Alumnas de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) denunciaron, a traves de un mural, a profesores y estudiantes por acoso y hostigamiento sexual.
En el mural se exponen las nombres de maestros y profesores que hostigan sexualmente a las estudiantes.
En pancartas y hojas blancas con la fotografía de los agresores se leen los nombres de
Antonio Leyva Vázquez, Erick Jordan, Jairo Díaz, Lorenzo Salgado, Jorge Monroy, José Luis Almazán, Jesús Bedolla Piza, Alejandro Leyva, Daniel Hernández, Jorge Bello, y Renato Alberto.
Dichos hombres son acusados por alumnas de la facultad y todos son profesores y estudiantes.
El mural se colocó en uno de los edificios de la facultad, ubicada en Ciudad Universitaria, al sur de Chilpancingo.
Dicha actividad se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.
El mural fue anonimo y las estudiantes por seguridad no quisieron dar información sobre la convocatoria a participar en dicha actividad.
Al centro del mural había un cartel donde se leía, “¿Quién es tu acosador?” y alrededor, retratos de algunos de los hombres señalados como agresores y pancartas en su contra.
“Miguel Catalán, con mis compañer@s te nombramos el pervertido, no por nada te ganaste ese apodo después de las veces que me acosabas en los pasillos”, se leía.
“Mi ropa no es invitación para tu morbo, Uriel, respetanos”.
“El maestro Erick Jordan en mi segundo semestre me citó a solas en su oficina y me insinuó que si quería subir mi calificación me aceptaba lo que yo le ofreciera, todo menos dinero porque eso a él no le interesaba, mientras me agarraba la mano, me negué y me obligó a abrazarlo a la fuerza cuando me iba. Me reprobó y se negó a hacer un extra varias veces”, fueron algunas experiencias que las alumnas expusierona través del mural.
Además, en otras cartulinas las víctimas cuestionaron al director de la facultad, Oscar del Moral, por ser indiferente a las denuncias de las alumnas.
“¿qué te interesa más la reputación de la facultad o la seguridad de tus alumnas?”, “No, director, no tengo un video, no estoy grabando esperando a que me acosen”, decían las pancartas acusando al director por no darle importancia al testimonio de las alumnas.
Durante la marcha del pasado 8 de marzo en Chilpancingo, estudiantes de distintos planteles educativos de la ciudad denunciaron a sus profesores por acosarlas y hostigarlas sexualmente.
En dicho mural, que colocaron al pié del monumento a Las Banderas, mencionaban a profesores del Colegio de Bachilleres, del Cbtis135, y de la Uagro, entre ellos docentes de la Facultad de Filosofía y Letras y de Comunicación y Mercadotecnia.
A esas acusaciones se suman las que hoy hicieron las estudiantes de la Facultad de Química.
Aunque las órdenes de protección están contempladas en la ley general contra la violencia a las mujeres, en los estados no hay presupuestos garantizados para su implementación y tampoco se da seguimiento a que sean cumplidas.
En México, una orden de protección para una mujer víctima de violencia es solo un papel. El país no tiene un sistema para que esta medida se implemente de forma adecuada.
No hay protocolos para emitirlas ni recursos suficientes; tampoco existen mecanismos formales para darles seguimiento y saber si de verdad ayudan a reducir el riesgo para las mujeres.
Carolina Mendoza vive en Tultitlán, Estado de México. Hace cuatro años se separó de quien era su esposo, después de vivir violencia psicológica y física. Denunció, pidió protección y, desde 2017, solo le otorgaron rondines de la policía y un número de teléfono al cual llamar en caso de emergencia.
“Así como muy efectivas las medidas de protección, no han sido. Solo es un papel. Él igual me acosa, me persigue. Un día hace dos años me quiso atropellar con su moto. Yo iba con mi mamá y afortunadamente lo alcanzamos a esquivar. Le marqué a la policía y llegaron hasta 15 minutos después. Lo que me dicen es que no tienen elementos suficientes y no pueden llegar antes”, alerta.
Las autoridades facultadas para emitir órdenes son los jueces y ministerios públicos, y quienes las implementan son las secretarías de Seguridad.
Por transparencia, Animal Político solicitó información a ocho entidades: Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Yucatán y Guanajuato, sobre cuántas órdenes emitieron entre 2017 y 2020, si se hizo un análisis de riesgo previo para saber qué medidas requerían las mujeres, cómo se dio seguimiento a esas órdenes y con qué recursos contaron.
La mayoría de las secretarías de Seguridad respondió que no hay policías destinados para el cumplimiento de estas órdenes; se usan los elementos que están de turno.
Solo Puebla y Estado de México dieron el número específico.
En el Estado de México, donde en 2017 se emitieron 32 mil 815 órdenes y medidas de protección, solo se asignó a 460 policías y 146 patrullas; en 2018, cuando se otorgaron 31 mil 539 órdenes, se destinó a 450 elementos y 135 patrullas.
Para 2019, mientras que el número de órdenes emitidas subió a 47 mil 274, solo se asignó a la protección de mujeres a 452 policías y 136 unidades, y para 2020, la cifra de órdenes otorgadas volvió a crecer hasta 53 mil 422, pero el Edomex ya no reportó una cantidad específica de uniformados, solo a 98 patrullas asignadas.
Gráfico: Daniela Díaz | @_danichi y Andrea Paredes | @driu.paredes
En cuanto a Puebla, entre 2017 y 2020 se asignó a 355 policías para órdenes de protección, pero no se puede saber el total de medidas emitidas, porque la fiscalía no respondió a las peticiones de información y el Poder Judicial indicó que solo había otorgado 65.
En entrevista, Violeta Castillo Saldívar, comisaria de Planeación Operativa de la Secretaría de Seguridad de Jalisco y quien encabeza todas las políticas de género en la corporación, explica que son principalmente los policías municipales quienes dan seguimiento a las órdenes y es difícil señalar un número, porque depende de cuántos elementos y turnos haya en cada municipio.
Castillo afirma que, cuando estos uniformados están rebasados, se les apoya con personal de la Secretaría de Seguridad estatal.
Respecto del presupuesto para implementar las órdenes, las autoridades respondieron que no hay uno específico para ejecución, monitoreo y seguimiento de estas medidas.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México señaló que no tiene el monto desagregado; la de Veracruz, que no tiene el dato.
La de Guanajuato respondió que no se encontró información del presupuesto para órdenes de protección, pero argumentó que la fiscalía podría tenerla. A su vez, la fiscalía indicó que no la puede dar porque no la tiene desagregada. Es decir, nadie sabe cuánto dinero se destina finalmente para implementar órdenes o si lo hay.
La propia titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, admite: “Estamos lejos de que se hagan efectivas estas órdenes de protección y las entidades que me acaban de decir (a las que se pidió información) sí son de las que tenemos en foco rojo”.
Guanajuato, explica Alanís, estaba cerrando 2021 con el mayor número de muertes violentas en el país. Terminó con 3 mil 516 homicidios dolosos y 34 feminicidios. Nuevo León y Jalisco también tienen alta incidencia de violencia contra las mujeres.
La funcionaria admite problemas estructurales para que se implementen bien las órdenes. “Se debe reconocer que ha habido esfuerzos en los gobiernos. Jalisco está fortaleciendo a las instituciones encargadas de estos temas, pero es una tarea en la que tenemos que partir de reconocer que no hemos avanzado lo suficiente”.
Animal Político solicitó entrevista a las fiscalías, las secretarías de Seguridad y los poderes judiciales de las ocho entidades a las que se les pidió información, pero hasta el cierre de edición solo respondieron el Poder Judicial del Estado de México, la Secretaría de Seguridad de Jalisco y el Poder Judicial de Yucatán. La fiscalía de Jalisco solo envió información general por escrito.
En esta, señala que se está fortaleciendo el seguimiento a las víctimas de violencia a través de tecnologías para la coordinación intersectorial —como brazaletes de geolocalización para los agresores— y que se están instrumentando mecanismos de evaluación de riesgo ajustados a las nuevas dinámicas psicosociales. Además, afirma que hay unidades especiales de policías para atender a mujeres víctimas de violencia.
El primer problema: la confusión de las autoridades
Una orden de protección es un mecanismo de urgente aplicación, autónomo, que no requiere que la víctima interponga una denuncia ni que sea parte de algún otro procedimiento penal, civil o administrativo. Las órdenes están incluidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde 2007.
Este instrumento busca garantizar la vida, integridad y seguridad de las mujeres en situación de violencia, explica Fátima Gamboa, codirectora de la organización Equis Justicia para las Mujeres.
En la ley, se consideran una serie de acciones dentro de las órdenes, como la prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades, y al lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que frecuenten la víctima directa o víctimas indirectas.
También abarcan el traslado de las víctimas a donde se requiera —casas de emergencia, refugios o albergues—, cuantas veces sea necesario para garantizar su seguridad y protección; la custodia personal o domiciliaria, y los recursos económicos para garantizar seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza y trámites oficiales, entre otros aspectos. Se pueden implementar varias de las acciones citadas, según requiera el caso.
Sin embargo, las autoridades no las implementan correctamente porque las confunden con otros mecanismos, como las medidas de protección, derivadas de un procedimiento penal con una denuncia previa, que además se pueden otorgar a hombres y mujeres.
El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, da muestra de esta confusión. En entrevista con este medio, cuando se le preguntó por el procedimiento para emitir las órdenes de protección, respondió que en materia penal el agente del Ministerio Público solicita al juzgado medidas cautelares y medidas de protección, y que en materia familiar hay un juzgado especializado en violencia que gestiona las medidas cautelares.
Por estas confusiones, las medidas que se otorgan no tienen perspectiva de género ni reconocen los riesgos para las mujeres, de ahí que las obliguen a denunciar y solo les otorguen rondines de policías, advierte Rodolfo Domínguez Márquez, coordinador general de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, AC, y asesor del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Una mujer que vive en la CDMX, a quien se identificará como Adela para resguardar su identidad, cuenta que le otorgaron rondines de la policía y un código para que supuestamente la atendieran más rápido en el 911.
“Yo soy sobreviviente (…) Mi exesposo, con quien viví cuatro años, me golpeaba. Una vez me pateó en el vientre con una bota de casquillo. Yo estaba orinando sangre y no me dejaba ir al médico. Otra vez intentó asfixiarme. A pesar de eso mi denuncia no la admitieron como tentativa de feminicidio, sino como violencia familiar, y me dieron medidas de protección que no me han servido de nada. Vivo escondida en la casa de mis padres”, relata.
Al principio, los policías pasaban cada tercer día. En 2021, fueron solo cinco veces. “En abril me habló la comandante del sector y me dijo que ningún oficial podía ir al rondín, porque tenían 39 mujeres con códigos de atención ciudadana y no le alcanzaban los elementos, así que si necesitaba algo que los llamara”.
Adela dice que el código que le otorgaron tampoco le ha servido. “Supuestamente, con ese código ya tienen todos tus datos si llamas, pero no es verdad, siempre me preguntan mi nombre, mi dirección, que qué pasa, que si tengo medidas… No sirve”.
El 8 de julio pasado, ella viajaba en auto con su mamá. Iban a una consulta psiquiátrica. Adela está en tratamiento por el maltrato sufrido y las tentativas de feminicidio. Su exesposo las iba siguiendo en otro automóvil. “Me metí al estacionamiento de una plaza para pedir ayuda, llamé a la policía y tardaron unos 15 minutos en llegar; para cuando llegaron, él ya se había ido”.
Sin obligación de denunciar
La titular de la Conavim reitera que las mujeres no están obligadas a denunciar para que las autoridades les otorguen una orden. Estas tampoco pueden negarla ni condicionarla.
“Las autoridades tienen sí o sí que creer en la palabra de las mujeres, tienen sí o sí que otorgarles una orden de protección cuando así lo soliciten, y tienen que sí o sí orientar a las mujeres sobre los servicios que pueden garantizarles protección”, señala.
El artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica: “(Las órdenes) deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres”.
Aun así, entre la información que proporcionó la CDMX sobre órdenes emitidas, también dio el número de aquellas negadas —986 solo en 2020—, lo que indica que no siempre se otorgan.
Cuando en una segunda solicitud se cuestionó por qué se negaron esas órdenes, la respuesta fue: “No se cuenta con la información, puesto que el motivo por el cual se niegan las medidas de protección es un dato que no se compila”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense dijo que en esa entidad se han negado 48 medidas de protección y aseguró que se niegan porque no se determina que el caso sea lo suficientemente fuerte o contundente como para ameritarlo.
La comisaria Castillo, de Jalisco, señala que en su corporación se han desarrollado lineamientos homologados para tramitar y dar seguimiento a las órdenes, pero acota que estas solo las emiten los ministerios públicos si la mujer presenta una denuncia; de lo contrario, no.
Aunque Yucatán no reportó haber negado órdenes, Greta, quien vive en Mérida, acusa que a ella no le otorgaron protección. A pesar de que su exesposo había tratado de asesinarla con un cuchillo y ella narró los hechos, las autoridades no le creyeron. Tuvo que aportar pruebas y pasaron ocho meses para la emisión de medidas de protección, que en su caso sí incluían protección policial 24/7, pero solo hasta que empezó la pandemia; después, le retiraron a los policías.
Greta promovió un amparo a nivel federal para que el estado le restableciera la protección durante todo el tiempo que durara la investigación del caso. El juez federal falló en su favor, pero un juez de control de Mérida solo le concedió poder llamar al 911 en caso de emergencia.
Un papel sin el análisis de la situación
Justo porque existen varias opciones contempladas en la ley y los casos de las víctimas son variados, antes de emitir una orden la autoridad debe analizar el contexto y el tipo de riesgo. Con base en esto, debe otorgar las medidas más adecuadas, no solo el rondín policiaco o el botón de pánico.
