallan en la mayoría de las actas de donación o depósito. Por ejemplo, el 21 de enero de 2018 dos funcionarios de la Profepa realizaron una visita de inspección (acta FA/007/18) a la instalaciones de Black Jaguar-White Tiger. En ese momento, solo estaba uno de los trabajadores del santuario, quien designó a una testigo para la diligencia. Tras la evaluación, dejaron en depósito a un león africano que provenía de un parque temático.

Los funcionarios ambientales decidieron dejar al león, pues tras su inspección resolvieron que “no existen faltas en materia de trato digno y respetuoso… (se cuenta) con las instalaciones adecuadas para su debida estancia”.

Meses más tarde, en junio de 2018, se realizó otra inspección de funcionarios de la Profepa pertenecientes a sus oficinas centrales en la CDMX; la diligencia resultó positiva y en esta ocasión dejaron a una pantera.

En las actas, casi todas firmadas por Eduardo Serio, se especifica que el santuario debía procurar el bienestar de los ejemplares, conservarlos en instalaciones adecuadas y emitir informes mensuales a las autoridades ambientales para detallar su condición y valorar su liberación.

Hasta el momento, la Semarnat no ha dado detalle sobre dónde están esos ejemplares o si murieron. Es público un caso ocurrido en agosto de 2017, cuando la dependencia y el santuario liberaron a cuatro pavones cornudos en Chiapas, que inicialmente estaban en custodia de la fundación.

El pasado 5 de julio, la Profepa informó que dentro del santuario se encontraron 190 felinos, entre ellos, leones africanos, tigres, jaguares y pumas, además de 17 primates y dos coyotes. Pero con la información recabada por Animal Político, se sabe que por el santuario han pasado al menos 354 ejemplares, como águila real, tití, guacamayas y cocodrilos, cuyo destino se desconoce.

Cristopher Estupiñan, abogado de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, AC (AZCARM), dijo en entrevista que sus representados no comprenden por qué hubo favoritismo por parte de las autoridades para llevar a ejemplares a ese santuario, pese las condiciones del predio.

Agregó que puede ser mayor el número de animales que han pasado por Black Jaguar-White Tiger, pero pueden estar en otros predios en la CDMX y otros estados.

“Es inaceptable la inacción de las autoridades, mandar a los ejemplares ahí y que ni siquiera comprobaran las condiciones en las que los tenían, estando a 10 kilómetros de sus oficinas centrales (…) Vamos a pedir que se investiguen a todos los involucrados, pero ahora estamos buscando que se nos reconozca la calidad de víctimas como asociación civil”, dijo Estupiñan.

Este medio publicó que en la denuncia presentada ante la FGR por la AZCARM se detalla que algunos de los ejemplares murieron y el santuario no notificó a la Semarnat. También se narra que los restos presuntamente fueron dados de alimento a los animales o enterrados

“Tenemos conocimiento de que también hay fosas donde enterraban a animales que fallecían. Por eso debe investigar la fiscalía y asegurar el predio, y descubrir (cuántos animales fueron enterrados)”, dijo Estupiñan.

El pasado viernes 8 de julio, la FGR comenzó las diligencias en el santuario. En la denuncia que la AZCARM presentó, se describe que dentro del lugar había una gran cantidad de animales en peligro de extinción en condiciones deplorables, mal estado de salud, desnutrición y con heridas expuestas que no habían sido tratadas.

Donaciones por centenas

Tan solo en las oficinas centrales de la Semarnat y la Profepa, en la CDMX, se autorizó la donación o depósito de 227 ejemplares; el funcionario que firmó las actas de depósito fue Joel González Moreno, que hasta 2019 trabajó como director general de inspección de vida silvestre y recursos marinos en la Profepa.

Entre enero y junio de 2019, se entregaron a Black Jaguar-White Tiger al menos 100 ejemplares de fauna silvestre. La mayoría de estos supuestamente fueron entregados por particulares al santuario, luego la Semarnat autorizó oficialmente el acta de depósito.

