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Nuevo Cuartel de la GN en Ocotito, en una expansión de la militarización del estado en nombre de la seguridad

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Después de varios hechos violentos que sucedieron en Chilpancingo y sin la presencia de la alcaldesa de Chilpancingo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, colocó la primera piedra del cuartel de la Guardia Nacional, ubicado en Ocotito, poblado marcado por la inseguridad en los últimos años.

La denominada zona del valle, que comprende varias comunidades de Chilpancingo y Juan R Escudero y que atraviesa la carretera federal 95 y la Autopista del Sol, desde 2012 tiene varios problemas relacionados con la violencia a grupos criminales que tienen otras asociaciones.

Hace nueve años, en 2014, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), coordinada por Bruno Placido Valerio, un ex líder comunitario muy cercano a actores políticos–como en su momento lo fue el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien le apoyó para crear esta organización–, entró al municipio de Juan R Escudero para encargarse de la seguridad con este sistema de autodefensas.

En 2015 expandió las autodefensas hasta Chilpancingo con retenes de civiles armados sobre la carretera federal Chilpancingo-Acapulco. Pero ese mismo año, por una diferencia interna de integrantes, un grupo se separó y formó el Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero (FUSDEG), después contrarios a la UPOEG.

En estos nueve años han ocurrido diversos enfrentamientos entre integrantes de grupos de civiles armados; estas diferencias dejaron alrededor de 43 personas asesinadas, de acuerdo con información que dio a conocer el entonces comandante de la UPOEG en Ocotito, David Barrientos Salazar, meses antes de su detención. A este líder de la autodefensa lo detuvieron por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y estupefacientes.

Ambos grupos, UPOEG y FUSDEG, eran señalados, por fuentes de seguridad, de tener vínculos con grupos delictivos de la zona Centro y Acapulco. Pero la expansión de estas autodefensas necesitó más que el respaldo que grupo criminales.

Algunos de los asesinados ocurridos en esta zona son el del comandante y maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), Mario Zamora Maldonado, ocurrido el 23 de enero del 2022, en el poblado de Buena Vista de la Salud, durante un enfrentamiento armado.

Otro caso fue el de Salvador Catalán Barragán, quien fue secuestrado y asesinado el 12 de diciembre del 2021.

A inicios de este 2023, después de una operación policiaca entre la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército desarmaron a los grupos de autodefensa que operaban en este corredor.

Con la detención del líder de la UPOEG, David Barrientos Salazar, en Puebla, contuvieron las acciones de estos grupos.

Aunque la situación no termina con eso, en los últimos días Chilpancingo vivió una serie de hechos violentos que demostraron que el tema de la seguridad no es garantizado por las autoridades.

Siete cadáveres desmembrados, cinco taxistas asesinados y cuatro unidades incendiadas, el asesinato de un ex regidor de Chilpancingo y su colaborador en un negocio de su propiedad, la irrupción de 2,000 pobladores de cinco municipios donde opera el grupo criminal Los Ardillos y el día de hoy, el asesinato de una mujer en el Mercado Central, son algunos de los hechos de violencia que comenzaron desde el 24 de junio.

Todo esto en medio de un contexto donde queda expuesta la convivencia de autoridades como líderes criminales. La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, fue exhibida en imágenes cuando estaba reunida con uno de los presuntos líderes de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.

Con este antecedente, esta mañana la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el coordinador de la Guardia Nacional en Guerrero, Andrés Ramírez Xochicalli, encabezaron la ceremonia de instalación de la primera piedra para iniciar la construcción de la coordinación estatal de la Guardia Nacional, en el poblado de Ocotito.

Durante el evento, Salgado Pineda dijo que la Guardia Nacional y las fuerzas armadas “son clave para territorializar la estrategia de seguridad que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

La gobernadora mencionó que en su administración “han habido días muy buenos y días complicados que han enfrentado con diálogo y responsabilidad de trabajo”.

