Ninguna autoridad estatal o federal ha intervenido para que la compañía minera salde cuentas con el ejido donde han explotado oro por 20 años. De no seguir extrayendo minerales del ejido, Equinox Gold debe cumplir con un proceso de cierre
Texto y Foto: Margena de la O
Chilpancingo
Jueves 1 de mayo del 2025
Los habitantes de Carrizalillo, Eduardo Neri, cumplieron su primer mes en plantón en el camino hacia la comunidad para impedir que la empresa Equinox Gold siguiera con la operación minera, debido a que venció el contrato que mantenían, y siguen sin recibir una nueva oferta por la renta de tierras o un plan de cierre definitivo de las operaciones de extracción de minerales.
En todo este tiempo, además, ningún representante de los gobiernos estatal y federal ha intervenido para que ocurra algún acuerdo entre ambas partes, de acuerdo con el Comisariado Ejidal de Carrizalillo.
Los ejidatarios no han tenido contacto con la empresa hace varias semanas, desde antes del 30 de marzo que venció el último contrato para la extracción de los minerales del ejido de Carrizalillo.
De hecho, contaron los autoridades ejidales, tenían prevista una reunión antes de que concluyera ese mes en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para hacerle una contrapropuesta a Equinox Gold para la firma de un nuevo convenio por la explotación de minerales en el ejido, pero los ejidatarios ya no llegaron, se regresaron del camino, porque les avisaron que los representantes de la empresa ya no llegarían.
Equinox Gold, de acuerdo con la versión de los ejidatarios y organizaciones que les dan acompañamiento, ha condicionado seguir en el ejido solo si el nuevo convenio es firmado por un porcentaje mucho menor al anterior. Según los comunicados que ha publicado el ejido, les proponían hasta un 60 por ciento menos en comparación al último convenio.
Las autoridades ejidales de Carrizalillo informaron que en la propuesta que presentarían (la contrapospuesta) contemplaban aceptar hasta un 40 por ciento menos por la renta de sus tierras en comparación con el último contrato, debido a que la empresa ha expuesto que las casi 1,400 hectáreas que ocupa del ejido ya no les son tan rentables como antes.
Fue entonces que llegó el 30 de marzo, vencimiento del último contrato, sin ningún nuevo acuerdo de arrendamiento. Desde el primer minuto del pasado martes 1 de abril, los ejidatarios ya tenían un plantón en la primera caseta visible de la empresa sobre el camino hacia el pueblo para impedir cualquier trabajo de la compañía. Ahí están desde entonces.
Este video corresponde al 1 de abril pasado, día en que los ejidatarios comenzaron su plantón en el camino hacia pueblo.
Ayer 30 de abril cumplieron el primer mes de movimiento y en una comunicación por teléfono, los ejidatarios informaron que no hay ningún avance, la empresa no les ha buscado para negociar ninguno de los escenarios, un nuevo convenio o el cierre.
La empresa, de mantenerse en la postura de no renovar el contrato de arrendamiento de tierras para la explotación de minerales, deberían cumplir con el proceso de cierre, establecido en todos los convenios y en las leyes.
El cierre incluye un proceso para el retiro de la infraestructura utilizada para la extracción de minerales a cielo abierto y, sobre todo, el saneamiento de las tierras explotadas. En parte de las hectáreas rentadas la empresa realizaba el proceso de separación del minera de las rocas, que son los patios de lixiviados, donde utilizaban elementos tóxicos y dañinos para la salud, como el cianuro.
Este proceso, según la asesoría que han recibido los ejidatarios, puede llevar años, en los cuales la empresa debe continuar cubriendo un pago por el uso de las tierras.
Pero a un mes del movimiento siguen sin tener contacto con los empresarios para acordar este proceso. Tampoco, dijeron, ningún servidor público del gobierno estatal o federal les ha contactado para hacer cumplir a la empresa.
Se cumplen siete días del plantón que los ejidatarios de Carrizalillo mantienen para impedir los trabajos de Equinox Gold, después de que venciera el contrato de arrendamiento de sus tierras para explotación de minerales. La empresa debe sanear las tierras del ejido antes de retirarse, lo que le llevaría unos cinco años
Texto y Foto: Margena de la O
Chilpancingo
Lunes 7 de abril del 2025
Este lunes están cumpliéndose los primeros siete días del plantón que los ejidatarios de Carrizalillo mantienen en el acceso principal a su comunidad para impedir los trabajos de la empresa minera Equinox Gold, después de que venciera el contrato de arrendamiento de sus tierras para explotación de minerales sin llegar a acuerdos de renovación.
En todos estos días no ha habido acercamiento de la compañía para el proceso legal de cierre, informó el Comisariado Ejidal de Carrizalillo.
Lo último que supieron los ejidatarios es que la empresa ya comenzó a liquidar a algunos trabajadores. Como parte de los acuerdos que los ejidatarios mantuvieron con las compañías que explotaron minerales en el ejido, de manera particular oro, es que un número importante de habitantes del pueblo fueran trabajadores.
Los ejidatarios comenzaron este plantón, ubicado a la altura de la primera caseta visible de la empresa sobre el camino hacia el pueblo de Carrizalillo, desde el primer minuto del pasado martes 1 de abril, porque el 31 de marzo venció el último contrato que firmaron con la empresa Equinox Gold en 2019.
Desde finales del año pasado hay un desacuerdo entre los ejidatarios y la compañía porque no ajustaban los números para renovar el contrato. El argumento de los ejidatarios es que la empresa no quería sostener los términos del anterior contrario porque, según les dijeron, el ejido ya no les era rentable como antes, en lo que no coinciden los ejidatarios, porque en 2024 extrajeron más de 170,000 onzas con un costo de producción que todavía les dejó ganancias.
De acuerdo con la información que compartieron los ejidatarios el día que comenzó el plantón, el contrato que terminó suscribía para los ejidatarios 6.9 onzas de oro anuales por cada hectárea en renta, pero el último ofrecimiento que les hizo la empresa fue de 2.5 onzas. Carrizalillo rentaba a Equinox Gold unas 1,400 hectáreas de su ejido.
En un comunicado formal los ejidatarios difundieron que la empresa pretende reducirles un 64 por ciento del último.
La empresa además se niega, según dijeron ejidatarios, a sostenerles el convenio social, las obras sociales para los habitantes de Carrizalillo que, con los 20 de años de explotación minera son de primera necesidad, como la operación de la Casa de Salud y los medicamentos especializados que les ofrecían a mitad de precio.
Los 175 ejidatarios, en asamblea ejidal, rechazaron la última propuesta que la empresa les hizo a finales de marzo. Su posición es mantener la negociación, pero de tal manera que convenga al ejido; los ejidatarios proponen recibir cuatro onzas de acuerdo con el Comisariado Ejidal de Carrizalillo. “Incluso, después, quedamos que nosotros íbamos a llevar otra propuesta, pero la empresa ya no se presentó”, compartió uno de los ejidatarios.
Parte de la infraestructura de la minera Equinox Gold en Carrizalillo.
Desde antes que terminará el convenio, la empresa giró unos documentos a los parcelarios de Carrizalillo, a quienes también les rentó sus tierras aunado a los ejidatarios, que terminaban la relación de renta, y tampoco les ofreció un acuerdo para el cierre formal.
