Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que continúa la resistencia de parte del Ejército y demás instituciones para proporcionar la información relacionada con la desaparición de sus hijos.
Después de una reunión de las madres y padres con el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, emitieron un comunicado donde denunciaron la falta de compromiso del gobierno federal, del Ejército, de los juzgados y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) para esclarecer el caso y dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
A través de su cuenta de Facebook, las madres y padres comunicaron los resultados de la reunión de ayer 12 de julio.
En el comunicado, las madres y padres de los 43 informaron que la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa no tiene avances en las investigaciones y que desconocen la información que pueda tener el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Gómez Trejo les informó a las madres y padres que no hay avance en las investigaciones porque “continúan trabas en los juzgados federales, y resistencia de parte del Ejército y de la SER para proporcionar información”.
Una de las exigencias de las madres y padres es la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio de Enrique Peña Nieto para que declare sobre el caso Ayotzinapa.
Zerón de Lucio fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de distintos delitos cometidos a partir del 26 de septiembre de 2014 y durante los primeros meses de la investigación, incluida la obtención de información a partir de la tortura, así como la compra irregular de equipos de espionaje.
La FGR informó que Zerón de Lucio salió de México en 2019 y tras un breve paso por Canadá, viajó a Israel, país al que solicitó asilo y de donde se pide su extradición.
Otro de los puntos que tocaron en la reunión fueron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 30 de junio cuando en una conferencia matutina dijo que él ya sabía lo que pasó con los estudiantes y que este año estará resuelto el caso.
Al respecto Gómez Trejo les informó a las madres y padres que de parte de la Fiscalía Especial no tienen esa información, por lo que informaron su sorpresa ante la falta de coordinación entre instituciones.
“Los padres y madres de los 43 estudiantes desconocemos también si el presidente de la República lleva a cabo una investigación propia y paralela a nuestro caso y si es así nos sorprende de sobremanera porque a la fecha no la ha compartido con nosotros los afectados”.
Las madres y padres expresaron su preocupación de la falta de resultados y de una supuesta segunda investigación.
“Nos preocupa en demasía esta situación porque en su momento denunciamos durante el gobierno de Peña Nieto en varias ocasiones el entorpecimiento intencional de las investigaciones del asunto Ayotzinapa por falta de coordinación entre las partes”.
En el cuarto día de la jornada de lucha 26 de Septiembre no se olvida, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala acusaron a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda de proteger a la policía estatal y a ex funcionarios que son responsables del caso.
En un mitin frente al Palacio de Gobierno cuyos accesos fueron cerrados por la policía estatal, los padres y madres de los 43 reclamaron la falta de voluntad de Salgado Pineda de por lo menos dialogar con ellos.
“Ella (Salgado Pineda) es un mujer y sabe del dolor de un hijo y vemos que ni siquiera se conduele de lo que nosotros sufrimos”, dijo una de las madres.
Vidulfo Rosales Sierra, asesor de los familiares de los 43, señaló que en las investigaciones judiciales que se han realizado es de que la noche del 26 de septiembre del 2014 entre 17 y 20 normalistas fueron bajados con violencia del autobús que estaba estacionado frente al edificio de la Ciudad Judicial.
“Todavía no sabemos el número de policías estatales que lo hicieron y que otros elementos de otras corporaciones habrían participado”, dijo el abogado.
Rosales Sierra dijo que otro elemento más de la responsabilidad de las autoridades locales es de que en las instalaciones de Ciudad Judicial había tres cámaras de videovigilancia que captaron las imágenes en los momentos en que un grupo de entre 17 y 20 normalistas fueron sacados del autobús.
Esos tres videos se los proporcionó a los padres y madres de los 43 el ex presidente del Poder Judicial Alberto López Celis.
Pero que un grupo especializado de la Fiscalía General de la República (FGR) analizó los videos y descubrió que todo lo que se filmó durante los días 26 y 27 de septiembre del 2014, fueron borrados.
«Lo que estamos pidiendo a la gobernadora Evelyn Salgado es de que se investigue a los ex funcionarios que fueron responsables de haber ordenado que se borrara lo que se filmó durante esos dos días en que los normalistas fueron desaparecidos», mencionó.
Cuando sucedieron los hechos en Iguala la presidenta del Poder Judicial era la magistrada Lambertina Galeana Marín quien actualmente está en retiro.
«Alguien dio la orden de que esos videos fueron borrados eso no fue casual», señaló Rosales Sierra.
