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Ciudad de México: 15 años de la despenalización del aborto entre el derecho y el privilegio

¿Qué hay detrás de la disminución en las interrupciones legales del embarazo (ILE) en esta capital? Detrás, también están las enormes barreras que persisten para acceder a este derecho: burocráticas, de desinformación, de recursos humanos y de dinero.

Texto: Mely Arellano y Daniela Rea / Lado B y Pie de Página de México

Diana tiene 35 años, una hija y un embarazo de 10 semanas. Una mañana de invierno del 2022 acudió a la clínica pública México-España, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, para interrumpir ese embarazo. Sabe que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado, así que buscó en internet el procedimiento, los lugares y los requisitos.

La mañana que acudió a la clínica era la décima en la fila. Antes de ella había una joven que venía de Querétaro acompañada de su mamá; y una chica con uniforme de secundaria acompañada de dos amigos con el mismo uniforme, entre otras mujeres. A las 7 de la mañana ya eran unas 30 personas y para las 8, cuando entregaron las fichas, la mitad se tuvo que ir a su casa por no alcanzar turno.

Cuando la trabajadora social le revisó sus documentos le dijo que le faltaba una prueba de sangre. “Eso no está en los requisitos de internet”, espetó, “pero se necesitan y sin ellos no puedes entrar”, le respondió la mujer. Ni hablar. Diana regresó a casa con su ficha y su embarazo.

Al día siguiente decidió no volver a intentarlo ahí, porque no le darían permiso en el trabajo y no quería exponerse a más incertidumbre en un proceso ya de por sí complicado. Terminó yendo a una clínica particular donde pagó 3,500 pesos (unos US$ 193) por el procedimiento de aspiración sin anestesia. Hubiera elegido no sentir el dolor que sintió, pero no tenía los 2,500 pesos adicionales para ello.

Después de luchar 50 años por la despenalización del aborto y lograrlo desde hace 15, en la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, pero el acceso a este derecho enfrenta muchas barreras: de información, de recursos materiales y humanos, administrativas y de clase.

Citlali es una joven del Estado de México. Cruzó la frontera invisible con la Ciudad de México para realizarse un aborto. Llegó a una de las clínicas públicas en el norte de la ciudad y, además de que la trabajadora social la quería disuadir de hacerse el procedimiento, le quiso cobrar 3,000 pesos. Citlali no sabía que tiene derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, solo había escuchado que podía abortar sin el riesgo de ser llevada a la cárcel.

Abortar en la Ciudad de México y la forma en cómo lo hacemos es una cuestión de privilegio.

Caída estrepitosa

Desde el año 2007 que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el gobierno local ha practicado 256 mil 665 procedimientos, el 85% a través de medicamento y el resto por AMEU (aspiración manual uterina). Sin embargo, desde el 2014 la cantidad de procedimientos ha disminuido.

¿Qué significa esta disminución de los servicios brindados por el Estado? Para activistas, es un reflejo de la falta de accesibilidad al derecho, para la Secretaría de Salud local es más bien una estabilización de casos, luego de un repunte por la disminución de abortos considerados “clandestinos”, sumado al confinamiento pandémico.

Y si bien el confinamiento complicó el traslado y el acceso de las mujeres a procedimientos en instituciones públicas, y fueron otras mujeres, las acompañantas, las que solventaron esa ausencia del Estado, eso no explica la caída sostenida desde 2014.

Colas, fichas, gasas y papel de baño

Si una mujer quiere interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, en los servicios gratuitos del Estado, tiene que llamar al ILETEL (555132-0909) o acceder a internet y buscar las clínicas y los horarios en que se ofrece el servicio.

Uno de los primeros resultados de la búsqueda es la página oficial de la Secretaría de Salud (Ssa). Ahí leerá que no puede ir a cualquier clínica, pues solo se ofrece en siete unidades médicas y ocho hospitales; que el horario inicia a las 8:00 am, pero en la práctica sabrá que tiene que hacer fila a las 6:00 am para alcanzar una de las 20 fichas que se reparten. Si no alcanza, deberá intentarlo al día siguiente, con las complicaciones que ello implica: volver a pedir permiso en el trabajo, volver a encargar a lxs hijxs y volver a gastar dinero en el transporte público.

En la capital del país, el acceso a la interrupción legal del embarazo público no es una garantía. Esta es una de las principales quejas que hacen usuarias, acompañantas y organizaciones de defensa a los derechos humanos.

Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, dice: “Antes pensaba que el principal obstáculo eran las leyes y la falta de gratuidad, o sea, que las mujeres no accedían a abortos seguros porque solo estaba garantizado en CDMX, pero el hecho de que ya sea legal en otros estados me ha cambiado la visión. Ahora creo que el problema, más bien, es la falta de información y los estigmas que hay alrededor (…) Casi todas las feministas sabemos cómo usar el misoprostol y que abortar es nuestro derecho, pero lo sabemos nosotras. Hay muchísimas mujeres fuera de nuestros círculos que no lo saben, que creen que conseguir ‘miso’ es difícil e ilegal, incluso tenemos muchos casos donde acuden a médicos que les recetan procedimientos incompletos o erróneos porque, aunque son médicos, no están actualizados en el tema, no conocen el uso del ‘miso’, por negocio o simplemente porque anteponen su supuesta ética a la salud y deseos de la paciente”.

Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, asegura que “en efecto, hay todavía muchas personas, incluso en la Ciudad de México, que no saben que se puede acceder a un aborto en las clínicas públicas”.

En la página de internet se establece que los requisitos para acceder a la ILE son:

Identificación oficial, en original y copia.
La Clave Única de Registro de Población (CURP), un código de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar a residentes y ciudadanos mexicanos.
Comprobante de domicilio en original y copia (último recibo de predial, luz, agua, gas, televisión paga, teléfono fijo o servicio de internet).
Cédula de Gratuidad (residentes de la Ciudad de México).
Se recomienda acudir con un acompañante con identificación oficial en original y copia.

Pero en la práctica cotidiana, las mujeres señalan que se les exige también prueba de sangre, la recomendación de acompañante se vuelve obligación y se les piden insumos como gasas, papel de baño o cloro porque la clínica pública no tiene recursos económicos para ello.

Incluso en algunos casos, mujeres han testimoniado el cobro por el servicio que debería ser gratuito, como el caso de Citlali, la joven del Estado de México a quien una trabajadora social quiso cobrarle 3,000 pesos por un procedimiento en un hospital público. Su testimonio fue recogido por Lurel Cedeño Peña en su tesis doctoral “La experiencia narrada del aborto en mujeres mexicanas: entre el estigma y el empoderamiento”.

Desde 2007, cuando se despenalizó el aborto en CDMX, al mes de febrero de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha armado 16 expedientes de queja vinculados a la presunta violación a los derechos a la salud y de las mujeres, relacionados con la ILE. En los casos registrados se observa que:

En 10 de los 16 expedientes, se manifestó que hubo obstrucción o restricciones por parte del personal médico para poder realizar el procedimiento.
En todos los casos se declaró que recibieron malos tratos por parte del personal que atiende en los hospitales.
La mitad de las personas peticionarias o agraviadas denunciaron que fue necesario acudir a más de un hospital para conseguir la atención.
En solo uno de los casos, la autoridad señalada como responsable no fue la Secretaría de Salud, sino personal de la Fiscalía especializada.
En uno se refiere a que el procedimiento del ILE no fue correctamente practicado y se puso en riesgo la salud de la paciente.
En tres casos solicitaron requisitos adicionales, como análisis clínicos, testigos o estudios clínicos pagados de manera particular.

“El servicio funcionaría si hubiera conciencia de las barreras para llegar al aborto y se actuara para combatirlas”, dice Maricarmen Teolli, acompañanta. “Por ejemplo, solo por referirnos a las barreras económicas: tener saldo en el teléfono para hacer una llamada en busca de información, llegar, regresar, pagar pruebas de sangre, los insumos que piden… Muchas veces el que una mujer ejerza su autonomía depende de tener 100 pesos de saldo en el celular”.

Actualmente, solo en dos lugares, el Centro de Salud Dr. Juan Duque de Estrada y la Clínica de Salud Reproductiva Beatriz Velasco de Alemán, ambas ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca del centro de la ciudad, dan atención ampliada e incluso los fines de semana.

“Eso es muy importante porque hay quienes no tienen la posibilidad de acudir entre semana”, porque tienen que pedir permiso en su trabajo, dice Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, y agrega que para que una mujer pueda ir a pedir el servicio a las 6 de la mañana debe echar mano de muchas herramientas y redes de apoyo: el ejercicio del derecho a abortar es un tema de justicia sexual y reproductiva.

Del total de interrupciones legales del embarazo que realiza el gobierno local, el 68.7% son a mujeres que radican en la Ciudad de México y el resto a otros estados del país, siendo los principales: Estado de México (con el 87.5% del total de procedimientos a foráneas), Hidalgo y Puebla.

Y si bien Patricia López, acompañanta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), reconoce que una buena práctica es la prioridad que dan a las mujeres foráneas para atenderlas el mismo día, mediante el procedimiento de AMEU, para las que sí radican en CDMX no hay suficiente atención.

Lo ideal, propone Stephanie Lomelí, es que el servicio de ILE se proveyera en cualquier centro de salud, clínica u hospital de la ciudad, y no que se limitara a unos cuantos, como sucede actualmente.

En ello coincide Mara Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento de la organización Ipas Latinoamérica, que lucha por el acceso a abortos seguros: “si bien no estamos diciendo que desaparezcan las clínicas de ILE, nos parece que hoy por hoy cualquier mujer debería poder llegar a una clínica, decir que lo necesita y obtener el servicio con la misma calidad”.

En experiencia de las acompañantas, los servicios públicos también deberían mejorar la publicidad y atención para que sea cálida, clara, sin estigmas y sin presión para llevarse un método anticonceptivo.

La falta de información pública sobre este derecho ha dado pie a que en la entrada de las clínicas haya personas anti-derechos que, disfrazados de médicos y enfermeras, desinformen y coopten a las usuarias para obstaculizar el acceso al aborto. Mujeres que, según la titular de la Administración del Seguro Social (Ssa), Olivia López, inhiben la interrupción del embarazo con información falsa, e “incluso a mujeres que no están embarazadas les realizan el ultrasonido y proyectan imágenes de fetos que no existen en su vientre”.

Adolescentes y su derecho a la justicia reproductiva

El documento “Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Ciudad de México, 2007-2021. Tendencias a 15 años de su despenalización y provisión pública”, realizado por el gobierno de la CDMX, señala que se ha reducido más el número de ILE entre niñas y adolescentes, que entre las mujeres adultas, aunque no refiere razones. Y señala también que en alcaldías menos urbanas, como Milpa Alta, la probabilidad de embarazo infantil es muy elevada, y muy reducida la probabilidad de que las niñas accedan a la interrupción.

El Comité de Expertas de Belém Do Pará señala sobre los embarazos infantiles que “todo embarazo en una niña menor de 14 años debe considerarse no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual”.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en la CDMX se registraron 635 violaciones sexuales contra niñas de 1 a 17 años, solo de 2019 a 2021, es decir, una cada dos días. Aunque seguramente son más, porque como señala la directora de esta organización, Tania Ramírez, “hay un subregistro de estos casos”.

En caso de una violación, la Norma Oficial Mexicana 046 establece que se puede acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) incluso sin denuncia judicial de por medio, y no hay un límite de semanas gestacionales para llevar a cabo el procedimiento.

Sin embargo, el número de IVE es muy bajo. Por ejemplo, en ese mismo periodo en el que hubo 635 violaciones sexuales contra niñas (2019-2021), solo se registraron 116 IVE en mujeres en general, aunque de acuerdo con las autoridades, eso se debe a que muchas prefieren acceder a la ILE para evitar cuestionamientos.

Pero si ese es el caso, ¿cómo van a saber las adolescentes que pueden acceder a un aborto si no hay campañas de difusión?, cuestiona Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María: “Vemos a veces campañas que hablan de la vacunación o de otro tipo de servicios, y pues ILE nunca está presente”.

Las cinco alcaldías con mayor índice de fecundidad en adolescentes son Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa. De acuerdo con un análisis realizado por Verónica Esparza, coordinadora de Investigación en el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en Milpa Alta y Cuajimalpa hay menos información, menos presupuesto y, por lo tanto, menos posibilidades de acceso a una ILE. Lo cual tiene un impacto en la vida presente y futura de esas adolescentes.

Al respecto, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX explica que es necesario mucho equipamiento para llevar el servicio a las alcaldías más alejadas, por lo que se concentran en prevenir el embarazo, mediante campañas sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos en escuelas de educación media y media superior.

