Los dos policías relacionados con la muerte de Yanqui Kothan fueron puestos a disposición de la FGR

Texto y foto: Marlén Castro

Miércoles 13 de marzo del 2024

Chilpancingo

Seis días después del asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, dos de los tres policías implicados en su asesinato fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), este miércoles, alrededor de las siete y media de la noche.
El asesinato ocurrió la noche del jueves 7 de marzo, a las 8:20 de la noche, a la salida oriente de Chilpancingo.

El Centro de Derechos de Personas Victimas de la Violencia Minerva Bello, que acompaña a la madre de Yanqui Kothan en su exigencia de justicia, fue la primera instancia que dio a conocer la puesta a disposición de los dos elementos de la Policía Estatal.

Francisco N y Sigifredo N, los dos elementos de la Policía Estatal que ya están en manos de la FGR, son integrantes del Grupo de Reacción Inmediata Centauro, lo mismo que David N, el policía señalado como el asesino material de Yanqui Kothan, quien continúa prófugo de la justicia, de acuerdo con la información del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las conferencias matutinas.

El grupo de reacción inmediata llamada Centauros, al que pertenecen los tres policías implicados en los hechos, son expertos en el manejo de motocicletas y se especializan en persecuciones realizadas en zonas urbanas de difícil acceso.

Estudiantes normalistas protestaron esta mañana en el lugar donde fue asesinado su compañero Yanqui Kothan; al fondo se observa la tienda a la que un estudiante bajó del carro a comprar un cigarro, cuando los policías los atacaron.

Casi al mismo tiempo que se confirmó la puesta a disposición de los dos policías estatales, surgió el rumor de que al policía fugado lo hallaron muerto, pero no lo confirmaron o desmintieron.

De acuerdo con el boletín de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que emitió ayer martes 12 de marzo, los dos policías estatales permanecieron concentrados voluntariamente en instalaciones de la dependencia.

Sobre el tercer elemento, la SSP aseguró que estaba en proceso de localización “por no tener una situación jurídica dictada por la autoridad correspondiente”, refiriéndose a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aunque, aseguró la dependencia, que los tres elementos involucrados “rindieron su declaración ministerial de manera voluntaria ante el Ministerio Público de la agencia especializada de delitos graves de la FGE el día 8 de marzo a las 7:30 horas”.

Esta cruz fue hecha en el lugar en el que falleció Yanqui Kothan, a la salida oriente de Chilpancingo.

En su comunicado reprochó a la FGE que no estableció el mecanismo legal para mantenerlos bajo su resguardo por un espacio de 48 horas y hasta solicitar una ampliación del término legal.

La FGE, por su parte, aseguró en un comunicado que ninguna autoridad los había puesto a su disposición a los elementos implicados en el asesinato del normalista.

Esta mañana, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, declaró en una entrevista de radio que las autoridades buscaban a David N y esperaban que hubiera resultados positivos.

Asesinan a tres mandos policiacos en Guerrero en menos de una semana

Estos tres mandos son de nivel federal, estatal y municipal


Texto: Marlén Castro

Fotografía: Oscar Guerrero

12 de septiembre sel 2023

Chilpancingo

En menos de ocho días, tres mandos policíacos de alto rango fueron asesinados en diferentes puntos del estado de Guerrero.

Este martes 12 de septiembre, un grupo de hombres armados asesinó al delegado en Guerrero de la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando García Fernández. Apenas cuatro días antes fue asesinado el teniente militar Víctor Manuel Salas Cuadras, el mismo día que asumió el cargo como fiscal regional de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tierra Caliente.

El otro hecho violento contra un mando policiaco ocurrió el pasado martes 5 de septiembre en el municipio de Juan R Escudero, en donde fue asesinado el director de la Policía Municipal, Juan Carlos Vitrago Flores, y tres policías más que lo acompañaban.

Es así como en Guerrero, inmerso en campañas políticas por las próximas elecciones de junio de 2024, asesinaron a estos tres mandos policiacos pertenecientes a los tres niveles de gobierno: un mando federal, uno estatal y otro más municipal.

