Hermelinda Santiago Ríos es originaria de la comunidad Francisco I Madero, municipio de Metlatonoc, en la Montaña de Guerrero, es indígena Me’paa y desde niña comenzó a ir a los campos agrícolas del país a trabajar.
Por la falta de empleo y de escolaridad la única alternativa de Hermelinda, como la de muchas otras mujeres de la Montaña, fue la de migrar al norte del país cada temporada para cosechar en los campos agrícolas berenjena, papas, manzanas, entre otras cosas.
Casos como el de Hermelinda son invisibilizados por las autoridades, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en conjunto con Periplo, organización no gubernamental dedicada a acompañar y asesorar a trabajadores agrícolas migrantes.
De acuerdo con los datos de Periplo, en México 12.7 por ciento de las personas trabajadoras agrícolas son mujeres, de las cuales solamente tres de cada 10 reciben un pago por su trabajo.
Además que 93 por ciento de las mujeres trabajadoras agrícolas en México carece de contrato, 90 por ciento carece de acceso a la salud por parte de su patrón y el ocho por ciento no cuenta con prestaciones laborales.
“Nosotros estamos metidos ahí desde niños. Desde hace dos, un año, dijeron por ahí. Estamos en el estómago de nuestra mamá. Está metida en los surcos. Nosotros ahí, nacemos, ahí crecimos. Somos jornaleros”, contó Hermelinda.
Hermelinda compartió su experiencia durante la presentación de la campaña Ellas hablan, una iniciativa impulsada por el proyecto Periplo, para dar a conocer las propuestas y contribuciones de las mujeres trabajadoras agrícolas migrantes tanto en México como en Estados Unidos.
Ellas hablan es una campaña que busca visibilizar la situación de las mujeres trabajadoras agrícolas, qué consiste en que 10, mediante entrevistas, cuentan sobre las difíciles condiciones laborales y humanas a las que se enfrentan.
Casos como discriminación, bajos salarios en México, falta de prestaciones, excesiva duración de las jornadas laborales y falta de oportunidades para acceder a visas de trabajo para emigrar a Estados Unidos, son situaciones que contó Hermelinda durante su entrevista que es la primera de las diez que se presentarán en las redes sociales de Periplo.
«Las historias también nos permiten conocer y ampliar el papel de agentes de cambio que estas mujeres están teniendo para sus familias, comunidades y para cambiar la industria agrícola en México y Estados Unidos; además de reconocer retos específicos que por su género enfrentan, como las dobles o triples jornadas de trabajo al encargarse de la crianza y cuidado de hijas, hijos y terceras personas, así como otras labores de cuidados, y la invisibilización de sus contribuciones, bajo nivel de representación y toma de decisiones en sus espacios de trabajo», comentó Pablo Baños, coordinador del proyecto Periplo.
Hermelinda considera que a a traves de la campaña Ellas hablan la industria y las personas consumidoras reconocerán la importancia de su trabajo y que industria y gobierno actúen para garantizar sus derechos humanos y laborales.
El joven de 19 años y su tío Jesús partieron de Veracruz en busca de oportunidades. El endurecimiento de las políticas migratorias los hizo ajustar su plan y, pese a los riesgos, optar por cruzar la frontera escondidos en vehículos.
Hace seis años Pablo, siendo un niño, vio cómo su mamá se fue a Estados Unidos, hizo una vida allá y los ayudó económicamente para que no les faltara nada. Por eso creyó que, para pagar los gastos del parto de su hijo que está en camino, él podría hacer lo mismo. Pero las circunstancias son diferentes. Tanto, que el intento le costó la vida.
Los planes para irse comenzaron hace tres años, cuando pagó 15 mil pesos a una persona para que le ayudara con los trámites de la visa. Sin embargo, la pandemia comenzó y las citas para acudir a la entrevista se cancelaron. Así, las llamadas que él hacía para pedir informes le daban una fecha y otra. Quizá en 2023, le dijeron la última vez.
Por eso, cuando llegó la noticia de que tendría un bebé, la idea de irse “de mojado” comenzó. Él y su familia recordaban entonces las anécdotas que su mamá les había contado por teléfono, de cuando cruzó la frontera embarazada hace seis años. Por ejemplo, la forma en que brincó un muro, pidió apoyo y logró llegar a Florida, donde se estableció todo este tiempo.
Animado por su tío Jesús, la historia de su mamá y de muchos otros migrantes que han partido de Tlapacoyan, Veracruz, hacia Estados Unidos, Pablo Ortega Álvarez salió hacia allá. Murió el 27 de junio en un tráiler, donde 53 personas migrantes se asfixiaron.
Hoy, las fotos de Pablo y de Jesús reposan en un pequeño altar de la casa de Pablo. Ese día se fue llorando, pero feliz de reunirse por fin con su mamá —ahora a sus 19 años— y listo para estar tres años en Estados Unidos, para así pagar los 3 mil dólares que le costaba irse y el nacimiento de su hijo, una casa, un coche y tener ahorros.
Camino de migrantes
Jesús Álvarez, de 43 años, a diferencia de Pablo, ya había vivido allá pero soñaba con regresar. Su vida en aquel país acabó hace tres años, en épocas del presidente estadounidense Donald Trump, cuando “la migra” lo agarró y lo regresó a su natal Misantla.
Él, después de siete años, fue deportado justo en esa época, cuando el muro de la frontera se ampliaba para hacer más difícil el cruce ilegal y se ponía en marcha la política migratoria más restrictiva, que determina la expulsión inmediata de personas sin documentos y que las personas no pueden acudir a solicitar asilo a las vías regulares.
Esa política llamada Título 42 argumenta que los migrantes son un riesgo para la salud debido a la pandemia de COVID-19 y se convirtió en una forma de deportar a las personas migrantes de manera expedita: tan solo durante este año, casi medio millón de personas han sido expulsadas de Estados Unidos por esta política (473 mil 793), de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
El total de mexicanos que han sido devueltos de Estados Unidos este año es de 112 mil 298. El año pasado fueron 160 mil 689, de acuerdo con el boletín estadístico de repatriación de las y los mexicanos desde Estados Unidos del Instituto Nacional de Migración.
En mayo, una orden de un juez obligó a mantener el Título 42 vigente, mientras que activistas advirtieron que eso no disminuiría la migración pues las personas siguen buscando nuevas formas de cruzar hacia territorio estadounidense.
“El Título 42 no ha hecho nada para limitar la migración general en la frontera entre Estados Unidos y México. De hecho, esta migración está cerca de alcanzar máximos históricos, y es probable que el mantenimiento del Título 42 haga que las cifras continúen siendo altas durante algún tiempo”, señaló la asociación civil WOLA en un documento.
Y a pesar del Título 42, la migración continúa. Una muestra son Jesús, Pablo y los otros 51 migrantes que murieron en el tráiler.
Jesús fue quien le propuso a Pablo irse y, aunque primero pensaron en el desierto como la forma ideal para hacerlo, el riesgo que corrían los llevó a decidirse a irse “por la línea” (el sitio donde se cruza de manera legal la frontera), escondidos en automóviles.
Junto con ellos se iba a ir la mamá de Jesús y abuela de Pablo, pero los dolores en la muela y la diabetes (cuyos gastos eran parte de los motivos de Jesús para irse) hicieron que se arrepintiera. Ahora, espera de regreso los cuerpos de su hijo y su nieto.
La mamá de Pablo consiguió el “coyote” que les ayudaría a cruzar, pero a diferencia de lo que ha sucedido con otras personas de la familia que se van, ahora él no fue quien los recogió en México y los entregaría en su destino final, sino que los pasó de un lado a otro, de un entramado entre casas, lanchas, autos y tráileres que los llevó a su muerte. Nada de eso sabían cuando partieron.
WOLA advirtió que el Título 42 solamente incrementa los riesgos para las personas migrantes, quienes optan por ingresar a Estados Unidos por otros medios.
“Estos cruces son muy peligrosos: los hospitales de San Diego han informado de un alarmante aumento de muertes y lesiones por escalar la valla fronteriza, mientras que los ahogamientos en el río fronterizo se han producido casi a diario”, señala en el documento Tres consecuencias de mantener el Título 42.
Eli solo tiene 14 años y espera el hijo de Pablo. Mientras mira fijamente el altar, platica de las muchas veces que le pidió que no se fuera porque le daba miedo. Su papá iba y venía muchas veces de aquel país y desde hace varios años dejó de hacerlo, pues le dijo que el cruce era más peligroso, que había más vigilancia y que los riesgos eran muchos. Pero Pablo soñaba con ese auto, esa casa, esa moto, esas máquinas de tatuajes. Nada lo podrá tener. Dejó a una adolescente con cuatro meses de embarazo que no sabe cómo pagará los gastos del parto.
Quizá esos sueños los hubiera cumplido si se tuviera la reforma migratoria que presentó el actual presidente, Joe Biden, en su primer día en el poder, y que incluye una vía para la ciudadanía para 11 millones de migrantes que se encuentran de manera indocumentada en aquel país e incrementar los visados de trabajo. Sin embargo, esta reforma no ha avanzado.
