Autor: Amapola Periodismo Transgresor

La visita al rancho Izaguirre provocó el reclamo de las madres buscadoras, que se sintieron, una vez más, burladas por las autoridades. Ni la fiscalía federal ni la estatal se hicieron responsables del caos y el dolor que provocó la falta de coordinación y la ausencia de explicaciones sobre lo ocurrido en el lugar. Por eso, cada visitante inventó su propia narrativa. Aunque quienes descubrieron ese predio insisten (con fotografías) en que las excavaciones donde se encontraron los restos fueron alteradas

Texto:  Marcela Turati para A dónde van los desaparecidos

Foto: Créditos en el texto.

Jalisco

Miércoles 26 de Marzo del 2025

Cuando regresa al rancho Izaguirre en Teuchitlán, ya no en secreto sino con autorización oficial, a Virginia Ponce se le estruja el corazón al ver que este sitio no está como lo recordaba: lo ve “limpio”, como desmantelado. No apesta a humedad, tampoco está polvoso ni abandonado; cientos de personas lo recorren, lo pisan y manosean ahora mismo —por invitación de las fiscalías federal y de Jalisco—, aunque ella, que rastrea sitios de exterminio, sabe que es la escena de muchos crímenes y seguramente conservaba evidencias forenses.

No puede reconciliar este sitio “maquillado” con el que se le metió en las pesadillas nocturnas tras una de las visitas furtivas que hizo con otras madres buscadoras en enero y febrero de 2025, cuando aún estaban crecidas las cañas en los terrenos colindantes. Esos días lo revisaron a escondidas y con miedo; momentos antes de irse, escucharon un grito: “¡Mamááá!”.

“Pensé que solo yo había escuchado, pensé que era mi mismo miedo que yo tenía, y no, mis compañeros escucharon ese lamento pidiendo ayuda. Y cuando escucho el video se oye ese ‘mamá’. ¿A cuál de las mamás de nosotras le estaba hablando? Fue muy triste y doloroso”, dice, y del puro recordar se le llenan los ojos de lágrimas a esta mujer que lleva 4 años y 9 meses en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Meza y que lidera el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.

“Encontramos prendas tiradas por toda esa parte de ahí, era un olor insoportable, un alteronón de zapatos por donde quiera. Todo tirado”, dice mostrando todo alrededor, donde ya no existe nada. Se queja de que esta visita a la que fue invitada por las autoridades a participar es una burla. “Nos trajeron como a un museo, pero siquiera en un museo tú ves o puedes preguntar, y aquí nadie te dijo a qué venías o qué trabajos habían realizado. Es una burla”.

Los reclamos son generalizados. “Nada que ver [de lo que había], ya limpiaron. Estaba tapada la ropa con una lona, y olía muy feo. De hecho, había una bata colgada con sangre, muchas cobijas aquí y en la parte de afuera. Ahora ya está muy pisado todo aquí”, asegura Adriana Ornelas, integrante también del colectivo —ella busca a su hijo veinteañero Paul Gabriel Sánchez—, y quien siente que desde enero a este rancho le han ido sacando cosas.

No están las gallinas y los gatos, la comida enlatada (sopas instantáneas, latas de sardinas, harina de hot cakes), la enorme pila de platos (más de 100), los tenis y botas que había en cajas nuevas, las dos bases de cama, los colchones, una estatua enorme de la Santa Muerte y más objetos que tampoco vio en las transmisiones que hizo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que ingresó el 5 de marzo acompañado del fotógrafo Ulises Ruiz, de AFP, cuyas imágenes de los cientos de zapatos y prendas de ropa abandonados y más de mil objetos sin dueño lucían como vestigios de una catástrofe de la que pocos sobreviven. La catástrofe del reclutamiento forzado, y de la desaparición de personas que azota a México.

A partir del 8 de marzo, cuando La Jornada llevó en portada la noticia del crematorio clandestino, la información comenzó a tomarse en serio y a publicarse en la prensa nacional.

Esos zapatos huérfanos y la noticia de que, desde septiembre de 2024, el rancho estaba bajo resguardo de la fiscalía estatal y, a pesar de que encontraron tres personas con reporte de desaparición (una muerta envuelta en un plástico) y detuvieron a 10 supuestos integrantes del cártel, abandonaron las evidencias, lograron que el país entero volviera los ojos a Jalisco, que se hicieran homenajes luctuosos a las víctimas en las plazas de 40 ciudades, y que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que atender la desaparición de personas es una prioridad nacional.

Entre los dimes y diretes sobre en quién recaía la responsabilidad, si en el gobierno estatal porque desde septiembre se quedó a cargo de este narcorrancho, o en el federal porque lo descubrió la Guardia Nacional y el predio pertenecía a la delincuencia organizada, el miércoles 19 de marzo, un sonriente Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó en rueda de prensa de todas las irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al procesar la escena del crimen e invitó a los medios a que vieran con sus propios ojos ese rancho de la localidad La Estanzuela en el municipio de Teuchitlán.

Tras aventar el paquete a la fiscalía estatal para que, en menos de 24 horas, organizara el recorrido, esta extendió la invitación a colectivos de familias buscadoras de Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas, y a todas las que hubieran identificado, entre las fotografías de objetos hallados exhibidas en internet, alguna prenda de las personas que buscan.

Así, la visita a este campo de entrenamiento que en la prensa se llamó “la escuelita del terror” se convirtió en un “tour del horror” del que fueron víctimas Virginia, Adriana y tantas otras familiares que buscan.

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Las primeras denuncias de la estafa comienzan a las 13:59 horas. Cuando los periodistas están esperando que los dejen ingresar al rancho, dos mujeres salen corriendo, como traumatizadas. Una de ellas —camisa de manga larga a cuadros y el rostro cubierto con un pasamontañas porque a todas les advirtieron que podía ser peligroso dar entrevistas con la cara descubierta—, a quien no le dejan de temblar las manos con las que quiere ocultar las lágrimas, grita que las engañaron porque ya no hay nada, no está la fajina que ella pensaba que era de su esposo Juan José Ramos —desaparecido de su casa “hace 6 años y 20 días”—, y llora con la impotencia de quien siente que se lo volvieron a ocultar.

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“No hay nada. No hay prendas, no hay zapatos, no hay mochila, no hay nada. Se desaparecieron. No se vale. Compañeras de otro colectivo vinieron cuando se abrió y hay fotos de todo lo que hay, ahora no hay nada. Dicen que están en Semefo, pero nunca lo han publicado, pero hay muchos lugares donde hay montones de tierra. Que nos dejen entrar, escarbar, y verán que íbamos a sacar muchos indicios de nuestros desaparecidos. No se vale. Somos una burla. No hay nadie que te diga qué ha pasado con todo esto. Según que iba a venir de México una persona [de la FGR] y no llegó. Como siempre, somos burla de esta sociedad, de este pinche gobierno. Todo está bien manipulado, todo lo que hay adentro está manipulado. Esto nada más lo hacen para hacer un teatro. Había muchos zapatos, mucha ropa, muchas mochilas. Había de todo. Y ahora no hay nada”.

En la finca de 11,000 metros cuadrados es difícil seguir todo lo que pasa porque simultáneamente ocurren muchas cosas: un papá saca de entre la tierra un maletín azul y unos calcetines del bodegón donde supuestamente entrenaban a los sicarios, un sitio que ya había sido procesado por los peritos de la fiscalía; durante el recorrido irán surgiendo cepillos de dientes, peines, cosas que pertenecieron a alguien. Una mujer de Colima coloca sobre la pared un altar con la foto de su hijo desaparecido y unas veladoras para despedirlo (“si aquí estuvo”). Un empleado de Protección Civil trata de desalojar a la gente a gritos porque la pared del galerón principal está a punto de caerse por el peso de la multitud.

