El programa de acogida del Ayuntamiento de Barcelona para periodistas mexicanos en riesgo y organizaciones de libertad de expresión finalizaron una visita a Guerrero, el estado que tiene más periodistas desplazados, donde expusieron su preocupación por la falta de planes para un retorno seguro de los reporteros
Texto y foto: Daliri Oropeza Alvarez / Pie de Página
Ciudad de México
Integrantes del programa Barcelona protege periodistas, en el que participan la Taula per Mèxic, el Instituto Catalán Internacional por la Paz, y el área de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona, además de organizaciones mexicanas de libertad de expresión, expusieron su preocupación por la falta de garantías para el retorno seguro de periodistas desplazados.
“Lo que hace Barcelona es una parte pequeñita para proteger a los periodistas; una estancia corta. Pero nos preocupa mucho qué pasa con el retorno a México”, dijo en conferencia de prensa Judit Salas, adjunta de la dirección de la Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona.
Durante una visita de cinco días a México, los catalanes sostuvieron reuniones con titulares de los mecanismos de protección a periodistas del gobierno federal y de la Ciudad de México, y con autoridades de Guerrero, el estado con mayor número de periodistas desplazados por la violencia.
También realizaron el Foro de Periodismo y Paz; donde participaron periodistas de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Tamaulipas, quienes además son integrantes del programa de protección en Barcelona.
Al término de la visita, aseguraron que las autoridades mexicanas mostraron disposición para el diálogo y la colaboración para mejorar las condiciones de los periodistas.
«Es obligado colaborar»
Arturo Landeros, coordinador de Taula per Mèxic y del programa, detalló que fue una visita conciliadora, que incluyó reuniones con Enrique Irazoque, titular del mecanismo federal de protección; Carlos Alberto Villalpando, subdirector de derechos humanos de Guerrero; Lourdes Martínez, titular del mecanismo de Guerrero; y un diálogo con Tobianne Ledesma, titular del mecanismo de la CDMX.
Por su parte, Salas aseguró que la visita y el foro son un punto de inflexión para dar a conocer el programa Barcelona protege periodistas a las autoridades mexicanas y buscar mejores esquemas de colaboración.
“Los mecanismos, federal y en los estados y programas de acogida están peleando por lo mismo: la protección a periodistas. Además, los recursos son escasos, también en Barcelona, por eso es obligado colaborar”.
Judit Salas
Salas remarcó que hubo apertura de las autoridades, en especial en Guerrero. Ahí se reunieron con periodistas desplazados y escucharon las principales problemáticas que enfrentaron con respecto a su retorno. “Solo si escuchamos sus necesidades se les puede dar protección”, enfatizó Salas.
Actualmente, tanto Justicia Global como Taula per Mèxic ya trabajan con sus copartes en México (como la Red de Periodistas de a Pie, Aluna, Cimac o Artículo 19), sobre los requerimientos para las condiciones de un retorno seguro.
Miriam Ramírez, periodista de Sinaloa que atendió el programa de acogida en Barcelona. Foto: Daliri Oropeza
El programa
Barcelona protege periodistas contempla una estancia temporal en Barcelona a periodistas amenazadas por el ejercicio de su profesión. También da alojamiento, manutención, apoyo psicosocial y sanitario, agenda formativa y de incidencia, explicó Landeros como ejes de acción del programa.
De los 16 periodistas mexicanos que el programa ha acogido desde que comenzó a funcionar en 2017, cinco son del estado de Guerrero.
La Taula per Mèxic tiene como objetivo “la protección y atención integral de personas amenazadas por el ejercicio de su labor como defensores y defensoras de derechos humanos, de tierra y territorio, y medioambientales durante su estancia temporal en Catalunya y al retorno a su país de origen… un espacio de respiro donde, a la vez que se visibiliza e internacionaliza su causa. Se pretende promover y consolidar una red con colectivos e instituciones Catalunya-México”.
“Si bien es cierto que los recursos son imprescindibles para proteger a los periodistas y el gran número de personas, no todo cuesta dinero. Dialogar no tiene porque representar un gasto de recursos. Depende de la voluntad y la coordinación con otros”, reflexionó Salas.
Arturo Landeros, por su parte, hizo énfasis en los seminarios sobre Conflicto y Paz del periodista catalán Xavier Giró.
“Queremos aportar a la construcción de paz a través del periodismo. Puede ser un vehículo para ayudar a desactivar conflictos”, aseguró.
Sin condiciones para regresar
Landeros aseguró que las organizaciones reconocen que hay una crisis con lo que pasa con los periodistas en México. Por ello Barcelona protege periodistas. A 5 años de existencia, ha reforzado la atención psicosocial y de salud dentro de su programa integral.
«El periodismo esta aprendiendo a ser resiliente”, dijo, por su parte, la periodista sinaloense Miriam Ramírez, una de las beneficiarias del programa. Aseguró que no es fácil dejarlo todo para ir a Barcelona. Sin embargo, el programa le sirvió para fortalecer el periodismo que realiza.
“Los periodistas no tendríamos por qué salir del país, dejar de hacer periodismo, desplazarte sin que haya las condiciones para regresar”.
