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Colectivos de familiares de personas desaparecidas protestan para exigir Ley de desaparición forzada

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Colectivos de familiares y víctimas de personas desaparecidas marcharon y bloquearon la Autopista del Sol y avenidas a la altura del Congreso local, para exigir a los diputados la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada.

A las diez de la mañana alrededor de 800 personas, todas familiares de desaparecidos integrantes de colectivos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, marcharon desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y continuaron en marcha al norte de Chilpancingo.

Durante la marcha bloquearon el carril norte-sur del bulevar Vicente Guerrero y a la altura del Congreso local, los cuatro carriles y la lateral del Autopista del Sol para exigir a las diputadas y los diputados la aprobación de esta ley.

Después de hora y media de mantener bloqueado los cuatro carriles del bulevar Vicente Guerrero, el contingente de la manifestación se movió a las entradas del Congreso local.

En tanto los diputados sesionaban dentro del Congreso local, los accesos fueron cerrados por el personal de seguridad.

Durante la movilización representantes de diversos colectivos coincidieron en que ninguna autoridad “los quiere ver ni escuchar ni atender”.

Con la Ley de desaparición de personas que proponen los colectivos intentan que exista un marco jurídico que garantice la coordinación de todas las dependencias encargadas de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas para mejorar e implementar los mecanismos más eficientes.

A nivel federal existe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, además de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

Dichas leyes a pesar de estar aprobadas por el Congreso de la Unión desde 2017 y 2018, respectivamente, sólo 15 estados han armonizado estas leyes. Guerrero está pendiente.

Los inconformes también piden el presupuesto suficiente para garantizar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas y tener acceso a una reparación del daño.

Otra de las demandas que expusieron es la creación e implementación de estrategias de seguridad para garantizar la no repetición de los hechos.

“Parece que sólo así nos voltean a ver, porque en campaña (los diputados) van y nos prometen mil soluciones, pero una vez en el poder ni nos ven ni nos oyen”, mencionó la directora de Los otros desaparecidos de Iguala AC, Aurora Bahena Cruz

Explicó que desde noviembre pasado presentaron la iniciativa ciudadana en materia de personas desaparecidas, y a la fecha sólo les informaron que dicho documento está en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

“Desde noviembre está ahí y no hacen nada los diputados, si no hacen nada que renuncien, con el sueldo que tienen se podrían resolver muchos problemas”, dijo.

Bahena Cruz informó que del Congreso local, al conocer la manifestación, les informaron a los colectivos que la ley la aprobarían en los próximos días, “pero nosotros queremos saber y verla antes de que se apruebe, y tener la certeza que es una ley acordé a las necesidades de las víctimas”.

Durante la protesta platearon al Congreso local un foro, un parlamento abierto y mesas de trabajo para discutir, proponer y crear en conjunto la Ley de desaparición de Personas.

“Queremos que se garantice el principio de participación conjunta y podamos manifestar nuestras necesidades y opiniones”, dijo Beatriz Adriana Rivera, integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso.

Además de los colectivos de personas desaparecidas, a la marcha asistieron integrantes del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, del Frente de Defensa Popular Francisco Villa, y representantes de colectivos de víctimas de la guerra sucia.

“Desgraciadamente al Estado mexicano y a sus instituciones parece no importarles cumplir con todo lo que ratifican ante las instancias internacionales y aún seguimos luchando para que nos proporcionen una gota de nuestros múltiples derechos”, se lee en un documento que repartieron durante la movilización.

Los colectivos participantes en la movilización fueron la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem); Siempre Vivos de Chilapa, Guerrero; Familiares de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos; Familiares en Búsqueda María Herrera; Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso y Los Otros Desaparecidos de Iguala.

José Díaz Navarro, representante de Siempre Vivos, mencionó que desde 1960, época de la llamada guerra sucia, hasta el 2022 tienen un registro de 4,000 personas desaparecidas.

“Desgraciadamente el Congreso ha sido omiso, indiferente, siempre pone excusas y nunca nos atienden. A nivel nacional ya hay 15 estados que tienen una ley de personas desaparecidas lo que nos habla de las prioridades que hay en el estado”, expuso.

Liberaron un carril de la Autopista del Sol en cada sentido.

A las tres de la tarde, después de que entró una comisión de los colectivos al Congreso local para dialogar con algunos diputados, levantaron el bloqueo de la Autopista del Sol y el personal liberó los accesos del Congreso local.

Tras amenazas y un diálogo con Félix Salgado, sindicalizados liberan edificio del Congreso

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Facebook Trabajadores del Congreso del Estado Sentimientos de la Nación / Archivo

Chilpancingo

Después de que anoche fueron amenazados con armas de fuego por sujetos desconocidos y ayer lograron un diálogo con el senador y padre de la gobenadora, Félix Salgado Macedonio, los integrantes del Sindicato Sentimientos de la Nación, del Congreso local, liberaron este mediodía el edificio del Poder Legislativo.

De acuerdo por lo relatado por el secretario general del Sindicato Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román, entre las once y doce de la noche de ayer, una camioneta negra llegó al plantón que mantienen los sindicalizados, desde donde unas personas les gritaron “ya quiten su chingadera y, posteriormente, se escuchó que cortaron cartucho”.

Es así que hoy los sindicalizados acordaron liberar las instalaciones que cerraron ayer, pero buscan tener una reunión más tarde con autoridades del Congreso local.

“Nos vamos no por las intimidaciones, nos vamos porque el día de ayer el senador Félix Salgado Macedonio se ofreció a ser intermediario entre nuestro movimiento y la Jucopo”, aclaró Martínez Román.

Después de siete días que estuvieron en plantón afuera del Congreso local y uno de que cerraron por completo el inmueble, se retiraron.

