“Sólo asuntos urgentes”: el paro de trabajadores del Poder Judicial deja en el aire miles de casos en todo el país

Debido al paro de actividades de los trabajadores del Poder Judicial, los juzgados federales del país solo atienden casos “urgentes”, lo que ha provocado que otros asuntos queden relegados.


Texto: Alexis Ortiz / Animal Político
Foto: Cromática Agencia Fotográfica
22 de agosto del 2024

Froylán Sánchez, abogado en materia civil, es defensor de cuatro familias que viven en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, y que serán desalojadas de su hogar el próximo 30 de agosto por orden de un juez de primera instancia.

El abogado acudió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para interponer un amparo que evite el desalojo de las familias, sin embargo, no tuvo éxito porque jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial se fueron a un paro de actividades.

Al llegar al edificio sede del CJF en San Lázaro, trabajadoras de ese inmueble informaron a Froylán que, por el poco personal que se encuentra activo y que se divide en distintos horarios, por el momento solo se están atendiendo asuntos considerados “urgentes”, y que el suyo no cumple con esas características.

“Entiendo que estén defendiendo sus derechos laborales, porque es realmente lo que están defendiendo, pero también hay la otra cara de la moneda, también se afecta el patrimonio de familias que están en esta situación”, lamenta Froylan en entrevista con Animal Político.

Trabajadores del Poder Judicial en paro laboral en Acapulco, el miércoles 21 de agosto del 2024. Foto: Cromática Agencia Fotográfica

¿Por qué están en paro en el Poder Judicial?

Desde el lunes pasado, más de 50 mil trabajadores de juzgados federales suspendieron sus actividades como forma de protesta contra la reforma al Poder Judicial que empezará a ser discutida la siguiente semana en la Cámara de Diputados. Este miércoles 21 de agosto, jueces y magistrados de todo el país se sumaron a todo el movimiento.

El paro de labores es una forma de defender la independencia judicial ante la reforma que busca aprobar Morena, pero como un efecto secundario quedaron en el aire los casos que no son considerados urgentes y que no tendrán resolución al menos en las siguientes semanas.

El acceso principal del edificio del CJF en San Lázaro se ha reducido a una pequeña puerta que es custodiada por los mismos trabajadores del lugar, quienes hacen una rápida revisión de cada caso que llevan los abogados para determinar si se les puede dar atención o no. Los que tienen suerte pueden acceder al inmueble, los que no se van con las manos vacías.

Froylán, desconcertado, se enteró ahí mismo de la circular 16/2024 que recientemente publicó el CJF. En ese documento se enumeran los tipos de casos considerados urgentes que los juzgadores atenderán durante el paro de actividades.

“Me llevo la sorpresa de que es día inhábil, no corren términos, no se sabe cuándo va a terminar toda esta situación de protestas (…) Ahora tengo que ver la manera de cómo presentar un recurso, hablar con el secretario de acuerdos o con el juez, pedir un poco de chance o ver la manera de cómo mi cliente se pueda mover”, expresa Froylán.

¿Cuáles son los casos urgentes que sí atiende el Poder Judicial en paro?

El 19 de agosto, al mismo tiempo que trabajadores del Poder Judicial iniciaron su paro de actividades, el CJF publicó su circular 16/2024, en la que especificó los casos urgentes que serían atendidos en cada tribunal del país para evitar que el sistema de impartición de justicia se paralizara por completo.

En términos generales, los casos urgentes tienen que ver con procedimientos relacionados con la privación de la libertad de las personas, además de garantizar algunos derechos como el acceso al agua, la electricidad y la salud. También se atienden asuntos que tienen que ver con huelgas de trabajadores.

De igual forma los juzgadores federales no pueden abandonar casos que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas. También se garantiza el derecho de los migrantes a acceder a la justicia, y se deben brindar medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general.

La circular 16/2024 también deja abierta la posibilidad de que los juzgadores del país evalúen cada caso para determinar si es urgente, y para hacerlo deberán tomar en cuenta los derechos humanos que están en juego y las consecuencias que puede haber por no atender el asunto debido al paro de labores.

Trabajadores del Poder Judicial consultados para este trabajo desconocieron la cantidad exacta de casos no urgentes que se podrían dejar de atender durante su suspensión de actividades, sin embargo, estadísticas del CJF muestran que durante el 2023 los tribunales, juzgados y centros de justicia tuvieron una carga de trabajo de 2 millones 25 mil asuntos.