Junto con las peticiones de darle celeridad, EU también ha presumido patrullas “conjuntas con México y Guatemala para capturar a más traficantes de personas”, así como escáneres y otros mecanismos de alta tecnología en la frontera. De esos mecanismos habla Eli, esos que su papá detectó y que hacía que le diera miedo el cruce de Pablo.
El trayecto de Pablo
Desde la casa de Pablo, Rosa, su hermana, revisa las últimas conversaciones que tuvieron, mientras las muestra a las cámaras. En sus contactos, lo tiene guardado como “El Triste”: una broma entre dos hermanos que eran cercanos, cómplices y que se cuidaron el uno al otro. “El Triste”, aunque cuenta que Pablo era muy alegre, bromista, que siempre estaba molestando al otro para hacerlo reír.
No le quedan muchos recuerdos físicos de él; un robo le quitó las máquinas de tatuar que usaba y que tanto le costó comprar, su ropa y todos sus artículos personales. Le queda pensar en la última voluntad, que fue despedirse con un cortejo de motos y la canción “Mi última caravana” sonando de fondo, la cadena que cuelga de su cuello y las conversaciones que permanecen intactas.
En esos mensajes se ve cómo viaja a Reynosa, Tamaulipas, las casas de seguridad a las que es llevado, la forma como intentó cruzar cuatro veces el Río Bravo y en una murió uno de sus compañeros migrantes, pero no supo quién era, porque cada vez que llegaban a un punto o una casa lo hacían con personas distintas a quienes no conocían.
En el último intento, el cuarto, logró cruzar en una lancha y un video lo muestra. Otro escondido en un vehículo confirma que estaba ya en territorio estadounidense. Creyeron que por fin estaba a salvo.
Pero entonces vino la mala noticia: irían a una casa y de allí se subirían a un tráiler durante tres horas. No sabían que eso pasaría y vino el miedo. Rosa le pidió que no se fuera hasta atrás porque tenía más riesgo.
“En Hiuston Ya estamos seguros” (sic), escribió a Rosa para intentar calmarla.
“Échale ganas recuerda mente positiva. Carnales hasta la muerte y siempre al millón”, le respondió ella.
Era el 20 de junio. Ese día, Eli se hizo el ultrasonido y vio que sería niño, Pablito, dice ahora. Se lo contó en una llamada por teléfono porque casi no sabe leer y escribir. Fue la última llamada porque le advirtió que les estaban quitando los teléfonos. De ahí silencio. Silencio. No hubo más respuestas.
“Era su esperanza de irse para allá, de hacer una vida mejor, su mamá lo estaba apoyando para hacer sus papeles, a irse y pues se fue. Me sentí angustiado pero pensé que lo iba a lograr, no pensé que pasara esto”, cuenta Alberto Ortega, su papá, quien comenta que el oficio de albañil deja alrededor de mil 500 pesos a la semana, lo que es insuficiente para una vida mejor.
La mamá de Rosa llamó al “coyote” que había contratado y él le aseguró que seguían en una bodega. Pero las llamadas siguieron y más, cuando el 27 de junio encontraron el tráiler. Después, no les volvieron a responder el teléfono.
El primero en ser identificado fue Jesús. Luego les avisaron que un joven con la CURP de Pablo estaba junto a él. Solo llevaba la CURP porque la tristeza y las prisas le hicieron olvidar sus demás documentos.
Su mamá viajó de Florida a San Antonio para verlo, después de seis años, pero no como esperaba: quería que llegara a su casa a instalarse, en el cuarto que recién había construido para él. En cambio, lo vio en el forense. Sin vida. Sin los sueños que buscaba cumplir.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Miles de migrantes que llegan a México se encuentran con “la otra ruta de la migración”, aquella en la que los carteles se afianzaron con las pandillas y tomaron el control de “La Bestia”. En municipios del Estado de México, las personas migrantes son reclutadas como «soldados» para la venta y distribución de droga
Fotos: Alejandro Mendoza Benítez y Jessica Lizbeth Mendoza Benítez
28 de marzo del 2022
Estado de México
En el calor de las vías del tren, entre los arbustos y las rocas que se desprenden de la barranca en una localidad del norte del Estado de México, se encuentran hombres, mujeres y niños con la postura de fatiga y una mirada derrotada. Aquí, los migrantes centroamericanos interrumpen su viaje hacia la frontera con Estados Unidos tras ser empleados de manera forzada en la primera fila del crimen organizado y las pandillas.
“Nosotros lo tenemos que hacer por la familia, si no nos ponen y terminamos allá en el altar”, explicó Marvin Josué, un migrante centroamericano que fue reclutado y actualmente trabaja para una facción de la Mara Salvatrucha (MS-13), adjunta al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aseguró que de no haber aceptado trabajar para la pandilla, habría sido asesinado y sus restos óseos colocados en un altar a la Santa Muerte.
El 12 de mayo del 2021 a las 11:17 de la mañana, en la entidad mexiquense, el joven Marvin Josué, a quien se le cambió el nombre tras aceptar conversar sin ser grabado, estaba sentado a la orilla de las vías del tren con un cigarro en la mano izquierda, la capucha de la sudadera puesta y los tenis amarrados a sus sueños desde que salió de su lugar de origen. Junto a él, dos hombres más, de rostros delgados y labios entrecortados. El primer contacto fue directo pero precavido:
—Buenos días— dijo; extendió la mano y saludó. —¿Qué necesita? —preguntó con firmeza después—. Junto a ellos había una mochila que alejaron levemente al iniciar la conversación y, luego de soltar una breve risa al escuchar el motivo del acercamiento, agregó: —No puedo responder tus preguntas, si yo hablo, en lo que tú vas y las llevas hasta donde escribes, a mí ya me mataron. Pero, te voy a decir lo que sí puedo.
Luego de alrededor de 20 minutos de conversación, en los que dijo asegurarse de que no se trataba de “un cuatro”, Marvin Josué reveló que, tras su llegada al Estado de México, algunos meses atrás, en el municipio de Tultitlán fue abordado por una persona que “se encargaba de reclutar”. Junto a otros hombres, Marvin fue trasladado a una localidad aledaña en donde fueron destinados a realizar distintas actividades por miembros de la MS.
Sin precisar la fecha, relató que después de salir de lo que él llamó “un país de abajo” (para referirse a Centroamérica) y debido a los pocos recursos con los que contaba en ese momento, se vio obligado a recorrer el territorio mexicano por una de las tres rutas principales de traslado hacia Estados Unidos, una de las cuales implica un menor costo: se trata de la ruta del centro que conecta el camino que recorre de Tenosique, Tabasco, o de Tapachula, Chiapas, hasta el Estado de México; son poco más de 1000 kilómetros para llegar al municipio de Tultitlán en donde, de manera irregular, los migrantes suben al tren carguero, conocido como “La Bestia”. Anteriormente los migrantes solían desplazarse en dirección a Reynosa, en la frontera con Tamaulipas y Texas; sin embargo, debido al amplio control que tomó en su momento el cartel de los Zetas en esta ruta, optaron por desplazarse al noroeste, en la zona limítrofe de Sonora y Baja California con Arizona y California, la denominada ruta del “infierno”, el camino largo hacia el “sueño americano”.
Tren carguero “La Bestia”, (Jessica Lizbeth Mendoza Benitez, 2021).
En la actualidad, Marvin es una más de las 177 personas extranjeras en condición migratoria irregular que ha sido víctima de algún delito en territorio mexicano durante 2020 y de los 3 mil 732 casos registrados desde 2016, según estadísticas del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En México, hasta el 25 de abril de 2021, datos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) indican que se registraron al menos 2 mil desapariciones de personas migrantes en el país, las cuales han sido reportadas por sus familiares. Algunas de ellas interceptadas por el crimen organizado y las pandillas, las personas indocumentadas sufren delitos como tortura, secuestro, extorsión o robo antes de ser asesinados y ofrendados, como dicen ellos, a la “niña blanca”.
Los migrantes son reemplazados de la primera fila de la pandilla cuando cometen un error o se resisten a colaborar con las organizaciones, según el testimonio de una fuente cercana a la pandilla, a quien se geolocalizará, por seguridad, en el municipio de Cuautitlán y se nombrará como Alberto para los efectos de esta historia. Las personas migrantes reclutadas en la entidad llevan a cabo actividades de venta y distribución de droga, así como de sicariato, y se les denomina “soldados”. Los centroamericanos —la mayoría— se rigen bajo las órdenes de un “cabecilla” de la MS que opera en el Estado de México, lugar con 125 municipios y 163 mil 244 habitantes que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se ha convertido en una “zona roja” para la comunidad migrante.
Con miembros de la pandilla a bordo de los trenes de carga, a las personas indocumentadas se les obligada a pagar una cuota para que no las arrojen al convoy en movimiento o se les detenga, hasta pagar una extorsión, en “casas de seguridad” ubicadas estratégicamente en territorios aledaños a las vías del ferrocarril: así es la vida del migrante.