Durante el mitin se exhibieron cuatro lonas en las que se le exige al Ejército Mexicano que informe de los archivos de lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en las calles de Iguala.
Rosales Sierra dijo que durante la campaña para la gubernatura en el 2021 hubo un acercamiento de los que hoy son gobierno en Guerrero y prometieron que se iba a nombrar una Fiscalía Especial para que investigara a ex funcionarios por su responsabilidad del caso de Iguala.
Los ex funcionarios que deben ser investigados es al ex Procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a policías estatales y ex autoridades del Poder Judicial, informó el activista y abogado.
Un testigo protegido que ha rendido declaraciones del caso involucró a Iñaky Blanco de recibir 50 mil dólares del grupo delictivo Guerreros Unidos.
«Estamos hablando de un alto funcionario que recibía ese dinero de un grupo delictivo que participó en la desaparición de nuestros 43 compañeros en Iguala», afirmó Rosales Sierra.
En la protesta se acusó al gobierno de Salgado Pineda de emprender una campaña sucia contra el movimiento de los padres y madres de los 43 y normalistas de que con sus movilizaciones generan desestabilización en Guerrero.
Los normalistas, padres y madres de los 43 así como organizaciones sociales han realizado marchas, cerraron la autopista e irrumpieron en la zona Naval en Acapulco además de que este miércoles se llevaron cinco autobuses.
Estas protestas ha generado que en las redes sociales se acuse a este movimiento de «vándalos» y «radicales», además de frases de contenido racista.
Rosales Sierra aseguró que toda esa propaganda «negra» contra el movimiento por los 43, proviene del Palacio de Gobierno.
Señaló que la desestabilización o ingobernabilidad que hay en Guerrero la están creando las autoridades de la administración estatal por su ineptitud para gobernar.
«Todos los días hay y habrá marchas y bloqueos porque este nuevo gobierno que se dice de izquierda no resuelve nada», sostuvo.
La jornada de lucha terminará en Guerrero con una protesta afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial en Iguala este viernes 10 de junio, sábado y domingo en la Ciudad de México.
Durante el mitin efectuado en la alameda Granados Maldonado ubicada casi en el centro de esta ciudad de Chilpancingo, la madre del normalista acusó que el gobierno federal se ha empeñado en proteger a los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, organizaciones sociales y del magisterio iniciaron una jornada de lucha en protesta porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha paralizado las investigaciones del caso para proteger al Ejército Mexicano y a funcionarios de la ex tinta Procuraduría General de la República (PGR).
«Desde el 2018 a la fecha se han realizando investigaciones pero de manera parcial y hoy podemos decir que hay un estancamiento en ellas que impide conocer lo sucedido», señaló Hilda Leguideño Vargas madre del estudiante desaparecido Jorge Antonio Tizapa.
Durante el mitin efectuado en la alameda Granados Maldonado ubicada casi en el centro de esta ciudad de Chilpancingo, la madre del normalista acusó que el gobierno federal se ha empeñado en proteger a los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
«Las nuevas indagatorias establecen que las fuerzas armadas están implicadas en distintos niveles de la desaparición de los 43 ya que (el Ejército) realizó un monitoreo desde su salida de la normal de Ayotzinapa, su llegada a Iguala, los momentos de la agresión que sufrían los jóvenes y su desaparición», externó.
La madre del normalista desaparecido afirmó que el 26 de septiembre del 2014, las fuerzas armadas patrullaron (las calles de Iguala) y presenciaron la agresión que sufrían los jóvenes e hicieron contacto con algunos de ellos e inspeccionaron lugares como en los separos de la policía municipal donde probablemente se encontraban detenidos un grupo de estudiantes.
«Además (el Ejército) mantenía un vínculo con el grupo delictivo Guerreros Unidos y algunos mandos del 27 Batallón que estaban en la nómina del grupo delictivo», expresó.
Indica que hay un testigo protegido que asegura que 25 normalistas fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería la noche del 26 de septiembre.
«Fueron interrogados (los estudiantes) y algunos asesinados y posteriormente entregados a un grupo delictivo que privó de la vida a todos los estudiantes en cautiverio», expresó.
Hilda Leguideño señala que el Ejército Mexicano posee toda la información y los datos de prueba que permitirían esclarecer los hechos pero se ha negado a proporcionarla pese a que ha sido requerida por las autoridades.
