Lleva tres años presa por un aborto fortuito que sufrió en 2019. Desde ese momento fue encarcelada en el centro penitenciario de Iguala. Su defensa espera sea declarada en libertad
Texto: Itzel Urieta Fotografía: Cortesía 20 de diciembre del 2022
Activistas feministas protestaron esta tarde fuera del Palacio de Justicia de Iguala para exigir la libertad de Aurelia García Cruceño, mujer nahua presa por un aborto fortuito.
Aurelia lleva tres años presa por un aborto fortuito que sufrió en el 2019. Desde ese momento fue encarcelada en el centro penitenciario de Iguala.
Después de varias audiencias, hoy comenzaron los alegatos finales y se espera que mañana (martes) se dicte la sentencia final.
Antes de ingresar al Palacio de Justicia, activistas feministas se manifestaron para exigir a la jueza Mariela Alfaro Zapata que deje en libertad a Aurelia. Las activistas consideran que su defensa presentó pruebas suficientes para demostrar su inocencia.
“Queremos la libertad para Aurelia porque ella se lo merece, le han robado parte de su vida, Aurelia tiene derecho a realizar su proyecto de vida”, dijo Ana Gabriela Candera Garzón, coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las mujeres.
La activista María Luisa Garfias Marín denunció que Aurelia sufrió violencia institucional durante este proceso.
“En un estado donde las autoridades hablan de convertirlo en una ínsula, en un espacio sagrado para los derechos de las niñas y las mujeres, hoy estamos viendo que de esa ínsula de la que se nos ha hablado no existe”, expuso Garfias Marín.
Pidieron a la jueza reconsiderar la sentencia de Aurelia.
En la protesta también estuvo presente la madre y el padre de Aurelia, quienes lloraron y en su lengua, el náhuatl, exigieron que Aurelia sea liberada.
En 2019, cuando Aurelia García Cruceño tenía 20 años fue agredida de manera sexual por un hombre de su pueblo, Xochicalco, ubicado en la zona nahua del municipio de Chilapa de Álvarez, y quedó embarazada.
Después de tres años en prisión, mañana Aurelia conocerá su sentencia final. La cual, sus abogas defensoras y activistas feministas esperan sea favorable.
De ser así, Aurelia podrá continuar con su proyecto de vida, en libertad. De acuerdo con Candela Garzón, uno de los sueños de Aurelia es convertirse en maestra y hacerle una casa a sus padres.
“Ojalá pronto Aurelia se encuentre con nosotros de este lado, porque ella merece estar libre”, agregó Candela Garzón.
En la imagen, activistas feministas, el padre y la madre de Auerelia, protestan fuera de la Ciudad Judicial de Iguala para exigir que la sentencia de la jueza determine su libertad. Foto: Cortesía
En Oaxaca la violencia contra las mujeres no se detiene, en menos de 24 horas, dos mujeres fueron asesinadas, una de ellas fue localizada en un terreno baldío en Playa Brasil, agencia municipal de Salina Cruz, Oaxaca y la otra mujer recibió impactos de bala en un fraccionamiento de la capital de Oaxaca, confirmaron las autoridades de justicia.
De acuerdo con un reporte hemerográfico de Grupo de Estudios para la Mujer “Ges Mujer”, en lo que va del año suman 137 feminicidios y de la actual administración estatal que encabeza Salomón Jara Cruz, 5 mujeres han sido asesinadas.
El martes por la mañana, Diana Edith G. H de 49 años fue asesinada esta mañana a balazos por personas desconocidas en el fraccionamiento El Rosario de la capital de Oaxaca.
De acuerdo con testigos, el crimen de Diana Edith ocurrió alrededor de las 9:00 horas, sin que hasta el momento se conozca el motivo ni quiénes lo hicieron.
La mujer vestida con un suéter blanco con verde, pantalón negro y tenis blancos permaneció tirada en el piso por varios minutos hasta que llegaron las autoridades y cuerpos de emergencia.
Mientras que hoy miércoles por la mañana, fue hallado el cuerpo de otra mujer con disparos de arma de fuego en un terreno baldío de Playa Brasil, en Salina Cruz, Oaxaca sin que hasta el momento se conozca su paradero.
De acuerdo a los reportes, se trata de una mujer joven que vestía con short y playera, pelo negro y delgada.
En tan solo este mes, en el inicio del sexenio del morenista Salomón Jara, cinco oaxaqueñas han sido asesinadas, se trata de Ivette M; en San Gabriel Mixtepec, Yadira J.M., en Santos Reyes Nopala , Adela M.A., en Nejapa de Madero, Diana Edith en la capital de Oaxaca y hoy otra joven que hasta el momento está desconocida.
Angélica Ayala, de Ges Mujer, que en este 2022 conmemora 45 años de empoderar a las mujeres y niñas informó que tan solo en el mes de noviembre brindó un total de 103 asesorías, 24 en el área legal y 79 en atención psicológica.
El martes por la mañana, Diana Edith G. H de 49 años fue asesinada esta mañana a balazos por personas desconocidas en el fraccionamiento El Rosario de la capital de Oaxaca.
Este texto es propiedad de IstmoPress y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
El aumento del nivel de impunidad en estos crímenes es un indicador “de la violencia extrema que afecta a toda la sociedad mexicana”, advierte un informe de la organización Impunidad Cero.
Texto: Eréndira Aquino / Animal Político
Fotografía: Amapola Periodismo (Archivo)
2 de diciembre del 2022
En cinco años, el Poder Judicial de Oaxaca no ha emitido sentencias condenatorias por los delitos de homicidio doloso y feminicidio, según un análisis realizado por la asociación civil Impunidad Cero. Otro estado que no ha condenado feminicidas desde 2016 es Tlaxcala.
De acuerdo con Impunidad Cero, estos dos delitos “son el reflejo de la violencia extrema que afecta a la sociedad mexicana”, ya que todos los días se contabilizan 94 víctimas de homicidio doloso y 10 de feminicidio en todo el país.
En el estudio Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022, la asociación afirma que “a pesar de esta crisis de violencia, México se ha mantenido con niveles de impunidad alarmantes, relacionados con los complejos fenómenos de los delitos que enfrenta cada estado, así como con la falta de capacidades institucionales para investigarlos y perseguirlos”.
Cartografía de la impunidad
A nivel nacional, el índice de impunidad en el homicidio doloso en 2021 se ubicó en 91.4%, mientras que para 2016 fue del 86.6%, lo que muestra que en el periodo de cinco años esta tendencia aumentó 4.8%.
Aunque Oaxaca es el único estado que, de acuerdo con el índice presentado por la asociación, no emitió ninguna sentencia condenatoria por homicidios dolosos entre 2016 y 2021, otras 20 entidades se encuentran por encima del 90% de impunidad acumulada. Los estados con mayor porcentaje fueron: Morelos (99.8%), Tlaxcala (99.5%), Colima (99.3%), Guerrero (98.5%) y Chihuahua (98.2%).
