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Cumplen cinco días tomadas las instalaciones del Congreso por grupo de sindicalizados

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Agremiados al Sindicato Sentimientos de la Nación, del Congreso local, cumplieron cinco días en paro de labores sin que exista un acercamiento con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a quien pretenden plantear que cese el hostigamiento laboral del que, aseguran, ser víctimas por parte de la diputada morenista Yoloczin Domínguez Serna.

Al no tener un acercamiento con los integrantes de la Jucopo, los manifestantes buscaron la intervención de la gobenadora Evelyn Salgado Pineda para que medie entre las partes.

“La gobernadora nos dijo que es respetuosa de la división de poderes pero que atenderá nuestra solicitud y pedirá a la Secretaría General de Gobierno mediar entre las dos partes”, mencionó esta mañana en conferencia de prensa Fernando Martínez Román, secretario general de este sindicato.

Martínez Román precisó que tuvieron que buscar a la gobernadora porque a cinco de días de mantener un plantón en las entradas del recinto legislativo no hay un planteamiento de parte de la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, para alguna mesa de trabajo.

“Ella (Domínguez Serna) dice en sus comunicados y en sus redes que está abierta al diálogo pero la realidad es que jamás se nos ha acercado”, dijo Martínez Román.

Conferencia de prensa de integrantes del Sindicato Sentimientos de la Nación, este 13 de febrero afuera del recinto legislativo.

En la conferencia de esta mañana también presentaron su pliego petitorio, en el que piden, entre otras cosas, un alto al hostigamiento laboral que, insisten, ejerce en su contra Domínguez Serna.

Esto señalamiento del dirigente sindical, al parecer, tiene que ver con una investigación que realizará el Órgano de Control Interno del Congreso en contra de Martínez Román por, supuestamente, filtrar recibos de nómina de trabajadores.

Los manifestantes dieron que mantendrán tomadas las instalaciones del Congreso hasta que les den una mesa de trabajo. Por el paro, la circulación en un carril de la avenida Trébol Sur está bloqueado.

El paro de los trabajadores comenzó el pasado miércoles 7 de febrero después de que Domínguez Serna les canceló una reunión a los sindicalizados.

También después de que se diera a conocer la investigación de parte del Órgano de Control Interno contra Martínez Román por, supuestamente, filtrar recibos de nómina de trabajadores.

En el pliego petitorio que presentaron esta mañana los trabajadores piden el cese a dicha investigación.

Trabajadores mantienen protesta en Congreso; acusan a líder sindical de falsear información

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Al no haber diálogo con los representantes del Congreso local, los agremiados al Sindicato de Trabajadores del Congreso Sentimientos de la Nación mantienen tomadas por segundo día consecutivo las instalaciones del Poder Legislativo.

Al mediodía, los integrantes del sindicato marcharon de las instalaciones del Congreso local, ubicadas sobre avenida Trébol, al sur de la ciudad, hasta al edificio de la Comisión Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG), en el centro de la ciudad, para pedir la intervención de la presidenta de la Comisión, Cecilia Narciso Gaytán.

Una comisión de trabajadores fue atendida y los demás manifestantes regresaron a su plantón instalado en la entrada del Congreso local.

Los trabajadores pidieron, además, un diálogo directo con todos los diputados que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no quiere reunirse sólo con su presidenta, la morenista Yoloczin Domínguez Serna, ni con algún director o jefe de área.

El secretario general de este grupo sindical, Fernando Martínez Román, informó que desde el año pasado que recibieron su toma de nota y registro como sindicado comenzaron una serie de actos represivos contra ellos.

Como cambios de adscripción, denuncias que fueron interpuestas ante el Organo de Control Interno del Congreso contra Martínez Román, “y un hostigamiento permanente de funcionarios allegados a la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Dominguez Serna”.

Señaló a la administración de Domínguez Serna de retener las cuotas sindicales, porque nunca las hicieron llegar a las cuentas del sindicato.