Denunció que tampoco las autoridades han investigado y corroborado la responsabilidad de los elementos del Ejército pertenecientes al 27 Batallón de Infantería de Iguala pese al señalamiento directo de testigos.
La madre del normalista desaparecido dijo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a dar órdenes para Ejército Mexicano entregue la información necesaria.
«Definitivamente los hilos de la investigación que nos puede conducir al conocimiento de la verdad y de los responsables se encuentran en los archivos del Ejército Mexicano», dijo durante el mitin Guadalupe Leguideño.
Los padres de los 43, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg), estudiantes de las 16 normales rurales del país, colectivos de familiares de los otros desaparecidos y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) iniciaron la jornada de lucha 26 de Septiembre no se Olvida.
Los manifestantes arribaron a Chilpancingo a bordo de 20 autobuses e iniciaron una marcha de la estatua Nicolás Bravo hacia la alameda Granados Maldonado.
Las actividades de los padres de los 43 y organizaciones sociales, incluyen marchas en Acapulco, Ciudad de México y un plantón en la autopista del Sol en Chilpancingo.
Durante el mitin aquí en Chilpancingo, Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, condenó que este gobierno de Obrador ni siquiera ha podido extraditar a Tomás Cerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que se encuentra refugiado en Israel.
A Cerón de Lucio se le señala de haber presenciado y tolerado la tortura de quienes fueron detenidos por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A petición del gobierno mexicano la Interpol ya lo tiene fichado sin embargo no ha podido ser extraditado pese a que enfrenta varias órdenes de aprehensión en su contra.
Desde el 2018, fecha del arribo de Obrador a la presidencia, se han librado órdenes de aprehensión contra diez ex funcionarios por diversos delitos del caso Ayotzinapa.
Algunos de éstos ya están detenidos.
«Solo se han realizado búsquedas para encontrarlos muertos, pero no los buscan vivos y mucho menos detienen a los verdaderos responsables», dijo uno de los dirigentes de la Normal de Ayotzinapa durante el mitin.
La protesta de los padres y organizaciones sociales concluyó con el himno Venceremos.
En la acción gráfica por Ayotzinapa una brigada de artistas plasmó en las paredes su denuncia por la participación del Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 normalistas, hecho que siempre fue denunciado y recientemente confirmado en el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
“¿Qué quieren hacer qué? ¿Un mural? ¡Ah! ¿Son de Ayotzi? ¡Píntenle!”, les dijo don Vicente, un hombre de la tercera edad, habitante del barrio del Santuario en Tixtla, al grupo de jóvenes que tocó su puerta para preguntarle si podían intervenir una de las paredes exteriores de su casa.
Cruzando la calle, un muro gris va perdiendo terreno ante pinceladas de colores verdes y amarillos que dan vida a un par de iguanas. Los peatones miran con extrañeza a esas personas desconocidas que dibujan letras en la pared mientras un grupo de niños curiosos se acercan a ellos, atraídos por las botellas llenas de pintura y la posibilidad de pintar en los bardas.
La brigada es conformada por artistas urbanos de la Ciudad de México que, junto a estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, acudieron a diferentes comunidades aledañas de Ayotzinapa, una comunidad del municipio de Tixtla, ubicado en la zona Centro de la entidad a hacer una denuncia a través del arte.
Lo plasmado en las paredes denuncia la participación del Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, hecho que siempre fue denunciado y recientemente confirmado en el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicado hace un mes.
La “Acción Gráfica Fue el Ejército, justicia y verdad Ayotzinapa” se llevó a cabo del 14 al 19 de este abril y contó con la participación de una veintena de personas entre muralistas, artistas gráficos, graffiteros y graffiteras que, armados con brochas, pinceles y botes de pintura, respondieron al llamado de los normalistas para plasmar su rabia y decirle al pueblo tixtleco y al mundo quién, de acuerdo a todas las pruebas existentes, fue el culpable de los hechos del 26 de septiembre del 2014.
Axel Hernández
En las paredes quedaron plasmadas las distintas agresiones que ha vivido la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en sus 96 años de historia. La escuela tiene una larga tradición de intervenir sus instalaciones con murales que incluyen mensajes políticos, creados por diferentes artistas en convocatorias surgidas a lo largo de los años.
Sin embargo, esta fue la primera vez en que se planteó trasladar esta práctica a las comunidades. “Salimos de la normal porque creemos que es importante sacar la rabia de los lugares donde normalmente nos concentramos” comenta Hule, integrante del Colectivo 88, una de las organizaciones convocantes a esta actividad.
