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El aumento de la violencia contra la prensa en el último trienio está directamente vinculado a las omisiones de las autoridades, a lo que se suma la denostación de la labor periodística desde la presidencia.

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Texto: Dalila Sarabia / Animal Político

Fotografía:

6 de abril de 2022

 

Si se compara el número de agresiones documentadas contra la prensa en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto con lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador, estas han incrementado en 85%. Tan solo en 2021, Artículo 19 documentó 644 ataques contra periodistas, es decir, uno cada 14 horas.

“No nacimos hace tres años. Precisamente por eso, sabemos, a pesar de la negación, que hoy el ejercicio de la libertad de expresión no tiene mejores condiciones que antes del 2018”, afirma la organización en su informe anual 2021 titulado Negación.

“La continua violencia contra la prensa es el resultado de gobiernos ausentes, tanto el actual como los pasados, que han sido incapaces de impedir la violencia, de garantizar medidas de no repetición, de investigar los crímenes contra la libertad de expresión y de reparar el daño, y que, por el contrario, agreden directamente a los medios mediante el estigma, la violencia física y el acoso, entre otros agravios”, subrayan.

De acuerdo con el informe, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 1,945 ataques contra la prensa, entre ellos, el asesinato de 33 periodistas (hasta marzo de 2022) y la desaparición de dos más. Si estos datos se contrastan con los registrados por Artículo 19 durante los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando se documentaron 1,053 agresiones, entre ellos, el asesinato de 16 comunicadores, se advierte un incremento del 85%.

El aumento de la violencia en el último trienio, detalla la organización, está directamente vinculado a las omisiones de las autoridades. “Por un lado, no rechazan la violencia contra la prensa y, por el otro, utilizan el poder público para agredir y censurar”, puntualizan.

Durante 2021 las agresiones más comunes contra la prensa fueron: la intimidación, con 199 casos (30.95%); las amenazas, con 96 ocasiones (14.91%), y el uso ilegítimo del poder público, que ocurrió 64 veces (9.94%). En conjunto, estos tres tipos de ataques representan el 55.8% del total.

Sobre el uso ilegítimo del poder público a través de hostigamientos judiciales, para lo que se puede recurrir a la normativa electoral, civil o penal, es importante señalar que año con año esta forma de violencia contra los periodistas ha tenido un incremento inquietante.

En 2015, por ejemplo, Artículo 19 documentó solo un caso de hostigamiento judicial y un año después se documentaron 13. Para 2019, ya eran 21 casos y en 2020 escalaron a 39 casos.

“En 2021 se documentaron 40, de los cuales 18 fueron demandas en materia electoral, ocho penales, ocho administrativas y seis civiles. Dicho de otra forma, en 2021, se demandó, en promedio, a tres periodistas o medios cada mes por ejercer el derecho a informar”, revela el informe anual.

El presidente López Obrador, continúa el documento, utiliza su conferencia matutina para estigmatizar la labor periodística, lo que ha abonado a que miles de periodistas deban ejercer su labor en un contexto hostil. Incluso, revela Artículo 19, en 2021 –por primera vez– se registraron ataques contra la prensa en las 32 entidades del país. Ningún estado es ajeno a esta situación.

La Ciudad de México con 100 ataques (15.53%); Guerrero con 52 (8.07%); Puebla con 46 (7.14%); Baja California con 44 (6.83%), y Yucatán con 39 (6.06%), son las entidades en donde más agresiones se registraron. En conjunto, estas entidades concentran el 43.63% de los atentados contra la prensa.

El informe detalla, por ejemplo, que en la CDMX los periodistas que más violencia padecen son quienes cubren las acciones de personas funcionarias públicas, sus procesos de transparencia o de corrupción. “Con 33 ataques perpetrados por personas funcionarias civiles y por fuerzas de seguridad civiles, es también la entidad con más agresiones realizadas por autoridades locales”, exponen.

En tanto, en Guerrero –segunda entidad con mayor número de ataques contra la prensa–, el 19.23% de las agresiones fueron cometidas por integrantes del crimen organizado, mientras que 38.46% fueron perpetradas por personas servidoras públicas, lo cual refleja la colusión y las pugnas por el poder en la entidad “que tienen larga data en el marco de una historia cargada de cacicazgos, intervenciones militares, represión y pobreza”.

El comunicador independiente, Bernandino Hernández, lo ha vivido desde 2019 al ser víctima de múltiples agresiones por su ejercicio profesional cubriendo la inseguridad que se vive en Acapulco y en municipios aledaños. De acuerdo con su testimonio, contenido en el informe de Artículo 19, cuando acudió a la policía a reportar homicidios, la respuesta que recibió fue que dejara de hacerlo o que “se atuviera a las consecuencias”.

En 2021 de nueva cuenta fue víctima de agresiones, en esta ocasión, por parte de integrantes de la delincuencia organizada quienes lo forzaron a publicar información sobre las actividades que llevaba a cabo el grupo delincuencial. Denunciar los hechos representó ser víctima de más agresiones.

“Oficiales de la policía me dicen: ‘atente a las consecuencias de lo que estás diciendo’. En los mismos Ministerios Públicos donde hace uno la denuncia, deja su número y tiempo después nos llegan mensajes y amenazas a nuestros teléfonos”, señala Hernández.

