La política del Título 42, establecida por la administración de Trump, ha incrementado las expulsiones de migrantes en la frontera de EU. El argumento de ese país de evitar problemas de salud pública ha generado una crisis humanitaria en territorio mexicano.
Mientras la Suprema Corte de Estados Unidos refrendó hace unos días el Título 42, que permite expulsar a migrantes de manera inmediata desde inicios de la pandemia argumentando motivos sanitarios, las devoluciones derivadas de esta política ya suman cerca de 2 millones y medio en casi tres años.
Durante los siete meses que aún correspondieron al año fiscal 2020 a partir del establecimiento del Título 42 en marzo, las expulsiones producto de esa política sumaron más de 200 mil. En el transcurso del año fiscal 2021 —de octubre de 2020 al mismo mes de 2021— alcanzaron 1 millón y una cifra similar se registró en el año fiscal 2022.
En tanto, en lo que va del año fiscal 2023 para EU —desde octubre pasado— ya se han dado más de 150 mil devoluciones amparadas por el Título 42, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).
Derivado de esto, según advierte la organización Human Rights First en su informe Mancha de derechos humanos, farsa de salud pública, presentado en diciembre, durante 2022 se registró la mayor cantidad de muertes —al menos 853— de personas que cruzan la frontera México-EU desde 1998.
Aunado a ello, la permanencia del Título 42 ha ocasionado que quienes migran escojan rutas cada vez más peligrosas, donde se encuentran a merced de grupos criminales que controlan esas zonas.
Hasta el 15 de diciembre de 2022, la organización contabilizaba 13 mil 480 reportes de asesinatos, tortura, secuestros, violaciones y otros ataques violentos hacia migrantes y solicitantes de asilo detenidos o expulsados a México bajo esa política desde que comenzó la administración del presidente estadounidense Joe Biden.
Entre algunos ejemplos que consigna, están el secuestro de una familia guatemalteca con niños por oficiales mexicanos, tras ser expulsados a Nuevo Laredo, para entregarlos al crimen organizado; el secuestro de un solicitante de asilo hondureño y su hija de cuatro años, quien fue golpeada y presenció la violación de su madre cuando les orillaron a esperar en Tijuana, y la violación de una mujer trans lesbiana por elementos de la policía mexicana en Piedras Negras, luego de que la CBP le negara la protección en el punto de entrada de Eagle Pass.
La salud pública como excusa
El 21 de marzo de 2020, la administración del expresidente Donald Trump determinó, a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México y Canadá, que existía un riesgo serio de introducción del virus a EU y que la restricción del ingreso de personas de ambos países se requería por salud pública.
Luego de que los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de EU (CDC) impulsaran la eliminación del Título 42 en mayo pasado, impedida por un juez federal de Louisiana, se preveía que la nueva fecha para su terminación fuera el 21 de diciembre, pero la Suprema Corte determinó su continuidad el 27 de ese mes.
Bajo esta política, durante casi tres años la CBP ha prohibido de manera inmediata la entrada de personas que, de acuerdo con su propia justificación, potencialmente implican un riesgo de salud, tanto por haber sido sujetas de restricciones de viaje anunciadas con anterioridad como por tratar de ingresar al país con la intención de eludir las medidas de control sanitario.
Según la CBP, el Título 42 no aplica a personas que deben ser exceptuadas por consideraciones de ley, de seguridad pública, humanitarias o de interés en torno a la salud pública. Las expulsiones bajo el Título 42, dice el organismo, no están basadas en el estatus migratorio y por ello se registran de manera independiente al resto de las acciones de la Patrulla Fronteriza, como las aprehensiones y la inadmisibilidad.
Sin embargo, Human Rights First advierte que el mal uso del Título 42 ha resultado en un fiasco en salud pública, administración de la frontera y derechos humanos. Esta política ha sido utilizada para bloquear a quienes buscan asilo en puntos de entrada oficiales, exponer a riesgos graves a solicitantes de asilo y migrantes que cruzan la frontera, y evadir el debido proceso y las disposiciones para la protección de refugiados contempladas en las leyes estadounidenses.