Derivado de todo esto, los ejidatarios comenzaron el plantón para motivar una negociación de cierre formal de las operaciones mineras, como está establecido en las leyes.
Las autoridades ejidales recordaron que el cierre de las operaciones es todo un proceso que contempla el saneamiento de sus tierras hasta que estén listas para la siembra, como antes, lo que llevaría su tiempo; calcularon unos cinco años. Lapso en el que la empresa también debería cubrirle un arrendamiento.
Pero en estos siete días de plantón no han tenido ningún tipo de acercamiento para negociar una u otra cosa, informaron los ejidatarios. “Lo que esperamos es un cierre. Es un proceso, sabemos que no es de la noche a la mañana, va a tardar como cinco años mínimo”, insistió el ejidatario.
Lo que supieron es que algunos trabajadores ya fueron liquidados.
Las actividades de la empresa siguen detenidas porque el plantón sigue.
Este 31 de marzo venció el convenio de arrendamiento que tenían con Equinox Gold, quien para renovarles les ofrece menos de la mitad de lo establecido en el último contrato. Los ejidatarios montaron un plantón para impedir los trabajos de la minera. De no llegar a acuerdos, la empresa deberá dejar las tierras saneadas al ejido antes de retirarse
Texto y Foto: Margena de la O
Carrizalillo / Eduardo Neri
Miércoles 2 de abril del 2025
Al mediodía de este martes 1 de abril, los ejidatarios de Carrizalillo dieron un recorrido guiado por sus tierras, incluidos los espacios donde está la infraestructura de la minera Equinox Gold, como los campos de lixiviados, que riegan con una mezcla de cianuro y las piletas cargadas de residuos tóxicos, área donde hacen la separación de metales, particularmente el oro, que explota (o explotaba) la minera del consorcio de minas Los Filos-El Bermejal.
Fue posible llegar hasta estos sitios que solo transita personal de la minera porque desde el primer minuto de este martes los ejidatarios comenzaron un bloqueo en el acceso principal de la comunidad, a la altura de primera caseta de la minera, para impedir que la compañía continúe con los trabajos de explotación de minerales, porque el lunes 31 de marzo venció el plazo del contrato que tenían con la empresa y aún no llegan a acuerdos.
Lo que significa que las operaciones de explotación minera a cielo abierto están paradas y los ejidatarios pueden recorrer sus tierras que están en una condición muy diferente a la de hace años, cuando los ejidatarios ancianos todavía sembraban maíz, frijol o calabaza. Con la conclusión del convenio también se cumplieron 20 años de explotación minera.
El conflicto actual, visto desde los ejidatarios, es porque la empresa se niega a aceptar una contrapropuesta que presentaron después de la última oferta que les hizo la empresa en la negociación de hace unos días para renovar el convenio. Equinox Gold les ofreció 2.5 onzas de oro por hectárea al año.
El estira y afloja entre los ejidatarios y la empresa minera comenzó al cierre del 2024, ante el inminente vencimiento del contrato que establecieron ambas partes en 2019. La empresa se niega a mantener los términos de este contrato que venció, con el argumento de que Carrizalillo no les es rentable como antes, según la versión que les hicieron saber a los ejidatarios.
Pero los ejidatarios, quienes han buscado asesoría, están en desacuerdo, las tierras son rentables para la explotación de oro. El problema, inisten, es el procedimiento que usan para la separación de los minerales.
El contrato que terminó suscribía 6.9 onzas de oro anuales por cada hectárea en renta, pero para renovárselos la empresa les ofrecen 2.5, pero los 175 ejidatarios en pleno–la asamblea ejidal– rechazaron la propuesta, están dispuestos bajarse solo hasta cuatro onzas, de acuerdo con el presidente del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, José Luis Rodríguez Saldaña. Carrizalillo tenía rentado a Equinox Gold unas 1,400 hectáreas de su ejido.
Rodríguez Saldaña aclaró que el ejido está dispuesto a negociar con la empresa, pero en un margen que convenga a todos.
Los ejidatarios contemplan en su propuesta más que el número de las onzas. Los miembros de ejido consultados mencionaron la necesidad de que la empresa les mantenga el convenio social, que se traduce en acciones sociales que para los habitantes del ejido se han convertido en primera necesidad. El convenio les permiten mantener las becas para niñas, niños y jóvenes que estudian desde su nivel básico hasta la licenciatura, los apoyos a madres solteras y personas con discapacidad, cubrir necesidades de infraestructura y, además, surtir la Casa de Salud con medicamentos y equipo.
La Casa de Salud ofrece a los habitantes los medicamentos a mitad de precio, porque muchos toman fármacos especializados a causa de males que asocian con la explotación minera. Los patios de lixiviados, donde comienza el proceso de separación del oro de las rocas, usan sustancias tóxicas y están cerca de la comunidad; el habitante Horacio Montiel, por ejemplo, tiene sus tierras y su casa a unos 200 metros de distancia.
En una publicación a principios de este marzo, Amapola, periodismo transgresor documentó que parte de las secuelas de explotación minera en Carrizalillo es la contaminación ambiental y las enfermedades entre los habitantes en diferentes niveles de gravedad. Hay pacientes que necesitan medicamentos de por vida para controlar sus problemas en la piel, los ojos y el sistema respiratorio, sin contar quienes los padecimientos más graves.
“El convenio de colaboración social, parte de ello es para mitigar parte de la actividad que hace la minera”, comenta Alberto Adame Maturana, quien forma del ejido.
El recorrido de la devastación
El plantón de los ejidatarios permitió lo que pocas veces ocurre en Carrizalillo, recorrer los espacios en los que opera la minera. El obstáculo hasta el lunes pasado para cruzar la zona de operaciones no tiene que ver con la distancia, porque prácticamente es parte de la comunidad, las restricciones en el acceso eran para no entorpecer las labores de la compañía.
Pero este martes a mediodía todo estaba despejado. En el trayecto, el presidente del Comisariado Ejidal se da cuenta que la empresa ya desmontó algunas de las oficinas móviles que había en el camino hacia los patios de lixiviados.
Desde lejos, estos patios parecen ser rociados con agua mediante un sistema de mangueras subterráneas, pero de cerca, el olor penetrante alerta sobre algo tóxico. Es una mezcla cianurada, según los pequeños carteles colgados sobre la malla del perímetro, que esparcen sobre el suelo de la zona.
Lo que parece un sistema de riego en funciones permanentemente, seguidas de unas gigantescas albercas de un líquido azul, forma parte del complejo donde se lleva a cabo la separación del metal de las rocas.
La imagen corresponde a los campos de lixiviados en Carrizalillo, los que cuales son rociados con un mezcla cianurada para comenzar el proceso de separación del metal de las rocas.
Lo mismo ocurre, cuando en una parte del camino antes inaccesible, quedan de frente los cerros roídos del complejo de mimas Los Filos- El Bermejal. La profundidad de lo cavado en busca de los metales queda tan expuesta que exhibe el desconsiderado fin de la explotación minera
Desde aquí y en estos momentos de desacuerdo con Equinox Gold, la pregunta que no sobra es cómo recuperarían estos espacios después de 20 años de explotación.