De acuerdo con los documentos, el santuario era considerado una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y tenía el registro DGVS-PIMVS-CR-IN-1745-DF/2015 ante la Semarnat. En algunas actas, se menciona que el predio es una PIMVS, es decir, una instalación que maneja vida silvestre en forma confinada, fuera de su hábitat natural.

El pasado 5 de julio, la Profepa informó que en el predio del santuario antes estaba registrada la UMA, pero ya no estaba en funcionamiento; no detalló desde cuándo.

La explicación de por qué las autoridades eligen el destino de los ejemplares decomisados se contempla en la fracción XV del artículo 32 del Reglamento Interior de la Semarnat, donde se refiere que la Dirección General de Vida Silvestre tiene la atribución de: “Participar con las unidades administrativas competentes de la secretaría, en la determinación del destino de los ejemplares, partes y derivados de vida silvestre, incluidas especies en riesgo, entre ellas, las acuáticas y forestales que tengan esa categoría y decomisados, entregados voluntariamente o rescatados y devueltos por otros países”.

¿Y las inspecciones?

En la denuncia ante la FGR se narra que las jaulas no cumplían con la protección para los animales y para el personal. Los espacios de confinamiento no tenían puertas ni candados, ni tampoco letreros para advertir riesgos.

“Las instalaciones del predio no cuentan con los permisos suficientes para poder desarrollar la actividad de protección, cuidado, reproducción y preservación de estas especies, no cuentan con los planes de manejo necesarios para poder tener a especies en riesgo y mucho menos a especies en peligro de extinción”, señala.

No se sabe cuántas inspecciones ha realizado la Profepa en el santuario. Incluso, por medio de transparencia se le ha solicitado información al respecto, pero la institución federal aún no ha dado detalles precisos ni un número de diligencias.

Esta semana, la Profepa informó que analiza los elementos que encontró en el santuario, con el fin de tener elementos de prueba y armar una denuncia sólida.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

FGR abre investigación sobre 26 mdp de Peña; deja pendientes irregularidades en su sexenio por 112 mil mdp

La carpeta de investigación abierta por la fiscalía no contempla las irregularidades millonarias detectadas por la Auditoría Superior en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se revelaron grandes casos de corrupción.


Texto: Nayeli Roldán, Zedryk Raziel y Manu Ureste / Animal Político

Fotografía: Facebook Enrique Peña Nieto

 

A más de tres años de que concluyó su sexenio, el expresidente Enrique Peña Nieto se convirtió este jueves 7 de julio en el primer exmandatario en ser acusado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita que ascenderían a 26 millones de pesos. Pero al mismo tiempo, se trata de la primera y única carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Peña, pues no existe otra indagatoria sobre alguna irregularidad ocurrida durante su gobierno. Este expediente, además, alude a un delito posiblemente cometido cuando Peña ha había dejado el cargo.

Ni La Estafa Maestra ni los casos Odebrecht o Agronitrogenados han alcanzado a Peña Nieto. Tampoco los 112 mil millones de pesos que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron gastados de manera irregular en su mandato y que hasta el momento siguen ‘perdidos’. Estos recursos presuntamente se desviaron en gasto sin comprobar en qué, en compras a sobreprecio o en pagos irregulares.

No hay, además, imputaciones directas contra algún miembro de su gabinete, como Luis Videgaray, extitular de Hacienda, la dependencia encargada de administrar los recursos públicos.

Los 112 mil millones de pesos equivalen a todo el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública para 2022.

En resumen, nada se ha podido probar sobre corrupción del expresidente, salvo posiblemente estos 26 millones de pesos, anunciados este jueves y que habrían sido transferidos cuando Peña ya no era presidente.

Autoridades ministeriales confirmaron a Animal Políticoque la FGR no ha recibido ninguna denuncia por hechos de corrupción en contra del expresidente Peña.

La única carpeta de investigación por posible corrupción y lavado de dinero que incluye al exmandatario fue abierta solo por los dichos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sobre supuestos sobornos con dinero de Odebrecht para que la reforma energética fuera aprobada. Sin embargo, “no se ha reunido la información suficiente para proceder en contra de Peña Nieto”.