Además, sostienen que las consecuencias de esta política y su expansión a la población venezolana desde octubre pasado confirman que no tiene fundamento en la salud pública. Expertos en medicina, así como especialistas de los CDC en declaraciones ante el Congreso, han reiterado —recuerda HRF— que el Título 42 no tiene alguna base científica.
Desde noviembre, agregan, epidemiólogos y expertos en salud pública advirtieron a la administración Biden que la continuidad y expansión del uso del Título 42 era una farsa que manipulaba, mal usaba y mermaba la confianza en la gestión de la salud pública.
De la misma manera, ha contribuido a alimentar y propagar prejuicios racistas que pintan a los migrantes como factores de enfermedad, reforzando estigmas e incrementando la vulnerabilidad de grupos marginados, de una manera antiética y contraria a los principios de buenas prácticas en salud pública.
De acuerdo con la organización, la CBP y oficiales de la Patrulla Fronteriza siguen utilizando el Título 42 para expulsar migrantes y solicitantes de asilo en formas que los colocan en una situación de mayor vulnerabilidad a la violencia en México y merman su posibilidad de pedir asilo. Esto ha incluido regresarlos en medio de la noche, negarles atención médica y retenerles documentos.
Esta política, además, continúa perpetuando el desorden en la frontera, desencadenando múltiples y peligrosos cruces fronterizos, inflando las estadísticas de la CBP, orillando a rutas más riesgosas lejos de los puntos de entrada oficiales y facilitando la explotación.
“El mal uso generalizado y expansivo del Título 42 es confirmación adicional de que esa política no tiene nada que ver con salud pública, pero, en cambio, se ha utilizado para castigar a las personas por migrar y ejercer su derecho humano a buscar asilo frente a la persecución”, concluye HRF.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
El joven de 19 años y su tío Jesús partieron de Veracruz en busca de oportunidades. El endurecimiento de las políticas migratorias los hizo ajustar su plan y, pese a los riesgos, optar por cruzar la frontera escondidos en vehículos.
Hace seis años Pablo, siendo un niño, vio cómo su mamá se fue a Estados Unidos, hizo una vida allá y los ayudó económicamente para que no les faltara nada. Por eso creyó que, para pagar los gastos del parto de su hijo que está en camino, él podría hacer lo mismo. Pero las circunstancias son diferentes. Tanto, que el intento le costó la vida.
Los planes para irse comenzaron hace tres años, cuando pagó 15 mil pesos a una persona para que le ayudara con los trámites de la visa. Sin embargo, la pandemia comenzó y las citas para acudir a la entrevista se cancelaron. Así, las llamadas que él hacía para pedir informes le daban una fecha y otra. Quizá en 2023, le dijeron la última vez.
Por eso, cuando llegó la noticia de que tendría un bebé, la idea de irse “de mojado” comenzó. Él y su familia recordaban entonces las anécdotas que su mamá les había contado por teléfono, de cuando cruzó la frontera embarazada hace seis años. Por ejemplo, la forma en que brincó un muro, pidió apoyo y logró llegar a Florida, donde se estableció todo este tiempo.
Animado por su tío Jesús, la historia de su mamá y de muchos otros migrantes que han partido de Tlapacoyan, Veracruz, hacia Estados Unidos, Pablo Ortega Álvarez salió hacia allá. Murió el 27 de junio en un tráiler, donde 53 personas migrantes se asfixiaron.
Hoy, las fotos de Pablo y de Jesús reposan en un pequeño altar de la casa de Pablo. Ese día se fue llorando, pero feliz de reunirse por fin con su mamá —ahora a sus 19 años— y listo para estar tres años en Estados Unidos, para así pagar los 3 mil dólares que le costaba irse y el nacimiento de su hijo, una casa, un coche y tener ahorros.
Camino de migrantes
Jesús Álvarez, de 43 años, a diferencia de Pablo, ya había vivido allá pero soñaba con regresar. Su vida en aquel país acabó hace tres años, en épocas del presidente estadounidense Donald Trump, cuando “la migra” lo agarró y lo regresó a su natal Misantla.
Él, después de siete años, fue deportado justo en esa época, cuando el muro de la frontera se ampliaba para hacer más difícil el cruce ilegal y se ponía en marcha la política migratoria más restrictiva, que determina la expulsión inmediata de personas sin documentos y que las personas no pueden acudir a solicitar asilo a las vías regulares.