Sanear las tierras, antes del cierre
En el lugar del plantón, el mismo punto que han ocupado en otros años para negociar acuerdos con las compañías, hay varios ejidatarios que son adultos mayores, dispuestos a compartir cómo evalúan esta negación de la empresa para mantener los acuerdos. Aun cuando fueron consultados por separado por los reporteros que llegaron a dar cobertura al plantón, coincidieron en que si la empresa termina de manera definitiva sus operaciones, antes de retirarse debe componerlo todo, dejar las tierras como cuando estaban, porque así lo convinieron desde que establecieron el primer convenio en 2007. Pero las exploraciones y construcción del complejo comenzó antes, al menos desde 2005.
–¿Cómo ve la situación?, –le pregunta un reportero a María Martina Carrera Guillermo, una de las ejidatarias.
–Pues, yo la veo mal por la pinche empresa, porque yo tengo rentada mis tierras, que eran tierras de labor, pero, pues, digo, nos iba a estar pagando de la renta, me voy manteniendo, pero ahorita ya se amachó (encaprichó). Ahorita si se quiere ir que se vaya, que ya no regrese, pero que arregle, –dice determinada la mujer de 86 años.
María Martina, una de las ejidatarias de Carrizalillo.
Para que les entreguen sus tierras como estaban, listas para sembrar, como pide Marcos Peña Barrios, otro de los ejidatarios mayores, con 79 años, significa un proceso que requiere tiempo y un cumplimiento económico. “Para que se vaya nos tiene que pagar hasta que nos entreguen nuestras tierras, así está el papel cuando se arregló todo”, dice el ejidatario.
Al menos necesitarían unos cinco años para el cierre como indican los procesos legales y normativos. “Estamos hablando de todas las actividades que se requieren para un cierre apegado a la normativa, a la ley y, obviamente, que responda a las necesidades de ejidatarios, sobre todo del campesino, es decir, que sus tierras estén en condiciones para que puedan ser trabajadas. Hablamos de un saneamiento integral de actividades que implica la estabilidad de taludes, el tema hídrico, la descontaminación de las parcelas (…)”, comenta Adame Maturana.
La estimación entre los ejidatarios es que ese proceso de cierre les saldrían tan caro a la empresa como si continuara en funciones unos 20 años más, esto no solo por la infraestructura que montaron en el ejido, también por las secuelas de su permanencia.
La contaminación ambiental, que los tiene enfermos y sin agua, porque les cancelaron los manantiales de los que se surtían, es parte de las implicaciones más comentadas, pero las implicaciones trastocan a los habitantes de otras tantas maneras.
El contrato de la renta cierra el 31 de marzo, por lo que, para el 1 de abril esas tierras deben estar en condiciones de ser utilizadas para la siembra
Texto: Marlén Castro
Chilpancingo
Jueves 6 de marzo del 2025
Debido a la que la empresa canadiense Equinox Gold avisó este 5 de marzo que daba por terminada la relación de ocupación de tierras del ejido de Carrizalillo, en donde está ubicada la mina de oro Los Filos-El Bermejal, considerada la más importante del país, los habitantes de esta localidad del municipio de Eduardo Neri, en la zona Centro de Guerrero, exigieron a la minera que el próximo 1 de abril, deben estar en “perfectas condiciones y sin tóxicos” tal cual estaban antes de la renta.
En un comunicado, la mesa ejidal de Carrizalillo informó que el pasado 3 y 5 de marzo, Equinox Gold notificó a habitantes de la comunidad del finiquito de contratos de prestación de servicios conocidos como concesiones.
También pegaron en la comunidad el aviso de terminación de la relación de ocupación de tierras, el próximo 31 de marzo.
Calificaron esta acción de la empresa como un burdo acto porque en la comunidad esperaban a los representantes para la revisión del contrato de renta de las tierras, que la misma empresa solicitó, cuando un notario contratado por Equinox Gold, pegó tal aviso.
Los ejidatarios calificaron esta actitud de la empresa como un chantaje para que accedan a firmar un contrato nuevo, desventajoso para el ejido.
En el comunicado, la mesa ejidal recuerda que en Carrizalillo se ubica el 80 por ciento de las áreas estratégicas de la empresa.
Reconoce que la empresa está en su derecho de dar por finiquitado el contrato mientras el ejido reclamará, con base en las leyes ambientales vigentes, que deje las tierras plenamente rehabilitadas para darle continuidad a su actividad de origen, la de ser campesinas y campesinos.
El ejido le recuerda a la empresa que las leyes al respecto son claras, por lo que pelearán por la restitución y rehabilitación, que no aceptarán cierres incompletos, mal hechos, parciales y con una montaña de pasivos ambientales que serán perpetuos si no se cierran adecuadamente.
En el comunicado dicen que lamentan la reacción tardía del subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, quien se puso de lado de la empresa canadiense para imponer sus condiciones al ejido.
La mina los Filos-El Bermejal, un yacimiento a cielo abierto, inicio operación en 2005 y en 2007, la empresa que tenía entonces la concesión, Gold Corp, produjo la primera barra de oro.
En estos 20 años, el ejido de Carrizalillo y varias comunidades del Centro de Guerrero fueron impactadas negativamente, por la contaminación ambiental, por lo problemas de salud graves que registran sus habitantes y por la violencia.
La organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) tiene documentados 58 asesinatos y once desaparecidos, como resultado de la ola de violencia que generaron grupos del crimen organizado para hacerse del control de la zona debido al dinero de los ejidatarios, obtenido por la renta de las tierras y concesiones de diferentes servicios a la empresa.
En cuanto a la salud, también hay un registro de más de 50 personas muertas por enfermedades relacionadas con la operación minera.
Los diputados de Morena aprobaron sorpresivamente una reforma a la ley minera que no dejó satisfechos ni a activistas ni a empresarios. Pero quizá el problema es mayor de los alcances que pueda tener la ley. Aquí los claroscuros de la discusión
Texto: Daniela Pastrana / Pie de Página
Foto: José Miguel Sánchez / Archivo Amapola
Ciudad de México
Fueron 4 horas de alegatos. De la euforia de unos, que presumían sus acuerdos con los empresarios, al reclamo de los otros, que los llamaban “hijos de Larrea”, los acusaban de llevar a la ruina al país o reclamaban la falta de consultas, con total amnesia de que su partido entregó el país a las empresas mineras.
Al final, Morena se impuso. De madrugada, por sorpresa, con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de diversas leyes de minería y agua, con una propuesta distinta a la iniciativa elaborada por el gobierno federal. El proyecto pasó al Senado, que tendrá que discutir una reforma que no dejó a nadie contento.
Quienes se habían esperanzado con la propuesta de reformas que había presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quedaron decepcionados por el resultado. Quienes estaban en contra piden ahora al Senado una nueva revisión. Pocas voces ponderaron lo aprobado. Entre ellas, la investigadora de la UAM y amplia conocedora del tema, Violeta Núñez, quien declaró en Momentum: “Desde mi perspectiva es un avance muy importante”.
Nudo desatorado y reforma exprés
El pasado 28 de marzo se publicó en la Gaceta Oficial de la federación una iniciativa que reformas a cuatro legislaciones: Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua.
La propuesta enviada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sorprendió a propios y extraños y logró concitar la aprobación de muchos activistas. Sin embargo, la discusión se había aplazado y los diputados del partido gobernante se enrollaron en declaraciones contradictorias.