Migrantes durante la pandemia por covid-19
Durante el último año, la pandemia por SARS CoV-2 originó cambios en la movilidad de los migrantes, las rutas de tránsito ordinario se vieron afectadas y los carteles del país se desplazaron a nuevos territorios. Los ciudadanos pasaron del interés y la solidaridad iniciales, al descontento y la xenofobia generadas a partir de la organización de las caravanas. Los cúmulos de población que comenzaron a coordinarse para cruzar las fronteras internacionales a partir de 2018, y que desde entonces van en aumento, dieron lugar, en conjunto con las contradicciones del gobierno federal y las políticas internacionales, al colapso de los sistemas públicos locales, el aumento en la competencia del mercado laboral, la incompatibilidad cultural y la exclusión.
Incluso en el periodo correspondiente a 2021, el crimen organizado se había apoderado de zonas estratégicas; incrementó las operaciones focalizadas, el afianzamiento social y la diversificación económica. Se desplazó al conocido “nicho de valor” que proporciona la población migrante en el país y que representa un potencial ingreso económico de hasta 134 millones de dólares anuales por actividades como secuestro, robo, cobro de cuotas de piso y robo de tarifas de contrabando (sin incluir las tarifas de tráfico ilícito).
Según el informe del Centro Robert S. Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales de junio de 2018, en algunas entidades en México las víctimas de delitos por cada 300 personas migrantes han llegado a las 101 personas; tal es el caso de los jóvenes centroamericanos Marlon José, Julio César y Jairo Enrique, quienes tras ser cuestionados el pasado 30 de agosto de 2020 sobre la situación sanitaria ocasionada por la pandemia de covid-19, respondieron: “Nosotros estamos más preocupados por los asesinatos”. Marlon José recibió seis disparos de arma de fuego el 26 de junio de 2020, en San Luis Potosí, un mes antes de la entrevista; luego de algunas llamadas telefónicas, el 8 de agosto del mismo año se perdió contacto con Marlon. Julio César y Jairo Enrique se separaron en Guadalajara tras sufrir un atentado.
MS-13 pacta con carteles mexicanos
Paradójicamente, cientos de migrantes salen de sus países de origen debido a la expansión de las pandillas y al cobro de piso; sin embargo, al llegar a México se encuentran con “la otra ruta de la migración”, aquella en la que los carteles se afianzaron con las clicas y tomaron el control de “La Bestia”, el tren que transporta combustibles, materiales e insumos a lo largo de más de 5 mil kilómetros desde la frontera sur hasta la frontera norte. Debido a las prácticas de intimidación, la pandilla es notoriamente ineludible.
En 2012, el diario Infobae publicó que las prácticas como desmembramientos y decapitaciones realizadas por los carteles mexicanos eran técnicas de intimidación aprendidas de las pandillas salvadoreñas, según la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ). Posteriormente, el 14 de febrero de 2021, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador confirmó su relación, ya que en Central Islip, Nueva York, se presentó una acusación en contra de 14 líderes de mayor rango de la MS- 13 que integraban la Junta Directiva de la organización conocida como la Ranfla Nacional y quienes fueron señalados como responsables de negocios ilegales en distintas partes del mundo, principalmente en México. Los Zeta, el Cartel del Golfo, Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa son señaladas como las principales organizaciones con quienes la pandilla se dedica a la trata y el contrabando de personas, es decir, quienes convierten a México, en palabras de José Carlos Aguiar, en un “jardín de huesos”.
De igual forma, durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el 25 de junio de 2020, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, presentó un mapa del Estado de México con las zonas de principal operación y disputa de cuatro organizaciones criminales; sin embargo, el CJNG es el que mantiene el control en el corredor ferroviario Tultitlán- Huehuetoca, encabezado en la entidad y en la Ciudad de México por Omar Ramsés “el Calaca”. Datos de la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), indican que la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, cuenta con presencia en al menos 23 estados de la República mexicana entre los que se incluyen Guadalajara, Guanajuato y el Estado de México.
Durante el periodo de 2006 a 2016, autoridades estatales reportaron el hallazgo de 1978 fosas clandestinas y la PGR, 132. Según el mapeo realizado por el sitio de periodistas de investigación “A dónde van los desaparecidos” y Quinto Elemento Lab, fueron 24 las fiscalías que encontraron fosas en su territorio, con al menos 2284 cuerpos; sin embargo, en el Estado de México solo se reportó la ubicación de cuatro sitios con siete fosas y 10 cuerpos; ningún dato indicó la localización de la fosa en el municipio de Huehuetoca.
El 17 de agosto de 2016, mientras personal de una empresa externa contratada por el Ayuntamiento municipal de Huehuetoca realizaba labores de limpieza en el pozo de agua “Planta Noria”, lugar donde actualmente se localiza el Museo del Ferrocarril, se encontraron 900 restos óseos, de los cuales 792 correspondían a restos humanos y 72 a animales, según informó Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, ahora Fiscalía del Estado. Se logró constatar que uno de los perfiles genéticos de las víctimas correspondía a una mujer, sin embargo, MVS reportó que no se divulgó más información sobre los mismos debido a su avanzado estado de descomposición. Un habitante de la zona, entrevistado el pasado 2 de mayo del 2021 y que no aceptó ser grabado, aseguró que sí había un conocimiento previo de las víctimas en el lugar, pues era como “un secreto a voces que esperas no sea verdad”.
“Un residente de allá me contó que una vez que iba pasando por el lugar escuchó que gritaban y enseguida dos disparos. Mejor subió el puente y rodeó el lugar”, refirió el hombre de la tercera edad. Dos personas más cercanas al caso fueron contactadas, pero señalaron que no se les tiene permitido hablar sobre el tema.
El actual fiscal del Estado señaló que no se descartó ninguna línea de investigación, ya que una de las hipótesis apuntaba a que, debido a la localización de la fosa dentro del municipio, podría constatarse que las víctimas eran migrantes centroamericanos; sin embargo, ésta tampoco fue comprobada y los perfiles genéticos se entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM). Recientemente el joven Alberto, argumentó que “cada cierto tiempo” se ven “soldados” migrantes nuevos, soldados a los que “se suele cambiar de territorio”. Señaló que, tras ser descubiertos los restos de las 12 personas en inmediaciones de la cabecera municipal de Huehuetoca, los “soldados” fueron trasladados de lugar a otras regiones operadas por la pandilla y el CJNG.
Fotografía 3. Pozo de agua “Planta Noria”, (Alejandro Mendoza Benitez, 2021).
Los santitos
“A nosotros nos dicen santitos, ¿sabes por qué nos dicen santitos? Porque si no lo haces (distribución y venta de narcóticos) te ofrendan a la Santa, pero se tiene que hacer. No importa dónde estés, si no lo haces, te matan a ti y a tu familia”, aseguró Marvin Josué en otro momento de la entrevista. El joven declaró que tiempo después de haber sido reclutado fue “puesto” por alguien de la MS-13 para ser asesinado, pero la persona encargada de trasladarlo a una ubicación inexacta dentro de la entidad lo confundió con alguien más, a quien ultimaron y colocaron en un altar como parte de un culto a la Santa Muerte.
Desde entonces, Marvin se identifica con la pandilla con un nombre que no le pertenece, pues tuvo que adoptar la identidad del sujeto a quien se llevaron “en su lugar”. De forma ilegítima, Marvin desapareció…Y luego de ponerse de pie frente a las vías del tren, preguntó:
Yo vengo de allá. Yo me salvé, mírame. A mí me llevaron a matarme. Me enseñaron las fotos de cómo los ponen y cómo los dejan. A mí me dijeron mira, así vas a quedar. Pero mira, aquí estoy, si no me hubieran llevado allá a sus altares. Ellos allá llevan los huesos de los santitos, por eso es que nos dicen santitos, porque nos convierten en santos. ¿Tú sabías que ellos tienen altares?
En ese sentido, el investigador de organizaciones religiosas emergentes en México Arturo Fabián Jiménez, considera que la Santa Muerte está vinculada de manera directa a lo que él denominó “cinco categorías”: la religión católica, la santería, los ángeles y las creencias prehispánicas; sin embargo, es en su asociación con el satanismo o la magia negra en donde se hace uso de restos humanos para “cuestiones de brujería” ya que, hasta el momento, no hay conocimiento de su relación con las creencias denominadas prehispánicas; sería “un hallazgo el que encuentres tú restos humanos en un altar a la Santa Muerte pero dentro de un culto prehispánico, y precisamente asociado al crimen organizado”.
El experto aseguró que, no obstante, lo que “está en juego” en este tipo de culto asociado a la brujería no es la “capacidad que tiene la Santa Muerte”, sino creer en la persona que te hará el trabajo, pensar que realmente será efectivo. Aseveró que no todos los tipos de culto a la Santa Muerte están relacionados con lo negativo, pues hay “asociación a cuestiones positivas”; incluso dentro del crimen organizado, pueden rendirle culto a la Santa Muerte para protección de sus hijos o en un embarazo en riesgo ofrecer al bebé, “eso hacen las familias”.