Miriam Ramírez
Explicó también que el Foro Periodismo y Paz fue importante para ella, pues reunió a los 16 periodistas acogidos por el programa y fue significativo verles seguros en el ejercicio de su profesión.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Evelyn Salgado Pineda es la primera mujer en gobernar Guerrero. Su arribo al poder ocurrió como ningún otro. Fue vertiginoso: a finales de abril del 2021 apoyaba a su padre, Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Morena; en mayo lo sustituyó y en junio ganó la elección. En octubre rindió protesta como gobernadora.
Desde que se encumbró en la política, Salgado Pineda ha sido cuestionada. Primero cuando la nombraron candidata: “será la próxima Juanita”, se dijo repetidamente. Acusaron que su candidatura se trató de una imposición de su padre y de la dirigencia nacional de Morena, porque sin ninguna trayectoria política desplazó a otros que también buscaban ser abanderados.
Ahora como gobernadora, el cuestionamiento permanece: “quien toma las decisiones es su padre”; “es un gobierno con varias cabezas”, se repite y se repite.
Así ha gobernado estos siete meses: cuestionada y, su padre, poco le ayuda: un día sí y el otro también hace de todo para fortalecer las dudas.
Un día anuncia nombramientos de funcionarios, el otro reprende a secretarios, luego les ordena en público y, la mayoría, dice que para llegar a un acuerdo en este gobierno es inevitable dialogar con Salgado Macedonio.
Desde que pasó la elección, casi siempre detrás de Salgado Macedonio va un enjambre de personas —con currículo en mano— pidiéndole trabajo. Al inicio del gobierno se formó una fila de hasta de unas 1,000 personas fuera de un salón de fiesta al sur de Chilpancingo buscando al senador de la República para pedirle trabajo. No acudieron con la gobernadora quien se supone tiene la facultad legal de otorgar los nombramientos.
Opositores y alguno que otro simpatizante han criticado la falta de control en el gobierno de Salgado Pineda. Hace unos meses, el priista Mario Moreno Arcos, quién compitió contra la gobernadora en la pasada elección, escribió en sus redes sociales:
“Hay algo que preocupa y que tal vez sea el origen: es la falta de dirección en la toma de decisiones en las diferentes áreas de gobierno. Hoy la queja recurrente es que son demasiadas cabezas las que expiden nombramientos incluso para un mismo cargo. Que hay un secretario que forma parte de un grupo y un subsecretario de otro por lo que los acuerdos se nulifican o de plano no existen, generando incluso pleitos porque los responsables obedecen a distintas líneas gubernamentales”.
El obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, lo dijo más claro: la inexperiencia de Salgado Pineda y la injerencia de su padre provocan un descontrol en el gobierno.
Hasta ahora no se conoce cuál es el estilo de gobernar de Salgado Pineda. Sus hechos son cuestionados por la injerencia de su padre y sus discursos son constantes repeticiones de las frases, las ideas, los postulados y los proyectos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Repite tanto los dichos del presidente que ya los convirtió en un lugar común.
Cada vez se ha vuelto más difícil descubrir ese estilo. En estos meses ha decidido realizar la mayoría de los actos de gobierno sin acceso a la prensa, a puerta cerrada regularmente en Casa Guerrero. De la mayor parte de sus eventos se dan cuenta a través de las redes sociales, sin la posibilidad de que los reporteros la cuestionen.
Y cuando sus actividades son públicas, las entrevistas con reporteros son cada vez más complicadas: terminan los eventos y de inmediato se escurre para evitar que la entrevisten.
Esto ocurre incluso cuando en el estado están ocurriendo crisis de seguridad, como en Acapulco que se dan repuntes de violencia o los casos de feminicidios (que en lo que van del año suman 40 mujeres asesinadas); o para saber su postura ante la posible despenalización de aborto. Ha pasado días sin responder preguntas.
La última vez que lo hizo fue el 5 de mayo en la zona militar de Chilpancingo que dejó a una decena de reporteros con sus preguntas listas. Antes lo hizo en el cuartel de la Guardia Nacional.
Su equipo de prensa todos los días difunde su agenda, por lo regular es la misma: “Sin actividades públicas programadas”, aunque sí tenga “actividades públicas programadas”. Da la impresión de que se tratara de una estrategia para distraer a los reporteros o visto de otra forma: para no exponerla ante ellos.
Que cada vez sea más complicado que Salgado Pineda responda los cuestionamientos de la prensa, es lo menos grave. Lo grave es el silencio imperante en gran parte de su gobierno, sobre todo, en el tema de la inseguridad.
Por ejemplo, la Vocería de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz no informa de la incidencia delictiva y su vocero, Randy Suastegui, no responde las solicitudes de los reporteros. Confirmar con alguna fuente oficial algún acto de violencia puede tardar horas, incluso, días.
Fotografía: Amílcar Juárez
Lo mismo ocurre con la dirección de Comunicación Social y otras secretarías, como la de la Mujer, que saber en qué va la estrategia para prevenir, combatir y castigar los matrimonios forzados que se realizan en algunos pueblos de la Montaña y Costa Chica es imposible. La secretaria, Violeta Pino, no responde a solicitudes de entrevista, pero tampoco se hace pública esa información.