Por ese caso, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle es el único político que enfrenta un proceso judicial como presunto responsable de haber entregado sobornos a legisladores, a cambio de aprobar la reforma energética en 2013, y está en prisión preventiva desde abril de 2021.

Solo en dos casos de corrupción como La Estafa Maestra y Operación Safiro fueron desviados más de 6 mil millones de recursos públicos durante el sexenio pasado, sin que hasta el momento las autoridades judiciales hubieran avanzado en las investigaciones para hallar a los responsables y beneficiarios de los fraudes.

Este jueves, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la detección de un esquema por el que el exmandatario presuntamente se benefició de más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales.

Dichos recursos fueron transferidos por un familiar a Peña Nieto en tres movimientos financieros desde México y hacia España. El primero en agosto de 2019, por 16 millones; el segundo en octubre de 2021, por 5 millones, y el último también en octubre de 2021, por 5 millones. Según Gómez, ese familiar también realizó operaciones con un hermano del expresidente a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.

Al tratarse de operaciones de las que se desconoce la fuente de procedencia, la UIF interpuso una denuncia ante la FGR, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, fue la instancia que inició la carpeta de investigación.

Santiago Nieto, anterior titular de la UIF, aseguró en su cuenta de Twitter que la información sobre posibles irregularidades del expresidente “fue reportada previamente a diversas autoridades competentes”.

Sin embargo, las indagatorias solo se concentraron en las transferencias a partir de 2019, pero Pablo Gómez no informó que hubiese alguna pesquisa respecto de los años previos, cuando Peña Nieto era presidente y ocurrieron diversos casos de corrupción.

Tras dejar el gobierno, Peña Nieto se instaló en España, según reportó el diario El País, gracias a un permiso de residencia conocido como golden visa o visado dorado, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos 1 millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros.

Mientras, su actual pareja, Tania Ruiz, ha difundido en sus redes sociales su actual estilo de vida, que incluye viajes a ciudades como Roma, Bruselas o Nueva York.

El exmandatario solo disponía de 50.5 millones de pesos, según sus propias declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). Su patrimonio declarado incluía nueve inmuebles —entre casas, departamentos y terrenos— con una extensión total de 89 hectáreas y un valor conjunto de 21 millones 420 mil 406 pesos.

Según los documentos disponibles en Declaranet, el expresidente afirmó que seis inmuebles le fueron donados, otro más lo heredó de su esposa fallecida, Mónica Pretelini, y dos más los compró de contado. Es decir, salió del poder con las mismas nueve propiedades que reportó al inicio de su gobierno.

El exmandatario, además, declaró ser dueño de muebles, joyas y obras de arte por un valor de 6 millones 900 mil pesos. También reportó poseer un fondo de inversión con 15.7 millones de pesos, un seguro de separación individualizado con más de 3 millones y otras inversiones por 3.5 millones.

Los casos de corrupción  

La ASF tiene el registro de 112 mil millones de pesos de recursos “por aclarar”, es decir, que se gastaron pero de manera irregular entre 2013 y 2018 en las dependencias y organismos federales agrupados en los rubros de “gobierno”, “desarrollo económico” y “desarrollo social”, según se puede consultar en el Sistema Público de Auditorías.

Entre las irregularidades detectadas por la Auditoría se encuentran casos como la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, de Altos Hornos de México, SA (AHMSA), propiedad del empresario Alonso Ancira Elizondo, por la que Pemex pagó 240 millones de dólares, más 200 millones para rehabilitación.

Sin embargo, la planta era chatarra y nunca operó. Por el caso, Emilio Lozoya, titular de Pemex cuando ocurrió la compra, fue acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por presuntamente haber recibido 3.4 millones de dólares de soborno por ayudar a concretar dicha operación de compraventa.

En 2017, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dieron a conocer el esquema de corrupción La Estafa Maestra, mediante el cual 11 dependencias hicieron convenios con ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios, aunque estas subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma.