Aquellos en los que el porcentaje es menor fueron Yucatán (38.5%), Aguascalientes (58.1%), Querétaro (69%), Ciudad de México (69.6%) y Coahuila (70.9%). Sin embargo, no hay un solo estado que haya esclarecido todos los casos.
En cuanto a los feminicidios, el porcentaje de impunidad acumulada entre el periodo de 2016 a 2021 ascendió a 56.6% a nivel nacional, es decir, que menos de la mitad de los feminicidios registrados ha concluido con una sentencia condenatoria desde que se comenzó a operar el sistema de justicia penal y se tipificó el delito gradualmente en los estados.
Después de Oaxaca y Tlaxcala, donde no se condenaron feminicidas, los estados con mayor impunidad acumulada por feminicidio fueron Chihuahua (98.8%), Colima (92.1%), Puebla (88.7%), Morelos (86.5%) y Guerrero (85%).
En contraste, Aguascalientes (95.5%), Zacatecas (12.8%), Yucatán (29%), Querétaro (30.8%) y Sonora (40%) fueron las entidades con menor porcentaje.
¿Qué causa estos “niveles alarmantes” de impunidad?
Una de las principales causas de los “niveles alarmantes” de impunidad en el país, según Impunidad Cero, es la baja capacidad de las autoridades para investigar y esclarecer los delitos.
Por ejemplo, en el caso de los feminicidios, hay cuatro estados que no contemplan reglas para indagar este delito: Baja California, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. En otros casos, los protocolos con los que cuentan no han sido actualizados, por lo que no se encuentran adaptados a los cambios en la legislación nacional y estatal, lo que repercute en la acreditación de los hechos.
Aunque las carencias no son solo de protocolos para la investigación. La asociación indicó que también hay un déficit en el número de fiscales y agentes del Ministerio Público, cuya tasa nacional es de 10.1 por cada 100 mil habitantes.
En el caso de los policías de investigación, Impunidad Cero destacó que hay 12.5 agentes por cada 100 mil habitantes, lo que muestra una falta de capacidad en la práctica de diligencias y actos de investigación.
Aunque para 2021 en todo el país se reportaron 125 agencias del Ministerio Público especializadas en homicidio en el país, esto solo representa 8.3% de unidades por cada 100 mil víctimas. Además, en entidades como Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz no cuentan con unidades dedicadas exclusivamente a la investigación de este delito.
Las recomendaciones
Con el fin de contribuir con la reducción de la impunidad en estos delitos, la asociación lanzó una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades de distintos niveles de gobierno.
Sobre el caso específico de feminicidios, se recomendó mejorar la atención y la calidad de los servicios proporcionados por los Centros de Justicia para las Mujeres, para que las víctimas cuenten con medidas de protección y sean trasladadas a refugios. También se pidió que se armonicen los tipos penales de este delito en las entidades federativas, ya que actualmente cada una cuenta con diferentes definiciones y razones de género para clasificarlo.
Asimismo, se recomendó que se fortalezcan las capacidades de investigación, con el desarrollo y la actualización de los protocolos para feminicidios, priorizando la investigación de este delito junto con el de homicidio doloso, y que se lleve registro en sistemas informáticos de las carpetas de investigación en un formato que permita tener mayores datos acerca de las víctimas, los agresores y el proceso en el que se encuentra cada caso.
Para Impunidad Cero, es importante que en la reflexión sobre los delitos que permanecen sin castigo se tome en cuenta que optar por un aumento de sanciones no necesariamente va a significar mayor acceso a la justicia, por lo que pidió apostar por la reinserción social antes del punitivismo que “perpetúa el estigma, la discriminación y la ausencia de rehabilitación”.
En la imagen, feministas durante una manifestación por los derechos de la mujer y contra la violencia de género. Foto: Amapola Periodismo (Archivo)
La venta de niñas y los matrimonios forzados continúan en la Montaña de Guerrero, pese a los esfuerzos institucionales y de organismos internacionales por erradicarlos, denunció Elvira García Rodríguez, representante del Colectivo Contra el Abandono y la Discriminación de la Montaña Alta.
La secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de Guerrero, Reyna Mejía Morales, aceptó también que los matrimonios forzados y prematuros en el estado persisten, al mismo tiempo se quejó de que el presupuesto para atender a los pueblos originarios, donde más ocurren estas prácticas, es insuficiente.
En entrevista telefónica, García Rodríguez mencionó que la estrategia presentada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, junto con la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre del 2021 no abarca todas las comunidades donde «el problema es profundo».
«Para ellas el problema se resuelve con talleres que ya vimos no funcionan, porque estos no se imparten a todas las comunidades», mencionó.
La activista explicó que la mayor parte de la venta de niñas y matrimonios forzados que hay en Guerrero se dan en las comunidades más alejadas de los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, lugares donde no llegan los talleres que imparten las autoridades.
Además mencionó que esos talleres sólo los imparten en las cabeceras municipales y muchas veces son dirigidos a funcionarios.
García Rodríguez dijo que a través del Colectivo Contra el Abandono y la Discriminación realiza sus propios talleres donde hablan con la población y las mujeres menores de edad para concientizarlos a todos sobre la problemática de la venta de niñas.
«Esa parte es donde más agudo es el problema y si hay una reducción es porque nosotros estamos como población tomando cartas en el asunto».
Son 52 comunidades en donde realizan las labores de concientizacion y consideran que los matrimonios sí pueden disminuir, «hablando directamente con las mujeres y las familias».
«Nosotros lo hacemos (los talleres) no porque nos lo digan las autoridades, es porque queremos reflejar interés y cambiar», agregó.
Uno de las demandas que ni las autoridades federales y estatales les resuelven es la instalación de una oficina del gobierno para que mujeres y niñas que sufran violencia denuncien, y tenga un lugar para refugiarse y recibir acompañamiento médico y psicológico.
Dicha petición, aún cuando ya fue planteada a las secretarías de la Mujer estatal y federal y no obtienen respuesta.
«Es difícil cambiar toda está situación cuando aquí no tenemos educación, salud y lo mínimo para la canasta básica».
La estrategia de la gobernadora es atender 19 municipios, mitad de la región Montaña y mitad de la Costa Chica.
La secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de Guerrero comentó que los matrimonios forzados son prácticas que persisten en la región Montaña y los matrimonios prematuros suceden, en su mayoría, en la Costa Chica.
Al intentar saber más qué hace desde la secretaría que encabeza para cambiar la situación, dijo que el presupuesto que manejó la secretaría en este 2022 es de 10 millones de pesos, lo que consideró «insuficiente».
Esos 10 millones fueron los que dejó la administración pasada, del priista Héctor Astudillo Flores, por lo que dijo que en el próximo ejercicio fiscal de 2023, que está por aprobar el Congreso local les autoricen un aumento.
“Quisiéramos hacer mucho, pero el monto del presupuesto para la secretaría es muy raquítico y muy bajo, y no es porque la gobernadora lo halla designado así, es un recurso que ya venía así desde la administración pasada”.
Mejía Morales explicó que los matrimonios forzados y prematuros son diferentes, entonces, los trabajan de manera distinta.