El comisario de la Guardia Nacional en Guerrero, Ramírez Xochicali, informó que el proyecto de obra que hoy arrancó contempla una inversión de 450 millones de pesos. En un predio de 10 hectáreas construirán 40 edificaciones, habrá alojamiento para 776 elementos, contará con plantas tratadoras de aguas, un helipuerto, y otras áreas.

Al evento la ausente fue la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quien desde hace 15 días no aparece en acto públicos o asiste de invitada a algún del gobierno del estado.

Actualmente, y de acuerdo con datos oficiales de la Guardia Nacional, dados a conocer por el presidente en sus conferencias matutinas, en Guerrero hay nueve cuarteles de esta corporación, aparte de ocho instalaciones militares.

Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Cuajinicuilpa, San Marcos, Tepecoacuilco y Chilapa tienen cuarteles de la Guardia Nacional.

Aprueban diputados espacios para más cuarteles militares en Guerrero, históricamente reprimido por el Ejército

Activistas consideran que es una simulación contra la inseguridad la presencia de más fuerzas castrenses en el estado, cuando la violencia es cotidiana

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de La Cruz

Chilpancingo

Activistas por los derechos humanos catalogaron como una «simulación» la llegada de militares y la construcción de más cuarteles para la Guardia Nacional (GN), pues, consideran que la violencia continúa y aumenta, además de ser un riesgo para los derechos humanos de los guerrerenses.

Durante la sesión extraordinaria de este lunes, el Congreso local aprobó la donación de dos terrenos para cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional en los municipios de Iguala y Pilcaya, respectivamente.

«Para coadyuvar en las tareas de prevención del delito y salvaguarda de la integridad de las y los guerrerenses», se lee en el dictamen aprobado este lunes.

Entrevistada vía telefónica, la directora del Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, calificó los cuarteles como «elefantes blancos que no abonan a disminuir la violencia».

Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Cuajinicuilpa, San Marcos, Tepecoacuilco y Chilapa, son municipios donde ya hay cuarteles y los elementos de la Guardia Nacional operan con ayuda del Ejército.

Pretenden construir otros cinco cuarteles más para la Guardia Nacional, dos en el valle del Ocotito, zona rural de Chilpancingo; uno en Zumpango, cabecera de Eduardo Neri, y uno en Pilcaya y otro Iguala, donde los diputados acaban de autorizar los predios.

Hay un acuerdo desde marzo del 2022 entre el Ayuntamiento de Chilpancingo y la Sedena para la donación de los predios para la construcción de los cuarteles en el valle del Ocotito, pero fue impedida por los grupos de autodefensa que operaban en la zona.

Para el cuartel de Zumpango, el predio ya fue donado por la alcaldesa petista, Sara Salinas Bravo; es un solar ubicado en el Cerro del Tepetlayo, el cual, de acuerdo con los ejidatarios, está en litigio porque el Consejo Ejidal de Zumpango quería donarlo para crear un Área Natural Protejida.

En Acapulco, de acuerdo con Raymundo Díaz Taboada, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), se pretenden construir cuatro cuarteles.

«Uno con salida a la Costa Chica, otro con dirección a la Costa Grande, otro al norte del puerto de Acapulco y uno más en el centro».

Sobre el tema de la militarización, Díaz Taboada coincidió con Rosales Sierra, al declarar que tantos elementos y cuarteles no abonan a la seguridad pública, por el contrario, los consideró un riesgo para la garantía de los derechos humanos de los guerrerenses.

«En Guerrero tenemos una larga historia de que las policías han estado dirigidas por mandos militares o navales, en permiso o en retiro, y pensando en la cuestión de derechos humanos deben ser personas con capacitación en el traro a las personas, que sepan que todos somos sujetos de derecho y no como un posible enemigo que es la visión que siempre tienen los militares», dijo Díaz Toboada.

Esto debido a que, aunque en su decreto de creación, la Guardia Nacional establecía que debía tener un mando civil, a través de un decreto presidencial del 8 de agosto del 2022, se estableció que la corporación pasaría y dependería completamente de la Sedena.