Hasta el momento no hay un acercamiento con los integrantes de la Jucopo como piden los sindicalizados, entonces decidieron mantener su movimiento, y las instalaciones al Congreso local continúan tomadas.

Jefes de área del Congreso local acusaron al líder sindical de utilizar las bases del Poder Legislativo para su conveniencia

El día de ayer, en conferencia de prensa la subdirectora de Recursos Humanos, Juanita Avilés Rodríguez y el secretario de Servicios Financieros y Administrativos, Andrés Orozco Pintos, acusaron al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso del Estado Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román, de usar a sus agremiados para defender intereses propios.

Los funcionarios dijeron que Martínez Román mal informó a los agremiados y a los medios de comunicación en la protesta de esta mañana en el Congreso local.

Esto porque Martínez Román dijo que la administración de Domínguez Serna no permitió la basificación de 63 trabajadores, “algo que es falso, porque no fuimos nosotros, fue el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por faltas en el proceso para obtener dichas bases”, mencionó Avilés Rodríguez.

Orozco Pintos dijo que el Sindicato Sentimientos de la Nación “cometió un error de no entregar los requerimientos por parte del Tribunal (de Conciliación y Arbitraje) y fue que les retiraron las bases y nosotros no estábamos todavía al frente de la responsabilidad, así que fue el Tribunal, no la diputada Yoloczin Domínguez”.

La subdirectora de Recursos Humanos dijo que lamentaba que pretendieran utilizar a los trabajadores, porque la administración siempre ha buscado que haya beneficios de manera “justa para todos”.

Sobre el proceso de investigación en contra de los agremiados, los funcionarios del Congreso local dijeron que sólo es para Martínez Román y fue interpuesto por dos trabajadores de quienes exhibió de manera pública su salario y datos personales.

Estos datos fueron filtrados a algunos medios de comunicación a inicios de enero, y acusaron a la diputada Domínguez Serna de nepotismo por tener a su sobrina, Yolanda Domínguez, como jefa de área de Recursos Humanos.

“Él (Martínez Román) estuvo en el área de Recursos Humanos, tenía una contraseña para acceder a algunos documentos y eso es algo que el Órgano de Control Interno investiga, no estamos acusando ni señalando, sólo decimos que está la investigación y será la instancia la que determine. Lo que sí es lamentable es que se quiera escudar con el sindicato porque la investigación es contra él, no contra el sindicato”, dijo Andrés Orozco.

Los funcionaros del Poder Legislativo también comentaron que hasta el momento no hay un documento en el que Conciliación y Arbitraje notifique de la huelga.

“Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, tan es así que pasamos ahorita donde está la protesta y no nos abordaron, no nos dijeron nada”, dijo Avilés Rodríguez.

Otra de las acusaciones que los funcionarios de Congreso local adjudicaron a Martínez Román y que aseguraron son falsas fue que a los medios de comunicación les dio el dato que el Sindicato Sentimientos de la Nación tiene 150 agremiados, “y la realidad es que son únicamente 63, lo que representa el 10 por ciento de la planta laboral del Poder Legislativo”, agregó.

Sobre lo expuesto por el secretario y la subdirectora, el Sindicato Sentimientos de la Naciones emitió un comunicado en el que dice que mienten y reitera su petición de diálogo directo con todos los integrantes de la Jucopo.

Exigen trabajadores de la FGE la renuncia de la fiscal en una protesta por retraso de pagos y despidos injustificados

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Trabajadores administrativos sindicalizados y operativos de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron las instalaciones de la dependencia para exigir el pago de la primer quincena de enero y por el despido injustificado de 100 peritos y ministerios públicos.

Los más de 200 trabajadores inconformes bloquearon desde las ocho de la mañana los tres accesos principales a la dependencia y suspendieron labores.

