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Dirigentes locales del PRD critican a AMLO y Morena por reforma electoral

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

19 de octubre del 2022

Chilpancingo

Este medio día, los dirigentes de distintas corrientes del PRD se pronunciaron contra la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

En el cuarto aniversario de la creación de la corriente perredista Renovación Guerrero, que dirige Perfecto Rosas Martínez, se reunieron los principales líderes del PRD, encabezados por el dirigente estatal el partido, Alberto Catalán Bastida, quien además es líder de la corriente aguirrista, Izquierda Progresista de Guerrero (IPG).

Todos ellos, al momento de su participación en el acto político de aniversario arremetieron contra los gobiernos morenistas, contra el presidente de la República y contra la reforma electoral.

Rosas Martínez, dirigente de Renovación Guerrero, al comenzar pidió un minuto de silencio por el asesinato de Jorge Omar León Suástegui, subdirector jurídico del Ayuntamiento de San Marcos, integrante de su expresión política.

Exigió a la autoridades estatales y a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento del crimen cometido hace 11 meses.

Después habló sobra la situación actual del PRD y aseguró que «no se cometerán los errores del pasado».

«Nunca más una alianza sin consultar a las bases, no a la imposición de candidatos sin presencia en la base social», mencionó. El PRD ha tenido alianzas hasta con partidos contrarios de manera ideológica, como el PRI; ambos partidos lanzaron candidatos juntos en la pasada elección reciente.

También arremetió contra el presidente López Obrador al asegurar que “se la pasa quejando en sus mañaneras de los gobiernos anteriores y presumiendo las becas y pensiones que ha otorgado sólo para manipular”.

Dijo que la inseguridad, la violencia y los asesinatos en el estado, el país aumentaron en los cuatro años que él lleva en el gobierno federal.

«De qué sirven esos apoyos (sociales) cuando la canasta básica cada día es más cara, el dinero ya no alcanza, los productos básicos tienen un costo extra porque ahora no los regula Profeco, los regula la delincuencia. Para qué queremos esos recursos si al final del día la gente se lo gasta pagando derecho de piso».

Al finalizar su participación dijo que “están equivocados si creen que están en peligro de extinción, hay PRD para rato”.

El acto se realizó en un salón al sur de Chilpancingo con la presencia de militantes y regidores pertenecientes a Renovación Guerrero.

También asistieron el ex presidente de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, quien lidera la corriente Movimiento Independiente Progresista (MIP); y los diputados locales, Raymundo García Gutierrez, dirigente de la corriente Democracia Social (DS), y Carlos Reyes Torres y Bernardo Ortega Jiménez, de Alternativa Democrática (AD) y Movimiento Alternativo Social (MAS), respectivamente, quienes participaron en este orden.

Por su parte, el diputado local Carlos Reyes Torres dijo que en Morena no tiene identidad ni historia al ser una mezcla de distintos partidos.

«En Morena sólo veo una mezcla de residuos de todos los partidos políticos, ahí no veo historia ni memoria, lo cual es indispensable para que haya congruencia», mencionó Reyes Torres.

Reyes Torres también mencionó la reforma electoral propuesta por el gobierno federal y reconoció que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el esfuerzo de muchas luchas de izquierda «encabezadas por el PRD».

Velázquez Aguirre agregó que los militantes ahí presentes necesitaban reivindicarse y aprender de sus errores.

“Tenemos un gobierno que poco o nada ha hecho para cambiar la maldita realidad que vive nuestro país, pero esta es una gran oportunidad para reivindicarnos”, dijo el ex alcalde de Acapulco.

El presidente estatal del PRD también dijo que su partido ya aprendió de sus errores y que no se volverán a repetir. Mencionó que aun con las distintas expresiones políticas dentro del PRD tienen que «generar condiciones para participar en el 2024».

“Hay que dejar atrás los discursos, esa competencia que muchas veces se da simplemente por querer competir con otros del partido”.

Por último, Catalán Bastida se refirió a la marcha del día de mañana que encabezará el presidente López Obrador en la Ciudad de México, dijo que estarán muy atentos de cualquier irregularidad o faltas a les leyes electorales por utilizar recursos públicos o actos anticipados de campaña.

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Anuncia Félix Salgado marcha caravana a la Ciudad de México en apoyo a AMLO

Texto: Jesús Guerrero

Fotografia: Jose Luis de La Cruz / Archivo

Chilpancingo

El senador morenista Félix Salgado Macedonio anunció una marcha a bordo de vehículos hacia la Ciudad de México para el próximo 26 de noviembre en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Ya nos picaron la cresta los fifis y ahora van a ver lo que es músculo y no carroña como los FrenapripanprdmcINE», escribió Salgado Macedonio en su cuenta de Facebook, a quien en el 2021 el Instituto Nacional Electoral l(INE) le canceló su candidatura a la gubernatura de Guerrero por no haber rendido un informe sobre sus gastos de precampaña.

El senador, quien es papá de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda también enfrentaba una denuncia penal por el delito de violación sexual en agravio de una mujer.

Salgado Macedonio convocó a sus correligionarios a salir en marcha el sábado 26 de noviembre a las 12 de la noche en el Asta Bandera en Acapulco.

El domingo 27 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ese día va a encabezar una marcha que va a partir del Ángel de la Independencia hacia el zócalo en la Ciudad de México.

La movilización a la que convoca el presidente es por su cuarto año en el gobierno y para defender la reforma electoral.

«Vamos a la marcha que convoca nuestro presidente y máximo líder Andrés Manuel López Obrador», escribió Félix Salgado.

Este domingo, ciudadanos, intelectuales, dirigentes y militantes del PRI, PRD, PAN y MC, realizaron una protesta en el Ángel de la Independencia en defensa del INE.

Aquí en Guerrero, en Acapulco, unos 200 priístas, perredistas y panistas participaron en una manifestación en la avenida costera Miguel Alemán.

CNTE, madres y padres de los 43 marchan a CDMX, piden reinstalación de mesas de trabajo con el presidente

Texto: Beatriz García

Foto: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y organizaciones sociales iniciaron la caravana rumbo a la Ciudad de México para exigir la reinstalación de mesas de trabajo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Desde las 10 de la mañana unos mil docentes de esta organización magisterial se reunieron en la Autopista de Sol, en el punto conocido como El Parador del Marqués, en el carril central sur-norte.

» La marcha caravana es una acción de masas, de alto impacto, no violenta, que se hace necesaria ante la cerrazón, incapacidad, desatención, desdén y soberbia de los distintos gobiernos, en este caso, el de la cuarta transformación, en el ámbito estatal y nacional», se lee en el flayer que circuló entre el magisterio previo a la caravana que llegaría al otro extremo de la ciudad, en Tierras Prietas, para partir en vehículos y autobuses a Iguala, la primera parada que harán antes de llegar a la Ciudad de México.

De acuerdo con el cronograma de actividades del magisterio está prevista que la caravana llegue a la Ciudad de México el próximo martes 22 de noviembre.

Las paradas que harán los integrantes de la caravana además de Iguala son: Buenavista de Cuéllar, después en Morelos en Amacuzac, Alpuyeca y Cuernavaca. Luego en la Ciudad de México harán parada en Tres Marías, Topilejo y, posteriormente, tomarán la ruta Taxqueña-Zócalo.