Esa política llamada Título 42 argumenta que los migrantes son un riesgo para la salud debido a la pandemia de COVID-19 y se convirtió en una forma de deportar a las personas migrantes de manera expedita: tan solo durante este año, casi medio millón de personas han sido expulsadas de Estados Unidos por esta política (473 mil 793), de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
El total de mexicanos que han sido devueltos de Estados Unidos este año es de 112 mil 298. El año pasado fueron 160 mil 689, de acuerdo con el boletín estadístico de repatriación de las y los mexicanos desde Estados Unidos del Instituto Nacional de Migración.
En mayo, una orden de un juez obligó a mantener el Título 42 vigente, mientras que activistas advirtieron que eso no disminuiría la migración pues las personas siguen buscando nuevas formas de cruzar hacia territorio estadounidense.
“El Título 42 no ha hecho nada para limitar la migración general en la frontera entre Estados Unidos y México. De hecho, esta migración está cerca de alcanzar máximos históricos, y es probable que el mantenimiento del Título 42 haga que las cifras continúen siendo altas durante algún tiempo”, señaló la asociación civil WOLA en un documento.
Y a pesar del Título 42, la migración continúa. Una muestra son Jesús, Pablo y los otros 51 migrantes que murieron en el tráiler.
Jesús fue quien le propuso a Pablo irse y, aunque primero pensaron en el desierto como la forma ideal para hacerlo, el riesgo que corrían los llevó a decidirse a irse “por la línea” (el sitio donde se cruza de manera legal la frontera), escondidos en automóviles.
Junto con ellos se iba a ir la mamá de Jesús y abuela de Pablo, pero los dolores en la muela y la diabetes (cuyos gastos eran parte de los motivos de Jesús para irse) hicieron que se arrepintiera. Ahora, espera de regreso los cuerpos de su hijo y su nieto.
La mamá de Pablo consiguió el “coyote” que les ayudaría a cruzar, pero a diferencia de lo que ha sucedido con otras personas de la familia que se van, ahora él no fue quien los recogió en México y los entregaría en su destino final, sino que los pasó de un lado a otro, de un entramado entre casas, lanchas, autos y tráileres que los llevó a su muerte. Nada de eso sabían cuando partieron.
WOLA advirtió que el Título 42 solamente incrementa los riesgos para las personas migrantes, quienes optan por ingresar a Estados Unidos por otros medios.
“Estos cruces son muy peligrosos: los hospitales de San Diego han informado de un alarmante aumento de muertes y lesiones por escalar la valla fronteriza, mientras que los ahogamientos en el río fronterizo se han producido casi a diario”, señala en el documento Tres consecuencias de mantener el Título 42.
Eli solo tiene 14 años y espera el hijo de Pablo. Mientras mira fijamente el altar, platica de las muchas veces que le pidió que no se fuera porque le daba miedo. Su papá iba y venía muchas veces de aquel país y desde hace varios años dejó de hacerlo, pues le dijo que el cruce era más peligroso, que había más vigilancia y que los riesgos eran muchos. Pero Pablo soñaba con ese auto, esa casa, esa moto, esas máquinas de tatuajes. Nada lo podrá tener. Dejó a una adolescente con cuatro meses de embarazo que no sabe cómo pagará los gastos del parto.
Quizá esos sueños los hubiera cumplido si se tuviera la reforma migratoria que presentó el actual presidente, Joe Biden, en su primer día en el poder, y que incluye una vía para la ciudadanía para 11 millones de migrantes que se encuentran de manera indocumentada en aquel país e incrementar los visados de trabajo. Sin embargo, esta reforma no ha avanzado.
Junto con las peticiones de darle celeridad, EU también ha presumido patrullas “conjuntas con México y Guatemala para capturar a más traficantes de personas”, así como escáneres y otros mecanismos de alta tecnología en la frontera. De esos mecanismos habla Eli, esos que su papá detectó y que hacía que le diera miedo el cruce de Pablo.
El trayecto de Pablo
Desde la casa de Pablo, Rosa, su hermana, revisa las últimas conversaciones que tuvieron, mientras las muestra a las cámaras. En sus contactos, lo tiene guardado como “El Triste”: una broma entre dos hermanos que eran cercanos, cómplices y que se cuidaron el uno al otro. “El Triste”, aunque cuenta que Pablo era muy alegre, bromista, que siempre estaba molestando al otro para hacerlo reír.