Aún hay algo más: en el gobierno de Salgado Pineda se desconoce por completo cuánto gasta para publicidad oficial. Oculta a quienes les asignó un convenio publicitario y cuánto le asignó pero, sobre todo, se ignora cuáles fueron los criterios para esas asignaciones. Esa es una información que Salgado Pineda ha guardado como lo hicieron los priistas.
La familia de la gobernadora también es una de las familias que maneja medios de comunicación en Guerrero. De hecho, su padre antes de ser político dirigía el diario Acción en Iguala. Tras ser alcalde de Acapulco adquirió la mayoría de las acciones de la franquicia del periódico La Jornada Guerrero.
A unos meses de que Salgado Pineda se convirtiera en gobernadora, La Jornada Guerrero cerró sin ninguna explicación a sus lectores. A los reporteros les dijeron que por un brote de Covid-19 en la redacción durante 15 días dejaría de circular.
Antes de ser cerrado, en plena crisis por la pandemia, a los reporteros que cobran por nota les bajaron el pago: pasó de 100 a 80 pesos.
La Jornada Guerrero fue sustituida por El Guerrero. La edición impresa de este nuevo diario comenzó a circular el 16 de octubre del 2021, un día después de la toma de protesta de Salgado Pineda como gobernadora.
Una de las versiones fue que cerraron La Jornada Guerrero para cambiar de nombre a la empresa que operaba el diario porque la razón social era Editorial Eve S.A de C.V. y, podría ser Evelyn Salgado la representante legal.
Sin embargo, algunos reporteros que cobran por nota, afirmaron que continúan emitiendo su recibo de honorarios a la misma razón social: Eve S.A de C.V.
Durante su gestión como director, Salgado Macedonio desmanteló al diario: le quitó derechos laborales a los trabajadores, sobre todo, a los reporteros. Cada año ofrecía liquidaciones y a los que aceptaban les daba la posibilidad de continuar pero ahora por nota publicada, sin salario fijo, ni prestaciones, sin ningún vínculo formal que lo obligara a darle algún tipo de protección a los trabajadores. Le redujo páginas.
Tanto La Jornada Guerrero como El Guerrero son utilizados por la familia Salgado Pineda como su brazo propagandístico: ahí lanzan campañas políticas propias y de sus amigos, así como las defensas.
Ahora El Guerrero,que es dirigido por otra de las hijas de Salgado Macedonio, Sol Salgado Pineda, es uno de los diarios que todos días sus páginas están llenas de publicidad oficial del gobierno de estado pero también de algunos ayuntamientos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Universidad Autónoma de Guerrero, de Congreso local.
Hasta ahora es un misterio cuánto dinero recibe del gobierno que encabeza Salgado Pineda. Pero también hay una duda constante: ¿Habrá un alcalde, diputado o magistrado que le niegue un convenio publicitario a El Guerrero?
En materia de comunicación social la política con Salgado Pineda sigue siendo la misma que con el priista, Héctor Astudillo Flores y Ángel Aguirre Rivero: el reparto de dinero para el sometimiento de las líneas editoriales y repartiendo “chayotes”.
Mantuvo en el presupuesto el Fondo de Apoyo para Periodista (FAP), un programa constituido en los tiempo del priista Francisco Ruiz Massieu, que da recursos y servicios que, en primer momento, le quita responsabilidad a las empresas de contratar legalmente a sus reporteros y, también, que en el verdadero fondo busca el control de la prensa.
Salgado Pineda tiene enormes retos: pacificar el estado, reducir la pobreza, parar la violencia feminicida y estructural que sufren las mujeres, combatir la corrupción que está enraizada como en ningún otro lugar.
El cambio de gobierno en Guerrero coincidió con el aumento de asesinatos, desapariciones y extorsiones y no se vislumbra una estrategia para combatir y reducir estos crímenes.
La gobernadora sólo repite lo que ha dicho por muchos años López Obrador: “que atenderá las causas de la violencia: la pobreza, la marginación”. Pero tampoco eso no se muestra. Lo que es tangible es el aumento en la violencia.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó hace unos meses la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) y en las tres principales ciudades de Guerrero, Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, se sintieron más inseguros en el último trimestre del 2021.
Actualmente hay focos rojos bien marcados. En Acapulco los homicidios no se detienen pero tampoco las extorsiones contra comerciantes y empresarios.
También son focos rojos la región Centro y la Norte, donde organizaciones criminales, Los Ardillos y Los Tlacos, operan con plena libertad y, no sólo eso, han desafiado a las autoridades.
Por ejemplo, Los Tlacos —como nunca antes— declararon un toque de queda en Huitzuco. Era noviembre del 2021 y los presuntos criminales ordenaron: nadie podría estar en las calles después de las 6 de la tarde. La consecuencia: el asesinato. Al día siguiente tres jóvenes desafiaron el aviso, a las 9 de la noche salieron a comprar de cenar; un grupo armado los atacó a tiros. Los tres murieron.
