El Centro Pro fue espiado con Pegasus por segunda vez mientras daba seguimiento al caso Ayotzinapa y presuntos abusos del Ejército

Integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez no solo fueron espiados con Pegasus en el sexenio pasado. También fueron blanco de espionaje en esta administración, mientras daban seguimiento a casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.


Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

18 de abril del 2023

 

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, víctima de espionaje durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue espiado por segunda vez con el software Pegasus en 2022, mientras daba seguimiento a la investigación del caso Ayotzinapa durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como a otros casos de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército.

En este segundo espionaje también fue infectado el teléfono de María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del Área Internacional de la organización, de acuerdo con un nuevo análisis de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, revelado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Además, una investigación del diario The New York Times publicada este martes advierte que México se convirtió en el mayor usuario del sistema Pegasus y en el presente el Ejército es la corporación que más utiliza activamente esta tecnología.

“El Ejército mexicano no solo es el cliente más antiguo de Pegasus sino que también ha atacado más teléfonos móviles con ese programa malicioso que cualquier otra agencia gubernamental del mundo”, afirma la investigación periodística.

Las fechas de infección contra los defensores de derechos humanos coinciden con actos de seguimiento del caso Ayotzinapa —en el que el Centro Pro es representante legal—, como la presentación de nuevos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dieron a conocer la vigilancia militar contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y sus familias; la detención y audiencias del exprocurador Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “verdad histórica”, y la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo.

También, mientras el Centro Pro acompañaba el caso del asesinato de dos curas jesuitas en Chihuahua; el asesinato de la niña Heidi en Tamaulipas, presuntamente cometido por miembros del Ejército; las críticas públicas contra la militarización y la exigencia de esclarecimiento por el caso Tlatlaya y la Guerra Sucia.

Las fechas coinciden, además, con el señalamiento que la Sedena hizo contra el Centro Pro al catalogarlo como un “grupo de presión”, según informes internos de la dependencia hackeados por el grupo Guacamaya.

La infección fue alertada el 15 de diciembre de 2022, cuando Aguirre y María Luisa Aguilar recibieron un correo de Apple con la notificación de que sus dispositivos habrían sufrido una intromisión ilegal por “atacantes patrocinados por el Estado”.

Luego, los equipos fueron analizados por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y el 12 de abril de 2023, el análisis forense confirmó que dichos dispositivos efectivamente fueron infectados mediante el software Pegasus en al menos cinco ocasiones, alrededor de junio, julio y septiembre de 2022.

Se trata de nuevas víctimas de espionaje en el actual sexenio, pues la investigación Ejército Espía reveló que el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el periodista y escritor Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político también fueron espiados con Pegasus entre 2019 y 2021.

El espionaje realizado por segunda vez en contra de miembros del Centro Pro revela la intención de interferir en el legítimo trabajo de defensa de derechos humanos, acompañamiento a víctimas de graves violaciones a derechos humanos y exigencia de verdad y justicia, independientemente de cambios de gobierno, advierte la organización R3D.

“La nueva evidencia de espionaje militar ilegal contra el Centro Pro confirma que el Ejército continúa utilizando el aparato de inteligencia para sabotear la búsqueda de verdad y justicia, y mantener la impunidad militar”, alerta R3D.

El espionaje

Citizen Lab detectó que la primera y segunda fecha de infección ocurrió alrededor del 22 de junio de 2022 contra Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar. El mismo día se realizó un acto en el Campo Militar Número 1 el contexto del Mecanismo de Esclarecimiento de casos de la Guerra Sucia, en el que participó Alicia de los Ríos, quien busca a su madre desaparecida y tiene el acompañamiento del Centro Pro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ese evento, familiares de víctimas de la Guerra Sucia protestaron con pancartas y consignas frente al presidente López Obrador luego del discurso del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien llamó “hechos ocurridos” a las violaciones graves a derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990.

Un día después, ocurrió la audiencia pública con la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de EU, en la que participó el Centro Pro y se hizo referencia al caso de los jesuitas asesinados en Chihuahua, ocurrida días antes, el 20 de junio, al caso Ayotzinapa y al caso de la familia Barajas de Guanajuato.