El jueves por la tarde, de forma inesperada, el nudo se desatoró. Morena presentó una nueva propuesta de reformas que flexibilizó modificaciones relacionadas con el uso del agua, desmonte de las presas de jales, la contraprestación a las comunidades, así como el otorgamiento, duración y causales de cancelación de las concesiones.
El propio coordinador de Morena, Ignacio Mier, celebró haber acordado la propuesta con la Cámara Minera de México, en una reunión en la que también estuvo el secretario de Gobernación.
“Él (Adán Augusto López ) nos ayudó. Fue fundamental su participación con relación al artículo 13 y que se precisara la contraprestación que darán (las empresas) a las comunidades por la concesión de las minas”, dijo Mier al diario La Jornada.
Adiós a carácter preferente y a la especulación
En Momentum, Violeta Núñez aseguró que, pese a las modificaciones hechas por los diputados a la propuesta original, las reformas conservan los “elementos estructurales” que habían sido demandas históricas de los pueblos.
La principal, insistió la académica, es que se eliminó el carácter preferente de la minería. Ese carácter había quedado establecido en el artículo 6 de la Ley Minera que se aprobó en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que establecía que la minería tiene preferencia sobre cualquier otra actividad económica, “dándole todo el poder a las empresas”.
Otros elementos clave son la eliminación del proceso expropiatorio (actualmente las empresas tienen el derecho de obtener la expropiación de terrenos) y las condiciones preferentes sobre el agua. Además de que establece que las concesiones pueden ser objeto de garantía para el cumplimiento de obligaciones, “siempre que la mina esté en operación”. Eso, explicó la especialista, es fundamental para evitar la práctica especulativa generalizada que existe en la industria minera. “Eso es importante porque lo que vimos durante años es que se entregaban las concesiones y se quedaban durante años sin operar, porque se usaban para el proceso especulativo”.
Núñez enlistó otros elementos destacables de la reforma aprobada:
-La prohibición del otorgamiento de concesiones en Áreas Naturales Protegidas y donde se ponga en riesgo a la población en zonas de falta de disponibilidad de agua
-La prohibición expresa de la minería marina. “Es muy importante por lo que ya está ocurriendo, que es el avance de las mineras hacia el mar”
-La incorporación de la consulta previa libre e informada a los pueblos, a la que se agregan elementos importantes: culturalmente adecuado y de buena fe. “No nada más es una consulta, tiene que haber consentimiento de las comunidades no solamente de la exploración y explotación, sino de las concesiones”.
– La obligatoriedad de tener una manifestación de impacto ambiental y un estudio de impacto social, además del establecimiento de delitos, que pueden llevar a prisión, y de causales de cancelación cuando se infrinja a ley.
Focos rojos
Pero no todos los activistas estuvieron de acuerdo. Para muchos, el gobierno cedió a las presiones de los empresarios mineros.
Los dos principales reclamos a la reforma aprobada son la modificación del tiempo de las concesiones y de las contraprestaciones a las comunidades.
En el caso de las contraprestaciones, la propuesta aprobada redujo a 5 por ciento el porcentaje que las empresas deben dar a los pueblos afectados. La propuesta original establecía 10 por ciento.
En cuanto a los plazos de las concesiones, que actualmente se entregan por 50 años con prórroga de otros 50 (es decir, las empresas pueden mantener una concesión hasta 100 años). La propuesta enviada por el presidente reducía el plazo a 15 años prorrogables a 30. Pero la propuesta aprobada amplió de nuevo el plazo, con un primer periodo de 30 años y dos prórrogas de 25.
Aunque son los elementos más nombrados en las notas sobre las reformas, quizá no son los más graves. Un cuadro comparativo que circuló en grupos de activistas incluye 5 focos rojos de las reformas aprobadas y tienen que ver, sobre todo, con el agua:
Tema
Iniciativa del Presidente
Iniciativa aprobada
Implicaciones
Vigencia de la concesión de agua
5 años, prorrogable durante toda la vigencia de la concesión minera siempre que cumplan con normatividad
30 años, prorrogable
La prórroga quinquenal de la concesión de agua es vital para obligar a la minera a cumplir con sus obligaciones ambientales
Agua de laboreo (el agua que sale sin ser extraída, por interrumpir los flujos subterráneos)
Requeriría concesión y pago de derechos
NO requeriría de concesión ni pago de derechos
Las mineras seguirán obteniendo por lo menos el doble del volumen disponible y concesionado, sin concesión
Acaparamiento del agua
Se pone un tope al % del agua de una cuenca o acuífero que puede ser concesionado a una minera
No hay tope al % concesionable a una minera
Hay mineras que cuentan con concesiones que representan hasta 84% del agua de un acuífero
Ocupación temporal
La concesionaria tendría que negociar con los núcleos agrarios o particulares para determinar las condiciones bajo las cuales podrían ocupar sus tierras
Se establece la ocupación temporal como DERECHO del concesionario, pendiente compensación determinada por INDAABIN
Seguirá la impotencia de las comunidades frente a la destrucción de sus tierras
Desmonte de presas de jales actuales
Mineras con presas de jales en cauces tendrán que iniciar su desmonte en 365 días
No se requerirá del desmonte de presas de jales a menos que la autoridad compruebe que representan un riesgo
La Profepa no cuenta con el personal o recursos para comprobar riesgo a prueba de juicios, cuando la LAN de por sí no permite la peligrosa práctica de depositar jales en cauces
El “peligro”: la rectoría del Estado
Otros inconformes con las reformas aprobadas fueron los legisladores de oposición, quienes durante la sesión argumentaron de todo.
El priísta Ildefonso Guajardo, por ejemplo, sostuvo que la iniciativa “llevará a la parálisis de un sector que representa 10 por ciento del sector manufacturero y empleo para 2.5 millones de mexicanos”.
En el sentido contrario, Salvador Caro, único diputado de Movimiento Ciudadano que votó contra la reforma, acusó a los morenistas de favorecer a los más ricos y ser “lacayos de (Germán) Larrea y Carlos Slim”.
Por su parte, el panista Román Cifuentes olvidó que los gobiernos de su partido son los que más concesiones mineras han entregado en la historia y reclamó en tribuna que la aprobación fast track de la reforma “cancela la posibilidad de escuchar a sectores involucrados, academia, procesos indígenas”.
Los empresarios (al menos los que no estuvieron en la reunión con el secretario de Gobernación) también reclamaron la reforma y pidieron al Senado una discusión mayor.
La industria minera mexicana es demasiado importante para ser objeto de una legislación de la noche a la mañana impulsada por la ideología y no por un debate técnico y legal serio”, escribió en Twitter Jorge Alberto Ganoza, fundador de Fortuna Silver Mines.
Para el sector privado, la ley aprobada viola compromisos incluidos en acuerdos comerciales como el T-MEC.y el TIPAT.
De acuerdo con los medios financieros, los empresarios mineros ubican como problema principal de la iniciativa que la exploración “sigue con un enfoque de control y rectoría por parte del Estado” que va contra de las inversiones.
Otro punto problemático es que, en la reforma aprobada, “la transmisión de concesiones solamente se puede hacer libremente entre empresas del Estado, mientras que los privados deben de pedir autorización, cuando en la actualidad solamente está sujeto a registro”.