Los trabajadores exigen a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda la destitución de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, por incumplir el pago de la primera quincena de enero para los 6,000 empleados que tiene la FGE

“Creo yo que el salario es sagrado y ese no se toca y si aquí en Fiscalía se están metiendo con los salarios podemos aspirar a más arbitrariedades”, denunció Socorro Sánchez Vergara, secretaría de la Sección VII del Sindicado Unico de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).

Además del retraso en esta quincena, los trabajadores denunciaron que en diciembre les pagaron el aguinaldo, prima vacacional y dos quincenas ocho días después de como lo marca la ley.

“¿A qué nos vamos a atener en lo subsecuente?, a que cada quince días nos vean aquí haciendo paro nuevamente para que nos paguen nuestra quincena”, cuestionó Sánchez Vergara.

En la movilización también hay representantes de la Secretaría General del SUSPEG.

Los trabajadores exigieron también el cese del hostigamiento laboral que existe en la corporación.

Durante la movilización, los manifestantes denunciaron a agentes ministeriales de intimidarlos al tomarles fotos y mostrarles sus armas cada vez que se manifiestan.

Juan Rivera Altamirano, representante de la Asociación de Agentes del Ministerio Públicos, Policías y Peritos (AAMPPP), denunció en la manifestación el despido injustificado de 100 integrantes de la asociación.

“Exigimos el alto a los despidos injustificados en razón de que existen muchos compañeros que los están destituyendo de los cargos por el simple hecho de tener un procedimiento disciplinario, lo cual es injusto”, mencionó Rivera Altamirano en entrevista.

Rivera Altamirano explicó que los procedimientos disciplinarios son comunes en los agentes del Ministerio Público y en los policías ministeriales porque “siempre estamos propensos a ser señalados de algún acto, porque lidiamos con dos partes, víctima e imputado, y siempre habrá un inconforme”.

“Pero eso no es justo de que por un simple señalamiento sin pruebas se determine la separación del cargo, destruyendo toda una carrera de 20 a 25 años, de compañeros que ya están en la tercera edad, dejándolos en total desamparo”, agregó Rivera Altamirano.

Entre las demandas de los agentes de ministerios públicos, policías y peritos también esta el pago de seguro de vida para los trabajadores operativos.

Hasta medio día el pero y la protesta continuaba.

Paran cuatro horas trabajadores de la FGE para exigir pago de aguinaldo y quincena

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

Chilpancingo

Agentes del Ministerio Público, peritos y personal administrativo pararon labores por cuatro horas en protesta porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no les había pagado su primera quincena de este mes y el aguinaldo.

Durante la protesta, en la que participaron unos mil trabajadores de la FGE en todo el estado, un militar armado que forma parte del grupo de escoltas de la fiscal general, Sandra Luz Salmerón Valdovinos, lesionó del brazo a una empleada en la Fiscalía regional en Acapulco.

Los agentes del ministerio público, policías ministeriales, peritos y administrativos suspendieron su protesta después de que se les prometió que durante la tarde de este jueves se les va a pagar todo lo que se les adeuda.

“Si no nos pagan en las próximas horas mañana reiniciaremos el paro de labores”, advirtió una trabajadora.

Denunciaron que el pretexto que utilizó la FGE para no pagarles a tiempo fue que hubo un problema con la cuenta que tiene la Fiscalía en el banco Santander.

Aquí en Chilpancingo, los trabajadores se salieron de sus oficinas y se manifestaron fuera de las instalaciones de la FGE de manera pacífica; portaron pancartas mediante las cuales exigían el pago de su aguinaldo y la primera quincena de este diciembre.

“Muchos estamos endeudados porque hemos pedido prestado dinero, porque el salario y el aguinaldo que nos debe la FGE lo están jineteando”, comentó una trabajadora.

Casi a las 15 horas, los inconformes suspendieron su protesta luego de que les informaron que por intermediación de los dirigentes del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ordenó que se les pagara de inmediato.