La pared blanca de don Vicente que hace esquina en las calles Carmen Alcaraz y Acamapixtla, se volvió el lienzo de tres artistas que mezclaron sus técnicas. Con brocha y pincel formaron un paisaje del valle de Tixtla que es contemplado por el rostro de una mujer realizado con aerosol.
Es el rostro de la esposa de Don Vicente, fallecida años atrás, que ahora vuelve a estar presente en el barrio y en el pueblo enarbolando las consignas “Fue el Ejército” y “Nos faltan 43”.
En la contraesquina, los niños curiosos dejaron de ser espectadores para convertirse en pequeños muralistas que sembraron unas coloridas flores en la pared. En esa casa vive la madre de un estudiante que recientemente ingresó a la normal, ella accedió a que intervinieran su casa porque conoce a algunas de las familias que, a siete años, siguen buscando a sus hijos y está consciente de su dolo, pero también de que su lucha sigue vigente. Les pidió a los jóvenes que escribieran la palabra “Justicia” en medio de las iguanas.
Lo sucedido el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, es un hecho que ha quedado muy presente en los habitantes de Tixtla ya que varios de los estudiantes desaparecidos vivían en comunidades de este municipio, una de ellas es Omeapa, hogar de Jhosivani Guerrero de la Cruz. También de Emiliano Gaspar de la Cruz y Everardo Rodríguez Bello.
Ahora, en el centro de este pequeño poblado, entre la primaria y la iglesia, existe un espacio rehabilitado mediante el arte para recordarle a todos los que día a día pasan por ahí, que sus paisanos no han sido olvidados.
Fueron los niños y niñas quienes más entusiasmo demostraron, cómo en barrio de El Troncón, donde un grupo de pequeños hicieron una pausa de sus actividades cotidianas y tomaron por asalto varias paredes aledañas al mural.
En Atliaca, una de las brigadas intervino tres muros de la plaza central, en uno de ellos quedó plasmado un pelón con el gesto de rabia tan característico de los normalistas cuando gritan consignas en sus movilizaciones; curiosamente, la fotografía usada por el autor Oner y que rescató de una nota periodística, resultó ser un retrato de Torta, uno de los normalistas que estaba apoyando a los artistas.
A la vuelta de la esquina, en un mural de dos pisos fueron pintados un jaguar y un guerrillero junto a una representación de la ancestral fiesta relacionada al Pozo de Oztotempa, lugar donde según la tradición, habitan los dioses; fueron los niños, después de contarle a los artistas cómo son sus costumbres, quienes dieron origen a la idea de esta obra.
Axel Hernández
De aquí es originario Israel Caballero Sánchez, otro normalista desaparecido desde hace 91 meses al día de hoy. “Atliaco” uno de los sobrevivientes a la llamada “Noche de Iguala” e integrante del Colectivo los Olvidados de Ayotzinapa cree que estos murales son una medio para preservar la memoria de Israel en su lugar de origen, a la par que se reafirma la consigna de vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Una vez superada la desconfianza de las comunidades hacia estos jóvenes desconocidos y de aspecto citadino, las personas les ofrecieron agua y alimentos, una muestra de solidaridad que fue gratamente recibida por los acalorados artistas, acostumbrados a los estigmas en contra su arte propios de las zonas urbanas donde viven, que padecen la persecución policial por el carácter ilegal de sus intervenciones en el espacio público.Con el transcurso de los días, la Acción Gráfica se convirtió también en un espacio de encuentro para los artistas con la población de Tixtla.
“Nos dimos cuenta de que somos gente del barrio luchando por los mismos ideales y nos podemos unir con gente de otros lados que igual y no son de barrio, pero son de pueblo, no es igual la lucha, pero es parecida. Luchábamos por los mismos ideales, luchamos por el agua, por el territorio, por recuperar a nuestros compañeros que están desaparecidos.” narra en entrevista Frnrc, integrante del Jonkies Crew, otro de los colectivos participantes.
El encuentro también se vivió entre los mismos artistas, a través de este ejercicio de creación colectiva basado en la solidaridad y la autogestión, pudieron conocer a personas del mismo gremio con las que comparten la convicción de brindarle todo su apoyo a una nueva generación de estudiantes normalistas.