El daño es mucho, pero puede ser peor
La propuesta enviada por el Ejecutivo a la Cámara el 28 de marzo sorprendió a todos, pero extrañamente había logrado el visto bueno de muchos activistas
Aunque no de todos. Miguel Mijangos, quien durante décadas ha asesorado a comunidades afectadas por las minas, considera que la iniciativa del presidente es limitada, porque regula la actividad, pero no cambia el modelo extractivo. Incluso, ve un riesgo en la posibilidad de que el Estado comparta responsabilidades con las empresas.
Además, dice, la iniciativa gira en torno a las concesiones, cuando éstas son uno de varios trámites que implica la actividad minera.
Mijangos enlista otros problemas, como el hecho de que los porcentajes de contraprestaciones para las comunidades afectadas (no importa si es 10 o 5) sean sobre las utilidades (que se reduce aún más después de descontar todos los gastos de operación e impuestos).y no sobre la producción.
“No cambia el modelo extractivo ni la lógica. No hay un cambio real para las minas que ya operan, ni para los pueblos en los que están instaladas”, dice Mijangos.
Puesto sobre ese argumento, el abogado mixteco Francisco López Bárcenas, autor de varios libros sobre legislación minera, coincide en que, para las comunidades que ya tienen una mina operando en su territorio no habrá un cambio sustantivo.
“Eso es real”, dice. Lo explica con una metáfora: “Es como si tienes una diabetes y te dan medicina para controlarla; controlas la enfermedad, pero tu diabetes sigue ahí”.
Sin embargo, López Bárcenas si ve en la propuesta de ley que envió el presidente una posibilidad de frenar la expansión minera después de la administración de López Obrador.
“El daño es mucho, ciertamente, pero puede ser peor. Hay todavía muchos minerales que explotar en México. Por eso es importante que se apruebe la reforma (se refiere a la propuesta inicial del presidente, no la que aprobaron los diputados). No para lo que ya está, sino para el futuro”, dice.
La decisión ahora está en la cancha del Senado.
Aspectos de la mina a cielo abierto Equinox Gold, propiedad de le empresa canadiense Gold Corp, en Carrizalillo, en la zona norte de Guerrero. Foto: José Miguel Sánchez (Archivo Amapola)
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan 16 de abril del 2023 Chilpancingo
El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet), después de 11 años de lucha contra los proyectos extractivistas, recibió ayer de parte del Alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, un acuerdo de Cabildo donde se niegan permisos de exploración, explotación u obras a proyectos relacionado con las concesiones mineras en el municipio.
Fue durante una sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el 13 de marzo del 2022, que se acordó dicha determinación.
La Craadet es una organización agraria que aglutina a los pueblos originarios mè’phàà y na’savi de la zona conocida como Costa Chica-Montaña. Desde 2012 reúne a los núcleos agrarios de Malinaptec, Iliatenco y San Luis Acatlán, a través de foros bimestrales en los que se discute, informan e intercambian experiencias, preocupaciones y estrategias sobre la defensa de su territorio.
Además da seguimiento a las propuestas surgidas en las asambleas regionales, los integrantes se reúnen con actores externos que acompañan su lucha y con personas o comunidades con experiencias de resistencia a la minería e implementa estrategias mediáticas y políticas a nivel nacional.
El Craadet impulsa desde su fundación hace casi 11 años, que los cabildos municipales declaren su territorio libre de minería y obligan a las autoridades municipales a no otorgar licencias de cambio de uso de suelo.
La entrega del documento lo realizaron el 15 de abril durante una asamblea que realizó la Craadet en la comisaría de Bienes Ejidales de San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero.
Las autoridades comunitarias y agrarias esperaban este compromiso que el alcalde de San Luis Acatlán realizó con los núcleos agrarios.
Con esta determinación, San Luis Acatlán se vuelve el segundo municipio en Guerrero en no permitir la entrada de las empresas mineras. Iliatenco, desde octubre del 2022, ya presentó un acta de acuerdo de Cabildo para rechazar cualquier acción o actividades relacionadas con la entrada de las empresas mineras en su territorio.
Ambas actas serán enviadas al Congreso local para que sean votadas en el pleno y posteriormente publicadas en el Periódico Oficial.
Las autoridades comunitarias y municipales hicieron un llamado a los diputados locales para que los acuerdos de Cabildo sean aprobados y publicados.
«Sabemos que no es fácil, porque es meternos en problemas con los grandes intereses capitalistas que involucra a las empresas mineras y al gobierno. Como presidente de esta organización festejo este acuerdo de Cabildo y ahora quedará como algo histórico para el municipio de San Luis Acatlán, de que sus autoridades acuerden y se pronuncien en contra del saqueo de sus recursos naturales”, mencionó el presidente de la Craadet ,Claudio de los Santos García, durante la entrega del acuerdo.
En dicho evento, Santos García llamó al Ayuntamiento de Malinaltepec a sumarse al acuerdo de Cabildo de Iliatenco y San Luis Acatlán, para que se sume al rechazo de la explotación minera en su territorio.
Mencionó que el alcalde de Malinaltepec, del Partido Encuentro Social (PES), Acasio Flores Guerrero, no da respuesta a la solicitud de la Craadet «a pesar de que ese municipio cuenta con el mayor número de núcleos agrarios».
La Craadet advirtió que seguirán en la defensa de su territorio «desde la Montaña a la Costa Chica de nuestra entidad. Se trata de la defensa de la vida, de sus muertos, de los ríos, ciénegas y de sus cerros sagrados. Es por eso que no permitiremos que los proyectos de muerte se impongan y devasten el territorio».
El alcalde de San Luis Acatlán mencionó que apoyará la lucha por la defensa del territorio.
“Como Cabildo daremos seguimientos a los actos legales que se nos requiera y continuaremos haciendo todo lo necesario para que jamás se instalen las mineras en el territorio de San Luis Acatlán», comentó Hernández Martínez.
El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet) en asamblea recibió el acta de acuerdo del cabildo municipal donde se niegan permisos y proyectos relacionado con las concesiones mineras en el municipio San Luis Acatlán. Foto: Tlachinollan
La mayoría de las minas de metal en México operaban sin permisos para extraer agua o sin reportar los daños al medio ambiente que ocasionan. El panorama de cumplimiento de regulaciones está en un estado crítico, permitido por la ley desde hace tres décadas, concluye un informe cartográfico de organizaciones sociales.
Texto: Arturo Contreras Camero / Pie de Página
Foto: Ivan Bandura / Unsplash
14 de abril del 2023
Ciudad de México
El marco regulatorio tan laxo para la minería que existe en México permite que más del 80 por ciento de las minas que existen en el país operen sin reportar los daños y los contaminantes que emiten al agua, al aire o a la tierra derivado de sus operaciones. Tampoco reportan la cantidad de minerales que extraen de cada proyecto ni cuánta agua usan.
Las minas operan como si no hubiera una ley que les regule, aseguraron integrantes del colectivo Cambiémosla Ya, que integra a organizaciones civiles que acompañan a comunidades afectadas por la minería. El colectivo presentó un trabajo de análisis realizado durante más de un año de recopilación de información y estudios de datos mineros en México, lo que les permitió desarrollar un panorama amplio de esta actividad, que es potencialmente tóxica.