Uno de los requisitos para que las adolescentes puedan acceder a una ILE o una IVE es que vayan acompañadas por su padre, madre o tuto, lo cual, de acuerdo con acompañantas, complica el acceso por el estigma que hay alrededor del embarazo adolescente.

La criminalización permanece

La falta de información sobre el aborto afecta también a las mujeres adultas que viven en las zonas menos urbanas, “como Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, donde todavía hay mucho estigma”, dice Patricia López, acompañanta de Ddeser. En su experiencia, en esas zonas “todavía hay muchos mitos y estereotipos al respecto, como que un aborto es culpa de la mujer”.

A la falta de información se suma el hecho de que el aborto sigue siendo un delito contemplado en el Código Penal: “mientras eso continúe, las mujeres seguirán teniendo temor de solicitar o buscar servicios, porque están preocupadas de sí su caso cuadra o no en un marco legal”, dice Mara Zaragoza, de Ipas Latinoamérica.

Se trata de un temor fundado: la CDMX es la entidad donde hubo más Carpetas de Investigación (CDI) por aborto en el año 2022 en todo el país: 192 personas fueron denunciadas por ese delito, una denuncia cada dos días.

También en el acumulado de 2015 a 2022, la capital del país quedó en primer lugar con 945 denuncias.

Que el aborto siga como delito en el Código Penal hace también que el personal de salud sienta riesgos, “y esa incertidumbre legal, lo único que trae como resultado es mayor rechazo, falta de atención y negación de servicios, que ponen en juego lo que se supone que es lo más importante: la salud y bienestar de las mujeres”, agrega Mara Zaragoza.

Abortar en clínicas privadas

Mientras el aborto siga siendo más un privilegio que un derecho, las mujeres optarán por interrumpir sus embarazos con acompañantas, pero también en clínicas privadas, donde tampoco hay garantía de una atención sin prejuicios o incluso a un precio justo. Además, los hospitales privados no están obligados a informar a la autoridad sobre el número de servicios de ILE o IVE que dan.

Este relato lo comparte Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, quien acompañó a una amiga a realizarse una ILE en una clínica privada en el año 2012.

“Acompañé a una amiga que en ese entonces tenía 21 años y tenía 10 semanas de gestación. Somos de Toluca, así que tuvimos que trasladarnos en bus primero, llegar a (la estación) Observatorio y de ahí a la clínica que estaba por la estación Indios Verdes. Cuando llegamos le empezaron a cuestionar por su salud, que si tenía un TAC, que si no estaba alimentándose bien para que no se le notara, frente a todas las demás pacientes. La persona que estaba en el mostrador era un hombre y le hizo un interrogatorio extenso. Ella pidió ver el ultrasonido y la ginecóloga le dijo que si quería verlo era porque no estaba segura y ella no podía perder el tiempo, tenía muchas pacientes. Mi amiga quería de alguna forma despedirse del embrión. Luego le dijo que tenía 13 semanas y media y que, por eso, el costo era más alto y tenía que ser otro proceso. Mi amiga quería un AMEU y le dijeron que sí, pero además la forzaron a pagar más y a tomar una dosis de ‘miso’. Mi amiga comenzó con mucho dolor, escalofrío y náusea, síntomas fuertes del ‘miso’ y estaba muy asustada. El encargado del mostrador le gritó y la maltrató. Llegamos a la clínica a las 9:30 a. m. más o menos y la atendieron cerca de las cuatro o cinco de la tarde, pero a mí me dieron informes hasta las seis. No la anestesiaron, sintió todo y la ‘gineco’ la regañaba por moverse, por respirar profundo. Después la dejaron una hora esperando, semidesnuda, leyendo sobre anticonceptivos. Le volvieron a hacer un ultrasonido para que viera que el útero estaba vacío. Por días tuvo dolor y después, una infección”.

Julia Escalante, activista por los derechos sexuales y reproductivos, realizó una investigación sobre el servicio de ILE en clínicas privadas y encontró —con excepciones— que hay lugares donde hacen trabajar al personal médico 10 horas seguidas, con poco tiempo de descanso por lo que no dan consejerías ni explican las señales de alarma. Lo cual implica un riesgo para las usuarias; además de que se les exige practicar y vender los procedimientos y métodos anticonceptivos más costosos. Encontró también una alta fluctuación de personal en las clínicas.

Escalante registró el caso de una mujer que tenía un embarazo ectópico y la aspiración mal practicada terminó en una perforación. Días después del procedimiento ella llamó a la clínica para decir que tenía dolor, le dijeron que era normal. “Terminó en un hospital con una infección y una cirugía que costó 70,000 pesos (unos US$ 3.785)”.

Otra experiencia que acompañó Daniela Medina sucedió en otra clínica privada, en la colonia Roma:

“Mi acompañada tenía 20 años y 8 semanas, ella quería abortar con ‘miso’. Le dijeron que no podía usar medicamentos porque tenía más de 12 semanas y tenía que ser forzosamente con AMEU (que salía mucho más caro, que con medicamentos). Le hicieron firmar una especie de deslinde de responsabilidades si se ponía mal en Toluca. Yo aún no sabía cómo funcionaba el ‘miso’ y pues creímos en lo que decía la ‘gineco’. En ese momento yo tenía unos 2 años acompañando, no conocía muchas clínicas y no tenía tan presente el concepto de violencia ginecológica ni de derechos que tengo hoy”.

Para Daniela, estas experiencias que acompañó son ejemplo de cómo se sigue castigando a las mujeres por decidir y cómo se lucran de nuestro desconocimiento. “En las clínicas privadas es común que intenten cobrarles de más a las mujeres, que aumenten el precio por cada semana de gestación. En casi todas las clínicas dicen que hay acompañamiento psicológico, que es libre de estigmas, pero esa vez parecía todo lo contrario”.

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia, que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

Ayuntamiento de Chilpancingo empieza a borrar pintas del 8M

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Autoridades municipales comenzaron a borrar las pintas de los monumentos de la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac que realizaron las Mujeres que se manifestaron del 8 de marzo pasado.

En la marcha del 8 de marzo, en la que participaron mujeres, activistas, víctimas y familiares de mujeres que sufrieron violencia de género, por el Día Internacional de la Mujer, realizaron varias pintas en los monumentos de la Plaza Cívica.

En la base de los monumentos de José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana e Ignacio Manuel Altamirano se leía: «Mata a tu agresor», «8 M», «La policía no me cuida», «Gobierno machista».

La mañana de este domingo trabajadores de Servicios Públicos Municipales comenzaron a lijar las partes de los monumentos con consignas. Todavía no las borran del todo, muchas consignas continúan ahí.

En el piso de la explanada de la Plaza Cívica también hay pintas.

En las pintas había nombres de presuntos responsables de algún delito en contra de mujeres y exigencias de los colectivos en contra de las autoridades de procuración de justicia.

Se espera que las labores de limpieza continúen y queden borradas por completo en las próximas semanas.

También colocaron cárteles con fotografías de víctimas de feminicidio por las que exigen justicia.

Un caso es el de Paola Michelle, una niña de 14 años que fue asesinada el 28 de diciembre del 2022 mientras vendía postres en el centro de Chilpancingo.

Hasta el momento esos carteles no los han retirado.

El contingente 8M en Chilpancingo alza la voz contra los feminicidios y desaparición de mujeres

Texto: Itzel Urieta y Margena de la O

Fotografía: Óscar Guerrero

Chilpancingo

“¡Justicia para Lesly!”, “¡Justicia para Monse!”, “¡Justicia para Julia!”, “¡Justicia para Ilse!” se escuchó por las calles de Chilpancingo cuando pasó el contingente de mujeres que nutrió la marcha de este 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Fue un contingente amplio que recorrió el centro de la ciudad hasta el zócalo, en la plaza Primer Congreso de Anáhuac.

En ese trayecto las mujeres pararon en lugares claves de la ciudad, algunos institucionales, como el Ayuntamiento de Chilpancingo y la Agencia del Ministerio Público, para dejar en evidencia lo que no han hecho por la seguridad de las mujeres y por la protección de víctimas de alguna violencia, y otros que representan la saña violentada contra la mujeres, como el hotel Plaza, donde Ilse Melody fue asesinada el 17 de febrero pasado.

El contingente justo lo encabezaban las familiares y amigas de mujeres víctimas de feminicidio o desaparición, dos de las violencias máximas contra mujeres en Guerrero. Una muestra de esto son los números de casos en estos dos sentidos durante el primer bimestre de 2023: 44 mujeres desaparecieron, 24 en enero y 20 en febrero, y 23 fueron asesinadas. Estos datos surgen de la base de datos que de manera mensual hace Amapola, periodismo transgresor con el monitoreo de datos oficiales, medios de comunicación y redes sociales.

Con sus familiares y amigas al frente, de alguna manera, esta marcha conmemorativa fue dedicada a todas ellas.

Fue en memoria de Julia Magdalena Olea Cortés, trabajadora del Hospital del Niño y la Madre Guerrerense, de quien hallaron su cadáver el 6 de octubre del 2022, en la colonia Tetipán, en Chilpancingo.

Hasta el momento las autoridades no han dado información de la investigación, porque quizá no hay avances, a sus familiares que estuvieron en la marcha.

Fue en nombre de Lucía Hernández y Juanita Dircio, la madre y la abuela de Diana Itzel Hernández, hija del dirigente social, Ranferi Hernández Acevedo, asesinado en el mismo episodio que ellas, donde además mataron a su ahijado Antonio, en la carretera de Ahuacuotzingo a Chilapa, el 14 de octubre del 2017.

En el contingente del 8M en Chilpancingo estuvo Diana para exigir justicia por su madre y su abuela, y por otras dirigentes sociales de Guerrero asesinadas, como Rocío Mesino Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Para las mujeres desaparecidas también hubo consigna en la marcha.

La madre de Karen Melissa Peñaloza Martínez, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) marchó al frente del contingente.

Karen tiene 21 años; está desaparecida desde el pasado 31 de enero. Lo último que se supo de ella es que abordó un taxi para ir a Petaquillas, la comunidad de Chilpancingo más cercana a la ciudad, a unos 10 minutos.

En el contingente estuvo Alejandra Mateos Jiménez, sobreviviente de feminicidio, para reclamar justicia. Su agresor, Víctor Manuel Martínez Lezama, quien fue su pareja, tiene grandes posibilidades de evadir su responsabilidad.

Martínez Lezama fue sentenciado a seis años de prisión por el intento de feminicidio contra Alejandra, pero pidió un amparo a un juzgado federal, que lleva dos años sin emitir el fallo. Hace unos meses, aprovechándose de que la justicia parece jugar de su lado, se fugó a Estados Unidos, donde volvió a agredir a dos mujeres; ahora puede ser deportado sin que exista un elemento sólido para en Guerrero pague por lo que le hizo a Alejandra.

“Lo van a deportar y aquí va a volver a la impunidad. Yo pido que le nieguen el amparo para que cuando lo deporten el 27 de marzo él cumpla la pena de seis años y medio que le otorgaron”, reclamó Alejandra durante la marcha.

El contingente de mujeres en general, la mayoría vestidas de morado, negro y verde, caminaron por las avenida principales del centro de Chilpancingo a la vez que gritaron y cargaron cartulinas con frases de lo que no está dispuestas a permitir más y sobre lo no dejarán pasar.

“Ojalá que nunca te toque ver cómo la inseguridad te quita el amor de tu vida”. “Cansado de escucharlo, nosotras de vivirlo”. “Denuncia archivada, mujer asesinada”. “Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo a luchar”. “Pido que Guerrero no esté infestado de violadores y acosadores”. «¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”. “¡Justicia!”.

Son algunas consignas que se leyeron o escucharon en el contingente.

La marcha comenzó en la Alameda Granados Maldonado a las 16:30 horas y avanzó hacia el sur de la ciudad, pero retornaron monumento Unidos por Guerrero para cerrar en el zócalo.

El contingente fue resguardado por mujeres de la Policía Estatal.

Al llegar a la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, a manera de pronunciamiento, mencionaron lo que les interesa que sea atendido por la instituciones, como la erradicación de los matrimonios forzados.

«Exigimos prevención, atención y erradicación de las uniones tempranas forzadas principalmente en la región Montaña y Costa Chica del estado”, dijo quien leyó el texto.

Recriminaron al Estado no actuar en contra de la violencia digital ni agilizar las investigaciones para castigar a los feminicidios ni hallar a las mujeres desaparecidas.

Exigieron un alto al acoso y hostigamiento laboral y escolar. Esto tiene su razón de ser, pues, el pasado 5 de marzo fue documentado por la prensa que en la Prepa 29 de Tixtla, los estudiantes descubrieron cámaras instalada en los baños de las alumnas y los alumnos.