Realidades que se niegan

En los últimos años, desde el poder presidencial se ha privilegiado un discurso en contra de la labor periodística en México. Cuando se confronta este actuar con datos, la respuesta del ejecutivo es negar la realidad y estigmatizar.

Esto se hace particularmente en las conferencias matutinas que encabeza a diario el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se han convertido en el espacio perfecto para la concentración de la comunicación social, la desinformación oficial y clausura de los mecanismos formales de acceso a la información pública. “Vemos a un Estado muy presente para ejercer la violencia y ausente para lograr la prevención, la protección, la justicia y la reparación anheladas”.

De enero a diciembre de 2021, Artículo 19 registró que por lo menos en 71 ocasiones durante las conferencias matutinas del presidente, el propio López Obrador –u otros integrantes del gabinete– denostaron a la prensa en general y su labor con afirmaciones como “son amarillistas”, “están en contra del gobierno”, “son parte de la mafia del poder”, entre otras.

Se trata de un discurso que ha tenido un efecto cascada en al menos 46 casos en los que tanto actores privados como públicos utilizaron el mismo discurso de la mañanera – como “fifís”, “chayoteros”, “vendidos”– en eventos públicos dentro y fuera de la capital del país. De ellos, 27 tuvieron lugar en Baja California, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz y Chihuahua, reveló la organización.

“De este modo, las conferencias de prensa –principal modelo de comunicación social de esta administración– se han consolidado como un mecanismo de difusión de información engañosa, difícilmente verificable o, a veces, simplemente errónea”, advierte Artículo 19.

De hecho,para contrarrestar la crítica y deslegitimar a la prensa, desde el 30 de junio de 2021 el ejecutivo federal institucionalizó la sección semanal “Quién es quién en las mentiras”, espacio encabezado por Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia.

Esta sesión se inauguró para “corregir” la presunta tergiversación dolosa de medios de comunicación respecto al actuar del gobierno federal; sin embargo, se trata de un espacio en el que se comparte información falsa o engañosa.

En este contexto, y de forma paralela, los ciudadanos, haciendo uso de su derecho a la información pública, se han topado con pared. Información inexistente, declaraciones de incompetencia o la clasificación y reserva de esta se ha convertido en la constante.

“Al inicio de este sexenio se observó un uso combinado de declaratorias de inexistencia y de notoria incompetencia. Sin embargo, en 2020 y 2021 se consolidó la tendencia a privilegiar esta última como principal mecanismo para negar información. El Sistema Nacional de Transparencia permite ver que en la administración pública centralizada hay un incremento de las declaratorias de notoria incompetencia a nivel nacional, la cantidad más alta desde que se tienen datos”, alertó Artículo 19.

De hecho, solo entre mayo y noviembre de 2021 se presentaron 602 denuncias administrativas por incumplimiento a resoluciones del pleno del INAI ante órganos internos de control de instituciones federales.

“Se trata de una administración pública que se niega a ofrecer datos abiertos para no verse sometida a ningún tipo de crítica y escrutinio públicos”, subraya la organización.

Discrecionalidad del gasto en publicidad

En un contexto en el que la polarización y la construcción de verdades “legítimas” e “ilegitimas” es la constante, conocer qué uso se le da a la publicidad oficial resulta de suma importancia, pues aunque es cierto que durante 2021 se mantuvo la tendencia a la baja en este gasto con respecto a administraciones pasadas e incluso al 2020, los procesos a través los cuales se decide la entrega siguen siendo discrecionales.

De acuerdo con cifras preliminares de la pagina de Comunicación Social a nivel federal se ejercieron mil 326 millones 202 mil 915 pesos, es decir, 922 millones menos de lo ejercido en 2020; sin embargo, expone Artículo 19, la concentración del gasto en ciertos medios, la acumulación de su ejercicio al final del año o “gasto decembrino” y los montos privilegiados para algunas instituciones, genera una relación igualmente perversa que el gasto exacerbado.

Durante 2021, la concentración de los recursos se centra en un grupo privilegiado de medios de comunicación y por vez primera, el periódico La Jornada ocupa el primer puesto con poco más de 181 millones de pesos, seguida de Televisa y Televisión Azteca. Estos tres medios representan 33% de la totalidad de los recursos recibidos.

Es importante mencionar que, de acuerdo con la revisión hecha por Artículo 19, del total de los recursos ejercidos en publicidad oficial, casi el 60% se ejerció en el mes de diciembre.

“Es preciso mencionar que en la administración actual ha cambiado el mecanismo de control de los flujos de información con respecto a gobiernos anteriores. En el pasado, el dominio de las líneas editoriales era posible a través de un gasto excesivo en publicidad oficial, lo que generó un panorama de dependencia financiera desde el momento en que podía ser retirada arbitrariamente.

“En la administración actual, en cambio, existe un mecanismo que denominamos de ‘asignación positiva’. En este nuevo modelo hay una reducción excesiva del presupuesto, en el marco de que más bien se premia la alineación con los discursos oficiales. Ejemplo de ello ha sido el evidente discurso oficialista del periódico La Jornada y el hecho de que en los últimos tres años haya estado entre los tres medios que más recursos reciben”, agrega la organización en su informe.