No le quedan muchos recuerdos físicos de él; un robo le quitó las máquinas de tatuar que usaba y que tanto le costó comprar, su ropa y todos sus artículos personales. Le queda pensar en la última voluntad, que fue despedirse con un cortejo de motos y la canción “Mi última caravana” sonando de fondo, la cadena que cuelga de su cuello y las conversaciones que permanecen intactas.
En esos mensajes se ve cómo viaja a Reynosa, Tamaulipas, las casas de seguridad a las que es llevado, la forma como intentó cruzar cuatro veces el Río Bravo y en una murió uno de sus compañeros migrantes, pero no supo quién era, porque cada vez que llegaban a un punto o una casa lo hacían con personas distintas a quienes no conocían.
En el último intento, el cuarto, logró cruzar en una lancha y un video lo muestra. Otro escondido en un vehículo confirma que estaba ya en territorio estadounidense. Creyeron que por fin estaba a salvo.
Pero entonces vino la mala noticia: irían a una casa y de allí se subirían a un tráiler durante tres horas. No sabían que eso pasaría y vino el miedo. Rosa le pidió que no se fuera hasta atrás porque tenía más riesgo.
“En Hiuston Ya estamos seguros” (sic), escribió a Rosa para intentar calmarla.
“Échale ganas recuerda mente positiva. Carnales hasta la muerte y siempre al millón”, le respondió ella.
Era el 20 de junio. Ese día, Eli se hizo el ultrasonido y vio que sería niño, Pablito, dice ahora. Se lo contó en una llamada por teléfono porque casi no sabe leer y escribir. Fue la última llamada porque le advirtió que les estaban quitando los teléfonos. De ahí silencio. Silencio. No hubo más respuestas.
“Era su esperanza de irse para allá, de hacer una vida mejor, su mamá lo estaba apoyando para hacer sus papeles, a irse y pues se fue. Me sentí angustiado pero pensé que lo iba a lograr, no pensé que pasara esto”, cuenta Alberto Ortega, su papá, quien comenta que el oficio de albañil deja alrededor de mil 500 pesos a la semana, lo que es insuficiente para una vida mejor.
La mamá de Rosa llamó al “coyote” que había contratado y él le aseguró que seguían en una bodega. Pero las llamadas siguieron y más, cuando el 27 de junio encontraron el tráiler. Después, no les volvieron a responder el teléfono.
El primero en ser identificado fue Jesús. Luego les avisaron que un joven con la CURP de Pablo estaba junto a él. Solo llevaba la CURP porque la tristeza y las prisas le hicieron olvidar sus demás documentos.
Su mamá viajó de Florida a San Antonio para verlo, después de seis años, pero no como esperaba: quería que llegara a su casa a instalarse, en el cuarto que recién había construido para él. En cambio, lo vio en el forense. Sin vida. Sin los sueños que buscaba cumplir.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Antes de la llegada de la COVID-19, la comunidad migrante en EU ya enfrentaba otra pandemia, una para la que no hay vacunas: la desigualdad. Entonces a la tragedia se le sumó la incertidumbre y a la marginación, el luto. Hace años, cuando Vicente, Guadalupe y Rosa cruzaron al norte en busca de una vida mejor, jamás pensaron en que su vulnerabilidad como migrantes les pondría tan cerca de la muerte
–Mi hermano ya llevaba años allá en Estados Unidos, cerca de 12 o 13 -cuenta Germán López Cruz desde el estado de Puebla-, todo estaba bien, él nunca dejó de llamar, estaba trabajando, siempre apoyó a mis papás económicamente, hablaba muy seguido, pero de hace un año o año y medio para acá, cambió todo.
Hace año y medio Vicente López Cruz, dedicado a la construcción, originario de Zacatlán, un municipio en la sierra norte de Puebla, perdió la vida en un hospital de Manhattan. A su muerte, le siguió su desaparición: su familia localizó sus restos hasta un año después, en una fosa común que los servicios de sanidad locales utilizaban para arrojar los cuerpos no identificados durante la pandemia.