“Entre los devotos a la Santa Muerte se encuentran policías y criminales por igual, madres cuyos hijos fueron levantados y aquellos que realizan los levantones”, escribió el antropólogo José Carlos G. Aguiar en una publicación para Aristegui Noticias. Paradójicamente, aunque la niña blanca “no hace milagros, tira paros”, y pareciera no hacerlos por igual. Sin respaldo, los migrantes se ven obligados a formar redes de relación con las pandillas, aquellas por las que, en muchos de los casos, abandonaron su país de origen.
“El migrante es visto como un signo de pesos, alguien a quien se puede explotar laboralmente, sexualmente y económicamente”, dice el encargado diocesano de Movilidad Humana de la Diócesis de Cuautitlán, el padre Horacio Robles Cedillo. Bandas que buscan ganar territorio presionan al migrante con el pago de derecho de piso, “acostumbrado mucho en países centroamericanos”, o al menos eso es lo que le platicaban los migrantes en su estancia como director de la Casa del Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, de 2015 a 2017. El padre Horacio Robles recuerda que la zona en Tultitlán donde se ubicaban las instalaciones era peligrosa, “había autos raros”.
No obstante, al realizar su traslado al municipio de Huehuetoca, “se continuó escuchando de los polleros y aledaño al lugar de casas de seguridad”; este cambio de ubicación geográfica no determinó el cese de las agresiones contra migrantes, por el contrario, éstas se expandieron y potenciaron. Según su testimonio, consideró que para los vecinos resultó difícil “que llegaba el pollero o el que quería secuestrar o extorsionar al migrante en esa zona, por lo que la presión de la comunidad se debió más que a las personas migrantes”, a los “actores negativos” que provocaron ese conflicto.
La casa a cargo de la Diócesis de Cuautitlán se encontraba ubicada en la colonia Lechería, en el municipio de Tultitlán, pero tiempo más tarde, y debido a los
conflictos con la población de la zona, tuvo que cerrarse el 10 de julio de 2012. Posteriormente se le trasladó al municipio de Huehuetoca, a kilómetro y medio de la Presidencia municipal, en una región poco poblada, frente a las vías del tren, donde actualmente opera bajo las estrictas medidas de salud que exige la pandemia por covid-19.
Sin embargo, luego de que entre 2008, 2009 y 2010 el flujo era de hasta 300 migrantes por día, hoy la cantidad oscila de entre 10 a 30 personas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su reporte 2020, como resultado de las actuales medidas sanitarias implementadas por los gobiernos, los migrantes se encuentran en una serie de situaciones precarias, restricciones a la movilidad relacionadas con las medidas de seguridad sanitaria, el desalojo de los refugios seguros, personas varadas en centros de detención y, finalmente, la exposición de las personas migrantes a contraer covid-19.
Finalmente, sobre las vías de “la Bestia” y esta vez con la cabeza descubierta, Marlon Josué se despidió de la entrevista con un choque de puños y asentando con la cabeza; en sus ojos se reflejaba todo, menos tranquilidad.
Al ingresar al territorio mexicano, los migrantes se enfrentan a situaciones como las que los hicieron huir de su país, pero con la diferencia de que en México se ven obligados a integrarse a las filas de las pandillas para sobrevivir. Se convierten en sicarios y burreros; soldados al servicio de los cabecillas de la MS que han logrado pactar con las organizaciones criminales más grandes de México, aquellas que se extienden en la búsqueda de nuevas plazas, que los posicionan como nuevos “sectores económicos”. Al igual que una gran empresa , los carteles de la droga diversifican sus actividades y se incluyen cada vez más a fondo en la “cotidianeidad” del México actual.
*Este reportaje fue elaborado como resultado del curso-taller “Prensa y Crimen en la pandemia” con el apoyo de El Colegio de México y el Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
La incertidumbre social al iniciar el confinamiento en Jalisco fue visible para los empleados formales, comercios, escuelas e industria. Pero el impacto poco retratado fue en la población migrante estacionada en Guadalajara, ciudad a la que llegan en espera de obtener el visado humanitario.
Migrantes ya establecidos en sus propios hogares y con empleo temporal, tuvieron que volver a los albergues para personas en tránsito porque fueron los primeros despedidos.
Paralelamente a este fenómeno, aunque se establecieron restricciones para viajes, a Guadalajara llegaron deportados extranjeros y retornados mexicanos, en vuelos comerciales desde Estados Unidos de Norteamérica, como medida “de prevención”, según el país vecino.
En este episodio relatamos lo que significa la COVID-19 para quienes están en tránsito, cómo los albergues en Guadalajara se desbordaron y cómo un solo sacerdote scalabrini auxilió a deportados a miles de kilómetros de su país de origen o ciudad de nacimiento.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
Antes de la llegada de la COVID-19, la comunidad migrante en EU ya enfrentaba otra pandemia, una para la que no hay vacunas: la desigualdad. Entonces a la tragedia se le sumó la incertidumbre y a la marginación, el luto. Hace años, cuando Vicente, Guadalupe y Rosa cruzaron al norte en busca de una vida mejor, jamás pensaron en que su vulnerabilidad como migrantes les pondría tan cerca de la muerte
–Mi hermano ya llevaba años allá en Estados Unidos, cerca de 12 o 13 -cuenta Germán López Cruz desde el estado de Puebla-, todo estaba bien, él nunca dejó de llamar, estaba trabajando, siempre apoyó a mis papás económicamente, hablaba muy seguido, pero de hace un año o año y medio para acá, cambió todo.
Hace año y medio Vicente López Cruz, dedicado a la construcción, originario de Zacatlán, un municipio en la sierra norte de Puebla, perdió la vida en un hospital de Manhattan. A su muerte, le siguió su desaparición: su familia localizó sus restos hasta un año después, en una fosa común que los servicios de sanidad locales utilizaban para arrojar los cuerpos no identificados durante la pandemia.
Antes de la tragedia, conocidos de Vicente le contaron a su hermano Germán que él tenía un problema de salud debido a un accidente en el que se había golpeado la cabeza. Su familia no lo sabe bien, pero quizás por eso, a finales de marzo del 2020, se desmayó en la calle y Martín, otro de sus hermanos que también vivía en EU, lo llevó de emergencia al hospital.
A Vicente lo ingresaron al hospital Mount Sinai, ubicado en Queens, Nueva York, el 28 de marzo del 2020. Y esa fue la última vez que su hermano lo vio con vida.
–Perdimos comunicación con él -recuerda Germán.
Quisieron visitarlo en cuanto lo internaron, sin embargo, el personal médico les impedía el acceso argumentando las restricciones sanitarias por la pandemia. Tampoco les proporcionaban alguna información sobre su estado de salud. Y, poco después, el hospital ya no tenía reporte alguno del ingreso de Vicente.
“No hay ningún Vicente aquí”, le decían a su familia.
Entonces Martín emprendió su búsqueda, mientras su familia en Zacatlán hacía lo que podía para intentar dar con él a la distancia.
Martín recorrió las calles de Nueva York, sus hospitales, centros psiquiátricos, morgues y demás lugares donde pudiera existir la posibilidad de encontrarlo. No dejaba de recordar aquella tarde cuando lo acompañó en la ambulancia y lo vio ingresar en aquel hospital donde, de la nada, ya no sabían nada de él.
El tiempo pasaba y Vicente no aparecía. Ni desde Zacatlán, ni en Nueva York, sus amigos y familiares lograron obtener información. Incluso Germán viajó a Puebla para buscar ayuda del gobierno estatal, pero tampoco ahí le dieron apoyo.
“Los consulados están rebasados porque ni tienen el personal, no cuentan con el equipamiento, a veces las personas al frente de ellos no son sensibles con los problemas de las comunidades y además no tienen recursos económicos (…), ni la voluntad política para atender esta situación”, dice Arturo Villaseñor, coordinador de Puente Ciudadano en Puebla, una organización que atiende población en contexto de movilidad.
Martín seguía la búsqueda de su hermano hasta llevarse a sí mismo al límite. Sin trabajo, terminó con sus ahorros al grado de quedarse sin casa debido a que no pudo pagar la renta. A veces dejaba de comer y, cuando la vergüenza no le ganaba, se quedaba a dormir en casa de algún amigo. Desgastado y sin ánimos, luego de seis meses regresó a Zacatlán sin éxito.
Seguían sin saber de Vicente.
Hallazgo y retorno
Un año después, cuando Germán y sus hermanos estaban planeando viajar a los Estados Unidos para continuar la búsqueda, un amigo suyo les compartió una foto que había salido en una página de desaparecidos en Nueva York: era Vicente.
–Desafortunadamente sí era él; es como nos enteramos que ya había fallecido -lamenta Germán.
En más de una ocasión revisaron los registros del sistema forense en Nueva York y no encontraron información alguna de Vicente. Fue hasta que apareció su nombre en aquella publicación de personas desaparecidas, cuando por fin se mostraron también sus datos.
–Increíblemente en el papel, en el reporte, dice que venía del hospital Mount Sinai de Manhattan; sí tenía los datos, no sé por qué un año buscándolo y no nos dijeron nada -reprocha Germán.
A Vicente lo trasladaron del hospital Mount Sinai de Queens al Mount Sinai de Manhattan, donde, según el informe, finalmente falleció el 31 de marzo del 2020, por un derrame tras una lesión en la cabeza. Su cuerpo fue enviado a la morgue y finalmente a la fosa común en la isla Hart, destinada a las víctimas de coronavirus, aunque él no había muerto por eso.