A la negativa de recepción de nuevos trámites, también se suma el paro total a las audiencias en las que los juzgadores emiten sentencias en distintas materias. Los juzgadores tampoco se reúnen para emitir acuerdos si no se trata de casos urgentes.

La justicia, salvo algunas excepciones, entró en una parálisis total.

Abogados se van del CJF sin resolución a sus casos

El paro de actividades de los trabajadores del Poder Judicial ya alcanzó a todo el país. El día de ayer los voceros del movimiento tenían conocimiento de que los 32 circuitos judiciales que hay en México ya habían frenado sus labores.

Organizaciones sociales, personajes políticos y órganos jurisdiccionales siguen dando su respaldo al movimiento, como fue el caso del Poder Judicial de Chihuahua que manifestó su solidaridad con los trabajadores de juzgados federales que entraron en paro.

En contraparte a las muestras de apoyo, están los casos que por el paro no podrán ser atendidos. Abogados y abogadas llegan a diario a los juzgados del CJF para cerciorarse de que sus casos no entran en la categoría de urgentes. Otros defensores se enteran ahí mismo que no serán recibidos por nadie.

Manuel Mosco, quien cuenta con una carta de pasante para trabajar en un despacho especializado en materia laboral, acudió a la sede del CJF en San Lázaro para tramitar una promoción, con el objetivo de dar celeridad a la resolución de un amparo relacionado con la violación del derecho sindical de una persona.

A su llegada a San Lázaro, este miércoles 21 de agosto por la mañana, Manuel recibió la noticia de que su asunto tampoco era considerado urgente, por lo tanto no le recibirían ninguna promoción o escrito, lo cual ralentizará la resolución del caso que defiende.

“Yo sí estoy de acuerdo con lo que está haciendo el personal del Poder Judicial, pero por otro lado no porque, al ser postulante, muchas veces los clientes son los que se desesperan porque sus casos no avanzan y se nos echan encima a nosotros”, lamentó Mosco en entrevista.

En San Lázaro, las consignas contra la reforma judicial de las personas en paro se llevan toda la atención. Sus reclamos son aplaudidos por los carros y por las personas que pasan frente al inmueble del CJF. Políticos como Guadalupe Acosta Naranjo y Alejandro Rojas Díaz Durán también han acudido al lugar para expresar su apoyo.

Detrás de toda esa manifestación, en la pequeña puerta habilitada para acceder al edificio, la misma entrada que los trabajadores utilizan para ir al baño, abogados van y vienen.

El defensor Sergio Meza acudió por la tarde a San Lázaro para solicitar un recursos de revisión a la decisión de un juez que negó concederle un amparo a su cliente

“Esto sí nos afecta en cuestión tiempo, a nosotros personalmente, pero los términos se están interrumpiendo, se respetan”, señala Meza, quien a pesar de todo cree que la protesta de los trabajadores del Poder Judicial es una “lucha justa” y no será eterna.

Pero mientras las cosas volverán a la normalidad, su cliente y muchas más personas que no tienen casos “urgentes” deberán esperar a que el sistema de impartición de justicia vuelva a operar en su totalidad.

Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.

Los cambios en el Poder Judicial deben estar orientados hacia Consejo de la Judicatura, proponen abogados

Ante la iniciativa propuesta por el presidente López Obrador, abogados litigantes guerrerenses se reúnen para analizar la reforma y crear propuestas


Texto y foto: Margena de la O

23 de julio de 2024

Chilpancingo


Una de las acotaciones del grupo de abogados litigantes de Guerrero que se reunió a convocatoria del despacho jurídico Sandoval & Asociados para analizar y discutir la reforma del Poder Judicial de la Federación propuesta por el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue que de aprobarse significaría “dar un paso atrás” en la funcionalidad de este poder.

El encuentro entre los abogados ocurrió el jueves pasado en la oficinas del despacho jurídico, ubicadas en el centro de la ciudad, en dos etapas con cinco puntos de discusión, de los cuales Amapola, periodismo transgresor ofreció detalles. Resultado de esto crearon un documento en el que incluyeron comentarios finales, a manera del cierre del ejercicio que, aclararon, es una “crítica constructiva” sin fines partidistas.