El movimiento, impulsado por el Sindicato Sentimientos de la Nación, resurgió el viernes de la semana pasada, cuando se confirmó el despido de dos trabajadores; un chofer y otra trabajadora que participaron en el bloqueo de seis días a las puertas de acceso del Congreso, el pasado 14 de febrero. Lo sindicalizados que calificaron el despido de sus compañeros como una represalia.

El miércoles pasado se supo de la retención del salario de Martínez Román, también por esa razón volvieron a cerrar el edificio, además de las vialidades aledañas.

El jueves 2 de marzo, el área administrativa del Congreso local informó el despido del dirigente sindical, bajo el argumento de que de manera recurrente se ausentaba de su centro de trabajo, sin contar con permisos de la comisión sindical.

Al escuchar el ruido de las supuestas armas y los gritos de los desconocidos, los trabajadores que estaban en el plantón se lanzaron al piso para mantener a salvo sus vidas, contó Martínez Román.

La primera reunión la tendrán la tarde de este viernes y esperan que junto a Salgado Macedonio esté la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.

La petición principal será la recontratación de los trabajadores despedidos.

Aprueban diputados espacios para más cuarteles militares en Guerrero, históricamente reprimido por el Ejército

Activistas consideran que es una simulación contra la inseguridad la presencia de más fuerzas castrenses en el estado, cuando la violencia es cotidiana

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de La Cruz

Chilpancingo

Activistas por los derechos humanos catalogaron como una «simulación» la llegada de militares y la construcción de más cuarteles para la Guardia Nacional (GN), pues, consideran que la violencia continúa y aumenta, además de ser un riesgo para los derechos humanos de los guerrerenses.

Durante la sesión extraordinaria de este lunes, el Congreso local aprobó la donación de dos terrenos para cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional en los municipios de Iguala y Pilcaya, respectivamente.

«Para coadyuvar en las tareas de prevención del delito y salvaguarda de la integridad de las y los guerrerenses», se lee en el dictamen aprobado este lunes.

Entrevistada vía telefónica, la directora del Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, calificó los cuarteles como «elefantes blancos que no abonan a disminuir la violencia».

Actualmente, y de acuerdo con datos oficiales de la Guardia Nacional, dados a conocer por el presidente en sus conferencias matutinas, en Guerrero hay nueve cuarteles de esta corporación, aparte de ocho instalaciones militares.

Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Cuajinicuilpa, San Marcos, Tepecoacuilco y Chilapa, son municipios donde ya hay cuarteles y los elementos de la Guardia Nacional operan con ayuda del Ejército.

Pretenden construir otros cinco cuarteles más para la Guardia Nacional, dos en el valle del Ocotito, zona rural de Chilpancingo; uno en Zumpango, cabecera de Eduardo Neri, y uno en Pilcaya y otro Iguala, donde los diputados acaban de autorizar los predios.

Hay un acuerdo desde marzo del 2022 entre el Ayuntamiento de Chilpancingo y la Sedena para la donación de los predios para la construcción de los cuarteles en el valle del Ocotito, pero fue impedida por los grupos de autodefensa que operaban en la zona.

Para el cuartel de Zumpango, el predio ya fue donado por la alcaldesa petista, Sara Salinas Bravo; es un solar ubicado en el Cerro del Tepetlayo, el cual, de acuerdo con los ejidatarios, está en litigio porque el Consejo Ejidal de Zumpango quería donarlo para crear un Área Natural Protejida.

En Acapulco, de acuerdo con Raymundo Díaz Taboada, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), se pretenden construir cuatro cuarteles.

«Uno con salida a la Costa Chica, otro con dirección a la Costa Grande, otro al norte del puerto de Acapulco y uno más en el centro».

Sobre el tema de la militarización, Díaz Taboada coincidió con Rosales Sierra, al declarar que tantos elementos y cuarteles no abonan a la seguridad pública, por el contrario, los consideró un riesgo para la garantía de los derechos humanos de los guerrerenses.

«En Guerrero tenemos una larga historia de que las policías han estado dirigidas por mandos militares o navales, en permiso o en retiro, y pensando en la cuestión de derechos humanos deben ser personas con capacitación en el traro a las personas, que sepan que todos somos sujetos de derecho y no como un posible enemigo que es la visión que siempre tienen los militares», dijo Díaz Toboada.

Esto debido a que, aunque en su decreto de creación, la Guardia Nacional establecía que debía tener un mando civil, a través de un decreto presidencial del 8 de agosto del 2022, se estableció que la corporación pasaría y dependería completamente de la Sedena.

Además, de acuerdo con lo reportado por diversos medios nacionales como Animal Político y El Financiero, de 128,000 elementos que conforman la Guardia Nacional, sólo 23,000 son civiles y elementos de la extinta Policía Federal, el resto son soldados y marinos.

La estimación del Financiero establece que siete de cada 10 elementos de la Guardia Nacional pertenecen a la Sedena o la Marina.

En Guerrero operan 2,951 elementos de la Guardia Nacional, más los militares distribuidos en instalaciones por toda la entidad.

Se trata de la IX Región Militar, la 27 Zona Militar en Pie de la Cuesta, la XII Región Naval y la Base Área de Pie de de la Cuesta dependiente de la Fuerza Área Mexicana.

Además de la 35 Zona Militar ubicada en Chilpancingo, el 27 Batallón de infantería en Iguala y el 34 Batallón en Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente.

Ante este panorama, Díaz Taboada agregó que aunque los militares tengan capacitaciones en derechos humanos, «ellos están formados para una guerra, con armas de guerra y su lógica siempre será aniquilar y abatir y no de detener en el marco de la aplicación de las leyes ciudadanas».