“Después de 31 años de operar con la cancha completamente abierta, ante una crisis climática y de abastecimiento de agua que se vive en el país, vemos la necesidad de cambiar estas leyes”, dijo Dolores Rojas, coordinadora del eje verde la fundación Heinrich Böll, dedicada a la ecología.
Por su parte, Manuel Llano, geógrafo de CartoCrítica, una iniciativa civil sin fines de lucro que busca la transparencia de la información socioambiental, y quien realizó el estudio, aseguró que el análisis revela un panorama crítico en cuanto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental que hace la industria minera en México.
“Dada la naturaleza potencialmente tóxica de los contaminantes asociados con la minería metálica, como el cianuro y los metales pesados, estos resultados son especialmente alarmantes”, añadió.
El trabajo realizado desde CartoCrítica descubrió que en el país hay unas 188 mil 320 hectáreas repartidas en 874 proyectos mineros que están operando en el país. A pesar de que se tiene un registro de cuantas minas hay en México –y cuántas hectáreas abarcan–, no todas se encuentran siendo explotadas, por lo que este es un cálculo inédito.
De alguna manera, este estudio permite dimensionar el tamaño del “monstruo”, como llamaron las integrantes de la colectiva a la industria minera en México. De ese universo minero, se analizaron especialmente 249 minas donde se extraen metales como oro, plata, cobre, zinc o plomo, pues son las que representan el 80 por ciento de las ganancias por explotación minera en el país.
Una tarea titánica
Según explicó Manuel Llano, de CartoCrítica, la información sobre la minería en México está sumamente desintegrada, repartida en diferentes registros, oficiales, privados y de agencias nacionales y extranjeras que a veces no coinciden entre sí. Esto, agregó, ha hecho que no podamos conocer públicamente la producción de cada una de estas minas, su ubicación o extensión. En otras palabras: no tenemos idea de la cantidad de recursos naturales que acaparan y destruyen, ni cómo gestionan su impacto ambiental.
Para ser específicos, las mineras en México no reportan públicamente la cantidad de minerales que extraen en cada tajo. Tampoco hablan de la cantidad de agua que utilizan, de cuánta contaminan, ni cómo la disponen. Mucho menos, de cuántas hectáreas forestales fueron convertidas en tajos a cielo abierto.
Así, mediante la consulta de diversos repositorios, las personas que forman CartoCrítica lograron conformar un registro preliminar de datos. Estos datos los fueron ubicando sobre un mapa para generar un sistema de información geográfica que contiene la mayor cantidad de información disponible sobre la ubicación y características de las actividades mineras en el país, así como sus condiciones de gestión ambiental. El mapa está libre para consultarse en este enlace.
Una operación irresponsable y sin licencias
Después de recopilar y analizar esta información, CartoCrítica cotejó cuántas de estas empresas tienen licencias o permisos para operar de la forma en que operan. A la vez, se verificó si estas empresas publicaron su información respecto a sus evaluaciones de impacto ambiental, su manejo de depósitos o presas de jales (grandes presas donde se almacena agua tóxica llena de químicos dañinos usados durante el proceso minero). Del mismo modo, se analizó cuántas concesiones de agua tienen, y si tienen permiso de descargas de aguas residuales o registros de emisiones contaminantes al aire, al agua o al suelo.
A partir de ello, se determinó que el 38 por ciento de las minas de metal no cuentan con una Manifestación de Impacto Ambiental, un documento que prevé los daños que un proyecto industrial pueda generar al ambiente y propone maneras de mitigarlo. 23 por ciento no tiene información de cómo operan sus presas de jales, y el 72 por ciento no cuenta con permiso de descargas de aguas residuales
El grado de incumplimiento es tal que, minas enormes, como la de Buenavista del Cobre, que opera Grupo México en Sonora, no reportan las afectaciones que han hecho al ambiente o a las poblaciones cercanas. En 2014 esta mina vertió más de 40 mil litros de lixiviados (líquidos tóxicos de las presas de jales) en los ríos Bacanuchi y Sonora, en lo que se considera el peor desastre ambiental en la historia del país. Sobre ese hecho no hay ni un solo reporte oficial.
Foto: Ivan Bandura / Unsplash
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
Por tercera ocasión intentan activar una mina de pétreos que taparía manantial Las Lajas y afectaría río Suchiapa, ambos cuerpos de agua indispensables para abasto en la región de ese municipio.
Texto: Rodrigo Soberanes / La Marea
Fotografía: Cortesía / La Marea
10 de abril del 2023
La zona de producción de agua de Coatepec enfrenta un riesgo más por la activación de un viejo proyecto de minería a cielo abierto situado en las inmediaciones del río Suchiapa y del manantial Las Lajas para el cual fueron tramitados permisos de usos de dinamita dentro de en una Unidad de Gestión Ambiental.
Es el tercer intento de sacar adelante un proyecto minero de extracción de graba en un peñasco conformado por lajas, ubicado en la zona de bosque de niebla de Coatepec. Los dos primeros intentos ocurrieron en 1992 y 2005, pero en ambas ocasiones la oposición ciudadana ayudó a que no se lograran.
En realidad, las autoridades nunca negaron por completo el permiso, sino que el dueño del predio donde está el peñasco no pudo reunir la larga lista de requisitos para dar luz verde a la extracción de graba.
Esta ocasión, ya en 2023, vecinos de la zona vieron signos de reactivación en el predio donde se encuentra el peñasco que les causaron alerta, como entrada de maquinaria, de personas que chapenan y dos guardias de seguridad armados.
De acuerdo con personas entrevistadas por La Marea, esa información fue corroborada de manera informal dentro de una institución federal y en el propio ayuntamiento.
Es información confirmada. Por ese motivo, este 5 de abril un total de cinco organizaciones emitieron un comunicado dirigido al gobierno de Veracruz, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al municipio de Coatepec donde advierten sobre la reactivación del proyecto, que dejaría sin consumo de agua a más de 3 mil personas de la zona norte de Coatepec.
“Se pretende reactivar la explotación de una mina de pétreos a cielo abierto, en el predio “Las Lajas”, municipio de Coatepec, Ver, predio que funciona como recarga de acuíferos que surten a varias colonias, localidades y congregaciones de ese municipio.
El predio de Las Lajas, está en la cúspide del parteaguas de una elevación rocosa, que en sus partes bajas, tiene un importante manantial de agua limpia que se destina para consumo humano a más de 3000 personas”, dice el documento.
Imagen del peñasco que pretenden explotar para extraer materiales pétreos. Foto: cortesía.
El terreno está dentro de la Unidad de Gestión Ambiental UGA 91-Cinco Palos Río Atopa, desde donde se generan diversos servicios ambientales para la región de Coatepec. De hecho la razón de ser de la UGA es la preservación-Conservación con criterios aplicables de Agroforestal “y no permite ni la industria ni lo urbano”, es decir, “es negativo para un banco de material”.
A pesar de eso, el ayuntamiento de Coatepec envió un documento a la Dirección General del Registro Nacional de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en septiembre de 2013 avalando la solicitud de 400 kilogramos de “alto explosivo” (dinamita) al mes, 10 toneladas de agente explosivo al mes y otros elementos para dinamitar como cordón detonante.
