Los diputados de Morena aprobaron sorpresivamente una reforma a la ley minera que no dejó satisfechos ni a activistas ni a empresarios. Pero quizá el problema es mayor de los alcances que pueda tener la ley. Aquí los claroscuros de la discusión
Texto: Daniela Pastrana / Pie de Página
Foto: José Miguel Sánchez / Archivo Amapola
Ciudad de México
Fueron 4 horas de alegatos. De la euforia de unos, que presumían sus acuerdos con los empresarios, al reclamo de los otros, que los llamaban “hijos de Larrea”, los acusaban de llevar a la ruina al país o reclamaban la falta de consultas, con total amnesia de que su partido entregó el país a las empresas mineras.
Al final, Morena se impuso. De madrugada, por sorpresa, con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de diversas leyes de minería y agua, con una propuesta distinta a la iniciativa elaborada por el gobierno federal. El proyecto pasó al Senado, que tendrá que discutir una reforma que no dejó a nadie contento.
Quienes se habían esperanzado con la propuesta de reformas que había presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quedaron decepcionados por el resultado. Quienes estaban en contra piden ahora al Senado una nueva revisión. Pocas voces ponderaron lo aprobado. Entre ellas, la investigadora de la UAM y amplia conocedora del tema, Violeta Núñez, quien declaró en Momentum: “Desde mi perspectiva es un avance muy importante”.
Nudo desatorado y reforma exprés
El pasado 28 de marzo se publicó en la Gaceta Oficial de la federación una iniciativa que reformas a cuatro legislaciones: Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua.
La propuesta enviada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sorprendió a propios y extraños y logró concitar la aprobación de muchos activistas. Sin embargo, la discusión se había aplazado y los diputados del partido gobernante se enrollaron en declaraciones contradictorias.
El jueves por la tarde, de forma inesperada, el nudo se desatoró. Morena presentó una nueva propuesta de reformas que flexibilizó modificaciones relacionadas con el uso del agua, desmonte de las presas de jales, la contraprestación a las comunidades, así como el otorgamiento, duración y causales de cancelación de las concesiones.
El propio coordinador de Morena, Ignacio Mier, celebró haber acordado la propuesta con la Cámara Minera de México, en una reunión en la que también estuvo el secretario de Gobernación.
“Él (Adán Augusto López ) nos ayudó. Fue fundamental su participación con relación al artículo 13 y que se precisara la contraprestación que darán (las empresas) a las comunidades por la concesión de las minas”, dijo Mier al diario La Jornada.
Adiós a carácter preferente y a la especulación
En Momentum, Violeta Núñez aseguró que, pese a las modificaciones hechas por los diputados a la propuesta original, las reformas conservan los “elementos estructurales” que habían sido demandas históricas de los pueblos.
La principal, insistió la académica, es que se eliminó el carácter preferente de la minería. Ese carácter había quedado establecido en el artículo 6 de la Ley Minera que se aprobó en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que establecía que la minería tiene preferencia sobre cualquier otra actividad económica, “dándole todo el poder a las empresas”.
Otros elementos clave son la eliminación del proceso expropiatorio (actualmente las empresas tienen el derecho de obtener la expropiación de terrenos) y las condiciones preferentes sobre el agua. Además de que establece que las concesiones pueden ser objeto de garantía para el cumplimiento de obligaciones, “siempre que la mina esté en operación”. Eso, explicó la especialista, es fundamental para evitar la práctica especulativa generalizada que existe en la industria minera. “Eso es importante porque lo que vimos durante años es que se entregaban las concesiones y se quedaban durante años sin operar, porque se usaban para el proceso especulativo”.
Núñez enlistó otros elementos destacables de la reforma aprobada:
-La prohibición del otorgamiento de concesiones en Áreas Naturales Protegidas y donde se ponga en riesgo a la población en zonas de falta de disponibilidad de agua
-La prohibición expresa de la minería marina. “Es muy importante por lo que ya está ocurriendo, que es el avance de las mineras hacia el mar”
-La incorporación de la consulta previa libre e informada a los pueblos, a la que se agregan elementos importantes: culturalmente adecuado y de buena fe. “No nada más es una consulta, tiene que haber consentimiento de las comunidades no solamente de la exploración y explotación, sino de las concesiones”.
– La obligatoriedad de tener una manifestación de impacto ambiental y un estudio de impacto social, además del establecimiento de delitos, que pueden llevar a prisión, y de causales de cancelación cuando se infrinja a ley.
Focos rojos
Pero no todos los activistas estuvieron de acuerdo. Para muchos, el gobierno cedió a las presiones de los empresarios mineros.
Los dos principales reclamos a la reforma aprobada son la modificación del tiempo de las concesiones y de las contraprestaciones a las comunidades.
En el caso de las contraprestaciones, la propuesta aprobada redujo a 5 por ciento el porcentaje que las empresas deben dar a los pueblos afectados. La propuesta original establecía 10 por ciento.
En cuanto a los plazos de las concesiones, que actualmente se entregan por 50 años con prórroga de otros 50 (es decir, las empresas pueden mantener una concesión hasta 100 años). La propuesta enviada por el presidente reducía el plazo a 15 años prorrogables a 30. Pero la propuesta aprobada amplió de nuevo el plazo, con un primer periodo de 30 años y dos prórrogas de 25.