«Otro hecho de preocupación es que nos dicen que supuestamente la Guardia Nacional es una entidad civil y que sólo es administrada por la Sedena, pero la mayor parte de los que la conforman son militares y no se se le ve el carácter civil, por sus uniformes y su armamento difícilmente se ve como una organización civil», agregó Díaz Taboada.

En el dictamen aprobado el pasado lunes los diputados locales autorizaron a los ayuntamientos de Pilcaya e Iguala donar un bien inmueble «en favor del gobierno federal, con destino a la Sedena, además de autorizar el cambio de uso de suelo del referido predio para el desarrollo de actividades castrenses», mencionó el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto, secretario de la Mesa Directiva, al leer el dictamen al pleno.

Por esta aprobación es cuestión de tiempo para que comience la construcción de los cuarteles.

«El gobierno construye los cuarteles pero no se enfoca en erradicar el tema de los desplazados, las desapariciones o detener a personas del crimen», mencionó Rosales Sierra.

Aun cuando estos cuarteles, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, se ubican en zonas de violencia, esto no garantiza la seguridad para la población.

«Estando ahí militares y Guardia Nacional hay enfrentamientos, y no vemos que la militarización sea una forma de detener el desplazamiento forzado interno, las desapariciones y los asesinatos”, dijo Rosales Sierra.

«No creemos que la militarización sea garantía de seguridad, ya vimos que el gobierno no ha hecho nada, en la Sierra siguen los desplazamientos, los enfrentamientos y en las ciudades aún con militares hay asesinatos», insistió.

Datos del Centro Morelos indican que en Guerrero, desde 2011 a la fecha, hay 32,000 personas en calidad de desplazados.

La morenista Beatriz Mojica Morga, secretaria de la Comisión de Hacienda, fue quien fundamentó el dictamen para autorizar la cesión de derechos de propiedad del predio rústico ubicado en El Llano de la Concepción, propiedad del Ayuntamiento de Pilcaya, «en favor de la Sedena para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional».

Ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad del pleno en una sesión extraordinaria.

En Pilcaya e Iguala el tema de la violencia aumentó en los últimos meses.

En agosto del 2021 civiles armados atacaron a balazos el vehículo en el que viajan la alcaldesa de Pilcaya, Sandra Velázquez Lara, en dicho enfrentamiento dos policías municipales fueron asesinados.

En Iguala, en las últimas semanas se registraron diversos hechos de violencia en los que fueron asesinados varias personas.

Además, en el pasado reciente Iguala es una muestra nacional de lo que la fuerza militar puedes lograr. Las madres y los padres de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa ocurrida la noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, sostienen como su principal hipótesis que los militares de 27 Batallón mucho tiene que ver la desaparición de sus hijos.

Como antecedente es importante mencionar que en la década de los setentas, en Guerrero, en particular en la Sierra de Atoyac, vivieron una sombría época de represión militar, considerado por muchos sobrevivientes y académicos como un exterminio de Estado.

O la reciente época de supuesta “guerra contra el narcotráfico” que implementó el ex presidente Felipe Calderón (‪2006-2011‬), académicos y periodistas descubrieron que las zonas donde más asesinatos había eran la militarizadas.

Además, “hay infiltración, claro, y no sólo es en la policía, es en la Guardia Nacional y en el Ejército, por eso nos preocupa el tema de la militarización», agregó Rosales Sierra.

Sindicalizados del Congreso cierran las instalaciones del inmueble para presionar por una audiencia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Esta mañana trabajadores agremiados al Sindicato Sentimientos de la Nación, del Congreso local, cerraron con cadenas y candados las entradas principales del Poder Legislativo porque, dijeron, la administración se negó a reinstalar a dos trabajadores despedidos.

Esta es la segunda vez que los trabajadores de este sindicato mantienen un movimiento de protesta. El despido de sus compañeros, dijeron, sería en presión por sus protestas anteriores.

Los manifestantes criticaron la actitud de los diputados locales, quienes «vienen y nos dicen que están con nosotros, pero la realidad es que no han hecho nada para resolver nuestras demandas», denunció el secretario general del Sindicato, Fernando Martínez Román.

Hace seis días que los trabajadores comenzaron un plantón en la avenida Trébol, frente a las instalaciones del Congreso local, y desde las seis de la mañana cerraron con candado y cadenas las entradas las entrada principal del inmueble legislatuvo para impedir el ingreso al personal y a los visitantes.

Hasta ayer la manifestación era sólo en la avenida, es decir, permitían el acceso a todos.

La mañana de este jueves los trabajadores, respaldados por otros sindicatos tomaron las instalaciones, como una forma de intensificar sus acciones de protesta.

En el inmueble también colocaron dos lonas con las leyendas «Congreso Represor» y «Libertad Sindical».

En la imagen, Ramón Núñez Campos, uno de los tres trabajador despedidos, afuera de las instalaciones del Congreso local.

Los trabajadores demandan la reinstalación de dos de sus compañeros que de manera injustificada, denunciaron, fueron despedidos por participar en la la toma del Congreso local el pasado 8 de febrero pasado.

Ante la ausencia de una solución, el grupo de manifestantes que desde el pasado viernes mantienen bloqueada la avenida Trébol Sur, impidieron la entrada a las instalaciones.

“Lejos de dar una respuesta, las autoridades mandaron a un notario público con el propósito de intentar intimidar y amedrentar a compañeros y compañeras”, dijo Martínez Román.

Mencionó que continuarán con acciones más «radicales» para «hacer valer los derechos laborales a través de la movilización social, ya que por ninguna otra vía hemos tenido una solución por parte de las autoridades de la LXIII Legislatura».

Denunció que a él ya le retuvieron el salario de la segunda quincena de febrero y hay 25 actas administrativas levantadas en contra de integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación.