Antes de la tragedia, conocidos de Vicente le contaron a su hermano Germán que él tenía un problema de salud debido a un accidente en el que se había golpeado la cabeza. Su familia no lo sabe bien, pero quizás por eso, a finales de marzo del 2020, se desmayó en la calle y Martín, otro de sus hermanos que también vivía en EU, lo llevó de emergencia al hospital.
A Vicente lo ingresaron al hospital Mount Sinai, ubicado en Queens, Nueva York, el 28 de marzo del 2020. Y esa fue la última vez que su hermano lo vio con vida.
–Perdimos comunicación con él -recuerda Germán.
Quisieron visitarlo en cuanto lo internaron, sin embargo, el personal médico les impedía el acceso argumentando las restricciones sanitarias por la pandemia. Tampoco les proporcionaban alguna información sobre su estado de salud. Y, poco después, el hospital ya no tenía reporte alguno del ingreso de Vicente.
“No hay ningún Vicente aquí”, le decían a su familia.
Entonces Martín emprendió su búsqueda, mientras su familia en Zacatlán hacía lo que podía para intentar dar con él a la distancia.
Martín recorrió las calles de Nueva York, sus hospitales, centros psiquiátricos, morgues y demás lugares donde pudiera existir la posibilidad de encontrarlo. No dejaba de recordar aquella tarde cuando lo acompañó en la ambulancia y lo vio ingresar en aquel hospital donde, de la nada, ya no sabían nada de él.
El tiempo pasaba y Vicente no aparecía. Ni desde Zacatlán, ni en Nueva York, sus amigos y familiares lograron obtener información. Incluso Germán viajó a Puebla para buscar ayuda del gobierno estatal, pero tampoco ahí le dieron apoyo.
“Los consulados están rebasados porque ni tienen el personal, no cuentan con el equipamiento, a veces las personas al frente de ellos no son sensibles con los problemas de las comunidades y además no tienen recursos económicos (…), ni la voluntad política para atender esta situación”, dice Arturo Villaseñor, coordinador de Puente Ciudadano en Puebla, una organización que atiende población en contexto de movilidad.
Martín seguía la búsqueda de su hermano hasta llevarse a sí mismo al límite. Sin trabajo, terminó con sus ahorros al grado de quedarse sin casa debido a que no pudo pagar la renta. A veces dejaba de comer y, cuando la vergüenza no le ganaba, se quedaba a dormir en casa de algún amigo. Desgastado y sin ánimos, luego de seis meses regresó a Zacatlán sin éxito.
Seguían sin saber de Vicente.
Hallazgo y retorno
Un año después, cuando Germán y sus hermanos estaban planeando viajar a los Estados Unidos para continuar la búsqueda, un amigo suyo les compartió una foto que había salido en una página de desaparecidos en Nueva York: era Vicente.
–Desafortunadamente sí era él; es como nos enteramos que ya había fallecido -lamenta Germán.
En más de una ocasión revisaron los registros del sistema forense en Nueva York y no encontraron información alguna de Vicente. Fue hasta que apareció su nombre en aquella publicación de personas desaparecidas, cuando por fin se mostraron también sus datos.
–Increíblemente en el papel, en el reporte, dice que venía del hospital Mount Sinai de Manhattan; sí tenía los datos, no sé por qué un año buscándolo y no nos dijeron nada -reprocha Germán.
A Vicente lo trasladaron del hospital Mount Sinai de Queens al Mount Sinai de Manhattan, donde, según el informe, finalmente falleció el 31 de marzo del 2020, por un derrame tras una lesión en la cabeza. Su cuerpo fue enviado a la morgue y finalmente a la fosa común en la isla Hart, destinada a las víctimas de coronavirus, aunque él no había muerto por eso.
–Algunos migrantes nos cuentan que muchos paisanos cayeron en la fosa común –advierte Arturo Villaseñor. Y dado que la estadística de muertes abarca solamente a cierta población, la que sí pudo ser contada e identificada, hubo personas que quedaron fuera de los registros y por ende sin identificar en estas fosas, ya que no tenían una familia que reclamara sus cuerpos, y ni siquiera un nombre tras su muerte.
Incluso, en su momento, Martín sí fue a solicitar información al hospital donde su hermano murió en Manhattan, sin embargo ahí también le dijeron que no existía registro alguno de Vicente.