Esta generación mantiene su exigencia de verdad y justicia a la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Exigen que cumpla sus compromisos adquiridos en campaña para con el caso Ayotzinapa.
La población estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, de donde son los 43 estudiantes desaparecidos hace cinco años, ha vivido cercada por la vigilancia policiaca y la infiltración, casi de manera inmediata a su creación en 1929.
¿Vivir infiltrado de quién? Puede ser el Ejército, el Cisen, los partidos políticos, la Secretaría de Educación, según afirman egresados normalistas que estudiaron pensando que convivían con el enemigo. En los últimos ocho años han vivido cercados también por el crimen organizado, indican sus narraciones.
Amapola Periodismo entrevistó a egresados de 17 generaciones, que abarcan 59 años de vida académica, estudiantil y de activismo político. Revelan un hilo conductor: la infiltración como una estrategia de Estado para dividir al movimiento social y desaparecer la institución que sobrevive junto a otras 15 normales rurales, y es de las pocas opciones de educación gratuita en México.
La recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en noviembre del 2018, estableció como motivo de la posible agresión a los normalistas, la infiltración de un grupo del crimen organizado entre los estudiantes. Amapola Periodismo jaló de este hilo: la infiltración, y encontró evidencias de que ésta también sería una modalidad empleada por el Estado.
Dividimos los testimonios en tres grupos: los tres iniciales o históricos a partir de los años 50, los que ocurrieron posterior a la guerrilla de los 70’s, que fueron las décadas de los 80, 90’s, y los testimonios que parten después del año 2000.
Para los egresados históricos, la infiltración comenzó después del movimiento de masas de 1960, que logró derrocar al ex gobernador Raúl Caballero Aburto y la autonomía del Colegio de Guerrero, que se convertiría en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro); y, durante el inicio de los movimientos guerrilleros de finales de esa década.
Los tres personajes hablan de lo importante que fue el ex normalista de Ayotzinapa y ex guerrillero Lucio Cabañas para la formación política de los estudiantes y cómo se convierte, primero, en un líder estudiantil y después en un líder regional. Más adelante encabezará el Partido de los Pobres, que será un grupo subversivo.
Hacen énfasis en la conciencia social de Lucio y cómo encauzó a los normalistas a involucrarse a las luchas de la época, como el movimiento por la autonomía universitaria. Dejó instaurada la tradición de los círculos de estudio, que consisten en leer autores que hablan sobre socialismo y lucha de clases, como Marx.
César Núñez quien formó parte de la generación 1955-1960, desglosa que: “Ayotzinapa tiene un papel importante en la lucha política de Guerrero a partir de 1960. Los normalistas, encabezados por Lucio, quien en ese año era dirigente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), participaron en el movimiento anticaballerista que pedía la autonomía de la Universidad. Fue fundamental la participación de él y los muchachos”.
Dice que después de eso inició un proceso de cierre de las normales rurales en el país, que eran el principal refugio de la gente del campo, de los pobres. Él coincidió como compañero de Cabañas, pero no se enfiló en la lucha armada, Núñez más bien se formó como un cuadro político y dirigió en Guerrero el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Para Núñez, el sello y orientación del normalismo rural, influenciado por su origen cardenista, fue hacia la clase popular. “El normalista rural tenía una identidad con el pueblo y daba todo lo que fuera por la educación. Teníamos una disciplina profunda en ese sentido”.
En este periodo gobernaron México Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Durante esos años en el país ocurrió un movimiento importante de obreros ferrocarriles por incremento salarial y la recuperación del sindicalismo.
También nació el Movimiento Revolucionario Magisterial (MRM), considerado ahora los inicios de la disidencia magisterial en el país, en la que el profesor guerrerense Othón Salazar tuvo la participación más importante.
Otro de nuestros entrevistados es Félix Bautista, de la generación 1956-1962. Él se graduó junto a Cabañas. En su opinión, tras la participación activa de Ayotzinapa, en el movimiento de 1960 que dejó como resultado 17 personas asesinadas, y tras la decisión de su compañero Lucio de tomar las armas, comenzó una época contrainsurgente e inició la infiltración en su normal.
En su periodo fue secretario general de la normal –el cargo más importante de un estudiante, dentro de la organización política de la escuela–, Julián Castillo Navarrete, un primo de Lucio. Él tomó su lugar cuando a Lucio lo nombraron secretario general de la FECSM, organismo que representaba a su escuela a nivel nacional.