Además, de acuerdo con lo reportado por diversos medios nacionales como Animal Político y El Financiero, de 128,000 elementos que conforman la Guardia Nacional, sólo 23,000 son civiles y elementos de la extinta Policía Federal, el resto son soldados y marinos.

La estimación del Financiero establece que siete de cada 10 elementos de la Guardia Nacional pertenecen a la Sedena o la Marina.

En Guerrero operan 2,951 elementos de la Guardia Nacional, más los militares distribuidos en instalaciones por toda la entidad.

Se trata de la IX Región Militar, la 27 Zona Militar en Pie de la Cuesta, la XII Región Naval y la Base Área de Pie de de la Cuesta dependiente de la Fuerza Área Mexicana.

Además de la 35 Zona Militar ubicada en Chilpancingo, el 27 Batallón de infantería en Iguala y el 34 Batallón en Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente.

Ante este panorama, Díaz Taboada agregó que aunque los militares tengan capacitaciones en derechos humanos, «ellos están formados para una guerra, con armas de guerra y su lógica siempre será aniquilar y abatir y no de detener en el marco de la aplicación de las leyes ciudadanas».

«Otro hecho de preocupación es que nos dicen que supuestamente la Guardia Nacional es una entidad civil y que sólo es administrada por la Sedena, pero la mayor parte de los que la conforman son militares y no se se le ve el carácter civil, por sus uniformes y su armamento difícilmente se ve como una organización civil», agregó Díaz Taboada.

En el dictamen aprobado el pasado lunes los diputados locales autorizaron a los ayuntamientos de Pilcaya e Iguala donar un bien inmueble «en favor del gobierno federal, con destino a la Sedena, además de autorizar el cambio de uso de suelo del referido predio para el desarrollo de actividades castrenses», mencionó el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto, secretario de la Mesa Directiva, al leer el dictamen al pleno.

Por esta aprobación es cuestión de tiempo para que comience la construcción de los cuarteles.

«El gobierno construye los cuarteles pero no se enfoca en erradicar el tema de los desplazados, las desapariciones o detener a personas del crimen», mencionó Rosales Sierra.

Aun cuando estos cuarteles, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, se ubican en zonas de violencia, esto no garantiza la seguridad para la población.

«Estando ahí militares y Guardia Nacional hay enfrentamientos, y no vemos que la militarización sea una forma de detener el desplazamiento forzado interno, las desapariciones y los asesinatos”, dijo Rosales Sierra.

«No creemos que la militarización sea garantía de seguridad, ya vimos que el gobierno no ha hecho nada, en la Sierra siguen los desplazamientos, los enfrentamientos y en las ciudades aún con militares hay asesinatos», insistió.

Datos del Centro Morelos indican que en Guerrero, desde 2011 a la fecha, hay 32,000 personas en calidad de desplazados.

La morenista Beatriz Mojica Morga, secretaria de la Comisión de Hacienda, fue quien fundamentó el dictamen para autorizar la cesión de derechos de propiedad del predio rústico ubicado en El Llano de la Concepción, propiedad del Ayuntamiento de Pilcaya, «en favor de la Sedena para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional».

Ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad del pleno en una sesión extraordinaria.

En Pilcaya e Iguala el tema de la violencia aumentó en los últimos meses.

En agosto del 2021 civiles armados atacaron a balazos el vehículo en el que viajan la alcaldesa de Pilcaya, Sandra Velázquez Lara, en dicho enfrentamiento dos policías municipales fueron asesinados.

En Iguala, en las últimas semanas se registraron diversos hechos de violencia en los que fueron asesinados varias personas.

Además, en el pasado reciente Iguala es una muestra nacional de lo que la fuerza militar puedes lograr. Las madres y los padres de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa ocurrida la noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, sostienen como su principal hipótesis que los militares de 27 Batallón mucho tiene que ver la desaparición de sus hijos.

Como antecedente es importante mencionar que en la década de los setentas, en Guerrero, en particular en la Sierra de Atoyac, vivieron una sombría época de represión militar, considerado por muchos sobrevivientes y académicos como un exterminio de Estado.