–Algunos migrantes nos cuentan que muchos paisanos cayeron en la fosa común –advierte Arturo Villaseñor. Y dado que la estadística de muertes abarca solamente a cierta población, la que sí pudo ser contada e identificada, hubo personas que quedaron fuera de los registros y por ende sin identificar en estas fosas, ya que no tenían una familia que reclamara sus cuerpos, y ni siquiera un nombre tras su muerte.
Incluso, en su momento, Martín sí fue a solicitar información al hospital donde su hermano murió en Manhattan, sin embargo ahí también le dijeron que no existía registro alguno de Vicente.
–Nosotros no nos explicamos por qué, si salió de ese hospital, si sí tenían el nombre y el registro de todo, ¿por qué cuando hablamos nosotros o por qué cuando se buscó no nos dijeron que sí salía de ahí? Desde el primer día nos hubiéramos ahorrado toda esa búsqueda, toda esa preocupación -lamenta Germán.
Villaseñor explica que cuando fallece una persona migrante en EU se complica su localización por la falta de documentos de identidad oficiales, lo cual impide a su familia saber dónde y cómo está.
Repatriación de Vicente
Fue la familia de Vicente la que, mediante la adquisición de una deuda, asumió todos los gastos funerarios y de repatriación de sus restos. “Lo incineraron y lo trasladaron aquí a México”, cuenta Germán, pues a pesar de que la situación económica era difícil, no encontraron apoyos de ningún tipo. La funeraria cobró entre 7 y 8 mil dólares, y ni los gobiernos de México, del estado de Puebla o de Nueva York aportaron.
La repatriación de cuerpos ha sido en incertidumbre, es un proceso muy largo y costoso, que afectó a las familias en México, sobre todo en lo económico pero también en lo emocional.
Ángelo Cabrera, líder comunitario migrante en el Bronx, investigador en temas de movilidad y fundador de la organización Masa, recuerda casos de familias a las que les llegaron a cobrar entre 10 mil y 15 mil dólares por gastos funerarios, y no recibieron ningún apoyo de parte de las autoridades.
En el caso de Vicente, la repatriación fue lenta: sus cenizas llegaron a su natal Zacatlán tras haber transcurrido cuatro meses, sumándose así a otros casos de Puebla en los que se vivió un proceso largo y complejo.
–Era inaudito pedirle a alguien que hiciera todo ese proceso (de repatriación) cuando está lidiando con el dolor de la pérdida de un familiar -sentencia Cabrera.
Además, al momento de que la familia de Vicente analizó la posibilidad de buscar una indemnización por parte del hospital Mount Sinai, un abogado desde Nueva York les explicó que los hospitales, en tiempos de pandemia, estaban protegidos por el gobierno y por ende, deslindados de toda responsabilidad por las personas fallecidas.
Desempleo, crisis e incertidumbre: Guadalupe
Intubado y con escasos signos vitales, el esposo de Guadalupe, Eriberto Zurita, se despidió de ella a través de una videollamada desde el hospital donde estaba internado, el 6 de mayo del 2020, justo antes de morir a causa de un paro cardiaco resultado del desgaste que le ocasionó el coronavirus.
A su muerte, a ella le aguardaban más problemas: lidiar con los gastos funerarios, el cuidado de sus tres hijos, las deudas y el desempleo.
–Se enfermó, lo internaron por 20 días; de ahí, como tres días antes de que él falleciera le metieron el tubo, me avisaron que, lamentablemente, le había dado un paro -narra Guadalupe Ángel Benítez, originaria de San Felipe Ayutla, una comunidad en Izúcar de Matamoros, municipio ubicado en la entrada de la mixteca poblana.
–Cuando empezaron a llegar los contagios, empezó la tragedia -recuerda Luis Gallegos, especialista en estudios migratorios, que llegó a Nueva York para trabajar con las comunidades migrantes en marzo del 2020, cuando se cerró el tránsito de personas. –Entró el pánico muy acelerado dentro de la comunidad, pero empezó más cuando los contagios estaban mucho más fuertes y la gente empezó a morir.
La primera muerte por COVID-19 en la urbe se registró el 14 de marzo, pero el punto alto se alcanzó el 19 de abril, registrando mil 221 decesos. Hasta abril del 2021, el gobierno de Puebla había reportado la muerte de 660 poblanas y poblanos en EU a causa de COVID-19.
El esposo de Guadalupe era originario de Tepeacatzingo, Puebla, ubicado al suroeste del estado, en el municipio de San Juan Epatlán, caracterizado por la pobreza y vulnerabilidad en la que vive el 75 por ciento de sus habitantes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Eriberto enfermó a mediados de abril y tras no responder a los medicamentos, tuvieron que internarlo de emergencia. Y a pesar de que no estaban permitidas las visitas familiares debido a las restricciones sanitarias, cuando la situación se tornó más grave, permitieron que Guadalupe, sus hijas e hijo, de uno en uno, pasaran a verlo.
En el hospital les dijeron que buscarían “limpiarle los pulmones”, pero con la advertencia de que tal vez no sería suficiente.
Cuando su estado de salud pasó de grave a crítico, el hospital permitió que su hija e hijo mayores entraran a verlo. A pesar de que “su corazón ya latía despacito”, él podía escucharlos. Y así, vestidos con equipo de protección sanitaria pudieron entrar. Con ambos a su lado, Eriberto falleció.
Paralelamente, mientras la enfermedad desgastaba a su padre, su hijo empeoraba también a causa de esta. Guadalupe, también contagiada, tuvo que gestionar su recuperación. Ella recuerda que a su hijo “se le estaban tapando los pulmones”.
–Yo ya chillaba, yo estaba mal, ya no podía caminar, estaba yo sin comer por seis días, y aún así yo me lo llevé al hospital arrastrando; no sé cómo tuve fuerzas de ver a un hijo que se me está muriendo.
Vinieron las deudas
Viuda y sin papeles de residencia permanente -también conocida como green card-, Guadalupe no pudo acceder a los apoyos de asistencia económica del gobierno de Estados Unidos, de modo que atravesó el duelo en incertidumbre.
Y es que, de acuerdo con Ángelo Cabrera, durante la pandemia, tener un documento de identificación (como el pasaporte) se volvió crucial para acceder a servicios que daba el Estado tales como: salud, fondos de apoyo para trabajadores, apoyos de asistencia en la renta, apoyos para infancias, entre otros.
–Muchas de estas familias quedaron excluidas por la ineficiencia de la representación del gobierno mexicano a través de sus consulados aquí en Nueva York -dice el líder comunitario, pues muchas personas migrantes ingresan al país sin estos papeles y necesitan tramitarlos; pero en pandemia, tardaban mucho en entregarlos.
Desde antes de la pandemia ya se documentaba la precariedad laboral, la carencia de servicios y la falta de acceso a seguridad social y programas de asistencia en que viven las y los migrantes mexicanos en este país. Tan solo en 2017, 8 de cada 10 inmigrantes (principalmente de nacionalidad mexicana) carecía de un plan de pensión y no tenía acceso a servicios de salud a través de un seguro brindado por sus empleadores.
Y sin embargo, las y los migrantes sí pagan taxes (impuestos). Según datos de New American Economy, una organización bipartidista de investigación y defensa de la inmigración, consignados por Los Angeles Times, en 2018 los inmigrantes indocumentados pagaron aproximadamente $31.9 mil millones de dólares.
Con la enfermedad vino el desempleo, y lo primero que Guadalupe tuvo que enfrentar fueron los gastos funerarios, para los cuales la familia de Eriberto y sus amistades le prestaron dinero. En contraste, el gobierno mexicano en EU respondió con negativas.
–Mi hija con amistades, yo con amistades, juntamos (dinero) gracias a Dios, pero se siente bien feo que el propio consulado no me quiso ayudar sabiendo que yo soy mexicana, él es mexicano; no les estaba pidiendo para que yo comiera, les estaba pidiendo para su funeral – reclama. Ni el consulado, ni el gobierno de Puebla la ayudaron con el proceso administrativo y mucho menos con los gastos.
Al respecto el especialista en estudios migratorios Luis Gallegos, considera que no hubo una respuesta adecuada a las circunstancias por parte del gobierno mexicano: “cuando los paisanos empezaron a fallecer y a tener más complicaciones en su vida diaria no fueron apoyados por sus autoridades, por quienes los representan”.
Guadalupe estuvo alrededor de cuatro meses sin trabajo. Antes tenía empleos de limpieza en diferentes apartamentos, después, con la crisis sanitaria, le avisaron que no se presentara.
“Me afectó demasiado porque se me juntó la renta, la luz… se me juntó todo, como no te imaginas”. En el peor auge de la crisis, con las secuelas que le dejó el coronavirus, con las deudas encima y el duelo de su esposo, salía a buscar despensas regaladas por las organizaciones civiles para alimentar a su familia.
Hoy en día ha recuperado algunos de sus antiguos trabajos y pagado algunas deudas.