Otro hecho relevante ocurrido previo a la infección fue la presentación del tercer informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, que revela que hubo vigilancia militar a los estudiantes y posteriormente a las familias, así como presencia de elementos de la Marina mediante un video con dron en el basurero de Cocula.

La tercera infección ocurrió contra Santiago Aguirre alrededor del 13 de julio de 2022 y cerca de esa fecha, el 30 de junio, se hizo pública información sobre dos nuevas órdenes del Ejército para “abatir delincuentes”, como la referida en el caso Tlatlaya, acompañado por el Centro Prodh, y sobre la destrucción de documentos del batallón de Tlatlaya.

El 8 de agosto, la Sedena emitió un documento de inteligencia militar en el que cataloga al Centro Pro como “grupo de presión”, según información hackeada por el grupo Guacamaya.

El 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el informe de la Comisión para la Verdad para el Caso Ayotzinapa (Covaj). En él, se vincula a la Sedena con la operación de Pegasus para hacer seguimiento de diversas personas relacionadas al caso y se publican documentos con transcripciones sobre las intervenciones en las que aparecen las siglas del CMI (Centro Militar de Inteligencia).

La cuarta infección fue contra María Luisa Aguilar alrededor del 24 de septiembre. Un día antes, normalistas y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa protestaron afuera del Campo Militar Número 1, con pintas y bombas molotov.

Un día después, el periódico Reforma publicó datos del informe de la Covaj que se encontraban testados y se hizo pública información sobre la cancelación de órdenes de aprehensión que habían sido solicitadas por la FGR, incluyendo contra militares.

El 27 de ese mes, renunció el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, al considerar que las acusaciones contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, que llevaron a su detención, debían ser más sólidas o existía el riesgo de que terminara libre. El Centro Pro expresó su preocupación por dicha renuncia.

La quinta fecha de infección ocurrió contra la coordinadora del Área Internacional del Centro Pro el 29 de septiembre de 2022. Dos días antes, Reforma publicó los supuestos chats de integrantes de Guerreros Unidos con elementos de Marina y Sedena, mostrando la vinculación entre dichas instituciones y el crimen organizado, y el destino final de los normalistas.

El 29 de septiembre, el GIEI publicó su cuarto informe, que refiere la cancelación de órdenes de aprehensión, la intromisión en la investigación, los vínculos del Ejército en Guerrero con el crimen organizado, así como la necesidad de revisar la veracidad de mensajes de texto incluidos en el informe de la Covaj.

El informe también refiere documentos en los que se menciona al CMI y denuncia la negativa de la Sedena a entregar documentos del área de inteligencia militar.

Ejército Espía

El 7 de marzo pasado, R3D, Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso publicaron nueva información respecto del espionaje con Pegasus. Se trató del informe del CMI, un área secreta de la Sedena, que confirma el espionaje a Raymundo Ramos con el sistema Pegasus por parte del Ejército.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje, como consta en un informe elaborado en 2020 por su subalterno directo, Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia del CMI, Conrado Bruno Pérez.

La Sedena utilizó la información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De hecho, días después de esa ejecución, Raymundo Ramos apoyó a las familias de las víctimas en su proceso de denuncia y, justamente en ese periodo, su teléfono fue infectado con Pegasus, como confirman dos análisis de Citizen Lab.

El reporte del espionaje fue elaborado por el CMI, una estructura secreta dentro del Ejército que —según documentos internos— obtiene información a través de “medios cerrados” y tiene personal especializado e infraestructura tecnológica dedicada a “procesar y obtener información sensible sobre los temas que sean del interés del alto mando”, es decir, el secretario de la Defensa, de acuerdo con documentación oficial obtenida entre los millones de archivos de la Sedena hackeados por Guacamaya en octubre pasado.

El presidente López Obrador respondió a esas publicaciones argumentando que el Ejército realiza labores de “inteligencia, no de espionaje”, y se comprometió a entregar toda la documentación relacionada con el caso, pero no lo hizo.

En cambio, 13 días después de su promesa, la Oficina de la Presidencia envió un comunicado de prensa en la que intenta desacreditar las pruebas expuestas en las investigaciones periodísticas, como que la Sedena realiza labores “de inteligencia” para el combate del crimen organizado y, según explica, tiene base legal en la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional.

Sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional solo faculta al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un organismo civil, para realizar labores de inteligencia e intervenir comunicaciones con una autorización judicial, pero no a la Sedena.

 

Elementos del Ejército durante una ceremonía oficial en las instalaciones de la 35 zona militar en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez (Archivo Amapola).

AMLO reconoce intervención telefónica a defensor de DH, pero dice que no es espionaje, sino inteligencia

El presidente no justificó cuál fue el objetivo de espiar a un civil ni cuál fue la base legal de la Sedena para espiar al defensor de derechos humanos.


Texto: Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

10 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la intervención telefónica al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos −quien acompañaba el caso de la ejecución extrajudicial de tres personas ocurrida en 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas−, aunque aseguró que en su gobierno no se realiza espionaje, se hace “investigación” y “trabajo de inteligencia”.

Sin embargo, el mandatario no justificó cuál fue el objetivo ni cuál fue la base legal de la Sedena para espiar al defensor de derechos humanos.

López Obrador se limitó a decir que no existe ninguna ilegalidad y que el trabajo de inteligencia que se hace tiene como propósito conocer los movimientos de la delincuencia organizada.

“Es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el centro de inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada. Nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales, nosotros hicimos aquí el compromiso que no íbamos a espiar a ningún opositor”, declaró.

“No hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor ni periodista, para qué vamos a espiar, es falta de principios estar espiando», sostuvo.

Durante su conferencia matutina, el presidente defendió la actividad del Ejército afirmando que “es mejor la inteligencia que la fuerza”.

“El instituto de inteligencia del gobierno hace investigación porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza”, dijo.

-¿Cuál es el objetivo de espiar a civiles?, cuestionó la periodista.

“No sé, no sé. Sé que el objetivo de Animal Político, de Artículo 19, de Carmen Aristegui y Proceso es estar constantemente atacándonos, desacreditándonos”, respondió López Obrador sin argumentar la razón de por qué se espió a civiles. Por el contrario, criticó a los medios que participaron en la investigación, a quienes acusó de estar “en contra del gobierno”, representar al conservadurismo y a los corruptos.

¿Cuál es la base legal de la Sedena?, cuestionó la periodista.

“No me explicaron nada, seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que llevan a cabo los organismos encargados de hacer este trabajo. Les tengo confianza a los mandos, saben muy bien que está prohibido el espionaje, no somos iguales”.

Dijo que para él el espionaje tiene que ver con persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores; mientras que la inteligencia tiene que ver con los métodos para prevenir actos de sabotaje y de crímenes “porque el Estado tiene como propósito proteger a las personas, para eso se requiere inteligencia”.

Justifica labores de inteligencia

Al justificar las labores de inteligencia que realiza la Sedena, el presidente afirmó que Audomaro Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), alertó a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la CDMX, sobre el atentado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizó en su contra.

“¿Saben cómo se le salvó la vida al jefe de la policía de la Ciudad de México, se llama Omar García, de esa manera, unos días antes del atentado? Inteligencia del Estado registró unas llamadas, Omar traía un carro normal, y el general Audomaro Martínez habló con él y le dijo: ‘tenemos esta información, no te confíes’ y cambió por una camioneta con blindaje», detalló.

Uso del software Pegasus

En 2020, el Ejército usó el software Pegasus para espiar al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, quien acompañaba el caso de la ejecución extrajudicial de tres personas ocurrida ese año en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Un informe del Centro Militar de Inteligencia (CMI), un área secreta de la Sedena, confirma que en 2020, ya en este sexenio, el Ejército espió al defensor de derechos humanos con el sistema Pegasus.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje, como consta en dicho informe elaborado en 2020 por su subalterno directo Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia, Conrado Bruno Pérez y usó esa información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes, presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020.

La información sobre el CMI y el reporte de inteligencia revelados en esta investigación, realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, fueron obtenidos entre los millones de archivos de la Sedena hackeados por el grupo Guacamaya en octubre pasado.

Los calificativos contra la prensa

López Obrador no dejó de lanzar calificativos contra los medios y organizaciones que publicaron la investigación; los acusó de ser conservadores y de derecha.