«La formación política para nosotros, a cargo antes como ahora del Comité de Organización Política e Ideológica (COPI), era tan importante como la académica».
Se vivía un momento importante fuera de México. Iniciaba la revolución cubana y nos llegaba la información de lo que pasaba También de lo que sucedía en China y en los países de la Unión Soviética, todo lo que tenía que ver con su desarrollo económico, científico y cultural.”, comparte.
Ayotzinapa, dice Bautista ahora de 78 años de edad, siempre estuvo envuelta en la problemática política estatal y del país. “En aquellos tiempos la infiltración política o policiaca del Estado en Ayotzinapa no era como ahora que, se sabe, podrían inscribirse como estudiantes. El Estado tenía todo el control político con Caballero Aburto al frente, entonces no había necesidad de que los agentes policiacos o informantes entraran hasta la Normal”.
El papel de los agentes policiacos, sobre todo de la Policía Judicial, era el de informadores. Eran muy artesanales. Se vestían con guayaberas y mostraban su arma. Se les veía en las plazas públicas, en los mítines, en las marchas. Esa era su estrategia oficial de entonces. Nada de sofisticación. Los equipos de seguridad que acudían a los eventos públicos reportaban lo que ocurría: quién hablaba y qué estaban diciendo. Se usaba mucho.
La infiltración en Ayotzinapa se desarrolló en los años que surgió la insurgencia en Guerrero, que ha tenido diferentes periodos, primero con Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, y después con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Todo esto ocurrió a partir de 1960, enfatiza.
También de esa generación, Arturo Miranda opina que el gobierno siempre intentó infiltrar a Ayotzinapa. Existe el antecedente de 1941, cuando expulsaron a toda la dirigencia estudiantil y a algunos maestros acusados de agraviar a los símbolos patrios. La cárcel fue su castigo.
En el 2000 fue director de la Normal Rural Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos, otra de las escuelas del corte de Ayotzinapa que sobreviven hasta ahora, en ésta sólo estudian mujeres. Durante ese año se percató que cada vez que hubo un problema interno, agentes policiacos vigilaban la Normal.
«Sé lo que digo. Los agentes de inteligencia militar o de Gobernación me buscaron para que les informara de lo que sucedía. ‘A mí no me mandaron aquí para ser oreja, estoy por un nombramiento de director de la escuela, eso investíguenlo ustedes’”, les dijo.
«En el caso de Morelos, detectó a algunas muchachas usando celulares de manera muy discreta. “En esos años no cualquiera podía tener celular, una, por un asunto de dinero y otra, porque la señal era complicada”.
Otro momento en el que confirmó gran interés del gobierno en las normales rurales fue después del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, ocurrido en Chilpancingo, en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre del 2011.
«El asesinato de estos normalistas es el primero que ocurre en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Este gobernador ni siquiera concluyó su mandato (2011-2015). Se ve obligado a retirarse en 2014, después de la noche de Iguala en que mataron a tres normalistas más y desaparecieron a otros 43”.
Para Miranda, Aguirre Rivero es uno de los personajes políticos actuales que promovió el cierre de Ayotzinapa. Lo hizo después del asesinato en la Autopista del Sol, con una campaña intensa de odio contra los normalistas. Desde esa fecha, marca un antes y un después para Ayotzinapa.
Los estudiantes de esta Normal que representa la escuela rural mexicana que fortaleció el presidente Lázaro Cárdenas, han vivido con la posibilidad de que el compañero de junto sea el caballo de Troya que busca socavar su organización. Todas las narraciones coinciden en que durante todos estos años han aprendido a lidiar con esa estrategia: para ninguno de ellos es un secreto que sus compañeros, pueda ser un traidor.
Desde los primeros años de su funcionamiento, los normalistas tuvieron que expulsar a compañeros sospechosos, y cerrarle las puertas a un dirigente de izquierda; realizar dobles actividades, protegerse entre miembros del Comité, todo, con la intención de confundir a sus enemigos.
En las generaciones recientes expulsaron a estudiantes con vínculos con el PRI ante la sospecha de pertenecer al crimen organizado. Esta es la vida del normalista de Ayotzinapa, que desde siempre ha sabido el trasfondo de su mal: la desaparición del normalismo rural.
José Ángel Román Espinoza de la generación 2003-2007, quien fue secretario general de 2005-2006, contó como robaron el cerebro de una computadora con toda la información sobre la estructura estudiantil, las carteras que había, las funciones de cada una, cómo se elegían a los integrantes, cómo se tomaban decisiones.