No más remesas y crisis familiar: Rosa y José juan
Cuando Rosa y José Juan no pudieron enviar dinero a México sintieron frustración. “No tenemos qué comer”, les decían por teléfono la madre y el padre de él. Entonces pedía prestado para mandar algo. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 7 de cada 10 migrantes en el mundo dejaron de enviar remesas a causa de la pandemia.
Rosa Mota, originaria de Tehuacán, un municipio a 132 kilómetros de la capital poblana, lleva 17 años en el estado de Nueva Jersey viviendo con su hija y esposo. Actualmente funge como niñera, aunque antes de la pandemia se dedicaba a la limpieza de hogares pero, igual que 335 mil 430 inmigrantes mexicanos en EU entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, según cifras del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), perdió su empleo y con ello la oportunidad de enviar remesas a su familia en México.
–Mi hermano falleció y la mamá de mi nuera también (en México) -recuerda Rosa, a causa del virus-, fueron situaciones bien tristes y dolorosas, la verdad: no poder hacer nada, no poder ayudar. Me sentía bien mal.
Su esposo José Juan Montoya se dedicaba a la fabricación de colchones, pero también perdió el trabajo en la pandemia. Ambos quedaron sin sueldo, compensaciones o apoyos del gobierno para resistir la crisis sanitaria con su hija, Celeste.
–Somos inmigrantes, no gozamos de los mismos privilegios que los ciudadanos de aquí, de este país, ellos dejaron de trabajar, pero seguían recibiendo su cheque por desempleo, nosotros no -dice José Juan, quien también tuvo que experimentar la angustia de tener a un ser amado enfermo en México por COVID-19: su padre
En casa también enfermaron Rosa, José Juan y su hija. “Yo estuve tan enferma que tuve miedo, mucho miedo y más que nada por mi nena, porque ella me tiene a mí y a mi esposo”.
Ambos creen que en México existe la sensación de que las y los migrantes que viven en Estados Unidos “viven bien y no les falta nada”. Sin embargo, Rosa asegura que se vive en condiciones complicadas, rodeadas de discriminación y racismo.
–Quiero decirles que se borren esa idea de la cabeza de pensar que aquí los que venimos a este país a trabajar vivimos como reyes, no es cierto, nos rompemos el lomo para ganar un peso y para poder ayudarnos, que no piensen eso de que nosotros somos malos hijos, malos hermanos o malos padres (por no enviar remesas) -sentencia José Juan Montoya.
Resistir en comunidad
–Nueva York es una ciudad de muchísimos recursos, con una infraestructura de gobierno vasta y desarrollada, pero profundamente desigual; y durante la pandemia estas desigualdades se exacerbaron y la gente que vivía marginada económica, social y políticamente se vio sumamente afectada –dice por su parte Marco Castillo, presidente de la junta directiva de la Red de Pueblos Transnacionales, una organización migrante integrada principalmente por personas de origen poblano.
Cuando los gobiernos de México, Estados Unidos y Puebla fueron omisos para atender las necesidades de las y los migrantes, fue la generosidad de la comunidad la que les permitió salir adelante. Berenice Santiago, integrante activa de la Red de Pueblos Trasnacionales y migrante poblana, recuerda que a través de despensas, acompañamiento y entregas de bienes básicos pudieron ayudar a las familias que más lo necesitaban.
–Para nosotros hablar de la respuesta del gobierno mexicano para enfrentar el problema de COVID en Nueva York, y especialmente para brindar apoyo a los connacionales poblanos, fue fatal, fue un insulto -sentencia Cabrera, quien asegura que la representación mexicana actuó hasta que la comunidad empezó a ayudarse.
Rosa Mota lo veía como un compromiso moral, no “soltar la toalla” hasta que la gente saliera de la enfermedad. “Nos ayudamos de parte y parte, porque aquí así es, no hay de otra”.
–Durante la pandemia, las comunidades más devastadas por el COVID fueron las comunidades migrantes, porque ellos no tuvieron el lujo de quedarse en casa para resguardarse por su estatus migratorio, por las leyes anti inmigrantes, desde este proceso de desigualdad de quienes tienen acceso a la riqueza -concluye Cabrera.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
Se fue a Estados Unidos huyendo del odio. Allá logró ser libre y feliz, hasta que llegó la COVID-19. De acuerdo con la ONU, las personas migrantes de la diversidad sexual, como ella, enfrentaron discriminaciones entrecruzadas durante la pandemia que reveló, sobre todo, cuán invisibles pueden ser sus problemas y por lo tanto sus vidas, también del otro lado.
Texto: Beatriz García
Fotografía y video: Franyeli García
Ilustración: Conejo Muerto
31 de enero del 2022
Es la noche del 10 de marzo del 2020. El azul brillante de las luces se refleja en la mirada cansada de Yimel Alvarado. El color negro que delínea sus ojos, aun cuando le da mucha profundidad, acentúa su agotamiento.
Trae un vestido negro entallado que ella misma diseñó y cosió. Está en medio de una de sus imitaciones musicales más solicitadas en un bar de la avenida Roosevelt, del distrito de Queens, en Nueva York.
Ese mismo vestido ahora está dentro de una maleta en una habitación de la casa de su madre, en su natal Tlapa, municipio de la región Montaña en Guerrero, uno de los estados con mayores niveles de marginación, ubicado en el suroeste del país.
Yimel es una de las tantas personas de la comunidad LGBTI+ (Lésbico, Gay, Transgénero, Bisexual, Intersexual) que migró a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Aunque tanto allá como en México, la población de la diversidad sexual suele ser invisible, porque en sus historias se configuran varias variables de desigualdad: homofobia, discriminación, odio y rechazo, entre otras.
Yimel se fue a Nueva York en septiembre de 1997. Al inicio, como migrante indocumentada, no tuvo opción y por un tiempo se dedicó al trabajo sexual, lo que la obligó a soportar ataques verbales y físicos bajo las vías elevadas del metro Jackson Heights, como lo documentó The New York Times en un texto sobre COVID-19 que tituló El Epicentro. Luego Yimel se unió con un grupo de amistades de la comunidad LGBTI+ y formó una familia con la que compartía departamento en Queens.
Ese 10 de marzo del 2020, Yimel dio su espectáculo en el Kings Bar de la avenida Roosevelt. Nadie se dio cuenta que no estaba bien, la pandemia todavía se sentía lejana a pesar de estar a la vuelta de la esquina, y Estados Unidos aún no decretaba el confinamiento por el virus SARS-CoV-2 que ya se expandía por el mundo.
Después de esa presentación Yimel regresó a casa y comenzó su martirio en silencio. Trató de aliviarse con tés caseros: pensó que sólo era una tos y un dolor de espalda que pasarían. Además, seis días después tendría otra presentación para la que debía recuperarse pronto.
Ella sabía que la COVID-19 se estaba propagando, pero creyó que su caso sólo era resultado del cansancio y lo asoció a que la noche previa se desveló mejorando su vestuario. Pero para el 13 de marzo seguían sus malestares: ahora le dolía la cabeza, se había intensificado el dolor de espalda y la tos se volvió tremenda.
Sin embargo no le cuenta a nadie de su familia, ni siquiera a su hermana Olivia Aldama Alvarado, que también vive en Queens. Sólo sus compañeros de departamento se dan cuenta que no está bien y le piden que vaya al médico, pero se niega.
Es la segunda vez desde que llegó a Estados Unidos que la pasa mal. La primera fue muy al principio, cuando debió prostituirse para sobrevivir. Pero las cosas que más le habían dolido en la vida, le ocurrieron antes de migrar, en Tlapa, 23 años atrás.
Libre como las mariposas
Es septiembre de 1997. El bullicio y la música de banda reinan en la colonia San Francisco, en Tlapa. Armando, sus hermanas, su mamá y su papá disfrutan de un jaripeo, un espectáculo que consiste en ver qué jinete se queda más tiempo sobre el lomo de un toro. Armando se aparta para reunirse con sus amigos, a quienes su padre llama “los putos”.
Sus hermanas se van, pero Armando se queda. Al verlo, su padre desenfunda la pistola y suelta varios tiros entre los pies de su hijo y sus amigos. Nadie resulta herido, pero Concepción, la madre de Armando, sabe que su esposo intentó matarlo. Ella y sus hermanas se llenan de miedo.
No es la primera vez que su padre lo agrede. Sucede con frecuencia desde que cumplió 15 años y comenzó a autopercibirse como una persona transexual. Una vez su padre le dio un cuchillo y le gritó: “¡Ten, mátate!”. En la región Montaña, como en muchas otras del país, aún hay muchos prejuicios contra personas con orientaciones e identidades sexuales distintas.
Después del jaripeo, Concepción, sus hijas y Armando duermen en casa de una comadre. Tienen miedo de que su esposo lo mate. Esa noche, Armando comenzó a idear su huida. Dos días después, al amanecer, él ya no está en Tlapa.
Hasta una semana más tarde, su madre y sus hermanas supieron que ya estaba en Estados Unidos. Lo que no les contó en ese momento es que durmió en la calle, hizo trabajo sexual y sufrió maltratos, que para llegar allá consiguió dinero que debía reunir y pagar pronto, y que tenía una meta clara: a partir de entonces sería Yimel Alvarado.