En los matrimonios prematuros se da entre menores de edad de 12, 13 y 14 años, y no precisamente son obligados. «Como gobierno del estado estamos realizando talleres para que la gente tenga la conciencia de que los matrimonios no se deben de dar por usos y costumbres».
Al cuestionarla sobre la necesidad de más programas sociales y políticas púbicas, Mejía Morales consideró que lo principal es impartir talleres entre la población.
«Yo pienso que primeramente debemos sensibilizar a nuestros paisanos, primero es eso, porque si no hay eso difícilmente se puede dar lo demás, entonces por eso primero queremos sensibilizar a nuestros hermanos indígenas».
Agregó que coadyuvan con los tres poderes de gobierno para erradicar los matrimonios forzados, pero hasta el momento, dijo, no hay datos concretos sobre su disminución.
Casos como los de Digna Ochoa, Lesvy Berlín, Debanhi Escobar o Luz Raquel Padilla comparten haber tenido fallas de autoridades, revictimización y obstáculos al acceso a la justicia.
Texto: Erendira Aquino / Animal Político
Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)
28 de julio de 2022
Chilpancingo
En las últimas dos décadas, miles de mujeres han sido asesinadas de forma violenta en México. Por el perfil de las víctimas o las circunstancias en que ocurrió el crimen, algunos casos han generado impacto en la opinión pública y la exigencia de ser resueltos. Pero en las investigaciones, ha destacado un común denominador: la decisión de las fiscalías de culpar a las propias muertas de lo que les pasó, sin pruebas y de manera errónea.
Ocurrió hace 20 años con el asesinato de Digna Ochoa, pero pasa aún en la actualidad: esta semana, la Fiscalía de Jalisco señaló que una de las líneas de investigación en la muerte de Luz Raquel Padilla es que ella pudo ser quien se autogredió, aunque existen denuncias previas de amenazas y una solicitud de medidas de protección; semanas antes, en Nuevo León, las autoridades dieron por hecho que Debanhi Escobar, joven reportada como desaparecida, había fallecido de manera accidental, hipótesis descartada con un peritaje independiente y la exhumación del cuerpo por parte de agentes federales.
Para María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), esta conducta de las autoridades tiene como origen la intención de que disminuya la percepción de los altos niveles de violencia contra las mujeres en el país, y de que no hay respuesta pronta a las demandas de verdad y justicia. Además, señala que prevalece una cultura machista entre los funcionarios encargados de las investigaciones, que insisten en estigmatizar a las víctimas.
Karla Micheel Salas, abogada y activista, explica que por ello la sociedad civil ha luchado para que las autoridades tipifiquen toda muerte violenta como feminicidio y que se investigue cada caso con perspectiva de género, lo que permite tener la certeza de las causas de los asesinatos. Sin embargo, señala que hasta ahora para las fiscalías es más sencillo minimizar la crisis de violencia feminicida “con el pretexto de que tienen cosas más importantes que hacer, como si la vida de las mujeres no importara”.
Aquí, cinco de estos casos.
Digna Ochoa: décadas de prejuicios para sostener versión de suicidio
La defensora de derechos humanos Digna Ochoa, multipremiada y reconocida internacionalmente por su labor, fue hallada muerta en su despacho de la colonia Roma el 19 de octubre de 2001. Durante años trabajó en casos en los que se encontraban implicados funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia y de las Fuerzas Armadas, y previo a su muerte había sido víctima de amenazas y secuestros.
Debido a esto, en 1999 solicitó medidas de protección para ella y otros integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde laboraba. Estas peticiones escalaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunció a favor de la defensora. Pese a ello, fue asesinada.
Inicialmente, las autoridades descartaron que se tratara de un homicidio, y tras demandas de la sociedad civil por una reevaluación del caso, en 2010 la entonces procuraduría de la Ciudad de México hizo una segunda revisión y concluyó que Ochoa no había sido asesinada, sino que se suicidó.
Esto fue descartado en enero de 2022, dos décadas después de los hechos, y por determinación de la Corte Interamericana. El organismo internacional afirmó que el Estado mexicano cometió graves irregularidades en la investigación, todas ellas con la intención de estigmatizar a la víctima, y remarcó que esta muerte se inscribió en un contexto generalizado de impunidad en los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos que ocurrían en esa época, y que vino precedida de años de amenazas. Por ello, ordenó la reapertura del caso y un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades.
En este caso, explica la abogada Karla Micheel, “la investigación se centró en el comportamiento de la víctima, a la que catalogaron como una que padecía trastornos psicológicos basándose en elementos de su vida privada, y tuvieron que pasar dos décadas para que un tribunal internacional le dijera al Estado mexicano, particularmente a la fiscalía de la Ciudad de México, que lo que hicieron para concluirlo fue completamente deficiente”.
Mariana Lima: el primer feminicidio por el que se pronunció la Corte
Mariana Lima, de 28 años, era esposa de un agente de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, quien el 28 de junio de 2010 acudió ante las autoridades para denunciar el presunto suicidio de la mujer, versión cuestionada por la madre de la víctima, Irinea Buendía, quien tenía conocimiento de que su hija vivía violencia familiar.
Irinea y su esposo iniciaron un largo camino en busca de justicia, y en 2015, con el acompañamiento del OCNF, consiguieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera la sentencia 554/3, en la que ordenó que el caso se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.
Aunque con ello se consiguió que hallaran responsable al esposo de Mariana, y lo detuvieran en junio de 2016, la exigencia de justicia por su hija provocó que Irinea y su marido fueran desplazados de manera forzada de su hogar, ante las amenazas y agresiones de las que fueron objeto en diversas ocasiones, aun cuando tenían medidas de protección por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La sentencia por el caso de Mariana Lima marcó un precedente histórico para las víctimas de violencia feminicida en México, ya que el máximo tribunal ordenó que en los casos de asesinatos de mujeres debe investigarse la posibilidad de que se trate de un feminicidio, y que los funcionarios responsables de omisiones en las indagatorias deban ser sancionados.
Caso Narvarte: entre filtraciones y criminalización de las víctimas
El 31 de julio de 2015 fueron asesinados en un departamento de la colonia Narvarte cuatro mujeres y un hombre: la activista y defensora de derechos humanos Nadia Vera, el fotoperiodista Rubén Espinoza, así como Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz y Olivia Alejandra Negrete.
Se trató del primer cuádruple feminicidio del que se tenga registro en la CDMX, y su investigación estuvo marcada por filtraciones de información que llevaron a la estigmatización y criminalización de las víctimas, como detalla la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió por el caso.
De acuerdo con el análisis de la comisión, la entonces procuraduría impidió el acceso a la información de la investigación a los familiares de las víctimas, pero permitió filtraciones que llegaron a los medios y provocaron la cirminalización de las cinco personas asesinadas: a Mile se le vinculó con el tráfico de drogas por su nacionalidad colombiana; se publicaron las fotografías de las mujeres, con huellas de tortura sexual, y se destacó que entre sus pertenencias había alcohol y drogas.