–Nosotros no nos explicamos por qué, si salió de ese hospital, si sí tenían el nombre y el registro de todo, ¿por qué cuando hablamos nosotros o por qué cuando se buscó no nos dijeron que sí salía de ahí? Desde el primer día nos hubiéramos ahorrado toda esa búsqueda, toda esa preocupación -lamenta Germán.
Villaseñor explica que cuando fallece una persona migrante en EU se complica su localización por la falta de documentos de identidad oficiales, lo cual impide a su familia saber dónde y cómo está.
Repatriación de Vicente
Fue la familia de Vicente la que, mediante la adquisición de una deuda, asumió todos los gastos funerarios y de repatriación de sus restos. “Lo incineraron y lo trasladaron aquí a México”, cuenta Germán, pues a pesar de que la situación económica era difícil, no encontraron apoyos de ningún tipo. La funeraria cobró entre 7 y 8 mil dólares, y ni los gobiernos de México, del estado de Puebla o de Nueva York aportaron.
La repatriación de cuerpos ha sido en incertidumbre, es un proceso muy largo y costoso, que afectó a las familias en México, sobre todo en lo económico pero también en lo emocional.
Ángelo Cabrera, líder comunitario migrante en el Bronx, investigador en temas de movilidad y fundador de la organización Masa, recuerda casos de familias a las que les llegaron a cobrar entre 10 mil y 15 mil dólares por gastos funerarios, y no recibieron ningún apoyo de parte de las autoridades.
En el caso de Vicente, la repatriación fue lenta: sus cenizas llegaron a su natal Zacatlán tras haber transcurrido cuatro meses, sumándose así a otros casos de Puebla en los que se vivió un proceso largo y complejo.
–Era inaudito pedirle a alguien que hiciera todo ese proceso (de repatriación) cuando está lidiando con el dolor de la pérdida de un familiar -sentencia Cabrera.
Además, al momento de que la familia de Vicente analizó la posibilidad de buscar una indemnización por parte del hospital Mount Sinai, un abogado desde Nueva York les explicó que los hospitales, en tiempos de pandemia, estaban protegidos por el gobierno y por ende, deslindados de toda responsabilidad por las personas fallecidas.
Desempleo, crisis e incertidumbre: Guadalupe
Intubado y con escasos signos vitales, el esposo de Guadalupe, Eriberto Zurita, se despidió de ella a través de una videollamada desde el hospital donde estaba internado, el 6 de mayo del 2020, justo antes de morir a causa de un paro cardiaco resultado del desgaste que le ocasionó el coronavirus.
A su muerte, a ella le aguardaban más problemas: lidiar con los gastos funerarios, el cuidado de sus tres hijos, las deudas y el desempleo.
–Se enfermó, lo internaron por 20 días; de ahí, como tres días antes de que él falleciera le metieron el tubo, me avisaron que, lamentablemente, le había dado un paro -narra Guadalupe Ángel Benítez, originaria de San Felipe Ayutla, una comunidad en Izúcar de Matamoros, municipio ubicado en la entrada de la mixteca poblana.
–Cuando empezaron a llegar los contagios, empezó la tragedia -recuerda Luis Gallegos, especialista en estudios migratorios, que llegó a Nueva York para trabajar con las comunidades migrantes en marzo del 2020, cuando se cerró el tránsito de personas. –Entró el pánico muy acelerado dentro de la comunidad, pero empezó más cuando los contagios estaban mucho más fuertes y la gente empezó a morir.
La primera muerte por COVID-19 en la urbe se registró el 14 de marzo, pero el punto alto se alcanzó el 19 de abril, registrando mil 221 decesos. Hasta abril del 2021, el gobierno de Puebla había reportado la muerte de 660 poblanas y poblanos en EU a causa de COVID-19.
El esposo de Guadalupe era originario de Tepeacatzingo, Puebla, ubicado al suroeste del estado, en el municipio de San Juan Epatlán, caracterizado por la pobreza y vulnerabilidad en la que vive el 75 por ciento de sus habitantes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Eriberto enfermó a mediados de abril y tras no responder a los medicamentos, tuvieron que internarlo de emergencia. Y a pesar de que no estaban permitidas las visitas familiares debido a las restricciones sanitarias, cuando la situación se tornó más grave, permitieron que Guadalupe, sus hijas e hijo, de uno en uno, pasaran a verlo.