La otra realidad
Durante la pandemia de la COVID-19, las personas migrantes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales pueden enfrentarse a discriminaciones entrecruzadas: tanto por ser migrantes, como por su identidad de género u orientación sexual, han advertido organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Lo cierto es que de la realidad de las personas migrantes de la comunidad LGBT durante la pandemia, poco se sabe. Al menos en México.
Por varios días este medio intentó tener comunicación con organizaciones estatales y nacionales de la diversidad sexual, tanto de México como de EU, para conocer cómo estaba viviendo esta población la pandemia, pero la única información disponible es la relacionada específicamente con crímenes por homofobia.
El representante de la organización local Orgullo Guerrero, Juan Carlos Salvador, dijo que quizás estaban siendo egoístas por no documentar lo que están viviendo sus compañeros y compañeras de la población LGBTI+ en pandemia, porque desconocen totalmente su situación.
De acuerdo con la ONU, las personas LGBTI+ pueden enfrentar discriminación y estigma cuando acceden a los servicios de salud, además de que en algunos países hay leyes en que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y criminalizan a las personas trans.
Otras conductas sobre las que advierte este organismo son: estigmatización, discriminación, discursos de odio y ataques contra las personas LGBTI, así como obstáculos para acceder a trabajos y medios de vida, y vulnerabilidad ante violencia y explotación.
Además, debido a las diversas formas de discriminación social y económica que enfrentan las personas migrantes LGBTI+, es más probable que se vinculen en el sector informal y no tengan acceso a licencia por enfermedad remunerada ni a compensación por desempleo, detalla la organización.
La ONU precisa que las personas migrantes transgénero y no binarias son particularmente vulnerables a la explotación, debido a la discriminación laboral por su identidad de género o nacionalidad, lo cual abre una ventana para que los tratantes aprovechen esta vulnerabilidad y muchas veces busquen activamente víctimas trans y no binarias.
El vuelo de la mariposa
Yimel nació en Tlapa, en la Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, el 14 de mayo de 1980.
Para llegar a la casa donde creció y vivió hasta la noche del jaripeo, se camina por la avenida Hidalgo hasta la colonia San Francisco. Es un extremo de la cabecera municipal, cerca de los cerros, donde abundan casas sencillas de concreto. En la puerta de una de esas casas cuelga un moño negro, símbolo de luto. Es la casa de Yimel.
Dentro, en el segundo piso, hay mariposas de cerámica de colores, con alas abiertas sobre una pared azul. Yimel quería ser como ellas: libre. Algunas de esas mariposas las compró ella misma en Estados Unidos, pero ahora adornan la casa de su madre, en su memoria.
Al cruzar la puerta de la entrada, lo primero que se percibe es el aroma de las lilis -como se conocen en esta región a las azucenas- que rodean una gran pintura de Yimel, donde luce una larga cabellera y está sonriendo; se ven sus labios carnosos y sus ojos perfectamente delineados.
Ariana desempolva el maletero donde guardan como un tesoro preciado los vestidos que confeccionó “La Gorda”, como se refiere cariñosamente a su hermana Yimel. Los saca uno por uno, son grandes y vistosos; Yimel era una mujer robusta de 1.90m de estatura.
La Gorda, cuenta su hermana, regresó a Tlapa después de cuatro años en EU, para ver a su familia. Para entonces su madre se había separado del padre, por las peleas constantes relacionadas con la identidad sexual de su hija.
Ella llegó sin los vestidos, las zapatillas y el maquillaje que usaba en Nueva York. Le contó a su madre y sus hermanas que por fin era libre y disfrutaba mucho su trabajo en los bares, principalmente en El Trío o en Kings Bar, donde imitaba a artistas como Paquita la del Barrio, Celia Cruz, Ana Gabriel, Rocío Durcal, Gloria Trevi y Jenny Rivera, con vestidos amplios, de olanes y llenos de brillos que ella misma se cosía.
“Me voy a beber y comer todo lo que pueda, después, cuando sienta que acabó ese tiempo, comenzaré a obtener bienes materiales”, dice la hermana que un día le dijo Yimel a su madre, de quien se hacía cargo y estaba pendiente por teléfono. Su madre construyó la mitad de su casa con el dinero que Yimel ganó en Queens.
Después de tres meses de estancia en Tlapa, regresó a Estado Unidos con los mismos riesgos de ser migrante indocumentada. Creyó que moriría en el desierto: se le acabó el agua, se deshidrató y estuvo a punto de beberse sus orines; sus pies se llenaron de llagas por todas las horas que caminó, pero logró cruzar. Y del otro lado, a diferencia de la primera vez, la esperaban sus amigos en el departamento, a quienes ella misma había ayudado de manera económica hasta que consiguieron trabajo.
Una sentencia que se cumple
Cuatro días después de su imitación más solicitada en el Kings Bar, Yimel se siente peor de salud. Entonces se comunica con su madre y sus hermanas que están en Tlapa para contarles. Les pide que recen por ella.
También habla con su hermana menor, quien vive en Queens. Cuando Olivia escucha su voz agitada y sin fuerza se va a verla. La encuentra dentro de su habitación tirada en la cama.
The New York Times reconstruyó ese día. Olivia llevó a Yimel al hospital: “Llaman un taxi. Pero el conductor, al sospechar que la mujer desplomada en las escaleras tiene el virus, se disculpa y se va. En un fugaz momento de claridad, Yimel dice: llama a una ambulancia”.
Yimel fue trasladada al Hospital Elmhurst, que ofrece atención, sobre todo, a quienes no tienen seguridad social en EU.
“En estos tiempos de pandemia, las personas transgénero encuentran aún más desafíos. La falta de seguro médico, la falta de capacidad para seguir las pautas de distanciamiento social y las pautas de cuarentena hacen que las personas LGBTI+ se enfrenten a una mayor probabilidad de exposición al COVID-19”, advirtió la ONU en un artículo publicado en octubre del 2020.
En Estados Unidos la situación es distinta que en México, asegura en entrevista la coordinadora de Desarrollo Institucional de Casa Arcoíris, un albergue para la comunidad LGBTI+ migrante en Tijuana, Sara Amelia Islas.
Allá las personas de la diversidad sexual tienen derecho a recibir atención médica, y hay organizaciones que velan por sus derechos, dice Islas, quien hace acompañamiento a migrantes LGBTI+ que llegan a la frontera de México con Estados Unidos, para cruzar a ese país mediante la figura de asilo.
Islas afirma que en EU, la comunidad migrante de la diversidad sexual recibe mejor atención de salud que en México, aun cuando sigue padeciendo discriminación, racismo y los crímenes de odio persisten.
En su opinión esto responde a que, en comparación con México, en Estados Unidos hay mayor apertura a la comunidad LGBTI+, porque hay políticas públicas y leyes que les protegen, aunque el grado de aceptación depende del estado, por ejemplo en San Francisco, Washington, Nueva York y California gozan de mejores condiciones y mayor presencia de colectivos que les apoyan.
Hace cuatro días Yimel cantaba en el Kings Bar y ahora está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte.
El día que ingresó al hospital, los médicos le diagnosticaron neumonía. Después le informaron a Olivia que su hermana sería intubada, porque su respiración y oxigenación disminuía de manera acelerada.
Cuatro días después de que Yimel fue internada en el hospital se declaró la pandemia por la COVID-19 en Estados Unidos. Las autoridades obligaron al confinamiento, pero ella ya estaba en la cama de un hospital, en coma y con todos los síntomas que provoca el virus Sars-CoV-2.
A Olivia le dijeron que el país estaba en alerta y debían restringir las visitas en el hospital, sobre todo en el área en la que estaba Yimel, por lo que se retiró a su casa, pero varias veces al día marcaba por teléfono para saber de su hermana.
El 26 marzo por la noche, Olivia llamó nuevamente al hospital. Se sentía impaciente. La doctora en turno le dijo que Yimel seguía igual, que al menos no había empeorado y que podría considerarla estable. Eso le dio tranquilidad.
Pero, a la mañana siguiente, sonó el celular de Olivia, era una llamada del hospital: Yimel había muerto.
En octubre de 2021 Olivia todavía se resiste a creerlo. Ella cree que su hermana fue desconectada intencionalmente por el aumento de pacientes con COVID-19.
El calvario de las muertes de migrantes por covid-19
De acuerdo con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (SIMAI) de Guerrero, el número de migrantes guerrerenses que fallecieron a causa de la COVID-19, tan sólo de marzo del 2020 al 13 de agosto de 2021 eran 451, aunque tampoco se conoce cuántos o cuántas pertenecían a la comunidad LGBTI+.
Desde el 2020, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado los casos de migrantes muertos por la COVID-19 en esta región de la Montaña para repatriar sus cenizas, pero poco saben específicamente de muertes de migrantes LGBTI+.
En su último informe (2019-2020), Tlachinollan documentó los casos de 63 personas originarias de la Montaña alta fallecidas por COVID-19 en Estados Unidos, la mayoría en Nueva York.