Un grupo de maestros encapuchados, previo al inicio de la marcha, retuvieron cuatro autobuses que circularon en ese momento y pidieron que bajaran los pasajeros. Estos vehículos serían usados para el traslado del magisterio a la Ciudad de México.

En la marcha participaron algunos secretarios generales de la CNTE de Estados como Chiapas, Durango, Michoacán y Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, declaró que esta movilización es para exigir la reinstalación de la mesa de trabajo con López Obrador.

El magisterio busca que el presidente de la República cumpla con lo que les prometió, principalmente la mesa de trabajo, además de que cuando estuvo en gira de trabajo en el estado le pidieron mediante un oficio un diálogo pero no los atendió.

Un maestro representante de Chiapas en su participación dijo que era importante reactivar los acuerdos que se tomaron en las 18 mesas de trabajo que tuvieron con autoridades federales.

Reiteró el apoyo del magisterio de Chiapas para la exigencia de la aparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

El vocero de las madres y padres de los 43, Melitón Ortega García, también participó en el inicio de la caravana.

En su intervención externó al magisterio que tiene conocimiento de sus demandas que son históricas.
Reconoció que los profesores han contribuido en su lucha para dar con los estudiantes.

Entre las demandas del magisterio además de la instalación de las mesas de trabajo está la aprobación de la ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), jubilación digna, revalorizado del magisterio, la eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el pago de pensiones y regresar al pago en salarios mínimo.

También demandan la entrega de uniformes y útiles escolares para alumnos de educación básica y por programas de alimentación y transporte.

El magisterio llegó a Tierras Prietas donde culminó el primer tramo de la marcha para abordar los autobuses y partir hacia Iguala, para continuar la caravana mañana martes.

Los manifestantes permanecieron cerca de una hora para bloquear los dos carriles de la carretera federal, en Tierras Prietas.

Durante su permanencia en este punto retuvieron otros dos autobuses, es decir que durante esta marcha retuvieron un total de seis autobuses de transporte. Minutos después de las cuatro de la tarde los abordaron y partieron rumbo a Iguala.

Estudiantes de Universidad exigen sede de escuela en Tixtla, Sosa les dice que será en Ojitos de Agua

Texto: Jesús Guerrero

Fotografia: Especial

Tixtla

A la coordinadora de las Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ), Raquel Sosa Elízaga, le llovieron reclamos en la reunión de tres horas que tuvo con los estudiantes, pero no cambió su postura de que la sede universitaria será en Ojitos de Agua y no en la cabecera.

En una reunión tensa que empezó a las seis de la tarde y concluyó a las nueve de la noche de ayer miércoles en el auditorio del Ayuntamiento, los jóvenes exhibieron frente a Sosa Elízaga pancartas en donde manifestaban sus demandas.

«Queremos nuestra escuela en la cabecera», «exigimos libertad de expresión», decían algunas de las consignas.

Los estudiantes y maestros de esta Universidad con Licenciatura en Enfermería y Obstetricia fueron citados a las cinco de la tarde, pero la funcionaria federal llegó una hora después.

Esta reunión de Sosa con los jóvenes se originó a raíz de que el pasado viernes 21 de octubre interceptaron en la carretera Tixtla-Chilapa al convoy que encabezaba el presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le dijeron que ya va para casi cuatro años y no han construido su escuela pero además que la sede se quede en la cabecera.

López Obrador los atendió y dijo que Sosa estaría con ellos; aseguró que el edificio escolar se quedará en Tixtla.

Los jóvenes interpretaron estas palabras del presidente de que la construcción del edificio sería en la cabecera.

«Efectivamente, la sede será en Tixtla, Ojitos de Agua esta en el municipio de Tixtla y está ubicada a ocho minutos de aquí», dijo Sosa a las y los estudiantes que casi llenaron el Auditorio Municipal.

«Eso no es cierto, no son ocho minutos de viaje, además no hay transporte», se escuchó la voz de una estudiante en las filas de atrás.

Sosa Elízaga no escuchó el reclamo. Junto a la funcionaria estuvieron el alcalde Moisés Antonio González Cabañas, el comisariado ejidal de Ojitos de Agua, el coordinador de la Universidad, Abel Alonso Hernández y algunos regidores del ayuntamiento morenista.

Durante el ríspido diálogo, Sosa pidió a los estudiantes que no crearan un conflicto, que no gritaran e insultaran.

«No hay que gritar, yo estoy aquí para dialogar con ustedes pero en este momento la opción de la sede es Ojitos de Agua porque ya tenemos avanzados los estudios técnicos de la factibilidad del suelo».

Una de las estudiantes dijo a la coordinadora de las UBBJ que en estos casi cuatro años que el gobierno no ha construido el edificio hay varias propuestas de terrenos para que se lleve a cabo la obra.

«Aquí hay dos personas que quieren donar terrenos para que construya la escuela en la cabecera municipal», dijo la joven.

La coordinadora de las UBBJ planteó a los estudiantes que esos terrenos que ellos proponen servirán para extender la sede construyendo dos clínicas.

Uno de los argumentos que expusieron los estudiantes para rechazar la sede de su escuela en Ojitos de Agua es de que en esa comunidad, a 15 minutos de la cabecera, no hay transporte público, internet, agua y drenaje.

«La mayoría de nosotros venimos de fuera y si la sede de la escuela es fuera de Tixtla se nos multiplican nuestros gastos», dijo.

Sosa recordó a los jóvenes que ninguna de las universidades del Bienestar del país tiene su sede en las cabeceras municipales.

«La instrucción que tenemos del presidente es de que nuestras universidades tengan su sede en las comunidades para que los estudiantes tengan el contacto con los campesinos», dijo Sosa a los estudiantes.

La discusión subió de calor cuando Leobardo Alejandro Flores, quien se identificó como padre de uno de los estudiantes de la Universidad, exigió a Sosa que atendiera la orden del presidente y solucione el conflicto.

Los gritos de los estudiantes retumbaron el Auditorio cuando Alejandro Flores propuso a Sosa la donación de cuatro hectáreas de terreno para que se construya la escuela.

«Lo que vemos es de que aquí se quiere hacer una imposición a ver porqué no hace una consulta entre los estudiantes y que ellos digan en que lugar quieren que se construya la escuela», planteó Alejandro Flores a Sosa, quien lo escuchaba con la cabeza agachada.

Las palabras de Flores provocaron otra vez los gritos de los jóvenes.

Durante el diálogo, también llovieron reclamos a la anterior alcaldesa Ericka Alcaraz Sosa, del PRD, y al actual edil morenista, González Cabañas.

«Las autoridades municipales anteriores y las de hoy son también responsables de este conflicto», acusó un padre de familia. González Cabañas alzó las cejas en señal de sorpresa.

Los estudiantes han acusado a González Cabañas de desdeñar la escuela al calificarla como «patito» o universidad «pedorra».

Durante una de sus varias intervenciones, Sosa Elízaga recordó que la ex alcaldesa (Erika Alcaraz Sosa) se comprometió a comprar el terreno para la construcción de la escuela en la cabecera pero finalmente se frustró porque no reunió todo el dinero para adquirirlo además de que se detectó que el predio tenía problemas legales.

Cuando los reclamos subían de tono, Sosa dijo que en las protestas de los estudiantes hay intereses políticos.

«Yo conozco Guerrero, conozco a la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación Guerrero) y Ayotzinapa y otras organizaciones», afirmó Sosa dando a entender que en este conflicto tienen metidas las manos los normalistas y los profesores disidentes.