Por la ausencia de prendas, desde el principio del recorrido mujeres fuertes como las buscadoras, que cavan fosas, comenzaron a colapsar. En distintos rincones —rodeadas de decenas de cámaras que enfocan cada llanto, cada grito, cada maldición— se les ve desoladas porque sienten que, al llevarse las evidencias, les desaparecieron para siempre a sus familiares. Esas prendas que habían visto eran como señales que les mandaban los hijos, las hijas, los esposos, los padres, que buscan. Presienten que si los quemaron ahí, ya nunca los van a encontrar.

Uno de los momentos más duros lo protagoniza una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores que aparecía en alguna de las transmisiones en vivo donde encuentran los 300 zapatos, la carta de despedida de un joven desaparecido, los fragmentos de huesos, y demás imágenes que revelaron lo que la sociedad y el gobierno no habían querido ver: que el cártel local traía a jóvenes retenidos a la fuerza para convertirlos en sicarios y los sometía a un brutal entrenamiento en el que quienes no matan, mueren. Cuando nota que bajo el adoquín que pisa se siente hueco, y sabiendo que la fiscalía estatal no hizo un buen trabajo pericial, se tira al piso y, como en trance, comienza a excavar con las uñas, mientras grita llorando:

—Tócale aquí, cómo suena, ¡está hueca!… ¡Miraaaaaaa!…  ¡Mira cómo suena aquí!…

—¡Traigan un pico y pala! —pide otra mujer que también lleva una gorra para el sol y viste una camiseta gruesa de manga larga como las que usan los exploradores, y que, aunque intenta calmarla, luego grita exasperada—: Si ellos [los peritos] no van a trabajar, que no nos den un tour como si fuera museo, como si fuera película de terror, es una burla para nosotras las víctimas…

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Nada auguraba que las cosas iban a salir tan mal. Únicamente se notaba la descoordinación federal y estatal, dado que las instrucciones a la prensa eran contradictorias. La FGR citaba el jueves 20, a las 12:00 horas, a las afueras de la fiscalía estatal, y la FGE indicaba que saldrían a las 11:00 de la delegación de la fiscalía general. Como si cada una hubiera querido adjudicar la responsabilidad a la otra.

“[Un día antes] por ahí de la tarde, de las 4, 5 de la tarde, empieza a circular la versión de que iban a salir de dos puntos porque no podían ponerse de acuerdo sobre el recorrido. Eso dura hasta las 10 de la noche, que finalmente deciden lanzar dos convocatorias. Pero, evidentemente, allá se notó que no había una logística y me parece que tampoco había una razón de fondo para acudir: si se les iban a presentar las evidencias o iba a haber una explicación”, explicó el periodista y columnista jalisciense Jonathan Lomelí López.

Por la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada como la Glorieta de las y los Desaparecidos porque está tapiada con imágenes de las personas buscadas por sus familias (en Jalisco hay al menos 15,000 registradas), pasaron los camiones —unos reportes mencionan 10, otros 12—, con lugar para 40 invitados cada uno.

Una hora después, los autobuses tipo maquileros que contrató el estado fueron los primeros que aparcaron en el sitio asignado como estacionamiento, a un kilómetro del portón negro con el dibujo de dos caballos encabritados, donde se lee: Izaguirre Ranch.

Se propuso una logística a los recién llegados: esperar a unas camionetas que subirían grupos de 10 personas, y hacer recorridos de 20 minutos para permitir el acceso a los siguientes visitantes.

A las 13:15 horas ya se escuchaba el grito de guerra de las familias, que, desesperadas por estar bajo el sol y entre el terregal, ansiosas por entrar al rancho donde estaban las prendas de quienes buscan, se saltaron a los funcionarios que les impedían el paso y comenzaron una caravana con el grito:

“Queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar”.

El grito de guerra que no ocultaba la furia de los primeros reclamos:

“Como le digo, señora, somos seres humanos, somos madres que buscamos a nuestros hijos nomás. ¿Cree que esto sea justo? ¿Eh? Aparte de que cuando andamos con la pala y el pico escarbando, ¿quién se arrima? ¡Nadie!, nadie se arrima. Y ahorita sí que es política, que es gobierno, que nos den trato digno. Que se pongan a pensar: tenemos a nuestros hijos desaparecidos. ¿Y que nos den este trato cuando nos están invitando y [dicen] que nos van a dar un trato digno? No se vale. No se vale, señora. Somos seres humanos, no somos animales”.

Se alcanza a escuchar a un papá buscador que en su celular toma la llamada de un noticiero: “No puedo decir que fueron 100, fueron 200 [cuerpos], no tengo la cantidad exacta. No te puedo dar una cantidad porque no eran cuerpos completos los que sacamos, quedaron una nada”.

La furibunda procesión se topó con el portón negro; la entrada parecía un hormiguero. La gente discutía para entrar.

Dentro de la finca esperaba el funcionariado estatal, cada quien con sus logos en los uniformes, pero nadie entendía qué hacían: no explicaban nada ni daban el recorrido como en los museos, solo cuidaban que no se traspasaran los sellos de seguridad. Los tres tristes psicólogos enviados por la fiscalía estatal tampoco estaban ahí cuando con más urgencia se necesitaban.

Desde las 13:30 horas ya eran televisadas por canales como el 44 las furiosas críticas de las madres que salían del rancho, como Patricia Sotelo, del colectivo Huellas de Amor, quien —rodeada de sus compañeras, todas reclamantes— dice a cámara: “Solo pisar el lugar es un dolor y se siente. Es una burla al dolor. Esperábamos caminar por nuestro pie cada rincón. […] Lo que hemos visto por la televisión, no nos dejan pasar, te formas como niño de primaria, tienes que seguir las indicaciones, seguir una hilera, nos dan 15, 20 minutos. […] Ya no hay nada, no nos dejaron entrar donde supuestamente era el dormitorio. Sabíamos que iba a venir Gertz Manero y el fiscal de Guadalajara, que nunca llegaron. Que Gertz tome su puesto, que no nada más cobre”.

A las 14:36, cuando la visita ya era un desastre, la fiscalía de Jalisco tuitea la foto de un oficio y un mensaje: “Hemos puesto a disposición de la @FGRMexico la totalidad de la información del caso del rancho Izaguirre para efectos de que puedan ejercer su facultad de atraer y encabezar la investigación”.

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Mientras a las madres que dedican el día entero a buscar con pico, pala y varillas a sus parientes desaparecidos solo les daban 20 minutos de acceso, otros contaban con privilegios, como Jorge Manuel Suárez Azcargota (@SUAREZDEJALISCO), el influencer VIP a quien el gobierno del estado coló antes del recorrido. En su transmisión se jactaba de haber sido resguardado por la fiscalía para ser el primero en echar una mirada a la bodega. Mostró la que creía que era “casa de una familia”. Enseñó lo que “una vez fue un estanque”. La cocina rudimentaria. Un baño. Las excavaciones. Los drones que sobrevolaban el espacio. Se sentía, dijo, una “vibra no cool”, muy pesada, fea, con una “carga muy cabrona”.

En su video en vivo le dio su llegue al fiscal general: “Se esperaba la visita de Gertz Manero, obviamente no está aquí, quizás se pueda tomar como una falta de cuidado, porque aquí están los colectivos, los medios, aquí en el punto cero tendría que darse la información”, dice en el mensaje que subió después.