Tlapa, el municipio de la región donde se concentra la actividad comercial de la Montaña alta de Guerrero, es el centro donde confluyen habitantes de pueblos mixtecos, tlapanecos, nahuas y mestizos. En las últimas cuatro décadas –como lo enuncia Tlachinollan en su informe de actividades– las y los jóvenes que emigran buscan asentarse en NY porque les significa ascender a otro nivel social.
De 63 personas fallecidas por el virus, Tlachinollan gestionó la repatriación de las cenizas de 27. El resto se quedó en ese país porque allá estaban sus familias, explicó el responsable del área de Migrantes y Jornaleros de esa organización, Paulino Rodríguez Reyes.
El costo de la incineración de los cuerpos era de 2 mil dólares, pero lograron que les disminuyeran el costo a mil dólares, pues la mayoría de migrantes sin documentos no recibieron apoyo de los gobiernos de Estados Unidos ni de México durante la pandemia, afirma Rodríguez Reyes.
De acuerdo con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero, en Estados Unidos hay un registro aproximado de 70 mil 474 migrantes guerrerenses viviendo en ese país, pero tampoco tienen una cifra de cuántas de estas personas pertenecen a la comunidad LGBTI+.
Los migrantes que viven en Nueva York pudieron acceder al sistema de salud, pero por temor de ser deportados o los dieran por muertos en los hospitales, mejor se quedaron en casa, agregó el defensor Paulino Rodríguez.
Yimel regresa a Tlapa
¿Cómo darle sepultura a la hermana y a la hija cuyo cadáver está en Estados Unidos? En Queens, Olivia y las amistades de Yimel se unieron para recuperar su cadáver. Debía ser rápido.
En Tlapa, Ariana tenía temor de que su hermana terminara en una fosa común o que les entregaran unas cenizas que no eran las de ella. En ese entonces había un fuerte rumor de que los cadáveres de migrantes indocumentados estaban siendo enviados a la fosa común.
Era urgente conseguir un crematorio. Recordaron que antes de dedicarse a cantar, Yimel trabajó en una funeraria. Se comunicaron con el dueño, quien accedió a cremar su cadáver de inmediato pero debían cubrir los gastos. Olivia acababa de recibir un ahorro y con eso pudo pagarlos.
Yimel ya no tuvo la oportunidad de recibir su documentación como estadounidense nacionalizada, que llevaba años tramitando, de haberla conseguido, habría logrado ser mujer de manera legal.
Las cenizas no llegaron pronto a Tlapa. El duelo de la familia en Guerrero se prolongó por seis meses, hasta que una comadre de Olivia viajó a México y con ella viajaron las cenizas de Yimel.
Es 5 de agosto del 2020. Una mujer sale del aeropuerto de la Ciudad de México, en sus manos lleva la caja de madera donde están las cenizas de Yimel, que enseguida entrega a Concepción y a Ariana, madre y hermana de Yimel. En cuanto Concepción las recibe, suelta el llanto.
Más tarde, en la entrada de la cabecera municipal de Tlapa, una caravana de amistades, familiares y conocidos de Yimel, la esperan. Hay muchas flores, música de viento, una muñeca gigante –a la que se le llama “mona” o “mojiganga”, hecha de papel y trapo, en cuyo interior, debajo de la falda, se introduce una persona para hacerla bailar, una costumbre típica de las festividades en la región– , que mueven al son de la música, globos y banderas arcoíris.
En su casa de la calle Hidalgo, en un altar con flores multicolores e imágenes religiosas colocan sus cenizas, que al final fueron depositadas en una nueva urna pintada a mano por artesanos de Olinalá, otro municipio de la región.
Con la llegada de Yimel a su casa lo mismo rezaron que bailaron al son de la banda de viento. Sus amigas se pusieron sus vestidos, los que cosió y bordó con esmero, y bebieron y rieron toda la tarde. Después, los restos fueron llevados al panteón municipal de Tlapa. Aunque el presagio de muerte de su padre se cumplió, Yimel logró su sueño y pudo ser libre.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país
La pandemia de la Covid-19 no impidió el éxodo de jornaleros de Guerrero en 2021 hacia diferentes estados del país.
De acuerdo a la información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Subsecretaría de Migrantes Nacionales del Estado cerca de 35 mil de ellos salieron, entre mujeres, hombres, niñas y niños, pero las condiciones precarias de salud, educación, seguridad y vivienda no se resolvieron.
En un informe publicado el 29 de noviembre por el Centro de Análisis e Investigación Fundar documentó que pese a la pandemia y las restricciones por la misma, millones de personas continuaron trabajando en el campo, para llevar alimentos a sus hogares.
“Las y los jornaleros agrícolas trabajaron y trabajan a la par del personal médico, personal de enfermería, personas cuidadoras, repartidores de alimentos y las millones de trabajadoras esenciales que mantuvieron el país a flote durante 2020 y 2021”, precisa el texto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas en el estado tiene un panorama puntual de lo que pasa con los migrantes nacionales, pues la Montaña es una de las regiones del estado que más éxodo de jornalero presenta.
En entrevista, el representante del área de Jornaleros de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, confirmó que tan sólo en esta región de la Montaña el éxodo de migrantes no disminuyó, incluso con relación al 2020.
En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país.
Además, Tlachinollan tiene un registro del fallecimiento de 14 jornaleros en el 2021, algunos por accidentes y tres por coronavirus.
Rodríguez Reyes precisó que además de tener un mismo número de migrantes que salieron a los campos a trabajar, lo hicieron en las mismas condiciones de precariedad.
“En las condiciones de traslados son pésimas en cuanto a camiones, inseguridad en el trayecto del camino, abuso de autoridad, tránsito, no se diga, igual las condiciones laborales en los campos agrícolas, ahí por ejemplo, lo que ya se sabe la gente vive de su salario, o de lo que gana en el día sin prestaciones, seguridad social”, describió el defensor de derechos humanos.
Agregó que la mayoría de los campos o los estados donde migran los jornaleros son zonas agrícolas donde no hay albergues ni guardería para que los hijos e hijas de las familias puedan apoyarse de ellas.
Rodríguez Reyes lamentó que siguen faltando políticas públicas del gobierno para atender la problemática y que es lo que más preocupa.
En 2021, dijo, que también con la pandemia nunca se supo si las familias se vacunaron contra la Covid-19, porque donde trabajan no se priorizó una campaña para ellos y así invitarlos a vacunarse.
Tlachinollan tiene el cálculo de que el 80 por ciento de los jornaleros no se vacunó contra el coronavirus.
El representante del área insistió que no hay un programa especial del gobierno que cobije a la población jornalera y el panorama que se vislumbra para este 2022 es similar.
Dijo que el Consejo de Jornaleros y Tlachinollan están pugnando para que se reactiven las mesas de trabajo de la Comisión Intersecretarial del estado para implemente un programa, y que ojalá en el primer trimestre del año se resuelva.
Esta Comisión nace en el 2011 y la conforman las diferentes dependencias del estado, con el objetivo de que haya atención a los jornaleros.
El defensor adelantó que tres secretarías ya se acercaron: la de Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanas, la Secretaría de Migrantes y la Secretaría de Salud. Estas tres dependencias dialogaron con el Consejo de Jornaleros, quien entregó una agenda de trabajo, mientras que las dependencias prometieron buscar que se reactive la Comisión Intersecretarial y trabajar un planteamiento más integral.
Más de 35 mil migrantes de Guerrero salieron en 2021 a los campos agrícolas del país: subsecretaria de Migración Nacional
En entrevista con la subsecretaria de Migración Nacional de estado, Eleazar Marín Quebrado, coincidió que el éxodo de jornaleros no paró pese a la pandemia de la Covid-19 y cerca de 35 mil personas abandonaron sus casas para trabajar en los campos agrícolas.
Pero, reveló, que de enero a octubre que correspondió la atención al gobierno anterior, que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores, no se atendió el problema de los jornaleros.
La funcionaria asumió el cargo a principios de noviembre en el gobierno que encabeza la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y junto con otras dependencias reactivaron la Comisión Intersecretarial para que se diera la atención a este problema, a quienes se les planteó con datos estadísticos la situación.
Con las mesas de trabajo de la Comisión, dijo, se instalaron dos módulos de salud en las Unidades de Servicios Integrales (USI) de Tlapa y de Chilapa que estaban inactivos donde se asignaron médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.
La funcionaria informó que en el 2021 tanto en Chilapa como en Tlapa se registraron 14 mil jornaleros en cada uno, quienes salieron a diferentes partes del país, y sumando los jornaleros que salen de Ometepec, asciende a un total de 35 mil migrantes nacionales que cada año salen de sus lugares de origen.
Aseguró que en Tlapa se implementó que elementos de Seguridad Pública acompañen a los jornaleros a los límites del estado, además de que para este año se pretende firmen convenios interestatales con autoridades de los estados receptores de jornaleros agrícolas.
Se supone que estos convenios son para vigilar que se respeten los derechos humanos de los jornaleros.
La subsecretaria agregó que para este año el objetivo es que el programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar ayude a disminuir el éxodo de migrantes.