El mando municipal

Juan Carlos Vitrago Flores, director de la policía municipal de Tierra Colorada, fue asesinado en la calle principal de Tierra Colorada, la cabecera de este municipio de la zona Centro.

Los reportes oficiales dieron a conocer que el jefe de la policía Juan Carlos Vitrago y varios de sus elementos patrullaban la calle principal de Tierra Colorada cuando se encontraron de frente a individuos armados a bordo de un vehículo, quienes les dispararon.

Juan Carlos Vitrago, de 42 años, fue escolta del ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores, había cumplido cuatro meses de haber asumido este cargo.

El pasado 24 de junio de este año, el escolta de la alcaldesa de este municipio de Juan R Escudero, Diana Carolina Costilla Villanueva, fue asesinado a balazos por dos hombres armados cuando ingresaba a una tienda de conveniencia en Tierra Colorada.

La edil priista Diana Carolina Costilla confesó que su escolta era su primo.

El municipio de Juan R Escudero forma parte de un corredor de poblaciones disputadas por dos grupos del crimen organizado: Los Ardillos y Los Tlacos.

El asesinato del mando estatal

Víctor Manuel Salas Cuadras, recién nombrado fiscal regional en Tierra Caliente, fue asesinado a balazos la noche del sábado 9 de septiembre, en la comunidad de Jaripo, municipio de Coyuca de Catalán, después de que fue privado de su libertad por hombres armados que, al parecer, pertenecen a la organización criminal de la Familia Michoacana.

Versiones oficiales informaron que el funcionario viajaba en su camioneta Ford Blanca, en las calles de Coyuca de Catalán, cuando fue interceptado por un grupo de hombres armados.

Hay una versión de que estas personas ahí mismo lo asesinaron, porque el vehículo del funcionario público tenía varios impactos de bala, y que después se llevaron el cadáver para abandonarlo en Jaripo.

Salas Cuadras llegó el mismo día de su asesinato a la Fiscalía Regional de Tierra Caliente, con sede en Coyuca de Catalán, luego de que le notificaron un día antes, el viernes 8 de septiembre, que dejaría la Fiscalía Regional en Tlapa, donde ocupó este mismo cargo desde mayo.

Versiones oficiales dieron a conocer que el fiscal regional asesinado participó en las investigaciones judiciales de los 13 vehículos, varios de ellos de procedencia extranjera, que la FGE aseguró en una bodega ubicada en Ciudad Altamirano y que pertenecían a familiares de líderes de la Familia Michoacana en Tierra Caliente.

Los 13 vehículos, entre ellos un automóvil Lamborghini y una camioneta Hummer, fueron trasladados a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo y aún no son reclamados por sus dueños.

El aseguramiento de estas unidades provocó que ocho alcaldes, dos diputados y una diputada locales del PRI, PRD y Morena de esa región de Tierra Caliente dirigieran el cierre de las vías de comunicación de esa zona para exigir la salida de la fiscal General, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, lo que dejó en evidencia los intereses que cuidan estos funcionarios públicos.

La Tierra Caliente y una parte de la zona Norte es disputada, de acuerdo con las autoridades, por los grupos del crimen organizados denominados La Familia Michoacana, El Cartel Jalisco Nueva Generación y también por Los Tlacos.

El asesinato del mando federal

Esta mañana del martes 12 de septiembre, fue asesinado el delegado en Guerrero de la FGR, Fernando García Fernández, cuando bajaba solo en su vehículo por la avenida principal del fraccionamiento Cipatli, al sur de Chilpancingo, en donde vivía.

Las evidencias muestran que intentó defenderse, no murió de forma instantánea, alcanzaron a llegar paramédicos de la Cruz Roja a brindarle auxilio y familiares, quienes se mantuvieron a su lado. Pero instantes después, murió.