No sería el único influencer en la “zona cero”. Al narcorrancho estaban por arribar otros desde la Ciudad de México, deseosos de entrar a verificar si en realidad ese sitio era un “campo de exterminio” y buscar los “hornos crematorios” que las madres habían difundido en sus transmisiones dos semanas antes, en imágenes en las que se ve a un hombre sumido medio cuerpo en un hoyo y a ellas cerniendo la tierra, depositando fragmentos de huesos en una bandeja de plástico.

En la Mañanera del 18 de marzo se informó que el tema de Teuchitlán formaba parte de una “guerra sucia”, que estaba siendo manipulado por 87,000 bots de la oposición con el fin de atacar al gobiero de la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente López Obrador.

Algunos de los influencers y periodistas fueron a constatar en vivo si esas fotos de prendas abandonadas, y los hoyos con restos humanos que hicieron del rancho Izaguirre “el Auschwitz mexicano”, eran el montaje que la presidenta y diversos medios afines denunciaban como una campaña orquestada desde la derecha o con fines injerencistas para propiciar una invasión de Estados Unidos.

El recorrido era autodidacta. En el caminito a lo largo del predio había banderines amarillos, rojos y verdes en donde se encontró alguna posible evidencia. En el bodegón principal pusieron un cordón amarillo, pero entre el tumulto no se respetaba, ni siquiera se notaba. Otro sitio estaba clausurado con una tela.

En la visita solo se veía tierra aplanada. Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que hizo público el hallazgo, repetía que la fiscalía había rellenado los hoyos de los que sacaron fragmentos de huesos. “Yo lo vi cuando lo taparon. Todo lo alteraron”.

De las decenas de uniformados presentes (soldados, guardias nacionales, personal de derechos humanos, atención a víctimas, protección civil, fiscalía de desapariciones, FGE, comisión de búsqueda y un largo etcétera), ninguno daba razón de lo ocurrido en ese rancho, de los hallazgos, de las conclusiones. En las transmisiones en vivo de periodistas, y de feizbuqueros, yutuberos, tuiteros, tiktokeros e instagrameros llegados al rancho, se notaba esa torre de Babel, donde cada quien hablaba un lenguaje distinto. Donde unos vieron un comedor, otros vieron un sitio de desollamiento.

Periodistas internacionales que pisaban por primera vez el campo de entrenamiento de un cártel detallaban en inglés, ante las cámaras, los métodos de ejecución que se utilizaban en el predio, y hasta los lugares exactos donde se hacía cada cosa. A pesar de que lo ocurrido aún está bajo investigación. Aderezaban sus reportes con rumores, noticias, deducciones y entrevistas a sobrevivientes anónimos que dan sus testimonios en los noticieros.

No faltaban los morbosos que —ante las familias convertidas en un manojo de nervios mientras buscaban las prendas que reconocieron— parecían competir por quién hacía las preguntas más crueles, las más terribles o las más sangrientas para ganar más vistas.

“¿Usted cree que su hijo está aquí enterrado? Si fuera así, si él le pudiera escuchar, ¿qué mensaje le daría?”.

Solo las familias que en el primer trimestre de este año ingresaron al perímetro y encontraron las evidencias atinaban a esbozar explicaciones de lo que vieron. El señor Raúl Servín, que desde hace una década busca a su hijo Raúl, ofrece el recorrido que los medios necesitan. Habla de las dentaduras que hallaron (“piezas molares”), de la placa metálica del brazo de una persona que busca su colectivo, de los restos que sacó. Critica lo mal que excavaron los peritos de la fiscalía, que sus exploraciones no se comparan con la profundidad bajo tierra que él alcanza.

Una periodista se detiene para grabar una construcción donde se encontraron señalizaciones de carreteras contra las que se practicaba tiro al blanco, y muchos bidones, y dice ante las cámaras que los delincuentes tenían ahí “una barra” para descuartizar a sus víctimas.

Don Raúl Servín, vestido con su paliacate y su camiseta negra de manga larga que lleva a los rastreos, no quiere continuar, explica que a él no le tocó inspeccionar más adelante. Que solo recuerda que en un cuarto había bidones vacíos.

—¿Aquí se usaron combustibles?

—Sí. Las muestras están en que los que se llevaron no fueron cuerpos completos. Eso porque se llevaron las evidencias a México, no fueron cuerpos completos.

—¿Cómo se veía eso que quedó?

—Como esta piedrita que está ahí, así quedaban reducidas las partes de los cuerpos humanos que fueron quemados.

Los camarógrafos le piden que diga más, que siga adelante. Y él continúa. Personal de la fiscalía les limita el paso porque la visita ya ha durado más de la cuenta: son las 15:30 horas.

Entonces le lanzan la pregunta del millón, por la que existe un debate público y las familias buscadoras han sido acusadas de exagerar:

—¿Este es un centro de exterminio o solo un campo de adiestramiento, como dijo en su conferencia el fiscal (Gertz)?

—No sé cómo le llaman ellos. Como cuando estaba niño yo veía en las caricaturas que usaban esas pistolas como tipo láser que los exterminaban. Yo creo que ellos [el gobierno] pensaban verlo así. Entonces, cuando vine, dije: “No, lógico, pues, si estás quitando la vida a una persona y la estás quemando, pues es un castigo de exterminio”. Claro. Están aprendiendo [a matar] con otros cuerpos, entonces a lo mejor para ellos [el gobierno] no es de esa manera, pero desgraciadamente esa es la realidad para nosotros.

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A la mitad del recorrido, la hija de Adriana Ornelas —hermana de Paulo Gabriel, de 21 años, quien el año pasado fue sacado junto con sus patrones del negocio de instalación de estéreos donde trabajaba— notó el mensaje distorsionado que desde ese momento un supuesto periodista ya transmitía. Y le entró la desconfianza.

“Mi hija vio un influencer que decía que ahí no había nada. Que todo era actuado, que nos habían pagado, que somos de un partido… Da mucho coraje. Me pasaron el enlace del en vivo, ahí dicen eso”, señala su madre, quien no se dio cuenta; ese día daba contención a compañeras conmocionadas por tantas emociones vividas.

A partir de ese tour Montessori donde cada quien hizo lo que quiso, se hicieron notar periodistas e influencers que dictaminaron al instante, como si tuvieran vista de rayos X y fueran expertos en Ciencias Forenses: aquí no hay crematorios, no hay hornos, no hay nada quemado, no hay centro de exterminio. Y hasta fueron a informarlo en la Mañanera de la presidenta los días siguientes.

El fotógrafo Ulises Ruíz, quien acompañó a Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo, cuando hicieron los hallazgos de los zapatos, la ropa, los restos óseos, volvió al rancho para la visita a medios, y contradice a quienes aseguran que nunca hubo nada: “[En el recorrido] yo vi [los hoyos] tapados”. Menciona que una de las excavaciones del colectivo que acompañó era como de un metro de profundidad. Pero el jueves del recorrido alcanzó a notar a lo lejos —porque el paso estaba cerrado— que ese pozo lucía rellenado.

“[Si en la Mañanera] declararon que no vieron hornos es porque nadie les dijo que los hornos de aquí no son como de pan o de pizza, que podrían ser bajo tierra. Yo he ido a otros dos o tres [sitios] de los que llaman hornos crematorios, con las madres de Buscando Corazones y con Guerreros [Buscadores], e indudablemente no tienen las características de un horno de pan ni horno de ninguna otra circunstancia que uno conoce de barbacoa; tiene diferentes especificaciones”, dijo en entrevista.