Después de eso, el toque de queda se cumplió a rajatabla: en cuanto caía el sol todos se encerraron, los comercios bajaron sus cortinas y el transporte público acortó sus corridas. Las escuelas suspendieron las clases. La respuesta del gobierno del estado fue una operación policiaco-militar que hasta ahora no ha dado resultados: no hay ningún detenido y la gente sigue viviendo en vilo.
A inicios de febrero, Los Ardillos intentaron tomar la comunidad de Buenavista de la Salud, en Chilpancingo. Por la noche llegaron unos 40 hombres armados en siete camionetas pero hubo resistencia del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). El saldo fueron siete hombres asesinados.
Días después, el Ejército, la Policía Estatal y la Ministerial encabezaron una operación en el municipio de Quechultenango, el bastión de Los Ardillos. Los resultados fueron timoratos: aseguraron carros convertidos en chatarras, unos kilos de droga y tres tigres. Ninguno de los líderes fue detenido.
La operación terminó después de que el pueblo corrió a soldados y policías.
Este es el Guerrero que Salgado Pineda hasta ahora ha querido gobernar desde las redes sociales y alejándose de las preguntas de la prensa.
En la marcha también participaron familiares de la videobloguera de sátira política, Pamela Montenegro. Las mujeres periodistas en México, dijo Alina Navarrete, constatan a diario los múltiples tipos de agresiones, amenazas y riesgos que a lo largo y ancho del país que se ciernen en contra de ellas en el desempeño de su trabajo, del derecho a informar
Texto: Beatriz García
Fotografía: Óscar Guerrero
9 de marzo del 2022
Chilpancingo
Mujeres periodistas de Chilpancingo marcharon en la capital para exigir cese a la violencia y acoso laboral en el marco del 9M, el paro nacional de mujeres, un día sin nosotras.
En el contingente también participaron familiares de la videobloguera, Pamela Montenegro del Real, quien fue asesinada el 5 de febrero del 2018 en Acapulco, exigiendo justicia por el caso que sigue en la impunidad a cuatro años.
“¡Reporteras informando también están luchando!”, “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, “Libertad, libertad a la prensa, libertad!”, fueron algunas de las consignas que las periodistas lanzaron en el trayecto de la marcha que comenzó en la explanada del Monumento al bicentenario, en la avenida Insurgentes, al norte de la ciudad.
Las reporteras nombraron a las cuatro periodistas asesinadas durante lo que va de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador: Norma Sarabia Garduza, asesinada en Huamanguillo, Tabasco; María Elena Ferral Hernández, asesinada en Papantla, Veracruz; Mitchell Simón, en Ciudad de México y María de Lourdes Maldonado López, en Tijuana, Baja California.
“Nos queremos vivas e informando”, dijeron las colegas.
En el 2017, las reporteras de Chilpancingo se integraron simbólicamente a la huelga global en defensa de los derechos y la justicia para las mujeres. Desde entonces se pronunciaron al día siguiente, los 9 de marzo, día en el que también se hace el llamado al paro nacional de mujeres.
Sin embargo, es el tercer año consecutivo, en el que además, toman las calles de la ciudad y hace visible la violencia contra ellas.
La marcha siguió por las avenidas Juárez, Ignacio Ramírez y Miguel Alemán, para llegar al Parque Unidos Por Guerrero, para hacer parada en el monumento que las periodistas renombraron como Violetas del Anáhuac, un lugar que ahora simboliza la lucha y la exigencia de las colegas en la entidad.
“Presentamos la noticia procurando una sociedad más igualitaria, y frente una realidad que avasalla los esfuerzos en la defensa y el acceso a la justicia de las mujeres, nos sumamos a las protestas del 8M para reivindicar nuestros derechos”, es parte del pronunciamiento que leyó la reportera, Alina Navarrete Fernández.
Este camino ha permitido a las reporteras comenzar un diálogo sobre las difíciles condiciones a las que se enfrentan y así vincularse con los movimientos de mujeres periodistas en el país, como en el caso de la Red Nacional de Periodistas.
Las mujeres periodistas en México, dijo Alina Navarrete, constatan a diario los múltiples tipos de agresiones, amenazas y riesgos que a lo largo y ancho del país que se ciernen en contra de ellas en el desempeño de su trabajo, del derecho a informar y de ejercer ambos de manera segura, sin riesgo para su integridad, seguridad física, emocional, económica y de sus familias.
Es cada vez más frecuente carecer de un contrato por escrito que establezca la relación laboral con las empresas, las prestaciones sociales son nulas y se trabaja sin acceso a servicios de salud, vivienda, o guarderías y eso también es violencia, de la que poco se habla, enunció la reportera como parte de las violencias que enfrentan las colegas.
Tanto para Alina como para las que participaron en la actividad, según postularon mediate su posicionamiento colectivo: se debe dejar de ver el ejercicio periodístico como sinónimo de precariedad, de penurias y violencia.
No hay justicia para Pamela Montenegro “Nana Pelucas”
La hermana de Pamela Montenegro, Ana Guerra del Real, en su participación, externó las gracias a las colegas que alzaron la voz para exigir justicia por la comunicadora.