Después, en la entrevista, Sosa dijo que respeta a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Una estudiante entregó a Sosa un documento con una serie de peticiones entre ellas la destitución del coordinador de esta Universidad, Abel Hernández.

Después de la protesta que realizaron el pasado viernes ante el presidente, el director los hostiga y amenaza, denunciaron.

Sosa recibió la petición y dijo a los estudiantes que sí tienen pruebas de que los acosan y hostigan se procederá.

La coordinadora de las UBBJ dijo a los estudiantes que en este momento la única posibilidad real es que la sede de la escuela sea en Ojitos de Agua.

«Vamos a crear todas las condiciones para que la escuela tenga todo, agua, transporte, señal de internet y nosotros esperamos que en enero próximo inicien los trabajos», prometió a los jóvenes en una de sus últimas intervenciones.

A las nueve de la noche, el Auditorio ya estaba casi vacío. Todavía un alumno quería intervenir pero Sosa lo atajó.

«Ya son las nueve ya me quiero retirar», dijo.

«Un minuto, nomás», pidió el estudiante.

Sosa concedió el micrófono y el joven hizo un reclamo.

La funcionaria ya no contestó. Se le notaba cansada.

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Texto: Jesús Guerrero

Fotografia: Oscar Guerrero

Tixtla

Estudiantes de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, quienes desde hace tres años luchan porque se les construya su edificio, rechazaron el sitio donde les informaron realizarán la obra porque, según ellos, este lugar, ubicado en la comunidad de Ojitos de Agua, no está legalizado, carece de agua, drenaje, servicio de transporte e internet.

Los estudiantes y madres y padres de familia se reunieron con el coordinador de la Universidad Benito Juárez, con sede en Tixtla, Abel Alonso Hernández, quien aseguró que ya les habían donado el terreno para la construcción de la escuela, pero no mostró el documento.

La reunión que se desarrolló este lunes en la Escuela Secundaria Heroína de Tixtla empezó a las tres y media y concluyó a las cinco de la tarde.

«Le dijimos al coordinador que nosotros no queremos una escuela en ese lugar, pero además no hay ningún documento firmado por los ejidatarios que donan el predio», afirmó una estudiante que participó en esta asamblea que duró hora y media.

Durante la mañana de este lunes les había informado a los alumnos que estaría la coordinadora de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, Raquel Sosa, pero nunca llegó.

«Fue una reunión muy tensa porque hubo reclamos y regaños del coordinador (Alonso Hernández), y nosotros suponemos es por la protesta que realizamos el pasado viernes ante el presidente Andrés Manuel López Obrador», dijo.

El pasado viernes en la carretera Tixtla-Chilapa, los estudiantes y profesores hicieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador se detuviera para exponerle su demanda.

López Obrador dijo a los inconformes que acudiría a Tixtla Raquel Sosa para informarles que ya se construirá el edificio de la Universidad.

«Si nos dijeron que vendría, pero ahora dicen que es posible que venga el miércoles, en realidad no sabemos ya que ella (Raquel Sosa Elizaga) llega siempre de sorpresa y sólo para regañarnos», dijo uno de los jóvenes.

Los 1,733 alumnos de esta UBBJ de la Licenciatura de Enfermería y Obstetricia reciben clases en tres sedes, unos en la preparatoria 29 de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), otros en un edificio de un centro escolar privado y un tercer grupo en la Escuela Secundaria Heroína de Tixtla.

En el 2021, los jóvenes realizaron una primera protesta para exigir la construcción de su edificio y posteriormente recibieron la visita sorpresiva de Sosa Elizaga, quien les advirtió que el grupo que siguiera protestando se las iba a ver con ella.

En la manifestación que realizaron esa vez el alcalde morenista de Tixtla, Moisés Antonio González Cabañas, los encaró y, según las versiones que contaron los alumnos, calificó a este centro de estudios como “una universidad patito».

Después, en la reunión con Sosa Elizaga, los estudiantes recibieron regaños.

«Los que hagan grupo se las van a ver conmigo, así nos advirtió la coordinadora», contó una estudiante.

Las amenazas de Sosa las cumplió el coordinador de esta Universidad, quien dio de baja a un estudiante y daba órdenes a otros maestros para que reprobaran a otros alumnos que participaron en la protesta, contó una alumna.

Muchos de los estudiantes de esta Universidad provienen de diferentes municipios de Guerrero e, incluso, de otros estados.

«Yo vengo del estado de Veracruz y decidí estudiar aquí en esta Universidad porque creo en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero gente que lo rodea no le ayuda, como es el caso de la coordinadora (Raquel Sosa) a quien debería de destituir», afirmó la estudiante.

Contó que a ellos como estudiantes les conviene que la UBBJ se quedé en la cabecera del municipio porque pagan renta y además la comida es barata.

Ojitos de Agua es una comunidad que está a 15 minutos de Tixtla; no hay señal de internet, carece de una red de drenaje y agua.

«En nuestra carrera profesional se requiere de mucha agua por el lavado de manos y cómo le vamos hacer si no hay agua allá», expresó otra estudiante.

Contaron que ya había un predio de tres hectáreas para construir el edificio aquí en Tixtla, pero que el coordinador (Abel Alonso) le dio muchas vueltas para que no lo adquirieran.

Se «politizó» el caso de la Universidad

El alcalde de Tixtla, Antonio Moisés González Cabañas, aseguró que el próximo lunes 31 de octubre inician los trabajos de construcción del edificio de la Universidad en la comunidad de Ojitos de Agua.

Mencionó que en la reunión que tenga con la coordinadora de las UBBJ, le va a proponer que en el ingreso a esta Universidad del Bienestar de Tixtla se impongan «filtros».

«Esto para evitar que se siga potilizando», afirmó el alcalde morenista en relación a las protestas en su contra por parte de los estudiantes.

Entrevistado en sus oficinas, el edil aseguró que la protesta que realizaron los alumnos de esta escuela el pasado viernes frente a López Obrador, agilizó el trámite administrativo para que el Registro Agrario Nacional (RAN) validara la donación de las tres hectáreas de terreno por parte de los ejidatarios de Ojitos de Agua.

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Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

21 de octubre del 2022

Chilpancingo

Integrantes de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Pueblos Fundadores (PF) detuvieron en la carretera Chilapa-Tlapa al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidieron su intervención para que su gobierno frene al grupo criminal de Los Ardillos quienes, le expusieron, han asesinado a 40 personas de esa zona de la Montaña Baja de Guerrero.

Frente a López Obrador quien los escuchó sentado en la camioneta en que viajaba, los dirigentes de la CRAC-PF que pertenecen al Consejo Indígena Popular de Guerrero (CIPOG) Emiliano Zapata (EZ), denunciaron que los dirigentes de esta organización criminal la dirigen Celso Ortega Jiménez y el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez.

«Muchos de nuestros compañeros bajan a Chilapa a vender sus productos y ya no vuelven y siguen desapareciendo y nosotros hacemos responsables a Los Ardillos, a Celso Ortega y al diputado Bernardo Ortega y al presidente municipal que está coludido con ellos», dijo uno de los dirigentes de esta agrupación armada que tiene su base en la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa.

López Obrador, quien viajaba rumbo a Tlapa, fue interceptado por las autodefensas que estaban a la orilla de la carretera federal en el punto conocido como crucero de Colotepec.