En junio de 2021, se hizo una reforma al artículo 31 de la ley para establecer que se deberá realizar la medición y valoración del riesgo, la valoración médica en caso de requerirse, así como la valoración psicológica.
Sin embargo, otro de los grandes problemas para la implementación y el seguimiento de las órdenes es que, aunque existe una ley general, cada estado tiene su propia norma para atender la violencia contra las mujeres. Hay 33 leyes que no están homologadas, advierte la codirectora de Equis Justicia para las Mujeres.
Animal Político preguntó a las ocho entidades mencionadas en cuántas órdenes emitidas se había hecho un análisis de riesgo previo, así como el instrumento para hacerlo.
El Estado de México, una de las entidades donde las mujeres viven más violencia, respondió que para 2017, 2018, 2019 y 2020 “no se encontró variable, informe o registro que permita identificar la información requerida”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia aseguró que en esa entidad sí se hacen los análisis de riesgo, pero en materia penal los hace el Ministerio Público y en el juzgado de lo familiar en línea se emiten medidas de protección provisionales en solo cuatro horas, y el análisis de riesgo se hace en los seis días siguientes, con peritos especializados.
Nuevo León respondió que las órdenes “son diligencias y no se puede saber si se realizó un análisis de riesgo previo”.
En Puebla, el Poder Judicial informó que, de acuerdo con la ley estatal, será el juez de lo familiar o el Ministerio Público los que considerarán el riesgo o peligro existente o inminente, pero no dio dato de en cuántas órdenes emitidas se realizó la valoración de riesgo ni anexó protocolo.
En la CDMX, la fiscalía dedicada a violencia intrafamiliar respondió que no tiene datos de en cuántas órdenes se realizó análisis de riesgo.
Yucatán informó que tanto la fiscalía como el Poder Judicial hacen análisis de riesgo en todos los casos, antes de emitir una orden. También anexó el formato, pero los números revelan que no siempre se valora el riesgo.
Entre 2017 y 2020, se emitieron 7 mil 182 órdenes en esa entidad, pero solo se reportó que se hizo análisis de riesgo en 6 mil 390.
Ante esto y vía una tarjeta informativa, la oficina de comunicación del Poder Judicial de Yucatán respondió que, antes de la reforma de junio de 2021 a la ley general, esta no contemplaba el análisis de riesgo, así que no había una obligación.
En Guanajuato, la fiscalía respondió que entre 2017 y 2020 se concluyeron 20 mil 608 órdenes y en todas se efectuó análisis de riesgo acorde a la ley local. Aseguró que el Ministerio Público estudia cada caso con base en los hechos narrados por las víctimas y contemplando variables establecidas en la legislación.
Fátima Gamboa, de Equis Justicia, señala que en muchos casos, como no hay un instrumento homologado, el tipo de orden se emite de acuerdo con un análisis subjetivo.
Coincide con ella Rodolfo Domínguez, quien subraya que generalmente el riesgo queda a valoración subjetiva de quien va a otorgar la protección, lo que deriva en medidas insuficientes.
La titular de la Conavim admite: “Efectivamente, hemos observado que no en todo el país se aplican estos tamizajes, estas valoraciones del riesgo, cuando es importante tenerlo claro, para saber qué tipo de medidas debe incluir la protección”.
“Pero vamos hacia allá y hay una actitud positiva, receptiva de las autoridades para hacerlo, esa es una tarea de nosotras del día a día. Queremos consolidar hacia el 2024 la mayor red de servicios a mujeres que viven violencia”.
Nadie sabe qué pasa con las órdenes
El otro gran problema, además de la implementación deficiente, es que no se da seguimiento a las órdenes.
No hay coordinación ni comunicación entre las autoridades que las emiten, jueces y ministerios públicos, y las que deben implementarlas, las secretarías de Seguridad. Tampoco se hacen reportes de seguimiento ni informes de cumplimiento. No se sabe si la orden sirvió.
El artículo 34 de la ley general señala: “Las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional que emita las órdenes de protección, realizará las gestiones necesarias para garantizar su cumplimiento, monitoreo y ejecución. Para lo anterior se allegará de los recursos materiales y humanos necesarios, asimismo podrá solicitar la colaboración de las autoridades competentes”.
A las ocho entidades se les solicitó saber en cuántas órdenes emitidas se hizo un reporte de seguimiento para verificar que se estaban cumpliendo. Las respuestas van desde que la información es clasificada hasta que no se tienen los datos, no hay formatos para darles seguimiento o los reportes no existen.
El Estado de México contestó, por ejemplo, que no se procesa información al grado de detalle que se solicita y no existe el formato requerido para el informe de seguimiento. No obstante, el presidente del Tribunal Superior aseguró que se hace en todos los casos, aunque cuando se le mencionó el caso de Carolina Mendoza, quien se queja de que los policías llegan tarde cuando su agresor la está acosando y que los rondines no son diarios, respondió: “Eso que está usted diciendo son actuaciones de la policía, no del Poder Judicial; entonces, yo no sé si la policía lo esté haciendo bien o mal o si haga bien o mal su trabajo”.
La comisaria Castillo, de Jalisco, dice que sí se hace seguimiento, a través de visitas, pero la periodicidad de estas depende del riesgo de la víctima. “Ese informe se hace, si el agresor sigue rondando, se le informa al Ministerio Público y se agrega a la carpeta de investigación”.
En tanto, la fiscalía de Jalisco respondió por escrito que tiene un call center que labora las 24 horas, los 365 días del año, y realiza llamadas permanentes a las víctimas para cerciorarse de que no han sufrido ninguna agresión.
En Puebla, solo un juzgado de 49 señaló tener reportes de seguimiento, pero no especificó para cuántas órdenes ni adjuntó documento probatorio.
Luis Méndez Concuera, juez familiar en Yucatán, explica en entrevista que ellos solo reciben informes cuando el agresor no respeta la orden. “La Secretaría de Seguridad nos informa cualquier tipo de vulneración o irregularidad y ellos (los policías) hacen sus informes internos sobre sus rondines. En casos de alto riesgo, el juez gira un oficio para pedir informes con la periodicidad que él considere”.
Fátima Gamboa, de Equis Justicia, asegura que los jueces tienen obligación de darles seguimiento a las órdenes en todos los casos, porque al emitirlas se convierten en un mandato judicial que debe cumplirse. “El juez tiene el poder de verificar y sancionar o hasta poder arrestar a las propias autoridades que no cumplan, pero no lo están haciendo, ni tampoco en el caso de los agresores”.
Este medio también preguntó a los ocho estados por el número de sanciones emitidas a las autoridades por no cumplir con el otorgamiento o la implementación de las órdenes, y la mayoría contestó que no tenía los datos o no había sancionados. Solo Jalisco reportó en 2019 dos amonestaciones a autoridades, pero no dio detalles de a quiénes ni por qué motivo.
En cuanto a sanciones a agresores, la mayoría respondió que no se cuenta con los datos o no ha habido sanciones. Solo el Estado de México contestó que la fiscalía en Ixtapan de la Sal aplicó dos sanciones en 2019, que consistieron en acudir a firmar dos veces por mes y la prohibición de acercarse a la víctima. Y una más en 2020, que fue acudir a firmar los primeros cinco días de cada mes y una garantía de 25 mil pesos.
Carolina Mendoza, de Tultitlán, ha reportado varias veces que su exesposo la sigue persiguiendo y amenazando de muerte.
“Lo de los rondines es una burla porque vienen cuando quieren y obvio él no me va a acosar cuando los policías están aquí, y después cuando lo hace y llamo, no van a detenerlo a su casa que porque no pueden, que porque tienen que agarrarlo en flagrancia, o sea, ¿necesito que me esté pegando y yo esté sangrando?”, advierte.
Señala que solo una vez lo han detenido porque en esa ocasión, cuando los policías llegaron, el agresor le estaba pateando la puerta de la casa donde ella vive con sus dos hijos y sus papás. “Pero fue el papá de él a pagar una multa, con eso lo dejaron salir y ha seguido acosándome”.
Carolina dice que en su caso se ha enfrentado a otro problema: los policías que hacen los rondines la acosan también. “Me invitan un café o que salga con ellos, los he reportado y solo los remueven y mandan otros”, denuncia.
Greta y Adela también cuentan que ellas han reportado que sus exparejas las siguen acosando, pero no hay ninguna consecuencia ante esos reportes.
“A él no lo han sancionado, ni siquiera porque también hay una orden de restricción y la incumple. Ahorita metí un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta allá he tenido que ir a pedir la protección que no me da el Estado mexicano”, dice Greta.
A través de su oficina de comunicación, el Poder Judicial de Yucatán respondió respecto de este caso que es atribución de cada juzgado resolver sobre el otorgamiento, la duración y la modificación de las órdenes, por lo cual no es posible pronunciarse al respecto.
Y agregó el dato de que en 2019 se emitieron dos sanciones por incumplir las órdenes, una de las cuales incluyó nueve meses de prisión.
Falta de comunicación e informes de cumplimiento
En cuanto a canales de comunicación entre autoridades para el seguimiento de las órdenes, las respuestas de los estados son diversas y contradictorias.
En Puebla, el Poder Judicial habla de canales electrónicos para emitir las órdenes, pero no es claro en cuanto a su seguimiento y la Secretaría de Seguridad dice que no hay un protocolo establecido.
En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad contesta que los canales de información entre instituciones para dar seguimiento a las medidas de protección son mediante oficios que son diligenciados en vías ordinarias y en casos excepcionales mediante correo institucional, y el Poder Judicial responde que no hay un protocolo establecido para darle seguimiento a estas medidas.
Así como no hay informes de seguimiento ni comunicación entre las autoridades para evaluar cómo van las órdenes de protección, tampoco hay informes para saber si cumplieron con su objetivo y la mujer ya no la necesita.
A los estados se les preguntó de cuántas órdenes emitidas había un informe de cumplimiento y las respuestas van desde que no se cuenta con la información o que es posible que exista pero no se encuentra desagregada hasta que no hay los datos.
El juez Méndez, de Yucatán, admite que no les llegan informes de conclusión, los informes que les llegan son solo cuando los agresores violan las órdenes de protección o en casos muy específicos.
Cuestionada sobre qué impide que estas órdenes dejen de ser un papel y se vuelvan un mecanismo efectivo, la titular de la Conavim dice que falta todavía mucho en materia de comprensión de lo que es la perspectiva de género y la dimensión de la violencia contra las mujeres.
“Poco a poco hemos ganado terreno, pero no lo suficiente, y en eso estamos, para eso son las alertas de género, para eso son las mesas técnicas de acceso a la justicia, para eso son las instancias de las mujeres en las entidades federativas, para eso es la Conavim, y aquí el llamado es que cuando una autoridad obstaculice una orden o no la haga valer, se comuniquen con nosotros, de manera anónima si quieren, pero que nos lo comuniquen”.
La realidad para las mujeres víctimas de violencia, dice Adela, “es que las órdenes y medidas de protección son solo un papel, solo letras, los códigos y teléfonos que nos dan son solo números”.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
En México, las mujeres destinan en promedio seis horas diarias para realizar quehaceres domésticos y servicios de cuidado. Según ha estimado el INEGI, cada mujer durante 2020 realizó trabajos equivalentes a los 69 mil 128 pesos, sin embargo, son tareas por las cuales no recibieron -ni reciben- remuneración alguna.
Contar con políticas públicas para que las mujeres puedan insertarse al mercado laboral y romper la dinámica impuesta que dicta que deben dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos, e incluso de adultos mayores, ha sido un tema que frecuentemente se aborda como una necesidad impostergable, pero en la realidad los avances son mínimos y en algunos casos se advierten retrocesos, como en los casos de la desaparición de las instancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.
“Poco a poco están desmembrando lo poco que había para atender el cuidado fuera del hogar (…) estamos ante un gobierno machista y patriarcal que quiere a las mujeres exiliadas en los hogares en donde hay más precarización, más violencia y donde no podemos alzar la voz”, reclama Margarita Garfias, activista e integrante de #YoCuido.
Datos del INEGI -procesados por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza-, señalan que en México hay 14.5 millones de mujeres excluidas del mercado laboral porque los quehaceres domésticos y servicios de cuidado que realizan no les permite buscar un empleo, 5.9 millones de mujeres están en el desempleo total y 1.2 millones tienen un trabajo sin remuneración salarial.
Pero no solo eso, durante la pandemia de COVID-19 la situación se complicó todavía más porque las mujeres reportaron una tasa de desempleo mayor a la de los hombres a pesar de tener menor participación laboral (22.4% de mujeres contra el 13.1% de los hombres), y por si eso fuera poco, el hecho de que las escuelas hayan cerrado sus puertas y que distintas actividades se suspendieran llevó a que las mujeres duplicaran sus jornadas de quehaceres domésticos y de cuidados sin recibir apoyo.
“(Se) debe construir un estado de bienestar cuidador en todos los sentidos (…) y uno de los elementos de esto es la creación de un sistema de cuidados. ¿Que establezca qué? Las condiciones para que se libere nuestro tiempo, el tiempo de las mujeres, porque estamos atrapadas en las cuatro paredes. Incluso la mayor parte de las mujeres que están en espacio público en las decisiones importantes hemos seguido con las tareas de cuidados y de atención en el hogar”, explica la diputada Amalia García.
“Se requiere que el Estado asuma tareas de cuidados; cuidados, además, de calidad, como un derecho de las personas. Y que, al mismo tiempo que el Estado asuma los cuidados, también las mujeres podamos incorporarnos al trabajo, a la autonomía económica, al estudio, al tiempo libre, a la recreación. Entonces, ¿qué se requiere? Un vuelco en nuestra sociedad que ponga en el centro nuestros derechos”.