Recordó que cuando fue asesinada su hermana, el entonces fiscal Javier Olea Peláez, a hora y media del hecho, dijo que había sucedido por las notas de sátira política que subía a su página web, además de que era parte de un grupo criminal. Es decir, para su hermana, Olea criminalizó y revictimizó a Pamela.
Denunció que a raíz de la exigencia de justicia por su hermana, hombres armados la retuvieron ilegalmente por tres días, posteriormente la abandonaron en un lugar solitario y huyó de Acapulco, además de que la despidieron de su trabajo en el gobierno del estado.
Exigió que el hijo de su hermana sea integrado al Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP) del gobierno del estado. Lamentó que este beneficio sí se lo han dado a los familiares de periodistas hombres asesinados, pero no ha sido así con Montenegro del Real.
El mitin culminó con consignas en apoyo a Pamela Montenegro. Las reporteras encendieron luces de bengala moradas y verdes.
De acuerdo con el medio de comunicación, Juan Carlos era conocido en el zona como Rigoberto o el TX y colaboraba desde años en Testigo Minero y otros medios, y al mismo tiempo trabajaba como taxista.
El periodista Juan Carlos Muñiz, colaborador del diario Testigo Minero, fue asesinado este viernes en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.
De acuerdo con el medio de comunicación, Juan Carlos era conocido en el zona como Rigoberto o el TX y colaboraba desde años en Testigo Minero y otros medios, y al mismo tiempo trabajaba como taxista.
“Se exige a las autoridades realicen un exhaustivo trabajo de investigación a fin de aclarar el móvil de éste reproblable homicidio y dar con los responsables. Es urgente reflexionar ante la cruda realidad que se vive en nuestro país, estado y municipio. Para desde nuestra trinchera contribuir en un cambio como miembros de la sociedad y como comunicadores con el ejercicio libre y crítico de la expresión”, sostuvo el medio en un posicionamiento.
Condeno el acto en el que fue privado de la vida, la tarde de hoy, en Fresnillo, Juan Carlos Muñiz, trabajador del portal de noticias Testigo Minero y expresamos nuestra solidaridad a sus familiares, amigos y colegas.
— David Monreal Ávila (@DavidMonrealA) March 4, 2022
Juan Carlos Muñiz es el séptimo periodista asesinado en lo que va de 2022.
Desde este martes, personal de la IFT acompañados de la Guardia Nacional han cerrado tres estaciones de radio privadas, una en Chilapa, otra en Chilpancingo y otra más en la comunidad de El Ocotito
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Jesús Guerrero y Oscar Guerrero
23 de febrero el 2022
Chilpancingo
Personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) acompañados por elementos de la Guardia Nacional (GN) intentaron cerrar la Radio XEAUG de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), denunció el director de esta emisora universitaria, Víctor Wences Martínez.
El argumento: realizar una revisión de sus aparatos de transmisión.
«El personal de la SCT nos dijeron que venían a realizar una revisión del equipo pero nos pidieron que saliéramos del aire y eso no lo permitimos porque este es un espacio de la Universidad», informó Wences.
Dijo que incluso agentes de la Guardia Nacional llegaron hasta las escalinatas del edificio e intentaron ingresar a la cabina de transmisiones.
«Pero los trabajadores les pedimos a los de la Guardia Nacional que se retiraran y les dijimos que estaban violando la autonomía universitaria», narró sobre los hechos Wences Martínez.
A petición de los trabajadores unos agentes federales se salieron del edificio y sólo se colocaron en la puerta pero otros de esta misma corporación federal se subieron a las patrullas estacionadas sobre la avenida Benito Juárez, aquí en Chilpancingo.
El personal del IFT le informó al director de la radio que realizarían una revisión del equipo de transmisión y le entregaron una notificación.
«Aquí todo está en regla aunque los trámites para que nos den el permiso definitivo está en un 80 de avance», dijo el director de la emisora universitaria.
Durante la protesta, los trabajadores de XEUAG se colocaron frente a una de las patrullas de la Guardia Nacional exigiéndoles a los agentes su retiro inmediato.
Los elementos de la GN y funcionarios de la IFT, se retiraron de las instalaciones de la radio.
«Lo que querían hacer es cerrar la radio porque somos una voz crítica y además este es un espacio plural, de los universitarios y del pueblo», consideró el trabajador universitario y conductor de un noticiero de esta emisora, Sergio Ocampo Arista.
Desde este martes, personal de la IFT acompañados de la Guardia Nacional han cerrado tres estaciones de radio privadas, una en Chilapa, otra en Chilpancingo y otra más en la comunidad de El Ocotito.
Un reportero llamó a no hacer preguntas en la conferencia del presidente López Obrador en solidaridad con las protestas por los ataques a periodistas. Es la segunda iniciativa en menos de un mes para reclamar justicia en el marco de esa conferencia. La discusión, más que en los dichos del presidente y Carlos Loret, debe estar en lo que ocurre en las regiones locales, advierte la periodista Jade Ramírez
Texto y fotografía: Arturo Contreras Camero / Pie de Página
17 de febrero del 2022
Ciudad de México
El mensaje fue claro y contundente, pero la reacción del mismo gremio fue pobre. Durante la conferencia matutina de este miércoles, un reportero intentó hacer un llamado a la reflexión y a la protesta por las condiciones de seguridad para periodistas en el país. Aunque tal vez pidió demasiado a sus compañeros.