El esquema involucró 7 mil millones de pesos entregados a través de dichos convenios, de los cuales al menos 5 mil millones de pesos terminaron en empresas inexistentes, por lo que el dinero desapareció y los servicios contratados —que iban desde compra y reparto de despensas hasta servicios en pozos petroleros o desarrollos tecnológicos— nunca se cumplieron.

Operación Safiro 

La Operación Safiro fue un esquema de desvío de mil 180 millones 981 mil pesos que presuntamente fue orquestado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y al menos siete gobiernos estatales y dos autoridades municipales del Edomex y la CDMX, y que presuntamente tuvo la finalidad de financiar campañas políticas para favorecer a candidatos priistas.

A la fecha, se ha documentado que en 2016, en el gobierno de César Duarte en Chihuahua, se desviaron 246 millones provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), de la SHCP, a una red de empresas fantasma que, a su vez, dispersaron el dinero en múltiples operaciones financieras de lavado de dinero, hasta terminar presuntamente en camionetas de traslado de valores en el Estado de México.

La Fiscalía General de Chihuahua, en la administración del panista Javier Corral, inició una carpeta de investigación por la Operación Safiro y recogió testimonios de testigos colaboradores que señalaron que en los desvíos colaboraron activamente el entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el exgobernador Duarte y el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, Isaac Gamboa Lozano, quien fue asesinado junto con su familia en mayo de 2020.

La red de empresas que desvió el dinero transferido a Chihuahua también fue utilizada por otros gobiernos en el mismo periodo. De acuerdo con nueva información de la UIF a la que Animal Político tuvo acceso, los gobiernos de Sonora, Colima, Morelos y Michoacán, así como el municipio mexiquense de Naucalpan, transfirieron a la red de Safiro al menos 228 millones 792 mil 517 pesos en 2016.

Una investigación de MCCI documentó que, además, el gobierno de Durango les transfirió 230 millones 400 mil pesos; el del Estado de México, 489 mil pesos, y la alcaldía de Milpa Alta, 300 mil pesos (es decir, esos desvíos documentados suman 231 millones 189 mil pesos).

Coahuila fue otro estado implicado en la Operación Safiro. El pasado 22 de junio, un juez federal vinculó a proceso a Ismael Eugenio Ramos Flores, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno de Rubén Moreira, por presuntos desvíos de recursos por alrededor de 475 millones de pesos del Fortafin.

La FGR acusó que ese monto fue desviado mediante 15 contratos simulados para la prestación de servicios como cursos y asesorías, tal como sucedió en Chihuahua.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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La carboeléctrica que produce muerte

En Petacalco, Guerrero, donde está la central eléctrica que más energía produce para la CFE, ocurre un ecocidio desde hace más de 20 años con la tolerancia de las autoridades. Tortugas, peces, cultivos y los propios habitantes de la zona son afectados por la contaminación que emite esta planta de carbón


Texto: Vanessa Cisneros y Blanca Corzo / Mexicanos contra la corrupción y la impunidad 

Fotografía y video: Lucía Vergara

 

En la central de generación eléctrica Plutarco Elías Calles mueren cada día decenas de tortugas, peces y cocodrilos. Esta planta, la que más energía produce para la Comisión Federal de Electricidad en todo el país, está acabando también con los cultivos de la zona, además de afectar la salud, las fuentes de trabajo y la vida cotidiana de los pobladores de Petacalco, Guerrero.

Las tortugas marinas llegan desde el océano Pacífico y nadan por el Río Balsas, que está en el límite con Michoacán, donde la comisión abrió un canal para jalar agua utilizada para un proceso industrial de enfriamiento. Salvo unas boyas flotando sobre el agua, nada impide el paso de las tortugas al cauce artificial que las conduce a la muerte.

Especies como laúd, negra y golfina son capturadas en rejillas de la planta eléctrica y luego jaladas con rastrillos que les cercenan los miembros; otras más se quedan varadas bajo el sol por días y mueren deshidratadas, según testimonios recabados.

Pobladores y ambientalistas han documentado la muerte de hasta 76 tortugas en un sólo día bajo estas condiciones. Además, señalan que el personal de CFE llega con grúas o camiones para recoger a los animales -aunque estén vivos- y los llevan a un tiradero dentro de la planta, en donde los cubren con tierra y zacate.