La creación de un Sistema Nacional de Cuidados que articule a distintas dependencias a fin de garantizar que el Estado, en sinergia con particulares, asuma su responsabilidad de los cuidados es una exigencia constante por parte de organizaciones y colectivos que trabajan para demostrar los impactos diferenciados que viven las mujeres. Sin embargo, en la práctica no se advierten las opciones para concretarlo en el corto y mediano plazo.
De lograrlo, afirma la exdiputada Dulce María Sauri, se estaría frente a una revolución en materia de derechos.
“Es el equivalente a lograr que las mujeres voten”, afirma.
¿Qué hace falta? Una reforma constitucional, la aprobación de una Ley del Sistema Nacional de Cuidados y que se destine presupuesto para llevarlo a la realidad.
¿Qué es un Sistema Nacional de Cuidados?
El Sistema Nacional de Cuidados es la distribución responsable de cuidados entre el Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, las comunidades, las familias y entre hombres y mujeres. No se trata de crear dependencias, ni engrosar el aparato burocrático, sino más bien de poder articular las labores de la estructura disponible para que en el ámbito de sus atribuciones brinden atención y asistencia a las personas que requieran cuidados, desde menores de edad hasta adultos mayores.
Lograr este objetivo implica un ejercicio de diseño y rediseño de los servicios, programas y acciones ya existentes, para transitar del modelo exclusivamente sanitario a modelos sociosanitarios de atención en la vida diaria.
Así, cada una de las intervenciones de política pública que se implementen deberá implicar la reducción de la sobrecarga del tiempo de cuidados a fin de que las mujeres tengan tiempo propio y disponibilidad para realizar sus proyectos de vida.
Es decir, se busca que los derechos de ambas poblaciones no se enfrenten y todos los ejerzan en plenitud e igualdad.
“La creación de un Sistema Nacional de Cuidados es también una cuestión de justicia para las mujeres, sobre todo para las más pobres de nuestro país que, sin posibilidades de delegar estos trabajos en otras personas, tienen obligatoriamente que realizarlos ellas mismas en dobles y triples jornadas laborales”, se lee en la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley del Sistema Nacional de Cuidados presentada por un grupo de senadores encabezados por Martha Lucía Micher.
De acuerdo con el documento, la provisión de estos servicios se podrá presentar en tres modalidades: públicos, privados o mixtos que se clasificarán en:
Cuidados a domicilio: Tareas de cuidados, asistencia personal o apoyo a personas en situación de dependencia severa realizadas por trabajadoras o trabajadores del hogar remunerados
Cuidados institucionales: Centros de cuidados infantiles u horarios escolares ampliados para niños y niñas. Centros de cuidado para la primera infancia y centros diurnos para personas en situación de dependencia leve o moderada
Cuidados residenciales: Centros de cuidados con enfoque biopsicosocial, sociosanitario y socioeducativo realizados en los centros de cuidados de larga estadía con pernocte de las personas
Apoyos materiales y tecnológicos: Herramientas materiales o tecnológicas utilizadas para mantener o mejorar las habilidades de las personas, de tal forma que promueven su independencia en todos los aspectos de su vida diaria
Según se propone, el Sistema Nacional de Cuidados contará con una Junta Nacional de Cuidados que será el órgano rector y que estará conformado por la Secretaría de Bienestar -quién presidirá la junta-, así como las Secretarías de Hacienda, Educación, Trabajo, Salud y Cultura.
También estarán presentes el IMSS, ISSSTE, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el DIF y todas las secretarías del Bienestar estatales.
“No nos consultaron”
El Sistema Nacional de Cuidados debe cimentarse en lograr la articulación de los servicios públicos existentes -además de los privados- para que asuman las tareas de cuidados, todo ello a través del impulso de políticas públicas estructuradas. Sin embargo, en los últimos años se advierten más retrocesos que avances.
“La situación es catastrófica, así, con todas sus letras, catastrófica”, reclama Margarita Garfias, integrante de #YoCuido.
Este gobierno ordenó la desaparición del programa de estancias infantiles para convertirlo en una política que privilegia las transferencias monetarias y recientemente también se canceló el programa de escuelas de tiempo completo, en el cual niñas y niños de 27 mil escuelas en todo el país se beneficiaban de procesos de aprendizaje, refuerzos de clases, acompañamiento psicoemocional y alimentos en un horario escolar extendido. “La jornada ampliada y el servicio de alimentos eran un parche en medio de la ausencia de un sistema nacional de cuidados y una sociedad que sigue percibiendo a las mujeres como únicas responsables de las labores de cuidados no remunerados”, explican Alejandra Núñez y Alejandra en Sin escuelas de tiempo completo: impactos en los derechos de las niñas y las mujeres.
En entrevista, Garfias reprocha que durante la emergencia sanitaria el tema de las labores de cuidado se puso en la agenda pública por todas aquellas mujeres que dejaron sus empleos para quedarse en casa a cuidar a sus familias ante la imposibilidad de conciliar lo laboral con lo familiar, pero que al paso de los meses -a pesar de las promesas de dar continuidad a las labores legislativas-, nada ha pasado.
Incluso, reprocha que en el Senado se haya presentado una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Cuidados sin consultar con la sociedad civil ni convocar a un parlamento abierto.
“Fue unidireccional, pero bueno, se puso ahí, en esta urgencia del Sistema Nacional de Cuidados que sin embargo quedó en palabras y palabras al viento porque ni la reforma constitucional se ha dictaminado, ni hay un llamado de la senadora Malú Micher a entablar diálogo con la población, con las organizaciones de la sociedad civil”, acusa.
Infografía: Andrea Paredes I @driu.paredes y Daniela Díaz I @_danichi
¿Por qué no avanza?
El 18 de noviembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó reformas para elevar a rango constitucional el derecho al cuidado digno a través de un dictamen de reforma de los artículos 4 y 73 de la Constitución. Con ello se establece la obligación del Estado a promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres para lo cual deberá expedirse una ley general que establezca la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia del Sistema Nacional de Cuidados.
La reforma fue turnada al Senado de la República para que la votaran, sin embargo, el dictamen está congelado en la Comisión de Puntos Constitucionales.
“¿Por qué después de un año, poco más de un año, de que se aprobó esa reforma constitucional en la Cámara, en el Senado sigue congelada? Porque no es una prioridad, porque no es una prioridad de quienes toman las decisiones políticas en nuestro país. No solamente no es una prioridad del presidente, que no la ve como una prioridad, no es una prioridad tampoco de los dirigentes políticos que están en el Senado; si fuera su prioridad ya la habrían votado, la habrían votado al día siguiente”, enfatiza la diputada Amalia García.
Por separado, la senadora Patricia Mercado sostiene que se trata de una agenda importante y prioritaria, específicamente para las legisladoras de todos los partidos políticos, sin embargo, acepta que se vive un momento delicado para lograr un acuerdo.
“Tomando en cuenta que es una reforma constitucional necesitamos una votación calificada y en este momento -por otros asuntos que no tienen que ver con el cuidado- pues realmente llegar a construir los acuerdos necesarios y la mayoría que necesitamos para una reforma constitucional pues… es un momento delicado, es un momento en donde no están las mejores condiciones para lograr ese tipo de acuerdos entre todos los grupos parlamentarios”, admite la senadora por Movimiento Ciudadano.
Justamente este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Senado tendrá sesión por lo que, a decir de Mercado, sería el momento propicio para que se presentara y votara la reforma constitucional, porque sin ella la creación del Sistema Nacional de Cuidados se advierte casi imposible.
“Lo que sí no veo es que salga el Sistema Nacional (de Cuidados) sin la reforma constitucional, eso me parece que no va a suceder. Entonces -como te decía- espero que por lo menos este 8 de marzo logremos la reforma y ya para el próximo período de septiembre – diciembre, (logremos) toda la discusión y el acuerdo con el Sistema Nacional de Cuidados”, detalla.
Hágase el Sistema Nacional de Cuidados… pero sin presupuesto
Y si bien en noviembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para elevar a rango constitucional el derecho al cuidado, también incluyó una reserva en la que se precisó que en la legislación secundaria que dará vida al Sistema Nacional de Cuidados “se debe considerar el no generar ninguna estructura orgánica nueva, ni compromisos económicos adicionales”, pues deberán aprovecharse las instituciones ya existentes de los diversos órdenes de gobierno. Es decir, desde ya se estipula que no habrá presupuesto etiquetado para el Sistema Nacional de Cuidados.
No obstante, la senadora Patricia Mercado considera que es necesario que haya una reforma fiscal para fortalecer, al menos, al sistema de salud.
“Necesitamos, según yo, una reforma fiscal. No vamos a encontrar los dineros que se necesitan con lo que tenemos en este momento (…) ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar en una reforma fiscal que ponga en el centro el tema de resolver todas las necesidades de cuidado que existen en la población?”, cuestiona.
¿Cuánto dinero se necesitaría? No está claro. En la Cámara de Diputados se intentó hacer algunas estimaciones, pero en ninguna se logró establecer una cantidad.
“El tema del costo es importante por supuesto, no se minimiza, pero creo que no debe ser el centro de la discusión. Yo creo que lo más grave es la parálisis, el congelamiento, que solo sea discurso, eso me parece mucho más grave”, considera Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y quienes se han sumado a la demanda del movimiento de las mujeres.
“Requerimos un sistema que esté basado en servicios públicos de calidad y, si me apuras, desvinculado de la condición laboral porque primero es poner a los niños en un lugar seguro y después ir a buscar trabajo, porque lo inverso es muy complicado”.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
En el contexto del 8M y el 9M, días de exigencia al cese de la violencia feminicida y reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres, de acuerdo a la denuncia, por decisión del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, les están pidiendo sus puestos de trabajo a decenas de empleadas
En estos días que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, trabajadoras del Palacio de Gobierno decidieron revelar el acoso y la violencia laboral que sufren por parte de funcionarios que les exigen la renuncia para que ocupen su lugar amigos del senador con licencia Félix Salgado, papá de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Una de las formas de presión que están aplicando los funcionarios para que las empleadas firmen su renuncia, es la retención de sus salarios desde hace varias quincenas.
Un grupo de burócratas que son madres solteras, denunciaron que han expuesto su queja ante las unidades de género que tiene cada dependencia pero que en vez de apoyarlas, los funcionarios se ven coludidos en la decisión de cesarlas, según han percibido. Asumen que es porque hay una orden de Salgado Macedonio.
Varias de las empleadas que llevan años trabajando en el gobierno estatal interpusieron su queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), que que ya determinó medidas cautelares a favor de ellas solicitando a las autoridades el pago de sus salarios, cese al hostigamiento y violencia laboral.
Pero los funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) han hecho caso omiso a esas medidas de apremio.
«El ingeniero Félix (Salgado) está muy enojado porque se desobedecen sus órdenes», les dice a las trabajadoras el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental Eduardo Gerardo Loria Casanova.
En entrevista confidencial, las empleadas que para evitar represalias las nombraremos como Juana, Guadalupe y María, denunciaron que desde noviembre del 2021, semanas después de que la morenista Evelyn Salgado Pineda asumiera la gubernatura sufren acoso laboral, violencia institucional y violencia psicológica.
Denunciaron que muchos de sus compañeros y compañeras han sido despedidos porque el senador Félix Salgado, papá de la gobernadora Evelyn, está acomodando a sus allegados que participaron en la campaña política de él y de su hija.
El pasado 25 de febrero un grupo de burócratas hicieron visible su inconformidad protestando con pancartas afuera del Palacio de Gobierno denunciando a Salgado Macedonio de promover su despido.
En esa ocasión, la empleada de la Coordinación Estatal del Registro Civil, Orlanda de Jesús Romero señaló que a ella le dijo la contadora de esta dependencia María del Carmen Vergara Aburto que Félix Salgado necesitaba plazas de trabajo para colocar a su gente.
Derivado de la ola de despidos, hostigamiento y acoso laboral, las burócratas acudieron a la CDHEG para presentar una queja en contra de funcionarios, uno de ellos el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Gerardo Loria Casanova.
El pasado 3 de marzo, este organismo emitió medidas cautelares a favor de una de las trabajadoras solicitando que se le pague las dos quincenas de salario del mes de febrero y cesen cualquier acto de intimidación, acoso laboral, amenazas y abuso de poder en su contra. Nada ha pasado.
Juana, quien trabaja en la Contraloría y Transparencia Gubernamental cuenta que ella es madre soltera con cinco hijos, tres de ellos en adopción además de que tiene a su mamá enferma y si la corren no tendrá dinero para mantener a su familia.
«No me han pagado mis salarios y sigo sufriendo acoso laboral, amenazas e intimidaciones porque quieren que renuncie pero no lo haré», dice firme Juana, con diez años ocho meses trabajando en el gobierno estatal.
Se quejó que ella al igual que muchas de sus compañeras que son presionadas por los funcionarios para que renuncien han acudido a las unidades de género que dependen de la Secretaria de la Mujer, pero tampoco reciben apoyo.
«De esto sabe la titular de esta Secretaría Violeta Pino y no hace nada y eso que se supone que defiende a las mujeres», dijo la empleada.
El grupo de empleadas narran que debido de la violencia laboral y psicológica que sufren por parte de funcionarios ha repercutido en su salud.
«El pasado 4 de marzo tuve ansiedad y taquicardia». Me dijo el médico que eso es por las preocupaciones que tengo», señaló Juana.
Guadalupe, otra empleada que trabaja en otra dependencia en el Palacio de Gobierno, contó que una compañera fue despedida y se quedó sin el servicio médico del ISSSTE a donde llevaba a su papá que tiene insuficiencia renal.