En la zona donde fue asesinado el funcionario, los vecinos desconocían que García Fernández era un mando policiaco de alto nivel. Contaron que lo conocían porque sacaba a pasear a su perrito, siempre iba solo.

Es costumbre en esta ciudad ver patrullas de soldados, de policía estatal o de municipales vigilando domicilios particulares y con ello se sabe que en ese lugar habita un mando policiaco, pero en el caso de García Fernández no era así.

Salía solo en su vehículo personal, como esta mañana cuando lo interceptaron hombres armados y lo asesinaron.

Asesinan a jefe policiaco en Acapulco

En septiembre del 2021, Buenfil denunció al entonces secretario de Seguridad Pública de Acapulco de tener nexos con el crimen organizado


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía:  Especial

Chilpancingo

 

Hombres armados asesinaron a balazos al jefe operativo de la policía auxiliar de Acapulco, Samuel Buenfil Espinoza, alrededor de las 11 de la mañana de este martes, a una cuadra de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicadas en la colonia Progreso de este puerto.

El jefe policiaco caminaba por la calle Sonora y se dirigía a las instalaciones de la SPP cuando individuos que viajaban en una motocicleta le dispararon.

Buenfil Espinoza quedó tirado en la banqueta.

Tras el ataque contra el jefe policiaco, elementos de la policía estatal, policía municipal, Ejército y Guardia Nacional desplegaron una operación en las calles de esta colonia, donde están las instalaciones regionales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el inicio del gobierno de Abelina López Rodríguez, el 30 de septiembre del 2021, Buenfil Espinoza fue designado como director de la Policía Municipal pero fue removido de ese cargo por el entonces secretario de Seguridad, Maximiliano Serrano Pérez.

Buenfil acudió ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) para denunciar a Serrano Pérez de tener pactos con el crimen organizado.

En su queja, Buenfil Espinoza aseguró que integrantes del crimen organizado operaban como jefes operativos en la corporación policiaca.

Mencionó que fue destituido por Serrano Pérez luego de que se negó a recibir 50 mil pesos de una persona a cambio de que hiciera nombramientos de comandantes.

Después de su denuncia ante la CEDHEG, Buenfil Espinoza fue designado como director de la policía auxiliar.

En julio del 2022, Serrano Pérez fue destituido como secretario de Seguridad Pública de Acapulco.

 

Matan a taxista hieren a dos más en este puerto

 

Durante la madrugada de este martes, un taxista fue asesinado a balazos y otros dos más resultaron heridos en diferentes hechos registrados en Acapulco.

Un taxista atacado a tiros cuando conducía su unidad en el fraccionamiento de Costa Azul, resultó herido y poco después falleció cuando era atendido en un hospital.


Enero: despojan de su camioneta a diputada de Morena y balean casa de ex líder criminal

En ambos hechos, tanto Araceli Ocampo y su asistente están bien de salud, como la familia del ex líder de “Los Rojos”, Zenén Nava


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo 

19 de enero del 2022

Chilpancingo

 

Hombres armados despojaron de su vehículo a la diputada federal de Morena Araceli Ocampo Manzanarez a quien junto con su asistente los dejaron abandonados en la carretera federal Chilpancingo-Iguala a la altura de la comunidad de Mezcala, en el municipio de Zumpango de Neri.

En un comunicado que dio a conocer la Guardia Nacional, se señala que después de que se dio el reporte de la desaparición de la legisladora y su asistente el lunes, se puso en marcha un operativo logrando ubicar a los dos en la misma vía del kilómetro 205+5.

En el boletín, precisan que tanto la diputada como su asistente quienes se trasladaban de Chilpancingo a Iguala se encuentran en buen estado de salud.

Los agentes de la Guardia Nacional acompañaron a la diputada federal por el distrito 02 de Iguala a Chilpancingo para interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Mediante su cuenta de Twitter Araceli Ocampo dijo que ya que estaba con bien y acompañada de su familia.