A esto se suman las miles de sardinas que aparecieron muertas y esparcidas en las playas de Petacalco a inicios de 2022. Un estudio que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero mandó a hacer, la muerte masiva fue resultado de “la pesca incidental en la zona”, descartando que la causa fuera la contaminación de la planta.

La promesa de empleos y mejoras a la localidad que hizo la CFE cuando llegó a Petacalco el 18 de noviembre de 1993 no se ha cumplido.

En ese tiempo la mayor parte de su población se dedicaba a pescar, cultivar o tener ganado. A casi treinta años de la inauguración de la planta, las fuentes de trabajo en esta localidad de poco más de 3 mil 400 habitantes se agotan por la contaminación y sólo ocho habitantes de Petacalco trabajan en la planta.

Los pescadores, muchos ya en la tercera edad, dicen que antes de que las chimeneas de la CFE comenzaran a funcionar, ellos sacaban hasta una tonelada de peces en un día, a pocos kilómetros de la playa.

Hoy tienen que navegar más de 30 kilómetros para lanzar sus redes y dejarlas por un día o dos para atrapar un par de peces. El motivo, explican, es que la CFE vierte sus desechos al mar por un canal de descarga.

El agua que sale de ese canal y termina en el mar está muy caliente. Cuando amanece, las olas de la playa que rompen cerca de donde se juntan el canal con el mar, están tibias y un humillo se desprende de ellas. Además, cuando la piel toca esa agua, se enrojece y duele. En algunas personas deja manchas rojas por algún tiempo, que arden.

El humo que sale de las chimeneas de las siete unidades de generación eléctrica que trabajan día y noche, también afecta los cultivos de limón, coco, sandía, plátano y otros frutos que suelen estar cubiertos por las cenizas que caen con las emisiones de la planta. Las frutas no se pueden comer, pues tienen como pequeñas quemaduras y en algunos casos al cortarlas están negras por dentro, lo que hace que el cultivo ya no sea sostenible para los pobladores.

Además, el aire que se respira en las calles de la localidad pica la nariz, la garganta y los ojos. Quienes viven a unos pasos de las puertas de la central, cuentan que hay días en que el humo que sale de las chimeneas de la comisión baja a ras de piso y es imposible respirar.

Tienen que encerrarse en un cuarto hasta que pase ese humo que describen con olor a “petróleo” o como de algo “chiloso” porque les pica la garganta y los ojos.

Aunque esta central es la que más energía genera al año en todo el país, con 15 mil 817 gigavatios por hora, de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), también es la que más contamina.

En 2017 investigadores del Centro de Ciencias de la Tierra de la UNAM y de la Subdirección de Generación de la propia CFE publicaron un artículo que concluye que esta planta era la que más emisiones de mercurio emitía de las tres carboeléctricas de la CFE.

“Los resultados muestran que la mayor emisión se presentó en la carboeléctrica localizada en Petacalco, Guerrero”, dice el estudio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que exponerse al mercurio o la inhalación de su vapor puede causar daños en el sistema nervioso e inmunitario así como en el aparato digestivo, además de los pulmones y riñones.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) pudo constatar con los registros de la Secretaría de Salud que de todas las muertes ocurridas entre 2012 y 2020, casi un tercio están relacionadas con padecimientos ligados a la contaminación ambiental.

De un total de 176 fallecimientos reportados, cuando menos 56 tienen como causas tumores, anemias o linfomas (22), padecimientos respiratorios (14), infartos cerebrales o enfermedades del sistema nervioso (11) y padecimientos en el hígado o riñón (9).

La planta tiene 28 años de actividad, pero la CFE no tiene estudios ambientales recientes sobre los daños que causa la central en Petacalco.

Las autoridades informaron a MCCI vía transparencia que los últimos estudios en esta materia se hicieron cuando se proyectaba la carboeléctrica, hace tres décadas, y desde entonces se planteó que la central estuviera sólo 30 años activa.