El documento constancia-certificado, firmado por el entonces alcalde José Manuel Sánchez Martínez, describe que la autorización sería para “labores conectadas con la explotación de Banco y extracción de Piedra Basáltica” en la finca Las Lajas ubicada en la ranchería de Chopantla, ubicada en la congregación de Consolapa, en Coatepec.
Según el documento, la finca Las Lajas, donde se encuentra el peñasco, es un lugar “que por sus condiciones, situación y medidas de seguridad adecuadas, no representa peligro para mantener el orden público, está protegido contra robos y garantiza la tranquilidad de la población”.
Quien solicita el permiso es una persona llamada Eugenio López Alvarado quien, en octubre de ese año, recibió una revalidación de permiso por parte de la misma instancia de la Sedena para utilizar 33 mil 720 kilos de alto explosivo y 129 mil 280 kilos de agente explosivo en tres diferentes proyectos ubicados en Córdoba, Zongolica y Tezonapa.
Información recabada por pobladores en las inmediaciones de Las Lajas apunta a que los interesados en establecer la mina “ya tienen permiso del Ejército” lo cual hace deducir a las personas afectadas que ya tendrían un nuevo permiso para dinamitar. “Han dicho que tienen el respaldo del ejército y lo va a lograr”.
Las organizaciones que emitieron el comunicado señalaron que, a diferencia de los tiempos que corrían cuando sucedieron los primeros intentos, “hoy en día la situación ya es grave” por el “estrés hídrico” de una región productora de agua presionada por el crecimiento inmobiliario, la tala, el cambio climático y el avance del la siembra de papa realizada como monocultivo y uso de agroquímicos.
Camino abierto entre el bosque de niebla que da acceso al predio Las Lajas. Foto: cortesía.Afluente del río Suchiapa, uno de los más limpios de esa región de Veracruz. Foto: cortesía.
Quienes firman son la Asociación de Vecinos del Río Suchiapa AC, la Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla AC, el Consorcio Campestre Las Arboletas y el Patronato Proagua Consolapa.
Este último mantuvo acercamientos con el actual alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, quien hasta el momento no ha mostrado su intención de preservar el manantial Las Lajas y el rio Suchiapa pese a las consecuencias de desabasto de agua que están a la vista si se activara la mina.
“Si se abre la mina, sería una catástrofe desde el punto de vista del agua. Sería una crisis de abasto de agua muy grave para el ayuntamiento de Coatepec”, señaló la integrante de una de las organizaciones firmantes, cuyo nombre no se publica por razones de seguridad.
El pasado 28 de marzo el Ejecutivo envió al Congreso la Ley Minera, que entre otros puntos, quita prioridad a proyectos mineros y realza la capacidad de las comunidades a hacer prevalecer sus derechos por encima de esos proyectos.
caja de captación del manantial Las Lajas.
Este texto es propiedad de La Marea. Periodismo en Veracruz y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
Después de que ayer autoridades estatales, municipales y las empresas mineras asentadas en las cercanías del río Balsas se comprometieron a limpiarlo de residuos sólidos, especialistas consideraron que faltan muchas cosas por hacer si se toma en cuenta que la minería deja muchos más daños
El acuerdo entre las autoridades y las empresas fue que limpiarán el tramo del río Balsas que corre de Mezcala a la Presa del Caracol, en la zona Norte de Guerrero, que ya acumula entre 250 y 300 toneladas de residuos sólidos que contaminan el agua de las comunidades de los municipios de Eduardo Neri, Heliodoro Castillo, Cocula, Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso, zona donde hay explotación minera a cielo abierto.
Las minas que operan en la zona son Equinox Gold y Media Luna. En el acuerdo nunca mencionaron de los residuos que generan estas mineras en el ambiente, incluido el río que, de acuerdo a la documentación de periodistas, provocan grandes daños a la salud de los habitantes.
Lo que sí destacaron es que aportaron 500,000 pesos para la limpieza y una cantidad similar las autoridades.
Para la especialistas y académica en temas del cuidado del agua y el medio ambiente, no es suficiente limpiar de residuos sólidos los ríos, «se tendría que ver también de qué manera desecha su drenaje ácido en el Balsas y hacerse responsable de eso».
Información de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA) indican que la minería es una de las industrias que más necesitan agua para funcionar en el mundo, lo que afecta a la cantidad, disponibilidad y calidad en las zonas cercanas.
«La minería de tajo a cielo abierto propicia la erosión y contaminación de los suelos y arrasa de manera permanente con la orografía de los territorios en los que se realiza. La deforestación causada por esta industria afecta tanto el hábitat local de cientos de especies, como los flujos de agua que abastecen a diversas comunidades», se lee en un artículo de la AIDA.
A nivel más local no se tienen números de cuánta agua toman estas minas del río Balsas ni en qué condiciones de contaminación es vertida una vez que se ocupó.
Las minas no entregan dicha información y la autoridades son laxas al no exigirlas.
«La actividad minera consume grandes cantidades de agua que desecha en forma de drenaje ácido. Estos residuos pueden llegar a contaminar las aguas superficiales y subterráneas de los territorios con metales tóxicos».
Aspectos de la mina a cielo abierto Equinox Gold, propiedad de le empresa canadiense Gold Corp, en carrizalillo, en la zona norte de Guerrero. Foto: José Miguel Sánchez (Archivo Amapola)
Pobladores y comuneros de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, levantaron el bloqueo que tenían en la carretera que conduce al complejo minero Los Filos – El Bermejal, después de una reunión con representantes legales de la empresa.
Los comuneros de Mezcala tuvieron el bloqueo durante cuatro días porque la empresa canadiense Equinox Gold incumplió el convenio de colaboración con la población.
La reunión se realizó en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, donde los comuneros firmaron una minuta de acuerdos con la Equinox Gold para reunirse el próximo 14 de septiembre y abordar las demandas.
Como muestra de buena voluntad, los comuneros levantaron el bloqueo.
Los puntos incumplidos del convenio fueron: recurso económico para trabajos de reforestación y riego, la entrega de 250,000 avelines (cría de mojarra tilapia) para el grupo de pescadores de la comunidad y contrato de prestación de servicios para la comunidad.
Rubén Darío López López, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Mezcala, dijo que en la mesa de trabajo se discutieron todos los puntos del convenio de colaboración que tiene Equinox Gold y los comuneros de Mezcala.
El objetivo de la mesa de trabajo fue para que una asesora legal externa de la Equinox Gold agendará una reunión con los directivos que puedan solucionar las demandas de los comuneros.
En una reunión a puerta cerrada donde estuvieron la apoderada legal, los comuneros y personal de la Secretaría General de Gobierno, se acordó levantar el bloqueo como muestra de buena fe.
Otro de los puntos fue la contratación de locales para diferentes servicios a la minera, a lo que Carlos García, director general del complejo, se negó y no respetó esa parte del acuerdo.
«En la próxima se pondrá ese tema sobre la mesa y se hará una lista en cuanto a los contratistas locales que no han tenido sus órdenes de compra para ver si se pueden integrar», mencionó López López.
Después de la reunión del día 14 de septiembre se agendó una para el 24 del mismo mes, donde finalmente les darán una respuesta a las peticiones de los comuneros.