También encontró que la procuraduría no tomó en cuenta para la investigación las denuncias previas por parte de algunas de las víctimas. En el caso de las mujeres, no se siguieron protocolos específicos para casos de feminicidio, y no se indagó sobre la posible relación del homicidio con el trabajo periodístico de Rubén Espinoza.
A casi siete años de los hechos, hay tres hombres detenidos e imputados por el caso. Sin embargo, Karla Micheel Salas señala que se ha documentado la participación de más personas en el multihomicidio, a las que las autoridades se han negado a investigar.
Lesvy Berlín: su novio no fue testigo del suicidio, él la mató
La mañana del 3 de mayo de 2017, Lesvy Berlín Osorio fue encontrada muerta, con un cable de teléfono enrollado en el cuello, en inmediaciones de Ciudad Universitaria, en la CDMX. Sobre el caso, en un primer comunicado, la procuraduría capitalina dio como posible causa de su fallecimiento un suicidio, mismo que había sido supuestamente presenciado por José Luis, su novio.
Gracias a que esa fue la principal línea de investigación, José Luis, quien luego se comprobó que fue quien estranguló a Lesvy, continuó en contacto con su familia, e incluso estuvo presente en los funerales de la joven. Sin embargo, su madre, Araceli Osorio, inconforme por la respuesta de las autoridades, luchó para que se reevaluara el caso como feminicidio.
Por un peritaje presentado por el OCNF, realizado por un maestro en criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se determinó que ella no pudo suicidarse en un espacio tan reducido, porque su cuerpo no lograría suspenderse y causar la fuerza necesaria para la asfixia, lo que logró que se reclasificara el delito y se investigara con perspectiva de género.
Este caso derivó en la primera recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos local por un feminicidio, al acreditarse que hubo violación a su derecho al debido proceso con enfoque de derechos humanos, acceso a la justicia y derecho a la verdad, derecho a la intimidad y a la vida, además de que no hubo debida diligencia en la investigación y atención a los familiares.
El 18 de octubre de 2019, el feminicida de Lesvy, José Luis González, fue sentenciado a 45 años de prisión y a pagar una multa de 337 mil 450 pesos por reparación del daño, y 47 mil 957 pesos por los gastos funerarios.
Debanhi: dos peritajes tumbaron versión de un posible accidente
Lo último que se supo de Debanhi Escobar, de 18 años, fue que acudió a una fiesta la madrugada del 9 de abril y que un conductor de taxi la abandonó en una carretera sola de Escobedo, Nuevo León, después de que ella le pidió que la bajara de la unidad, por motivos que hasta el día de hoy no han sido esclarecidos. Una fotografía donde se le observa en medio de un camino oscuro, tomada por el taxista, es el último retrato de la joven con vida.
Dos semanas después, el 21 de abril, las autoridades de Nuevo León confirmaron el hallazgo de un cuerpo dentro de la cisterna abandonada de un motel, en el que previamente se habían hecho inspecciones sin que dieran resultados positivos. De acuerdo con la primera versión de la fiscalía local, la joven había caído de manera accidental, golpeándose en la cabeza.
Esta respuesta de las autoridades provocó indignación, y la exigencia de que se investigara el caso como feminicidio se intensificó luego de que medios de comunicación dieran a conocer el resultado de un peritaje independiente realizado a petición de la familia de Debanhi, en el que se establecía que su cuerpo mostraba señales de una posible agresión sexual.
La familia de la joven había reservado la información de ese peritaje, por lo que a la exigencia de justicia por el feminicidio sumó la demanda de que se removiera a los funcionarios implicados en la filtración de los datos que revictimizaron a la joven y por las negligencias en la investigación. Esto motivó que intervinieran autoridades federales con un tercer peritaje del cuerpo, mismo que fue exhumado y reexaminado, con la conclusión de que la víctima fue asesinada por asfixia.
Han transcurrido más de tres meses y todavía no hay personas detenidas por este hecho. Su padre ha acusado en múltiples ocasiones a la Fiscalía de Nuevo León de querer cerrar el caso, pero afirma que no descansará hasta obtener justicia y reparación al daño a la imagen de Debanhi, a quien se responsabilizó de su muerte por haber acudido a una fiesta y no irse con sus amigas y posteriormente se revictimizó.
La afectación contra las víctimas
María de la Luz Estrada y Karla Micheel Salas coinciden en que prevalece una cultura machista dentro del sistema de justicia que minimiza las violencias que denuncian las mujeres y se niega a asumir la responsabilidad de prevenir que las agresiones continúen y puedan escalar hasta la muerte. Además, enfrentan a las familias de las asesinadas, víctimas indirectas, a procesos de revictimización que provocan daños psicológicos e incluso físicos al paso de los años.
“Hay un mensaje de permisividad que deja indefensas a las familias, y que a las mujeres les da el mensaje de que a ellas también les puede pasar, sin que haya un interés de la justicia por resolver los casos y que exista sanción contra los agresores. Esto va generando miedos, desplazamientos forzados ante los riesgos de represalias, todo ante la indiferencia de las autoridades”, señala Karla Micheel.
A ello se suma el hecho de que las autoridades “obligan” a las familias a convertirse en investigadores de los casos. María de la Luz Estrada menciona que en el OCNF reciben varios casos en los que las fiscalías demandan a las madres de las víctimas que presenten pruebas para presumir que se trató de asesinatos y no de accidentes o suicidios, lo que es una obligación de las autoridades investigar y probar.
En su opinión, las autoridades prefieren tipificar los feminicidios como homicidios dolosos o suicidios para no cargar con el costo político de que se les acuse de no actuar ante las situaciones de violencia de género, agresiones que “en muchas ocasiones se pudieron evitar, porque las víctimas pidieron ayuda y denunciaron, pero no las escucharon”.
“A esto nos enfrentamos a diario, a 11 feminicidios y a un sistema negligente que los deja impunes, porque prefieren terminar con las investigaciones señalando a las víctimas como las responsables. En el caso de Luz Raquel Padilla, nos enfrentamos a otro caso de estos, en los que no trabajan para investigar la agresión en su contra, pero presentan todo tipo de pruebas para construir una versión en la que ella se quemó, aun con los antecedentes de amenazas. Y yo digo, si ella se inmoló, ¿no es más grave aún que haya tenido que llegar a eso para ser escuchada por las autoridades? Nos deben muchas respuestas”, advierte.
Violencia vicaria es la que cuyo destino tiene un sólo género: las madres que son separadas de sus hijas e hijos por las ex parejas criminalizándolas; la violencia vicaria es desaparecer a los menores, corrupción judicial, parricidio y puede culminar en el feminicidio.
¿Cuántas veces hemos escuchado que la familia es la base de la sociedad? Pero de qué modelos de convivencia se sostiene la sociedad si las familias son núcleo de riesgo hasta llegar a la violencia vicaria, la expresión más cruel del pacto patriarcal.
Mucho antes de que la cuarta ola feminista se colocara en las conversaciones cotidianas, el espacio doméstico históricamente recargado en las espaldas de lo femenino ya estaba al límite, quebrado.