Los trabajadores exhortaron a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, y los demás diputados que conforman dicho órgano de gobierno del Poder Legislativo, a instalar una nueva mesa de diálogo para evitar que el movimiento se complique.

Despiden al líder sindical por «incumplimiento de responsabilidades», informan directivos del Congreso

Horas más tardes de que dieran a conocer la toma de las instalaciones del Congreso, el secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Poder Legislativo, Andrés Orozco Pintos y la subdirectora de Recursos Humanos, Juanita Avilés Rodríguez, informaron que el Martínez Román fue «despedido del trabajo que desempeñaba» el pasado 28 de febrero.

Esto, explicaron los funcionarios, se debió por el levantamiento de una serie de actas administrativas por «incumplimiento de sus responsabilidades».

Orozco Pintos explicó que el despido de Martínez Román no es un acto de hostigamiento laboral contra el sindicato que representa, «más bien, se trata de una acción generada por el desacato a la ejecución de sus tareas laborales y por falta de confianza en las funciones que tenía, nosotros estamos actuando conforme a derecho».

Sobre los otros dos trabajadores despedidos, Avilés Rodríguez dijo que hubo actas administrativas reportadas por sus jefes directos, quienes solicitaron por oficio que fueran puestos a disposición, pero al no contar con plazas fueron separados de sus cargos automáticamente.

Agregaron que ya notificaron de la toma del Congreso al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pues, sostienen, el movimiento que impulsan este grupo de sindicalizados es ilegal, porque no hubo un emplazamiento a huelga.

El sindicato ya adelantó que intensificarán sus acciones.

Emite el Congreso local convocatoria para elegir a titulares de los órganos internos de control

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Durante una sesión extraordinaria celebrada hoy, los diputados locales emitieron las convocatorias para elegir a los titulares de los órganos internos de control de cinco dependencias.

Los diputados de la 63 legislatura del Congreso local decretaron el receso legislativo desde el 15 de enero pasado, con el pendiente de designar a los titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro), de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (CDHEG), del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), y del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Itaigro).

Dichos nombramientos tuvieron que estar listos antes del 15 de enero pasado, cuando concluyó el primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio legislativo.

Para resolverlo, los integrantes de la Comisión Permanente convocaron a un periodo extraordinario de sesiones para dar de baja el procedimiento anterior y realizar una nueva convocatoria para designar a los titulares de los órganos internos de control.

Estos órganos son unidades administrativas dentro de las dependencias y organismos públicos descentralizados encargadas de “prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción”, se lee en su sitio oficial del Congreso local.

Por sus funciones y atribuciones tienen la calidad de ser autónomos y responder directamente al Sistema Estatal Anticorrupción y los titulares deben ser nombrados por el Congreso local a través de una convocatoria.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, estos órganos y sus titulares tienen que promover la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos, “mediante la realización de auditorías y revisiones a los diferentes procesos de las instituciones de la Administración Pública”.

También atienden quejas, denuncias, peticiones ciudadanas y resoluciones de procedimientos administrativos y de inconformidades.

Para iniciar el proceso las convocatorias fueron emitidas hoy; los aspirantes a estos cargos podrán registrarse en la oficina de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, del 27 de febrero al 3 de marzo próximo, deben ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, preferentemente guerrerenses con mínimo 30 años cumplidos al día de la designación.

También deben tener título y cédula profesional de licenciatura en áreas afines a la administración pública con un mínimo de cinco años de experiencia.

Hay impedimento de registro para quienes ya fueron titulares de alguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública estatal o municipal, representante popular federal o estatal o ministro de algún culto religioso o dirigente de partido político tres años antes de la designación.

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Presentan iniciativa para catalogar a los animales como seres sintientes en el Código Penal del Estado

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

El día de hoy fue presentada una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guerrero que pretende catalogar a los animales como seres sintientes y no como bienes inmuebles, según su condición actual.

La iniciativa la presentó el diputado de Morena, Marco Tulio Sánchez Alarcón, quien al no estar presente, por no ser parte de la Comisión Permanente, fue leída por la Mesa Directiva.

La iniciativa de reforma al Código Penal establece a los animales como seres sintientes para que sus derechos, plasmados en la Ley 491 de Bienestar Animal, sean considerados y se les brinde un trato digno.

En la exposición de motivos, explicaron que aun cuando existe la Ley de Bienestar Animal que reconoce a los animales como “entes dotados de derechos esenciales”, a nueve años de su aprobación no ha armonizado las leyes secundarias para garantizar su cumplimiento.

Tampoco, entonces, hay sanciones para quienes incumplan dichas leyes de Bienestar Animal.

“Tal es el caso que actualmente el Código Civil del Estado de Guerrero reconoce a los animales de pie de cría como bienes inmuebles, sin reconocer la gama de derechos de la que son sujetos, generando con ello actividades que vulneran su bienestar”, dijo el secretario de la Mesa Directiva, Masedonio Mendoza Basurto, al leer la iniciativa.

También se establece que está comprobado que todos los animales tiene un sistema nervioso complejo, lo que los convierte en seres sintientes y deben ser protegidos por la ley.

“Por ese motivo la presente iniciativa propone establecer a los animales como seres sintientes y como seres depositarios de derechos”.

La propuesta de reforma se centra en adicionar la fracción XX del artículo 375 del Código Penal del Estado.

“Respecto del aseguramiento de animales vivos, se canalizarán a lugares adecuados para su debido cuidado, siendo que en el caso de los animales asociaciones domésticos u las organizaciones protectoras o dedicadas al cuidado de animales debidamente constituidas, podrán solicitar en cualquier momento al Ministerio Público o Juez correspondiente su resguardo temporal y tendrán preferencia para obtener la posesión definitiva de los mismos por resolución judicial que así lo determine. Las personas que resulten responsables por el delito de maltrato o crueldad hacia los animales perderán todo derecho sobre los animales que hayan tenido bajo su custodia o resguardo”, se lee en la propuesta de artículo reformado.