Momentos antes, López Obrador había estado en Chilapa en donde encabezó una reunión de evaluación del programa del Bienestar.

«Tenemos varios años defendiéndonos para hacerle frente a estos grupos que nos quieren someter a la fuerza y por eso que no nos hemos dejado nos han privado de muchas cosas como el de no poder salir de nuestras comunidades y vivimos aislados», expuso uno de los líderes de la CRAC.

«Han matado a señoras, a viudas, han dejado a muchos niños huérfanos», refirió.

El líder de las autodefensas le dijo al presidente que diez músicos fueron asesinados en 2020.

Se refería a los diez músicos asesinados e incinerados el 27 de enero del 2020 en la carretera que comunica a los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.

«El entonces Fiscal -Jorge Zuriel de los Santos Barrila- señaló a este grupo delictivo -Los Ardillos- el que cometió estos asesinatos y hasta el momento no ha habido justicia», comentó el líder de la comunitaria.

Se quejó de que el gobierno no le gusta que estos pueblos se organicen y tomen las armas.

¿Entonces qué quieren, que nos dejemos matar?, no se puede, tenemos familia que defender o sea si no nos defendemos quién lo va hacer?, recriminó.

Contó que el Ejército si está en sus comunidades pero no hace nada cuando actúa este grupo contra ellos.

En la misma conversación, pidieron a López Obrador ver el abandono en que están las comunidades de esta zona.

«No tenemos internet, durante la pandemia del Covid-19 los niños no tuvieron clases y ahora tampoco porque los maestros no quieren venir», se quejó el activista.

El presidente escuchó 9 minutos con 20 segundos a los dirigentes de la CRAC-PF.

Otras de las demandas que los manifestantes le plantearon al titular del Ejecutivo federal es que intervenga para que se cancelen las órdenes de aprehensión que existe en contra de habitantes de estas localidades, además de la liberación del policía comunitario Godofredo Cortés Reyes, preso en la cárcel en Chilapa.

«Nosotros queremos vivir en paz y si tenemos armas es para defendernos pero cuando ya haya tranquilidad nosotros las vamos a guardar», prometió el policía comunitario.

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López Obrador respondió a los de la CRAC-PF que en breve estará con ellos el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para escuchar sus demandas.
«Nosotros hemos atendido a los pobres con los programas sociales ya sea una pensión para adulto mayor, una beca, sembrado vida, otros apoyos, a todos, ya no es el tiempo de antes que el presupuesto solo se quedaba arriba», expuso el presidente.

Obrador les dijo a los de la CRAC que estos programas sociales son para que haya justicia y paz.

«En este gobierno no se reprime a nadie, no es un gobierno autoritario, no hay tortura, no hay masacres, se respetan los derechos humanos», mencionó Obrador.

Luego les pidió a los policías comunitarios que eviten la violencia.
«Hay formas de luchas, la más eficaz de todas, es la no violencia», expuso el presidente.

Les pidió a las autodefensas que no caigan en la provocación y hay que promover el cambio de manera pacífica.

«Nosotros vamos a seguir trabajando sin la complicidad con nadie, nosotros no llegamos al poder con el apoyo de los oligarcas», les aseguró López Obrador a los manifestantes quienes le dijeron que desde la mañana de este viernes se plantaron en este sitio de la vía federal para esperarlo.

López Obrador estuvo en Tlapa en donde evalúo el avance de la construcción de los 23 caminos artesanales que empezaron a mediados de este año en comunidades de la región de la Montaña.

Mañana sábado visitará el municipio de Olinalá y después partirá por tierra a Puebla.

En la gira de trabajo, López Obrador estuvo acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

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Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

Chilpancingo

En el marco de la gira de trabajo que realiza en Guerrero el presidente Andrés Manuel López Obrador, estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez protestaron en la carretera federal Tixtla-Chilapa para exigir la construcción de su edificio educativo.

«Queremos hablar pacíficamente, son tres años sin escuela», «exigimos sede digna», se lee en algunas de las pancartas que tienen en sus manos los estudiantes que se apostaron a la orilla de la vía federal.

A su paso por este punto, el presidente Andrés Manuel López obrador habló con los manifestantes y les aseguró que la coordinadora general de las Universidades del Bienestar Benito Juárez García, Raquel Sosa, vendrá a Guerrero y les comunicará que su edificio será construido.

«Ya me comprometí con ustedes que la semana que viene va estar la maestra Raquel Sosa para que se obtenga el terreno y se construya la Universidad en Tixtla”.

Después de ese breve mensaje del presidente, los estudiantes le echaron porras.

«Que viva Vicente Guerrero», «que viva Ignacio Manuel Altamirano», gritó el presidente Obrador. Enseguida López Obrador siguió su camino rumbo a Chilapa.

Antes que cruzara por este punto López Obrador, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a bordo de su camioneta pasó por este lugar y no se bajó para atender a los estudiantes.

Rudy José Morales Guillén, profesor de esta Universidad, señaló que desde que esta escuela se fundó en Tixtla las autoridades no han construido el edificio. Es una Universidad con licenciatura en Enfermería en Obstetricia.

«Aquí en Guerrero hemos agotado todas las instancias, con el alcalde morenista Antonio Moisés González Cabañas quien nos contesta con insultos y con las autoridades estatales tampoco nos hacen caso», afirmó Morales Guillén.

Los manifestantes se colocaron a la orilla de la carretera frente a la estatua Vicente Guerrero, a la salida de Tixtla.

Afirmó que en el caso del gobierno del estado han platicado pero solamente les han dado largas al asunto.

«Lo que requerimos es un terreno para la construcción de nuestro edificio para que ahí los estudiantes reciban clases», dijo.
Desde hace tres años que se fundó la Universidad, los 1,200 estudiantes reciben clases en grupos de diferentes escuelas, unos en la preparatoria 29 y otros en la Escuela Normal Heroínas del Sur.

En otro punto de esta vía federal, niños de una escuela primaria de la comunidad de Xochimilco protestan con pancartas para exigir la construcción de su edificio escolar que está en malas condiciones físicas.

«Estamos en riesgo por las malas condiciones de la escuela», se lee una de las pancartas que tienen los niños de la localidad de Xochimilco, municipio de Chilapa.

Esta comunidad está a menos de 15 minutos de distancia de Chilapa.

López Obrador estará en Chilapa y por la tarde en Tlapa en donde hará una evaluación de los 23 caminos artesanales que desde a mediados de este año se construyen en la región de la Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero.

La visita de dos días del presidente a Guerrero se da en el contexto del crecimiento de protestas por demandas educativas en diversos municipios del estado.

Desde este lunes 17 de octubre, unos 4,000 estudiantes de ocho normales públicas están en paro de labores y tienen tomados sus edificios escolares para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la entrega del presupuesto para sus tareas profesionales, material didáctico y computadoras lap top de buena calidad.

El pasado viernes 14 de octubre, los normalistas fueron desalojados por la policía estatal de antimotines cuando bloqueaban la Autopista del Sol y varias calles de esta ciudad. El saldo del desalojo fue de diez normalistas lesionados.

Previo a la visita de AMLO se intensifican protestas por demandas del sector educativo en Guerrero

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

A unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador inicie una gira de trabajo de dos días en Guerrero, las protestas por temas de educación se incrementaron con bloqueos en una carretera, cierre de edificios públicos, paro de labores de maestros y toma de ocho escuelas normales.