Para explicar las variaciones que no se entendieron en el recorrido compartió tres fotografías aéreas que tomó para la agencia AFP en el rancho Izaguirre usando un dron, en las que se puede observar la evolución de los sitios excavados —donde él vio que los buscadores extrajeron fragmentos de huesos— para compararlas con las del día del recorrido. Y una cuarta donde se aprecia la profundidad de las excavaciones.

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¿Para qué se organizó la visita? Aún no hay respuestas. Si lo que se buscaba era controlar la narrativa para bajarle la intensidad al momento —y no dar a Estados Unidos la excusa para invadir México en busca de terroristas, como planteaban algunas mesas de análisis—, y desvincular los campamentos de entrenamiento del sicariato con los campos de exterminio —como han sido denominados en México muchos sitios con fosas clandestinas—, algo salió terriblemente mal.

Después de la visita, el tema de Teuchitlán pasó a las portadas de los informativos internacionales.

The Guardian: “Hornos secretos y restos humanos: un macabro lugar de exterminio en México saca a la luz las desapariciones forzadas”.

El País: “El horror de Teuchitlán abre sus puertas: ‘La única verdad es que no les importan los desaparecidos’”.

New York Times: “En un ‘campo de exterminio’, los rastros de los amados desaparecidos”.

CNN: “Los secretos del Rancho Izaguirre: entre el horror y la búsqueda de los desaparecidos”.

En los comentarios de medios estadounidenses no pocas personas escribían que México necesitaba “ayuda” para combatir a sus propios terroristas.

Si de algo sirvió el recorrido fue para dotar de imágenes de terror a los medios de comunicación que se alimentan también con los testimonios anónimos que surgen como hongos de quienes dicen haber estado en ese mismo rancho y haber salido con vida. Son tantos que llegan a ser dudosos, pero la crisis humanitaria ha durado tanto, y las denuncias de estos hechos han sido tan ignoradas en Jalisco (la primera fue en 2011), que tampoco es posible descartarlos.

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Si para algunas madres la visita fue “una burla”, “un circo”, “un teatro”, “un museo de nuestro dolor” o un “montaje”, conforme pasan los días sienten que pudo haber sido una trampa. Ni Adriana, ni Virginia, ni las madres buscadoras presentían la campaña de insultos en su contra que desataría.

“Qué bueno que el rancho se dio a conocer. Lo que no es bueno es que nos estén atacando a todos los colectivos, a todas las mamás, está muy feo. Nos están atacando a todas de vendidas, que porque [a nuestros hijos] no los cuidamos antes, que si estaban en malos pasos. Y eso es lo que más lastima —se le quiebra la voz—, que la gente no sea empática, que no saben que de nuestra propia bolsa pagamos para buscar a nuestros hijos. Yo, la verdad, ni veo noticias, pero me metí a Yutú a ver lo que sacaron, y dije: ‘Ojalá no les pase a ellos, que sufran lo que una anda sufriendo’. Anden bien o anden mal [nuestros desaparecidos], lo que queremos es regresarlos a casa”, dice Adriana desde su casa en Guadalajara, donde aún asimila lo ocurrido.

Aunque su colectivo mantuvo las visitas en secreto —porque los elementos de la Guardia Nacional que las escoltaban en las dos ocasiones que entraron solo les permitieron tomar imágenes, pero no las dejaron excavar ni hacerlo público en los medios, y aunque Virginia dice que avisaron de sus hallazgos a una MP de nombre Berenice, de la que no recuerdan el apellido, que no les hizo caso y les prohibió volver—, Adriana siente gratitud hacia Guerreros Buscadores de Jalisco porque rompió el silencio, dio a conocer el hallazgo y generó que voltearan a verlas a todas.

Aunque hoy las atacan. “[Le dicen a Ale] que ese drama debería de haberlo hecho para que no se lo llevaran”, dice dolida por los insultos contra la madre que acudió a la visita a Teuchitlán buscando la gorra, la mochila y una placa metálica que llevaba su hijo, y que en un ataque de histeria, de llanto, de dolor, cuando no encontró las evidencias que había visto, se tiró al piso a excavar con sus uñas.

Esta semana, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunció que “enfrenta una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes”. También ha recibido amenazas.

El viernes 21 de marzo, en la Mañanera la presidenta Sheinbaum defendió la visita al rancho como un acto de libertad de expresión (no dijo nada de la alteración o destrucción de evidencias) para que cada quien se hiciera una opinión.

Ese mismo día en algunos medios ya comenzaba a criticarse el “invento del centro de exterminio” y de los hornos crematorios. Pero difundían también otra noticia: al rancho seguían llegando grupos de madres que pedían entrar, pero no les autorizaron el ingreso. En la televisión se veía a una madre y su hija, ambas del grupo Buscando Corazones en Jalisco, cargando los picos, palas y varillas cotidianas, vestidas con sus camisetas largas y los sombreros para el sol, auscultando las parcelas colindantes al predio Izaguirre; después anunciaban nuevos hallazgos: una sudadera, una gorra, un huarache y —lo más sospechoso— un calcetín quemado. También un plano decolorado del rancho del terror, donde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses marcó los sitios de interés que luego no inspeccionó.

Las madres, imparables, siguieron excavando verdades.

**Foto de portada: Una madre buscadora, al darse cuenta de que el adoquín estaba hueco, intentó excavar el piso con las uñas. Intentaba encontrar la gorra y la mochila de su hijo desaparecido. (Marcela Turati)

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx). 

*Marcela Turati es periodista, cofundadora de Quinto Elemento Lab y del proyecto A dónde van los desaparecidos. Autora del libro “San Fernando: última parada” (2023), sobre las desapariciones de personas en Tamaulipas y la búsqueda de sus familiares.

“Las fotos que hemos visto del rancho de Teuchitlán no solo son una muestra del horror, son también la pregunta que los familiares se hacen ¿cómo es posible?, que necesita respuesta y acompañamiento”, escribe Carlos Martín Beristain, integrante del GIEI para el caso Ayotzinapa, reconocido por su labor en varias partes del mundo con las víctimas de las violencias de Estado, quien señala que también muestra de la dolencia y la impunidad.

Texto: Carlos Martín Beristain / A dónde van los desaparecidos

Foto: Facebook de la FGE de Jalisco

Teuchitlán

Martes 25 de Marzo del 2025

Hace años, visitando la sierra Tarahumara, los indígenas y pobladores de varios de esos pueblos colgados de las impresionantes montañas rocosas, me contaron que había jóvenes que eran reclutados para entrenamiento de grupos del narco. Algunos nunca volvían, otros lo hacían con las prácticas aprendidas del terror que habían sufrido, aplicado ahora a sus comunidades. Unos pocos conseguían escapar. Los rarámuris son los mejores corredores del mundo, pueden correr descalzos días y noches enteras, pero saben que se necesita algo más que varios maratones para huir del terror. En esa misma tierra fueron asesinados dos padres jesuitas, Javier Campos y Joaquin Mora, que habían estado en un encuentro con comunidades y agentes de pastoral donde hablábamos de cómo acompañar a las comunidades, enfrentar el miedo, potenciar el apoyo mutuo. De esas montañas que estremecen, uno nunca termina de volver.