“El periodismo de ustedes no está cerca del pueblo, está al servicio del poder, de la oligarquía de los que se sentían dueños de México y quieren regresar por sus fueros, ustedes son pieza clave de ese grupo conservador, corrupto, que le hizo mucho daño al pueblo de México ya la nación, nosotros nunca vamos a estar en contra del periodismo”, aseguró.

“Todos los días nos atacan, no hay objetividad, no hay profesionalismo, es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada al servicio de los corruptos, por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes (…) Ustedes no van a poner la agenda”, respondió cuando la periodista le preguntó si el general Audumaro Martínez podría acudir a la mañanera para explicar la base legal del espionaje y la compra de Pegasus.

 

La Sedena reconoció ante la Auditoría que contrató al proveedor del software Pegasus, pero se niega a entregar información

Ante la Auditoría Superior, la Sedena reconoció que contrató a Comercializadora Antsua, única empresa proveedora en México del software de espionaje Pegasus. Sin embargo, hasta ahora se ha negado a entregar el contrato argumentando “seguridad nacional”.


Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografia: Amílcar Juárez / Archivo

 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que contrató a la empresa proveedora del software Pegasus, que tanto en el sexenio pasado como en el actual —durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador— ha sido utilizado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas.

La dependencia militar admitió el hecho ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la cual notificó sobre la existencia de un contrato para el servicio de “monitoreo remoto” con Comercializadora Antsua, SA de CV, única compañía autorizada para vender Pegasus en México. El contrato tiene el folio DN-10 SAIT-1075/P/2019.

La Sedena incluso entregó a la ASF los comprobantes de pago por cerca de 140 millones de pesos, pero se negó a darle el contrato como tal argumentando razones de “seguridad nacional”.

Además, pese a la evidencia sobre la realización de ese contrato para el servicio de “monitoreo remoto”, la Sedena también se negó a entregarlo vía transparencia. Tras una solicitud de información realizada en octubre pasado, respondió que “no localizó” ningún documento al respecto.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó que haga una “búsqueda exhaustiva” de la información, luego de analizar el caso en sesión pública este miércoles.

La Sedena también ha ignorado la instrucción del presidente López Obrador, quien aseguró que haría públicos los contratos con dicha empresa porque no había nada qué ocultar. Hasta el momento, la secretaría no ha cumplido.

El espionaje y la auditoría

En octubre pasado, una investigación de la organización R3D, Animal PolíticoAristegui NoticiasProceso y Artículo 19 reveló que dos periodistas y un defensor de derechos humanos habían sido espiados con el software Pegasus entre 2019 y 2021, mientras se encontraban investigando hechos relacionados con violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército.

Se trató de la infección en los teléfonos celulares del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, del escritor y periodista Ricardo Raphael y de un periodista de Animal Político, comprobada por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense de los equipos.

La investigación demostró que la Sedena había hecho un contrato para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, y cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.

El presidente López Obrador aseguró que el Ejército realizaba “labores de inteligencia, no de espionaje”, y que por ello daría a conocer dicho contrato, pero a tres meses de la promesa, esto no se ha cumplido. De hecho, la Sedena insiste en ocultar el contrato, documento donde estaría detallado el servicio que la empresa realizaría para la dependencia, incluyendo los objetivos del “monitoreo”.

Su negativa más reciente es respecto de la solicitud de información realizada por R3D, a la que la Sedena respondió que no había localizado documentación al respecto. Por ello, la organización interpuso un recurso de revisión ante el INAI, proporcionando como evidencia la información obtenida por transparencia de las comunicaciones entre la Sedena y la ASF durante un proceso de fiscalización.

Se trató del proceso de auditoría que realizaba la ASF al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el contrato de tecnología realizado con Comercializadora Antsua, y cuya investigación complementaria incluyó solicitar los contratos que otras dependencias —en este caso la Sedena— habían hecho con la empresa.

La ASF solo trataba de comprobar que no hubiese habido alguna irregularidad en la contratación, por lo que le solicitó “la base de datos con información de los contratos y convenios de 2019 y 2020 celebrados entre la Sedena y Comercializadora Antsua, SA de CV”, los contratos y las facturas, según consta en el oficio firmado por el entonces auditor de cumplimiento financiero, Gerardo Lozano, y dirigido al coronel Humberto Zerón Martínez, coordinador de normatividad, desarrollo y de la función de la Oficialía Mayor de la Sedena, el 4 de agosto de 2021.