Trabajadores administrativos de centros de apoyo de escuelas de preescolar, primaria y telesecundarias que exigen el pago de un retroactivo salarial cerraron el acceso al edificio Juan Álvarez que alberga oficinas del gobierno del estado, ubicado entre las calles Zaragoza y 16 de Septiembre, en el centro de esta capital del estado.

Este inmueble alberga diversas oficinas entre ellas la Subsecretaría de Administración y Finanzas.

“Hace apenas unos años, el gobierno nos quitó varias prestaciones como el bono decembrino y despensa”, dijo la trabajadora Delia Crespo Acevedo, quien tiene 33 años en el servicio educativo.

Denunció que en vez de que el secretario de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, les resuelva sus demandas, los directores de las escuelas los intimidan y hostigan.

Crespo Acevedo, quien pertenece a la Sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habría una homologación salarial entre los trabajadores de la federación con los estatales.

“Los de la Federación ganan cada quincena más de cuatro mil 500 pesos y nosotros apenas dos mil 500 pesos”, dijo.

Maestros de la escuela secundaria Galo Soberón y Parra, ubicada en la colonia Burócratas de esta ciudad, tienen tomado el edificio escolar para exigir el pago de salarios a siete maestros y su contratación y el nombramiento de un médico escolar en el turno matutino.

La delegada sindical, Samanta Meneses Moreno, informó que siete maestros dan clases sin recibir un salario y eso no es justo pero además siguen sin ser contratados por la SEG.

El paro de labores de los docentes afecta a unos 800 estudiantes que desde hace tres días no reciben clases presenciales.

A su vez, un grupo de padres de familia tomaron las oficinas de la subsecretaría de Educación educativa de la SEG para exigir la contratación de maestros en los jardines de niños en los municipios de Tixtla, Ahuacuotzingo y Chilapa.

Los manifestantes apoyados por profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) cerraron las oficinas ubicadas en la avenida del encauzamiento del Río Huacapa, al sur de esta capital.

En la Montaña se cumplieron cuatro días de que maestros y padres de familia de escuelas secundarias de comunidades de esa zona tienen bloqueada la carretera Tlapa-Puebla para exigir el pago de horas de trabajo a los docentes y la renovación de sus contratos laborales.

Los que protestan son docentes y padres de familia de escuelas secundarias de los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Tlapa y San Luis Acatlán.

El grupo de manifestantes habrían sido amenazados de ser desalojados por transportistas.

Sin embargo, una comisión de inconformes fue atendida por funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) quienes se comprometieron a resolverles sus demandas y este jueves a mediodía desbloquearon la vía federal.

Otro conflicto que estalló hace cuatro días es el de los estudiantes de ocho escuelas normales públicas en paro y tienen tomados los centros educativos en demanda de un aumento del presupuesto para sus prácticas profesionales y la entrega de computadoras lap top pero de buena calidad.

Los normalistas que ya entregaron un pliego petitorio a las autoridades de la SEG y que piden una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, exigen la reconstrucción de algunos de sus edificios que sufrieron daños por los sismos.

El grupo de dirigentes de las ocho normales acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) para denunciar a las autoridades estatales por el desalojo que sufrieron por parte de la policía estatal antimotines el pasado 14 de octubre en la Autopista del Sol y en calles de esta ciudad que dejó un saldo de al menos diez estudiantes lesionados.

Son alrededor de cuatro mil normalistas de todo el estado que siguen en paro de labores.

Héctor Torres Solano, dirigente de la CETEG, dijo que es evidente que el titular de la SEG Marcial Rodríguez Saldaña y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no tienen la capacidad de resolver las demandas del sector educativo.

En noviembre del 2021, los profesores de la CETEG cerraron la Autopista del Sol por más de 12 horas y aceptaron tener una mesa de diálogo con Salgado Pineda.

Torres Solano dijo que de ese pliego de peticiones que le plantearon a las autoridades solamente un 40 o 45 por ciento han sido cumplidas.

Entre las demandas que están sin cumplimiento es la contratación de maestros para las comunidades de municipios de la Montaña en donde los alumnos están sin clases; reparación o construcción de edificios docentes que fueron dañados por los sismos, otorgamiento de claves y pago de salarios a docentes y personal administrativo.

“Este lunes realizamos una marcha en protesta por el informe de la gobernadora pero a punto estuvimos de ser reprimidos por la policía antimotines y un grupo de transportistas que fueron contratados por el gobierno para que nos golpearan”, dijo Torres Solano.

Se prevé que durante la visita que López Obrador realice este viernes en los municipios de Chilapa, Tlapa y el sábado en Olinalá, grupos del magisterio de estas dos regiones se manifieste con protestas.

Obrador viene a Guerrero a supervisar los trabajos de los caminos artesanales y a evaluar el programa social del Bienestar.

«Ya perdimos la confianza en este gobierno: madres y padres de los 43

En el cierre de la jornada de lucha por la presentación de sus hijos exigen a López Obrador cumplí la promesa de «tope hasta donde tope»

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Iguala

El tope hasta donde tope, como prometió en campaña en esta ciudad Andrés Manuel López Obrador a los padres y madres para hacerles justicia castigando a los responsables de la desaparición de sus hijos, sólo quedó en promesas.

Así se escuchó durante la protesta que realizaron durante la tarde de ayer martes los padres y madres acompañados por cientos de estudiantes de al menos ocho normales rurales del país durante el cierre de la jornada de lucha al cumplirse ocho años de los hechos ocurridos en las calles de esta ciudad.

«Ya le perdimos confianza a este gobierno», dijo una madre de uno de los normalistas desaparecido durante los homenajes a los normalistas asesinados Julio César Ramírez, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, quienes en esta avenida del Periférico Norte fueron asesinados en una acción concertada entre policías de diferentes niveles e integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, la noche del viernes 26 de septiembre.

Mondragón Fontes fue hallado desollado la mañana del sábado 27 en un lote baldío contiguo a la avenida del Periférico.

Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, al igual que las demás madres y padres se subieron a un templete.

«Nosotros no nos vamos a regresar a nuestras comunidades para llorar por las mentiras que nos han dicho durante estos ocho años», dijo con voz fuerte doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista.

Son casi las cuatro de la tarde y entre el grupo de los padres y madres se habla de las declaraciones de este mismo martes del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que dio a conocer la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

«Nos enteramos apenas ayer de que había renunciado (Omar Gómez Trejo) porque había recibido amenazas de gente de la propia Fiscalía General de la República», contó un padre.

Los padres y madres, así como su asesor Vidulfo Rosales Sierra, hablaban entre ellos sobre la renuncia pero ninguno de ellos quiso tocar el tema en el mitin, por precaución.

El único que lo hizo, sin profundizar, fue Clemente Rodríguez, quien aseguró que la renuncia de Gómez Trejo fue una decisión personal.

«El (Gómez Trejo) renunció porque quiere cuidar a su familia y nosotros vamos a reunirnos para ver si proponemos a otro fiscal», afirmó Clemente Rodríguez.

Durante el mitin, evocó que su hijo al igual que otros normalistas fueron perseguidos a balazos la noche del 26 de septiembre, hace ocho años.

«Esta calle me recuerda que aquí andaba mi hijo y nadie lo ayudó», dijo con voz entrecortada.