O la reciente época de supuesta “guerra contra el narcotráfico” que implementó el ex presidente Felipe Calderón (‪2006-2011‬), académicos y periodistas descubrieron que las zonas donde más asesinatos había eran la militarizadas.

Además, “hay infiltración, claro, y no sólo es en la policía, es en la Guardia Nacional y en el Ejército, por eso nos preocupa el tema de la militarización», agregó Rosales Sierra.

Capitán identifica a 4 militares que dispararon a jóvenes en Nuevo Laredo

Dos voces han arrojado una luz sobre el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo: el sobreviviente ileso, Alejandro Pérez Benitez, y el capitán militar Elio “N”. Los hechos apuntan a que los militares sí estuvieron involucrados en la ejecución.

Texto: Carlos Manuel Juárez / Elefante Blanco

Fotografía: Elefante Blanco

2 de marzo del 2023

Tamaulipas

La noche del sábado 25 de febrero, Alejandro, de 21 años, salió con sus amigos al antro Mister Pig. Cerca de las 5:00 horas del domingo, los jóvenes dejaron el bar. Gustavo Ángel Suárez Castillo quedó en llevarlos a sus casas en su camioneta. Alejandro se subió detrás del conductor, su amigo de Laredo, Texas. El camino era tranquilo hasta que patrullas militares los siguieron, encontraron, chocaron y rafaguearon.

“Cuando se oyeron los balazos me quedé en la camioneta, ya después me bajé, al último, me puse de rodillas y escuchaba que decía que me mataran, cuando volteé para todos lados ya estaban todos muertos”, narra Alejandro Pérez Benitez.

De acuerdo con el testimonio judicial, un militar se acercó a Alejandro y le preguntó si quería morir o vivir. Él respondió que vivir y fue dejado sano a cambio de grabar un video donde declarara que sus amigos y él eran culpables.

Esta es la única parte de la versión de Alejandro que dista de la declaración del capitan Elio “N”, quien aceptó la inocencia de los jóvenes y ya identificó a 4 soldados que dispararon contra la camioneta.

El mando militar dio su testimonio del hecho ocurrido en la madrugada del domingo en la colonia Manuel Cavazos Lerma. En primera instancia detalló que el convoy de 20 militares se trasladaba en 4 vehículos en las siguientes posiciones: 3 Cheyenne y un Sandcat, con los números económicos 0916334, 0916351, 0916557 y 0916607.

“Al encontrarnos realizando reconocimientos terrestres y al circular por la calle… escuchando detonaciones de armas de fuego. desconociendo donde provenían dichos disparos, y al llegar a la calle… observamos un vehículo de color blanco tipo pick up, acelerando su marcha al ver la presencia del personal militar, por lo que se le dio seguimiento, siendo que dimos vuelta a la derecha en la calle observando que dicho vehículo civil le dio un golpe a otro vehículo estacionado. y al avanzar una cuadra y llegar al cruce de la misma colonia detuvo su marcha el vehículo civil, siendo en ese momento que dos vehículos militares lo emparejaron, siendo los numero económico 0916334 y 0916351, escuchando nuevamente disparos de armas de fuego. En ese momento, yo como responsable del personal antes mencionado escuché que varios elementos accionaron sus armas de fuego, sin que yo diera tal orden, por lo que de manera inmediata vía radio de frecuencia ordene alto al fuego, posterior a ello desciendo de la unidad preguntado al personal quien había disparado, por lo que de manera voluntaria espontánea los siguientes elementos me informaron que habían disparado“.

El capitán Elio narra que los militares acordonaron el área y ordenó una inspección al interior del vehículo. Los soldados encontraron 5 personas del sexo masculino, 3 sin vida, un civil herido, una persona mas sin daños y 2 más muertos al costado de la camioneta.