«Me acuerdo de esa compañera que le rogó a un funcionario que no la despidiera porque necesitaba el ISSSTE para llevar tres veces a la semana a su papá a la aplicación de su hemodiálisis», narró.
Otra empleada de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental que también ha sido amenazada con despido, dijo que también interpuso una queja ante la (CDHEG y hasta el momento no le han pagado sus salarios.
«Tengo a un hijo que mantener y a mi mamá, pero el gobierno es insensible», dijo.
El grupo de burócratas dijo que es una contradicción que en Guerrero gobierne una mujer cuando precisamente las autoridades de esta administración estén violando los derechos de las mujeres.
María, trabajadora de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico, compartió que empezó a trabajar en el gobierno estatal desde 2018, durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo. Inició como encargada de un área pero que en noviembre del 2021, semanas después de la llegada de Evelyn Salgado, le dejaron de pagar su salario sin ningún argumento legal.
María que es trabajadora supernumeraria dijo que ella padece colitis y cuando sufre preocupaciones se le complica esta enfermedad.
Derivado de su retención de salario y aguinaldo en el 2021, se enfermó y con un embarazo de cinco semanas tuvo un aborto que se lo practicaron en un hospital privado de Acapulco.
La trabajadora responsabilizó de su situación a la titular de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, quien es la que está ordenando los despidos injustificados de empleados de esa dependencia.
«Yo me sigo presentando a trabajar y pese a que no tengo ningún espacio asignado y me sigan violentando mis derechos yo no voy a renunciar», advirtió.
[Eres mujer serpiente
cuando te acuestas sobre la tierra
y bebes el manantial del sol.
Sales a la calle,
levantando huellas
de zapatos olvidados,
y regresas nuevamente a casa
con corazones en tu garganta
que te quitan el hambre]…
Araceli Tecolapa
Texto y fotografías: Luis Daniel Nava
9 de marzo de 2022
Chilapa
1)
Ocho mujeres en la Montaña baja, una región de pueblos originarios que abarca los municipios de Chilapa y Zitlapa, se han destacado por su lucha y promoción de los derechos humanos, la educación y las artes.
Brigida Chautla, Isabel Dircio, Sandy Tezoptitlán, Teodomira Rosales, Esperanza Ignacio, Rosalba Díaz, Angélica Barrera y Araceli Tecolapa, son ocho mujeres, que, en este contexto del 8M, luchan desde sus trincheras exigiendo un alto a las violencias, entre esta la machista.
Es el caso de Brigida Chautla Ramos, cuya lucha social por la necesidad de vivienda y los procesos de organización de mujeres se remonta a 1983.
Empezó a luchar por los derechos de las mujeres por el trato desigual que recibían en la Organización Mixta de Chilapa, además de la discriminación y marginación social que padeció y que estaba tan normalizada en esa época.
Desde entonces su trabajo de promoción y capacitación en los derechos humanos han sido constantes. Fundó en 1994 la organización Noche Zihuame Zan Ze Tajome, Todas las mujeres como una sola y se ha convertido en un referente en la región de un trabajo comunitario para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, libres de violencia.
“Estoy en contra de la discriminación porque nadie escogió ser lo que es, ni nacer donde lo hizo”, apunto la activista en la compilación Las palabras que en mí dormían. Discursos indígenas de Bolivia, Ecuador, Chile y México editada por la UNAM.
2)
Isabel Dircio Chautla, hija de Brigida Chautla, lleva 15 años en la promoción de derechos de las mujeres. Ahora preside la asociación autónoma de mujeres Zihuame Xotlametzin (Mujer Luciérnaga) que difunde y defiende los derechos de mujeres y niñas en Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera. También da acompañamiento legal en casos de violencia física y sexual.
Brigida e Isabel coordinan la Casa de Atención a la Mujer Indígena en Chilapa Zihuachikahuac, Mujer sana, fuerte y valiente. Ahí el trabajo de las parteras tradicionales es fundamental para dar atención a mujeres antes, durante y después del parto.
En su trabajo comunitario también están rescatando conocimientos sobre la medicina tradicional para atender la salud sexual y reproductiva, así como el autocuidado. Hasta el momento han instalado 15 farmacias naturales para el rescate de la medicina tradicional.
3)
Sandy Tezoptitlán Emigdio es activista, ambientalista y maestra de preescolar en educación indígena. Recibió en 2019 el Premio Nacional de la Juventud en la categoría compromiso social.
También encabeza la Coordinación Regional de Educación Indígena que junto a maestros bilingües ha elaborado material didáctico en náhuatl y ha conseguido que la Secretaría de la Cultura federal imprima en este año dos libros de poesía, cuentos y relatos en lengua materna y español.
4)
Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Regional de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, durante su vida ha sido testigo y en carne propia de violencia doméstica, física, económica sexual y psicológica que padecen las mujeres en la región de la Montaña en Guerrero.
También notó que la escasez de agua en cinco pueblos de Tecoanapa estaba enfermando a los pobladores por lo que concientizó, organizó y finalmente logró el derecho humano al agua para esas comunidades.
Ahora desde el Centro Morelos da acompañamiento a familiares de desaparecidos, a familias desplazadas y a mujeres víctimas de violencia de genero de los municipios de Zitlala, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Eduardo Neri (Zumpango) y Leonardo Bravo (Chichihualco).
5)
Esperanza Ignacio Matías es nahua originaria de la comunidad de Acatlán, feminista comunitaria, socióloga y maestra en Territorio y Sustentabilidad Social por el Centro de Investigación y Posgrado de la (Uagro).
Tiene investigación en territorio, bienes comunes y acción colectiva. Ha sido maestra invitada de la Uagro y la Universidad Intercultural de Quintana Roo. Esperanza creó el espacio para mujeres Tlikuiltsin-fueguita, que abordan feminismo comunitario y espiritualidad.
Es la primera mujer que asume la dirección del Centro Coordinador en Chilapa del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
6)
Rosalba Díaz Vásquez es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) con posgrados en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. También profesora-investigadora de la Uagro.
Es fundadora y en este 2022 asumió la coordinación del colectivo Ojo de Tigre Comunicación Comunitaria con sede en Acatlán, en el municipio de Chilapa. Ha difundido el cine comunitario en localidades de Guerrero y fuera de él. Para
Rosalba Díaz el cine es una herramienta pedagógica para la transformación social.
También es autora de los libros: Una luz en la Montaña: producción artesanal de velas e identidad cultural entre los nahuas de Guerrero; Corazón de agua: relatos de tradición oral en voz de los ancianos nahuas de Guerrero y El ritual de la lluvia en la tierra de los hombres-tigre.
7)
Carmen Angélica Barrera Flores es lingüista y literata. Ha sido becaria en festivales culturales, de creación poética y literatura. Tiene dos premios en poesía en 2018 y 2019.
El año pasado coordinó la antología Voces de Mujeres del Sur y ahora trabaja con infancias en un Semillero Creativo de Literatura del gobierno federal en la Montaña baja.
8)
Aracely Tecolapa Alejo ha trabajado en la defensa de los derechos humanos de la mujer en la Montaña baja y es
promotora y maestra de la lengua náhuatl de estudiantes de primaria y de posgrado.
Tecolapa Alejo ha sobresalido además por su poesía en lengua materna.
El trabajo de estas mujeres es importante en una región que cuenta con alerta de violencia de género y es el territorio más difícil para hacer política, también mujeres que han aspirado a algún cargo han sido asesinadas en Chilapa.
Este es un esbozo del trabajo social y comunitario de ocho mujeres de las cientos que a diario luchan por sus derechos.
Estas ocho mujeres promueven y exigen un alto a las violencias, sobre todo la feminicida.
*
En Amapola. Periodismo transgresor reproducimos dos poemas con autorización de sus autoras.
Anatomía de la tierra / Angélica Barrera
I
Primero, nos manosearon en las fiestas
una y otra vez.
Apilaron nuestros cuerpos en las esquinas
desmembraron uno a uno nuestros cabellos
se aseguraron de quemar nuestra ropa
no dejaron rastro de nuestra otra vida.
II
Nos enterraron bajo las escaleras
de una casa
que también construimos
Nos enterraron en los surcos
entre los árboles
con los perros
en la cocina
bajo la estufa
por las escuelas
III
Frente a los ojos de mi madre
enterraron a todas
sobre/ durante/ bajo
pero nadie vio nada.
IV
Destierro a cada una de mis hermanas
las arranco de aquellos —los que quieren apagarlas.
Limpio a Diana
abrazo a Eva
reconstruyo a Leonor
Les repito
debo enterrarlas la semana que viene,
una y otra vez
Esconderlas debajo de las piedras
Que se queden quietas
—no hablen
una y otra vez
que serán nombradas
más allá de las tareas domésticas
del papel de esposa del papel de hija
serán nombradas
por las calles verdes
una y otra vez.
Mujer serpiente / Aracely Tecolapa
Eres mujer serpiente
cuando te acuestas sobre la tierra
y bebes el manantial del sol.
Sales a la calle,
levantando huellas
de zapatos olvidados,
y regresas nuevamente a casa
con corazones en tu garganta
que te quitan el hambre.
Costuras plumas
en tu piel ceniza que arrastras
apoyando la masa,
y luego, sales a volar sobre la tierra
como papalote, girando entre las lenguas
de los perjuicios que quieren comerte.
Tus cicatrices cotidianas no te engañan
y arropas las heridas de la mañana
que germinan en tus manos de niña,
en tu petate trenzado de ayeres,
luchas para no ser envenenada
con el arrepentimiento que te ofrecen todos los días.
Eres mujer serpiente
que se transforma en cualquier
animal cuando abres los ojos,
Pero los coyotes tienen miedo
si sonríes sin ellos,
y te muerden tantas veces,
más no te matan
porque tu veneno
cura la muerte desesperada.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señala la prevalencia de un contexto de alta violencia. La organización en su recuento de los últimos 17 años sobre la violencia feminicida señala que, del 2004 a octubre de 2021, registró 100 muertes violentas principalmente en los municipios de Tlapa y Ayutla de los Libres que, desde el 2017, cuentan con alerta por violencia de género
Texto y fotografía: Lenin Mosso e Isael Rosales
9 de marzo del 2022
Tlapa
Más de 200 niñas, adolescentes, hijas y madres marcharon por las calles de Tlapa en el contexto del 8M para visibilizar la violencia contra las mujeres, que padecen esta región de pueblos originarios.
Las denuncias van desde las agresiones sexuales de taxistas, choferes de combis de servicio público y hombres en general que acosan en las calles. Las mujeres son invisibles ante las autoridades, según se leyó en decenas de pancartas. “Aquí no se reconoce ni se pueden nombrar los feminicidios”.
La marcha inició a la altura de la radio Voz de la Montaña. Mujeres y niñas con sus pancartas alusivas a las demandas y consignas sobre acoso sexual y contra el patriarcado.
Por ejemplo, Ceci, una joven marchaba indignada contra la violencia machista. Esta violencia se normaliza y se transmite de generación en generación. En esta hay casos de niñas de 15 y 16 que las golpean todos los días en el transporte público de Tlapa. “Esta normalización de la violencia pasa por ser hasta chistoso, es como una caricatura de la realidad. Siempre que pasamos en el zócalo con las miradas acosadoras de los hombres”.
La protesta por las calles principales de Tlapa ilustró el hartazgo de la violencia machista. También las niñas portaban las pancartas.
“Estoy impresionada porque muchas niñas salieron a las calles. Es muy importante porque estamos despertando y reaccionando, quiere decir que vamos por un buen camino y que las mujeres nunca más vamos a estar solas. Desde los 12 años empiezas a ser consciente de la violencia que rodea, y sí se va a tumbar el patriarcado si seguimos unidas como hermanas de dolor y esperanzas”, dijo una participante de la marcha.
“Ya no estamos solas entonces, ya tenemos el valor y voy a luchar aunque el camino sea muy largo. Lo más impactante es que nos organizamos solas sin ningún partido político”, otra chica comentó sobre la unión de varias chicas que se empezaron a organizar ante el aumento de matrimonios forzados en la región y la violencia machista que llega a feminicidios.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó que durante el 2021 en Guerrero, un registro de 136 mujeres asesinadas, de estos, 119 casos se investigan como homicidios dolosos, sólo 17 se investigan como feminicidio. En ese mismo periodo, 60 mujeres fueron desaparecidas, dos fueron encontradas sin vida. Además, se registraron 389 casos de violencia sexual.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señala la prevalencia de un contexto de alta violencia. La organización en su recuento de los últimos 17 años sobre la violencia feminicida señala que, del 2004 a octubre de 2021, registró 100 muertes violentas principalmente en los municipios de Tlapa y Ayutla de los Libres que, desde el 2017, cuentan con alerta por violencia de género.
También están en foco rojo los municipios de Metlatónoc , Cochoapa el Grande, Alcozauca, Xalpatláhuac, Tlacoapa, Copanatoyac, Malinaltepec, Acatepec, San Luis Acatlán y Olinalá, donde la mayoría de las familias indígenas viven en situación de pobreza extrema.
Covid-19 incrementó los feminicidios
Tlachinollan advierte que lo más greve, desde que inició la crisis sanitaria por la covid-19, es el aumento de feminicidios. En el informe tu nombre que nunca olvido sólo de septiembre de 2020 al mes de octubre del 2021, mantienen un registro de 26 feminicidios en los municipios de Tlapa, Ayutla de los Libres, Acatepec, San Luis Acatlán, Cochoapa el Grande y Metlatónoc. De estos sólo en el 20 por ciento de los casos se ha procesado a los responsables y un porcentaje mínimo han alcanzado sentencias condenatorias.