Pues el papel reservado a las mujeres para cumplir el rol “de lo que acontece afuera” como llama Maritza Duarte Alcantara en su tesis Resignificación de la paternidad: experiencias de crianza y cuidado de padres íntimos, de cliché y práctica cultural, brincó a emergencia nacional.
¡Ser buena mamá!, la mejor esposa y ejemplar cocinera siete días a la semana…o la empleada doméstica sin paga y amante prístina, son los roles de las madres que de incumplirlos, resultan juzgadas familiar, social y jurídicamente hasta arremeter con las hijas e hijos.
No cumplir la expectativa impuesta ha multiplicado un tipo de violencia que tipifica a las madres como las peores del mundo.
El encargado por el patriarcado de “corregir” a esas madres, es la pareja o el padre y la violencia vicaria es una forma de hacerlo.
Violencia vicaria es la que cuyo destino tiene un sólo género: las madres que son separadas de sus hijas e hijos por las ex parejas criminalizándolas; la violencia vicaria es desaparecer a los menores, corrupción judicial, parricidio y puede culminar en el feminicidio.
En Perimetral entrevistamos a seis mujeres sobre casos de violencia vicaria, para explicar lo que implica a una madre, defenderse de la crítica social, la violencia de pareja, el sistema judicial en pacto patriarcal y lo que atraviesan hasta rescatar a sus crías convertidas en botín.
La violencia inició antes de detectarla
Vivir en familia bajo el modelo impuesto de pareja tiene complicaciones en la convivencia, hasta transgredir las confusiones y los pleitos a violencias machistas.
La psicóloga Katya Berenice Ramírez Molina se refiere a todas las agresiones que las mujeres atraviesan antes de la violencia vicaria y sin darse cuenta: «cuando llegan al espacio terapéutico ni siquiera las consultantes logran mencionar sus relaciones como un espacio de violencia o amenazante», señala.
Es hasta que hay un trabajo de nombrar las violencias machistas como la manipulación, coerción, violencia psicológica y física a la madre y que se ejercer a los hijos, hijas, que comienzan a identificar la violencia vicaria.
Enojo, groserías, jalones en privado o en público, y ellas se ponen alertas. Las entrevistadas cuentan cómo empiezan a defenderse, pero cuando esto iniciar, se van, tienen que irse.
Sin embargo el núcleo familiar las juzga de estar fuera de lugar “porque entendieron mal su papel en la familia”, comentan.
La sociedad clasifica la separación no promovida por el hombre como ilegítima.
Y no, ellas no tienen permitido poner un alto.
«Cuando ellas son quienes promueven el divorcio, ellos ponen una postura de ¿Pero a ver muy fregona, a ver sal adelante sola, no? Cuando ellos buscan la separación ya por defecto están en el entendido de que tienen que entre comillas pagar por su libertad».
Maritza Duarte, especialista en Estudios Socioculturales
Dinero y posesión, lo que motiva la violencia vicaria
La separación de una pareja donde hubo hijas e hijos generalmente conlleva tres demandas civiles: divorcio, custodia y alimentos. En algunos casos son solo dos.
La mujer madre sale del entorno del agresor para mantenerse a salvo y a sus hijas e hijos.
Sandra Quiñónes, abogada especialista en temas de violencia de género, apuesta por desmitificar a las mujeres sacando adelante a su familia, por cómo se plantean las cosas.
Menciona que la sociedad insiste en poner el tema a blanco y negro: «mi mamá nos sacó adelante ella sola; eso es romantizar la violencia a la mujer por parte del vaquetón del papá y no, no es una santa, es una víctima«, afirma.
Y son víctimas de violencia económica que en algunos casos se vuelve vicaria, aunque no está reconocida socialmente ni tipificada como delito.
Violencia subregistrada
De acuerdo al Banco Estatal de Datos de Casos e Información de Violencia contra las Mujeres en Jalisco, en el 2018 se presentaron 798 denuncias por violencia económica y 792 por violencia patrimonial. Entre ambas suman el 30% del total.
Es decir si ella y él de manera “civilizada” llegan a un acuerdo inicial, tradicionalmente las hijas e hijos viven con la madre de lunes a viernes y el fin de semana se van con el papá.
Pero como señala Wilfrido Salazar Rule quien es abogado, son las madres quienes se hacen cargo de los cuidados incluyendo la formación cívica y emocional o las llamadas de atención, pero sin una retribución.
Lo pone como desigual pues «siempre le toca a la mamá estar encima del niño, de la niña, diciéndole: haz tu tarea, recoge tu cuarto, ve por el mandado, lava los trastes y al papá digamos le toca la parte noble, la parte del esparcimiento, la parte de irnos al parque«, comenta el abogado experto en derechos humanos.
Separación con venganza
Los hombres “castigan” a las mujeres mediante el control económico por abandonarlos y ridiculizarlos socialmente al haberlos dejado, es la constante en los testimonios e historias recabadas.
Aunque ellos sean los proveedores por tradición, lo son pero desde un espacio seguro, sostiene Maritza Duarte Alcántara con doctorado en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Al hombre se le enseña a trabajar, pero a trabajar para sí mismo; a la mujer se le enseña a las labores domésticas para los otros y ellas quedan en último lugar, entonces el tema aquí es que los hombres son extraordinarios proveedores, sí, pero de sí mismos. Cuando se disuelve el vínculo, ellos protegen el espacio doméstico porque es su espacio seguro donde él va a llegar siendo el rey y se le va a atender, cuando ese espacio seguro ya no es su espacio, entonces pierden toda responsabilidad y dicen: ahora mi casa es la casa de mi mamá, otra casa o la casa de mi nueva pareja.
La constante en las mujeres que entrevistamos, es que en el día a día añoran a una hija o hijo sin saber cuándo volverá, ni cómo está o en qué condiciones psicoemocionales se encuentra por la separación.
Hijas e hijos en riesgo bajo tutela del agresor
Claudia Angélica Rangel Martínez es psicóloga, perito estatal, federal, activista y acompañante de víctimas de violencia de género y abuso sexual infantil, le preguntamos por los traumas y daños provocados por la violencia vicaria y la venganza del padre.
«A las mujeres que también vivieron la violencia con sus parejas, lo que más les preocupa es que esta violencia se reproduzca en sus hijos y sus hijas, este es el temor de las mujeres que están pidiendo a gritos de auxilio que los niños y las niñas regresan a ambientes sanos. Muchas mujeres incluso dicen, ¿sabes qué? si no está conmigo no le hace, pero que se vaya con la abuela con la tía, que la red de apoyo sea diversificada porque el agresor si tiene a los niños y las niñas es potencialmente propenso a tener conductas violentas».
Los refugios cumplen 69 días operando sin presupuesto debido a los cambios administrativos en el gobierno federal.
Texto: Eréndira Aquino / Animal Político
Fotografía: Amílcar Juárez
13 de junio de 2022
Tras cinco meses de incertidumbre, siete de los 75 refugios para mujeres víctimas de violencia que integran la Red Nacional recibieron su presupuesto.