En esa última fase varios de los abogados coincidieron en que de pasar la reforma como está sería un retroceso, sin que esto signifique que no son necesarias modificaciones, que hasta ahora, según dijeron a lo largo de las reflexiones, están centradas de manera mayoritaria en el actuar de los ministros, cuando en el Poder de Judicial de la Federación hay muchos más actores.

En esta reflexión participaron las abogadas Berenice y Mariela Jaramillo Pineda y los abogados Raúl Sánchez Aguirre, Marco Antonio Villalobos Quevedo, Miguel Ángel Astudillo Ponce y Salvador Bustamante Polanco, en una primera etapa, después se sumó Gabriel Alonso Márquez. Quien convocó fue el abogado Valentín Sandoval Montiel.

El primero en concluir que sería un paso atrás fue Villalobos Quevedo, porque llegar hasta este punto en que opera el Poder Judicial, dijo, ya significó un debate de años, entonces, “implicaría quitarnos un enorme antecedente histórico”.

Bustamante Polanco lo secundó. “Concuerdo que dicha reforma es un retroceso a todo lo logrado históricamente, toda vez que el proceso electoral puede priorizar cualidades como el carisma y las habilidades de campaña por encima de la experiencia legal y la competencia judicial”, comentó.

El abogado se refería en este punto a que la iniciativa del presidente contempla la elección popular como método para elegir a los funcionarios y servidores públicos del Poder Judicial, como ministros, magistrados y jueces. “En consecuencia, los candidatos altamente calificados sin perspicacia política ni atractivo público pueden ser pasados por alto, lo que lleva a un Poder Judicial menos competente”, agregó.

Sobre ese mismo aspecto que propone el presidente en la iniciativa, Alonso Márquez advirtió de un gran riesgo, las elecciones en el Poder Judicial “pueden volverse altamente politizadas por candidatos que se alineen con partidos políticos”, lo que erosionaría la imparcialidad en la justicia.

El abogado que convocó al ejercicio planteó que puede ser importante una reforma, pero que genere equilibrios en el funcionamiento el Poder Judicial, para que dejen de existir tribunales de primera y segunda.

En la primera parte del ejercicio una de las coincidencias de las abogadas y los abogados fue que la iniciativa de reforma, así como estaba, era aberrante, que eran necesarios los cambios, pero no como fueron propuestos por el presidente.

Una vez entrados en el ejercicio de analizar y proponer, la abogada Berenice Jaramillo comentó que lo único aceptable de la propuesta es que sise requiere de una reforma más allá de la elección de jueces, magistrados y ministros, porque “el punto medular está en el Consejo de la Judicatura Federal (…). El punto es regular el problema de personas que no son funcionales, la reforma sería mas idónea si sólo se enfoca al CJF”. Este órgano orienta, apoya y supervisa el actuar de miembros del Poder Judicial.

Sánchez Aguirre planteó, justo como una propuesta general, que “el punto medular” es exigirles a los integrantes del CJF que hagan su trabajo.

Trabajadores del Poder Judicial en paro laboral son amenazados con despido, denunciaron

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Trabajadores en plantón afuera de las instalaciones del Poder Judicial para exigir el pago del retroactivo y un incremento salarial denunciaron a jueces y magistrados de amenazarlos con levantarles una acta administrativo para su despido.

Los empleados administrativos, de la Oficialía Mayor y proyectistas de salas de lo Civil, Penal y de lo Familiar así como de algunos juzgados, cumplieron tres días afuera de Ciudad Judicial sentados debajo de una carpa en espera de una solución a sus demandas.

Las instalaciones de este Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se ubican al sur de esta capital.

“Ya tuvimos un diálogo con las autoridades y solo se comprometieron a pagarnos el incremento salarial del 13 por ciento que se verá reflejado en esta primera quincena de octubre pero falta que nos den el retroactivo”, declaró una trabajadora en la protesta.

Denunció que a raíz del paro de labores que iniciaron desde este martes, jueces y magistrados los amenazan con despedirlos.

Contó por ejemplo que un grupo de trabajadores del Juzgado de Justicia para Adolescentes levantaron su paro de labores y del plantón fuera de Ciudad Judicial porque el juez de esa jurisdicción los amenazó.