“Al continuar con la inspección en el interior del vehículo no se localizo nada ilícito”, dice el Capitán Elio

Ambos testimonios son parte de la indagatoria federal y también de la que abrió la Fiscalía General de Justicia Militar. Hasta ahora, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organismo que representa a las familias, ha reunido las versiones de los empleados del antro Mister Pig y contabilizaron más de 80 disparos, casi 100.

“Entonces esto fue una masacre”, consideró el presidente del comité, Raymundo Ramos Vázquez.

Ramos Vázquez espera que en las próximas horas la autoridad federal ponga a disposición a cuando menos los 4 militares que reconocieron haber disparado hacia el vehículo de los jóvenes.

Los cuerpos de Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y el ciudadano estadounidense Gustavo Ángel Suárez Castillo ya fueron entregados a sus familiares; éste último fue trasladado a Laredo, Texas, para su sepultura.

Luis Gerardo, sobreviviente herido, despertó del coma con un ataque, por lo que el equipo médico decidió inducirle un nueva coma.

Una tercera voz

Sara Luna estaba dormida cuando escuchó disparos, pensó que era un sueño hasta que abrió los ojos, despertó y escuchó quejidos. Dentro de su casa estaban su nieta de 2 años y 6 meses, un niño de 6 meses y su esposo Javier.

“Los tiros llegaron a mi cuarto, pero no traspasó la pared. El que estuvo en más riesgo fue mi esposo porque estaba dormido en la cama esa, nomás que cuando empezó todo se aventó bajo la cama, por eso no le dieron”, contó a los abogados.

La mujer de 60 años padece de males renales ante el estrés por los disparos, su familia llamó al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para que auxiliaran y pudiera ser llevada al hospital.

“Cuando vinimos por acá porque no había agua y fue cuando quisimos abrir la puerta pero ya no nos dejaron, el soldado cerró la llave de paso y se oía que se quejaban. Yo me senté aquí con el andador y oía que se quejaba alguien más, pero no podíamos salir. Escuché quejidos como una hora y estos de acá nomás decían: “déjame ayudar a mi hermanito, carnalito, decía, me imagino que les decía a los soldados, carnalito, déjame ayudar a mi hermanito él no tiene nada que ver, él es ciudadano americano. En ningún momento se oyó que llegarán ambulancias”.

El choque

Un hombre con el rostro y las manos manchadas de sangre camina abrazado por 2 hombres y se acerca a un reportero.

—Mira mi hijo, viejo, ciudadano americano, somos ciudadanos americanos, viejo, todos. Nada tenía armas, no tenía nada, viejo —dice y en una mano sostiene a su hijo.

—¿Qué edad tiene tu hijo? —responde el reportero.

—21 años, Gustavo Ángel Suárez Castillo —contesta el hombre y sus acompañantes se lo llevan abrazado.

Esta fue una de las escenas menos difundidas pero más impactantes del enfrentamiento entre soldados mexicanos y pobladores de Nuevo Laredo, por la supuesta ejecución extrajudicial de 5 hombres en la colonia Manuel Cavazos Lerma.

El padre de Gustavo confrontó duramente a los soldados por la muerte de su hijo. En varias ocasiones intentó hablar, pero ante el silencio quiso golpear a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participaron en un operativo en la madrugada nuevolaredense.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en la madrugada del domingo 26 de febrero, un convoy militar disparó a una camioneta blanca marca Chevrolet que se encontraba en la calle Huasteca entre Jiménez y Méndez.

Las personas que estaban dentro del vehículo intentaron protegerse, solo una sobrevivió. Al escuchar los disparos, los vecinos salieron entre 4:30 y 5 horas para ver la escena al amanecer. Pasadas las 10 horas, la Sedena intervino en la escena del asesinato, moviendo la camioneta.

El caso con la identificación de las víctimas: Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y el ciudadano estadounidense Gustavo Ángel Suárez Castillo. Este lunes, se reportó que Luis Gerardo seguía vivo, en estado grave, dentro de un hospital privado.

En fotografías se vio a personas con chaleco de la Fiscalía General de la República (FGR) caminando alrededor de los cuerpos. El personal empezó a procesar el sitio de muerte pero no terminó. Los cadáveres fueron recogidos por una funeraria ante la mirada de las familias.