Los centros restantes se mantienen sin recursos y no tienen fecha para que se los den.
“Apenas comenzaron a caer estos recursos; sin embargo, el 85% de los proyectos todavía no están siendo financiados; en algunos casos ni siquiera se han firmado los convenios con la Secretaría de Gobernación, lo que significa que la solicitud para que Hacienda libere el presupuesto ni siquiera ha sido atendida”, explicó en entrevista Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).
Pese a la falta de recursos, todos los refugios están operando, aunque “en varios ya no tenemos suministros y las compañeras que trabajan sin recibir un salario están muy desgastadas. No podemos seguir dando la atención, incluso hemos limitado el ingreso de víctimas que buscan nuestro apoyo”, comentó en entrevista.
La directora de la RNR desmintió que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) haya aumentado el monto que se da para el funcionamiento de estos espacios.
“El monto que se les depositó equivale al 60% de lo que tienen autorizado para el año. Pero cabe mencionar que lo que Conavim destinó para ellos no fue el 100% de lo que pidieron. Hubo una reducción, aún cuando las autoridades lo niegan”, indicó.
“Se ha dicho por parte de las autoridades que han dado más presupuesto que en 2021, pero esto no es así. El dinero viene a cuentagotas y, en el caso de los tres refugios que ya recibieron recursos, observamos que tendrán menos que el año pasado”, detalló la también psicóloga feminista.
La cifra ya subió de tres a siete refugios.
Animal Político consultó a la Conavim sobre las fechas de entrega de los recursos para los refugios de mujeres víctimas de violencia faltantes, sin que hasta el momento de la publicación haya tenido respuesta.
Refugios: No se atiende la emergencia nacional
Según la cuenta que lleva la RNR, este lunes los refugios cumplen 69 días operando sin presupuesto debido a los cambios administrativos en el gobierno federal que determinaron que la Conavim debe operar el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, antes a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
Además, la RNR ha señalado que la Conavim ha requerido a los refugios -gubernamentales y de la sociedad civil- contar con “cuentas productivas” y una carta expedida por cada institución bancaria que las certifique para hacer las transferencias de recursos, lo que no ha sido sencillo de conseguir. De acuerdo con Figueroa, estos requisitos no se encuentran en los lineamientos del programa.
“Los requisitos a modo y la lentitud con la que están actuando muestran que no están priorizando los derechos humanos. No se dan cuenta de lo que implica un solo día de retraso, están poniendo en una situación bastante delicada a los refugios y no se está atendiendo la emergencia nacional por violencias machistas”, sentenció Figueroa.
Tan solo en los primeros cuatro meses de 2022, en México fueron asesinadas mil 167 mujeres, de las cuales 319 fueron consideradas por las autoridades como víctimas de feminicidio, mientras 848 casos se investigan como homicidios dolosos.
Para la directora de la Red, lo que ocurre “es bastante lamentable, porque no solo no se atiende la emergencia nacional, sino que tampoco hay voluntad para reconocer las fallas, y si no se da ese reconocimiento tampoco se pueden implementar estrategias para agilizar los procesos y que esto ya no suceda”.
En la incertidumbre
El pasado 1 de junio, la Conavim informó que desde el 25 de mayo inició la formalización de convenios para la transferencia de recursos a refugios para mujeres víctimas de violencia.
Sin aclarar cuando, la Conavim afirmó que los 420 millones 203 mil 440 pesos etiquetados para el programa serán entregados en su totalidad a los refugios, con lo que aseguró que se cubren los rubros de gasto integrados en cada proyecto presentado.
De acuerdo con la dependencia, al 31 de mayo se formalizaron convenios de transferencia de recursos para refugios de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala.
La Conavim anunció que visitará refugios de todo el país para buscar áreas de oportunidad que permitan potencializar el uso del recurso público para ampliar y fortalecer estos espacios.
“En los hechos, los refugios están en la incertidumbre, aún cuando según asesores de la Conavim los expedientes están completos. Nos dicen que ya los tiene el área legal de la Segob para que los valide y después pida a la Secretaría de Hacienda que libere los recursos. O sea, que va para largo”, concluyó Figueroa.
«De octubre de 2021 a abril de 2022 han asesinado a 47 mujeres y de todas ellas, la FGE no las reconoce como feminicidio», dijo una activista
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
23 de abril de 2022
Chilpancingo
Feministas marcharon por las principales avenidas de Chilpancingo para exigir justicia por los feminicidios ocurridos en el estado y exigir un alto a la violencia machista.
Durante la protesta exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento del caso de Adelina de la Cruz Nava, trabajadora del ayuntamiento de Chilpancingo que fue hallada el pasado viernes golpeada y con un balazo en la cabeza en la carretera Chilpancingo-Iguala.
De la Cruz Nava fue internada en un hospital de Acapulco en donde estuvo en estado de coma y falleció el pasado jueves en la noche.
La marcha comenzó a las 6 de la tarde y recorrió las principales calles del centro de Chilpancingo y concluyó en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac. Al término de la marcha las manifestantes realizaron un mitin done denunciaron el tipo de violencia que sufren y se solidarizaron con la familia de Debanhi Escobar hallada muerta en una cisterna en el estado de Nuevo León.
Elia Moreno del Moral, activista feminista y oradora del evento mencionó que hay varios casos en el estado de mujeres desaparecidas y asesinadas.
«De octubre de 2021 a abril de 2022 han asesinado a 47 mujeres y de todas ellas, la FGE no las reconoce como feminicidio», mencionó.
En la plaza cívica las mujeres gritaron consignas contra la violencia feminicida.
“Mujer escucha, esta es tú lucha”, “¡Justicia para Adelina!”, gritaban las manifestantes.
Colocaron algunas lonas donde se leía “Somos la voz de las que ya no están”, “Justicia para todas”, se leía en las lonas.
También colocaron cruces de madera en memoria de todas las mujeres asesinadas en México.
Al término del acto se abrió el micrófono para que las mujeres denunciaran el tipo de violencias que viven.
Algunas contaron como fueron acosadas en el transporte público, en la calle y por su forma de vestir.
Trabajadoras del INPI denuncian al delegado por violencia de género y hostigamiento laboral
Texto: Beatriz García
Fotografía: Facebook INPI Oficina de Representación en Guerrero
1 de abril del 2022
Chilpancingo
Trabajadoras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) denunciaron al delegado Manuel Vázquez Quintero, por hostigamiento laboral y violencia de género, luego de que este viernes les impidieron la entrada a las oficinas.
En total son ocho trabajadoras de esta dependencia federal que acusan al delegado de vulnerar sus derechos.
Las empleadas interpusieron una queja por violencia de género y hostigamiento laboral el 2 y 3 de marzo en el órgano de control interno, también entregaron una copia a las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Función Pública, aunque no otuvieron respuesta en la delegación se agudizó el problema.
Este viernes la responsable del Programa de Acceso a la Atención Médica de Tercer Nivel del INPI, Gloria Hernández, quien desde hace 26 años trabaja en la dependencia federal ininterrumpidamente 14 años con tres meses, llegó a la oficina cerca de las 10:30 de la mañana, pero el guardia le impidió el acceso, le dijo que no había labores, después que eran indicaciones del delegado no permitirle la entrada.