Clemente Rodríguez refutó la versión de la FGR de que uno de los huesos hallados en un sitio llamado barranca de La Carnicería, cerca del basurero de Cocula, pertenece a su hijo Cristian Alfonso.

«La FGR canceló las órdenes de aprehensión contra militares del 41 Batallón y 27 Batallón, eso quiere decir que este gobierno no los quiere culpar cuando existen pruebas de que el Ejército fue el responsable», acusó.

Al grupo de unos 20 madres y padres se les nota cansancio. En esta jornada de lucha que duró un mes encabezaron marchas y plantones. Muchos de ellos y ellas tienen más de 50 años y están enfermos. En este camino de ocho años para encontrar la verdad y la justicia, cinco de ellos han fallecido una madre y cuatro padres:

Minervina Bello, Saúl Bruno Rosario, Bernardo Campos, Tomás Ramírez y Ezequiel Mora, murieron sin que el gobierno les hiciera justicia.

Un anuncio publicado en las redes sociales el lunes 26 en donde se daba a conocer que la población civil de Iguala no iba a permitir «actos vandálicos» generó tensión en Iguala previo a las protestas del contingente que llegó alrededor de las tres de la tarde a bordo de 28 autobuses.

Decenas de agentes de gobernación federal y estatal así como elementos de inteligencia militar, algunos camuflados como reporteros, seguían de cerca los movimientos de las madres y padres de los 43 así como de los estudiantes.

También se notó el ir y venir de individuos a bordo de motocicletas y en motonetas con teléfono celular para grabar las protestas e incluso de los movimientos de los periodistas que realizaban la cobertura.

Durante la marcha uno de los reporteros de Iguala decía que en una colonia de esta ciudad un grupo de hombres armados había asesinado a balazos a un individuo.

Y que esta ciudad, de donde es originaria la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es famosa por el trasiego de la droga que se transporta a Estados Unidos.

Esta región también es bastión político de los Figueroa, Rubén Figueroa Figueroa, padre que ya falleció y Rubén Figueroa Alcocer, ambos gobernaron el estado, el primero fue acusado de desaparición de guerrilleros y activistas universitarios en la década de los setentas, el segundo de la masacre de los 17 campesinos en Aguas Blancas y fue obligado a pedir licencia al Congreso local en marzo de 1996. Solo duró tres años en el cargo.

En el día, Iguala, luce normal, por la noche, la gente no sale de sus casas, es lo que dicen algunos ciudadanos.

Cerca de las dos de la tarde empezó la marcha cerca de donde inicia la avenida Periférico Norte. El contingente descendió de 28 autobuses. Ningún vehículo se detuvo en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

«No, hoy no será aquí la fiesta (en el cuartel militar) iremos a Ciudad Judicial», dijeron entre los normalistas.

Durante el mitin que se desarrolló en el sitio donde fueron asesinados a balazos Julio César Ramírez y Daniel Solís, un grupo de normalistas llenaron sus mochilas de piedras.

Otros grupo de jóvenes encapuchados detuvieron a los conductores de un camión de la empresa refresquera Pepsicola y al de una camioneta repartidora de Marinela. A los dos choferes los bajaron y se apoderaron de los dos vehículos.

Durante el mitin Vidulfo Rosales recordó que en el 2018 en las campañas para la presidencia López Obrador estuvo aquí en Iguala en un mitin y ante las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se comprometió públicamente a esclarecer el caso y castigar a los responsables.

«Aquí dijo (López Obrador) que tope hasta donde tope habrá castigo a los responsables, pero vemos que eso no ha sido verdad», afirmó Rosales Sierra.

«Este gobierno que prometió ser progresista está cobijado por la oligarquía y es conservador», acusó Rosales Sierra.

En las dos últimas conferencias matutinas, López Obrador acusó a los asesores de las madres y padres de los 43 de convenirles que este conflicto se alargue.

Rosales Sierra aseguró que el Ejército, al que hoy protege el gobierno federal, ha sido partícipe de graves violaciones de los derechos humanos.

Es más el abogado activista y director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan comparó a este gobierno con los del PRI y el PAN.

Rosales Sierra recordó que el Ejército tiene una larga historia de atrocidades cometidas contra la población civil de Guerrero.

Citó el caso de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, cuyo caso él lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando al Ejército de esos hechos.

En el mitin y la marcha tres viudas de la matanza de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1997, estuvieron presentes. Una de ellas habló.

«Nosotros llevamos más de dos décadas exigiendo justicia porque lo que hizo el Ejército fue una masacre», acusó una de las viudas.

La jornada de lucha por los ocho años sin castigo a los responsables de lo que ocurrió aquí en Iguala, terminó cuando un grupo de normalistas encapuchados estrellaron los dos camiones repartidores de productos chatarra contra los accesos de la Ciudad Judicial, ubicada al norte de esta ciudad, ya para salir a Chilpancingo.

Los jóvenes encapuchados atacaron con piedras, petardos y bombas molotov el edificio y les prendieron fuego a los dos camiones.

Este ataque, dijeron los estudiantes, es en repuesta a que la FGR se desistió de la orden de aprehensión contra la expresidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín, por ser presuntamente responsable de haber ordenado la destrucción del video en el que se capta cuando un grupo armado y policías de Huitzuco bajan por la fuerza de un autobús a 17 normalistas, los suben a sus patrullas y se los llevan.

El nombre de Galeana Marín, magistrada en retiro quien recibe un salario como si estuviera en activo en el Poder Judicial, aparece en la página 17 del informe que rindió en agosto de este año el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.

Ahí en ese documento oficial, a Galeana se le acusa de haber ordenado la destrucción de los videos. Pero la FGR pidió la cancelación de esa orden.

Para justificar la acción, López Obrador dijo que se cancelaron las «órdenes porque no venían en el informe».

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Las 21 órdenes de aprehensión canceladas contra implicados en el caso Ayotzinapa fue porque no estaban en el informe: AMLO

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Victor Galindo

Chilpancingo

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las 21 órdenes de aprehensión canceladas contra mandos militares y de seguridad en Guerrero se debió a que no aparecen en el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Entre las órdenes de aprehensión canceladas figuran la del secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el ex procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, ambos funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Y de la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Lambertina Galeana Marín, además de otros mandos militares.

Durante su conferencia de prensa matutina en palacio nacional, López Obrador afirmó que los nombres de esos presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, “no estaban en el informe”.

“Se actuó a partir de las personas que aparecen en como responsables en el informe, y esto no significa que se cierra la investigación”, mencionó el presidente.

López Obrador negó que ello implique impunidad en el caso, esto tras ser cuestionado por las madres y padres de los normalistas quienes exigen una investigación a profundidad respecto al papel de las fuerzas armadas en los hechos.

Defendió las acciones que su gobierno realiza para esclarecer el caso, que fue una de sus promesas de campaña.

“¿Cuándo se había iniciado un proceso en contra de un general de un batallón de la Secretaría de la Defensa? Se actuó así porque viene en la investigación y esto no significa querer manchar al Ejército”.

Sobre la filtración en la investigación del caso Ayotzinapa, López Obrador calificó el acto como de “mala fe”, pero dijo que tal hecho no tumbará la investigación.