 

Atacan a balazos vivienda de Zenén Nava, ex líder de los Rojos

En otro hecho más de violencia que se registró ayer martes en la noche, un grupo de armados atacaron a balazos la fachada de la vivienda del ex líder del grupo criminal «Los Rojos», Zenén Nava, en Chilapa de Álvarez.

Durante el momento en que ocurrió el ataque varios familiares del ex dirigente de esta organización, estaban dentro de la casa, entre ellos su papá quien sufrió una intoxicación por el humo.

La casa de Zenén Nava Sánchez, alías «El Chaparro» y que está preso en el penal de Acapulco, está ubicada entre las calles 8 Sur y 7 Oriente, de la colonia San José.

Según la Fiscalía General del Estado, en el lugar de los hechos fueron hallados 50 casquillos percutidos de los calibres A-R-15 y AK-47.

Desde hace más de diez años, antes de que llegara a Chilapa el grupo delictivo «Los Ardillos», eran los «Rojos» dirigidos por Zenén Nava Sánchez los que tenían bajo control esta demarcación, según autoridades federales y estatales.

En el 2019 con la detención de Zenén Nava, la fuerza criminal de «Los Rojos», disminuyó.

Guerrero, Veracruz y Zacatecas, las policías más letales: más de 250 muertos en presuntos enfrentamientos

En cuatro años, los estados con menores tasas de civiles muertos en presuntos enfrentamientos con policías son Aguascalientes y Chiapas.


Texto: Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

10 de enero de 2022

 

El sábado 19 de abril de 2020, policías estatales de Guerrero abatieron a cuatro presuntos sicarios en el poblado de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo. Entre ese día y el domingo se registraron en la zona 13 muertes violentas y dos detenciones tras enfrentamientos entre supuestos grupos criminales y las autoridades, pero la corporación solo se atribuyó el fallecimiento de cuatro personas.

Este fue uno de los 157 choques armados que la policía de Guerrero registró entre 2018 y 2021, uno cada diez días. En ellos murieron 94 supuestos atacantes y 19 uniformados. Esto convierte a Guerrero en uno de los cuerpos más letales de las corporaciones estatales: cada dos semanas desde hace cuatro años, un presunto civil armado perdió la vida en confrontación con los agentes.

Los otros dos estados con mayores índices de muertos en choques entre policías y civiles son Veracruz y Zacatecas. El primero registró 112 muertos desde 2018, pero con 338 enfrentamientos en los que fallecieron 16 uniformados. Es decir, que sus agentes se enfrentaron a presuntos delincuentes una vez cada tres días y provocaron una baja cada nueve. Córdoba aparece como el principal foco rojo del estado, con 18 enfrentamientos en tres años y con sucesos luctuosos como los incidentes de febrero de 2020, cuando sujetos armados atacaron una comisaría y a diversas dotaciones: murieron dos estatales, dos municipales y tres de los presuntos atacantes. Veracruz es el estado en el que mayor número de choques armados se registró entre supuestos integrantes del crimen organizado y policías.

Zacatecas tiene cifras relativamente bajas aunque también significativas. En los últimos tres años se han registrado 140 enfrentamientos en los que murieron 66 presuntos atacantes y 36 policías. Es decir, que se registraron choques armados cada ocho días y cada 16 murió un atacante. Aquí, por el contrario, el número de uniformados muertos por balas atacantes se dispara: cada mes un funcionario estatal perdió la vida en choques con presuntos delincuentes.

Opacidad en Tamaulipas o Baja California

Estas son algunas de las revelaciones de las solicitudes de transparencia efectuadas por  Animal Político, que pidió a los 31 estados de la federación conocer cuántos enfrentamientos armados mantuvieron sus policías desde 2006, cuántos atacantes murieron o resultaron heridos y cuántas bajas sufrió la corporación. Esto permite tener una perspectiva sobre la violencia registrada en los distintos territorios desde que Felipe Calderón declaró, hace 15 años, la denominada “guerra al narcotráfico”. Aunque el primer dato relevante es la opacidad: apenas 15 estados (Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) dijeron disponer de esta información y en la mayoría de los casos estaba limitada a los últimos años.