“Durante un año, de 317 casos de mujeres, de estas 202 denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia, 82 fueron de violencia económica, perpetrados por los esposos, concubinos y algún otro familiar obligado a proporcionar alimentos, 48 de violencia física, 43 de violencia psicoemocional (guarda y custodia, separación y divorcios), 6 casos de violencia patrimonial (mujeres que fueron despojadas de sus bienes), 9 casos de agresión sexual contra niñas, 9 casos de feminicidio, 5 casos de criminalización de mujeres que denunciaron violencia y 2 de venta de niñas y matrimonios forzados”.
Durante la marcha en Tlapa, Ceci volvió a tomar la palabra para decir que los feminicidios no se reconocen porque Tlapa, un municipio machista por excelencia. Desde la tribuna improvisada llamó al gobierno a que empiece a visivilizar el acoso y las diferentes violencias, porque se viven Tlapa y en la región de la Montaña todos los días.
Pidió a las autoridades sancionar a los responsables. “No podemos tener confianza con los policías porque son los principales acosadores. Las autoridades locales ni siquiera tienen estadísticas sobre las violencias contra las mujeres. Ya no queremos que se oculten los feminicidios”.
En el Congreso local, la marcha se topó con un grupo de mujeres jóvenes que llevaban una manta en la que se leía: “Morras en resistencia contra el hostigamiento sexual en las escuelas”
Texto: Margena de la O
Con información de José Miguel Sánchez y Jesús Guerrero
8 de marzo del 2022
Chilpancingo
Este 8 de marzo, las mujeres en Chilpancingo nuevamente dejaron claro que saben dónde se genera y regula la violencia contra ellas: “¡El Estado opresor es un macho violador!”. Es una de las consignas que más repitió el contingente más nutrido de feministas que marchó por las principales de la ciudad.
En esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la ciudad protestaron varios grupos, así el feminismo mostró que conoce el origen y señala a sus agresores. “¡La que no brinque es macho!”, se escuchaba y el millar de mujeres de la marcha más larga brincaba. Lo hicieron en varias ocasiones a lo largo del recorrido que duró más de dos horas: el contingente partió del monumento a Las Banderas, se siguió hasta el Congreso local, y regresó por las avenidas Lázaro Cárdenas, Juan Álvarez hasta la plaza Primer Congreso de Anáhuac.
Cuando se dice que las mujeres señalan a sus agresores, también es en un sentido literal, porque muchas de las que participaron, en sus cartulinas pegaron la foto y pusieron los datos de sus abusadores. Uno de ellos es Héctor Miguel, de quien se omitirán sus apellidos. En la pancarta junto a su nombre y foto escribieron lo siguiente: “¡Justicia! El agresor y violador de los derechos de mis hijos sigue suelto”. Como éste, muchos casos más.
Además de señalar a sus agresores, esta marcha dejó en evidencia otros rasgos: la importancia de que las niñas crezcan conociendo sus derechos. Este año otra vez se vio en la marcha la presencia de varias niñas, quienes después, cuando estaban camino hacia el zócalo, encabezaron el contingente. Cerca del primer cuadro de la ciudad, una mujer adulta se paró en la banqueta a esperar la marcha con una cartulina en las manos, donde se leía: “Lo que no tuve para mí que sea para ellas”.
Este contingente hizo algunas paradas a lo largo del recorrido, un par de éstas, al parecer, estratégicas. La primera, frente al Congreso del Estado, donde dejaron una manta color verde en la que se leía: “Aborto legal en Guerrero”. Una deuda para el movimiento feminista en Guerrero tiene origen en ese recinto, donde los diputados locales siguen sin garantizarle el derecho a las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, es decir, la legalización del aborto.
Cuando el contingente de mujeres se paró frente al acceso más amplio del recinto, un par de trabajadoras del Congreso local sacaron su mano por las rejas con un pañuelo verde, en señal de simpatía al movimiento y a su exigencia de la legalización del aborto. Claro está que quienes tienen la decisión en sus manos son las y los diputados.
La segunda, en realidad fue el cierre de la marcha, en la plaza, frente al ayuntamiento de Chilpancingo, donde gritaron varias veces: “¡Presidenta rompa el pacto!”. Era un evidente mensaje a la alcaldesa Norma Otilia Hernández, la segunda mujer que llega a ser primera edil en la historia de la administración pública del municipio, a quien, de alguna manera, la convocaron a pronunciarse, pero nunca pasó, ni siquiera se asomó, en el supuesto de que estuviera ahí en el inmueble.
Este contingente terminó sus actividades en un mitin en la explana del zócalo, donde insistieron en la responsabilidad del Estado en la generación de la violencia contra las mujeres al repetir la consigna.
Pero otro elemento importante de la conmemoración de este año del Día Internacional de la Mujer en Chilpancingo es que fueron varios contingentes de feministas que se expresaron. En el Congreso local, la marcha se topó con un grupo de mujeres jóvenes que llevaban una manta en la que se leía: “Morras en resistencia contra el hostigamiento sexual en las escuelas”.
Antes de esto, en el monumento a Las Banderas, mujeres jóvenes realizaron el tendedero para denunciar a maestros acosadores del Colegio de Bachilleres, de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cbtis). “La Uagro hace oídos sordos, no hace caso a nuestras denuncias, ellos prefieren defender a los maestros acosadores”, comentó ahí una de las manifestantes.
Leyeron un pronunciamiento donde explicaron que los maestros les miran indebidamente debajo de la falda, las piernas y los escotes, calificaron esas acciones como hostigamiento sexual y expusieron la falta de protocolos en los centros académicos para atender la violencia contra las mujeres.
En el tendedero se leían los nombres de académicos de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia (Facom), como Elino Villanueva, Rodrigo Carmona Casiano y Ángel Carrillo Chora, actual director de Recursos Humanos de la Uagro, a quienes acusaron de hacer comentarios indebidos acerca del cuerpo de sus alumnas. Carrillo Chora, después de que lo denunciaron por hostigamiento sexual, dejó de dar clases en la Facultad, pero continúa en la administración central de la Uagro.
También señalaron al maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, Cesar Corrales, de violar a seis de sus alumnas.
“En las escuelas de Chilpancingo están acosando a las estudiantes. Hacemos un llamado para exigir seguridad en las escuelas, maestros que enseñen y no que vulneren. Pedimos ser respetadas”, leyeron del pronunciamiento.
Esta misma tarde otro contingente estaba en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo, desde donde despacha la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Entre las feministas que llegaron hasta ahí estaba Yolotzin Jaimes, integrante de la colectiva Las Revueltas, quien le reclamó a la gobernadora su inacción, según dijo, para frenar la venta de niñas en Guerrero.
“Hoy venimos con las mochilas y las gargantas llenas de hartazgo por la situación que prevalece en Guerrero respecto a la problemática de la venta de niñas”, dijo la activista, quien el 26 de febrero del 2021 fue golpeada por militantes de Morena cuando protestaba contra la candidatura a la gubernatura de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación sexual en agravio de dos mujeres.
La activista le exigió a la gobernadora, hija del senador Salgado Macedonio, que realice acciones contundentes para parar la venta de niñas y vigilar que los convenios dejen de ser sólo reflector del momento y se traduzcan en acciones concretas que permitan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres.
El acto político que encabezó este contingente fue en memoria de niñas que fueron asesinadas en Guerrero. Una de ellas Ayelín, de 13 años, asesinada en Tixtla en octubre del 2020; hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) siguen sin hallar todos sus restos. Durante el mitin, la mamá de Ayelín envió un mensaje por teléfono.
La violencia obstétrica consiste en cualquier daño u omisión que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo, parto y puerperio, en servicios de salud públicos y privados.
María tenía 24 años cuando tuvo a su primer hijo. Aunque había recibido atención prenatal con una médica particular, decidió que su parto sería en una clínica del Seguro Social.
Días antes de comenzar su labor de parto, su ginecóloga le recomendó tener relaciones sexuales para acelerar el proceso, puesto que ya estaba “en tiempo” de parir. Cuando la recibieron en el seguro porque había roto fuente, le hicieron bullying y la ignoraban por haberse atendido “por fuera”, y la presionaron para aplicarle la epidural.
Sus reiteradas negativas fueron respondidas con “¿segura? A ver si aguantas”. Hasta que la asustaron con que si no lo hacía en ese momento, después no habría nadie que se la pusiera. Así que accedió.
Dos veces la pincharon, lo hicieron mal y le provocaron sangrado, y además la culparon de lo sucedido “por haberse movido”. También le dijeron que mejor le harían una cesárea, sin que fuera fundamental, solo por agilizar el proceso.
María se negó y después de horas acostada en una camilla sin que la dejaran levantarse, y sin darle siquiera agua, ella decidió ponerse de pie un momento, lo que resultó en que la amarraran con vendas a un lado de la cama.
Cuando casi 12 horas después llegó el momento en que comenzó su trabajo de parto, María estaba histérica y cansada. Los médicos aplicaron la maniobra de Kristeller -que implica presionar el vientre- (lo que está contraindicado a nivel internacional) y usaron fórceps para sacar al bebé. Esto le provocó un sangrado interno.
También le realizaron la episiotomía sin preguntarle ni decirle nada, además de que la hicieron mal y le provocaron una incorrecta cicatrización. En ningún momento avisaron de la situación a su esposo.
Después de que por fin nació su bebé, a María y a él los dejaron por más de 4 horas en una camilla en pleno pasillo, bajo un aire acondicionado, sin nada más que dos batas de hospital para pacientes. Esto provocó que durante los primeros cinco años de la vida de su hijo, padeciera de problemas respiratorios.
Todavía un año después de esta experiencia, María despertaba en las noches llorando y gritando.
Tuvieron que pasar cinco años para que decidiera volver a embarazarse y quitarse la mala experiencia que tuvo al parir. En esa segunda ocasión, recurrió a un hospital particular y a tener una dula de acompañante.
Así como ella, 33.4% de mujeres en México sufrieron algún maltrato al ser atendidas durante el parto, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI (2016).
Esto se define como violencia obstétrica, que de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) “es una forma específica de violencia contra las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que constituye una violación a los derechos humanos”.
Esta puede darse en servicios de salud públicos y privados, y “consiste en cualquier daño u omisión que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo, parto y puerperio”.
“¿Así gritaba cuando se lo hicieron? Ahí sí abrió las piernas”, “¡No te estés quejando y puja!”, “De nada sirve que estés gritando”, son algunas de las frases que forman parte del lenguaje de la violencia obstétrica, y que suelen provocar traumas a quienes se encuentran en labor de parto.
A María se las dijeron. La humillaron con relación a su vida sexual, y como se veía más joven de lo que era, la infantilizaron y se burlaron de ella.
Pero no solo se incluyen las ofensas u omisiones en el proceso de nacimiento de un infante, sino en lo que sucede después.
Hay mujeres a las que presionaron para aceptar algún método anticonceptivo, temporal o permanente (9.2%). De acuerdo con el ENDIREH, al 4.2 % le colocaron alguno o la esterilizaron sin previo consentimiento.
La violencia obstétrica deja huellas profundas en quien la padece
En 2019, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció la existencia de la violencia obstétrica, su gravedad, causas y consecuencias.
Ese reconocimiento de una problemática fue importante porque “desculpabiliza a las madres” y valida sus experiencias, dijo al respecto al diario El País Ibone Olza, psiquiatra perinatal y directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal.
Se calificó de tortura el realizar una cesárea o una episiotomía sin consentimiento, y se describieron “las formas de maltrato más habituales en el parto, especialmente el chantaje y cómo se minimizan o invisibilizan sus consecuencias”.
En México, de 2015 a 2021 la CNDH emitió 56 recomendaciones a distintas instituciones de salud, por violencia obstétrica. En tanto, de 1996 a 2020 la Comisión Nacional de Arbitraje México (Conamed) registró 2,156 quejas con motivo de atención de parto y puerperio inmediato. Como sucede con otras problemáticas, estos son solo los casos de los que hay registro o que fueron denunciados, aunque muchos otros no llegan a las estadísticas.
En México, 46.1% de los nacimientos se realizan a través de cesáreas programadas o de emergencia,según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018. Nivel superior al recomendado por la OMS, y cuyo porcentaje incluso aumentó durante los primeros meses de la pandemia COVID.
Otro dato preocupante es el que arrojó la ENDIREH 2016: de que 1 de cada 10 mujeres a la que se le hizo una cesárea no se le informó la razón, ni le pidieron su permiso.
La misma OMS explica que ese procedimiento, cuando está justificado desde el punto de vista médico, es eficaz para prevenir problemas de salud e incluso la muerte en la madre y el bebé. Sin embargo, hay casos en que es innecesario, y hay consecuencias negativas para la salud maternoinfantil.
Verónica Esparza, coordinadora de investigación de GIRE, explicó a Animal Político que sería importante establecer protocolos que permitan distinguir en qué situaciones se puede justificar realizar las cesáreas, para con ello disminuir los casos en los que se practica.
La Norma Oficial Mexicana 007 para la Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, señala que es necesario priorizar el parto vaginal y reducir el índice de cesáreas.
Sin embargo, “pese a que existen estas precisiones de que es necesario reducirlas por las implicaciones que tiene o por los riesgos que implica practicar una cesárea, pues vemos que las cifras lejos de bajar van en aumento”, señaló Esparza.
El doctor Roberto Castro, investigador del Centro Regional Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, quien es autor en conjunto con Sonia M. Frías de Violencia obstétrica en México: resultados de la ENDIREH 2016, coincidió con la perspectiva de Esparza y mencionó a Animal Político una problemática adicional, la de la excesiva medicalización del parto.
“También es violencia obstétrica medicalizar el cuerpo demasiado, interrumpir los procesos naturales del parto, no respetar los tiempos que el cuerpo va tomando y recibiendo para parir”.