El 84 por ciento de la energía que produce anualmente la CFE proviene de fuentes contaminantes, como el gas, el carbón o el combustóleo.

 

Lee el trabajo completo aquí

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y lo reproducimos con su autorización.

 

Empresa implicada en presunto fraude al ISSSTE regresa más de 950 mdp; la indagatoria por corrupción sigue

Texto: Sergio Rincón y Arturo Ángel / Animal Político
Fotografía:
5 de junio de 2022

La empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, perteneciente a uno de los principales grupos farmacéuticos del país, le regresó al ISSSTE más de 950 millones de pesos que había obtenido en una presunta operación fraudulenta en el actual sexenio. Esto, mientras continúa la investigación penal en contra de ocho exfuncionarios, entre ellos, el exabogado del propio instituto, por delitos de corrupción.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que la empresa perteneciente al consorcio Grupo Fármacos Especializados —señalada de haber acaparado la compra de medicamentos en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto— entregó más de 100 millones por concepto de intereses y 831 millones 302 mil 409 pesos relacionados con el monto del posible fraude.

Como este medio reveló en diciembre pasado, la operación irregular tuvo como origen un doble pago que los entonces funcionarios del ISSSTE realizaron entre 2019 y 2020. Aun cuando el dinero acaba de ser pagado, la fiscalía indicó que las investigaciones siguen en desarrollo en contra de todos los implicados.

El pasado 27 de abril, un juez federal consideró que había elementos suficientes para abrir proceso en contra de los exfuncionarios señalados por la FGR por su probable responsabilidad en los delitos de uso ilícito de atribuciones, ejercicio ilícito del servicio público y abandono de la defensa. Entre los implicados se encuentra el que fuera director jurídico del instituto hasta enero pasado, José Febo Trujeque Ramírez.

El juez dio un plazo de tres meses para que continuara la investigación complementaria, periodo que vence el próximo 25 de julio. En caso de no desistir, lo que no ha ocurrido hasta ahora, la fiscalía deberá presentar la acusación para ir al juicio.

Trujeque Ramírez confirmó a este medio que sigue vinculado a proceso y con las restricciones que le impiden salir del país. Este lunes, le solicitó a la jueza responsable del proceso permiso para poder irse de vacaciones al extranjero, pero los fiscales se negaron bajo el argumento de que el caso continúa y sigue bajo proceso.

La devolución del dinero realizada por la empresa se había dado a conocer solo de forma interna durante un informe de labores de la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizado la semana pasada. En dicho evento, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Thalía Concepción Lagunes, indicó que la empresa entregó el dinero, aunque hubo supuestas resistencias de la actual directora jurídica del instituto para recibir esos recursos.

“No me sorprende que la empresa haya hecho la devolución, pues en algún momento lo tenía que advertir contablemente con las consecuencias penales que ello podría traer. Lo que sí me sorprende es la posición de la actual directora jurídica del ISSSTE, que se negaba a recibirlo, pese a la instrucción de la consejera jurídica y de la oficial mayor”, declaró en entrevista Trujeque Ramírez.

Sobre estos hechos, el área de comunicación del ISSSTE confirmó que el dinero efectivamente se recibió, pero no emitió mayores comentarios.

¿Error humano o corrupción organizada?

Durante la audiencia inicial —realizada en varias sesiones del pasado mes de abril—, los fiscales del caso señalaron que los implicados presuntamente actuaron con dolo y fueron omisos, no tuvieron comunicación con sus superiores, no verificaron y no atendieron normas y protocolos, lo que provocó que el ISSSTE, durante la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda, perdiera un juicio mercantil y pagara en dos ocasiones a la empresa Selecciones Médicas del Centro.

Los fiscales en su momento detallaron una cadena de actos. Por ejemplo, Juan Carlos Larrieu Creel, quien ocupó el cargo de subdirector de Infraestructura de la Dirección de Administración del ISSSTE, dejó su puesto en diciembre de 2018, pero no avisó que había cuentas por pagar con la empresa Selecciones Médicas del Centro, lo que generó un juicio mercantil que finalmente la institución perdió.