En otras partes de México, cuando empezábamos a acompañar procesos de los familiares de personas desaparecidas con grupos como FUUNDEC de Coahuila o el CEDHEM de Chihuahua, varias veces escuché los relatos de centros de entrenamiento y de que personas que estaban siendo desaparecidas habrían sido llevadas para ser forzadas a algún tipo de trabajo o para incluirse en la dinámica de esos grupos de delincuencia tremendamente organizada. Y digo tremendamente organizada porque parece que los estados no se enteran, cuando en cambio son la estructura organizada del poder. Esos relatos siempre estaban a mitad de camino de la esperanza en que estuvieran vivos, del desaliento de que fueran forzados a colaborar, de la desesperanza de que estuvieran muertos. Para alguien que necesita pruebas, todo podía parecer parte de un mito.

Uno de los papás de los 43 normalistas desaparecidos, don Margarito, había sido llevado en su juventud a un campo forzado de cultivo controlado por el narco, del que pudo finalmente huir. O sea que existe reclutamiento forzado desde hace mucho tiempo. Ahora que la escalada de la violencia no ha tenido límite en México, para mantener la maquinaria se necesita gente entrenada, a base de morir para poder matar, una vieja fórmula llevada al extremo por los kaibiles en la guerra contrainsurgente en Guatemala en los años 80.

Cuando estábamos trabajando en los primeros meses en 2015 en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, leyendo el expediente, en uno de esos oficios abigarrados de lenguaje jurídico y burocrático, encontramos un documento que hablaba de que la PGJ de Guerrero había recogido ropa de los chavos que habían sido desaparecidos de uno de los autobuses que fueron a tomar para su marcha del 2 de octubre. Cuando preguntamos a la PGR por esa ropa, la respuesta fue que no sabían nada. Tirando del hilo llegamos a un almacén de la PGR donde había un rollo de ropa embalada, y otra parte de la ropa se encontró en un archivo de la PGJ de Guerrero. El impacto de ese hallazgo para los familiares fue brutal. La pregunta que asaltaba todo el tiempo era: ¿Cómo es posible que seis meses después descubriéramos que había ropa que nunca había sido identificada ni procesada?

En una sesión en la escuela normal, con todos los padres y madres sentados en las sillas donde tendrían que estar sus hijos desaparecidos, comenzamos una reunión cargada de emociones y detalles. La antropóloga del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) vino con todas las fotos de la ropa cuidadosamente tratada después de que fue descubierta y explicó a los familiares el trabajo que se había hecho con ella. La ropa estaba en condiciones espantosas porque no había sido recogida de forma adecuada ni preservada, tenía moho en muchas partes.

El equipo argentino hizo un trabajo de calidad excepcional, el examen de las camisas, de la ropa, del librito, de las cosas que aparecieron en la mochila, y traía todo preparado para compartir con las familias. Como integrantes del GIEI que éramos, explicamos que lo que íbamos a ver eran fotografías de la ropa y objetos que habían sido encontrados. La preparación para una reunión así, para lo que luego podría ser una diligencia formal con la PGR y el EAAF, era crucial. Se necesita crear un contexto favorable, explicar a las familias lo que se puede ver, darles tiempo para prepararse, responder a sus preguntas y sus dudas hasta donde sea posible. Ayudarles a poner un pie delante y otro detrás para una diligencia muy estresante. ¿Será la camisa de mi hijo? Esas botas se parecen. Yo le regalé algo igual. Es estresante y doloroso, pero las familias quieren saber y están dispuestas a enfrentarlo. La cuestión es cómo se prepara y acompaña ese proceso. Y cómo se responde a las preguntas que se resumen en una: ¿cómo es posible?

Hay un tiempo en que las cosas se muestran y otro en que se asimilan. Cada foto tiene sus detalles que tratan de identificar. En la reunión del caso de los 43, Don Mario se agarraba la cabeza y su cabello entre las manos era su llanto. Hay que explicar de vez en cuando algunos detalles. Los jóvenes se pusieron la camisa en el rostro para evitar los gases lacrimógenos, la ropa oscurecida en este caso no es sangre sino moho, el cuaderno es idéntico, los jóvenes se prestaban ropa unos a otros. Todo ello ayuda a poner los hallazgos en su contexto, a poder escuchar y atender.

La ropa, los objetos, humanizan la pérdida.  Los restos óseos se parecen en todos nosotros, pero la ropa, los objetos tienen un valor simbólico clave, la ropa es el último rastro, la última huella de una presencia. Lo que se enfrenta ahí es algo que Sandra, la hermana de Richard, desaparecido en Colombia por la policía en 1995, sentía cada vez que iba a un lugar a buscar a su hermano: “que esté, que esté, que esté… y cuando iba a entrar, pensaba, que no esté, que no esté, que no esté, estaba como matándole y reviviéndole todo el tiempo”.

Las fotos de la ropa vienen con su estela de posibles sentidos, no solo de que estuvo ahí, sino de qué le pasó, qué le hicieron. El caso del Patio 29 en Chile, un caso con mala identificación de restos de personas desaparecidas por la dictadura de Pinochet, aumentó enormemente la demanda de atención psicosocial de familiares de desaparecidos, no solo de quienes estaban en ese caso, sino en todo el país.

Las evidencias del horror de esos zapatos y ropas muestran también la impunidad de las diligencias mal hechas o las denuncias nunca investigadas que se acumulan en México y su impacto en las familias se extiende por todo el país. 

El caso de Rabinal, una masacre en los años ‘80 en Guatemala, fue una de las primeras exhumaciones que se hizo. Con los cuerpos de las víctimas maniatadas, aparecieron pruebas de lo sucedido que eran detalles de lo sufrido. La historia que había sido negada durante tantos años por los responsables y el Estado, estaba ahí. Ninguna reconstrucción del tejido social se puede hacer imponiendo la mentira, la insensibilidad o el olvido. En la investigación en la escombrera de Medellín de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por las desapariciones llevadas a cabo en la Operación Orión en 2002, y donde desde hace décadas hubo testimonios de que habían sido asesinadas y desaparecidas muchas personas que se encontrarían sepultadas entre cientos y cientos de toneladas de escombros, mucha gente pensó que no era cierto, que era el mismo mito del que fueron víctimas don Margarito o los rarámuri.

Cuando en diciembre de 2024, aparecieron en la escombrera los cuerpos de un hombre y una mujer finalmente identificados, en Colombia se desató una clarividencia que las mamás habían tenido desde hacía décadas, señalando que se podrían encontrar desaparecidos ahí, que apareció escrita en las calles de todo el país: «Las cuchas tenían razón». Las cuchas son las mamás en Colombia.

También en México. Las fotos que hemos visto del rancho de Teuchitlán no solo son una muestra del horror, son también la pregunta que los familiares se hacen ¿cómo es posible?, que necesita respuesta y acompañamiento. Las evidencias tienen que estudiarse científicamente, las pruebas protegerse, la negligencia o complicidad investigarse, y las familias tienen que ser atendidas con respeto a su dignidad. Todo lo demás es parte de una ceremonia de la confusión.

*Carlos Martín Beristain es médico y psicólogo vasco con amplia experiencia en atención psicosocial de víctimas en el mundo y como asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países. Coordinó el informe Recuperación de la Memoria Histórica – REMHI, de Guatemala, formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa y fue comisionado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx). 

Aunque la Fiscalía General de la República conoce desde hace más de una semana sobre la existencia del rancho Izaguirre, formalmente no ha llevado a cabo la atracción del caso.

