Los cambios en los precios están asociados al comportamiento criminal que, a la vez, tiene la complacencia institucional, porque el principal centro de distribución de las carnes en los municipios son los rastros municipales, áreas que dependen de las alcaldías
Texto: Margena de la O y Andrea Mendoza
Foto: Andrea Mendoza
Lunes 18 de marzo del 2024
Chilpancingo
Con el inicio de este mes hubo un nuevo aumento de precios en las carnes en los principales mercados de Chilpancingo, ciudad que unos días antes estuvo sumergida en una crisis de inseguridad, derivado de que grupos criminales atacaron a los choferes del transporte público, y con eso afectaron la movilidad de los habitantes.
De todo este escenario violento de días anteriores puede desprenderse el aumento en las carnes en Chilpancingo, si se considera que los grupos delictivos tienen una injerencia en el comercio legal, como quedó expuesto en el mismo contexto de hace unos días.
Derivado de un recorrido que hizo Amapola, periodismo transgresor por los mercados Baltasar R Leyva Mancilla, San Francisco, y el del PRI se constató que desde el 4 de marzo pasado hay nuevos precios en estos productos.
En un puesto del mercado Baltasar R Leyva Mancilla, un vendedor informó que el pollo completo fresco cuesta 240 pesos, cuando unos días atrás estaba en 220 pesos. Pero los comerciantes ofrecen una segunda opción, pollo congelado, es decir, el rezagado de otros días, a un menor costo.
Al consultar a otros comerciantes de la misma sección de pollos, informaron que los proveedores sólo les avisaron que habría un nuevo aumento de precios y lo aplicaron días después. El día del recorrido en los mercados, el 7 de marzo pasado, en los locales de pollo fresco había poco producto, quizá por el aumento.
Parte de los comerciantes explicaron que cuando el pollo se les rezaga, lo venden al día siguiente a un costo más accesible. Por ejemplo, la pechuga de pollo fresco cuesta 140 pesos en el mercado San Francisco, mientras en el mercado Baltasar R Leyva Mancilla, ya con algunos días de rezago y congelada, está a 110 pesos; antes el pollo fresco y completo tuvo ese precio.
Los vendedores, de quienes se guardan sus nombres por seguridad, dijeron que estaban preocupados porque esta cerca la Semana Santa y las ventas en carnes, por la temporada misma de vigilia, es muy baja, y a eso se le suma el aumento de precios.
En el caso de las carnes de res, los precios son variados y cambian según el mercado donde se adquiera. En el Baltasar R Leyva Mancilla, la cecina cuesta entre 220 y 240 el kilo, según la calidad, cuando hace unos días podía conseguirse hasta en 180 pesos.
La misma semana de aumentos, el kilo de carne de puerco enchilada subió de 130 a 160 pesos; aún así es de las carnes más accesibles y consumidas por el capitalino, de acuerdo con los comerciantes.
Algunas vendedoras consultadas dijeron que los precios en las carnes se mantienen en los mismos costos desde enero, pero los reclamos de la gente que acudían a comprarles ponían de manifiesto otra evaluación.
El chorizo, otro producto preparado con la carne de puerco, también aumentó. En el mercado central cuesta entre 120 y 160 pesos, cuando hace unos días su precio oscilaba en los 100 pesos.
Esmeralda Gutiérrez, una compradora frecuente del mercado central, al escuchar el nuevo precio del chorizo soltó: “¡Está bien caro! Mejor lo voy a comprar en la colonia”. Comentó que es mejor comprarles a las vendedoras ambulantes que van de puerta en puerta en su colonia.
La venta de insumos, parte del negocio de la violencia criminal
El 5 de febrero pasado ocurrió un nuevo ataque armado contra cuatro unidades del servicio público, lo que dejó un saldo de cinco conductores del servicio público asesinados. Fue el tercero desde junio de 2023 hasta esa fecha y con la misma estrategia.