Desde antes de que iniciara la conferencia, el compañero, de quien reservamos el nombre, empezó a hablar con los reporteros que se reunían en los Patios Marianos, la zona donde los periodistas aguardan para entrar a la conferencia del presidente.
“Estamos planeando no hacerle preguntas al presidente en esta conferencia, en solidaridad a las protestas de los compañeros ayer en Cámara de Diputados”, comentaba a los que llegaban al patio.
“¿Y los demás están de acuerdo?”, era la pregunta obligada. El reportero respondió que ya había hablado con varios, pero no con los reporteros de canales informativos en redes sociales. Él se mostraba optimista, confiaba que los compañeros responderían a su llamado.
Inició la conferencia. El presidente anunció que sería más breve de lo normal. Como todos los miércoles, Elizabeth García Vilchis hizo observaciones sobre lo que ella califica como mentiras de la prensa. Inmediatamente después arrancó la sesión de preguntas.
La esperanza de que nadie, ningún reportero, levantara la mano para reclamar la palabra, se rompió casi de inmediato. Una mano al aire, dos, tres… todos los reporteros querían participar. Colocar una pregunta en los oídos del presidente es como el fin último de asistir a la conferencia. Las primeras preguntas las formuló Nancy Flores, de la revista Contralínea.
Después tocó el turno al reportero de la protesta. Tomó el micrófono. “Con todo respeto, decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer, queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante; si no, también están en su derecho”, dijo de cara al presidente, sin mencionar su nombre ni el medio al que representa.
“Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo (de protección a periodistas). Por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo, que usted dijo que Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos) estaría presente”.
La respuesta del presidente fue corta: “Yo estoy de acuerdo con lo que planteas de que hay que manifestarse y nuestro respeto, además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, y lo vamos a seguir haciendo. Nada más lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie, o sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos”.
Después, López Obrador siguió hablando. Cuando terminó, ningún periodista se detuvo.Todos volvieron a alzar la mano para tomar la palabra, para ver si, de casualidad, el presidente tomaba otra pregunta. No hubo más; no por la protesta, sino porque al presidente se le hacía tarde para terminar la conferencia; López Obrador dio la vuelta y dejó el salón.
La protesta imposible
Esta no es la primera vez que un reportero o un grupo de reporteros busca alzar la voz ante el sentimiento de vulnerabilidad que deja el asesinato de un colega. Sin embargo, hacerlo en el que se ha convertido en uno de los escenarios informativos más importantes del país, la conferencia del presidente, parece rayar en la osadía.
Tres días después del 23 de enero, cuando asesinaron a la periodista tijuanense Lourdes Maldonado, el gremio estaba indignado, pero pobremente organizado. Así como hoy un reportero buscó a organizar a los asistentes, a los pocos días del asesinato de Lourdes, otro grupo de reporteros, principalmente fotógrafos, buscaron organizar una acción de protesta al interior de la conferencia.
El resultado no fue muy distinto al de este miércoles. Después de muchas pláticas, propuestas y chats de whatsapp, ninguna acción se llevó a cabo. Acaso uno de los principales frenos es la responsabilidad de representar a un medio. En esa ocasión, la solicitud de anonimidad y el miedo a las represalias al interior de las empresas, o desde la organización de la conferencia, neutralizaron las ideas de una protesta simbólica.
Ese mismo freno se hizo presente este miércoles 16 de febrero. Después de terminada la conferencia, una vez que había salido el presidente del salón de la conferencia, otro compañero se levantó. Se dirigió al compañero de la iniciativa de no formular preguntas. Le compartió un par de palabras al oído y ambos asintieron. Tras ello volteó hacia los presentes y pidió un minuto de silencio en honor a los colegas asesinados.
Al principio ninguno de los reporteros y camarógrafos supimos cómo reaccionar. Todos nos mirábamos unos a otros mientras, sin pensarlo, se formaba un círculo lleno de cámaras de televisión y celulares. Así, sin saber quién era la noticia y quiénes los reporteros, viéndonos unos a otros y apuntándonos con cámaras desde todos los ángulos y en todas direcciones para no dejar de reportar la noticia, pasamos un minuto en silencio, custodiados por la politización y lo que parece más una falta de empatía. Extraviados.
«El foco tiene que estar en lo que pasa en las regiones»
Jade Ramírez Cuevas, integrante del Consejo Directivo de la red de Periodistas de a Pie, asegura que centrar el discurso en los dichos del presidente desvía la conversación de lo que realmente está poniendo en riesgo a los periodistas. El foco, dice, tiene que estar en lo que está pasando en las regiones. La conversación no tendría que ser sobre Carlos Loret, sino sobre “la entrevista con el gobernador de Oaxaca, con el presidente municipal de Salina Cruz, que nos expliquen por qué hay un hermano del agente municipal involucrado, quiénes son las mafias que están operando ahí”, destaca.