Por ahora los animales siguen en la categoría de bien inmueble.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

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Exigen diputados una “investigación seria” en caso Zoochilpan

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

Integrantes de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso local exigieron a las autoridades ambientales estatales y federales una “investigación seria” en el caso del zoológico Zoochilpan y castigo “con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables”.

En la sesión del pasado miércoles, a nombre de la comisión, leyeron un posicionamiento en el que se pide a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero (Semaren), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental esta investigación.

La propia Semaren, después de una revisión institucional en el Zoochilpan, informó de irregularidades en la administración del zoológico por parte del ex director, José Rubén Nava Noriega, a que señala de desvió de recursos públicos, tráfico de especies y negligencia médica.

Además, la investigación de la dependencia expuso que fueron sacrificadas y cocinadas cuatro cabras pigmeas para el festejo de fin de año del Zoochilpan.

Los legisladores que forman parte de la comisión y quienes plantearon esta petición, Manuel Quiñónez Cortés y Rafael Navarrete Quezada, coincidieron en que de acuerdo con la Ley 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente las autoridades ambientales tienen la obligación de proteger y garantizar el bienestar de los animales.

“Son tristes, lamentables y reprobables los hechos ocurridos en este lugar (Zoochilpan) que se supone es un santuario para la protección, el buen cuidado, manejo, conservación y reproducción de las especies animales”, mencionó Quiñónez Cortés.

El diputado exigió a las autoridades ambientales que el resultado de las investigaciones concluya con las denuncias ante las instancias correspondientes y “que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables”.

Sobre el mismo tema, Navarrete Quezada se pronunció y mencionó que lo ocurrido en el Zoochilpan no sólo demuestra faltas administrativas, también es una violación a la Ley General de Vida Silvestre y a la de Bienestar Animal.

“Seguramente hay mucho más que saber del asunto, por lo cual exijo a las autoridades competentes una investigación a fondo que permita a los guerrerenses saber qué pasó y qué está pasando en el citado centro, también desde esta tribuna emplazamos a las instancias a cumplir su responsabilidad de proteger a los animales y sancionar de manera ejemplar a quienes vulneren sus derechos”, mencionó.

Las investigaciones por el caso Zoochilpan fueron turnadas a la Profepa, a Contraloría estatal y a la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la biodiversidad, contra quien resulte responsable.

Además hay dos denuncias directas en contra de Nava Noriega por su presunta mala administración al frente del Zoochilpan.

“Tenemos que entender que los animales son sujetos de especial protección y que, de acuerdo con la declaración universal de los derechos de los animales, estos deben ser amparados por la ley en igualdad de circunstancias que el hombre”, agregó Navarrete Quezada.

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Cumplen cinco días tomadas las instalaciones del Congreso por grupo de sindicalizados

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Agremiados al Sindicato Sentimientos de la Nación, del Congreso local, cumplieron cinco días en paro de labores sin que exista un acercamiento con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a quien pretenden plantear que cese el hostigamiento laboral del que, aseguran, ser víctimas por parte de la diputada morenista Yoloczin Domínguez Serna.

Al no tener un acercamiento con los integrantes de la Jucopo, los manifestantes buscaron la intervención de la gobenadora Evelyn Salgado Pineda para que medie entre las partes.

“La gobernadora nos dijo que es respetuosa de la división de poderes pero que atenderá nuestra solicitud y pedirá a la Secretaría General de Gobierno mediar entre las dos partes”, mencionó esta mañana en conferencia de prensa Fernando Martínez Román, secretario general de este sindicato.

Martínez Román precisó que tuvieron que buscar a la gobernadora porque a cinco de días de mantener un plantón en las entradas del recinto legislativo no hay un planteamiento de parte de la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, para alguna mesa de trabajo.

“Ella (Domínguez Serna) dice en sus comunicados y en sus redes que está abierta al diálogo pero la realidad es que jamás se nos ha acercado”, dijo Martínez Román.

Conferencia de prensa de integrantes del Sindicato Sentimientos de la Nación, este 13 de febrero afuera del recinto legislativo.

En la conferencia de esta mañana también presentaron su pliego petitorio, en el que piden, entre otras cosas, un alto al hostigamiento laboral que, insisten, ejerce en su contra Domínguez Serna.

Esto señalamiento del dirigente sindical, al parecer, tiene que ver con una investigación que realizará el Órgano de Control Interno del Congreso en contra de Martínez Román por, supuestamente, filtrar recibos de nómina de trabajadores.

Los manifestantes dieron que mantendrán tomadas las instalaciones del Congreso hasta que les den una mesa de trabajo. Por el paro, la circulación en un carril de la avenida Trébol Sur está bloqueado.

El paro de los trabajadores comenzó el pasado miércoles 7 de febrero después de que Domínguez Serna les canceló una reunión a los sindicalizados.

También después de que se diera a conocer la investigación de parte del Órgano de Control Interno contra Martínez Román por, supuestamente, filtrar recibos de nómina de trabajadores.

En el pliego petitorio que presentaron esta mañana los trabajadores piden el cese a dicha investigación.

En el Congreso de Guerrero hay Comisiones que nunca han sesionado

Una de esas comisiones es la de Examen Previo, encargada de recibir y analizar denuncias de casos de corrupción

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

De 34 comisiones legislativas que hay en el Congreso de Guerrero, algunas no han sesionado en el año y medio que lleva la 63 Legislatura, aunque es la base del trabajo legislativo y las y los diputados están obligados a asistir a las sesiones de éstas y del pleno, de acuerdo con datos consultados en el portal oficial de Congreso del Estado de Guerrero.