“Es preocupante que en las instituciones educativas no pongan atención a los casos que se generan dentro de las mismas y se vuelven indiferentes y protegen a los agresores”.

Para las mujeres rurales exigieron a las autoridades correspondientes garantizarles el derecho de posesión y tenencia de la tierra.

“Al Congreso le exigimos la presentación de la iniciativa de ley que reconozca la violencia vicaría como una manera de violencia contra las mujeres”.

La violencia obstétrica y garantizar los servicios de aborto, ahora que está despenalizado fue, sin duda, otro reclamo de un contingente que nunca más dará espacio a la invisibilidad.

Alumnas de la Uagro exponen a sus acosadores en tendederos colocados en los planteles

Texto y fotografía: Itzel Urieta

Chilpancingo

Alumnas de diversos planteles de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) expusieron a sus acosadores y abusadores a través de tendederos colocados en las explanadas de las facultades y preparatorias.

Una de las instituciones donde realizaron esta actividad fue la preparatoria 9, Comandante Ernesto Che Guevara. Desde las ocho de la mañana, las alumnas colocaron fotografías, carteles con denuncias de acoso y hostigamiento cometidas por alumnos, maestros y directivos de la institución.

También señalaron a alumnos y maestros de la Escuela Superior de Enfermería 1 y de la Preparatoria 1. Ambas escuelas ubiacadas al lado del edificio de la preparatoria 9.

“El director es amigo de acosadores”, “Autoridades hacen oídos sordos, no encubran acosadores”, “No lo quites te estamos observando”, son algunas de las frases que se leen en el tendedero.

En el caso de los maestros, las denunciantes omitieron algunos nombres.

“Maestro de la 9 invita a bailar a sus alumnas para conocerse más”, “El profesor de la 1, Francisco Javier Martínez es un machista misógino, trata a las mujeres como objetos para los hombres”, expusieron en el tendedero.

En la Facultad Comunicación y Mercadotecnia (Facom) también realizaron un tendedero de acosadores.

Además instalaron buzón de denuncias anónimas que llamaron Yo te creo, en el cual las alumnas escribieron sus denuncias de manera anónima que turnarán a la dirección de la facultad.

En Tixtla, alumnas de la preparatoria 29, Emiliano Zapata, tomaron las instalaciones de la preparatoria para exigir al director Francisco Calvo Hernández una explicación sobre las mini cámaras que descubrieron en los baños de alumnos y alumnas de ese plantel.

De acuerdo con las manifestantes, Calvo Hernández se rehusa a darles una explicación de las cámaras.

Lo acusaron de hostigar a las manifestantes. Las alumnas pidieron la presencia del rector de la Uagro, José Alfredo Olea, para que los directivos del plantel les den una explicación y asigne responsabilidades.

Estos tendederos y manifestaciones se dan en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El tendedero permanecerá todo el día en las escuelas. Las alumnas y los alumnos pasan, observan y leen las denuncias.

Los maestros y maestras no dan declaraciones al respecto.

Hasta el momento ninguna autoridad de la Uagro se ha pronunciado sobre esta serie de denuncias contra universitarios.

Tampoco se tienen noticias sobre Karen Melissa Peñaloza Martínez, alumna de la Facultad de Derechos, quien está desaparecida desde el 31 de enero.

Mañana está programada una marcha contra la violencia hacia las mujeres, organizada por activistas y colectivas feministas, la cual comenzará en la alameda Granados Maldonado.

Albañilas, electricistas y plomeras: mujeres y disidencias ocupan oficios del hogar

En la Ciudad de México existe una red de mujeres y disidencias que se dedican a la albañilería y la plomería. Cada día son más, y su trabajo contribuye a romper los estereotipos de género alrededor de estos trabajos.

Texto: María Ruiz / Pie de Página

Fotos: Especial

Ciudad de México

Perder el miedo es lo que esta red de mujeres y disidencias están fomentando. El miedo y la creencia de que solo los hombres pueden reparar los desperfectos del hogar.

Cada día esta red va en aumento, pero para esta entrevista contactamos a Renard de Carpintería para Morras, a Luz y a Andrea de Chalanais y a Viridiana de Ecomitriks. Cada una tiene su historia contra el miedo, y nos compartieron un poco al respecto.

Perder el miedo

Renard comenzó en la carpintería durante su voluntariado en Vida Digna, un santuario de animales ubicado en Amecameca, Estado de México. Parte del trabajo que hacía consistía en reparar y crear casas para los animales, haciendo eso fue que encontró su amor a reparar y construir.

Ese amorcito lo quiso compartir con más personas y comenzó una serie de talleres que hasta hoy realiza.

“En el quehacer diario aprendí un montón, entendí las posibilidades y el alcance: que da autonomía, autogestión, independencia, confianza, seguridad y lo quise compartir con otras”, recuerda Renard.

Renard conoció a Viridiana durante la universidad. Ambas son biólogas. De hecho, Viridiana además de hacer trabajos de plomería también realiza control de plagas. Ella aprendió desde pequeña a realizar arreglos en la casa. Su abuelo le enseñó a pesar de sus prejuicios machistas. Pero fue en la pandemia cuando decidió dedicarse de lleno a esta labor:

“Empecé en la pandemia porque había cosas que arreglar en mi casa y no había quien lo hiciera. Me surgió un problema con el lavadero de los trastes y vivo sola con mi hijo. Vi que en Pilares había clases en línea y me metí y ahí empecé a aprender, luego pasé a presencial dónde justamente las maestras son mujeres. Después me empezaron a pedir ayuda mis amigas y así me empezaron a pagar. Hay mucho trabajo porque como mujeres sabemos que los hombres han sido gandallas históricamente: te acosan, te cobran de más, no hacen bien las chambas”, cuenta Viridiana.

En estos oficios una pierde el miedo. Romper las creencias de género nos da autonomía:

“Estos oficios, más que independencia nos gusta usar el concepto de autonomía, porque no se trata solo de hacerlo tú misma: sino de entenderlo. Y es lo que comentamos con las clientas, no necesariamente lo tienes que hacer tú, pero con el hecho de entenderlo te abre el camino a qué no te vean la cara y te da una sensación de empoderamiento”, explican Las Chalanais.

Autonomía de cuerpo y mente

Las Chalanais está confirmado por Luz y Andrea. Ellas son amigas desde hace diez años, y además de dar un excelente servicio: practican el autocuidado y la dignificación de su trabajo.

“Tenemos la capacidad de definir los límites de nuestra vida personal y nuestro trabajo.

Pero creo que la independencia nunca se debe confundir con la autoexplotación. Siempre tenemos que tener en cuenta que trabajamos con el cuerpo, que hay muchas lesiones de por medio y dentro de eso saber que uno de los retos es que hay que cuidarnos, procurar nuestra integridad física. Saber cuándo poner un alto y decir ‘necesito dedicarme tiempo a mi misma para descansar’. Saber cuándo parar, tener la seguridad de decir mañana continuamos porque justo en jornadas maratónicas es cuando surgen los accidentes y en este caso nosotras cobramos por trabajo no por tiempo” cuentan.

Además, señalan algo esencial, no repetir conductas machistas por probar nuestras capacidades:

“Entra el juego de que justo como somos mujeres, somos disidencias, sentimos que tenemos que demostrar nuestras capacidades y luego nos podemos sentir muy presionadas. Porque sí sentimos que para darnos nuestro lugar en estos oficios tenemos que ‘cumplir’ con estándares muy machistas” comparten.

Esta autonomía trasciende el cuerpo y la mente:

“Vencí muchos miedos muchos bloqueos que eran sociales, culturales y familiares. Decir ‘yo puedo arreglar mis llaves, puedo poner mi tanque de gas, arreglar mis fusibles y arreglar licuadora’ me ha dado mucha independencia económica pero también mental” comparte Viridiana.

Pero no ha sido un camino fácil. La creencia de que son oficios para hombres las han hecho pasar malos ratos y se les ha exiliado de estos trabajos por años. Su análisis es que tiene que ver con el machismo.

“Es un exilio, una negación. Nos limitan de muchas formas: simbólica, física… desde que leen tu cuerpo feminizado ya hay una negación. En resumen es una cuestión de estructuras de poder alrededor del género. Desde ahí muchas crecen y se creen impotentes de hacerlo y de eso se habla también en los talleres, que es un desbloquear, un reiniciar un chip”, cuenta Renard.

Dignificar el trabajo

A Renard una vez le vendieron material en mal estado en una carpintería por ser morra. Viridiana cuenta que hay clientas que desconfían de sus capacidades por ser mujer; y Las Chalanais comparten que les han pedido que rebajen sus precios:

“Otro reto es la dignificación de nuestro oficio. Mucha gente se acerca a nosotras queriendo algo barato y nos causa conflicto porque lo que nosotras hacemos tiene su costo, la dignificación viene de ida y vuelta, no es una cuestión de cobrar un montón, se cobra lo justo y que te digan algo barato es como decir bajar la calidad de los materiales y eso lo único que va a generar es que se quede en entredicho tu trabajo” señalan.

Además de ser albañilas, plomeras y electricistas: son pedagogas. Lo son desde el primer momento, cuando dan un servicio y explican a sus clientas la razón de sus problemas. También, cuando dan talleres donde invitan a que más morras y disidencias adquieran estos conocimientos.

“Sin importar a quien contraten nunca se queden con dudas, pregunten. Alguien que sabe lo que hace y que confía en su trabajo en ningún momento se va a negar a responder. Estás en tu derecho de entender lo que están haciendo en tu casa porque al final nos estás dejando entrar en el lugar más íntimo de ti que es el lugar en el que habitas. Y si quieren aprender, hay muchísima información en internet, busquen tutoriales, no tienen que empezar con una labor titánica, pueden empezar cambiando una manguera, conociendo las herramientas. Todo esto es como cualquier cosa que se aprende, es de a poquito” aconsejan.

Romper estereotipos

Contratar a mujeres y disidencias rompe estereotipos. Aprender a reparar y estar listas para emergencias, también. Y lo que está haciendo esta red, generar colectividad es un reto grande, y cada día más posible:

“Con unas compas estamos intentando crear una colectividad en la que nos podamos compartir los trabajos, podamos colaborar juntas y que sea en la horizontalidad , que pueda ser parejo, en confianza. Entre nosotras estamos intentando hacer eso, que si llega un trabajo poderlo compartir con otra a la que a lo mejor no le ha llegado trabajo. Ahí vamos porque trabajar desde la colectividad sí suena bonito pero cuesta trabajo porque cargamos con muchas dinámicas jerárquicas o cuesta trabajo asumir, aceptar las equivocaciones. Practicar el ejercicio de la reciprocidad y de tratar de que sea parejo para todas. Creo que en eso estamos, vamos bien pero ahí vamos” comparte Renard.

Todas comparten un sueño: que la red siga creciendo. Viridiana lo explica de una forma bella:

“Siento muy chido ser parte de esta generación de morras que ya no nos estamos creyendo esto de que nacimos para ser las mujeres “que tenemos que ser”. Estamos siendo las mujeres que podemos ser y me late sentir esta libertad de hacer lo que yo quiera y ser lo que yo quiera. Me gustaría muchísimo que más mujeres sientan esta libertad. Es mentira que son oficios para batos, es mentira que no tenemos la fuerza o el ingenio para hacerlos. Lo tenemos, y si no, los generamos, la práctica hace a la maestra. Creo que cualquier adulto funcional debería saber que hacer en un caso de fuga de agua o si se te va la luz, incluso debería enseñarse desde educación básica. Mi deseo es que muchas mujeres se animen a perder el miedo y sientan el poder que tienen en sus manos de resolver los problemas que les vengan a la vida. Qué sigamos haciendo red y cada vez seamos más sosteniendo nos unas a otras” comparte Viridiana.

Te dejamos los datos de contacto de quienes conforman esta red para la próxima vez que necesites un servicio:

Carpinteria para morras

Instagram: @carpinteria_para_morras

Las Chalanais

Instagram: @chalanais

Ecomitriks

Instagram: @ecomitriks

Las Mai

Instagram: @lasmaioficial

Tlacolol – Un santuario para la mujer, retórica de la 4T en Guerrero

En el país y en Guerrero, por supuesto, los gobernantes tienen una habilidad extraordinaria para simular. Simulan más de lo que hacen. Simulan que combaten la pobreza, a las organizaciones criminales y sus líderes, al neoliberalismo y a la derecha.

Pero en el caso del combate a la violencia contra las mujeres, la simulación se vuelve grosera, lastimosa. Este problema está en el escrutinio nacional al menos desde 1991, tras una serie de feminicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y, desde esos años, esa violencia institucional y sistémica se ha extendiendo por todo el país.