El horario de entrada es a las nueve de la mañana y la salida es a las cuatro de la tarde.
La trabajadora hizo la denuncia pública y explicó que esta situación la vive desde el miércoles, pero que al resto de trabajadores sí les permiten la entrada. Negó que estuviera despedida, que al menos no le han notificado nada.
Destacó que junto con las compañeras que interpusieron la queja no admiten que sean tratadas así por un funcionario como el titular de la dependencia.
“No podemos permitir que un funcionario vulnere nuestros derechos como mujeres pero también como trabajadoras porque es nuestro derecho. Desde que trabajo en esta institución no me había pasado, nunca me había sentido tan violentada, tampoco ver que mis compañeras son objeto de violencia y acoso laboral, violencia de género y acoso laboral”, denunció.
Las ocho trabajadoras denunciantes son empleadas y promotoras de programas de confianza, además de que tienen cuatro compañeros que las apoyan.
Explicó que la intimidación la viven por la forma en cómo les habla Vázquez Quintero en la oficina cuando se tratan asuntos pendientes de los programas.
Contó que muchas veces el titular del INPI, por diferencias, la amenazaba que le iba a quitar el programa para dárselo a una promotora, nunca se rehusó, al contrario le dijo que tenía las facultades para decirle la hora y fecha para entregar lo que se le requiriera.
Denunció que el delegado le decía a ella y sus compañeras que tenían que servir las 24 horas a los pueblos, que tenía mucho trabajo, pero ella siempre defendió su horario hábil para estar en la oficina.
También les molestaba a las trabajadoras cuando el titular decía en plenarias que las mujeres embarazadas no tenían cabida en el instituto porque a las embarazadas las absorbían los hijos y el marido.
“Si salíamos de trabajar hacía regresar a las compañeras y eso tampoco es facultad de un funcionario porque tenemos un horario qué cumplir y eso ¿cómo se puede traducir?, tienen que ir expertos a la delegación)para una investigación expedita porque se hacen este tipo de atropellos en un centro de trabajo público, federal, porque atiende a la población más vulnerable históricamente, no podemos permitir que siga pasando con un funcionario con esas características”, dijo la trabajadora.
Mientras las trabajadoras estaban afuera, el resto de los empleados de la dependencia estaban en el interior, a quienes tampoco los dejaban salir, para mantener las puertas cerradas.
El caso de Alejandra es el primer caso de violencia de género que se juzga en el estado desde la implementación de la ley 553 de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, aprobada por el Congreso local, desde el 2008.
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: José Miguel Sánchez
25 de noviembre del 2020
Chilpancingo
Alejandra Mateos Jiménez, de 29 años, después de dos horas de audiencia, se quiebra.
Pide a la jueza Tanya Yamel Alfaro Zapata, a través de su abogado, una pausa. No aguanta un minuto más.
La madrugada del 8 de abril del 2018 pudo ser asesinada.
Sobrevivió y acusó a Víctor Manuel Enríquez Lezama, su novio durante 54 días, de intento de feminicidio.
Por eso, Alejandra Mateos, hoy 5 de marzo del 2020, está en este Juzgado de Guerrero, sentada frente a la jueza.
La aplicación de la ley nunca ha sido expedita y, la justicia, menos.
La primera audiencia de Alejandra contra su agresor fue el 19 de febrero del 2020. La jueza dictó entonces una sentencia condenatoria de seis años y seis meses de prisión a Víctor Manuel. El acusado apeló.
Alejandra ha escuchado durante unas dos horas la lectura de todo el expediente porque así lo pidió el agresor. La jueza lee una, dos, tres, innumerable número de veces, los detalles de lo que pudo ser la última noche de Alejandra.
A Alejandra la franquean el abogado de oficio José Miguel Rosete Rodríguez y un representante de la Agencia del Ministerio Público.
El hombre que la conquistó pero en el día 54 de su noviazgo intentó matarla también está aquí. Víctor Manuel Enríquez Lezama tiene la compañía de dos abogados.
La jueza tiene enfrente a quien se salvó de morir y a quien quiso asesinarla.
En la sala hay público. Hay mujeres de colectivas que acompañan a Alejandra. Su caso es importante para la lucha feminista. El público ve de frente a la jueza. De Alejandra, Víctor Manuel y los abogados, sólo sus espaldas.
La víctima está a la derecha, el agresor a la izquierda. Cuando voltean a los costados, parcialmente, se pueden apreciar algunos rasgos y gestos de sus rostros. Alejandra se seca las lágrimas. Víctor Manuel se mira imperturbable.
La justicia también es fría. La Sala Uno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es la mejor prueba. El aire acondicionado está al máximo de su capacidad. Dice el personal que la jueza Tanya Alfaro así lo pide. Los querellantes, sus abogados y el público se aguantan.
Cuando Alejandra se quiebra, dice algo al oído de su abogado y éste pide permiso para interrumpir la audiencia.
La jueza Tanya Alfaro contesta con rudeza.
-No es necesario que la víctima esté presente, se puede retirar.
Alejandra, antes de Víctor Manuel Enríquez Lezama
A Alejandra, la vida le sonreía. Conoció a Víctor Manuel cuando comenzaba su cosecha de logros.
Estudió la Licenciatura en Gastronomía, y una especialidad en cocina mexicana y cocina del mar, en Puebla.
Cuando terminó regresó a Guerrero a hacerse cargo de la empresa familiar, un lugar famoso de tacos al pastor, dentro del mercado de San Francisco.
Diseñó la marca familiar. El negoció florecía. Ella recibía alrededor de 15 a 20 mil pesos mensuales por su trabajo, un ingreso que le permitió independizarse.
Rentó un departamento y lo amuebló.
EL divorció de su mamá y su papá fue un momento amargo, pero para entonces ya estaba superado, y la relación con sus progenitores, restablecida.
Alejandra tiene dos hermanos. Es la única hija del matrimonio Mateos Jiménez.
Una alerta no tan pequeña
Alejandra y Vïctor Manuel se conocieron porque tienen amigos en común. Se veían en las fiestas familiares, hasta que un día, convivieron. Fue el 14 de febrero del 2018. De ahí se empezó a tejer una relación.
Salieron juntos a varias fiestas, aunque esto pasó en un momento delicado en la vida de Alejandra porque ella se recuperaba de la operación de un fibroma.
De esos 54 días de novios, Alejandra recuerda que Víctor Manuel se portó siempre bien, cariñoso y tenía un trato respetuoso.
Sólo una ocasión pasó algo que no encajó con esta forma de ser.
Un día, por cansancio, Alejandra se durmió durante el día, y cuando despertó vio que tenía como unas 40 llamadas perdidas de Víctor Manuel.
Al mismo tiempo, le tocaban a su puerta de forma desesperada. Abrió. Era Víctor Manuel con un gesto de enojo.
–¡¿Por qué no me contestas, Alejandra?¡ –le reclamó fuera de sí.