Nuevo Laredo es el municipio con más casos documentados de violaciones graves a los derechos humanos, cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas. Uno de los hechos recientes es la muerte de la niña Heidi Mariana, suceso que permanece impune.

Esta nota fue realizada por Elefante Blanco, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

Se pone en riesgo a la población por la militarización de la seguridad pública: Centro Morelos

Texto: José Miguel SánchezFotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Derivado del último informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, el Centro de Derechos Humanos José Maria Morelos y Pavón denunció que el gobierno mexicano fomentó acciones de terror y violencia, a través de grupos «paramilitares y narcoparamilitares», para justificar la intervención del Ejército en las tareas de seguridad pública.

A través de un comunicado el Centro Morelos mencionó que la intervención del Ejército en las tareas de seguridad pública es una estrategia contrainsurgente y que la prueba de ello es el caso Ayotzinapa, donde participaron policías municipales, estatales, federales Ejército y «grupos paramilitares».

El comunicado se centra en denunciar la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública y mencionaron que respetan la postura de las madres y padres de los 43 de no dar, por el momento, una declaración pública.

Acusaron al Ejército de ser los principales culpables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

«Es de destacar la participación del Ejército en estos hechos, como en la infiltración que se mantiene desde hace varias décadas al interior de la normal», se lee.

El Centro Morelos explicó que la estrategia de contrainsurgencia y militarización fue una labor acelerada por parte de los ex presidentes y que actualmente, a traves de eso, el presidente Andres Manuel Lopez Obrador pretende instaurar una «dictadura militar constitucionalizada».

En el comunicado denunciaron que para involucrar al Ejército en las tareas de seguridad reformaron la Constitución para «allanarse el camino y entregar todo el poder a los militares».

Expusieron su preocupación sobre que las instituciones de seguridad son dirigidas por personal militar, como el caso de la fiscal general del estado y el comisario de la Guardia Nacional en Chilpancingo, a pesar de recomendaciones internacionales que lo prohíben.

«Vemos la militarización de las instituciones y de los encargados de la seguridad pública. Nos preocupa por el alto riesgo de violación a los derechos humanos de la población de todos los lugares del estado, los indígenas de la montaña, los habitantes de la sierra y de los barrios y colonias».

El Centro Morelos llamó a no olvidar la epoca denominada cómo Guerrero Sucia, donde con el pretexto de combatir a la guerrilla desaparecieron, asesinaron y encarcelaron a cientos de personas.

«Tampoco pasemos por alto los miles de desaparecidos, asesinados y desplazados, hechos en que de acuerdo al testimonio de las víctimas participaron militares».

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“Bajo la Bota”: Los devastadores efectos de la militarización de la política migratoria

“Bajo la Bota” es un proyecto web hecho por organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes donde se muestra, a través de trabajo de campo en las fronteras norte y sur, 100 testimonios y 144 respuestas a solicitudes de información pública sobre la triste realidad que viven día con día las personas que intentan lograr asilo en México o, en su defecto, cruzar el país en dirección a los Estados Unidos de América.

Texto: Josué Ibarra / ZonaDocs

24 de mayo de 2022

“La militarización de las políticas migratorias va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional en materia de derechos humanos”, mencionaron los colectivos que participaron en el proyecto web: “Bajo la Bota”, el cual muestra -mediante diversos trabajos periodísticos- los efectos de la militarización en las políticas migratorias.

En este proyecto participaron las organizaciones Fundación Para la Justicia, Sin Fronteras, Red de Periodistas de a Pie, Derechos Humanos Integrales en Acción A.C., Instituto para las Mujeres en la Migración, Uno de siete Migración y Derechoscopio.

El origen del proyecto fue la implementación, por parte del Estado Mexicano, de una de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos donde se usó tanto a la Guardia Nacional como a otros cuerpos militares para ser el aparato de control del flujo migratorio.