En el hospital les dijeron que buscarían “limpiarle los pulmones”, pero con la advertencia de que tal vez no sería suficiente.
Cuando su estado de salud pasó de grave a crítico, el hospital permitió que su hija e hijo mayores entraran a verlo. A pesar de que “su corazón ya latía despacito”, él podía escucharlos. Y así, vestidos con equipo de protección sanitaria pudieron entrar. Con ambos a su lado, Eriberto falleció.
Paralelamente, mientras la enfermedad desgastaba a su padre, su hijo empeoraba también a causa de esta. Guadalupe, también contagiada, tuvo que gestionar su recuperación. Ella recuerda que a su hijo “se le estaban tapando los pulmones”.
–Yo ya chillaba, yo estaba mal, ya no podía caminar, estaba yo sin comer por seis días, y aún así yo me lo llevé al hospital arrastrando; no sé cómo tuve fuerzas de ver a un hijo que se me está muriendo.
Vinieron las deudas
Viuda y sin papeles de residencia permanente -también conocida como green card-, Guadalupe no pudo acceder a los apoyos de asistencia económica del gobierno de Estados Unidos, de modo que atravesó el duelo en incertidumbre.
Y es que, de acuerdo con Ángelo Cabrera, durante la pandemia, tener un documento de identificación (como el pasaporte) se volvió crucial para acceder a servicios que daba el Estado tales como: salud, fondos de apoyo para trabajadores, apoyos de asistencia en la renta, apoyos para infancias, entre otros.
–Muchas de estas familias quedaron excluidas por la ineficiencia de la representación del gobierno mexicano a través de sus consulados aquí en Nueva York -dice el líder comunitario, pues muchas personas migrantes ingresan al país sin estos papeles y necesitan tramitarlos; pero en pandemia, tardaban mucho en entregarlos.
Desde antes de la pandemia ya se documentaba la precariedad laboral, la carencia de servicios y la falta de acceso a seguridad social y programas de asistencia en que viven las y los migrantes mexicanos en este país. Tan solo en 2017, 8 de cada 10 inmigrantes (principalmente de nacionalidad mexicana) carecía de un plan de pensión y no tenía acceso a servicios de salud a través de un seguro brindado por sus empleadores.
Y sin embargo, las y los migrantes sí pagan taxes (impuestos). Según datos de New American Economy, una organización bipartidista de investigación y defensa de la inmigración, consignados por Los Angeles Times, en 2018 los inmigrantes indocumentados pagaron aproximadamente $31.9 mil millones de dólares.
Con la enfermedad vino el desempleo, y lo primero que Guadalupe tuvo que enfrentar fueron los gastos funerarios, para los cuales la familia de Eriberto y sus amistades le prestaron dinero. En contraste, el gobierno mexicano en EU respondió con negativas.
–Mi hija con amistades, yo con amistades, juntamos (dinero) gracias a Dios, pero se siente bien feo que el propio consulado no me quiso ayudar sabiendo que yo soy mexicana, él es mexicano; no les estaba pidiendo para que yo comiera, les estaba pidiendo para su funeral – reclama. Ni el consulado, ni el gobierno de Puebla la ayudaron con el proceso administrativo y mucho menos con los gastos.
Al respecto el especialista en estudios migratorios Luis Gallegos, considera que no hubo una respuesta adecuada a las circunstancias por parte del gobierno mexicano: “cuando los paisanos empezaron a fallecer y a tener más complicaciones en su vida diaria no fueron apoyados por sus autoridades, por quienes los representan”.
Guadalupe estuvo alrededor de cuatro meses sin trabajo. Antes tenía empleos de limpieza en diferentes apartamentos, después, con la crisis sanitaria, le avisaron que no se presentara.
“Me afectó demasiado porque se me juntó la renta, la luz… se me juntó todo, como no te imaginas”. En el peor auge de la crisis, con las secuelas que le dejó el coronavirus, con las deudas encima y el duelo de su esposo, salía a buscar despensas regaladas por las organizaciones civiles para alimentar a su familia.