“Yo creo que lo hicieron de mala fe pero, en mi opinión, no se deben de ocultar las cosas, A lo mejor quienes filtraron el documento sin testar lo hicieron pensando que de esa manera ya no va a tener validez legal, si lo hicieron con ese fin, están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo”, dijo sobre la filtración sin testar del informe del Covaj, que se realizó el pasado fin de semana y se publicó en el semanario Proceso.

Partes del informe del Covaj contienen transcripciones de mensajes telefónicos entre los implicados, la mayoría no pueden leerse. La filtración a Proceso fue una versión con los contenidos legibles y los nombres de los implicados.

Por último López Obrador declaró este lunes 26 de septiembre como “día de luto nacional” por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace ocho años.

“Hoy es día de luto nacional porque se conmemoran los ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, ya se ha informado de que vamos a coadyuvar con la investigación que se ha avanzando, se está rompiendo el pacto de silencio y de impunidad, y vamos a continuar haciendo justicia”.

Despliegue del Ejército prioriza a estados gobernados por Morena, no a los más violentos

Cuatro de las seis entidades con mayor presencia militar para tareas de seguridad pública son gobernadas por Morena. De ellas, solamente una, Michoacán, también está en los primeros lugares en homicidios dolosos.

Texto: Alfredo Maza / Animal Político

Fotografía:

22 de septiembre del 2022

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública es necesaria para combatir los altos índices de violencia en el país, datos oficiales muestran que en esta administración el despliegue militar no se enfoca hacia las entidades con más homicidios dolosos, sino hacia aquellas gobernadas por Morena.

El martes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó su informe mensual de incidencia delictiva, en el que refirió que, de enero a agosto de 2022, seis entidades registraron 10 mil 108 víctimas de homicidio doloso, cifra que representa el 48.7% del total (20 mil 722).

Según la información otorgada por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades del país, se trata de Guanajuato (2 mil 115 víctimas de homicidio doloso), Baja California (mil 801), Michoacán (mil 767), Estado de México (mil 696), Jalisco (mil 394) y Chihuahua (mil 335).

En contraste, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) refiere que entre las seis entidades con mayor despliegue militar se encuentran la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Veracruz, que son gobernadas por Morena y que en su conjunto suman 21 mil 990 soldados en sus calles. Este dato representa una cuarta parte de todo el personal militar ubicado en tareas de seguridad pública.

De esas entidades, solo Michoacán —donde gobierna Alfredo Ramírez Bedolla desde 2021— se encuentra entre las seis más violentas del país. Guanajuato y Baja California, que ocupan los lugares uno y dos en víctimas de homicidio doloso, están en los sitios ocho y 13 en cuanto a despliegue militar.

La semana pasada, especialistas consultados por Animal Político señalaron que hay “una lógica política” en el despliegue de militares y elementos de la Guardia Nacional en los estados, no un criterio táctico-estratégico.

Estos números se dan a conocer mientras en el Congreso se discute una reforma promovida por Morena y sus aliados para extender hasta 2028 la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública.

Ayer, el Senado determinó pausar el debate del tema y regresar el dictamen a comisiones, sin que por ahora se sepa cuándo se reanudará el proceso.

6 de cada 10 víctimas de homicidio doloso mueren por arma de fuego

Otro dato que arrojó el SESNSP en su informe mensual refiere que seis de cada 10 víctimas de homicidio doloso reportadas en los seis estados más violentos murieron por arma de fuego. Esto se traduce en 7 mil 242 personas.

El martes, durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que, en el caso de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco y el Estado de México, hay una tendencia a la baja en homicidios dolosos, mientras que para el caso de Chihuahua esta incidencia se ha contenido en los mismos parámetros durante tres meses.

De manera desagregada, los datos del SESNSP refieren que, si bien en cuatro de los estados antes mencionados se registró un descenso en víctimas de homicidio doloso, Michoacán y Baja California no siguieron esa tendencia. Por el contrario, aumentó el número de víctimas por arma de fuego.

En el caso de Michoacán, el aumento fue más abrupto, al pasar de mil 278 víctimas mortales de enero a agosto de 2021 a mil 460 en el mismo periodo de 2022, mientras que en Baja California pasó de mil 213 a mil 226.

Las autoridades mexicanas han señalado en repetidas ocasiones que una de las principales razones por las que son asesinados tantos mexicanos en territorio nacional es por el tráfico ilegal de armas que provienen de Estados Unidos.

Por esta razón, desde agosto de 2021 el gobierno de México mantiene un litigio legal internacional en contra de la empresa Smith & Wesson y otras 10 armerías estadounidenses, a las que acusa de presunta negligencia y falta de cuidado para vender armas.

Durante las audiencias previas a llegar a un juicio, las armerías han solicitado el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que México no tiene capacidad para demandarlas, pues gozan de una “inmunidad procesal” por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que desde 2005 protege a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses frente a demandas civiles.

Sin embargo, debido a que fiscales generales demócratas de 13 estados de EU han presentado escritos de apoyo a México, al igual que países como Antigua y Barbuda y Belice, el caso ha podido avanzar y se encuentra actualmente en espera de fecha para juicio.

Cifra negra y falta de reparación de daño

Pese a que las cifras del SESNSP son utilizadas por el gobierno federal para presentar avances en materia de seguridad pública y por organizaciones civiles para realizar análisis de la incidencia delictiva, diversos expertos en la materia han criticado que exista una cifra negra de diversos delitos provocada por las mismas autoridades.

David Saucedo, especialista en seguridad pública, considera que el país tiene una problemática muy fuerte en procuración de justicia y que este problema se repite de forma sistemática. “Tenemos una cifra negra de delitos no denunciados; de los que se denuncian, pocos son investigados, y de los que finalmente son investigados, pocos obtienen una sentencia condenatoria”, dijo en entrevista.

“En sistemas de procuración de justicia más avanzados, el cuarto escalón es la reparación del daño. En México, ni siquiera estamos en condiciones de tener métricas para saber cuántas personas que fueron víctimas de algún delito tuvieron una reparación del daño sin importar cuál habría sido el tipo de reparación. Es decir, del tipo económico o material. No tenemos ninguna métrica en este sentido”, expuso.

Lo anterior, en su opinión, es causado en gran medida porque “los despliegues del Ejército, como se ha mencionado en distintas ocasiones, son despliegues de presencia disuasiva; o sea, realmente no hacen labor de investigación ni desarticulación de redes criminales”.

Por eso —en una entrevista previa—, advirtió que extender hasta 2028 la presencia militar en las calles no es una solución, sino una medida para generar “falsa confianza” entre la ciudadanía.

“De hecho, (los gobernadores de Morena) hicieron campaña en contra de los gobernadores anteriores señalando el grave deterioro que había sufrido la seguridad pública. Morena se benefició del clima de inseguridad de manera político-electoral, pero ahora que son gobierno están sufriendo el desgaste y los estragos que produce entre el electorado el tener guerra de cárteles”, dijo.

En la imagen elementos del Ejército durante un acto cívico en la 35 Zona Militar en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

En el gobierno de AMLO, casi 29 mil personas más han ingresado a prisión; el 58% de ellas no tiene juicio ni sentencia

En lo que va del sexenio, la población en cárceles federales y estatales ha aumentado en 28 mil 928 personas. Hoy, la Suprema Corte iniciará la discusión de proyectos que plantean eliminar la prisión preventiva oficiosa o automática.