Esta política migratoria vulnera los derechos de las personas migrantes en sus recorridos para llegar a Estados Unidos, pero también lo hace con los solicitantes de asilo, pues en ambos casos éstos se ven forzados a tomar rutas clandestinas para evitar a los cuerpos militares, y esto los pone en riesgo de sufrir desapariciones forzadas, secuestros, extorsión, trata de personas y corrupción, además de discriminación racial y étnica, situaciones climáticas extremas y accidentes.

El proyecto hace énfasis en tres cuestiones que consideran alarmantes en la violación de los derechos humanos de las personas migrantes; la primera son “Las detenciones arbitrarias e ilegales”.

“La Guardia Nacional perpetra detenciones arbitrarias, muchas veces basadas en perfilamiento racial, participando también en expulsiones colectivas, contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”

Este punto lo resaltan incluyendo otros temas de suma importancia: el racismo y la xenofobia, las que se activan con la represión militar, esto lo reflejan con dos reportajes realizados en Tijuana, Baja California, y Tapachula, Chiapas; regiones donde documentaron situaciones de personas migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas que fueron detenidas arbitrariamente.

La segunda cuestión fue “El uso excesivo de la fuerza” que hace referencia a como la Guardia Nacional, junto con el Instituto Nacional de Migración, han ejecutado un uso excesivo de la fuerza contra grupos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, así como otras personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En su mayoría, las Caravanas Migrantes han sido las que más sufrieron estos atentados, así lo confirma el informe a través de la documentación periodística que se hizo del tema.

En último punto que remarca “Bajo la Bota” es “La violencia sexual”, sobre la que señalan:

“Las mujeres migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas en su tránsito por México, han sido víctimas de violación sexual, acoso e intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional.”

“Bajo la Bota” deja claro que esto no son hechos aislados; al contrario, son actos que cada vez se vuelven más comunes por parte de la Guardia Nacional y de los agentes del INM.

Tras su trabajo realizaron las siguientes recomendaciones tanto para el gobierno mexicano como para el estadounidense.

Al gobierno mexicano:

Cese de la participación de las fuerzas militares en tareas migratorias;
Eliminar expresamente de toda política pública relacionada con la movilidad humana la detención de las personas migrantes;
En particular, ninguna niña, niño o adolescente ni personas solicitantes de asilo deberían ser privadas de su libertad.
Derogar acuerdos migratorios o cualquier clase de acuerdo con Estados Unidos que atenten contra el derecho internacional de las personas refugiadas y el derecho internacional de los derechos humanos.
Respetar el principio internacional de no devolución.

Al gobierno estadunidense:

Cesar la aplicación de toda política migratoria y de relaciones exteriores en la región que se centre en la contención migratoria, mediante la detención y el uso de la fuerza y políticas de “externalización” del control migratorio.
Evitar de manera absoluta exigir, alentar, acordar o apoyar la participación de fuerzas militares en tareas de control migratorio en otros países de la región.
Participar de manera coordinada con otros gobiernos de la región en esfuerzos por garantizar la seguridad de las personas migrantes, solicitantes de asilo y en necesidad de protección internacional.
El Congreso estadounidense debe evaluar las consecuencias que ha traído para la región impulsar acuerdos migratorios que violan las reglas internas de los países que los suscriben.

El proyecto web “Bajo la Bota” cuenta con reportajes que narran, a través de distintas historias, los efectos que tiene en la frontera norte y en la frontera sur de México, la militarización de las políticas migratorias. Algunas de estas historias llevan por nombre “Mamá ¿Por qué nos van a matar?: el infierno del secuestro de migrantes en México” o “Temblaba de miedo: la Historia de Natalie, migrante extorsionada por la Guardia Nacional”; en ellas se retrata la violencia que sufren día con día los migrantes que pisan el país en la búsqueda de una vida más digna.

Aquí puedes visitar el sitio del proyecto “Bajo la Bota”:

https://www.bajolabota.com.mx/

Este texto es propiedad de ZonaDocs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.