La periodista recuerda que las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad vienen desde otros sexenios. Lo que realmente pone en fragilidad a los perdiodistas, señala, es que el entramado político de justicia y derechos humanos no está haciendo lo que les toca, incluidas las fiscalías y las comisiones de derechos humanos.
“Que se particularice esta conversación en Carlos Loret, del cual se ha probado que cae en prácticas cero éticas, muestra que sí hay una desconexión de lo que está pasando en la realidad. Lo que tendría que preocuparnos es dónde, en lo cotidiano, en lo cortito, en lo local, en las regiones, se compromete la seguridad de los periodistas. Lo acabamos de ver con el caso de Heber López: es desde la presidencia municipal. Esa es la fragilidad de la que tendríamos que estar hablando en México, no de lo que diga el presidente todos los días, porque eso deslava la conversación, la desvía y queda en una conversación de cúpula, de la Ciudad de México. Para el análisis serio donde quedan comprometidas las vidas de periodistas, no aporta mucho».
Jade Ramírez.
Así, tendríamos que estar hablando en la sobremesa no de Carlos Loret sino de cómo apoyar al periodismo independiente.
«Setenta u 80 por ciento de los asesinatos se dan en el contexto de Heber: periodismo hiperlocal, temas coyunturales en las regiones, mafias en las regiones y narcopolítica. No hay mucho para donde irnos».
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Del 2000 a la fecha, en Guerrero 15 periodistas han sido asesinados. Ocho durante los seis años de gobierno del priísta Héctor Astudillo y uno en estos casi tres meses en lo que va la administración estatal que encabeza la gobernadora morenista, Evelyn Salgado Pineda
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
14 de febrero del 2022
Chilpancingo
En rechazo a las agresiones y asesinatos que se han cometido contra periodistas en Guerrero y en el país, reporteros de esta ciudad protestaron afuera de las instalaciones de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR).
La reportera de El Sur, Lourdes Chávez quien leyó un pronunciamiento, dijo que el gremio periodístico atraviesa por la crisis más violenta en el país desde el 2017 cuando aún gobernaba el régimen neoliberal, parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura al inicio de su gobierno en 2018, esta época había terminado.
En los primeros 42 días de este 2022, cinco periodistas han sido asesinados. José Luis Gamboa, en Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Baja California Norte, así como Roberto Toledo, en Michoacán y apenas el pasado 10 de febrero, Heber López Vázquez.
Indicó que de acuerdo con cifras de la organización Artículo 19, del 2000 a la fecha, suman 150 periodistas asesinados en México, posiblemente relacionados con su labor; 138 eran hombres 12 mujeres.
De estos crímenes, 47 se registraron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y en lo que va del actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, van 30. Del 2000 a la fecha, en Guerrero 15 periodistas han sido asesinados.
Ocho durante los seis años de gobierno del priísta Héctor Astudillo y uno en estos casi tres meses en lo que va la administración estatal que encabeza la gobernadora morenista, Evelyn Salgado Pineda.
Durante la protesta, los trabajadores de los medios colocaron en varias sillas las fotografías de los cinco periodistas asesinados en los últimos 42 días de este año.
También pintarrajearon de color rojo las rejas del acceso principal de la delegación estatal de la FGR. Justicia, era la consigna.
Lourdes Chávez dijo que en todo el territorio del país se han registrado atentados, desapariciones, hostigamientos, amenazas, campañas de desprestigio y otros ataques contra la prensa.
Desde el 2003, 23 periodistas han desaparecido; tan sólo en el primer semestre del 2021, en México se agredió a un periodista cad 12 horas, de acuerdo a datos de Artículo 19.
«Dichas agresiones son perpetradas principalmente por los gobiernos coludidos con el crimen organizado, en un claro esfuerzo por callar las voces de quienes nos dedicamos a la labor informativa, cuestionando y contrastando datos, con el único fin de contribuir a que la sociedad forje su criterio propio», dijo la reportera de El Sur.
Chávez también expuso las otras formas de violencia que sufren los periodistas como es la negación de sus derechos laborales.
«Las y los trabajadores de los medios laboramos durante largas jornadas con salarios miserables, sufrimos acoso laboral y sexual, tememos por nuestra seguridad y aún así no tenemos garantizada una vejez digna, en caso de que lleguemos a la vejez», expresó.
Planteó el cese de la violencia hacia la prensa, misma que el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros gobernantes en el país promueven a través de su discurso de odio hacia los medios y sus trabajadores .
«No somos enemigos del Estado y exigimos garantía para ejercer nuestra labor sin temer por nuestras vidas», afirmó la reportera durante el mitin.
Exigió que los asesinatos de las y los periodistas no queden impunes y que su labor periodística sea considerada dentro de las líneas de investigación.
«Queremos justicia real, basta de simulación en la investigación que supuestamente realizan las autoridades», dijo la reportera que leyó el posicionamiento.
Por su parte, el reportero Sergio Ocampo Arista, corresponsal de La Jornada, denunció que los gobiernos federal y estatal siguen sin garantizar el regreso de un grupo de periodistas de Iguala, Taxco y Zihuatanejo que siguen desplazados debido a las amenazas que han recibido de la delincuencia que esta coludida con las autoridades.