Texto: Alfredo Maza / Animal Político

Fotografía: Oficial

En los cuatro años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la población en las cárceles de México pasó de 197 mil 988 personas privadas de la libertad a 226 mil 916, lo que supone un total de 28 mil 928 presos nuevos en centros estatales y federales. La mayoría, 58% de quienes han ingresado, son personas en prisión preventiva, sin juicios ni condenas que prueben que son culpables de algún delito.

Datos de los anexos del Cuarto Informe de Gobierno muestran que en la actual administración la población de personas en prisión preventiva oficiosa o justificada creció en 17 mil 565 para llegar a un total de 92 mil 595. Lo anterior ha provocado que, actualmente, al menos cuatro de cada 10 mujeres y hombres encarcelados en México sean presuntos culpables sin condena.

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y el amparo en revisión 355/2021, y con ello, la viabilidad de la medida de prisión preventiva oficiosa o automática, que es una de las modalidades con las cuales las autoridades encarcelan a personas sin necesidad de llegar a un juicio.

Los datos del gobierno federal refieren que la mayor parte de la población penitenciaria en el país se concentra en el fuero común, es decir, en cárceles estatales. Tan solo en 2014 estos lugares alcanzaron cifra récord de ocupación con 206 mil 767 personas privadas de su libertad. Durante los siguientes cuatros años, esta cifra disminuyó hasta llegar a 165 mil 213, una reducción de 41 mil 554.

Sin embargo, a partir del 2019 con la llegada de López Obrador, la cifra de personas en estos centros de reclusión aumentó nuevamente hasta llegar a 197 mil 734, lo que coincide con las fechas en las que el Ejecutivo presentó diversas reformas en materia penitenciaria, que fueron aprobadas por todos los partidos y que permitieron sumar al artículo 19 de la Constitución una veintena de delitos que ameritan prisión automática.

En contraste, la población penitenciaria del fuero federal ha tenido un constante decremento desde 2014 hasta 2021, al pasar de 48 mil 871 presos a 28 mil 652, tendencia interrumpida hasta este año, en el que se tiene registro de un aumento de 530 personas nuevas que llegaron a estos centros penitenciarios de septiembre de 2021 a junio de 2022.

Trasladan a reos de cárceles estatales a federales para “despresurizar”

Otra de las acciones que la administración de López Obrador destacó en su Cuarto Informe tiene que ver con la “despresurización” de centros penitenciarios estatales de 24 entidades, estrategia para la “recuperación y dignificación de las cárceles” en México.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se trasladó a Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) a 3 mil 210 personas que, según el gobierno federal, “representaban un riesgo” en sus cárceles de origen.

El 21 de abril pasado, un periodista cuestionó al presidente en su conferencia de prensa matutina sobre estos traslados, tras asegurar que hay padres y madres de familia desesperados porque sus hijos han sido trasladados a reclusorios muy lejanos, lo que les dificulta saber en qué circunstancias se encuentran sus hijos.

El presidente respondió: “Hay una situación que hoy precisamente analizamos sobre los reclusorios. Como están saturados los reclusorios de los estados y hay condiciones de violación franca de derechos humanos, por hacinamiento, por las malas instalaciones, entonces se ha venido aplicando un programa de traslado del fuero común a reclusorios federales, a los reclusorios que se contrataron”.

Sin embargo, aseguró que el gobierno buscaría atender a los familiares de las personas privadas de la libertad para que sepan de sus reclusos y en qué condiciones están. “Desde luego, nosotros procuramos que no haya violación de derechos humanos, que no haya maltrato”, dijo.

El Cuarto Informe refiere que la mayor cantidad de traslados de centros estatales a federales se registró en el Estado de México, donde mil 357 personas fueron trasladadas. Siguieron Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Puebla, de donde se trasladó a 318, 176, 158 y 150 reos, respectivamente.

Como se mencionó, a junio de 2022 la población de personas privadas de la libertad en el país ascendía a 226 mil 916 personas, de las que 8.3% se encuentra en estos centros federales. Esto es 18 mil 749 personas, de las cuales casi 40% se encuentran en calidad de “procesadas” (7 mil 394).

El gobierno presume como un aspecto positivo que la cantidad total de reos en estas cárceles federales representa una ocupación del 65.7%, ya que a nivel nacional se tiene registro de una sobrepoblación de 9 mil 787 reos en las 289 cárceles, pues estas solo tienen capacidad para 217 mil 129 personas.

En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, donde concluyó que “existe un generalizado abandono institucional por parte de las autoridades” en las cárceles del país, lo que se evidencia en las condiciones de estos lugares.

El estudio dio cuenta de diversas deficiencias para garantizar una alimentación suficiente y adecuada para las y los reos; inexistentes áreas médicas debidamente equipadas; falta de agua y drenaje dentro de los centros; insuficiente personal de guardia y custodia, entre otras irregularidades que violan los derechos de los reos a una habitabilidad digna.

Incluso, documentó la falta de una efectiva separación entre personas sentenciadas y procesadas, lo que se traduce en que hombres y mujeres convivan sin distinción dentro de las cárceles.

Proyectos de la Corte van contra prisión oficiosa, gobierno quiere mantenerla

El 17 de agosto, durante su conferencia de prensa mensual, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, informó que en las próximas semanas el máximo tribunal del país discutiría dos asuntos referentes a la convencionalidad y constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

“Estos asuntos son de una enorme relevancia, pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha asentado la persecución de los delitos en México”, dijo.

En repetidas ocasiones, Zaldívar ha insistido en que en el país la mayoría de las personas sujetas a esta medida son de escasos recursos, por lo que aplicar la prisión de forma automática es aplicar “una condena sin sentencia, que, por regla general, castiga la pobreza”.

Incluso durante su histórica visita a Santa Martha Acatitla, en mayo pasado, aprovechó la oportunidad para fijar su postura sobre el tema.

“Se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa; hay miles de personas sin sentencia en las prisiones, pero la violencia en el país no cede ni tampoco la inseguridad; entonces, para mí esto es suficiente para demostrar que la medida no funciona, aparte de que es violatoria de derechos humanos”, dijo.

Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó en octubre de 2021 la investigación “Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes”. Ahí se dio cuenta que el 70% de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos.

Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria o secundaria y que son acusados de delitos menores como pequeños robos o narcomenudeo, son las principales víctimas de esta medida.

Más aún, la investigación reveló que las mujeres son las personas que han sido más perjudicadas por esta medida. Tan solo de 2019 a agosto de 2021, la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia, es decir, legalmente inocentes, pasó de 10.2 a 14.2 por cada 100 mil mujeres.

Luego de que se diera a conocer que los ministros se alistan para discutir este asunto y que los proyectos de sentencia perfilan anular esta medida, el gobierno de López Obrador pidió a la SCJN mantener en la Constitución la figura de prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que eliminarla significa una medida negativa para la seguridad pública del país.

“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado”, afirmó.

El 25 de agosto, justo el día en que la Corte informó que el futuro de la prisión preventiva oficiosa en México sería discutido a partir de este lunes 5 de septiembre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aprovechó para ir más allá y asegurar que eliminar esta medida representaría el fin de “toda la estrategia de seguridad” del gobierno federal.

Esto, a pesar de que tanto organismos internacionales como organizaciones de derechos humanos y especialistas en la materia han criticado esta figura al considerar que su aplicación es violatoria de derechos humanos, pues a pesar de que debería ser utilizada como excepción termina siendo la regla.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

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