Otros, como Baja California o Yucatán, se limitaron a no responder. Algunos, como Quintana Roo o Guanajuato, aseguraron no tener datos mientras que en Tamaulipas, la secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró no ser “competente” para ofrecer información sobre los enfrentamientos de sus agentes y las bajas causadas por estos. Entre los estados que no respondieron están algunos de los que encabezan las estadísticas de homicidios, como Guanajuato o Baja California, y también otros como Tamaulipas donde la presencia del crimen organizado hace habituales los enfrentamientos y cuyos policías han sido señalados por vulneraciones a los derechos humanos.

De los datos que pudo recabar Animal Político se desprende que entre 2018 y 2021 se registraron 812 enfrentamientos armados en 15 estados de la República, con un saldo de 464 civiles armados muertos y 210 policías. Es decir, que por cada agente fallecido, los uniformados mataron a dos atacantes. Sin embargo, esta cifra no es exacta, ya que hay estados donde la letalidad de los policías es muy elevada, como en el caso de Guerrero, y otros como Sinaloa o Michoacán en los que existe equilibrio entre el número de víctimas provocadas por los atacantes y por los policías.

Entre Guerrero, Veracruz y Zacatecas acumulan 272 muertes de presuntos atacantes, lo que supone más de la mitad de los estados que ofrecieron sus datos. Esta proporción es más baja si nos referimos a los agentes asesinados: 64 de los 210 registrados murieron en estos tres estados.

Coahuila y Michoacán son dos estados con alto número de enfrentamientos y civiles y policías muertos. En el caso del territorio fronterizo fueron 51 presuntos atacantes muertos en 21 choques con 8 policías que perdieron la vida. En este caso, las cifras se incrementan mucho por los 23 muertos que se registraron en el municipio de Villa Unión en diciembre de 2019, cuando un grupo de hombres armados atacó la corporación, matando a cuatro policías, y fueron posteriormente abatidos por policías estatales.

En el caso de Michoacán, las cifras muestran un mayor equilibrio entre las fuerzas estatales y los grupos delictivos. Desde 2018, al menos 34 presuntos agresores fallecieron en 63 choques armados, en los que 26 policías perdieron la vida. En este estado, el enfrentamiento entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus rivales de Cárteles Unidos capitaliza la violencia. Sin embargo, también se han registrado masacres de policías, como la emboscada en la que 14 oficiales fueron asesinados en El Aguaje, municipio de Aguililla, en octubre de 2019.

Más policías muertos que atacantes en Chihuahua

Chihuahua (24 muertos en 14 enfrentamientos desde 2020, con 36 policías fallecidos) marca una excepción. Se trata de uno de los pocos estados en el que sus cifras dicen que murieron más uniformados que atacantes.

Por detrás aparece Jalisco, con 22 civiles y 11 policías muertos en 44 confrontaciones; San Luis Potosí, con 17 presuntos atacantes y 4 agentes fallecidos en 20 choques; Sonora, con 10 agresores y 14 policías muertos pero sin registro de enfrentamientos y Sinaloa, con 5 civiles y 1 policía muertos en 22 confrontaciones.

Los estados con menores tasas de civiles muertos en choque con las autoridades son Aguascalientes, donde una persona falleció, por diez policías; y Chiapas, con otro civil y otros dos policías muertos desde 2018.

La falta de información proporcionada por las secretarías impide realizar un mapeo más claro sobre muertos y enfrentamientos con las corporaciones. Además, las instituciones tienen a reducir el número de muertes causadas por sus elementos. Por ejemplo, el Ejército llegó a asegurar que en 15 años de la denominada “guerra contra el narco”, sus efectivos únicamente habían matado a 43 personas que eran ajenas a choques armados, aunque una revisión realizada por Animal Político mostró que se incluyó como agresores a víctimas de ejecución extrajudicial.

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