«Nos sentamos a analizar cómo sustrajeron el CPU y llegamos a la conclusión que fue una tarde en que la SEG nos llamó a una reunión a Chilpancingo. Al siguiente año que nosotros egresamos, en 2008, el gobierno abrió otras dos licenciaturas en la Normal, la Licenciatura en Educación Bilingüe y la Licenciatura en Educación Física, por su cuenta, sin que la base estudiantil pidiera que se abrieran”, detalla.
Otro egresado, ya de la generación de 2013, narra cómo su Comité decidió expulsar a tres estudiantes de cuarto año. “Nos dimos cuenta que tenían relaciones con Silvia Ojeda, coordinadora de asesores de la SEG, y con el secretario de ese entonces, José Luis González de la Vega, y también con Héctor Vicario, quien fue diputado por el PRI, y desde siempre cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer”.
Esos chavos que fueron expulsados se oponían a las acciones del Comité, retaban sus indicaciones, tomaban alcohol en las instalaciones y vendían drogas, inclusive, se sabía que andaban armados, por lo menos a uno se le vio portando una pistola nueve milímetros.
A cada egresado se le aplicó una encuesta de 10 preguntas, cuyas respuestas tejen estos testimonios que reflejan a los actores detrás de la vigilancia e infiltración a Ayotzinapa, casi todos asociados a las instituciones de manera directa o indirecta.
Queremos aclararle a nuestros lectores, que de las generaciones de la década de los setentas no conseguimos ningún testimonio, pero sí confirmamos que fue la época más dura a de vigilancia policiaca en la Normal, a través de otros egresados.
Muchos de nuestros entrevistados decidieron no declarar con su nombre, y esto no implica que haya un anonimato, sino confidencialidad: como equipo tenemos la certeza de que formaron parte de la estructura estudiantil de Ayotzinapa, y sus voces son importantes para explicar la infiltración; sin embargo, en un contexto de violencia compleja, prefieren no revelar su identidad.
Con sus narraciones, los egresados nos permiten ingresar a las entrañas de una normal que ha sido reprimida casi desde su creación. Abrir las puertas a su organización política, a comprender la némesis del conflicto en una línea del tiempo reveladora: casi en ningún año desde su creación han dejado de navegar a la par de la organización y la academia.
Una generación entrevistada inició su educación, en pleno triunfo del presidente López Obrador. En un contexto estatal de crispación social. A tres años del gobierno del priista, Héctor Astudillo Flores, y ante el triunfo de la perredista Erika Alcaraz, identificada como gente del diputado Bernardo Ortega Jiménez, cuya familia es acusada de conformar el grupo local del crimen organizado más fuerte de los municipios: Zitlala, José Joaquín Herrera, Chilapa y Tixtla, de donde son varios normalistas.
Los 17 testimonios con los que construimos nuestra hipótesis, se pueden consultar ampliamente de manera unitaria en nuestro micrositio.
Ángela María Buitrago, la exfiscal colombiana integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, dice en entrevista con Momentum que autoridades civiles y militares tuvieron informes que pudieron conducirles a los lugares en los que estuvieron los 43 estudiantes horas después de su desaparición
Texto: Pie de Página
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
30 de marzo de 2022
El acceso a documentos que mantuvieron bajo reserva Ejército y Marina durante siete años ha dejado constancia de que, en su momento, autoridades civiles y militares tuvieron información que pudo haberlos conducido a los sitios a los que fueron trasladados los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos.
El día después de haber presentado un tercer informe del caso Ayotzinapa, Angela María Buitrago, exfiscal colombiana e integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha ofrecido un larga entrevista a los periodistas Ernesto Ledesma y Alberto Nájar, en el programa Momentum, de Rompeviento TV y Pie de Página.
“Es un camino que apenas comienza, sabiendo que había información desde hace siete años que podía conducir a lugares o los lugares a donde fueron llevados [los estudiantes]. Desde ahí, la conclusión categórica es que esto incide en paradero, incide en autoridades, incide en responsables, incide en acciones”, ha declarado Buitrago.
En esta tercera vuelta, el GIEI hizo revelaciones que colocan al Estado mexicano en una encrucijada. La más notable de ellas da cuenta de la participación activa de elementos de la Marina, quienes no solo parecen haber manipulado uno de los escenarios del crimen, sino que tomaron parte en detenciones y torturas.