En Acapulco, en la Fiscalía regional informaron que interpondrán una denuncia contra el militar que lesionó de un brazo a una trabajadora.

Denunciaron que la fiscal general tiene un grupo de escoltas que pertenecen a las filas del Ejército.

Marchan trabajadores de la Fiscalía contra despidos injustificados

Exigen que la fiscal explique las razones de su decisión que vulnera sus derechos. La señalan de pretender colocar a su allegados en la dependencia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Trabajadores sindicalizados de la Fiscalía General del Estado (FGE) marcharon por las calles de Chilpancingo para exigir a la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la reinstalación de tres trabajadoras despedidas de manera injustificada.

Una de las trabajadoras despedidas es Nallely Hernández, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Burócratas y Servidores Públicos del Estado de Guerrero (STBSPEG), quien denunció el despido injustificado de más 40 trabajadores.

“En este momento pedimos la reinstalación de tres trabajadoras, una de ellas una intendente que se opuso a realizar el examen de control y confianza que sólo es para trabajadores operativos y no administrativos”, mencionó Nallely Hernández.

El contingente de la marcha partió del Monumento a las Banderas hasta las instalaciones de la FGE; a los trabajadores los acompañaron miembros del Frente de Sindicatos del Estado de Guerrero. En el Congreso local los manifestantes hicieron una parada para pedir a los diputados intervenir y realizar una auditoría a la FGE.

Durante la manifestación salió la diputada Nora Yanek Velázquez Martínez a dialogar con los trabajadores de la FGE, quienes le entregaron un pliego petitorio en el que piden la auditoría a la dependencia, con el propósito de revisar los despidos injustificados.

A la fiscal pidieron de manera publica que explique la razón de los despidos y su negación a otorgar los aumentos salariales y los bonos que ya están estipulados en su Contrato Colectivo de Trabajo.

Los manifestantes llegaron a las instalaciones de la FGE y en mitin informaron que se quedarían en plantón hasta que una comisión saliera a recibirlos.

Por la manifestación, el día de de ayer la FGE emitió una circular para informar a todo su personal que les otorgaban el día, entonces, nadie salió atender a los manifestantes.

Desde el pasado 26 de octubre los trabajadores del STBSPEG comenzaron con las protestas para denunciar las irregularidades en la administración de Valdovinos Salmerón.

Entre las irregularidades que mencionan los trabajadores sindicalizados es la de los despidos injustificados, porque, según denunciaron, es para contratar a personal militar cercano a la fiscal.

Se extiende protesta del DIF en el estado, piden la destitución de tres funcionarios

Texto y fotografía: José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El paro de labores de los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores del Sistema DIF Guerrero se extendió a todos los centros de trabajo, escolares, de rehabilitación y almacenes, en solidaridad a los trabajadores de la Casa Hogar que exigen la destitución de tres funcionarios por hostigamiento y malos tratos.

En Chilpancingo se sumaron al paro los cuatro centros de Atención Infantil (CAI) que atienden a niños de un año a preescolar.

Los almacenes del DIF en Ometepec, Tlapa, Ciudad Altamirano, Iguala y Acapulco; el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) en Chilpancingo; los Centros de Capacitación (Cecap) y la Casa del Anciano también se sumaron al paro laboral.

En total son 410 trabajadores del DIF los que están en paro de labores y que dijeron no se levantarán hasta que resuelvan a los trabajadores de la Casa Hogar.
«Estamos en solidaridad ante una problemática suscitada en la Casa Hogar, no habíamos cerrado estos centros asistenciales e infantiles porque queríamos evitarlo, pero las autoridades han sido sordas, no han querido atender la problemática y nos vimos en la penosa necesidad de cerrar», mencionó Homero Rueda Neria, trabajador del DIF Guerrero, entrevistado en el CAI Soledad Orozco, frente a la Alameda Granados Maldonado.