Texto: Siboney Flores y Marcela Nochebuena / Animal Politico

Ciudad de México

Jueves 20 de marzo del 2025

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó a la fiscalía de Jalisco de no haber realizado las mínimas diligencias y la investigación correspondiente tras el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, pero especialistas y organizaciones coinciden en que la dependencia federal también tenía facultades de atracción del caso que omitió ejercer.

Sumado a ello, cuestionaron que aunque la Fiscalía tiene conocimiento desde hace al menos semana y media de la existencia del rancho y de la carpeta de investigación iniciada en la dependencia local, la atracción del caso sigue sin formalizarse. Durante la conferencia de prensa del miércoles, Gertz Manero reconoció que aún no cuenta con ningún dato concluyente, dado que sigue sin tener acceso a los expedientes y a la totalidad de la carpeta.

“La conferencia que dio el fiscal Gertz Manero se enfocó específicamente en denostar el trabajo de la fiscalía local, que sin duda las negligencias que se narraron son sumamente graves. Sin embargo, de la Fiscalía General de la República todos esperábamos que ya estuviera dando cuenta de información sobre la investigación que ellos ya tendrían que estar haciendo”, señaló César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Criticó que para este momento todavía no tengan toda la información ni hayan comenzado con los análisis periciales, técnicos y científicos que tendrían que realizarse para poder establecer la verdad de los hechos en el caso. La organización consideró sumamente grave que aún no se confirme la atracción de la investigación, por lo que debería resolverse lo más pronto posible.

“La Fiscalía General de la República, a partir del momento en que tenemos indicios suficientes para establecer delitos de carácter federal nos vamos a hacer responsables de esta investigación y de todos sus resultados. A partir del momento en que nosotros iniciemos ese procedimiento, lo primero que vamos a hacer son las diligencias”, refirió el fiscal luego de afirmar que su obligación es recibir todas las pruebas, hacerlas públicas y establecer las premisas y presunciones de los delitos federales que van a investigarse.

No obstante, la primera autoridad federal que tuvo conocimiento de la existencia del Rancho Izaguirre fue la Guardia Nacional (GN), a partir de una llamada anónima recibida en el C5 en la que se presumía que ahí existía un campo de reclutamiento y exterminio. Al llegar ahí –describió el propio fiscal–, fueron recibidos con armas de fuego y hubo un intercambio, tras lo cual tomaron el lugar, detuvieron a 10 personas hoy procesadas y encontraron otras dos con vida, que estaban privadas de la libertad, y una más que ya había fallecido.

Una vez ocurrido esto, la Guardia Nacional le entregó toda la información al ministerio público local. “La operación que se hizo en septiembre del año pasado la hizo la Guardia Nacional; por ser delitos del orden común los que encontró, le dio participación a la fiscalía del estado, que hizo todo un procedimiento en el que procesó a los 10 que están en la cárcel, no tuvo nada que ver el orden federal en eso, ni siquiera estábamos notificados”, justificó el fiscal general.

Texto: Darwin Franco / ZonaDocs

Jalisco 

Miércoles 19 de Marzo del 2025

#HastaEncontrarles

Este 19 de marzo se cumplen siete años de la desaparición de Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV; pese a que su desaparición forzada significó un antes y un después en la lucha social por la desapariciones en el estado, sus familiares han tenido que pelear contra una verdad fabricada en la que el Gobierno de Jalisco aseguró que los tres jóvenes fueron asesinados y que no hay forma de localizarlos porque sus cuerpos fueron disueltos en ácido.

“Verdad histórica” que fue desechada por un juez en mayo de 2024, pues en el expediente de investigación no existen pruebas periciales y forenses contundentes para cerrar el caso bajo la versión que aún sostiene como cierta la Fiscalía de Jalisco; por ello, a siete años, las familias de Marco y Daniel exigen no sólo que los busquen con vida sino que las autoridades reconozcan que todo ha sido un engaño que se orquestó para frenar la presión social generada por su desaparición.

“En el juicio una perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señaló que en los bidones donde supuestamente habían disuelto a nuestros hijos no se encontraron restos humanos, únicamente diesel”, lo anterior fue mencionado por la señora Vicki -madre de Jesús Daniel Díaz García- en la rueda de prensa que se convocó para no olvidar que este 19 de marzo de 2025 se cumplen siete años de la desaparición forzada de Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, todos estudiantes de cine en la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV.

El testimonio de la química forense que, por sí mismo pone en duda la versión oficial, formó parte del desahogo de la audiencia o juicio oral en Puente Grande que ocurrió entre el 1 de abril y el 17 de mayo del 2024, y en el que la Fiscalía General de la República -instancia que atrajo la investigación en 2018- “desahogó” las pruebas que tenía sobre el caso.

De ese proceso judicial se notificó que cinco personas recibieron sentencias condenatorias por 75 años de prisión por el delito de secuestro agravado, no por el desaparición, tal y como exigían las familias de los jóvenes estudiantes.

Las personas sentenciadas fueron Eduardo Geovani Gómez Reynoso, alias “Cochi”; Christian Omar Palma Gutiérrez, alias “QBA”; Jonathan Alejandro Anaya Delgadillo, alias “Kalimba”; Miguel Ángel Casillas Pérez, alias “Tun Tun” y Jonathan Josué Hernández Moreno, alias “Choco”; sin embargo, ese día se dejó en libertad a Alejandro N., pues no existieron pruebas contundentes de que éste hubiera participado en los hechos, algo que los padres desmienten, pues en la carpeta de investigación se sabe que éste sí fue copartícipe

“Lo más importante de ese juicio, no sólo fueron esas sentencias… sino que ese día el juez determinó que el caso no se podría cerrar porque no había elementos suficientes para señalar que nuestros hijos hayan sido asesinados y desaparecidos como asegura la Fiscalía”,explicó Sofía Ávalos, madre de Marco Francisco García Ávalos.

Para ella, el que eso haya pasado confirma que no hay forma de sostener la verdad que fabricaron las autoridades de Jalisco, pero también de que existe una obligación de que se busque con vida a los jóvenes, algo que lamentablemente nunca ha ocurrido.

“Desde el principio no se les buscó como deberían, por eso exigimos que se haga un plan para realizar una búsqueda en campo… para buscarlos con vida, ya que en estos siete años esto jamás de ha hecho”, explicó la señora Vicki, al tiempo que recordó que en los primeros días ella ofreció toda la información que tenía a la mano para que los buscaran, pero eso jamás pasó.

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“Si ellos hubieran hecho bien su trabajo desde el principio, quizá, acá tendríamos a nuestros hijos, pero eso no pasó”, precisa la madre de Daniel.

Lo que pasó también en el desahogo de pruebas es que quedaron al evidente dos cosas importantes: 1) las múltiples inconsistencias en la integración de la carpeta de investigación que hizo la Fiscalía de Jalisco, y 2) la falta de trabajo pericial y de investigación de parte de la Fiscalía General de la República, instancia que tras atraer el caso no realizó ninguna nueva línea de investigación ni siquiera revisó la validez de las confesiones de los hoy sentenciados, pues al menos tres de ellos, en el propio proceso judicial, declararon haber sido torturados para firmar su participación en la versión oficial que armó la Fiscalía de Jalisco.

“Cuando el caso lo atrajo la FGR, teníamos la esperanza de que las cosas cambiarían, pero tras el paso del tiempo, pero más en el desahogo de pruebas ante el juez nos dimos cuenta de que presentaron la misma carpeta que les entregó Fiscalía de Jalisco… ni siquiera se esforzaron un poco y, a la fecha, tampoco han hecho nada”, explicó Sofía, quien hace menos de un mes intentó llamar a su ministerio púbico federal, pero ya no le contesta el teléfono.