Manifestaciones físicas y psicológicas
Las manifestaciones de la violencia obstétrica pueden ser físicas y también psicológicas, e incluso pueden tener repercusiones a largo plazo.
Físicas, como la práctica de cesáreas que se realizan sin que exista una indicación clínica para justificarlas, el suministro injustificado de medicamentos, la práctica de anticoncepción o esterilizaciones no consentidas o incluso forzadas.
También el retraso en la atención médica de urgencia o la falta de respeto para la evolución dentro de los tiempos de un parto, son algunos ejemplos de maltrato físico durante la atención obstétrica.
Psicológicas, como la discriminación, el uso de un lenguaje ofensivo o humillante, y las manifestaciones en tono sarcástico.
Las repercusiones a futuro van desde complicaciones o daños en la salud, tanto física como mental, hasta la muerte materna, máxima manifestación de la violencia obstétrica.
Las y los expertos consultados coinciden en que las mujeres pertenecientes a grupos indígenas, de bajos recursos o las mujeres solteras, son quienes padecen con mayor frecuencia la violencia obstétrica.
“Muchas veces las mujeres que viven en zonas alejadas, por ejemplo, tienen que transitar caminos largos para llegar al centro de salud, y este no tiene los insumos suficientes o el personal suficiente para atenderlas”, refirió Esparza.
Falta perspectiva de género
La especialista también señaló que estudios como la encuesta ENDIREH, que se levanta cada cinco años por parte del INEGI, ponen en evidencia que estamos ante un problema de Derechos Humanos, y que no se trata de una situación excepcional.
Al respecto Roberto Castro menciona que aunque es un tema que ha ido ganando visibilidad, en el gremio de ginecobstetras todavía hay perspectivas contrastantes.
Están “los que han visto o constatan que efectivamente a veces se maltrata a las mujeres durante la atención del parto y por lo tanto reconocen que sí tenemos un problema”.
Pero por otro lado, hay un “pequeño grupo que está como a la defensiva, como buscando que no se criminalice la atención médica”.
Cuando se da el trabajo de parto, las mujeres están en una situación de alta vulnerabilidad, es una relación muy vertical, donde muchas veces no hay una perspectiva de género, mencionó Castro.
Por ello, aún queda un largo trecho de trabajo, para exponer casos, concientizar y desarrollar políticas públicas que mejoren la atención a mujeres y personas gestantes.
En 2016, GIRE organizó un tribunal simbólico en el que se reunieron familiares de víctimas de muerte materna y mujeres que sufrieron violencia obstétrica, para relatar sus historias.
Las escuchó un jurado de expertas en salud y derechos humanos. Ellas, las mujeres y sus familias redactaron un informe con recomendaciones al Estado sobre cómo prevenir estas violaciones a los derechos humanos.
Problema estructural
Si bien el tema es reconocido principalmente en sectores académicos y activistas de asociaciones de mujeres, la sociedad en general no lo ve aún con la claridad y contundencia necesaria.
“Nos falta muchísimo por lograr una plena concientización y por lo tanto facilitar que la mujer se sienta con el derecho de reclamar una atención sin violencia obstétrica”, reiteró Castro.
El experto de la UNAM insistió en que no se trata de criminalizar, si no de trabajar con el personal de salud, para que mejoren su trato y protocolos de actuación, con un diseño institucional adecuado.
“Hay razones de orden estructural, no es que estemos hablando de que los médicos todos actúan de mala fe, que son perversos. Están sometidos también a presiones y habría que distinguir entonces razones de orden estructural, si a veces son cuestiones de formación o de deformación profesional, que los hacen muy autoritarios”.
Aunque no se trata de una justificación, es importante considerar los obstáculos que enfrenta el personal de salud en México para realizar su trabajo en óptimas condiciones.
La presión a la que están sometidos los servicios públicos, que suelen estar saturados y que necesitan literalmente despachar a una mujer tras otra, lleva muchas veces a realizar cesáreas sin que se requiera, por cuestiones “de prisa”.
Al respecto, Esparza insiste en que es necesario transformar las condiciones o deficiencias estructurales en el Sistema Nacional de Salud.
“Es fundamental garantizar que el Sistema Nacional de Salud cuente con presupuesto suficiente para asegurar servicios obstétricos de calidad, con infraestructura material y humana para realizar este trabajo”.
Además del diseño institucional, y temas de presupuesto e infraestructura, es necesario combatir prejuicios y rutinas que son dañinas, y que forman parte de la dinámica en la que se forma al personal de salud, desde las universidades.
Forjar un enfoque de género, además de Derechos Humanos, “es fundamental para cambiar este problema”, concluyó Castro.
¿Cómo detectar (y no normalizar) que fuimos víctimas de la violencia obstétrica?
Verónica Esparza insistió en que, para poder detectar la violencia obstétrica, es importante difundir y buscar información sobre qué está bien y que no está bien que se haga durante la atención del embarazo, durante y después del parto.
De ese modo, dijo, las mujeres y sus familiares se pueden dar cuenta de que lo que están viviendo no es normal ni justificable, que existe una falta y que se puede denunciar.
“Por ejemplo, si no te atienden, si te niegan un servicio, te tratan con groserías, con humillaciones, de manera agresiva, no te explican con claridad cuáles son los procedimientos antes de solicitar tu consentimiento, no te atienden cuando manifiestas algún tipo de dolor o te medican en exceso sin preguntar tu opinión”.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Mujeres acusadas de supuestamente participar en hechos violentos en el marco de manifestaciones enfrentan vigilancia, citatorios de la FGR y la FGJCDMX, así como afectaciones económicas y de salud.
Desde octubre y noviembre de 2020, cuando se enteraron de que eran investigadas por delitos presuntamente cometidos durante protestas feministas en la Ciudad de México, las vidas de Érika, Mime y Linda cambiaron por completo.
Visitas constantes a sus domicilios por parte de decenas de policías, cateos, patrullajes por sus casas que se incrementan cada que se convoca a otra protesta, afectaciones físicas, psicológicas, económicas y hasta la separación de sus familias son algunas de las consecuencias que enfrentan desde que se iniciaron los casos en su contra, aunque hasta ahora las autoridades no las han vinculado a proceso.
“Yo creo que es una cacería de brujas en contra de las feministas, las que estamos luchando por justicia y contra el sistema que no nos ha servido para nada”, señala Érika Martínez, investigada por la toma de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicadas en la calle República de Cuba, en el Centro Histórico de la CDMX.
Érika, de 43 años, llegó a las instalaciones de la CNDH cuando estas fueron convertidas por colectivas y grupos feministas en un refugio para mujeres víctimas de violencia. No tenía dónde vivir, pues se quedó sin casa tras denunciar al hermano del padrastro de su hija menor, por abusar sexualmente de ella cuando tenía siete años.
La niña, que para cuando llegaron al refugio tenía ya 10 años, fue quien pintó sobre el cuadro de Francisco I. Madero que estaba en la CNDH. Esta y otras obras fueron intervenidas por feministas. Dicho acto fue públicamente criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien Érika reclamó por indignarse por una pintura: “¿Por qué no se indignó cuando abusaron de mi hija?”.
Junto con Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, joven víctima de feminicidio por parte de un profesor del IPN y de uno de sus compañeros, Érika se convirtió en una de las caras visibles de la toma del inmueble de la comisión. Tras ello, fue denunciada por la CNDH ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de despojo.
Resignada, Érika señala que por estos hechos sabe que podría ser encarcelada en cualquier momento. Aun cuando la CNDH le otorgó el perdón, la FGR, en vez de desechar la denuncia, mantiene abierta la investigación en su contra y recientemente le envió un citatorio para una audiencia inicial. Esto quiere decir que las autoridades encontraron elementos que, a su parecer, acreditan que cometió un hecho constitutivo de delito, aunque hasta el momento no sabe cuál es porque no se lo han informado.
Lo que más le duele —dice— es que por la toma de la CNDH no solo abrieron un proceso en su contra, sino que las autoridades también incluyeron a su hija mayor, de 23 años, quien enfermó por el estrés que le genera saber que son investigadas. Además, le duele que ellas dejaron de protestar para exigir justicia por el caso de abuso sexual que inicialmente las llevó a las calles.
“Uno de los cambios que tuvimos que hacer fue ya no ser tan partícipes en los movimientos de protesta, en las marchas, dejé de pedir justicia por mi hija, y en cuanto a la salud, nos ha afectado… más a mi hija mayor, que le dan momentos de ansiedad, se le ha llegado a paralizar el intestino y ha dejado de dormir”, detalla.
A Érika no solo le quita el sueño la posibilidad de ser detenida y sentenciada por la toma de la CNDH, sino que el agresor de su hija, sentenciado a más de 13 años de prisión, logre quedar fuera del registro de agresores sexuales. Actualmente, ella está en proceso de apelación de la decisión de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia, quienes calificaron de “excesiva” la medida de incluir al hombre en el listado.
Para Ximena Ugarte, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que acompaña el caso de Érika, de su hija y de dos feministas acusadas de hechos violentos en la protesta del 8 de marzo de 2020 en la ciudad, las denuncias contra feministas son estrategias para criminalizar las manifestaciones y generar miedo en ellas y otras interesadas en acudir. Asegura que no existen pruebas en ninguno de los casos, pero las autoridades insisten en mantener las investigaciones abiertas y en llamar constantemente a las denunciadas para que amplíen sus declaraciones.
“Por supuesto que todo eso no lleva a nada en la investigación, porque no tienen ningún elemento de prueba para acreditar el delito que les tratan de imputar, pero lo que sí genera es angustia, miedo, tener que estar yendo al Ministerio Público, seguir teniendo la carpeta abierta en su contra y, además, la habilidad que también nos sorprende tienen los policías, porque consiguieron fotos, videos, ubicaciones y un montón de cosas que es muy difícil que encuentren cuando se trata de indagatorias, por ejemplo, de agresores sexuales o feminicidas”, advierte.
“Me arrebataron a mi hija”
Mime y Linda forman parte de un grupo de 12 mujeres —que no se conocen entre sí— contra quienes la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJCDMX) abrió carpetas de investigación por robo, lesiones dolosas y daño a la propiedad, por daños a un local durante la marcha del 8 de marzo de 2020. Esta averiguación se inició luego de que un perfil de Facebook las acusara de incitar a manifestantes a cometer actos vandálicos.
En el caso de Mime, además, hay otras dos investigaciones: una se abrió después de que las autoridades catearon el lugar donde vivía hasta el 7 de marzo de 2021 —un día antes de la protesta por el Día Internacional de la Mujer—, donde la FGJCDMX halló “objetos aptos para agredir que posiblemente serían utilizados en marchas”, y otra por presunto abuso físico y psicológico contra su hija. Por esto, perdió su casa, su trabajo y la custodia de la niña.
“Cuando pasa lo del cateo, me quedé al mismo tiempo sin empleo y sin dónde vivir, porque mis empleadores pagaban por la renta. Me aislé en un lugar seguro un tiempo, pero después, cuando volví a salir, me detuvieron en un baño público y me arrebataron a mi hija. Perdí la custodia, y como salí en las noticias, me volvieron a correr del trabajo”, cuenta Mime en entrevista.
“Lo de mi hija me mueve mucho, saber que solo puedo verla en fotos me da para abajo, que si no fuera porque se la dan a mi mamá con autorizaciones que solo duran tres meses y deben renovarse a criterio de las autoridades, ella se va al DIF. Sumado a eso, los cambios de trabajo y de casa, pagar los depósitos de renta aun cuando no hay nada estable… es muy difícil”.
Mime, de 27 años, afirma que las acusaciones en su contra son infundadas. Argumenta que, entre las “pruebas” que hay de su presunta participación en el saqueo de un negocio y de incitar a la violencia en protestas feministas, hay solo fotografías en las que aparece marchando o participando en mítines de apoyo a víctimas, y que lo que supuestamente se encontró en su casa durante el cateo realizado lo sembraron las autoridades.
Sobre el supuesto caso de maltrato a su hija, señala irregularidades en la acusación. Inicialmente, según las autoridades, fue denunciada por una vendedora de dulces por supuestamente gritarle y golpearla, pero ante el Ministerio Público le dijeron que había sido por la denuncia de una policía.
Pese al miedo a que abran más investigaciones en su contra, dice que continúa con su labor voluntaria como acompañante de víctimas y de mujeres y personas que buscan practicarse un aborto.
“No he dejado de salir a las calles, aunque varias compañeras sí han puesto sobre la balanza sus ideales o evitar que sus familias sufran, porque el hostigamiento es difícil, y cada día se incrementa la criminalización contra las protestas feministas”, alerta.
Este año, no sabe si podrá participar en alguna protesta, porque ya recibió un citatorio para presentarse a una audiencia en el penal de Santa Martha Acatitla el 8 de marzo, día de otra movilización feminista.
“Ojalá el sistema fuera así con las denuncias de víctimas”
Para Linda, acusada por el mismo saqueo atribuido a Mime y otras 10 mujeres, lo más indignante de la persecución que viven es que las autoridades prefieran iniciar procesos contra participantes de protestas feministas antes que actuar contra agresores a quienes las víctimas denuncian a través de redes sociales y de manera formal.
“Nos acusaron a través de un perfil de Facebook llamado ‘Ana Pérez’, y nos abrieron investigaciones por una publicación que hizo, en la que dio nuestros nombres, lo que me parece indignante, porque como acompañante de víctimas conozco varios casos que cuando denuncian en redes a sus agresores no se hace nada, y tampoco quieren abrir carpetas de investigación cuando acuden con autoridades”, refiere en entrevista.