El paro comenzó el pasado 18 de octubre en la Casa Hogar para exigir la destitución de la coordinadora de Casa Hogar, Priscila Hernández Cruz; de la titular del Área Jurídica, Larissa Rebollar, y del procurador de la Defensa del Menor, Martín Yectibany, a quienes acusan de maltrato y prepotencia.

A la exigencia sumaron la destitución del director general del DIF Guerrero, Antelmo Magdaleno Solís, «por no tener capacidad resolutiva», mencionó Felicitas Marcial Astudillo, secretaria de Conflictos del Sindicato Único de Trabajadores del DIF Guerrero.

«No estaba Él (Magdaleno Solís) considerado en las destituciones, pero ante la falta de trato hacía ese tipo de negociaciones con la base trabajadora es que pedimos su destitución, porque el DIF Guerrero no es iniciativa privada, tiene que ser una persona con humanidad con sentido y si no puede dar un trato digno a los trabajadores menos lo tendrá para atender a la ciudadanía», dijo Marcial Astudillo.

A seis días de comenzar el paro de labores en la Casa Hogar no hay un acercamiento con las autoridades para dialogar, por lo que piden la intervención directa de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

«El paro continua hasta que haya solución», afirmó Marcial Astudillo y mencionó que pedirán el apoyo de otras organizaciones sociales y sindicatos.

Viudas de policías estatales exigen el pago de pensión

Texto y fotografía: José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Viudas de policías estatales fallecidos por Covid-19 protestaron esta mañana en Palacio de Gobierno para exigir el pago de la pensión que les corresponde por ley y que desde el 2020 no reciben.

Una de las viudas explicó que desde el 2020 su esposo falleció por Covid-19 mientras desempeñaba tareas de seguridad, y de acuerdo con las prestaciones que tienen los policías estatales, cuando eso pasa, la familia tiene derecho a una pensión económica.

“Mi esposo falleció en el cumplimiento de su deber y por ley nuestros hijos tienen derecho a ser pensionados alimentariamente, pero desde 2020 no se nos ha dado la pensión”, mencionó una de las viudas.

Las manifestantes denunciaron que desde hace dos años gestionan la pensión y las autoridades solo “dan largas al tema”.

“Primero nos dicen que no procede, luego que sí y que ya está a punto de darse, que para el siguiente mes y que para el siguiente mes, en mayo hará tres años de fallecido mi esposo y no hay nada”.

Además explicaron que para aprobarles la pensión necesitan ocho firmas de distintos funcionarios; para obtener una firma se llevan entre dos y tres meses.

Alrededor de 60 viudas están en la misma situación, por lo que piden una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para plantearle directamente el problema.

A la protesta llegó personal de la Secretaría General de Gobierno a dialogar con las manifestantes quienes pidieron que quien los atienda tenga capacidad de resolver.

“Nosotras pedimos hablar con la gobernadora, pero si no se puede con alguien que nos resuelva, porque luego ya estamos sentados y los funcionarios nos dicen que no pueden resolver”.

De acuerdo con las manifestantes el pago de la pensión es un problema desde la administración pasado del priista Héctor Astudillo Flores, pero dijeron que al menos él cumplía con entregarles despensa, uniformes y útiles escolares a los hijos de los policías fallecidos.

Finalmente las manifestantes aceptaron la mesa de trabajo donde les prometieron estarían todos los funcionarios que requieran para entregarles la pensión.

Mala alimentación y hacinamiento en Casa Hogar del DIF Guerrero, denuncian trabajadores en paro

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Trabajadores de la Casa-Hogar del DIF estatal iniciaron un paro de labores para exigir la destitución de tres funcionarios.

Denunciaron la mala atención que reciben los menores de este orfanatorio, ubicado al poniente de la ciudad.

“La sobrepoblación en estas instalaciones ha provocado que muchos de los menores refugiados duerman en el piso o en los baños además la alimentación que se les da es de baja calidad en cantidad y nutricional”, aseguró Enrique Pérez, quien labora en la cocina en esta casa hogar del DIF-Guerrero.