Aunque son los elementos más nombrados en las notas sobre las reformas, quizá no son los más graves. Un cuadro comparativo que circuló en grupos de activistas incluye 5 focos rojos de las reformas aprobadas y tienen que ver, sobre todo, con el agua:
| Tema | Iniciativa del Presidente | Iniciativa aprobada | Implicaciones |
| Vigencia de la concesión de agua | 5 años, prorrogable durante toda la vigencia de la concesión minera siempre que cumplan con normatividad | 30 años, prorrogable | La prórroga quinquenal de la concesión de agua es vital para obligar a la minera a cumplir con sus obligaciones ambientales |
| Agua de laboreo (el agua que sale sin ser extraída, por interrumpir los flujos subterráneos) | Requeriría concesión y pago de derechos | NO requeriría de concesión ni pago de derechos | Las mineras seguirán obteniendo por lo menos el doble del volumen disponible y concesionado, sin concesión |
| Acaparamiento del agua | Se pone un tope al % del agua de una cuenca o acuífero que puede ser concesionado a una minera | No hay tope al % concesionable a una minera | Hay mineras que cuentan con concesiones que representan hasta 84% del agua de un acuífero |
| Ocupación temporal | La concesionaria tendría que negociar con los núcleos agrarios o particulares para determinar las condiciones bajo las cuales podrían ocupar sus tierras | Se establece la ocupación temporal como DERECHO del concesionario, pendiente compensación determinada por INDAABIN | Seguirá la impotencia de las comunidades frente a la destrucción de sus tierras |
| Desmonte de presas de jales actuales | Mineras con presas de jales en cauces tendrán que iniciar su desmonte en 365 días | No se requerirá del desmonte de presas de jales a menos que la autoridad compruebe que representan un riesgo | La Profepa no cuenta con el personal o recursos para comprobar riesgo a prueba de juicios, cuando la LAN de por sí no permite la peligrosa práctica de depositar jales en cauces |
El “peligro”: la rectoría del Estado
Otros inconformes con las reformas aprobadas fueron los legisladores de oposición, quienes durante la sesión argumentaron de todo.
El priísta Ildefonso Guajardo, por ejemplo, sostuvo que la iniciativa “llevará a la parálisis de un sector que representa 10 por ciento del sector manufacturero y empleo para 2.5 millones de mexicanos”.
En el sentido contrario, Salvador Caro, único diputado de Movimiento Ciudadano que votó contra la reforma, acusó a los morenistas de favorecer a los más ricos y ser “lacayos de (Germán) Larrea y Carlos Slim”.
Por su parte, el panista Román Cifuentes olvidó que los gobiernos de su partido son los que más concesiones mineras han entregado en la historia y reclamó en tribuna que la aprobación fast track de la reforma “cancela la posibilidad de escuchar a sectores involucrados, academia, procesos indígenas”.
Los empresarios (al menos los que no estuvieron en la reunión con el secretario de Gobernación) también reclamaron la reforma y pidieron al Senado una discusión mayor.
La industria minera mexicana es demasiado importante para ser objeto de una legislación de la noche a la mañana impulsada por la ideología y no por un debate técnico y legal serio”, escribió en Twitter Jorge Alberto Ganoza, fundador de Fortuna Silver Mines.
Para el sector privado, la ley aprobada viola compromisos incluidos en acuerdos comerciales como el T-MEC.y el TIPAT.
De acuerdo con los medios financieros, los empresarios mineros ubican como problema principal de la iniciativa que la exploración “sigue con un enfoque de control y rectoría por parte del Estado” que va contra de las inversiones.
Otro punto problemático es que, en la reforma aprobada, “la transmisión de concesiones solamente se puede hacer libremente entre empresas del Estado, mientras que los privados deben de pedir autorización, cuando en la actualidad solamente está sujeto a registro”.
El daño es mucho, pero puede ser peor
La propuesta enviada por el Ejecutivo a la Cámara el 28 de marzo sorprendió a todos, pero extrañamente había logrado el visto bueno de muchos activistas
Aunque no de todos. Miguel Mijangos, quien durante décadas ha asesorado a comunidades afectadas por las minas, considera que la iniciativa del presidente es limitada, porque regula la actividad, pero no cambia el modelo extractivo. Incluso, ve un riesgo en la posibilidad de que el Estado comparta responsabilidades con las empresas.
Además, dice, la iniciativa gira en torno a las concesiones, cuando éstas son uno de varios trámites que implica la actividad minera.
Mijangos enlista otros problemas, como el hecho de que los porcentajes de contraprestaciones para las comunidades afectadas (no importa si es 10 o 5) sean sobre las utilidades (que se reduce aún más después de descontar todos los gastos de operación e impuestos).y no sobre la producción.
“No cambia el modelo extractivo ni la lógica. No hay un cambio real para las minas que ya operan, ni para los pueblos en los que están instaladas”, dice Mijangos.
Puesto sobre ese argumento, el abogado mixteco Francisco López Bárcenas, autor de varios libros sobre legislación minera, coincide en que, para las comunidades que ya tienen una mina operando en su territorio no habrá un cambio sustantivo.
“Eso es real”, dice. Lo explica con una metáfora: “Es como si tienes una diabetes y te dan medicina para controlarla; controlas la enfermedad, pero tu diabetes sigue ahí”.
Sin embargo, López Bárcenas si ve en la propuesta de ley que envió el presidente una posibilidad de frenar la expansión minera después de la administración de López Obrador.
“El daño es mucho, ciertamente, pero puede ser peor. Hay todavía muchos minerales que explotar en México. Por eso es importante que se apruebe la reforma (se refiere a la propuesta inicial del presidente, no la que aprobaron los diputados). No para lo que ya está, sino para el futuro”, dice.
La decisión ahora está en la cancha del Senado.
