En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos protestan y reprochan que les arrebataran sus sistemas de justicia comunitaria
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Después de la última reforma a la Ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que eliminó los sistemas de justicia comunitaria, ya hay jueces que abrieron procesos contra policias comunitarios que continúan bajo el sistema de usos y costumbres denunció el asesor legal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Vidulfo Rosales Sierra.
La denuncia la hicieron organizaciones sociales durante un mitin en la puerta principal del Congreso local, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Rosales Sierra mencionó en el mitin que ya van dos legislaturas en el Congreso local que sólo utilizaron y engañaron a los pueblos originarios y afromexicanos para reformar la Ley 701 sin que tomaran en cuenta a las comunidades.
«El gran pendiente que tenemos es el que tiene que ver con la seguridad, justicia y reeducación, como lo llama la CRAC o más conocido como jurisdicción indígena que nos da el derecho a detener, juzgar y castigar a quienes cometan delitos en nuestro territorio»
Esto después de que el Congreso local negó reconocer los sistemas de justicia comunitaria a los pueblos originarios de Guerrero después de dos reformas a la Ley 701.
En 2018 el Congreso local aprobó una reforma a la Ley 701 en la que los diputados acotaron los alcances de las policías comunitarias para que no puedan retener y reeducar a las personas detenidas.
La reforma fue aprobada y una vez que se publicó en el Diario de Oficial de Guerrero, la CNDH promovió la acción de inconstitucionalidad 81/2018, porque para crear dicha reforma no fueron consultados los pueblos originarios.
La CRAC propuso al Congreso de Guerrero que convocara a un diálogo para definir las funciones de las policías comunitarias en la que participen los pueblos indígenas y afromexicanos.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tres años después, al comprobarse que los pueblos originarios no fueron consultados para dicha reforma, solicitó al Congreso de Guerrero información sobre cómo realizó la consulta a las comunidades indígenas para reformar la Ley 701 que define los alcances de las policías comunitarias.
El 26 de agosto de 2022 la SCJN, a través de un acuerdo emitido por el entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, determinó que los diputados de Guerrero no brindaron información exhaustiva de los alcances e implicaciones de la ley reformada para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Así, la SCJN se llamó al Congreso local a reponer el proceso de consulta para reforma la Ley 701.
El 5 de junio pasado, la SCJN emitió otra resolución en la que determinó que el Congreso sí realizó una consulta y garantizó las partes de todo el proceso.
Con esta determinación las policías comunitarias adheridas a la CRAC, por ley local, ya no pueden detener ni reeducar a las personas que detengan, pero insistieron hoy que su justicia comunitaria está amparada en tratados internacionales.
Ante tal situación, la CRAC solicitó al diputado Masedonio Mendoza Basurto presente al pleno del Congreso una reforma a la Ley 701 para que los sistemas de justicia comunitaria sean restablecidos.
Durante el mitin, los manifestantes tambien exigieron al Poder Legislativo que reconozca a cinco nuevos municipios que desde hace dos años fueron creados, pero aún no se nombran sus autoridades instituyentes por falta de acuerdo en el pleno.
En otra puerta del Congreso local llegó a protestar la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), liderado por Bruno Plácido Valerio. De esta organización germina un grupo de autodefensas que tiene presencia en algunos puntos de zona Centro y Costa Chica.
Este grupo pidió al gobierno estatal y al Congreso local trabajar en conjunto con las comunidades para planificar proyectos de obra en materia de agua, saneamiento, drenaje y caminos.
Ambos grupos fueron atendidos por una comisión de diputados, quienes les aseguraron que atenderán sus demandas.