Guerrero tiene en su historia a la primera mujer gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, pero sostenemos que también sufre violencia de género. Las activistas feministas en cada protesta que realizan, remarcan que la violencia de género se da principalmente en los círculos familiares y entre amigos. Con la gobernadora ocurre algo similar: nuestra hipótesis es que su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, es el violentador.

Hay que recordar que Evelyn Salgado no fue candidata por decisión propia sino por la ambición de su padre que exigió a la dirigencia nacional de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador que ella fuera la que lo sustituyera en la candidatura.

La gobernadora es cuestionada por no ejercer sus funciones plenamente, hipótesis que se refuerza gracias al accionar de su padre, pues, Félix Salgado se ha impuesto sobre ella en el nombramiento de cargos públicos, ha dado órdenes públicamente a funcionarios, la contradice públicamente y es más, cuando alguien no logra una audiencia con ella, buscan a su padre para destrabar conflictos gremiales, laborales, de obras y hasta personales.

El colmo es que en una guerra interna en el Congreso del estado, entre los morenistas, Alfredo Sánchez Esquivel y Yoloczin Domínguez Serna, el 15 de febrero en una reunión de mujeres en Chilpancingo, organizada ad hoc para que se luciera Félix Salgado lanzó que: Los hombres machistas y misóginos se tienen que ir de Morena.

Lo esgrimido por Salgado Macedonio tiene un claro destinatario, Alfredo Sánchez Esquivel, quién cayó rápidamente de la gracia de los Salgado, y a quien añadió que «quienes se atreven a hacer violencia, esos no son hombres, no son compañeros», luego de que ha tenido cruces con Yoloczin Domínguez, ambos no por ser blancas palomitas.

Sin embargo, es cuestionable la calidad moral del «máximo ideológico» de la gobernadora, habrá que recordarle que Félix Salgado tiene dos denuncias penales por violación en la FGE, y otras tres por acoso y abuso sexual.

Seguro Félix Salgado aún no podrá comer a gusto de semejante mordida de lengua que se dio.

El 8 de junio de 2021, en el zócalo de Acapulco, eufórica por el triunfo electoral, Evelyn Salgado lanzó una frase: “Guerrero será un santuario para las mujeres, recibirán toda la protección a sus derechos y estarán en los puestos importantes del Gobierno”.

Guerrero no es un santuario para las mujeres, ni siquiera están seguras en las oficinas del gobierno del estado.

Como reporteros y en la cobertura de la fuente del gobierno del estado, nos permite conocer a muchos funcionarios y burócratas. Hace unos días, conocimos la historia de una trabajadora de la Secretaría de Salud que ha sido violentada y, lo peor, es que las autoridades poco han hecho para protegerla.

En 2022, Jessica –como la llamaremos– mantenía un noviazgo con un compañero de trabajo, ambos laboraban en un instituto de salud del gobierno del estado, sin embargo, un día su pareja cometió un delito: divulgó fotografías íntimas de Jessica con sus compañeros.

Jessica fue atacada, avergonzada y violentada, además, junto a su ex pareja, fue despedida (trabajo de donde tenía 15 años de antigüedad) sin cometer ninguna falta, salvo creer en su entonces novio. Intentó defenderse pero la directora del instituto y la titular de la Unidad de Género no sólo no le creyeron, sino que corrieron el rumor de que los aludidos habían tenido relaciones sexuales en la dependencia y argumentaron que su baja se debía a su falta a los códigos de ética.

Ante la injusticia, Jessica buscó ayuda, pocos fueron los que le creyeron, y la acompañaron a interponer su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) porque aunado al daño público, su ex novio la seguía acosando.

En el Ministerio Público tardaron siete horas para recibir su denuncia: la revictimizaron, le cuestionaron el porqué había enviado fotos íntimas a su pareja.

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero tampoco fueron receptivos ni empáticos con Jessica, le expresaron que si no la habían agredido físicamente no estaban violentando sus derechos y no podían intervenir. La Secretaría de Salud tampoco la apoyó y mucho menos la Procuraduría de la Mujer.

Fue así que presentó ante la Secretaría de Contraloría su queja y, a pesar de todo lo sufrido, las burlas, el rechazo y que muy pocos le creían, se emitió una primera recomendación, en la que se instruyó a la directora del instituto reintegrarla en su trabajo, pero la funcionaria no sólo se negó sino que dijo que la Contraloría no podía obligarla a acatar la orden.

Jessica lleva cuatro meses sin trabajo, es madre soltera, tiene una hija pequeña de cinco años, a quien por no tener empleo ya no la recibieron en el Centro de Comunidad Infantil Preescolar (Cendi). A contra marea, Jessica sigue luchando y espera un segundo fallo de la Contraloría.

Ha sufrido la violencia y es testigo de la simulación que se vive en Guerrero, porque ni la fiscalía, ni la Secretaría de la Mujer, ni Derechos Humanos ni la Secretaría de Salud la apoyaron, al contrario, la han violentado.

La violencia contra la mujer tiene sesgos oficialmente ya que de acuerdo con el gobierno federal en 2022 se contabilizaron 3 mil 775 mujeres y niñas asesinadas en el país, pero sólo 968 fueron tipificados como feminicidios.

En Guerrero en 2022 se registraron 128 homicidios de mujeres, de los que sólo 13 se investigaron como feminicidio.

Según el gobierno federal, en enero de 2023 se reportaron 302 muertes violentas de mujeres en el país, de las que sólo 72 fueron registradas como feminicidios, cifras por demás alarmantes.

De enero a febrero de este 2023, 23 mujeres han sido asesinadas, cuatro a golpes, dos a puñaladas y 17 a balazos.

De esos 23 asesinados en su mayoría con presunción de feminicidio, sólo en dos casos la FGE ha detenido a los presuntos agresores, asegura la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia la Mujer.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan asegura que en Guerrero son asesinadas dos mujeres por semana.

«Las autoridades viven en el mundo de la farándula de los actos suntuosos y banales, de las pasarelas frívolas para enaltecer su ego», dice Tlachinollan en alusión a la gobernadora que para proyectar su imagen invierte miles de pesos en su atuendo personal para salir en los actos públicos y en reuniones de gabinete.

Este domingo 5 de marzo, la gobernadora Evelyn Salgado acudió a la Ciudad de Méxicoma celebrar el Día Internacional de la Mujer, y reiteró que en «Guerrero no descansaremos hasta convertir a nuestro estado en un santuario para las guerrerenses”.

Para este 8 de marzo, cuestionamos de ¿qué santuario habla? Si en Guerrero la mujer sufre violencia cada vez más extrema, por ejemplo, la joven empresaria asesinada el 16 de febrero en un hotel a unas cuadras del centro de Chilpancingo.

Quién defiende a las mujeres, ¿Violeta Pino? La peticionaria de la primera de dos alertas de violencia de género, que con sus reuniones interminables poco o nada ha logrado dar cumplimiento a las medidas.

Pino quien militó en el desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que fundó la fallecida Rosario Ibarra de Piedra ya borró de un plumazo sus convicciones de izquierda. Ahora, cada vez que puede, llena de elogios a Félix Salgado, el presunto violador de mujeres.

Así en Guerrero con un gobierno de la cuarta transformación no existen en serio políticas transversales para erradicar la violencia en razones de género. Critican al conservadurismo y actúan igual.

Hoy coincidimos que es tiempo de las mujeres, pero de aquellas que siempre han luchado, no por un puesto público sino por combatir sin simulación a la violencia.

Chirrionazo:- Este 6 de marzo se cumplieron 33 años de la sangrienta represión que ordenó el entonces y fallecido gobernador, el priista José Francisco Ruiz Massieu, contra dirigentes y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a quienes a punta de bala y toletazos fueron desalojados de una veintena de ayuntamientos por la Policía Estatal y desaparecida motorizada y la Policía Judicial.

Los perredistas encabezados por Rosalío Wences Reza, Octaviano Santiago Dionisio, quienes ya fallecieron, además de Eloy Cisneros Guillén, Guillermo Sánchez Nava y otros más protestaban por el fraude electoral derivado de las elecciones a alcaldes y a diputados locales del 3 de diciembre de 1989.

En esa refriega que ordenaron Ruiz Massieu, el entonces secretario general de Gobierno, Jesús Ramírez Guerrero y el fallecido Procurador de Justicia, José Rubén Robles Catalán, hubo muertos, heridos y desaparecidos, dice un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pero casi 15 días antes de la represión del 6 de marzo, el 27 de febrero de 1990, las fuerzas policiacas desalojaron a los perredistas que pretendían tomar los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo.

En Zihuatanejo, el entonces diputado federal perredista, Félix Salgado, iba al frente de la protesta y al igual que sus compañeros fue reprimido.

Pero lo que es la vida, hoy, Salgado Macedonio goza de las mieles del poder y en el gobierno que encabeza su hija, ha sido el principal promotor de alianzas con los caciques Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre, dos de los principales represores del movimiento del PRD de aquella época.

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com

Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones

Colectivas feministas alistan movilizaciones por el 8M

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: José Luis de La Cruz

Chilpancingo

Previo al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, colectivas, organizaciones feministas y activistas por los derechos de las mujeres, preparan diversas actividades en Chilpancingo para conmemorar el día.

La marcha del separatista del 8M será la actividad principal de este día. La marcha convoca a todas las mujeres de todas las edades a participar.

Esta marcha iniciará en la alameda Granados Maldonado, la concentración será a las 3:30 de la tarde. Por cuestiones de seguridad no se mencionó donde culminará el recorrido, se dirá hasta el día de la movilización.

“En este marco lo que nosotros tratamos de visibilizar es todas la violencias que siguen pasando contra las mujeres y de visibilizar casos que han estado pasando en el estado y en la capital”, mencionó Renata González Moreno, integrante del Observatorio de Violencia contra la Mujeres Guerrero (OVM).

Después de la marcha, una de las activistas leerá un pronunciamiento en la que establecerán las exigencias de la agenda feminista.

“Dentro de esos temas vamos a abordar la violencia obstétrica, la violencia institucional, los matrimonios forzados, la violencia digital, la violencia vicaria, así como la violencia feminicida y la desaparición forzada hacia mujeres”, comentó Angie de la Rosa Palafox, integrante de la Red de Jóvenes Activistas por los Derechos Sexuales y Reproductivos, (Redefine Guerrero).

El acoso y hostigamiento sexual en espacios laborales y educativos, también serán parte de las exigencias.

“Exigiremos la liberación inmediata de las mujeres presas por abortar y el acceso al aborto de manera segura en las clínicas públicas de nuestro estado”, agregó de la Rosa Palafox.

El pronunciamiento será dirigido a los tres niveles de gobierno, a quienes también exigirán un alto a la persecución de activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres.

De acuerdo con de la Rosa Palafox, en lo que va del año en Chilpancingo han ocurrido tres feminicidios, explicó que son tres los que están tipificados como feminicidios, pero hay otras muertes violentas de mujeres que se investigan como homicidios.

Llamó a las autoridades a juzgar con perspectiva de género los casos de muertes violentas contra mujeres.

Las activistas también mencionaron que trabajan en un mapeo sobre desaparición de mujeres el cual presentarán el 8 de marzo.

Datos del OVM Guerrero registraron que en 2022, en el estado ocurrieron 128 asesinatos contra mujeres sólo 13 están catalogados como feminicidios.

Según datos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), hay ocho Alertas Violetas activas por desaparición de mujeres.

Exponen a maestros y alumnos de la Facultad de Química de la Uagro por acoso sexual

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

11 de marzo de 2022

Chilpancingo

Alumnas de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) denunciaron, a traves de un mural, a profesores y estudiantes por acoso y hostigamiento sexual.

En el mural se exponen las nombres de maestros y profesores que hostigan sexualmente a las estudiantes.

En pancartas y hojas blancas con la fotografía de los agresores se leen los nombres de

Antonio Leyva Vázquez, Erick Jordan, Jairo Díaz, Lorenzo Salgado, Jorge Monroy, José Luis Almazán, Jesús Bedolla Piza, Alejandro Leyva, Daniel Hernández, Jorge Bello, y Renato Alberto.

Dichos hombres son acusados por alumnas de la facultad y todos son profesores y estudiantes.

El mural se colocó en uno de los edificios de la facultad, ubicada en Ciudad Universitaria, al sur de Chilpancingo.

Dicha actividad se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.

El mural fue anonimo y las estudiantes por seguridad no quisieron dar información sobre la convocatoria a participar en dicha actividad.