A Sebastián López Herrera, quien se desempeñaba como jefe de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración, se le vinculó a proceso por su presunta participación en dos delitos, uno de ellos relacionado al uso ilícito de atribuciones, pues firmó documentos con un cargo que supuestamente no tuvo un nombramiento formal.

Ante el juzgado, el exdirector jurídico, José Febo Trujeque Ramírez, acusó al actual director del instituto, Pedro Zenteno Santaella, de cometer presuntas omisiones y que desde su oficina se emitieron “documentos falsos”, pues anteriormente él era director administrativo.

En la audiencia, Febo Trujeque mostró un documento firmado por un funcionario subordinado de Pedro Zenteno y fechado a mediados de 2019, que decía que no se habían realizado los pagos a la empresa Selecciones Médicas del Centro. Sin embargo, entre enero y diciembre de 2019, y en medio del litigio, se emitieron 760 facturas como pagos que finalmente alcanzaron la cifra de más de 790 millones de pesos.

Juan Daniel Álvarez Santillán y Juan Manuel Estañol, quienes laboraban en el área jurídica del ISSSTE, fueron vinculados a proceso por abandono de defensa, pues presuntamente no agotaron todos los recursos legales en el juicio mercantil del instituto contra la empresa Selecciones Médicas del Centro.

Tras la devolución del dinero que ahora realizó la empresa, Trujeque Ramírez consideró que lo procedente es la extinción del procedimiento y que el caso ya no llegue a juicio, bajo el argumento de que el daño económico causado ha sido reparado.

No obstante, autoridades ministeriales ligadas directamente con este proceso señalaron a Animal Político que la intención del Ministerio Público no solo es continuar con el proceso, sino proceder penalmente en contra de otros responsables que hasta ahora no han sido acusados.

“Estamos ante un delito de naturaleza formal. Es decir, no se trata de un robo donde se devuelve el dinero y se acabó. Aquí hay hechos de corrupción que ya se cometieron y tienen que ser esclarecidos y sancionados”, dijo uno de los fiscales a cargo de las indagatorias.

Regaña dirigencia nacional de Morena a alcaldesa de Acapulco por corrupción en la policía

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oficial 

Chilpancingo

 

Después de que la dirigencia nacional de Morena la regañara por no dar resultados en seguridad y por no acabar la corrupción en la Policía Municipal, la alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, exigió públicamente al secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Serrano Pérez, que ponga orden en esa corporación.

Durante un acto donde fueron entregadas patrullas y estímulos económicos al personal de esta Secretaría, la edil dijo que seguido recibe reclamos de la dirigencia nacional de Morena.

«Se oye muy feo cuando ustedes roban, seguido me dan reclamos, no sé donde meterme», comentó la alcaldesa en referencia a un video que circuló hace unos días en el que se ve a elementos de la Policía Municipal extorsionando a un ciudadano que camina por una de las calles de Acapulco.

«No es posible que seamos la mala cara para la sociedad, afuera nos ven mal, que somos los que estamos extorsionando», mencionó.

«De frente les digo, jamás van a escuchar de mí que he recibido mochada, si a ustedes les dan a título personal, pero no porque yo esté pidiendo dinero», les dijo la alcaldesa a los policías, quien por el tono de su voz parecía enojada.

Luego se dirigió al secretario de Seguridad Pública, Serrano Pérez, y soltó: «es hora de cambiar secretario, no puedo continuar así donde está el flagelo de la corrupción, y le exijo ciudadano secretario vayamos dando resultados».

«A mí también me cuestionan arriba, a mí también me jalan las orejas arriba, y me dicen que está haciendo Abelina», agregó durante el acto que se desarrolló en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública ubicadas en la colonia Progreso.

La edil morenista mencionó también que incluso funcionarios le han llamado para denunciar que los agentes los extorsionan.

También reveló que el gobierno federal le entregó al municipio de Acapulco una serie de apoyos pero que ya la condicionaron de que de no acabar con la corrupción y de seguir con una policía sin certificación no enviarán más patrullas.

Entonces le exigió al jefe policiaco que entregue resultados en seguridad y elimine la corrupción en la corporación.