“(Este proceso) ha afectado mi salud psicológica y física, porque me causa mucha ansiedad pensar que, a pesar de que mi caso no se ha judicializado, a otras compañeras les han abierto más carpetas, y si a mí ya me acusaron de algo que no hice, más adelante pueden hacer lo mismo que a ellas”, añade.
“Las otras compañeras y yo sufrimos acoso policiaco. En mi caso, pasa la patrulla y pita frente a mi casa, sobre todo cuando se acercan las marchas, y ha habido ocasiones en las que no he podido salir porque está estacionada en la esquina y no sé si al salir me vayan a detener acusándome de otros delitos”.
Las pruebas de las autoridades para inculparla por los hechos presuntamente ocurridos en la marcha del #8M de 2020 son algunas capturas de pantalla de sus redes sociales y fotografías en las que aparece en movilizaciones feministas: en una, carga un cartel con el rostro de Isabel Cabanillas —artista víctima de feminicidio en Chihuahua— y en otra recolecta juguetes para niñas y niños huérfanos porque asesinaron a sus madres.
“Y con eso ya dicen que nos juntamos y somos líderes del Bloque Negro (grupo que en las protestas realiza pintas y se confronta con policías), que tenemos grupos donde invitamos supuestamente a que se unan al bloque para destrozar y no sé qué tantas cosas… nada de eso es cierto, solo coincidimos en espacios cuando acompañamos a víctimas y sus familiares”, insiste.
Aunque su proceso no ha avanzado, Linda señala que su salud se vio afectada por el miedo que le provocó conocer la denuncia. Por ello, de inicio, decidió no participar en las protestas feministas que se organizaron después de que le notificaron que era investigada.
Sin embargo, después volvió a salir a las calles. “Protestar no es un delito, es un derecho, y creo que están haciendo esto de criminalizarnos no solo para que quienes estamos acusadas no queramos asistir a las marchas, sino para que también otras que van sepan que pueden ser procesadas penalmente y les dé miedo, para que ya no quieran ir”.
Fabiola Vite, directora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que acompaña legalmente a otras dos de las 12 investigadas por las acusaciones en Facebook, coincide en la opinión de que los casos abiertos contra las manifestantes son una estrategia del gobierno capitalino para desincentivar y criminalizar la protesta.
Hasta ahora —explica—, las audiencias a las que se las ha citado son solo para pedirles que amplíen declaraciones. “No hay pruebas y hay una dilación anómala en el proceso”.
“Es un mensaje de las autoridades para inhibir su participación en las protestas, pareciera un recordatorio hacia ellas y otras mujeres de que podrían tener consecuencias penales; forma parte de una campaña para que no se movilicen, cuando lo deseable sería que en vez de eso garanticen condiciones adecuadas para que las ciudadanas puedan manifestarse tranquilas, digna y libremente”, concluye.
México, denunciado ante la CIDH por criminalizar feministas
En octubre pasado, asociaciones civiles denunciaron a México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por estigmatización y criminalización de la protesta feminista por parte de actores de los tres niveles de gobierno, “siendo objeto de constantes abusos y violencias particulares debido a un ambiente patriarcal y un marco normativo represivo al derecho a la libre asociación, la libre expresión y al derecho a defender derechos humanos por parte de mujeres, colectivos y movimientos sociales”.
En el 181 periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con el acompañamiento de Amnistía Internacional, denunciaron “un contexto patriarcal caracterizado por una fuerte violencia contra mujeres y niñas”.
De acuerdo con las organizaciones denunciantes, las mujeres y niñas “han levantado movimientos feministas y de derechos humanos que, ante la urgencia y gravedad del contexto, han hecho uso de su derecho a la protesta social para exigir al Estado acciones de prevención y erradicación de dichas violencias”.
Sin embargo, les han respondido con “violencias patriarcales, como el uso indebido de la fuerza, violencia sexual e incluso tortura sexual, acoso y hostigamiento físico y digital”, conductas que se han visto exacerbadas en el marco de las protestas sociales feministas.
Las organizaciones señalaron que, específicamente, las manifestaciones encabezadas por mujeres, a pesar de ser mayoritariamente pacíficas, han comenzado a ser estigmatizadas como violentas, violando el derecho a la reunión pacífica y a la libre expresión.
Durante esta audiencia, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas instó al Estado mexicano a que reconozca la legitimidad de las protestas de mujeres y niñas, a abstenerse de realizar declaraciones que las estigmaticen, a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones y a atender las causas estructurales de las violencias contra las mujeres.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Este 8 de marzo, se reinstalará el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y los sistemas municipales en los próximos días, con ello se activarán los mecanismos de protección a los derechos humanos de las mujeres
Texto: Beatriz García
Fotografía: Amapola periodismo y José Luis de la Cruz
7 de marzo del 2022
Chilpancingo
En Guerrero hay una deuda histórica con las mujeres. Acceso a la justicia y a una vida libre de violencia son las principales, coinciden activistas, defensoras de derechos humanos y víctimas.
De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 en Guerrero se contabilizaron un millón 840,073 mujeres, adolescentes y niñas y un millón 700,612 hombres, es decir hay más mujeres que hombres.
Paradójicamente son las mujeres las que sufren más violaciones a sus derechos humanos: feminicidios, violaciones sexuales, laborales y la falta de acceso a la justicia.
Pero no sólo eso, las mujeres en Guerrero son las exigen justicia en las calles y en las instituciones por un hijo, un esposo o un hermano que fue desaparecido o asesinado.
Las desigualdades entre hombres y mujeres son visibles. Un ejemplo claro es el analfabetismo. Las mujeres son las que menor consideraciones tienen para asistir a la escuela. De acuerdo con Inegi, en 2020 había 188,987 mujeres mayores de 15 años analfabetas y 121,340 hombres en la misma condición.
El último censo de Inegi registró que la mayor participación económica persiste en los hombres, 74.5 por ciento generan ingresos económicos, mientras que 48 por ciento de las mujeres lo hacen. Aunque el mismo informe indica que la tasa de participación de las mujeres creció 3.0 puntos porcentuales de 2000 a 2010 y 19.9 puntos porcentuales en los últimos 10 años.
Para entender algunos aspectos del plano en el que las mujeres guerrerenses están paradas, Amapola. Periodismo transgresor consultó a tres mujeres que han participado activamente en la búsqueda de justicia desde distintos aspectos.
La feminista y representante de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM), Marina Reyna Aguilar; la representante del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores y la directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Teodomira Rosales Sierra, quien acompaña a mujeres desplazadas por la violencia.
El incumplimiento con las mujeres
Hace cicno meses, en Guerrero cambió de gobierno, por primera vez es gobernado por una mujer, la morenista Evelyn Salgado Pineda, pero no se observa el cambio para las mujeres, aunque haya comunicados y presupuesto para atender la problematica, sin embargo para la feminista “hasta que se materialice será real”.
La Secretaría de Gobernación (Segob) ha declarado con dos Alertas de Violencia de Género (AVG) que no ha sido cumplidas lo que mantiene una situación “grave” porque la violencia no cesa y hay otras que se están visibilizando, como los matrimonios forzados en niñas y jóvenes, que desde décadas persiste en la región de la Montaña.
El incumplimiento de estas alertas, dice la activista, ha puesto a las familias y las organizaciones a trabajar aun con todas sus limitaciones en lo que el Estado no está atendiendo.
La activista observa que cada día hay más denuncias interpuestas por las mujeres, pero al mismo tiempo hay muchas carencias en la estructura gubernamental, la falta de capacitación al personal y los malos tratos que siguen ejerciendo los funcionarios hacia las víctimas.
Este 8 de marzo, se reinstalará el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y los sistemas municipales en los próximos días, con ello se activarán los mecanismos de protección a los derechos humanos de las mujeres, sin embargo, explica Reyna Aguilar, hay una falta de cumplimiento de obligaciones que tiene el estado y los municipios, lo cual vulnera los derechos de las mujeres.
En el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, contemplan comisiones, una de ellas es la que preside el Congreso del estado que tiene la obligación de hacer un análisis del marco legal para homologar las leyes locales a las leyes federales, además de revisar las necesidades de reforma.
Sin embargo, los diputados ha mostrado resistencia para cumplir con uno de los grandes pendientes: reformar el artículo 159 de Código Penal, para que las mujeres que quieran interrumpir el embarazo producto de una violación sexual lo hagan sin la necesidad de presentar una denuncia penal y, menos, sin tener la autorización de un Ministerio Público.
Las violencias imparables
La Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres da siguimiento puntual a la información que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra en relación a diferentes violencias que se ejercen contra las mujeres como: violencia de género, aborto, trata de personas, tráfico de menores o violencia sexual.
En su portal, la asociación desmenuza las cifras del secretariado. En sus gráficas destaca la violencia familiar. De acuerdo al registro del año pasado, en Guerrero se denunciaron 2,504 hechos por violencia familiar, aunque en 2019 se presentaron 3,036 denuncias.
En el delito de violencia de género en Guerrero en 2020 de representaron 321 denunciados y en 2021 cerró con 142.
En relación al aborto en 2019 hubo el mayor número de denunciasque aún sigue siendo considerándose un delito, once, y el año pasado cerró con cinco.
En el delito de trata de personas, en 2019 también presentó el mayor número en los últimos cinco años con denuncias, 19, y el año pasado cerró con solo una denuncia.
Sobre tráfico de menores, en 2021 se presentaron tres denuncias por este delito y en los últimos cinco años suman cinco. En Tlapa, Cochoapa el Grande, Acapulco, Zihuatanejo y Ometepec, se registró uno en cada uno.
En violación simple, en los últimos cinco años en 2019 se presentaron más el mayor número de denuncias, 242, mientras que en 2021 fueron 164.
En violación equiparada en los dos últimos años presentaron el mayor número de registro de denuncias, 143.
Las denuncias por acoso sexual, en 2020 presentaron 114 denuncias y el año pasado cerró con 82.
El delito por abuso sexual, en 2020 se presentaron 342 denuncias y el año pasado 270.
Las mujeres, las que alzan la voz
En Guerrero hay diferentes grupos de familiares de desaparecidos y asesinados que buscan justicia por sus seres queridos, al frente van las mujeres alzando la voz.
Gema Antúnez confirma lo dicho, en su colectivo la mayoría son las madres, esposas e hijas las que no cesan en buscar justicia. Lo explica.
—¿Por qué en este caso son más las mujeres que buscan a sus desaparecidos?
—En la mujer recae toda la responsabilidad, tanto del hogar porque quedamos al frente de la familia, tanto en resolver la situación económica, salud, educación. Aun así nos damos a la tarea de buscar y no perder la fe de encontrar a nuestro familiar. Somos las que más persistimos, no sé, tal vez por ese amor materno que traemos por naturaleza.
—¿Cómo es el plano de la violencia institucional hacia ustedes?
—Sí hay carencia en los colectivos, la falta de sensibilidad que han tenido las autoridades para cubrir en cierta forma esa pérdida que tenemos, porque además es quien solventaba la economía del hogar y necesitamos apoyos, y hay poca sensibilidad de las autoridades.
“En Guerrero impera el machismo y a la mujer nos ha costado un poquito más de trabajo sobresalir y nos encontramos con muchas piedras en el camino que nos evitan avanzar”, puntualizó.
Para Gema Antúnez la labor de la mujer en Guerrero es titánica para sobresalir, para trabajar y se enfrenta obstáculos, que paso a paso avanza, lucha y no pararán en buscar a sus desaparecidos.
Sin ellas, todo estaría de cabeza
Desde 2019, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, acompaña a 244 mujeres desplazadas por la violencia de municipios como Heliodoro Castillo, Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Zitlala, quienes se han tenido que plantar en campamentos en la Ciudad de México para que las autoridades federales escuchen sus demandas.
En entrevista, la abogada explica cómo ha sido el camino de las mujeres víctimas que además llevan con ellas a sus hijos e hijas en cada manifestación que realizan, en los plantones donde deben dormir bajo carpas por donde se cuela el frio intenso de la Ciudad de México, y en colchonetas sobre el piso helado, e improvisar una cocina para preparar sus alimentos.
“La mujer en Guerrero significa valentía, dignidad, y la mujer con toda su valentía y fuerza ha emprendido una lucha por muchos años, porque ha enfrentado grandes violaciones a los derechos humanos, principalmente las que son madres”, dice Rosales Sierra.
Consideró que si en Guerrero las mujeres no alzarán la voz “estaría más de cabeza”, porque son ellas las que emprenden una lucha para el bienestar de sus hijos y toda su familia.
En el caso de las víctimas desplazadas siempre han vivido vulnerables, porque son rechazadas en la sociedad, por tener un familiar desaparecido o asesinado. Por ejemplo, explica, en las iglesias, escuelas y centro de salud son rechazadas.
Lamenta que aunque en las leyes está escrito que las víctimas tienen derecho a una vida digna, no se está cumpliendo porque las autoridades siempre tienen excusas.
En este sentido las mujeres han emprendido una lucha en favor de sus hijos, principalmente. Actualmente las mujeres víctimas de desplazamiento luchan porque en el Senado de la República, los senadores, aprueben la Ley de Desplazamiento Forzado Interno.
Durante estos tres años uno de los logros de las mujeres fue que el 23 de septiembre de 2021 se tipificarse como delito en el Código Penal de Guerrero, el desplazamiento.
Esto es una radiografía del plano guerrerense en el que viven las mujeres, víctimas de una cadena de violaciones a sus derechos humanos que persisten.
Sus seis hijas también saben labrar y sembrar la tierra, ella misma les enseñó. Para ella y su familia estar en el campo se trata de algo íntimo y emocional
Texto y fotografía: Beatriz García
Ilustración: Saúl Estrada
10 de marzo del 2021
Zitlala
La profesora Felícitas Alejo Teyuco creció sembrando y respetando la tierra que la vio nacer, Ayotzinapa, un pueblo de Zitlala. Ahora tiene 56 años y el oficio se lo transmitió a sus seis hijas.