Unos 15 trabajadores, entre administrativos, psicólogos, médicos y cocineros cerraron la puerta principal del edificio y pegaron en las paredes pancartas en donde piden la destitución de tres funcionarios.

Se trata de Priscila Hernández Cruz, quien es la coordinadora general de la casa hogar; Larisa Rebollar Carvajal, directora de asistencia jurídica y el procurador del menor Martín Yactibani Ramírez Martínez.

Trabajadores del Poder Judicial en paro laboral son amenazados con despido, denunciaron

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Trabajadores en plantón afuera de las instalaciones del Poder Judicial para exigir el pago del retroactivo y un incremento salarial denunciaron a jueces y magistrados de amenazarlos con levantarles una acta administrativo para su despido.

Los empleados administrativos, de la Oficialía Mayor y proyectistas de salas de lo Civil, Penal y de lo Familiar así como de algunos juzgados, cumplieron tres días afuera de Ciudad Judicial sentados debajo de una carpa en espera de una solución a sus demandas.

Las instalaciones de este Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se ubican al sur de esta capital.

“Ya tuvimos un diálogo con las autoridades y solo se comprometieron a pagarnos el incremento salarial del 13 por ciento que se verá reflejado en esta primera quincena de octubre pero falta que nos den el retroactivo”, declaró una trabajadora en la protesta.

Denunció que a raíz del paro de labores que iniciaron desde este martes, jueces y magistrados los amenazan con despedirlos.

Contó por ejemplo que un grupo de trabajadores del Juzgado de Justicia para Adolescentes levantaron su paro de labores y del plantón fuera de Ciudad Judicial porque el juez de esa jurisdicción los amenazó.

Cuando empezó el movimiento de protesta eran 180 trabajadores, pero con las intimidaciones y guerra sucia los magistrados y jueces ya solo quedan cien los que siguen en la lucha.

“Seguramente esto de las intimidaciones lo sabe el presidente del Poder Judicial (Raymundo Casarrubias Vázquez) pero se hace ojo de hormiga”, dijo la trabajadora que pidió que se omitiera su nombre para evitar represalias.

Este jueves, los manifestantes acordaron seguir con el paro de labores y el plantón fuera del Poder Judicial en espera de la solución del pago del retroactivo.

“Es lamentable que mientras los magistrados y jueces ganan buenos salarios y hasta bonos a los trabajadores nos mantengan con salarios de miseria y además de que nos nieguen los raquíticos aumentos”, dijo.

El retroactivo y el aumento salarial a los empleados se les debió de haber otorgado desde enero de este 2022.

La trabajadora recordó que en el Poder Judicial no han cambiado las viejas prácticas de corrupción.

“Seguramente algunos magistrados y jueces impusieron a sus familiares en algún cargo”, dijo.

En noviembre próximo se cumple un año de que el ex perredista Raymundo Casarrubias Vázquez fue designado como presidente del TSJ a recomendación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de su papá el senador Félix Salgado Macedonio.

Esta es la primera protesta de los trabajadores que enfrenta Casarrubias Vázquez.

“No nos vamos a levantar de aquí hasta que nos resuelvan todas las demandas”, advirtió la trabajadora.

Amenazan con cortar suministro de agua a Chilpancingo sino hay solución a trabajadores de Capach

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) que llevan ocho días en paro de labores, amenazaron con suspender el suministro de agua a la ciudad si la alcaldesa, Norma Otilia Hernández Martínez, no soluciona sus demandas.

Los trabajadores de Capach, agremiados a la Sección XXXII del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), están en paro desde el martes de la semana pasada y exigen el pago de quincenas atrasadas y prima vacacional.

«Si no hay respuesta resolutiva o no se comprometen tenemos que tomar acciones y radicalizarlas si es necesario, si tenemos que suspender los servicios de bombeo de agua a la ciudad, pues lo tenemos que hacer», mencionó el secretario general de la Sección XXXII, Gaudencio Atrisco Campos.