Hoy en día ha recuperado algunos de sus antiguos trabajos y pagado algunas deudas.
No más remesas y crisis familiar: Rosa y José juan
Cuando Rosa y José Juan no pudieron enviar dinero a México sintieron frustración. “No tenemos qué comer”, les decían por teléfono la madre y el padre de él. Entonces pedía prestado para mandar algo. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 7 de cada 10 migrantes en el mundo dejaron de enviar remesas a causa de la pandemia.
Rosa Mota, originaria de Tehuacán, un municipio a 132 kilómetros de la capital poblana, lleva 17 años en el estado de Nueva Jersey viviendo con su hija y esposo. Actualmente funge como niñera, aunque antes de la pandemia se dedicaba a la limpieza de hogares pero, igual que 335 mil 430 inmigrantes mexicanos en EU entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, según cifras del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), perdió su empleo y con ello la oportunidad de enviar remesas a su familia en México.
–Mi hermano falleció y la mamá de mi nuera también (en México) -recuerda Rosa, a causa del virus-, fueron situaciones bien tristes y dolorosas, la verdad: no poder hacer nada, no poder ayudar. Me sentía bien mal.
Su esposo José Juan Montoya se dedicaba a la fabricación de colchones, pero también perdió el trabajo en la pandemia. Ambos quedaron sin sueldo, compensaciones o apoyos del gobierno para resistir la crisis sanitaria con su hija, Celeste.
–Somos inmigrantes, no gozamos de los mismos privilegios que los ciudadanos de aquí, de este país, ellos dejaron de trabajar, pero seguían recibiendo su cheque por desempleo, nosotros no -dice José Juan, quien también tuvo que experimentar la angustia de tener a un ser amado enfermo en México por COVID-19: su padre
En casa también enfermaron Rosa, José Juan y su hija. “Yo estuve tan enferma que tuve miedo, mucho miedo y más que nada por mi nena, porque ella me tiene a mí y a mi esposo”.
Ambos creen que en México existe la sensación de que las y los migrantes que viven en Estados Unidos “viven bien y no les falta nada”. Sin embargo, Rosa asegura que se vive en condiciones complicadas, rodeadas de discriminación y racismo.
–Quiero decirles que se borren esa idea de la cabeza de pensar que aquí los que venimos a este país a trabajar vivimos como reyes, no es cierto, nos rompemos el lomo para ganar un peso y para poder ayudarnos, que no piensen eso de que nosotros somos malos hijos, malos hermanos o malos padres (por no enviar remesas) -sentencia José Juan Montoya.
Resistir en comunidad
–Nueva York es una ciudad de muchísimos recursos, con una infraestructura de gobierno vasta y desarrollada, pero profundamente desigual; y durante la pandemia estas desigualdades se exacerbaron y la gente que vivía marginada económica, social y políticamente se vio sumamente afectada –dice por su parte Marco Castillo, presidente de la junta directiva de la Red de Pueblos Transnacionales, una organización migrante integrada principalmente por personas de origen poblano.
Cuando los gobiernos de México, Estados Unidos y Puebla fueron omisos para atender las necesidades de las y los migrantes, fue la generosidad de la comunidad la que les permitió salir adelante. Berenice Santiago, integrante activa de la Red de Pueblos Trasnacionales y migrante poblana, recuerda que a través de despensas, acompañamiento y entregas de bienes básicos pudieron ayudar a las familias que más lo necesitaban.
–Para nosotros hablar de la respuesta del gobierno mexicano para enfrentar el problema de COVID en Nueva York, y especialmente para brindar apoyo a los connacionales poblanos, fue fatal, fue un insulto -sentencia Cabrera, quien asegura que la representación mexicana actuó hasta que la comunidad empezó a ayudarse.
Rosa Mota lo veía como un compromiso moral, no “soltar la toalla” hasta que la gente saliera de la enfermedad. “Nos ayudamos de parte y parte, porque aquí así es, no hay de otra”.
–Durante la pandemia, las comunidades más devastadas por el COVID fueron las comunidades migrantes, porque ellos no tuvieron el lujo de quedarse en casa para resguardarse por su estatus migratorio, por las leyes anti inmigrantes, desde este proceso de desigualdad de quienes tienen acceso a la riqueza -concluye Cabrera.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