Desde que ella tenía cinco años, sus padres, Albina Teyuco Cabrera y Plácido Alejo Pérez, comenzaron a llevarla al campo para que aprendiera la agricultura, pero, principalmente, a que conociera la misticidad y el respeto a la tierra. En esto estriba la cosmovisión de este pueblo nahua.
Felícitas permitió conocer la intimidad de su casa, a su familia y los lazos que unen a todos con el campo.
Sus ojos se abrillantan cuando narra sus recuerdos de pequeña a lado de sus padres y sus seis hermanos y cuatro hermanas.
Plácido, su padre, ya murió, pero con él recuerda la temporada de secas, cuando fabricaba mezcal y la llevaba a cortar maguey. Trabajaba por año de dos a tres semanas recolectándolos.
Conforme Felícitas creció, sus padres le permitieron estudiar; pero fue hasta los 11 años, porque en su pueblo no había maestros. A esa edad conoció a unos profesores que llegaron a Ayotzinapa a enseñarles a leer y escribir a los niños. Luego se fundó la escuela. Fue la única de sus hermanos que estudió hasta convertirse en profesora de preescolar.
Las cosas pasaron así: después de culminar la primaria logró irse a Chilapa para continuar estudiando. Empezó la secundaria; trabajaba y vivía en la casa de una de sus profesoras. Pero aun así cuando no tenía clases, los fines de semana y vacaciones, regresaba su pueblo a labrar y sembrar la tierra.
Siempre cultivó maíz, frijol, garbanzo, calabaza y cilantro. También se encargaba de limpiar el terreno de la maleza, barbechar, cortar hoja de milpa, pelar y desgranar la mazorca, y guardar el maíz.
En el caso de doña Felícitas, su padre nunca consideró que trabajar en el campo era labor de hombres, como históricamente se ha documentado. Para él este trabajo lo podían hacer las mujeres, mientras ellos cortaban leña, acarreaban piedras y construían sus casas.
Todavía recuerda cuando junto a su hermano mayor se levantaba a las cuatro de la mañana para viajar dos horas al lugar de la siembra, para ir por hoja de milpa. Tenían que regresar antes de entrar a la escuela.
Sus labores de pequeña fueron sembrar, ir al molino, hacer tortillas, acarrear agua y estudiar.
Felícitas, después de terminar la secundaria, hizo un examen para adquirir una plaza con clave baja para dar clases. Pero continuó estudiando, hizo preparatoria y se inscribió en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); ahí se graduó como profesora de preescolar.
La nueva familia de Felícitas
A los 23 años, la profesora se casó y se fue a vivir a la cabecera municipal de Zitlala y dejo de sembrar. Hasta el nacimiento de su cuarta hija volvió a cultivar la tierra junto a su esposo.
La actividad del campo hasta sus 56 años la sigue combinando con su profesión; la desempeña en la localidad de Atzacoaloya, Chilapa, ubicada a una hora de distancia de Zitlala. Cuando no había pandemia por la Covid-19 viajaba diario.
Ella y su familia siembran cerca de la localidad Las Trancas, también del municipio de Zitlala.
–¿Qué la hizo regresar a sembrar la tierra?, –se le pregunta.
–De cualquier manera ahí nos apoyamos con recursos económicos, sembrando y al cosechar sacamos para apoyar nuestra economía.
Sembrar la tierra también hizo posible que sus seis hijas estudiaran. Cinco son profesionistas y una estudia preparatoria.
De lo que cosecha Felícitas y su familia, una tercera parte es para autoconsumo y el resto lo venden.
El arte de sembrar
Sembrar es todo un proceso. La familia de Felícitas primero siembra el maíz y el frijol, y después de cosecharlos siembran garbanzo, cilantro y flor de cempasúchil.
–¿Usted conoce todo el proceso para sembrar?
–Desde la semilla, seleccionando la semilla.
Explicó que la semilla del maíz que se cosecha y que será usada para sembrarla en el siguiente temporal, primero se le quita la punta y la parte de abajo, segundo, cuando desgranan el maíz, guardan el olote, es decir, la espiga desgranada de la mazorca, para que a la próxima siembra “no lo tumbe el viento”. Desde su cosmovisión así evitan que el aire rompa sus elotes tiernos.
La sembradora cosecha con su familia cuatro clases de maíz: de colores, híbrido, pozolero y menudo.
En el caso de la calabaza que será usada para la siembra del siguiente temporal, la semilla se extrae del fruto y se tiende bajo el sol para secarla, pero antes de que se oculte debe guardarse, porque las estrellas y la luna no deben de ver las semillas. De lo contrario la cosecha no resultar.
Otras creencias de Felícitas es que quienes deben sembrar la semilla de calabaza son las mujeres u hombres que cuando nacieron tenían enredado su cordón umbilical en el cuello, también quienes no gatearon. Esto garantiza que las guías de calabazas den buenos frutos.
La herencia de la siembra a sus seis hijas
Todas las enseñanzas de Felícitas son herencia de sus padres. Y conforme crecieron sus seis hijas conocieron los saberes de sus abuelos para sembrar, cuidar y respetar la tierra.
Ahora cuatro de sus hijas son independientes, dos más siguen estudiando, una la carrera de la medicina y otra la preparatoria.
–¿Cómo era una jornada en el campo al lado de sus seis hijas?
–No metíamos peones, solamente íbamos en las mañanitas o en las tardes, porque estaba fuerte el sol. Sólo cuando era trabajo pesado sí alquilábamos peones.
–¿Alguna vez hubo conflictos con su esposo?
–No. Al contrario, él se siente orgulloso de las mujeres, porque ellas pueden, hasta en ocasiones ellas fumigan (la siembra).
Sus hijas aprendieron a sembrar, abonar la tierra y cosechar. Enseñanzas que también está transmitiendo a sus nietos.
–¿Alguna vez pensó que hacía más trabajo que su esposo? Usted además de cultivar la tierra se hace cargo de la casa.
–Como tenemos muchas actividades. Tenemos los marranos, él se encarga de ellos, de los pollos.
Para Felícitas, su esposo y sus hijas estar en el campo en realidad no es trabajo, se trata de algo más íntimo y emocional, es convivir con la tierra.
El día que Felícitas deje de sembrar será cuando hereden las tierras a sus hijas. La condición cuando eso ocurra es que esas tierras deben sembrarse y cosecharse.
Contenido patrocinado por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
En Rincón de Chautla, las mujeres cultivan la tierra y protegen a sus habitantes de la violencia
Texto: Marlén Castro
Fotografía: Luis Daniel Nava y Salvador Cisneros
Ilustración: Saúl Estrada
10 de marzo del 2021
Chilapa
Escolástica Luna sembró maíz y cosechó dignidad. Sembró chile y cosechó coraje. Sembró frijol y marcó una guía. Sembró jitomate y le alcanzó para comer, para sacar a sus hijos de la cárcel y para defender su territorio.
Escolástica Luna es nahua. Vive en Rincón de Chautla, una comunidad del municipio de Chilapa, en la zona Centro de Guerrero. La zona donde está asentado en pueblo es más conocida como Montaña baja.
El 10 de mayo del 2006, policías ministeriales detuvieron a sus hijos mayores, David y Bernardino Sánchez Luna. Los acusaron del asesinato de dos vecinos de la comunidad vecina de Zacapexco.
Al día siguiente, los hombres de la comunidad salieron de Rincón de Chautla a la cabecera municipal de Chilapa para tener razones de David y Bernardino. Llegaron al Ministerio Público. Dijeron que eran de Rincón de Chautla y querían saber quiénes estaban acusando a los Sánchez Luna.
En vez de explicaciones, todos los hombres de Rincón de Chautla fueron detenidos. La comunidad se quedó sin hombres adultos, sólo niños y ancianos, y las mujeres, quienes sacaron adelante las siembras, los hijos y, además, defendieron su territorio.
Escolástica, la comisaria
Es una mañana de junio del 2007. En Rincón de Chautla siempre hace frío pero en temporada de lluvias mucho más. La comunidad está rodeada de un bosque espeso de pinos y encinos, por el que se desliza la neblina sobre el camino de terracería.
Hay una reunión en la comisaría para decidir varias cosas pendientes. En la comunidad no hay comisario. Fue detenido en Chilapa, cuando acompañó a todos los hombres del pueblo a saber razones de los Sánchez Luna.
Los menores no tienen clases. El maestro más reciente dejó de venir y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha mandado el reemplazo. La institución quizá ni siquiera sepa que en este apartado lugar de la Montaña baja de 60 habitantes, los niños tienen meses sin clases.
La comunidad, ahora compuesta sólo por mujeres, tiene que tomar una decisión. La casita de la comisaría hecha de adobe sólo tiene una ventana. El interior es muy oscuro. El foco del techo da una luz de unos 10 watts. Las mujeres se ven por sus ropas coloridas y contrastantes. Una lleva una falda amarilla y un suéter verde, otra una falda morada y un rebozo azul eléctrico, por ejemplo.
Platican, pero nadie de fuera entiende nada, porque hablan en su lengua originaria, el náhuatl.
Quien sabe hablar algo de castellano contó lo que ahí pasó. Discutían si nombraban un nuevo comisario, en vista de que ya no tenían uno. Intercambiaron opiniones en torno a quién iban a nombrar, si sólo había hombres ya muy grandes a quienes hay que cuidar.
Acordaron que mientras los hombres regresaban tenían que nombrar comisario de entre ellas mismas.
Una de las mujeres propuso que fuera Escolástica, dado que ya había salido del pueblo varias veces para saber de sus hijos y había participado en marchas y, por esa razón, sabía hablar en público.
Ninguna discutió o hizo otra propuesta. Todas estuvieron de acuerdo. Así, Escolástica Luna se hizo comisaria.
Escolástica Luna durante un momento de su preparación como policía comunitaria. Fotografía: Luis Daniel Nava
Escolástica, la activista
Exigir la libertad de David y Bernardino convirtió a Escolástica Luna en una activista de los derechos humanos.
En 2008, a dos años de la aprehensión de sus hijos y de los demás hombres del pueblo, Escolástica Luna fue oradora en el mitin del tercer aniversario de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, Costa Grande.
“Antes nunca había salido de mi pueblo, no sabía cómo ir ni a Chilapa, pero ahora me voy a donde me digan que vaya a marchar o a hacer un plantón”, dijo la mujer ese junio del 2008.
Formó parte del primer Colectivo de Desaparecidos y Asesinados de Guerrero que encabezó Javier Monroy, organización que alzó la voz para denunciar las desapariciones en la entidad, cuando un integrante de una organización autogestiva conocida como Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) fue desaparecido.
Esta asociación civil asesoraba a Escolástica Luna en sus labores como comisaria, como activista, como oradora y como gestora. Porque además de activista y campesina, Escolástica aprovechaba en sus salidas para ir a ver autoridades y pedirles cosas que faltaban en la comunidad.
Durante el tiempo que fue comisaria, Escolástica salió de Rincón de Chautla a participar en todas las marchas que había sobre las masacres recientes en Guerrero y para exigir la presentación de desaparecidos, además de exigir que sacaran a sus hijos de la cárcel.
Escolástica hacia todo lo anterior y seguía sembrando junto con las demás mujeres para tener maíz, ejote, frijol, chile y jitomate para comer. Durante los 34 meses que los hombres de Rincón de Chautla estuvieron presos, las parcelas siguieron igual, dando estos productos para alimentar a los hijos.
Las mujeres de Rincón de Chautla no sólo se hicieron cargo de las labores del campo y de los hijos, salían a vender su maíz, frijol y calabazas para llevarles cosas de comer a sus maridos en la cárcel.
Los hombres de Rincón de Chautla salieron de la cárcel en febrero del 2009, libres de cargos.
Los testigos que los acusaron de doble asesinato nunca se presentaron a declarar ante la autoridad para ratificar sus dichos.
Mujeres na savis de la Montaña alta de Guerrero desgranan maíz, como parte de sus actividades cotidianas. Fotografía: Salvador Cisneros
Escolástica, la policía
Escolástica también se hizo policía.
En septiembre del 2014, Rincón de Chautla encabezó la creación de la Policía Comunitaria adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), a la que ya se han adherido 16 pueblos. Los hermanos David y Bernardino, hijos de Escolástica, fueron los iniciadores.
Con esta policía, los nahuas de la Montaña baja formaron columnas de hombres para defender sus pueblos de las incursiones de hombres armados, provenientes de los municipios vecinos de Mochitlán y Quechultenango, en los que desde la primera década del siglo comenzó a escucharse el nombre de Los Ardillos, conformado por la familia Ortega Jiménez, ligados a personajes que habían sido autoridades en ambos municipios.
En 2013, las incursiones de esos hombres se hicieron más frecuentes y los pueblos crearon la CRAC-PF en 2014.
En 2015, otros pueblos con alguna relación a los llamados Ardillos crearon la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia. Desde entonces, la violencia no para.
A habitantes de Rincón de Chautla y a otros de las comunidades adheridas a la CRAC-PF los han emboscado, a otros los han desaparecido o bajado de las rutas del transporte público y luego los tiran decapitados o desmembrados.
Entonces, Escolástica Luna y las mujeres de Rincón de Chautla empezaron a entrenar.
Desde el 2019, Escolástica recibe entrenamiento militar.
En caso de ser necesario, Escolástica Luna, quien ahora tiene 72 años, sabe usar una escopeta.
Escolástica sembró maíz, chile, frijol, jitomate, y cosechó dignidad, y coraje.
Escolástica Luna durante un momento de su preparación como policía comunitaria. Fotografía: Luis Daniel Nava