Ocampo quien es integrante de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) señaló que existen zonas silenciadas de esta entidad en donde los reporteros no pueden realizar coberturas informativas por la presencia del crimen organizado.
En mayo del 2018, Sergio y una decena de periodistas fueron retenidos más de media hora por miembros de un grupo de sujetos armados en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en las inmediaciones de la localidad de Acapetlahuaya, en Tierra Caliente.
«Lo que estamos exigiendo es de que el gobierno nos garantice nuestro derecho a la libertad de prensa y que paren las agresiones y asesinatos», pidió.
Luis Blancas, dirigente de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), denunció que hasta ahora los crímenes contra los periodistas han quedado en la impunidad.
Fotografía: Oscar Guerrero, Vania Pigeonutt y Yaretzi Pigeonutt
25 de enero del 2022
Ciudad de México y Chilpancingo
Al final de la protesta frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) los colegas proyectaron en la pared principal de la dependencia: “No se mata la verdad matando periodistas”.
Velas y altares en forma de fotos en tendederos con rostros de las y los periodistas asesinados en México relucieron en la protesta nacional de periodistas en la capital del país, que de acuerdo a la organización Artículo 19 suma 148 comunicadores asesinados del año 2000 a la fecha; con Andrés Manuel López Obrador van 28 periodistas asesinados.
En enero han sido asesinados tres periodistas: José Luis Gamboa apuñalado el 10 de enero en Veracruz; Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana a balazos. Ella estaba en el mecanismo estatal de protección a periodistas.
La movilización se llevó a cabo en 65 ciudades de estados como Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, hasta Chiapas y otros estados. Fueron 30 estados los que alzaron la voz contra la injusticia gremial y las agresiones contra los periodistas.
La organización de más de 300 periodistas se dio desde WhatsApp. Periodistas como Alejandro Castro, de Yucatán, organizaron un chat en el que colaboraron con ideas, organización y articulación periodistas de todos los estados. “Es algo emotivo, pero a la vez nos hace ver nuestra propia vulnerabilidad”, dice Castro.
En las participaciones en Segob, los periodistas frente al memorial-tendedero de las fotografías de Gregorio Jiménez, Francisco Pacheco, Regina Martínez, Javier Valdéz, Miroslava Breach, entre otros periodistas cuyas imágenes fueron proyectadas en la pared de la dependencia federal, leyeron un pronunciamiento en el que mencionaron las condiciones precarias en las que hacen su labor, además de ser México uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión.
“Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad, matar a un periodista en México, es como matar a nadie: lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías en los estados y la federal para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento”.
En el territorio mexicano, la violencia de Estado que incluye la presencia del crimen organizado coludido con los gobiernos de los diferentes niveles ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer nuestra labor. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades, detallaron.
En un país feminicida como México, donde asesinan a 11 mujeres cada día, el asesinato de una mujer periodista debe interpelarnos y mortificarnos también a nivel social pues toca las fibras más sensibles de un lugar donde se ha roto el tejido social.
Durante el 2021, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) documentó que cada 38 horas una mujer periodista o comunicadora es sujeta de algún tipo de violencia por su labor de comunicar.
Los periodistas también pidieron justicia y que funcione realmente el Mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Aunque la protesta se prolongó hasta casi las 10 de la noche, no salió ninguna autoridad a atender a los periodistas.
En Guerrero
Para exigir el esclarecimiento de los tres periodistas asesinados en este mes de enero, dos en Tijuana, Baja California y uno en Veracruz, reporteros de Guerrero protestaron en Acapulco, Atoyac y Chilpancingo.
Aquí en Chilpancingo, los trabajadores de los medios realizaron un mitin afuera de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) y prendieron veladoras en señal de luto.
La periodista Alina Fernández, dijo que ya no se debe de permitir ni un asesinato más contra los trabajadores de los medios de comunicación.
Dijo que en este mes de enero han sido asesinados tres periodistas; Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana, Baja California y José Luis Gamboa, éste último en Veracruz.
Señaló que actualmente los periodistas enfrentan dos graves riesgos: trabajar en zonas silenciadas por la delincuencia y por asedio del gobierno.
«Tanto el gobierno como la delincuencia tienen vínculos», aseveró.
En Acapulco, los reporteros se manifestaron en el Asta Bandera que está en la avenida Miguel Alemán.
También en Atoyac de Álvarez, hubo protestas de reporteros.
En las movilizaciones, los reporteros denunciaron que en las ciudades de Iguala y Taxco de Alarcón, hay periodistas desplazados por las amenazas que han recibido por la delincuencia.
Personas de la sociedad civil, organizaciones sociales, como el sindicato de telefonistas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan apoyaron las protestas. Estas terminaron con flores, cámaras en forma de altar en la calle y exigencias de justicia en múltiples cartulinas y mantas que exigieron alto al fuego.
La iniciativa: “¡Justicia para periodistas asesinados!” que fue subida al portal Change.org tiene un gran respaldo social con más de 47 mil firmas. Aún puedes apoyar acá: Change.org/periodismoenriesgo
Los periodistas protestaron en las siguientes ciudades:
