«Aquí en el INPI no tienen cabida mujeres embarazadas», les dice delegado del INPI a trabajadoras

Trabajadoras del INPI denuncian al delegado por violencia de género y hostigamiento laboral


Texto: Beatriz García

Fotografía: Facebook INPI Oficina de Representación en Guerrero

1 de abril del 2022

Chilpancingo

Trabajadoras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) denunciaron al delegado Manuel Vázquez Quintero, por hostigamiento laboral y violencia de género, luego de que este viernes les impidieron la entrada a las oficinas.

En total son ocho trabajadoras de esta dependencia federal que acusan al delegado de vulnerar sus derechos.

Las empleadas interpusieron una queja por violencia de género y hostigamiento laboral el 2 y 3 de marzo en el órgano de control interno, también entregaron una copia a las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Función Pública, aunque no otuvieron respuesta en la delegación se agudizó el problema.

Este viernes la responsable del Programa de Acceso a la Atención Médica de Tercer Nivel del INPI, Gloria Hernández, quien desde hace 26 años trabaja en la dependencia federal ininterrumpidamente 14 años con tres meses, llegó a la oficina cerca de las 10:30 de la mañana, pero el guardia le impidió el acceso, le dijo que no había labores, después que eran indicaciones del delegado no permitirle la entrada.

El horario de entrada es a las nueve de la mañana y la salida es a las cuatro de la tarde.

La trabajadora hizo la denuncia pública y explicó que esta situación la vive desde el miércoles, pero que al resto de trabajadores sí les permiten la entrada. Negó que estuviera despedida, que al menos no le han notificado nada.

Destacó que junto con las compañeras que interpusieron la queja no admiten que sean tratadas así por un funcionario como el titular de la dependencia.

“No podemos permitir que un funcionario vulnere nuestros derechos como mujeres pero también como trabajadoras porque es nuestro derecho. Desde que trabajo en esta institución no me había pasado, nunca me había sentido tan violentada, tampoco ver que mis compañeras son objeto de violencia y acoso laboral, violencia de género y acoso laboral”, denunció.

Las ocho trabajadoras denunciantes son empleadas y promotoras de programas de confianza, además de que tienen cuatro compañeros que las apoyan.

Explicó que la intimidación la viven por la forma en cómo les habla Vázquez Quintero en la oficina cuando se tratan asuntos pendientes de los programas.

Contó que muchas veces el titular del INPI, por diferencias, la amenazaba que le iba a quitar el programa para dárselo a una promotora, nunca se rehusó, al contrario le dijo que tenía las facultades para decirle la hora y fecha para entregar lo que se le requiriera.

Denunció que el delegado le decía a ella y sus compañeras que tenían que servir las 24 horas a los pueblos, que tenía mucho trabajo, pero ella siempre defendió su horario hábil para estar en la oficina.

También les molestaba a las trabajadoras cuando el titular decía en plenarias que las mujeres embarazadas no tenían cabida en el instituto porque a las embarazadas las absorbían los hijos y el marido.

“Si salíamos de trabajar hacía regresar a las compañeras y eso tampoco es facultad de un funcionario porque tenemos un horario qué cumplir y eso ¿cómo se puede traducir?, tienen que ir expertos a la delegación)para una investigación expedita porque se hacen este tipo de atropellos en un centro de trabajo público, federal, porque atiende a la población más vulnerable históricamente, no podemos permitir que siga pasando con un funcionario con esas características”, dijo la trabajadora.

Mientras las trabajadoras estaban afuera, el resto de los empleados de la dependencia estaban en el interior, a quienes tampoco los dejaban salir, para mantener las puertas cerradas.

 

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«Hay una cacería de brujas contra las feministas»: fiscalías criminalizan a mujeres por protestar

Mujeres acusadas de supuestamente participar en hechos violentos en el marco de manifestaciones enfrentan vigilancia, citatorios de la FGR y la FGJCDMX, así como afectaciones económicas y de salud.


Texto: Eréndira Aquino / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

7 de marzo del 2022

 

Desde octubre y noviembre de 2020, cuando se enteraron de que eran investigadas por delitos presuntamente cometidos durante protestas feministas en la Ciudad de México, las vidas de Érika, Mime y Linda cambiaron por completo.

Visitas constantes a sus domicilios por parte de decenas de policías, cateos, patrullajes por sus casas que se incrementan cada que se convoca a otra protesta, afectaciones físicas, psicológicas, económicas y hasta la separación de sus familias son algunas de las consecuencias que enfrentan desde que se iniciaron los casos en su contra, aunque hasta ahora las autoridades no las han vinculado a proceso.

“Yo creo que es una cacería de brujas en contra de las feministas, las que estamos luchando por justicia y contra el sistema que no nos ha servido para nada”, señala Érika Martínez, investigada por la toma de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicadas en la calle República de Cuba, en el Centro Histórico de la CDMX.

Érika, de 43 años, llegó a las instalaciones de la CNDH cuando estas fueron convertidas por colectivas y grupos feministas en un refugio para mujeres víctimas de violencia. No tenía dónde vivir, pues se quedó sin casa tras denunciar al hermano del padrastro de su hija menor, por abusar sexualmente de ella cuando tenía siete años.

La niña, que para cuando llegaron al refugio tenía ya 10 años, fue quien pintó sobre el cuadro de Francisco I. Madero que estaba en la CNDH. Esta y otras obras fueron intervenidas por feministas. Dicho acto fue públicamente criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien Érika reclamó por indignarse por una pintura: “¿Por qué no se indignó cuando abusaron de mi hija?”.

Junto con Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, joven víctima de feminicidio por parte de un profesor del IPN y de uno de sus compañeros, Érika se convirtió en una de las caras visibles de la toma del inmueble de la comisión. Tras ello, fue denunciada por la CNDH ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de despojo.

Resignada, Érika señala que por estos hechos sabe que podría ser encarcelada en cualquier momento. Aun cuando la CNDH le otorgó el perdón, la FGR, en vez de desechar la denuncia, mantiene abierta la investigación en su contra y recientemente le envió un citatorio para una audiencia inicial. Esto quiere decir que las autoridades encontraron elementos que, a su parecer, acreditan que cometió un hecho constitutivo de delito, aunque hasta el momento no sabe cuál es porque no se lo han informado.

Lo que más le duele —dice— es que por la toma de la CNDH no solo abrieron un proceso en su contra, sino que las autoridades también incluyeron a su hija mayor, de 23 años, quien enfermó por el estrés que le genera saber que son investigadas. Además, le duele que ellas dejaron de protestar para exigir justicia por el caso de abuso sexual que inicialmente las llevó a las calles.

“Uno de los cambios que tuvimos que hacer fue ya no ser tan partícipes en los movimientos de protesta, en las marchas, dejé de pedir justicia por mi hija, y en cuanto a la salud, nos ha afectado… más a mi hija mayor, que le dan momentos de ansiedad, se le ha llegado a paralizar el intestino y ha dejado de dormir”, detalla.

A Érika no solo le quita el sueño la posibilidad de ser detenida y sentenciada por la toma de la CNDH, sino que el agresor de su hija, sentenciado a más de 13 años de prisión, logre quedar fuera del registro de agresores sexuales. Actualmente, ella está en proceso de apelación de la decisión de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia, quienes calificaron de “excesiva” la medida de incluir al hombre en el listado.

Para Ximena Ugarte, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que acompaña el caso de Érika, de su hija y de dos feministas acusadas de hechos violentos en la protesta del 8 de marzo de 2020 en la ciudad, las denuncias contra feministas son estrategias para criminalizar las manifestaciones y generar miedo en ellas y otras interesadas en acudir. Asegura que no existen pruebas en ninguno de los casos, pero las autoridades insisten en mantener las investigaciones abiertas y en llamar constantemente a las denunciadas para que amplíen sus declaraciones.

“Por supuesto que todo eso no lleva a nada en la investigación, porque no tienen ningún elemento de prueba para acreditar el delito que les tratan de imputar, pero lo que sí genera es angustia, miedo, tener que estar yendo al Ministerio Público, seguir teniendo la carpeta abierta en su contra y, además, la habilidad que también nos sorprende tienen los policías, porque consiguieron fotos, videos, ubicaciones y un montón de cosas que es muy difícil que encuentren cuando se trata de indagatorias, por ejemplo, de agresores sexuales o feminicidas”, advierte.

“Me arrebataron a mi hija”

Mime y Linda forman parte de un grupo de 12 mujeres —que no se conocen entre sí— contra quienes la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJCDMX) abrió carpetas de investigación por robo, lesiones dolosas y daño a la propiedad, por daños a un local durante la marcha del 8 de marzo de 2020. Esta averiguación se inició luego de que un perfil de Facebook las acusara de incitar a manifestantes a cometer actos vandálicos.

En el caso de Mime, además, hay otras dos investigaciones: una se abrió después de que las autoridades catearon el lugar donde vivía hasta el 7 de marzo de 2021 —un día antes de la protesta por el Día Internacional de la Mujer—, donde la FGJCDMX halló “objetos aptos para agredir que posiblemente serían utilizados en marchas”, y otra por presunto abuso físico y psicológico contra su hija. Por esto, perdió su casa, su trabajo y la custodia de la niña.

“Cuando pasa lo del cateo, me quedé al mismo tiempo sin empleo y sin dónde vivir, porque mis empleadores pagaban por la renta. Me aislé en un lugar seguro un tiempo, pero después, cuando volví a salir, me detuvieron en un baño público y me arrebataron a mi hija. Perdí la custodia, y como salí en las noticias, me volvieron a correr del trabajo”, cuenta Mime en entrevista.

“Lo de mi hija me mueve mucho, saber que solo puedo verla en fotos me da para abajo, que si no fuera porque se la dan a mi mamá con autorizaciones que solo duran tres meses y deben renovarse a criterio de las autoridades, ella se va al DIF. Sumado a eso, los cambios de trabajo y de casa, pagar los depósitos de renta aun cuando no hay nada estable… es muy difícil”.

Mime, de 27 años, afirma que las acusaciones en su contra son infundadas. Argumenta que, entre las “pruebas” que hay de su presunta participación en el saqueo de un negocio y de incitar a la violencia en protestas feministas, hay solo fotografías en las que aparece marchando o participando en mítines de apoyo a víctimas, y que lo que supuestamente se encontró en su casa durante el cateo realizado lo sembraron las autoridades.

Sobre el supuesto caso de maltrato a su hija, señala irregularidades en la acusación. Inicialmente, según las autoridades, fue denunciada por una vendedora de dulces por supuestamente gritarle y golpearla, pero ante el Ministerio Público le dijeron que había sido por la denuncia de una policía.

Pese al miedo a que abran más investigaciones en su contra, dice que continúa con su labor voluntaria como acompañante de víctimas y de mujeres y personas que buscan practicarse un aborto.

“No he dejado de salir a las calles, aunque varias compañeras sí han puesto sobre la balanza sus ideales o evitar que sus familias sufran, porque el hostigamiento es difícil, y cada día se incrementa la criminalización contra las protestas feministas”, alerta.

Este año, no sabe si podrá participar en alguna protesta, porque ya recibió un citatorio para presentarse a una audiencia en el penal de Santa Martha Acatitla el 8 de marzo, día de otra movilización feminista.

“Ojalá el sistema fuera así con las denuncias de víctimas”

Para Linda, acusada por el mismo saqueo atribuido a Mime y otras 10 mujeres, lo más indignante de la persecución que viven es que las autoridades prefieran iniciar procesos contra participantes de protestas feministas antes que actuar contra agresores a quienes las víctimas denuncian a través de redes sociales y de manera formal.

“Nos acusaron a través de un perfil de Facebook llamado ‘Ana Pérez’, y nos abrieron investigaciones por una publicación que hizo, en la que dio nuestros nombres, lo que me parece indignante, porque como acompañante de víctimas conozco varios casos que cuando denuncian en redes a sus agresores no se hace nada, y tampoco quieren abrir carpetas de investigación cuando acuden con autoridades”, refiere en entrevista.

“(Este proceso) ha afectado mi salud psicológica y física, porque me causa mucha ansiedad pensar que, a pesar de que mi caso no se ha judicializado, a otras compañeras les han abierto más carpetas, y si a mí ya me acusaron de algo que no hice, más adelante pueden hacer lo mismo que a ellas”, añade.

“Las otras compañeras y yo sufrimos acoso policiaco. En mi caso, pasa la patrulla y pita frente a mi casa, sobre todo cuando se acercan las marchas, y ha habido ocasiones en las que no he podido salir porque está estacionada en la esquina y no sé si al salir me vayan a detener acusándome de otros delitos”.

Las pruebas de las autoridades para inculparla por los hechos presuntamente ocurridos en la marcha del #8M de 2020 son algunas capturas de pantalla de sus redes sociales y fotografías en las que aparece en movilizaciones feministas: en una, carga un cartel con el rostro de Isabel Cabanillas —artista víctima de feminicidio en Chihuahua— y en otra recolecta juguetes para niñas y niños huérfanos porque asesinaron a sus madres.

“Y con eso ya dicen que nos juntamos y somos líderes del Bloque Negro (grupo que en las protestas realiza pintas y se confronta con policías), que tenemos grupos donde invitamos supuestamente a que se unan al bloque para destrozar y no sé qué tantas cosas… nada de eso es cierto, solo coincidimos en espacios cuando acompañamos a víctimas y sus familiares”, insiste.

Aunque su proceso no ha avanzado, Linda señala que su salud se vio afectada por el miedo que le provocó conocer la denuncia. Por ello, de inicio, decidió no participar en las protestas feministas que se organizaron después de que le notificaron que era investigada.

Sin embargo, después volvió a salir a las calles. “Protestar no es un delito, es un derecho, y creo que están haciendo esto de criminalizarnos no solo para que quienes estamos acusadas no queramos asistir a las marchas, sino para que también otras que van sepan que pueden ser procesadas penalmente y les dé miedo, para que ya no quieran ir”.

Fabiola Vite, directora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que acompaña legalmente a otras dos de las 12 investigadas por las acusaciones en Facebook, coincide en la opinión de que los casos abiertos contra las manifestantes son una estrategia del gobierno capitalino para desincentivar y criminalizar la protesta.

Hasta ahora —explica—, las audiencias a las que se las ha citado son solo para pedirles que amplíen declaraciones. “No hay pruebas y hay una dilación anómala en el proceso”.

“Es un mensaje de las autoridades para inhibir su participación en las protestas, pareciera un recordatorio hacia ellas y otras mujeres de que podrían tener consecuencias penales; forma parte de una campaña para que no se movilicen, cuando lo deseable sería que en vez de eso garanticen condiciones adecuadas para que las ciudadanas puedan manifestarse tranquilas, digna y libremente”, concluye.

México, denunciado ante la CIDH por criminalizar feministas

En octubre pasado, asociaciones civiles denunciaron a México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por estigmatización y criminalización de la protesta feminista por parte de actores de los tres niveles de gobierno, “siendo objeto de constantes abusos y violencias particulares debido a un ambiente patriarcal y un marco normativo represivo al derecho a la libre asociación, la libre expresión y al derecho a defender derechos humanos por parte de mujeres, colectivos y movimientos sociales”.

En el 181 periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con el acompañamiento de Amnistía Internacional, denunciaron “un contexto patriarcal caracterizado por una fuerte violencia contra mujeres y niñas”.

De acuerdo con las organizaciones denunciantes, las mujeres y niñas “han levantado movimientos feministas y de derechos humanos que, ante la urgencia y gravedad del contexto, han hecho uso de su derecho a la protesta social para exigir al Estado acciones de prevención y erradicación de dichas violencias”.

Sin embargo, les han respondido con “violencias patriarcales, como el uso indebido de la fuerza, violencia sexual e incluso tortura sexual, acoso y hostigamiento físico y digital”, conductas que se han visto exacerbadas en el marco de las protestas sociales feministas.

Las organizaciones señalaron que, específicamente, las manifestaciones encabezadas por mujeres, a pesar de ser mayoritariamente pacíficas, han comenzado a ser estigmatizadas como violentas, violando el derecho a la reunión pacífica y a la libre expresión.

Durante esta audiencia, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas instó al Estado mexicano a que reconozca la legitimidad de las protestas de mujeres y niñas, a abstenerse de realizar declaraciones que las estigmaticen, a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones y a atender las causas estructurales de las violencias contra las mujeres.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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CNDH llama a revisar casos de mujeres privadas de la libertad por el delito de aborto tras determinación de la Suprema Corte

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera y reconociera que el aborto no es motivo de penalidad y que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) observó la necesidad de conocer y dar seguimiento a aquellos casos de mujeres privadas de la libertad por haber abortado.

Por ello, se pronunció para la acción de medidas urgentes a favor de estas mujeres que se encuentran enfrentando procesos o sentencias en los centros penitenciarios de México. De acuerdo con el organismo, es muy preocupante que haya posibles mujeres que estén enfrentando procesos penales o penas en centros penitenciarios del país por delito de aborto.


Texto: Jaqueline López / Zona Docs

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo 

23 de febrero de 2022

 

En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el aborto no es ni debe ser motivo para que las mujeres sean privadas de la libertad y cumplan una pena.

Por ello, a cinco meses de la decisión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) observó la necesidad de conocer y dar seguimiento a aquellos casos de mujeres privadas de la libertad que enfrentan procesos o sentencias con motivo de la comisión del delito de aborto u otros delitos análogos. El organismo, aseguró que el criminalizar su derecho a interrumpir su embarazo no solamente viola sus derechos humanos, sino que trastoca su dignidad, su proyecto de vida, su autonomía, su libre desarrollo de la personalidad y no garantiza el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Según advirtieron en un comunicado de prensa, durante el mes de octubre de 2021, la CNDH se dio a la tarea de realizar solicitudes de colaboración a 32 autoridades de los centros penitenciarios de México, al Instituto Federal de Defensoría Pública, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a la Coordinación de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, para conocer las acciones sustantivas que se han realizado, y/o que se están implementando, para dar atención a mujeres que se encuentran privadas de su libertad por motivos de aborto o de delitos análogos.

No obstante, las instancias que colaboraron explicaron que no han realizado ni están realizando acciones de esta naturaleza, debido a la inexistencia de mujeres privadas de la libertad por delito de aborto. Solo en Oaxaca se manifestó el caso de una mujer privada de la libertad por este delito.

Si bien, las instancias aseguraron que no hay mujeres cumpliendo una sentencia o llevando un proceso penal por aborto, la CNDH informó que hay fuentes que alertaron la existencia de mujeres en prisión por tales delitos.

Por ello, solicitaron a las autoridades competentes que realicen acciones urgentes y, por lo tanto, inmediatas para lograr la identificación de las mujeres que se encuentran enfrentando un proceso o una sentencia en un centro penitenciario por la comisión de ese delito, a fin de que logren acceder a recursos legales que les permitan obtener su libertad.

Así mismo, la CNDH reconoció que en el país prevalecen leyes regresivas conformadas a partir de una visión machista y patriarcal. De esta manera, consideraron que se debe buscar una perspectiva de género en las leyes mexicanas, que permita que las mujeres puedan abortar sin que implique una penalización y, por su puesto, una violación a sus derechos humanos:

“Deben transitar a nuevo paradigma, con perspectiva de género, que permitan sin restricciones de carácter sanitario y/o penales acceder de manera voluntaria, anónima, gratuita, libre de violencia institucional y conforme a servicios sanitarios de calidad a la interrupción del embarazo en beneficio de las mujeres sin discriminación alguna sin importar edad, estado civil, nivel socioeconómico, educativo, religión, origen étnico, cultura, orientación y/o preferencia sexual”.

De lo contrario, señalaron, las mujeres que viven en estados en donde se criminaliza el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y la interrupción de su embarazo, están siendo orilladas a practicarse abortos clandestinos enfrentando riesgos a su salud y una persecución por su decisión.

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