Cuando empezó el movimiento de protesta eran 180 trabajadores, pero con las intimidaciones y guerra sucia los magistrados y jueces ya solo quedan cien los que siguen en la lucha.

“Seguramente esto de las intimidaciones lo sabe el presidente del Poder Judicial (Raymundo Casarrubias Vázquez) pero se hace ojo de hormiga”, dijo la trabajadora que pidió que se omitiera su nombre para evitar represalias.

Este jueves, los manifestantes acordaron seguir con el paro de labores y el plantón fuera del Poder Judicial en espera de la solución del pago del retroactivo.

“Es lamentable que mientras los magistrados y jueces ganan buenos salarios y hasta bonos a los trabajadores nos mantengan con salarios de miseria y además de que nos nieguen los raquíticos aumentos”, dijo.

El retroactivo y el aumento salarial a los empleados se les debió de haber otorgado desde enero de este 2022.

La trabajadora recordó que en el Poder Judicial no han cambiado las viejas prácticas de corrupción.

“Seguramente algunos magistrados y jueces impusieron a sus familiares en algún cargo”, dijo.

En noviembre próximo se cumple un año de que el ex perredista Raymundo Casarrubias Vázquez fue designado como presidente del TSJ a recomendación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de su papá el senador Félix Salgado Macedonio.

Esta es la primera protesta de los trabajadores que enfrenta Casarrubias Vázquez.

“No nos vamos a levantar de aquí hasta que nos resuelvan todas las demandas”, advirtió la trabajadora.

 

 

 

 

Magistrado de Guerrero liberó a presunto secuestrador, aseguran en la mañanera de AMLO

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

29 de septiembre 

Chilpancingo

 

Un magistrado del Poder Judicial que lleva poco más de un año de asumir el cargo fue acusado de haber dejado en libertad a un presunto secuestrador.

Se trata del magistrado Benjamín Gallegos Segura, quien fue exhibido este jueves durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional por el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, ex diputado de la 61 Legislatura local de Guerrero.

Mejía Berdeja reveló que Gallegos Segura dejó en libertad al líder del grupo del crimen organizado Guardia Guerrerense, Edilberto Bravo Barragán, acusado del delito de secuestro agravado.

Mejía informó que el pasado 14 de septiembre, Gallegos Segura revocó la sentencia en contra de Bravo Barragán, alías El Gavilán que dictó el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal con competencia en Azueta y Montes de Oca.

La condena que tenía el dirigente de Guardia Guerrerense era de 50 años de prisión que se le dictó en enero del 2021.

El argumento jurídico que esgrimió el magistrado Gallegos Segura para dejar en libertad a Bravo Barragán es de que hay inconsistencias respecto del lugar de privación y cautiverio de la víctima (fue privada de su libertad) por lo que determinó no haber pruebas suficientes contra el inculpado.

En el expediente se señala a Bravo Barragán de que el 21 de marzo del 2016 secuestró a una persona en complicidad con otros cuatro individuos.

La víctima estaba en un taller mecánico en la ciudad de Zihuatanejo cuando fue secuestrado y posteriormente sus captores lo llevaron a una casa de seguridad desde donde cobraron el rescate.

En julio del 2016, El Gavilán fue detenido por la hoy desaparecida Policía Federal.

Según la SSPC, Bravo Barragán cuenta con otras cuatro carpetas de investigación en su contra por diversos delitos.

Bravo Barragán es uno de los principales generadores de violencia en los municipios de la Costa Grande, señala Seguridad Pública.

El magistrado Gallegos Segura fue designado en ese cargo en mayo del 2021 por el Congreso local.

Su nombramiento, a propuesta del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores, generó inconformidad entre las barras y colegios de abogados porque Gallegos carecía de carrera judicial dentro del TSJ.

Antes de ser designado magistrado del Poder Judicial, Gallegos Segura fue durante más de diez años oficial mayor del Congreso local.

Los abogados aseguran que el nombramiento de Gallegos fue por la amistad que tiene con Astudillo Flores y no por sus méritos como jurista.

Todavía cuando Mejía Berdeja era legislador por el Movimiento Ciudadano (MC), Gallegos era oficial mayor del Congreso.

Este jueves en la mañanera, el ex militante del MC y ahora de Morena, exhibió a Gallegos.

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