Dentro de las funciones del Poder Legislativo, además de sesionar para aprobar o rechazare leyes, dictámenes, exhortos y puntos de acuerdo, existen las Comisiones Legislativas: una instancia en la que los diputados proponen leyes o las analizan en caso de que les sean turnadas por la Mesa Directiva.

Después de que las iniciativas son analizadas estás se presentan al pleno para su lectura, discusión y en su caso la aprobación o el rechazo.

Del trabajo en comisiones podrían surgir iniciativas importantes a favor de la población, pero no sucederá si sus integrantes nunca se reúnen.

Estás comisiones, por su nombre y atribuciones deberían ser muy importantes pero sus integrantes sólo se vieron las caras el día que se reunieron para instalar los trabajos de su competencia, sin que la Ley Orgánica del Poder Legislativo marque alguna sanción.

La primera de estas comisiones es la de Examen Previo, encargada de recibir y analizar denuncias de casos de corrupción.

En el año y medio que lleva la 63 legislatura en funciones, esta comisión ha sesionado una sola vez para instalar los trabajos, los cuales, no se han realizado.

La Comisión de Examen Previo la preside la perredista Susana Paola Juárez Gómez y el secretario es el morenista Carlos Cruz López.

Guerrero es una de las entidades en la que su población tiene uno de los índices más altos de percepción de corrupción, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con los resultados de esta encuesta, en la edición más reciente, 83 por ciento de la población de Guerrero percibe que la corrupción es una práctica muy frecuente, o frecuente, en policías, seguido de los partidos políticos.

Retomando lo de las comisiones en el Congreso de Guerrero, otra que no ha registrado trabajo legislativo es la Comisión de Adultos Mayores, que preside la morenista Gloria Citlali Calixto Jiménez, igual que la de examen previo, solo sesionó para instalarse.

En Guerrero, 80 por ciento de los adultos mayores manifiesta mala calidad de vida, con porcentajes altos de problemas físicos, emocionales y sociales, de acuerdo con la investigación Calidad de vida en adultos mayores de Guerrero, México, realizada por la Escuela Superior de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).

Otra de las comisiones que solo sesionaron para instalarse es la de Minería, que preside otro diputado de Morena: Andrés Guevara Cárdenas. En Guerrero hay tres operaciones mineras que han generado problemas de contaminación, de salud y sociales en las comunidades aledañas.

La Comisión de Atención a Migrantes, al igual que las anteriores solo sesionó en una ocasión. Los migrantes de Guerrero, como sucede en todo el país, sostienen la economía por el envío de divisas.

A pesar de la importancia de estas comisiones sus integrantes no han realizado una sola acción a favor de los sectores que representan.

Las tres comisiones antes mencionadas jamás han presentado algún dictamen o punto de acuerdo en el pleno.

Otras de las comisiones que menos trabajos tienen registrados es la de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático con cuatro sesiones registrados este año y medio de trabajo.

Una sesión de esas cuatro fue la de instalación y las demás fueron para realizar exhortos sobre incendios forestales y emisiones del transporte público.

Esta Comisión de Recursos Naturales la preside el diputado del Partido Verde, Manuel Quiñones Cortés.

Otras comisiones con poco trabajo y por ende pocas sesiones son la de Turismo, con cuatro; Desarrollo Agropecuario y Pesquero, con tres; Juventud y Deporte, con dos y Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos con tres sesiones.

Trabajadores mantienen protesta en Congreso; acusan a líder sindical de falsear información

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Al no haber diálogo con los representantes del Congreso local, los agremiados al Sindicato de Trabajadores del Congreso Sentimientos de la Nación mantienen tomadas por segundo día consecutivo las instalaciones del Poder Legislativo.

Al mediodía, los integrantes del sindicato marcharon de las instalaciones del Congreso local, ubicadas sobre avenida Trébol, al sur de la ciudad, hasta al edificio de la Comisión Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG), en el centro de la ciudad, para pedir la intervención de la presidenta de la Comisión, Cecilia Narciso Gaytán.

Una comisión de trabajadores fue atendida y los demás manifestantes regresaron a su plantón instalado en la entrada del Congreso local.

Los trabajadores pidieron, además, un diálogo directo con todos los diputados que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no quiere reunirse sólo con su presidenta, la morenista Yoloczin Domínguez Serna, ni con algún director o jefe de área.

El secretario general de este grupo sindical, Fernando Martínez Román, informó que desde el año pasado que recibieron su toma de nota y registro como sindicado comenzaron una serie de actos represivos contra ellos.

Como cambios de adscripción, denuncias que fueron interpuestas ante el Organo de Control Interno del Congreso contra Martínez Román, “y un hostigamiento permanente de funcionarios allegados a la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Dominguez Serna”.

Señaló a la administración de Domínguez Serna de retener las cuotas sindicales, porque nunca las hicieron llegar a las cuentas del sindicato.

Hasta el momento no hay un acercamiento con los integrantes de la Jucopo como piden los sindicalizados, entonces decidieron mantener su movimiento, y las instalaciones al Congreso local continúan tomadas.

Jefes de área del Congreso local acusaron al líder sindical de utilizar las bases del Poder Legislativo para su conveniencia

El día de ayer, en conferencia de prensa la subdirectora de Recursos Humanos, Juanita Avilés Rodríguez y el secretario de Servicios Financieros y Administrativos, Andrés Orozco Pintos, acusaron al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso del Estado Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román, de usar a sus agremiados para defender intereses propios.