La exigencia de los trabajadores, además de las quincenas atrasadas y la prima vacacional, es el pago retroactivo desde el mes de enero, bono del servidor público, apoyo por defunción, despensas y seguro de vida.

Atrisco Campos explicó que son concientes de la situación económica de Capach por lo que solo piden, en un primer momento y para levantar el paro de labores, el pago total de las quincenas atrasadas y la prima vacacional de este año.

«Para lo demás estamos dispuestos a negociarlo con más tiempo, pero de momento si pedimos una solución real», mencionó Atrisco Campos.

La deuda de Capach a los trabajadores asciende a 10 millones de pesos, pero lo que se necesita para que levanten la huelga son tres millones.

De acuerdo con Atrisco Campos la unica solución que ofrece el Ayuntamiento capitalino es un pago semanal de 300,000 pesos para pagarle a un trabajador al día.

«Somo 194, se van a llevar un año en acabar de pagarnos, y eso no es un planteamiento resolutivo», dijo.

Los trabajadores esperan en las próximas horas una reunión con autoridades municipales para llegar a acuerdos.

El paro de labores se realiza en las oficinas de Capach. El inmueble no está tomado, por lo que si hay labores de personal de confianza.

Deudas a Capach

Otro de los problemas de Capach es que usuarios adeudan más de 165 millones en recibos de agua desde hace más de 25 años, informó el director de la dependencia, Enrique Carbajal Neri.

De acuerdo con Carbajal Neri, desde la semana pasada, el problema de la falta de pagos y prestaciones a los trabajadores aumentó ante la falta de solvencia económica de la paramunicipal.

En suma, son 165 millones 500 mil 711 pesos lo que se acumula en deudas.

Precisó que 20,932 usuarios deben 104 millones 412 mil 697 pesos.

En segundo lugar de esa lista aparecen 453 usuarios que se dedican a la renta de inmuebles, quienes adeudan 11 millones 173 mil 260 pesos.

Entre los deudores también hay oficinas del gobierno estatal, que suman 14 millones 798 mil 265 pesos.

En el listado se encuentran accesorias, pozolerías, cocinas económicas, restaurantes, tortillerías, bancos, escuelas y hospitales.

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Trabajadores de Capach protestan por adeudo de pago

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) protestaron para exigir el pago de salarios y prestaciones que les adeudan desde el 2020.

Los trabajadores agremiados a la sección XXXII del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) marcharon por las principales calles de la ciudad.

Exigieron el pago de la prima vacacional, retroactivo desde el mes de enero, bono del servicio público, tres quincenas atrasadas (del 1 al 31 de agosto y del 1 al 15 de septiembre de 2021) despensas y el seguro de vida.

Gaudencio Atrisco Campos, secretario general de la sección XXXII, dijo que no hay voluntad de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez para resolver las demandas de pago a los trabajadores.

“Lo único que nos dice es que no hay dinero, que nos esperemos, ajá, pero y luego nosotros que comemos”, mencionó.

De acuerdo con Atrisco Campos, a 150 trabajadores les adeudan los pagos y prestaciones, la cantidad asciende a 10 millones de pesos.

También denunció que dos trabajadores murieron por Covid-19 y a los familiares nunca les entregaron el apoyo por defunción y que desde la llegada de Hernández Martínez al Ayuntamiento solo pagó completamente dos quincenas, todas las demás solo pagó porcentajes.

Denunciaron que en las mesas de trabajo el primer síndico de Chilpancingo, Andrei Marmolejo Valle, se retira a mitad de las reuniones sin motivos y sin voluntad de resolver.

Atrisco Campos dijo que la única solución que les ofrece la alcaldesa es declarar en banca rota a la Capach y pasar a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) el problema.