Después del último ataque devinieron dos semanas complicadas, en principio, porque los conductores se guardaron, y eso inmovilizó a gran parte de los habitantes que dependen de este servicio y, segundo, por el temor generalizado entre la ciudadanía, que tampoco era figurado, porque el 12 de febrero por la noche mataron a otro chofer en la base de la colonia Javier Mina, por el desafío de regresar a trabajar.
En medio de todo esto salieron varios actores a flote, uno de ellos, el presunto líder del grupo criminal de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, quien curiosamente ofrece una entrevista a Latinus, un medio de comunicación nacional, en medio de un contexto político-electoral, en un lugar apartado de Guerrero.
Ahí exponen lo del video filtrado sobre su encuentro con la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, donde el criminal le habría pedido que cumpliera los acuerdos antes trazaron a cambio de apoyo para convertirse en presidenta municipal, entre ellos, la operación del Rastro Municipal.
“Dice la presidenta municipal, Norma Otilia, que fue fortuito, el encuentro que tuvimos. Sabemos que no fue cierto, porque la reunión tardó dos horas y media a tres horas y media, donde uno de los tratos principales era venderme el Rastro Municipal. El Rastro Municipal es el punto donde sale la carne, pues también el mercado iba a ser parte de los negocios”, comentó el delincuente en la entrevista.
Ese acuerdo tuvo que dejarlo claro la alcaldesa con Los Tlacos, otro grupo criminal con operaciones en la zona Centro del estado.
Cuando las autoridades hablaron de la inseguridad reciente en la ciudad aludieron a una rivalidad entre Los Ardillos y Los Tlacos, pero nunca de las complicidades de grupos políticos y económicos en actividades que no son lícitas.
En toda esta maraña, representantes locales de la iglesia católica tomaron un papel importante porque, según dijeron ellos mismos a reporteros, intervinieron para que los líderes de esos grupos criminales, Celso Ortega Jiménez y Onésimo Marquina Chapa, hablaran y pactaran una tregua por el bien de la ciudad de Chilpancingo.
El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, quien es director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y quien se mencionó como la persona que buscó el diálogo, sin que sepa cómo y cuándo ocurrió la charla, dijo en una entrevista reciente para este medio que la búsqueda de un acuerdo provino de los mismos criminales porque se afectaban en sus negocios legales.
“Parte de sus negocios legales son el transporte, la venta de carnes, de bebidas”, mencionó el sacerdote al dejar claro que la pelea real es económica por negocios formales. Recordó que hace un tiempo en Chilpancingo hubo un problema de inseguridad por las granjas de pollo y, sí, lo hubo.
El aumento del precio de las carnes en la ciudad está asociado al comportamiento criminal que, a la vez, tiene la complacencia institucional, porque el principal centro de distribución de las carnes en los municipios son los rastros municipales, es decir, son áreas que dependen de las alcaldías.
Este esquema no es propio de Chilpancingo, es un modelo que se replica en otros municipios o regiones, como la Tierra Caliente de Guerrero, donde existe un sobreprecio en los productos, desde los básicos hasta los refrescos y las cervezas, porque su distribución y venta está a cargo de grupos criminales en alianza con otros intereses. Según la radiografía institucional criminal, en esa región tiene operaciones la Familia Michoacana, a excepción de Zirándaro, donde funciona el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En esa región, el maíz que los productores ya no alcanzan a vender a las bodegas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex)–que dependen del gobierno federal– o los ganaderos que quieren vender sus reses deben llevarlas, a cambio de precios menores, a los puntos de ventas únicos que hay en las cabeceras municipales a cargo de estas estructuras criminales, porque desde ahí les revenden a los comerciantes que tienen sus tortillerías y carnicerías en las ciudades, explicaron algunos habitantes de quienes se guardarán sus nombres por el riesgo.
Aun cuando son entre 20 y 40 pesos en promedio el último aumento sobre las carnes documentado en Chilpancingo, en gran volumen significa ganancias importantes para un sector que las instituciones oficiales han dejado avanzar por su aparente fuerza (la criminal), lo que queda en duda cuando los gobiernos cuentan con los recursos humanos y económicos suficientes para frenarlo.