El regaño que hizo la alcaldesa ocurrió en el contexto de un nuevo hecho de violencia en el municipio. de acuerdo con los reportes oficiales, en la colonia Arroyo Seco hubo un enfrentamiento entre policías ministeriales y delincuentes que trataban de asaltar un camión repartidor de refrescos.

En la balacera murió uno de los delincuentes y un ciudadano resultó herido en el fuego cruzado.

 

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Lucha legal y cultural para recuperar el Pezuapa

A casi un mes de que un supuesto dueño de una parte del parque Pezuapa apareciera, cortara árboles, y colocara una malla ciclónica, vecinos del barrio Tequicorral exigen a las autoridades resolver el conflicto a favor del área verde y evitar el despojo. 


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

 

La población de Chilpancingo ha decidido luchar para recuperar su espacio recreativo que es el Pezuapa en dos vías: La legal ante las autoridades judiciales y la política, realizando actos culturales para difundir la importancia de tener este lugar en manos de la ciudadanía. 

A casi un mes de que un supuesto dueño de una parte del parque Pezuapa apareciera, cortara árboles, y colocara una malla ciclónica, vecinos del barrio Tequicorral exigen a las autoridades resolver el conflicto a favor del área verde y evitar el despojo. 

Además de lo que pueda resolver el ayuntamiento, los vecinos interpusieron una demanda de amparo ante un Juzgado de Distrito de Chilpancingo para que invalide las escrituras que posee una persona que se dice dueño el predio.

El pasado viernes diez de junio un actuario del Juzgado acudió al parque Pezuapa para llevar a cabo una diligencia de desahogo de pruebas a la que acudió la gente.

Dicho funcionario judicial habló brevemente y dijo que el caso de este amparo que interpuso una parte de los interesados sigue en curso pero que faltan una serie de pruebas para determinar a quien se le da la razón.

Los vecinos dijeron que pese a que en esta diligencia se le invitó a que estuvieran presentes funcionarios del ayuntamiento de Chilpancingo nadie acudió.

Indicaron que con la falta de presencia de algún enviado municipal se demuestra una vez más que a la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez no le interesa resolver el caso pese a que ella sabe que anteriores administraciones municipales son responsables de haber avalado supuestas escrituras a un particular que ahora pretende vender el predio.

Mencionaron que incluso el propio Juzgado de Distrito en donde se interpuso el amparo se le hizo un requerimiento a la autoridad municipal para que estuviera presente en la audiencia del pasado 10 de junio.

Después de la audiencia los vecinos dijeron que el Registro Público de la Propiedad del Gobierno estatal no ha aportado los datos sobre la propiedad de este predio además de que falta que se realicen peritajes.

Pero mientras dura el litigio ante la autoridad judicial federal, la gente que disfruta este parque siguen difundiendo este asunto organizando festivales culturales los fines de semana en el Pezuapa.

Este domingo 12 de junio se realizó una muestra pictórica y fotográfica donde diversos artistas plásticos y fotógrafos expusieron parte de su obra.

Las obras de diez artistas, que acudieron ese día al parque para solidarizarse con los vecinos, se colocaron alrededor de la malla que cercó el particular cuadros de pinturas y fotografías.

“Nosotros como artistas independientes nos sumamos a las actividades que se están haciendo aquí, propusimos hacer esta exposición al aire libre como intervención simbólica para hacer un poco de ruido hacia está situación”, comentó R. Foster uno de los artistas participantes.

Con esta exposición los vecinos pretenden visibilizar de manera pacífica la importancia de los espacios públicos y su utilidad en la vida de la población. 

El pasado  28 y 29 de mayo se realizó el Festival Pezuapa, una muestra artístico cultural donde participaron artistas, deportistas y sociedad, además de un tendedero de listones sobre la malla que cerca el espacio del que se pretende apropiar.

En los listones las personas colocaron palabras de apoyo al parque.

“Dios hizo el mundo grande para todos, pero demasiado pequeño para los ambiciosos”, se lee en uno de los listones que continúan colgados. 

 

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