Al centro del mural había un cartel donde se leía, “¿Quién es tu acosador?” y alrededor, retratos de algunos de los hombres señalados como agresores y pancartas en su contra.

“Miguel Catalán, con mis compañer@s te nombramos el pervertido, no por nada te ganaste ese apodo después de las veces que me acosabas en los pasillos”, se leía.

“Mi ropa no es invitación para tu morbo, Uriel, respetanos”.

“El maestro Erick Jordan en mi segundo semestre me citó a solas en su oficina y me insinuó que si quería subir mi calificación me aceptaba lo que yo le ofreciera, todo menos dinero porque eso a él no le interesaba, mientras me agarraba la mano, me negué y me obligó a abrazarlo a la fuerza cuando me iba. Me reprobó y se negó a hacer un extra varias veces”, fueron algunas experiencias que las alumnas expusierona través del mural.

Además, en otras cartulinas las víctimas cuestionaron al director de la facultad, Oscar del Moral, por ser indiferente a las denuncias de las alumnas.

“¿qué te interesa más la reputación de la facultad o la seguridad de tus alumnas?”, “No, director, no tengo un video, no estoy grabando esperando a que me acosen”, decían las pancartas acusando al director por no darle importancia al testimonio de las alumnas.

Durante la marcha del pasado 8 de marzo en Chilpancingo, estudiantes de distintos planteles educativos de la ciudad denunciaron a sus profesores por acosarlas y hostigarlas sexualmente.

En dicho mural, que colocaron al pié del monumento a Las Banderas, mencionaban a profesores del Colegio de Bachilleres, del Cbtis135, y de la Uagro, entre ellos docentes de la Facultad de Filosofía y Letras y de Comunicación y Mercadotecnia.

A esas acusaciones se suman las que hoy hicieron las estudiantes de la Facultad de Química.

Órdenes de protección: una medida de papel que deja a las mujeres sin resguardo

Aunque las órdenes de protección están contempladas en la ley general contra la violencia a las mujeres, en los estados no hay presupuestos garantizados para su implementación y tampoco se da seguimiento a que sean cumplidas.

Texto: Andrea Vega y Lizbeth Padilla / Animal Político

11 de marzo del 2022

En México, una orden de protección para una mujer víctima de violencia es solo un papel. El país no tiene un sistema para que esta medida se implemente de forma adecuada.

No hay protocolos para emitirlas ni recursos suficientes; tampoco existen mecanismos formales para darles seguimiento y saber si de verdad ayudan a reducir el riesgo para las mujeres.

Carolina Mendoza vive en Tultitlán, Estado de México. Hace cuatro años se separó de quien era su esposo, después de vivir violencia psicológica y física. Denunció, pidió protección y, desde 2017, solo le otorgaron rondines de la policía y un número de teléfono al cual llamar en caso de emergencia.

“Así como muy efectivas las medidas de protección, no han sido. Solo es un papel. Él igual me acosa, me persigue. Un día hace dos años me quiso atropellar con su moto. Yo iba con mi mamá y afortunadamente lo alcanzamos a esquivar. Le marqué a la policía y llegaron hasta 15 minutos después. Lo que me dicen es que no tienen elementos suficientes y no pueden llegar antes”, alerta.

Las autoridades facultadas para emitir órdenes son los jueces y ministerios públicos, y quienes las implementan son las secretarías de Seguridad.

Por transparencia, Animal Político solicitó información a ocho entidades: Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Yucatán y Guanajuato, sobre cuántas órdenes emitieron entre 2017 y 2020, si se hizo un análisis de riesgo previo para saber qué medidas requerían las mujeres, cómo se dio seguimiento a esas órdenes y con qué recursos contaron.

La mayoría de las secretarías de Seguridad respondió que no hay policías destinados para el cumplimiento de estas órdenes; se usan los elementos que están de turno.

Solo Puebla y Estado de México dieron el número específico.

En el Estado de México, donde en 2017 se emitieron 32 mil 815 órdenes y medidas de protección, solo se asignó a 460 policías y 146 patrullas; en 2018, cuando se otorgaron 31 mil 539 órdenes, se destinó a 450 elementos y 135 patrullas.

Para 2019, mientras que el número de órdenes emitidas subió a 47 mil 274, solo se asignó a la protección de mujeres a 452 policías y 136 unidades, y para 2020, la cifra de órdenes otorgadas volvió a crecer hasta 53 mil 422, pero el Edomex ya no reportó una cantidad específica de uniformados, solo a 98 patrullas asignadas.

Gráfico: Daniela Díaz | @_danichi y Andrea Paredes | @driu.paredes

En cuanto a Puebla, entre 2017 y 2020 se asignó a 355 policías para órdenes de protección, pero no se puede saber el total de medidas emitidas, porque la fiscalía no respondió a las peticiones de información y el Poder Judicial indicó que solo había otorgado 65.

En entrevista, Violeta Castillo Saldívar, comisaria de Planeación Operativa de la Secretaría de Seguridad de Jalisco y quien encabeza todas las políticas de género en la corporación, explica que son principalmente los policías municipales quienes dan seguimiento a las órdenes y es difícil señalar un número, porque depende de cuántos elementos y turnos haya en cada municipio.

Castillo afirma que, cuando estos uniformados están rebasados, se les apoya con personal de la Secretaría de Seguridad estatal.

Respecto del presupuesto para implementar las órdenes, las autoridades respondieron que no hay uno específico para ejecución, monitoreo y seguimiento de estas medidas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México señaló que no tiene el monto desagregado; la de Veracruz, que no tiene el dato.

La de Guanajuato respondió que no se encontró información del presupuesto para órdenes de protección, pero argumentó que la fiscalía podría tenerla. A su vez, la fiscalía indicó que no la puede dar porque no la tiene desagregada. Es decir, nadie sabe cuánto dinero se destina finalmente para implementar órdenes o si lo hay.

La propia titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, admite: “Estamos lejos de que se hagan efectivas estas órdenes de protección y las entidades que me acaban de decir (a las que se pidió información) sí son de las que tenemos en foco rojo”.

Guanajuato, explica Alanís, estaba cerrando 2021 con el mayor número de muertes violentas en el país. Terminó con 3 mil 516 homicidios dolosos y 34 feminicidios. Nuevo León y Jalisco también tienen alta incidencia de violencia contra las mujeres.

La funcionaria admite problemas estructurales para que se implementen bien las órdenes. “Se debe reconocer que ha habido esfuerzos en los gobiernos. Jalisco está fortaleciendo a las instituciones encargadas de estos temas, pero es una tarea en la que tenemos que partir de reconocer que no hemos avanzado lo suficiente”.

Animal Político solicitó entrevista a las fiscalías, las secretarías de Seguridad y los poderes judiciales de las ocho entidades a las que se les pidió información, pero hasta el cierre de edición solo respondieron el Poder Judicial del Estado de México, la Secretaría de Seguridad de Jalisco y el Poder Judicial de Yucatán. La fiscalía de Jalisco solo envió información general por escrito.

En esta, señala que se está fortaleciendo el seguimiento a las víctimas de violencia a través de tecnologías para la coordinación intersectorial —como brazaletes de geolocalización para los agresores— y que se están instrumentando mecanismos de evaluación de riesgo ajustados a las nuevas dinámicas psicosociales. Además, afirma que hay unidades especiales de policías para atender a mujeres víctimas de violencia.

El primer problema: la confusión de las autoridades

Una orden de protección es un mecanismo de urgente aplicación, autónomo, que no requiere que la víctima interponga una denuncia ni que sea parte de algún otro procedimiento penal, civil o administrativo. Las órdenes están incluidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde 2007.

Este instrumento busca garantizar la vida, integridad y seguridad de las mujeres en situación de violencia, explica Fátima Gamboa, codirectora de la organización Equis Justicia para las Mujeres.

En la ley, se consideran una serie de acciones dentro de las órdenes, como la prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades, y al lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que frecuenten la víctima directa o víctimas indirectas.

También abarcan el traslado de las víctimas a donde se requiera —casas de emergencia, refugios o albergues—, cuantas veces sea necesario para garantizar su seguridad y protección; la custodia personal o domiciliaria, y los recursos económicos para garantizar seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza y trámites oficiales, entre otros aspectos. Se pueden implementar varias de las acciones citadas, según requiera el caso.

Sin embargo, las autoridades no las implementan correctamente porque las confunden con otros mecanismos, como las medidas de protección, derivadas de un procedimiento penal con una denuncia previa, que además se pueden otorgar a hombres y mujeres.

El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, da muestra de esta confusión. En entrevista con este medio, cuando se le preguntó por el procedimiento para emitir las órdenes de protección, respondió que en materia penal el agente del Ministerio Público solicita al juzgado medidas cautelares y medidas de protección, y que en materia familiar hay un juzgado especializado en violencia que gestiona las medidas cautelares.

Por estas confusiones, las medidas que se otorgan no tienen perspectiva de género ni reconocen los riesgos para las mujeres, de ahí que las obliguen a denunciar y solo les otorguen rondines de policías, advierte Rodolfo Domínguez Márquez, coordinador general de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, AC, y asesor del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Una mujer que vive en la CDMX, a quien se identificará como Adela para resguardar su identidad, cuenta que le otorgaron rondines de la policía y un código para que supuestamente la atendieran más rápido en el 911.

“Yo soy sobreviviente (…) Mi exesposo, con quien viví cuatro años, me golpeaba. Una vez me pateó en el vientre con una bota de casquillo. Yo estaba orinando sangre y no me dejaba ir al médico. Otra vez intentó asfixiarme. A pesar de eso mi denuncia no la admitieron como tentativa de feminicidio, sino como violencia familiar, y me dieron medidas de protección que no me han servido de nada. Vivo escondida en la casa de mis padres”, relata.

Al principio, los policías pasaban cada tercer día. En 2021, fueron solo cinco veces. “En abril me habló la comandante del sector y me dijo que ningún oficial podía ir al rondín, porque tenían 39 mujeres con códigos de atención ciudadana y no le alcanzaban los elementos, así que si necesitaba algo que los llamara”.

Adela dice que el código que le otorgaron tampoco le ha servido. “Supuestamente, con ese código ya tienen todos tus datos si llamas, pero no es verdad, siempre me preguntan mi nombre, mi dirección, que qué pasa, que si tengo medidas… No sirve”.

El 8 de julio pasado, ella viajaba en auto con su mamá. Iban a una consulta psiquiátrica. Adela está en tratamiento por el maltrato sufrido y las tentativas de feminicidio. Su exesposo las iba siguiendo en otro automóvil. “Me metí al estacionamiento de una plaza para pedir ayuda, llamé a la policía y tardaron unos 15 minutos en llegar; para cuando llegaron, él ya se había ido”.

Sin obligación de denunciar

La titular de la Conavim reitera que las mujeres no están obligadas a denunciar para que las autoridades les otorguen una orden. Estas tampoco pueden negarla ni condicionarla.

“Las autoridades tienen sí o sí que creer en la palabra de las mujeres, tienen sí o sí que otorgarles una orden de protección cuando así lo soliciten, y tienen que sí o sí orientar a las mujeres sobre los servicios que pueden garantizarles protección”, señala.

El artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica: “(Las órdenes) deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres”.

Aun así, entre la información que proporcionó la CDMX sobre órdenes emitidas, también dio el número de aquellas negadas —986 solo en 2020—, lo que indica que no siempre se otorgan.

Cuando en una segunda solicitud se cuestionó por qué se negaron esas órdenes, la respuesta fue: “No se cuenta con la información, puesto que el motivo por el cual se niegan las medidas de protección es un dato que no se compila”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense dijo que en esa entidad se han negado 48 medidas de protección y aseguró que se niegan porque no se determina que el caso sea lo suficientemente fuerte o contundente como para ameritarlo.

La comisaria Castillo, de Jalisco, señala que en su corporación se han desarrollado lineamientos homologados para tramitar y dar seguimiento a las órdenes, pero acota que estas solo las emiten los ministerios públicos si la mujer presenta una denuncia; de lo contrario, no.

Aunque Yucatán no reportó haber negado órdenes, Greta, quien vive en Mérida, acusa que a ella no le otorgaron protección. A pesar de que su exesposo había tratado de asesinarla con un cuchillo y ella narró los hechos, las autoridades no le creyeron. Tuvo que aportar pruebas y pasaron ocho meses para la emisión de medidas de protección, que en su caso sí incluían protección policial 24/7, pero solo hasta que empezó la pandemia; después, le retiraron a los policías.

Greta promovió un amparo a nivel federal para que el estado le restableciera la protección durante todo el tiempo que durara la investigación del caso. El juez federal falló en su favor, pero un juez de control de Mérida solo le concedió poder llamar al 911 en caso de emergencia.