–Estaba durmiendo, ¿Qué pasó? –le respondió con calma.
–Como no me contestabas me preocupé, pensé que te había pasado algo, –le reviró.
Alejandra pensó que quizá si estaba así por preocupación.
“No lo vi tan alarmante, porque sí pensé que pudo haberse preocupado por lo de mi operación, pero hasta ahora lo veo que si fue bastante raro”.
Alejandra recuerda que después de eso, Víctor Manuel le pidió pasar al baño. Se metió hasta el fondo del cuarto y vio que él se metió como a buscar algo.
Ahora tiene la certeza de que su ex novio entró a cerciorarse de que estaba sola en el departamento.
Día 54
El 8 de abril del 2018, Alejandra y Víctor Manuel fueron a comer pozole a Mochitlán, cabecera del municipio del mismo nombre, a unos 40 minutos de Chilpancingo, acompañados de amigos y amigas de él. Era un jueves.
En toda la entidad guerrerense, los jueves de pozole verde son días de fiesta, de mezcal y de cerveza. Las sobremesas se prolongan hasta entrada la noche, también es habitual que la tarde de pozole, mezcal y cervezas continúe en un botanero, un bar, o una disco.
Después del pozole en Mochitlán, Alejandra, Víctor y los amigos de él, regresaron a Chilpancingo. Estaban felices y acordaron continuar la fiesta en el bar La Condesa, ubicado al sur de la ciudad. Víctor Manuel encontró en el bar a otras amigas y se puso a platicar con ellas, como si Alejandra no estuviera ahí.
Alejandra aguantó un largo rato lo que parecían filtreos de su novio con una de las amigas, después dijo que se retiraba y se salió del bar. Eran los primeros minutos del 8 de abril. Víctor Manuel la alcanzó en el estacionamiento. Ahí comenzó a jalonearla y a insultarla. La acusaba de que era ella la que estaba coqueteando con uno de sus amigos.
Víctor Manuel es un tipo alto y fornido. Tiene alrededor de 1.80 metros de estatura y unos 90 kilos de peso. Alejandra es baja, no llega a 1.60 metros y, en ese entonces, pesaba alrededor de 55 kilos.
Fácil, la subió al auto con fuerza, pero ella fue la que terminó conduciendo porque Víctor Manuel estaba demasiado ebrio.
Alrededor de la una de la mañana del 8 de abril llegaron al departamento de ella. Víctor Manuel se metió con el pretexto de que necesitaba ir al baño. Adentro siguió agrediéndola.
Víctor Manuel le preguntaba a Alejandra que con quién lo engañaba. Le preguntaba y la cacheteaba. Alejandra tenía algunas botellas de vino en su casa y cervezas en el refrigerador. Víctor Manuel las empezó a abrir y a tomárselas. Seguía tomando, golpeándola e insultándola.
Cuando terminaba una botella las aventaba contra la pared. Hizo lo mismo con perfumes que él le había regalado.
Le decía que no se iba a librar de él fácilmente, porque en esos días de noviazgo ya había invertido mucho dinero en ella, en los regalos que le hacía y en llevarla a comer y a divertirse.
También la manoseaba. Le metía los dedos en la entrepierna y se olía las manos, y le decía que le daba asco.
La desvistió e intentó violarla, agarró su cuerpo y la azotó contra la pared. Ya casi desfallecida, la tiró en la cama, en donde intentó estrangularla con una sábana.
Los detalles de la agresión, los escuchó Alejandra durante las cuatro horas que duró la audiencia del 5 de marzo del 2020, en la que la jueza Tanya Alfaro ratificó la sentencia de seis años y seis meses de cárcel contra Víctor Manuel, dictada en la audiencia el 22 de febrero.
“Dicen que en esos momentos ves pasar tu vida. Yo vi a las personas por las que no me quería morir, no quería ser una más en la estadística”, contó Alejandra en una entrevista posterior a esta audiencia.
Alejandra sentía que la vida la abandonaba. Vio a sus seres queridos. Vio el rostro de su padre, de su madre, de sus amigos de la infancia. Sentía que este era su último instante y no quería que fuera así.
Ella, una mujer independiente, decidida, iba acabar como un número, una estadística.
De pronto Víctor Manuel dejó de apretar su cuello. Ella, poco a poco, recuperó el aliento y así estuvo por unos instantes. Cuando abrió los ojos, vio que su novio los últimos 54 días, se había quedado dormido.
Se lo quitó de encima, se vistió y salió corriendo de su propio departamento. Su papá vivía cerca y fue a la casa de él a pedir ayuda.
Juzgar con violencia de género
La golpiza de Víctor Manuel ocasionó daños físicos graves en Alejandra. Ella tuvo lesión en las vértebras del cuello por el estrangulamiento, situación por la que estuvo 22 días inmóvil. Víctor Manuel también le rompió la nariz y las costillas. Además de que todo el cuerpo presentaba hematomas.
Su padre no observó las lesiones con las que llegó a Alejandra en la madrugada del 8 de abril. Todavía no amanecía. Al día siguiente, la vio bien y se alarmó.
Sin embargo, fueron su mamá y el hermano mayor de Alejandra, los que la convencieron de acudir al Ministerio Público a interponer la denuncia.
El papá de Alejandra no estuvo de acuerdo en denunciar, porque sentía que era vergonzoso para la familia.
La mañana del 8 de abril, a pocas horas de la agresión, Alejandra Mateos llegó al Ministerio Público a denunciar el intento de asesinato de Víctor Manuel, su ex novio.
“Desde que llegue al Ministerio Público fui revictimizada, lo primero que me preguntaron fue ¿qué hiciste para que te agredieran?
Quien la atendió en el MP fue una mujer.
“Yo conté lo que me pasó y ella lo redactó a su modo”, recuerda Alejandra.
Los hechos, como los dejó escritos la ministerio público, no se podían tipificar como violencia de género.
“La sábana con que Víctor Manuel intentó asfixiarme, como ella redactó los hechos, no fue considerada un arma”.
Alejandra contrató un abogado para que llevaran su caso. Después de unos meses ya no pudo pagarlo, entonces pidió un defensor de oficio y le asignaron a José Miguel Rosete Rodríguez, quien la acompañó hasta la fecha actual del proceso penal.
El caso pasó por dos jueces. Edgardo Mendoza Falcón fue el primer juzgador. Mendoza Falcón difería las audiencias y no juzgaba con perspectiva de género.
“Él quería mediar con las dos partes, o llegar a un acuerdo mutuo. Yo necesitaba que el juez admitiera la violencia de género y así lo juzgara”, dice con firmeza Alejandra.
Finalmente, Mendoza Falcón dejó el caso por cuestiones laborales. Daba clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y tenía sobrecarga laboral.
Cuando el intento de asesinato que sufrió Alejandra llegó a manos de la jueza Tanya Alfaro comenzó una nueva etapa en el proceso, ya no se diferían audiencias y Alejandra consideró que la jueza conocía bien la ley 553 y que iba juzgar con perspectiva de género.