“Se quiere deslindar del problema, no nos quiere pagar, pero ella desde que era diputada sabía del problema y nos ofrecía mil soluciones, cómo ya no está en campaña ya no le importa”, se quejó Atrisco Campos.

La protesta comenzó en las oficinas de Capach, ubicadas en el barrio de San Mateo, a las 9:40 de la mañana y recorrió las principales calles de la ciudad.

A las 10 de la mañana la protesta se detuvo en la entrada del Ayuntamiento para pedir una audiencia con Hernández Martínez.

Durante la protesta se suscitó un temblor, lo que generó confusión en los trabajadores del ayuntamiento porque estaba bloqueada la entrada.

“¡Está temblando¡ ¿Por qué? ¡Porque la Capach está presente¡ Sólo le dimos un sacudón al Ayuntamiento y si no hay solución mañana será más fuerte”, mencionó uno de los oradores mientras sucedió el temblor.

Durante la manifestación gritaron consignas contra Hernández Martínez.

“Aquí y allá, Norma nunca está” , “Otilia celebrando, Capach protestando”.

La manifestación terminó en el Congreso local donde los manifestantes fueron recibidos por la secretaria general del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, quien les informó que se reunirán con los diputados locales para plantear la situación.

Vencer la violencia política contra mujeres afrodescendientes, el nuevo reto ante tardío reconocimiento de sus derechos

Activistas discuten en convesatorio la deuda de espacios públicos para ellas

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oficial

Chilpancingo

Es insuficiente la participación política de mujeres afrodescendientes en los espacios públicos en México, por el tardío reconocimiento de sus derechos, fue una de las reflexiones en el Conversatorio, reflexiones, avances y retos de derechos políticos y electorales de las mujeres afromexicanas, organizado por el Congreso del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (Iepcgro).

Durante el foro, realizado en el Instituto de Estudios Paralamentarios Eduardo Neri, en Chilpancingo, participó Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien expuso que uno de los retos es garantizar la participación política de las mujeres afromexicanas a ser votadas.

“Es necesario que todas las instituciones generemos espacios para que las mujeres afromexicanas participen de manera especifica y acabar con la violencia política en razón de género por discriminación, etnia y sexo”.

Gema Tabares Merino, activista de Afrocaracolas, una colectiva en pro de los derechos de las mujeres afrodecensdientes, fue otra de las participantes en el foro, mencionó que uno de los problemas es la invisibilización sistemática hacia la población afromexicana.

Para ampliar su planteamiento comentó que el Comité para Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) expuso su preocupación por el número y rango de puestos ocupados por personas afromexicanas, que son menores; exhortó al gobierno mexicano para tomar medidas efectivas para asegurar la participación política de las personas afromexicanas, especialmente de las mujeres.

Recordó también que en 2018 el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) mencionó por primera vez a las mujeres afromexicanas a través de una recomendación para que el gobierno mexicano les garantizara su participación política.

Uno dato destacado durante el conversatorio fue que en América Latina 200 millones de personas se asumen como afrodescendientes, quienes enfrentan condiciones dispares en la participación política.

“Se deja la misma carga política a un pueblo que históricamente ha sido racializado y discriminado y a uno que ya tiene avances y antecedentes en materia de derechos político electorales”, comentó Tabares Merino.

“Eso representa una desventaja en la incorporación de nuestras demandas en las instituciones, debido al tardío reconocimiento”, agregó.

Sobre la violencia política contra las mujeres comentaron que se desconocen cifras reales porque muchas veces los casos no son denunciados.

Las ponentes coincidieron en exigir a los actores políticos no usurpar la identidad afromexicana, porque ocurre con frecuencia. “Cuando se vienen los tiempos electorales todos tienen algún pariente afromexicano y muchas veces sólo ponen a personas por cumplir el requisito”, insistió Tabares Merino.

Al final coincidieron en crear un agenda de trabajo que esperan empujen políticas públicas en beneficio de las mujeres afromexicanas para mejorar sus condiciones de vida.