Sin embargo, la Sedena respondió que dicha información se encontraba clasificada como “asunto de seguridad nacional”, por lo que no entregaría la documentación, sino una “nota informativa y evidencia documental relacionada con el contrato suscrito”.

En dicha nota, la dependencia explicó que “suscribió un contrato con la empresa citada en su oficio No. AECF/1095/2021, el 12 de abril de 2019, el cual estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, por un monto total de $139,999,999”.

Incluso, anexó los movimientos en la Cuenta por Liquidar Certificada, de pagos generados por dicho contrato, es decir, los pagos registrados en el sistema del gobierno federal.

Se trató de siete pagos por 15 millones 465 mil 120 pesos entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de 2019 y de un octavo pago por 30 millones 944 mil 159 pesos el 10 de diciembre de 2019.

La ASF envió otro oficio el 31 de agosto, en el que señaló que esta información no respondía a su petición. Además, “en las tres reuniones realizadas con el personal de la Sedena, se indicó la forma en la que se requería la información y se precisó que en caso de no poder enviarla, se tenía la opción de ponerla a disposición para que el equipo auditor la revisara en sitio. Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta indicar si los puntos faltantes se entregarán en fecha próxima”, pidió Jazmín Pantoja, auditora especial de Cumplimiento Financiero, al teniente coronel Jaime Efraín Tinoco.

Este miércoles, el pleno del INAI discutió el recurso de revisión respecto de la solicitud de información, analizó estas evidencias y las obligaciones legales, y votó por unanimidad que la Sedena debe entregar la información.


Los comisionados consideraron que “el actuar de la Sedena no se apegó al procedimiento de acceso a la información, puesto que contrario a la inexistencia sostenida, es claro que sí cuenta con la información requerida”, dijo la comisionada a cargo del caso, Josefina Román.

“Por ello, estimamos indispensable la entrega de los contratos que una persona está solicitando, ya que no solo se transparentaría el ejercicio de recursos públicos, sino también quedarían expuestas las actividades vinculadas con el monitoreo de comunicaciones, permitiendo así a la sociedad evaluar la protección de sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y a la inviolabilidad de las comunicaciones”, afirmó.

Pegasus en México

El software Pegasus es un desarrollo de la empresa israelí NSO Group, que solo vende a gobiernos para que investiguen hechos atroces o actos de terrorismo. Sin embargo, investigaciones periodísticas como Pegasus Project han revelado que 10 gobiernos que adquirieron el sistema espiaron a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, tanto en sus países como en el extranjero.

Entre los países están México, Azerbaiyán, Kazajistán, Hungría, India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Marruecos y Ruanda.

En el caso mexicano, el gobierno de Peña Nieto espió o intentó espiar con el malware Pegasus a 15 mil teléfonos entre 2016 y 2017, entre ellos, de periodistas, personas defensoras de derechos humanos e incluso de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También, del círculo cercano de López Obrador, como su secretaria particular, Laura González Nieto; el operador político César Yáñez; el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; su actual vocero, Jesús Ramírez Cuevas, y el empresario Alfonso Romo Garza.

NSO Group nombra a una empresa como su representante ante cada gobierno para vender el software. En México, la empresa Air Cap fue la intermediaria para la venta del sistema a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno de Peña Nieto.

Sin embargo, el 31 de diciembre de 2019, NSO Group notificó que Comercializadora Anstua era la “autorizada para representar de forma exclusiva a NSO Group ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el 31 de diciembre de 2019”, es decir, la dependencia podría comprar la tecnología únicamente con esa empresa, dice una carta firmada por Niv Ovadia Leibovitch y Evan Forte, ejecutivos de la compañía.

En tanto, entre la información hackeada a la Sedena por el grupo Guacamaya, se pudo localizar el oficio clasificado como “secreto” en el que se refiere al contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, y cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.

El documento se encuentra en un mail con el asunto “oficios mortales”, y la comunicación daba cuenta de la realización del servicio y los pagos correspondientes en la “factura original No. 197 debidamente legalizada (segundo pago); oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 15  de julio de 2019, en original emitido por el usuario final, en el cual se informa que el servicio fue recibido del 1 al 30 de junio del 2019”.

 

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

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