Los funcionarios dijeron que Martínez Román mal informó a los agremiados y a los medios de comunicación en la protesta de esta mañana en el Congreso local.

Esto porque Martínez Román dijo que la administración de Domínguez Serna no permitió la basificación de 63 trabajadores, “algo que es falso, porque no fuimos nosotros, fue el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por faltas en el proceso para obtener dichas bases”, mencionó Avilés Rodríguez.

Orozco Pintos dijo que el Sindicato Sentimientos de la Nación “cometió un error de no entregar los requerimientos por parte del Tribunal (de Conciliación y Arbitraje) y fue que les retiraron las bases y nosotros no estábamos todavía al frente de la responsabilidad, así que fue el Tribunal, no la diputada Yoloczin Domínguez”.

La subdirectora de Recursos Humanos dijo que lamentaba que pretendieran utilizar a los trabajadores, porque la administración siempre ha buscado que haya beneficios de manera “justa para todos”.

Sobre el proceso de investigación en contra de los agremiados, los funcionarios del Congreso local dijeron que sólo es para Martínez Román y fue interpuesto por dos trabajadores de quienes exhibió de manera pública su salario y datos personales.

Estos datos fueron filtrados a algunos medios de comunicación a inicios de enero, y acusaron a la diputada Domínguez Serna de nepotismo por tener a su sobrina, Yolanda Domínguez, como jefa de área de Recursos Humanos.

“Él (Martínez Román) estuvo en el área de Recursos Humanos, tenía una contraseña para acceder a algunos documentos y eso es algo que el Órgano de Control Interno investiga, no estamos acusando ni señalando, sólo decimos que está la investigación y será la instancia la que determine. Lo que sí es lamentable es que se quiera escudar con el sindicato porque la investigación es contra él, no contra el sindicato”, dijo Andrés Orozco.

Los funcionaros del Poder Legislativo también comentaron que hasta el momento no hay un documento en el que Conciliación y Arbitraje notifique de la huelga.

“Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, tan es así que pasamos ahorita donde está la protesta y no nos abordaron, no nos dijeron nada”, dijo Avilés Rodríguez.

Otra de las acusaciones que los funcionarios de Congreso local adjudicaron a Martínez Román y que aseguraron son falsas fue que a los medios de comunicación les dio el dato que el Sindicato Sentimientos de la Nación tiene 150 agremiados, “y la realidad es que son únicamente 63, lo que representa el 10 por ciento de la planta laboral del Poder Legislativo”, agregó.

Sobre lo expuesto por el secretario y la subdirectora, el Sindicato Sentimientos de la Naciones emitió un comunicado en el que dice que mienten y reitera su petición de diálogo directo con todos los integrantes de la Jucopo.

Diputados de Guerrero pueden ausentarse cuantas veces quieran pero su salario lo reciben íntegro

Las diputadas del Partido Verde, Hilda Jenifer Ponce Mendoza y la morenista María Flores Maldonado se llevaron el récord de inasistencias, faltaron, una 19 y, la segunda, 16 veces, respectivamente, durante el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio legislativo

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

En el Congreso de Guerrero los diputados se pueden dar el lujo de faltar a las sesiones pero su salario lo cobran íntegro.

En las 43 sesiones que se llevaron a cabo en el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio legislativo, del 1 de septiembre del 2022 al 15 de enero del 2023, las diputadas que se llevaron el récord de inasistencias fue la del Partido Verde, Hilda Jenifer Ponce Mendoza, quien llegó al Congreso por la vía plurinominal y la morenista del distrito 27, con sede en Tlapa, María Flores Maldonado, con 19 y 16 ausencias al pleno de sesiones, respectivamente.

El priista y ex alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, se llevó el tercer lugar al no acudir a las sesiones ya que tuvo 15 faltas, de acuerdo con el Diario de los Debates del Congreso.

Al hacer una evaluación por cada una de las fracciones parlamentarias en el tema de ausencias la que ocupa el primer lugar es la bancada de Morena.

La fracción morenita tiene la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y las comisiones legislativas más importantes.

En la consulta que se realizó al Diario de los Debates está asentado que Ponce, la del PVEM, aparte de ser la más faltista también ocupa uno de los últimos lugares en cuanto a participaciones en tribuna.

La del Verde, no presentó ningún punto de acuerdo en los cuatro meses del periodo ordinario de sesiones y su única intervención en tribuna fue cuando preguntó al secretario de Educación en Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, durante su comparecencia ante el pleno, el 22 de noviembre del 2022.

Ponce le preguntó a Saldaña sobre la deserción escolar en la región de la Montaña.

A diferencia de Ponce, la legisladora morenista María Flores Maldonado, la segunda en ausencias en el Congreso, sí participa cuando llega al pleno.

Una de las propuestas de Flores es un punto de acuerdo para hacer un muro de honor y se escriba con letras de oro el nombre del maestro Othón Salazar Ramírez, primer presidente municipal de izquierda en México.

Sin embargo, la propuesta de la morenista sigue en comisiones desde hace más de dos meses.

El tercer lugar en faltas lo ocupa el priista originario de Chilapa de Álvarez, Jesús Parra García, con 28 asistencias a las sesiones.

En esas 28 asistencias, Parra García subió a tribuna en 13 ocasiones, la mayoría para leer dictámenes que genera la Comisión de Justicia que preside.

Desempeño de la fracción de Morena

Los morenistas resultan ser los que más se ausentan a las sesiones.

De 43 sesiones, ocho diputados y diputadas de Morena faltaron a más de ocho.

Quienes suman más faltas de esta fracción son Andrés Guevara Cárdenas y Alfredo Sánchez Esquivel con 10 faltas.