Un papel sin el análisis de la situación

Justo porque existen varias opciones contempladas en la ley y los casos de las víctimas son variados, antes de emitir una orden la autoridad debe analizar el contexto y el tipo de riesgo. Con base en esto, debe otorgar las medidas más adecuadas, no solo el rondín policiaco o el botón de pánico.

En junio de 2021, se hizo una reforma al artículo 31 de la ley para establecer que se deberá realizar la medición y valoración del riesgo, la valoración médica en caso de requerirse, así como la valoración psicológica.

Sin embargo, otro de los grandes problemas para la implementación y el seguimiento de las órdenes es que, aunque existe una ley general, cada estado tiene su propia norma para atender la violencia contra las mujeres. Hay 33 leyes que no están homologadas, advierte la codirectora de Equis Justicia para las Mujeres.

Animal Político preguntó a las ocho entidades mencionadas en cuántas órdenes emitidas se había hecho un análisis de riesgo previo, así como el instrumento para hacerlo.

El Estado de México, una de las entidades donde las mujeres viven más violencia, respondió que para 2017, 2018, 2019 y 2020 “no se encontró variable, informe o registro que permita identificar la información requerida”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia aseguró que en esa entidad sí se hacen los análisis de riesgo, pero en materia penal los hace el Ministerio Público y en el juzgado de lo familiar en línea se emiten medidas de protección provisionales en solo cuatro horas, y el análisis de riesgo se hace en los seis días siguientes, con peritos especializados.

Nuevo León respondió que las órdenes “son diligencias y no se puede saber si se realizó un análisis de riesgo previo”.

En Puebla, el Poder Judicial informó que, de acuerdo con la ley estatal, será el juez de lo familiar o el Ministerio Público los que considerarán el riesgo o peligro existente o inminente, pero no dio dato de en cuántas órdenes emitidas se realizó la valoración de riesgo ni anexó protocolo.

En la CDMX, la fiscalía dedicada a violencia intrafamiliar respondió que no tiene datos de en cuántas órdenes se realizó análisis de riesgo.

Yucatán informó que tanto la fiscalía como el Poder Judicial hacen análisis de riesgo en todos los casos, antes de emitir una orden. También anexó el formato, pero los números revelan que no siempre se valora el riesgo.

Entre 2017 y 2020, se emitieron 7 mil 182 órdenes en esa entidad, pero solo se reportó que se hizo análisis de riesgo en 6 mil 390.

Ante esto y vía una tarjeta informativa, la oficina de comunicación del Poder Judicial de Yucatán respondió que, antes de la reforma de junio de 2021 a la ley general, esta no contemplaba el análisis de riesgo, así que no había una obligación.

En Guanajuato, la fiscalía respondió que entre 2017 y 2020 se concluyeron 20 mil 608 órdenes y en todas se efectuó análisis de riesgo acorde a la ley local. Aseguró que el Ministerio Público estudia cada caso con base en los hechos narrados por las víctimas y contemplando variables establecidas en la legislación.

Fátima Gamboa, de Equis Justicia, señala que en muchos casos, como no hay un instrumento homologado, el tipo de orden se emite de acuerdo con un análisis subjetivo.

Coincide con ella Rodolfo Domínguez, quien subraya que generalmente el riesgo queda a valoración subjetiva de quien va a otorgar la protección, lo que deriva en medidas insuficientes.

La titular de la Conavim admite: “Efectivamente, hemos observado que no en todo el país se aplican estos tamizajes, estas valoraciones del riesgo, cuando es importante tenerlo claro, para saber qué tipo de medidas debe incluir la protección”.

“Pero vamos hacia allá y hay una actitud positiva, receptiva de las autoridades para hacerlo, esa es una tarea de nosotras del día a día. Queremos consolidar hacia el 2024 la mayor red de servicios a mujeres que viven violencia”.

Nadie sabe qué pasa con las órdenes

El otro gran problema, además de la implementación deficiente, es que no se da seguimiento a las órdenes.

No hay coordinación ni comunicación entre las autoridades que las emiten, jueces y ministerios públicos, y las que deben implementarlas, las secretarías de Seguridad. Tampoco se hacen reportes de seguimiento ni informes de cumplimiento. No se sabe si la orden sirvió.

El artículo 34 de la ley general señala: “Las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional que emita las órdenes de protección, realizará las gestiones necesarias para garantizar su cumplimiento, monitoreo y ejecución. Para lo anterior se allegará de los recursos materiales y humanos necesarios, asimismo podrá solicitar la colaboración de las autoridades competentes”.

A las ocho entidades se les solicitó saber en cuántas órdenes emitidas se hizo un reporte de seguimiento para verificar que se estaban cumpliendo. Las respuestas van desde que la información es clasificada hasta que no se tienen los datos, no hay formatos para darles seguimiento o los reportes no existen.

El Estado de México contestó, por ejemplo, que no se procesa información al grado de detalle que se solicita y no existe el formato requerido para el informe de seguimiento. No obstante, el presidente del Tribunal Superior aseguró que se hace en todos los casos, aunque cuando se le mencionó el caso de Carolina Mendoza, quien se queja de que los policías llegan tarde cuando su agresor la está acosando y que los rondines no son diarios, respondió: “Eso que está usted diciendo son actuaciones de la policía, no del Poder Judicial; entonces, yo no sé si la policía lo esté haciendo bien o mal o si haga bien o mal su trabajo”.

La comisaria Castillo, de Jalisco, dice que sí se hace seguimiento, a través de visitas, pero la periodicidad de estas depende del riesgo de la víctima. “Ese informe se hace, si el agresor sigue rondando, se le informa al Ministerio Público y se agrega a la carpeta de investigación”.

En tanto, la fiscalía de Jalisco respondió por escrito que tiene un call center que labora las 24 horas, los 365 días del año, y realiza llamadas permanentes a las víctimas para cerciorarse de que no han sufrido ninguna agresión.

En Puebla, solo un juzgado de 49 señaló tener reportes de seguimiento, pero no especificó para cuántas órdenes ni adjuntó documento probatorio.

Luis Méndez Concuera, juez familiar en Yucatán, explica en entrevista que ellos solo reciben informes cuando el agresor no respeta la orden. “La Secretaría de Seguridad nos informa cualquier tipo de vulneración o irregularidad y ellos (los policías) hacen sus informes internos sobre sus rondines. En casos de alto riesgo, el juez gira un oficio para pedir informes con la periodicidad que él considere”.

Fátima Gamboa, de Equis Justicia, asegura que los jueces tienen obligación de darles seguimiento a las órdenes en todos los casos, porque al emitirlas se convierten en un mandato judicial que debe cumplirse. “El juez tiene el poder de verificar y sancionar o hasta poder arrestar a las propias autoridades que no cumplan, pero no lo están haciendo, ni tampoco en el caso de los agresores”.

Este medio también preguntó a los ocho estados por el número de sanciones emitidas a las autoridades por no cumplir con el otorgamiento o la implementación de las órdenes, y la mayoría contestó que no tenía los datos o no había sancionados. Solo Jalisco reportó en 2019 dos amonestaciones a autoridades, pero no dio detalles de a quiénes ni por qué motivo.

En cuanto a sanciones a agresores, la mayoría respondió que no se cuenta con los datos o no ha habido sanciones. Solo el Estado de México contestó que la fiscalía en Ixtapan de la Sal aplicó dos sanciones en 2019, que consistieron en acudir a firmar dos veces por mes y la prohibición de acercarse a la víctima. Y una más en 2020, que fue acudir a firmar los primeros cinco días de cada mes y una garantía de 25 mil pesos.

Carolina Mendoza, de Tultitlán, ha reportado varias veces que su exesposo la sigue persiguiendo y amenazando de muerte.

“Lo de los rondines es una burla porque vienen cuando quieren y obvio él no me va a acosar cuando los policías están aquí, y después cuando lo hace y llamo, no van a detenerlo a su casa que porque no pueden, que porque tienen que agarrarlo en flagrancia, o sea, ¿necesito que me esté pegando y yo esté sangrando?”, advierte.

Señala que solo una vez lo han detenido porque en esa ocasión, cuando los policías llegaron, el agresor le estaba pateando la puerta de la casa donde ella vive con sus dos hijos y sus papás. “Pero fue el papá de él a pagar una multa, con eso lo dejaron salir y ha seguido acosándome”.

Carolina dice que en su caso se ha enfrentado a otro problema: los policías que hacen los rondines la acosan también. “Me invitan un café o que salga con ellos, los he reportado y solo los remueven y mandan otros”, denuncia.

Greta y Adela también cuentan que ellas han reportado que sus exparejas las siguen acosando, pero no hay ninguna consecuencia ante esos reportes.

“A él no lo han sancionado, ni siquiera porque también hay una orden de restricción y la incumple. Ahorita metí un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta allá he tenido que ir a pedir la protección que no me da el Estado mexicano”, dice Greta.

A través de su oficina de comunicación, el Poder Judicial de Yucatán respondió respecto de este caso que es atribución de cada juzgado resolver sobre el otorgamiento, la duración y la modificación de las órdenes, por lo cual no es posible pronunciarse al respecto.

Y agregó el dato de que en 2019 se emitieron dos sanciones por incumplir las órdenes, una de las cuales incluyó nueve meses de prisión.

Falta de comunicación e informes de cumplimiento

En cuanto a canales de comunicación entre autoridades para el seguimiento de las órdenes, las respuestas de los estados son diversas y contradictorias.

En Puebla, el Poder Judicial habla de canales electrónicos para emitir las órdenes, pero no es claro en cuanto a su seguimiento y la Secretaría de Seguridad dice que no hay un protocolo establecido.

En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad contesta que los canales de información entre instituciones para dar seguimiento a las medidas de protección son mediante oficios que son diligenciados en vías ordinarias y en casos excepcionales mediante correo institucional, y el Poder Judicial responde que no hay un protocolo establecido para darle seguimiento a estas medidas.

Así como no hay informes de seguimiento ni comunicación entre las autoridades para evaluar cómo van las órdenes de protección, tampoco hay informes para saber si cumplieron con su objetivo y la mujer ya no la necesita.

A los estados se les preguntó de cuántas órdenes emitidas había un informe de cumplimiento y las respuestas van desde que no se cuenta con la información o que es posible que exista pero no se encuentra desagregada hasta que no hay los datos.

El juez Méndez, de Yucatán, admite que no les llegan informes de conclusión, los informes que les llegan son solo cuando los agresores violan las órdenes de protección o en casos muy específicos.

Cuestionada sobre qué impide que estas órdenes dejen de ser un papel y se vuelvan un mecanismo efectivo, la titular de la Conavim dice que falta todavía mucho en materia de comprensión de lo que es la perspectiva de género y la dimensión de la violencia contra las mujeres.

“Poco a poco hemos ganado terreno, pero no lo suficiente, y en eso estamos, para eso son las alertas de género, para eso son las mesas técnicas de acceso a la justicia, para eso son las instancias de las mujeres en las entidades federativas, para eso es la Conavim, y aquí el llamado es que cuando una autoridad obstaculice una orden o no la haga valer, se comuniquen con nosotros, de manera anónima si quieren, pero que nos lo comuniquen”.

La realidad para las mujeres víctimas de violencia, dice Adela, “es que las órdenes y medidas de protección son solo un papel, solo letras, los códigos y teléfonos que nos dan son solo números”.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

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La utopía del Sistema Nacional de Cuidados; congelado y sin dinero

En México hay 14.5 millones de mujeres excluidas del mercado laboral y retrocesos como la desaparición de las escuelas de tiempo completo.

Texto: Claudia Ramos y Dalila Sarabia / Animal Político

10 de marzo del 2022

En México, las mujeres destinan en promedio seis horas diarias para realizar quehaceres domésticos y servicios de cuidado. Según ha estimado el INEGI, cada mujer durante 2020 realizó trabajos equivalentes a los 69 mil 128 pesos, sin embargo, son tareas por las cuales no recibieron -ni reciben- remuneración alguna.

Contar con políticas públicas para que las mujeres puedan insertarse al mercado laboral y romper la dinámica impuesta que dicta que deben dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos, e incluso de adultos mayores, ha sido un tema que frecuentemente se aborda como una necesidad impostergable, pero en la realidad los avances son mínimos y en algunos casos se advierten retrocesos, como en los casos de la desaparición de las instancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.

“Poco a poco están desmembrando lo poco que había para atender el cuidado fuera del hogar (…) estamos ante un gobierno machista y patriarcal que quiere a las mujeres exiliadas en los hogares en donde hay más precarización, más violencia y donde no podemos alzar la voz”, reclama Margarita Garfias, activista e integrante de #YoCuido.