Comuneros de este poblado del municipio de Eduardo Neri, quienes cumplen cuatro días en plantón en uno de los accesos de la mina que pertenece a la compañía canadiense Equinox Gold, denunciaron que en los últimos diez años la actividad minera ha provocado la mortandad de peces en el río Mezcala.
Los pescadores de esta comunidad denunciaron la muerte masiva de peces y por ese motivo suspendieron su actividad de pesca que representa para ellos un sustento económico para mantener a sus familias.
Este lunes 5 de septiembre, unos 400 comuneros cerraron el acceso a la mina, impidiendo la entrada de los vehículos que surten cianuro, explosivos y otros materiales, además, también a los contratistas que vienen de otros estados del país.
Rubén Darío López López, presidente de los Bienes Comunales de Mezcala, contó que un trabajador de la mina le dijo que debido a la protesta que desde hace cuatro días mantienen los comuneros, las afectaciones de la compañía minera ya se reflejaron con la disminución de la extracción de oro y otros metales.
Los que participan en la protesta son, en su mayoría, los comuneros que rentan sus tierras a las distintas compañías mineras que desde hace más de 18 años explotan los yacimientos.
A esta empresa canadiense, los comuneros le rentan 500 hectáreas de tierras pero el representante de esta compañía extranjera, Carlos García, de origen chileno, les quiere bajar el costo por la ocupación.
La mina que opera en Mezcala es subterránea a diferencia de la que está ubicada en la comunidad vecina de Carrizalillo que es a cielo abierto.
«Este señor (Carlos García) nos ha dicho que nos va a rentar menos tierras y a un menor costo y eso no nos conviene», afirmó López López.
«En los 18 años en que hemos rentado nuestras tierras a distintas compañías mineras, los conflictos sociales de diversa índole nos los han heredado como son los problemas delincuenciales, de salud y, lo principal, del medio ambiente y eso se refleja en los cerros devastados», aseguró López López.
En el tema del medio ambiente, el dirigente de los comuneros mencionó que ellos ya acordaron la contratación de un laboratorio que realice los estudios científicos del río Mezcala para determinar si esa contaminación que tiene cada temporada de lluvias es provocada por la mina al arrojar residuos tóxicos.
«La empresa minera nos ha dicho que ellos a través de un laboratorio certificado realizan sus estudios y que no hay ninguna contaminación del río pero obviamente no les creemos», dijo López López.
Es en cada temporada de lluvias cuando los pescadores de Mezcala se dan cuenta que al verterse las aguas rojas de la mina al río es cuando los peces se mueren.
Una de las salidas que pudiera haber para solucionar este problema es que la compañía canadiense cumpla el compromiso firmado en una minuta la entrega de 250 mil alevines para cría de mojarras a las 30 familias que se dedican a la pesca.
La empresa minera canadiense Torex Gold que explota los yacimientos mineros en el municipio de Cocula, les entrega a los pescadores del río Balsas cinco millones de alevines, dijo López.
En el cuarto día de protestas de los comuneros que le rentan las tierras a la Equinox Gold, tuvieron una plática con el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, quien solo les comunicó que este viernes a las 12 del día varios representantes de la minera estarán en las oficinas de la Secretaría de Gobierno en Chilpancingo para un diálogo.
López López dijo que confían que haya una solución en esa plática con los enviados de la compañía minera pero que si no es así seguirán con el plantón en el acceso a la mina.
Los comuneros exigen que la Equinox Gold cumpla con los acuerdos que estableció con ellos como es mantener el precio de la renta de sus tierras, la aportación de diez millones de pesos en un lapso de diez años que se utilizan para la irrigación en zonas deforestadas.
La deforestación de los cerros en Mezcala se provocó precisamente por la actividad minera.
Sin embargo, la Equinox Gold se ha negado a dar ese recurso puntualmente a la comunidad.
Otro de las cláusulas incumplidas por la Equinox es la contratación de los servicios de la maquinaria, transporte y otros servicios a pequeños empresarios de la comunidad.
También la compañía minera no cumplió con meter maquinaria para el rastreo de caminos durante el período de cosechas.
«Fue un convenio con demandas sociales que establecimos con la compañía minera y que ahora se niega a cumplir a cabalidad y por eso vamos a mantenernos aquí hasta que cumpla», advirtió López López.
El grupo de comuneros están debajo de varias carpas que les sirve para cubrirse de los rayos del sol.
Carne frita de puerco tortillas, agua y refrescos es lo que este jueves disfrutaron los plantonistas.
Comuneros de la población de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, culparon a los directivos de la minera canadiense Equinox Gold, que opera en sus tierras comunales, de incumplir los acuerdos de apoyo social y medio ambiente que tienen con la población.
Por el incumplimiento de los acuerdos, los comuneros bloquearon la carretera que conduce al complejo minero Los Filos e impiden el ingreso de las pipas de cianuro y los cargamentos de explosivos.
En conferencia de prensa, los comuneros de Mezcala culparon al gerente general y al director de la mina, Gregor Bush y Carlos García, respectivamente, de tener actitudes soberbias y arrogantes con los comuneros.
«Somos pares, tanto ellos como nosotros los comuneros somos autoridad, pero ellos por extranjeros se creen superiores y no quieren cumplir», mencionó Alfredo Guevara, comunero de Mezcala.
La Equinox Gold incumplió con los comuneros pagos por concepto de reforestación y riego, entrega de 250,000 Avelines (cría de morrajas) a los pescadores, la renta de servicios y maquinaria.
Alfredo Guevara catálogo el incumplimiento de esos acuerdos como «la punta del iceberg» de los problemas que genera la mina.
«Lo que Carlos García pretende es reducirnos la renta de nuestras tierras a 500 hectáreas, lo que se traduce en un 60 por ciento menos del pago a los comuneros», mencionó Alfredo Guevara.
Por su parte, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Mezcala, Rubén Darío López López, dijo que con el pago que realiza la mina a los comuneros se apoya a 1,900 jefes de familia de comunidad, además de becas a estudiantes e hijos de comuneros.
Los comuneros culparon a Gregor Bush y a Carlos García de ser los responsables de incumplir el acuerdo, ya que desde hace 15 años que comenzó a operar la mina ninguna administración les incumplió un acuerdo.
Desde 2004 que opera la mina en Mezcala pasó por tres administraciones de diferentes compañías, Gold Corp, Leald Gold y la actual Equinox Gold.
«Desde hace 15 años tenemos una relación pacífica y diplomática con la mina y la seguiremos teniendo, nosotros no pedimos nada más de lo que está en los acuerdos firmados», mencionó López López.
Los comuneros explicaron que rentan a Equinox Gold 2,300 hectáreas de tierras, además, aportan prestaciones para apoyo social, las cuales están incumpliendo.
Los comuneros informaron que ya está agendada una mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno para el proximo viernes, por lo que piden a los autoridades estar de lado de la comunidad.
«El gobierno tiene que ser tolerante con ellos (la mina) porque genera empleos, y, está bien, pero eso no tiene que ser a cambio de que nos quieran pisotear», dijo López López.
El bloqueo de los comuneros impide el paso a los cargamentos de cianuro y explosivos a la mina y no lo levantarán hasta llegar a un acuerdo favorable para la comunidad, advirtieron.