Estrella de la Paz Bernal faltó a ocho sesiones, al igual que su compañero y compañeras de bancada, José Efrén López Cortés, Beatriz Mojica Morga y Nora Yanek Velázquez Martínez.

El caso del diputado y presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, tiene 22 de 43 asistencias registradas; se debe a que el 6 de septiembre solicitó licencia al Congreso para desempeñarse como presidente de su partido. González Varona regresó un mes y medio después y, desde entonces, mantiene sus dos puestos.

Durante el tiempo que González Varona se ausentó, su curul estuvo a cargo de su suplente, Fernando Agüero Mancilla, que asistió a 12 sesiones, en total, por ambos asistieron a 34 sesiones.

El octavo caso es el de Flores Maldonado, que ya se expuso al principio, quien faltó 16 veces al pleno.

El resto de los diputados de Morena asistieron a más de 35 sesiones, es decir, sus faltas son menores a siete.

Segunda fracción faltista: los priistas

En el caso del PRI, cuatro son sus diputados más faltistas.

Jesús Parra García, quien fue alcalde de Chilapa, encabeza dicha lista con 16 faltas, le siguen sus compañeros Adolfo Torales Catalán, Rafael Navarrete Quezada y la esposa del senador Manuel Añorve Baños, Julieta Fernández Márquez, con ocho.

El resto de los priistas asistieron a más de 35 sesiones del Congreso.

Pocos y faltistas: el PRD

El caso de los perredistas, un grupo parlamentario de nueve integrantes, dos son los que faltaron en más de ocho ocasiones a las sesiones.

Se trata de la diputada del distrito 17, con sede en Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de la entidad, Elzy Camacho Pineda, con ocho faltas.

Carlos Reyes Torres, quien representa al Distrito 12, con sede en Zihuatanejo, diputado local por tercera vez, tiene 10 faltas.

Diputada del Verde, la reina de los faltistas

Los dos diputados que tiene el Partido Verde también gustan de no asistir a las sesiones.

Como ya se explicó, Ponce Mendoza ocupa el primer lugar con 19 inasistencias y su compañero Manuel Quiñones Cortés faltó 10 veces.

No hay sanciones a faltistas, pues justifican su ausencia con permisos

Aunque estos diputados faltaron a las sesiones del Congreso, la Ley Orgánica del Poder Legislativo no establece alguna sanción para los diputados faltistas.

El 70 por ciento de las faltas de los diputados fueron a través de un permiso, el cual los absuelve de cualquier sanción establecida en la Ley Orgánica.

La única sanción que establece la Ley Orgánica a los diputados que falten a las sesiones es que después de siete faltas sin permiso serán relevados de su cargo, que asumirá el suplente.

No existen una sanción que establezca el descuento por la ausencia, como si lo hacen con los trabajadores administrativos del Congreso.

Aunque existen diputados con más de siete faltas a las sesiones, la mayoría fueron con permiso y la Ley Orgánica no limita el número de estos permisos a los diputados.

Por lo tanto estos diputados faltistas no reciben sanción alguna y cobrarán sin problema su sueldo mensual de 61 mil 399 pesos netos, de acuerdo con la última información publicada sobre el sueldo de los diputados al inicio de la legislatura, en 2021.

Existen versiones de que entre prerrogativas, viáticos y dieta, el dinero que obtienen los diputados asciende a los 200,000 pesos.

Armonizar leyes en materia ambiental con tratado internacional, discuten en mesa del Congreso local

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía:
30 de enero del 2023
Chilpancingo

Durante la mesa de diálogo Acuerdo de Escazú y la Participación Ciudadana en la Conservación del Medio Ambiente, activistas y miembros de organizaciones internacionales coincidieron en lo necesario que es armonización de leyes locales con este tratado internacional en materia de medio ambiente

En en el marco de la Semana Jurídica 2023, el Congreso local, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, organizó esta mesa de diálogo para generar mecanismos que permitan armonizar el acuerdo con leyes estatales.

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación en América Latina y el Caribe derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

“También plantea garantizar el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible”, se lee en el resumen del Acuerdo de Escazú.

Dicho documento es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscrito por 24 de ellos el 27 de septiembre de 2018.

México es uno de esos países que lo suscribieron, pero a cuatro años de eso nunca se ha legislado para armonizar las leyes locales y nacionales, mencionó el diputado Manuel Quiñones Cortés, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso local.

Al inaugurar la mesa de diálogo, el diputado se comprometió con los activistas y organizaciones internacionales a “fortalecer y generar los mecanismos necesarios para la protección y mejora del medio ambiente como pilar fundamental del desarrollo sustentable y sostenible en Guerrero”.

Durante la mesa de diálogo expuso el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guerrero (Propaeg), Carlos Arturo Toledo Manzur, quien mencionó la importancia de armonizar las leyes.

“Se debe analizar a fondo cómo se podría implementar este acuerdo en Guerrero y que no quede sólo en discurso, sino que contribuya a una gestión más efectiva de los recursos ambientales”, mencionó.

El coordinador del Programa Global Sobre Delitos que Afectan al Ambiente (Unodc), Marco del Toral, dijo que ya hay esfuerzos desde el Poder Legislativo para determinar qué delitos nuevos afectan al ambiente y sean agregados a la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero.

Aseguró que en esta Semana Jurídica se trabajará en las acciones de protección, conservación de medio ambiente y lo que corresponde a prevención y combate. “Se requiere de sectores de procuración e impartición de justicia, desde la detección, inspección, persecución propia de los delitos, hasta la adjudicación y sentencia”, mencionó Marco del Toral.

Algunas de las demandas de los activistas ambientales fueron revisar la situación de la Central Carboeléctrica de Petacalco y de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales que en el estado, de las cuales funcionan menos de la mitad.

Este contenido es patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero

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