Datos del INEGI -procesados por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza-, señalan que en México hay 14.5 millones de mujeres excluidas del mercado laboral porque los quehaceres domésticos y servicios de cuidado que realizan no les permite buscar un empleo, 5.9 millones de mujeres están en el desempleo total y 1.2 millones tienen un trabajo sin remuneración salarial.

Pero no solo eso, durante la pandemia de COVID-19 la situación se complicó todavía más porque las mujeres reportaron una tasa de desempleo mayor a la de los hombres a pesar de tener menor participación laboral (22.4% de mujeres contra el 13.1% de los hombres), y por si eso fuera poco, el hecho de que las escuelas hayan cerrado sus puertas y que distintas actividades se suspendieran llevó a que las mujeres duplicaran sus jornadas de quehaceres domésticos y de cuidados sin recibir apoyo.

“(Se) debe construir un estado de bienestar cuidador en todos los sentidos (…) y uno de los elementos de esto es la creación de un sistema de cuidados. ¿Que establezca qué? Las condiciones para que se libere nuestro tiempo, el tiempo de las mujeres, porque estamos atrapadas en las cuatro paredes. Incluso la mayor parte de las mujeres que están en espacio público en las decisiones importantes hemos seguido con las tareas de cuidados y de atención en el hogar”, explica la diputada Amalia García.

“Se requiere que el Estado asuma tareas de cuidados; cuidados, además, de calidad, como un derecho de las personas. Y que, al mismo tiempo que el Estado asuma los cuidados, también las mujeres podamos incorporarnos al trabajo, a la autonomía económica, al estudio, al tiempo libre, a la recreación. Entonces, ¿qué se requiere? Un vuelco en nuestra sociedad que ponga en el centro nuestros derechos”.

La creación de un Sistema Nacional de Cuidados que articule a distintas dependencias a fin de garantizar que el Estado, en sinergia con particulares, asuma su responsabilidad de los cuidados es una exigencia constante por parte de organizaciones y colectivos que trabajan para demostrar los impactos diferenciados que viven las mujeres. Sin embargo, en la práctica no se advierten las opciones para concretarlo en el corto y mediano plazo.

De lograrlo, afirma la exdiputada Dulce María Sauri, se estaría frente a una revolución en materia de derechos.

“Es el equivalente a lograr que las mujeres voten”, afirma.

¿Qué hace falta? Una reforma constitucional, la aprobación de una Ley del Sistema Nacional de Cuidados y que se destine presupuesto para llevarlo a la realidad.

¿Qué es un Sistema Nacional de Cuidados?

El Sistema Nacional de Cuidados es la distribución responsable de cuidados entre el Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, las comunidades, las familias y entre hombres y mujeres. No se trata de crear dependencias, ni engrosar el aparato burocrático, sino más bien de poder articular las labores de la estructura disponible para que en el ámbito de sus atribuciones brinden atención y asistencia a las personas que requieran cuidados, desde menores de edad hasta adultos mayores.

Lograr este objetivo implica un ejercicio de diseño y rediseño de los servicios, programas y acciones ya existentes, para transitar del modelo exclusivamente sanitario a modelos sociosanitarios de atención en la vida diaria.

Así, cada una de las intervenciones de política pública que se implementen deberá implicar la reducción de la sobrecarga del tiempo de cuidados a fin de que las mujeres tengan tiempo propio y disponibilidad para realizar sus proyectos de vida.

Es decir, se busca que los derechos de ambas poblaciones no se enfrenten y todos los ejerzan en plenitud e igualdad.

“La creación de un Sistema Nacional de Cuidados es también una cuestión de justicia para las mujeres, sobre todo para las más pobres de nuestro país que, sin posibilidades de delegar estos trabajos en otras personas, tienen obligatoriamente que realizarlos ellas mismas en dobles y triples jornadas laborales”, se lee en la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley del Sistema Nacional de Cuidados presentada por un grupo de senadores encabezados por Martha Lucía Micher.

De acuerdo con el documento, la provisión de estos servicios se podrá presentar en tres modalidades: públicos, privados o mixtos que se clasificarán en:

Cuidados a domicilio: Tareas de cuidados, asistencia personal o apoyo a personas en situación de dependencia severa realizadas por trabajadoras o trabajadores del hogar remunerados
Cuidados institucionales: Centros de cuidados infantiles u horarios escolares ampliados para niños y niñas. Centros de cuidado para la primera infancia y centros diurnos para personas en situación de dependencia leve o moderada
Cuidados residenciales: Centros de cuidados con enfoque biopsicosocial, sociosanitario y socioeducativo realizados en los centros de cuidados de larga estadía con pernocte de las personas
Apoyos materiales y tecnológicos: Herramientas materiales o tecnológicas utilizadas para mantener o mejorar las habilidades de las personas, de tal forma que promueven su independencia en todos los aspectos de su vida diaria

Según se propone, el Sistema Nacional de Cuidados contará con una Junta Nacional de Cuidados que será el órgano rector y que estará conformado por la Secretaría de Bienestar -quién presidirá la junta-, así como las Secretarías de Hacienda, Educación, Trabajo, Salud y Cultura.

También estarán presentes el IMSS, ISSSTE, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el DIF y todas las secretarías del Bienestar estatales.

“No nos consultaron”

El Sistema Nacional de Cuidados debe cimentarse en lograr la articulación de los servicios públicos existentes -además de los privados- para que asuman las tareas de cuidados, todo ello a través del impulso de políticas públicas estructuradas. Sin embargo, en los últimos años se advierten más retrocesos que avances.

“La situación es catastrófica, así, con todas sus letras, catastrófica”, reclama Margarita Garfias, integrante de #YoCuido.

Este gobierno ordenó la desaparición del programa de estancias infantiles para convertirlo en una política que privilegia las transferencias monetarias y recientemente también se canceló el programa de escuelas de tiempo completo, en el cual niñas y niños de 27 mil escuelas en todo el país se beneficiaban de procesos de aprendizaje, refuerzos de clases, acompañamiento psicoemocional y alimentos en un horario escolar extendido. “La jornada ampliada y el servicio de alimentos eran un parche en medio de la ausencia de un sistema nacional de cuidados y una sociedad que sigue percibiendo a las mujeres como únicas responsables de las labores de cuidados no remunerados”, explican Alejandra Núñez y Alejandra en Sin escuelas de tiempo completo: impactos en los derechos de las niñas y las mujeres.

En entrevista, Garfias reprocha que durante la emergencia sanitaria el tema de las labores de cuidado se puso en la agenda pública por todas aquellas mujeres que dejaron sus empleos para quedarse en casa a cuidar a sus familias ante la imposibilidad de conciliar lo laboral con lo familiar, pero que al paso de los meses -a pesar de las promesas de dar continuidad a las labores legislativas-, nada ha pasado.

Incluso, reprocha que en el Senado se haya presentado una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Cuidados sin consultar con la sociedad civil ni convocar a un parlamento abierto.

“Fue unidireccional, pero bueno, se puso ahí, en esta urgencia del Sistema Nacional de Cuidados que sin embargo quedó en palabras y palabras al viento porque ni la reforma constitucional se ha dictaminado, ni hay un llamado de la senadora Malú Micher a entablar diálogo con la población, con las organizaciones de la sociedad civil”, acusa.

Infografía: Andrea Paredes I @driu.paredes y Daniela Díaz I @_danichi

¿Por qué no avanza?

El 18 de noviembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó reformas para elevar a rango constitucional el derecho al cuidado digno a través de un dictamen de reforma de los artículos 4 y 73 de la Constitución. Con ello se establece la obligación del Estado a promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres para lo cual deberá expedirse una ley general que establezca la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia del Sistema Nacional de Cuidados.

La reforma fue turnada al Senado de la República para que la votaran, sin embargo, el dictamen está congelado en la Comisión de Puntos Constitucionales.

“¿Por qué después de un año, poco más de un año, de que se aprobó esa reforma constitucional en la Cámara, en el Senado sigue congelada? Porque no es una prioridad, porque no es una prioridad de quienes toman las decisiones políticas en nuestro país. No solamente no es una prioridad del presidente, que no la ve como una prioridad, no es una prioridad tampoco de los dirigentes políticos que están en el Senado; si fuera su prioridad ya la habrían votado, la habrían votado al día siguiente”, enfatiza la diputada Amalia García.

Por separado, la senadora Patricia Mercado sostiene que se trata de una agenda importante y prioritaria, específicamente para las legisladoras de todos los partidos políticos, sin embargo, acepta que se vive un momento delicado para lograr un acuerdo.

“Tomando en cuenta que es una reforma constitucional necesitamos una votación calificada y en este momento -por otros asuntos que no tienen que ver con el cuidado- pues realmente llegar a construir los acuerdos necesarios y la mayoría que necesitamos para una reforma constitucional pues… es un momento delicado, es un momento en donde no están las mejores condiciones para lograr ese tipo de acuerdos entre todos los grupos parlamentarios”, admite la senadora por Movimiento Ciudadano.

Justamente este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Senado tendrá sesión por lo que, a decir de Mercado, sería el momento propicio para que se presentara y votara la reforma constitucional, porque sin ella la creación del Sistema Nacional de Cuidados se advierte casi imposible.

“Lo que sí no veo es que salga el Sistema Nacional (de Cuidados) sin la reforma constitucional, eso me parece que no va a suceder. Entonces -como te decía- espero que por lo menos este 8 de marzo logremos la reforma y ya para el próximo período de septiembre – diciembre, (logremos) toda la discusión y el acuerdo con el Sistema Nacional de Cuidados”, detalla.

Hágase el Sistema Nacional de Cuidados… pero sin presupuesto

Y si bien en noviembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para elevar a rango constitucional el derecho al cuidado, también incluyó una reserva en la que se precisó que en la legislación secundaria que dará vida al Sistema Nacional de Cuidados “se debe considerar el no generar ninguna estructura orgánica nueva, ni compromisos económicos adicionales”, pues deberán aprovecharse las instituciones ya existentes de los diversos órdenes de gobierno. Es decir, desde ya se estipula que no habrá presupuesto etiquetado para el Sistema Nacional de Cuidados.

No obstante, la senadora Patricia Mercado considera que es necesario que haya una reforma fiscal para fortalecer, al menos, al sistema de salud.

“Necesitamos, según yo, una reforma fiscal. No vamos a encontrar los dineros que se necesitan con lo que tenemos en este momento (…) ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar en una reforma fiscal que ponga en el centro el tema de resolver todas las necesidades de cuidado que existen en la población?”, cuestiona.

¿Cuánto dinero se necesitaría? No está claro. En la Cámara de Diputados se intentó hacer algunas estimaciones, pero en ninguna se logró establecer una cantidad.

“El tema del costo es importante por supuesto, no se minimiza, pero creo que no debe ser el centro de la discusión. Yo creo que lo más grave es la parálisis, el congelamiento, que solo sea discurso, eso me parece mucho más grave”, considera Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y quienes se han sumado a la demanda del movimiento de las mujeres.

“Requerimos un sistema que esté basado en servicios públicos de calidad y, si me apuras, desvinculado de la condición laboral porque primero es poner a los niños en un lugar seguro y después ir a buscar trabajo, porque lo inverso es muy complicado”.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

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En el contexto del 8M y el 9M, días de exigencia al cese de la violencia feminicida y reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres, de acuerdo a la denuncia, por decisión del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, les están pidiendo sus puestos de trabajo a decenas de empleadas

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

10 de marzo del 2022

Chilpancingo

En estos días que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, trabajadoras del Palacio de Gobierno decidieron revelar el acoso y la violencia laboral que sufren por parte de funcionarios que les exigen la renuncia para que ocupen su lugar amigos del senador con licencia Félix Salgado, papá de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Una de las formas de presión que están aplicando los funcionarios para que las empleadas firmen su renuncia, es la retención de sus salarios desde hace varias quincenas.

Un grupo de burócratas que son madres solteras, denunciaron que han expuesto su queja ante las unidades de género que tiene cada dependencia pero que en vez de apoyarlas, los funcionarios se ven coludidos en la decisión de cesarlas, según han percibido. Asumen que es porque hay una orden de Salgado Macedonio.

Varias de las empleadas que llevan años trabajando en el gobierno estatal interpusieron su queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), que que ya determinó medidas cautelares a favor de ellas solicitando a las autoridades el pago de sus salarios, cese al hostigamiento y violencia laboral.

Pero los funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) han hecho caso omiso a esas medidas de apremio.

«El ingeniero Félix (Salgado) está muy enojado porque se desobedecen sus órdenes», les dice a las trabajadoras el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental Eduardo Gerardo Loria Casanova.