Donde también existieron y existen inconsistencias, explica Miguel Díaz -padre de Jesús Daniel- es la presentación de las y los testigos claves en el caso, pues sin dar fundamentos contundentes, la FGR no explicó porque no fueron a declarar las últimas personas que vieron a los jóvenes antes de su desaparición:

“Nosotros señalamos lo importante que era que esas personas declararan, pero sólo se nos explicó que algunas personas no quisieron hacerlo por amenazas, otras porque no fueron localizadas… pero era importante que declararan, pero no lo hicieron”.

Quienes sí declararon, recuerdan las madres y el padre, fueron la decena de funcionarios públicos de la Fiscalía de Jalisco que desde el inicio hicieron mal su trabajo.

“Los que sí declararon fueron quienes al inicio nos dijeron que a los muchachos se los habían llevado de tal lugar, pero después en el expediente anotaban otro… lo que nos dijeron que en el lugar a donde los llevaron había estado tres días, pero después al leer el expediente decían que sólo estuvieron ahí de un día para otro… inconsistencias que nos hicieron y nos hacen desconfiar de lo que hicieron”, explicó el señor Miguel.

A casi un año, del “desahogo” de pruebas y de que la autoridad judicial determinara no sólo no cerrar el caso, sino de seguir con las investigaciones, las familias de Daniel y Marco denunciaron que no existe avance alguno del caso, pues lo único que se han girado son oficios para cotejar el ADN tomado a las familias con los cuerpos de personas fallecidas sin identificar, resguardos en diversos estados del país.

Pero de nuevas líneas de investigación, nada. Mucho menos saben de planes de búsqueda en vida, pues en estos siete años jamás les han presentado ninguna estrategia para buscar a Marco, Daniel y Salomón con vida.

“Lo que nosotros queremos es que los busquen, que salgan a buscarlos porque no lo han hecho en estos años… queremos que salgan a buscarlos porque algo me dice que mi muchacho está ahí en alguna parte”, precisó Vicki.

También exigen, como lo evidencia la señora Sofía, la realización de un proceso serio de investigación, pues ninguna de las acciones de la Fiscalía de Jalisco o de la Fiscalía General de la República han sido eficaces en la búsqueda de los jóvenes cineastas.

Actualmente, aunque el caso esté abierto para las familias está inactivo, pues nadie les ha notificado ningún avance, tampoco saben nada de la apelación por el auto de formal libertad que se dio a Alejandro N., pues las familias quieren que se revise el por qué se le dejó en libertad; por ello, le solicitaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y al fiscal general, Alejandro Gertz, que revisen el caso y que se busque de manera inmediata a los tres estudiantes de cine.

¿Cómo ocurrió la desaparición forzada de los tres jóvenes?

La noche del 19 de marzo, tras finalizar una grabación en el fraccionamiento Colinas de Tonalá -ubicado en el municipio del mismo nombre- los tres jóvenes emprendían el camino de regreso a casa cuando el vehículo en el que viajaban se averió.

Al bajarse para identificar la falla mecánica fueron abordados por un grupo de hombres armados, presuntamente integrantes de la Policía Estatal, quienes los obligaron a tirarse al piso para después llevárselos por la fuerza a bordo de las camionetas negras en las que viajaban. Esta información fue confirmada por otros estudiantes que también habían acudido a la grabación y observaron a distancia lo que pasó con sus compañeros.

A través de un video, las autoridades de Jalisco mostraron una línea de tiempo con la que explicaron qué fue lo que pasó después de que los jóvenes fueran desaparecidos entre el kilómetro 19 y 20 del nuevo Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, por presuntos policías; sin embargo, tras las pesquisas, se dijo que no fueron policías sino integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que portaban uniformes apócrifos.

La Fiscalía precisó que, a través de 400 entrevistas, 15 cateos en diversos domicilios y la confesión directa de dos de los ocho responsables de los hechos, la desaparición de los jóvenes sucedió por una confusión pues el lugar donde éstos realizaron una filmación escolar (el día de su desaparición), había fungido como casa de seguridad de integrantes del Cártel de la Nueva Plaza (grupo que se creó tras una escisión del CJNG en la zona); específicamente, de Diego Gabriel Mejía Oliden, detenido el 15 de julio de 2015 tras habérsele localizado, en ese mismo domicilio, armas de alto calibre y droga.

Los tres jóvenes, según confesaron dos de los detenidos Gerardo N. y Omar N., fueron trasladados a una casa de seguridad ubicada en la calle Lechuza, en la colonia Pinar de Las Palomas en Tonalá, donde fueron golpeados y torturados para obtener información del por qué estaban en el domicilio y qué información tenían sobre sus rivales.

Pero los jóvenes nada sabían de esto, ya que el tiempo y las propias investigaciones han comprobado que ellos, no tenía vinculación alguna con la delincuencia organizada.

En esa casa de seguridad, según el expediente, los estudiantes fueron golpeados, razón por la cual se encontraron ahí rastros hemáticos que resultaron positivos con la información genética de Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García; sin embargo, de Javier Salomón Aceves Gastélum no se encontró registro de sangre.

Los hoy sentenciados por el delito de privación de la libertad (no por desaparición) también confesaron que después trasladaron a los estudiantes a una segunda casa de seguridad ubicada en la calle Amapola en la colonia Rancho de la Cruz también en Tonalá, donde aparentemente fueron asesinados para después disolver ahí en ácido sus cuerpos.

En dicho lugar, la Fiscalía aseguró haber localizado 46 tinacos y 56 litros de ácido sulfúrico, comúnmente utilizado por la delincuencia para disolver cadáveres; sin embargo, esta instancia no presentó los resultados de los análisis forenses realizados a los restos biológicos localizados en dichos tinacos o en las tuberías del domicilio; sus inferencias lógicas, basadas en la declaración de los detenidos y en los hallazgos localizados en el lugar, les hizo concluir que los estudiantes tuvieron ese triste final, pues así lo precisó, Elizabeth Torres, encargada de la investigación.

Lo cierto es que, a la fecha, no se han presentado los resultados de las confrontas entre el material genético localizado (más de 20 perfiles) y las muestras de ADN otorgadas por las familias de los estudiantes; la aseveración de que los cuerpos de los estudiantes fueron disueltos en ácido fue algo que la Fiscalía del Estado Jalisco no logró sostener científicamente en su rueda de prensa, aunque en ella y en el video utilizado se señalara que: “los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de dañarlos, para quitarles la vida, y posteriormente sus cuerpos fueron disueltos en ácido”.

Circunstancia que fue desmentida por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues los estudios realizados en esos bidones no muestran ningún tipo de rastro de restos humanos, únicamente presencia de diesel.

Por ello, es que a siete años de la desaparición de Marco, Daniel y Salomón sus familias exigen que se les busque con vida.

Este es un texto de ZonaDocs, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.

Tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, cientos de migrantes han solicitado refugio en México para residir en Ciudad Juárez. Tan solo en el último mes, unas 600 personas de diferentes países realizaron su trámite con el apoyo de la oficina de movilidad de la Catedral. Son muchas sus razones para quedarse, pero la mayoría busca echar raíces de manera legal para evitar su deportación

Texto y Foto: Rocío Gallegos / La Verdad Juárez

Ciudad Juárez

Martes 18 de marzo del 2025

Ciudad Juárez– Cuando salió de Venezuela hace más de un año, María del Carmen Perdomo tenía como destino Estados Unidos, pero de allá la expulsaron en cuanto cruzó la frontera junto a su esposo, sus dos niñas y su niño, lo intentó de nuevo pero el cambio de políticas migratorias en el vecino país del norte la dejó varada en esta frontera

Ahora busca echar raíces legalmente en el país. Junto con su familia está en vías de recibir refugio en México y convertirse en residente permanente de esta comunidad fronteriza donde vive desde hace seis meses.

“No es fácil comenzar de nuevo” dijo María del Carmen, de 31 años, en una entrevista en el comedor de la Catedral de la ciudad, a donde acude cada semana por una despensa de las que distribuyen entre personas migrantes.

Aseguró que a su país ya no regresa y no buscará cruzar de nuevo a Estados Unidos por miedo a que la regresen de nuevo a su país. “En Venezuela vendí todo, no tengo nada, ni un colchón, ni a donde llegar, ya no regreso”.

La mujer, su esposo, hijas e hijo solicitaron su refugio en México a finales de enero, después de que Estados Unidos prácticamente restringió su frontera a la migración irregular, a los 15 días la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) les informó que fueron aceptados

“Nos respondieron que había sido aceptado nuestro asilo y que tenía que acercarme a Migración para hacer la primera firma” contó. “Me alegré, mucho”.

Como ella cientos de personas migrantes comenzaron a solicitar el reconocimiento de refugiado en el país desde Ciudad Juárez. Lo han realizado con la asesoría de organizaciones y personas que trabajan por los derechos de los migrantes.

Se solicitó a la Comar estadísticas sobre este trámite en lo que va del año, pero aún no responden a la petición. Sin embargo, tan solo en el último mes casi 600 personas hicieron su solicitud para residir en esta frontera de manera legal con la ayuda de la oficina de movilidad de la Catedral, otras decenas están en proceso de concretarlo y unas más están en lista de espera para iniciar el trámite.

Cristina Coronado, de la oficina de movilidad y encargada del comedor de la Catedral, comentó que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se derrumbaron muchos sueños de migrantes que ya habían hecho su travesía hasta esta frontera, “había mucha frustración, mucha ansiedad. La gente se preguntaba qué voy hacer”.

“Nosotros escuchamos, apoyamos, orientamos cuando podemos a la gente, pero desde ese momento muchas personas se quedaron sin opción para ingresar legalmente (a Estados Unidos) y se dieron cuenta que podían ser deportadas a su país, entonces empezamos a escuchar de la gente que quería refugio en el país”, dijo Cristina.

Ante la nueva realidad, contó que echaron mano de varias personas e instituciones para armar un programa de apoyo gratuito a los migrantes que les solicitaban orientación para gestionar el refugio.

Se contó con la ayuda de una migrante de El Salvador que había solicitado refugio, “ella sabía lo que se les iba a pedir”, se acercaron con una abogada de la Defensoría Pública Federal, para que lleve algunos casos, con la universidad, para tomar algunas fotos que requieren las personas, con un estudio fotográfico para gestionar descuentos por el servicio y con Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) para armar talleres de llenado de formularios y presentar solicitudes en paquete.

“En lugar de hacer el trámite uno por uno, porque esto es ya muy lento, y el trámite es muy tardado, entonces lo que decidimos fue acompañar a los migrantes desde cero, en la Catedral llenan los formularios, en forma de talleres, empezamos dando una explicación de qué es el refugio y sus implicaciones, luego les orientamos en el llenado de papeles”, cuenta Cristina al hablar sobre este programa de apoyo que inició el pasado 4 de febrero y a través del cual se ha realizado 183 trámites, para familias o personas solteras, procedentes de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Perú, Ecuador, Haití y hasta de África.

Son en total como 600 personas, entre adultos e infantes, los que iniciaron el trámite, dijo Cristina, pero considera que ese el número va en aumento, por la cantidad de personas que se han acercado a solicitar información del apoyo para iniciar la gestión de refugio con ellos.

“Empiezan a llegar y empiezan a se pasan la voz”, comentó. “Porque pues ellos se dieron cuenta de que ya no hay posibilidades de cruzar la frontera, al menos no por ahora”.

Estados Unidos ha sido el destino para muchos migrantes de distintas regiones del continente americano que huyen de la pobreza, la agitación política, desastres naturales o la violencia. Sin embargo, cruzar la frontera entre México y Estados Unidos se ha vuelto cada vez más difícil, dicen los migrantes, por un lado los altos costos de los polleros -como llaman a traficantes de personas- y ahora por las severas acciones del gobierno de Trump en su contra.

Desanimados por el panorama, la mayoría de los que estaban en esta frontera han retornado a sus lugares de origen o se trasladaron a otras ciudades del país, pero muchos han decidido quedarse a residir de manera legal en esta comunidad fronteriza.

“Entendí que las posibilidades están en donde uno la busque, siempre y cuando uno tenga esas ganas de progresar, salir adelante y tener su propio negocio”, dice Móises quien lleva en la ciudad 11 meses.

Él salió de Venezuela con su pareja y una hermana en busca de una mejor situación económica y por la situación política que dice se vive en su país, contó mientras esperaba información en la Catedral, donde ha recibido ayuda para su gestión de asilo, “para uno poder estar bien y estable acá en México”.

Confiesa que tenía miedo hacer su travesía por México, por las historias de violencia que se cuentan, pero dijo “bueno, entremos a México” y aseguró que ha sido superbien recibido y ha encontrado oportunidades para iniciar su emprendimiento de cortes de cabello.

“Como en todos lados hay personas buenas y personas malas” dijo, pero sus experiencias buenas son más, por eso no dudo en tramitar su estancia legal cuando se enteró que lo podía hacer con ayuda de personas de la Catedral, donde también recibió alimentos cuando recién llegó.

Móises aseguró que nunca intentó cruzar la frontera de manera irregular, buscó una cita por CBP One, lo intentó por casi un año pero nunca le salió, luego llegó Trump a la Casa Blanca y sus planes cambiaron.

Su historia es parecida a la de Yulieth Rojas, una migrante colombiana, de 28 años, aunque ella sí consiguió fecha para su cita ante autoridades migratorias de Estados Unidos, pero se quedó varada por la cancelación de CBP One el pasado 20 de enero, tras las investidura de Trump como presidente. Ella iba a cruzar el 8 de febrero.

La mujer no descarta regresar a su país, donde la espera su familia, pero mientras eso ocurre decidió tramitar refugio en México “para andar tranquila aquí, cuando uno ve a policías y militares”

El aumento en las solicitudes de asilo en México también se debe al incremento en las detenciones en operativos de las autoridades de Migración mexicana.

“Lo mejor es andar con un documento legal” comentó la Yulieth quien salió de su país en agosto del 2023 y llegó a la ciudad en tren.

Contó que ya se va a cumplir el mes de que hizo la solicitud de refugio con el apoyo del programa de la Catedral y aún está a la espera de una respuesta de las autoridades.

Yulieth dijo que le gusta Juárez. “Aquí conoces a mucha gente, muchos extranjeros, me he topado con gente muy buena con la que me llevo bien”.

En esto último coincide María del Carmen, la venezolana, quien asegura que su esposo consiguió un empleo como cargador en el mercado del centro y sus hijas iniciaron la escuela en septiembre pasado.

“Aquí hemos retomado nuestra vida, mi esposo trabaja, mis hijas van a la escuela y hay personas que son como ángeles que nos ayudan mucho”, mencionó la mujer, quien espera sus papeles como refugiada para trabajar y ayudar con los gastos de su nueva casa en esta frontera.

Este es un texto de La Verdad Juárez, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.