“Esto nos lleva indiscutiblemente a que nosotros empecemos a preguntar qué otras actividades hizo la Marina”, dijo Buitrago.
La integrante del GIEI ha sugerido durante la entrevista que el futuro de la información que se ha llegado a conocer, aunque tardío, permitirá revelar elementos fundamentales en una investigación de enorme complejidad como esta.
“En el punto fundamental de cómo cambia [el curso de la investigación] diría que incide en los bueno, incide en lo malo y desde ese punto de vista, si nosotros llegáramos a saber en esa incidencia, por ejemplo lo que a sabemos, que hay comunicaciones en donde el crimen organizado directamente estaba diciendo que tiene a los muchachos en un lugar, pues es una incidencia que debía haber salido hace siete años, porque también da pistas sobre los comportamientos desplegados, los partícipes, los lugares donde fueron llevados los estudiantes, que se ignoraron durante la investigación desde hace siete años”.
La incidencia negativa, añade Buitrago, radica en la “simulación, ocultamiento, desviación, que también incide en los resultados de la investigación y que hacían parte de la desaparición y de un delito de ejecución permanente como tal”.
Ledesma y Nájar formulan una pregunta obligada: hasta dónde llega la cadena de mando en la trama de la desaparición.
“En esta clase de delitos de lesa humanidad-responde Buitrago, llega hasta el máximo ente y jerarquía. En esta investigación de graves violaciones a los derechos humanos, debe investigarse a todos los que participaron, omitieron, conocieron y realizaron acciones. Desde ese punto de vista, podría contestar que hay que hacer las investigaciones con respecto a todos, sin excluir ni siquiera a las cabezas de gobierno”.
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie
El actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, estuvo al frente de la comandancia de la Octava Región Naval con sede en Acapulco hasta enero del 2015 y recibió de parte del defenestrado ex gobernador, Ángel Aguirre, diez camionetas para patrullajes del operativo Guerrero Seguro
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Internet
29 de marzo del 2022
Chilpancingo
El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, era mando naval en el tiempo que ocurrieron los hechos en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En ese entonces, Ojeda Durán, era comandante de la Octava Región Naval con sede en Acapulco, la base más importante en estado de la Secretaría de Marina.
En el informe que dieron a conocer este lunes los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que un grupo de marinos habrían participado en la manipulación del basurero de Cocula y que en eso se basó el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam para sacar su «verdad histórica».
Para Murillo, el destino final de los 43 normalistas fue en el basurero de Cocula en donde según él, fueron incinerados.
Después que los integrantes de los integrantes del GIEI dieron a conocer su informe dijeron que también la Marina habría participado en la manipulación en el basurero de Cocula, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia mañanera que se investiga a los marinos y que incluso ya rindieron sus declaraciones.
Dijo que entre los que ya rindieron su declaración está un almirante pero no dio más detalles.
En el informe de los expertos del GIEI mostraron videos entregados por la Secretaría de Marina donde el día del anuncio, que hizo el procurador de la República, Jesús Murillo, de que en ese basurero habían sido incinerados los 43 normalistas, un grupo de marinos sacaron tres bultos de un vehículo, cuyo contenido se desconoce, e hicieron un fuego que luego quedó apagado.
Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en lo más profundo de la hondanada.
La Secretaría de la Marina no explicó a los expertos independientes sobre esa actividad.
El actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, estuvo al frente de la comandancia de la Octava Región Naval con sede en Acapulco hasta enero del 2015 y fue relevado por el también almirante Ángel Enrique Sarmiento quien fue subsecretario de la Marina en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El 16 de octubre del 2013, un año antes de los hechos de Iguala, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero le entregó diez camionetas a la Octava comandancia que dirigía el almirante Rafael Ojeda Durán.
Las diez camionetas eran para ser utilizadas en los patrullajes de seguridad del operativo Guerrero Seguro.
Cuando Aguirre Rivero, acusado por su omisión de los hechos de Iguala de la noche del 26 de septiembre del 2014, era gobernador de Guerrero eran cotidianas las reuniones que tenía con el almirante Rafael Ojeda Durán.
En el 2018 durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo, este le entregó otras cinco camionetas marca Dodge Ram a la Octava Región Naval.
La Subsecretaría de Administración de Control Patrimonial y Vehicular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, informa que esas cinco camionetas siguen en poder de la Octava Región Naval.