En entrevista confidencial, las empleadas que para evitar represalias las nombraremos como Juana, Guadalupe y María, denunciaron que desde noviembre del 2021, semanas después de que la morenista Evelyn Salgado Pineda asumiera la gubernatura sufren acoso laboral, violencia institucional y violencia psicológica.

Denunciaron que muchos de sus compañeros y compañeras han sido despedidos porque el senador Félix Salgado, papá de la gobernadora Evelyn, está acomodando a sus allegados que participaron en la campaña política de él y de su hija.

El pasado 25 de febrero un grupo de burócratas hicieron visible su inconformidad protestando con pancartas afuera del Palacio de Gobierno denunciando a Salgado Macedonio de promover su despido.

En esa ocasión, la empleada de la Coordinación Estatal del Registro Civil, Orlanda de Jesús Romero señaló que a ella le dijo la contadora de esta dependencia María del Carmen Vergara Aburto que Félix Salgado necesitaba plazas de trabajo para colocar a su gente.

Derivado de la ola de despidos, hostigamiento y acoso laboral, las burócratas acudieron a la CDHEG para presentar una queja en contra de funcionarios, uno de ellos el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Gerardo Loria Casanova.

El pasado 3 de marzo, este organismo emitió medidas cautelares a favor de una de las trabajadoras solicitando que se le pague las dos quincenas de salario del mes de febrero y cesen cualquier acto de intimidación, acoso laboral, amenazas y abuso de poder en su contra. Nada ha pasado.

Juana, quien trabaja en la Contraloría y Transparencia Gubernamental cuenta que ella es madre soltera con cinco hijos, tres de ellos en adopción además de que tiene a su mamá enferma y si la corren no tendrá dinero para mantener a su familia.

«No me han pagado mis salarios y sigo sufriendo acoso laboral, amenazas e intimidaciones porque quieren que renuncie pero no lo haré», dice firme Juana, con diez años ocho meses trabajando en el gobierno estatal.

Se quejó que ella al igual que muchas de sus compañeras que son presionadas por los funcionarios para que renuncien han acudido a las unidades de género que dependen de la Secretaria de la Mujer, pero tampoco reciben apoyo.

«De esto sabe la titular de esta Secretaría Violeta Pino y no hace nada y eso que se supone que defiende a las mujeres», dijo la empleada.

El grupo de empleadas narran que debido de la violencia laboral y psicológica que sufren por parte de funcionarios ha repercutido en su salud.

«El pasado 4 de marzo tuve ansiedad y taquicardia». Me dijo el médico que eso es por las preocupaciones que tengo», señaló Juana.

Guadalupe, otra empleada que trabaja en otra dependencia en el Palacio de Gobierno, contó que una compañera fue despedida y se quedó sin el servicio médico del ISSSTE a donde llevaba a su papá que tiene insuficiencia renal.

«Me acuerdo de esa compañera que le rogó a un funcionario que no la despidiera porque necesitaba el ISSSTE para llevar tres veces a la semana a su papá a la aplicación de su hemodiálisis», narró.

Otra empleada de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental que también ha sido amenazada con despido, dijo que también interpuso una queja ante la (CDHEG y hasta el momento no le han pagado sus salarios.

«Tengo a un hijo que mantener y a mi mamá, pero el gobierno es insensible», dijo.

El grupo de burócratas dijo que es una contradicción que en Guerrero gobierne una mujer cuando precisamente las autoridades de esta administración estén violando los derechos de las mujeres.

María, trabajadora de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico, compartió que empezó a trabajar en el gobierno estatal desde 2018, durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo. Inició como encargada de un área pero que en noviembre del 2021, semanas después de la llegada de Evelyn Salgado, le dejaron de pagar su salario sin ningún argumento legal.

María que es trabajadora supernumeraria dijo que ella padece colitis y cuando sufre preocupaciones se le complica esta enfermedad.

Derivado de su retención de salario y aguinaldo en el 2021, se enfermó y con un embarazo de cinco semanas tuvo un aborto que se lo practicaron en un hospital privado de Acapulco.

La trabajadora responsabilizó de su situación a la titular de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, quien es la que está ordenando los despidos injustificados de empleados de esa dependencia.

«Yo me sigo presentando a trabajar y pese a que no tengo ningún espacio asignado y me sigan violentando mis derechos yo no voy a renunciar», advirtió.

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Ocho mujeres en la Montaña baja: en su lucha contra la violencia defienden derechos y hacen poesía

[Eres mujer serpiente
cuando te acuestas sobre la tierra
y bebes el manantial del sol.

Sales a la calle,
levantando huellas
de zapatos olvidados,
y regresas nuevamente a casa
con corazones en tu garganta
que te quitan el hambre]…

Araceli Tecolapa

Texto y fotografías: Luis Daniel Nava

9 de marzo de 2022

Chilapa

1)

Ocho mujeres en la Montaña baja, una región de pueblos originarios que abarca los municipios de Chilapa y Zitlapa, se han destacado por su lucha y promoción de los derechos humanos, la educación y las artes.

Brigida Chautla, Isabel Dircio, Sandy Tezoptitlán, Teodomira Rosales, Esperanza Ignacio, Rosalba Díaz, Angélica Barrera y Araceli Tecolapa, son ocho mujeres, que, en este contexto del 8M, luchan desde sus trincheras exigiendo un alto a las violencias, entre esta la machista.

Es el caso de Brigida Chautla Ramos, cuya lucha social por la necesidad de vivienda y los procesos de organización de mujeres se remonta a 1983.

Empezó a luchar por los derechos de las mujeres por el trato desigual que recibían en la Organización Mixta de Chilapa, además de la discriminación y marginación social que padeció y que estaba tan normalizada en esa época.

Desde entonces su trabajo de promoción y capacitación en los derechos humanos han sido constantes. Fundó en 1994 la organización Noche Zihuame Zan Ze Tajome, Todas las mujeres como una sola y se ha convertido en un referente en la región de un trabajo comunitario para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, libres de violencia.

“Estoy en contra de la discriminación porque nadie escogió ser lo que es, ni nacer donde lo hizo”, apunto la activista en la compilación Las palabras que en mí dormían. Discursos indígenas de Bolivia, Ecuador, Chile y México editada por la UNAM.

2)

Isabel Dircio Chautla, hija de Brigida Chautla, lleva 15 años en la promoción de derechos de las mujeres. Ahora preside la asociación autónoma de mujeres Zihuame Xotlametzin (Mujer Luciérnaga) que difunde y defiende los derechos de mujeres y niñas en Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera. También da acompañamiento legal en casos de violencia física y sexual.

Brigida e Isabel coordinan la Casa de Atención a la Mujer Indígena en Chilapa Zihuachikahuac, Mujer sana, fuerte y valiente. Ahí el trabajo de las parteras tradicionales es fundamental para dar atención a mujeres antes, durante y después del parto.

En su trabajo comunitario también están rescatando conocimientos sobre la medicina tradicional para atender la salud sexual y reproductiva, así como el autocuidado. Hasta el momento han instalado 15 farmacias naturales para el rescate de la medicina tradicional.

3)

Sandy Tezoptitlán Emigdio es activista, ambientalista y maestra de preescolar en educación indígena. Recibió en 2019 el Premio Nacional de la Juventud en la categoría compromiso social.

También encabeza la Coordinación Regional de Educación Indígena que junto a maestros bilingües ha elaborado material didáctico en náhuatl y ha conseguido que la Secretaría de la Cultura federal imprima en este año dos libros de poesía, cuentos y relatos en lengua materna y español.

4)

Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Regional de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, durante su vida ha sido testigo y en carne propia de violencia doméstica, física, económica sexual y psicológica que padecen las mujeres en la región de la Montaña en Guerrero.

También notó que la escasez de agua en cinco pueblos de Tecoanapa estaba enfermando a los pobladores por lo que concientizó, organizó y finalmente logró el derecho humano al agua para esas comunidades.

Ahora desde el Centro Morelos da acompañamiento a familiares de desaparecidos, a familias desplazadas y a mujeres víctimas de violencia de genero de los municipios de Zitlala, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Eduardo Neri (Zumpango) y Leonardo Bravo (Chichihualco).

5)

Esperanza Ignacio Matías es nahua originaria de la comunidad de Acatlán, feminista comunitaria, socióloga y maestra en Territorio y Sustentabilidad Social por el Centro de Investigación y Posgrado de la (Uagro).

Tiene investigación en territorio, bienes comunes y acción colectiva. Ha sido maestra invitada de la Uagro y la Universidad Intercultural de Quintana Roo. Esperanza creó el espacio para mujeres Tlikuiltsin-fueguita, que abordan feminismo comunitario y espiritualidad.

Es la primera mujer que asume la dirección del Centro Coordinador en Chilapa del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

6)

Rosalba Díaz Vásquez es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) con posgrados en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. También profesora-investigadora de la Uagro.

Es fundadora y en este 2022 asumió la coordinación del colectivo Ojo de Tigre Comunicación Comunitaria con sede en Acatlán, en el municipio de Chilapa. Ha difundido el cine comunitario en localidades de Guerrero y fuera de él. Para

Rosalba Díaz el cine es una herramienta pedagógica para la transformación social.

También es autora de los libros: Una luz en la Montaña: producción artesanal de velas e identidad cultural entre los nahuas de Guerrero; Corazón de agua: relatos de tradición oral en voz de los ancianos nahuas de Guerrero y El ritual de la lluvia en la tierra de los hombres-tigre.

7)

Carmen Angélica Barrera Flores es lingüista y literata. Ha sido becaria en festivales culturales, de creación poética y literatura. Tiene dos premios en poesía en 2018 y 2019.

El año pasado coordinó la antología Voces de Mujeres del Sur y ahora trabaja con infancias en un Semillero Creativo de Literatura del gobierno federal en la Montaña baja.

8)

Aracely Tecolapa Alejo ha trabajado en la defensa de los derechos humanos de la mujer en la Montaña baja y es

promotora y maestra de la lengua náhuatl de estudiantes de primaria y de posgrado.
Tecolapa Alejo ha sobresalido además por su poesía en lengua materna.

El trabajo de estas mujeres es importante en una región que cuenta con alerta de violencia de género y es el territorio más difícil para hacer política, también mujeres que han aspirado a algún cargo han sido asesinadas en Chilapa.

Este es un esbozo del trabajo social y comunitario de ocho mujeres de las cientos que a diario luchan por sus derechos.

Estas ocho mujeres promueven y exigen un alto a las violencias, sobre todo la feminicida.

*

En Amapola. Periodismo transgresor reproducimos dos poemas con autorización de sus autoras.

Anatomía de la tierra / Angélica Barrera

Primero, nos manosearon en las fiestas
una y otra vez.
Apilaron nuestros cuerpos en las esquinas
desmembraron uno a uno nuestros cabellos
se aseguraron de quemar nuestra ropa
no dejaron rastro de nuestra otra vida.

II
Nos enterraron bajo las escaleras
de una casa
que también construimos
Nos enterraron en los surcos
entre los árboles
con los perros
en la cocina
bajo la estufa
por las escuelas

III
Frente a los ojos de mi madre
enterraron a todas
sobre/ durante/ bajo
pero nadie vio nada.

IV
Destierro a cada una de mis hermanas
las arranco de aquellos —los que quieren apagarlas.
Limpio a Diana
abrazo a Eva
reconstruyo a Leonor
Les repito
debo enterrarlas la semana que viene,
una y otra vez
Esconderlas debajo de las piedras
Que se queden quietas
—no hablen
una y otra vez
que serán nombradas
más allá de las tareas domésticas
del papel de esposa del papel de hija
serán nombradas
por las calles verdes
una y otra vez.

Mujer serpiente / Aracely Tecolapa
Eres mujer serpiente
cuando te acuestas sobre la tierra
y bebes el manantial del sol.

Sales a la calle,
levantando huellas
de zapatos olvidados,
y regresas nuevamente a casa
con corazones en tu garganta
que te quitan el hambre.

Costuras plumas
en tu piel ceniza que arrastras
apoyando la masa,
y luego, sales a volar sobre la tierra
como papalote, girando entre las lenguas
de los perjuicios que quieren comerte.

Tus cicatrices cotidianas no te engañan
y arropas las heridas de la mañana
que germinan en tus manos de niña,
en tu petate trenzado de ayeres,
luchas para no ser envenenada
con el arrepentimiento que te ofrecen todos los días.

Eres mujer serpiente
que se transforma en cualquier
animal cuando abres los ojos,
Pero los coyotes tienen miedo
si sonríes sin ellos,
y te muerden tantas veces,
más no te matan
porque tu veneno
cura la muerte desesperada.