Lamentan desinterés y discriminación de las autoridades
Texto y foto: Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress 20 de agosto del 2024
#Niltepec 20 Ago (#Istmopress) – Organizados y vinculados con organizaciones civiles y religiosas nacionales e internacionales, el «Banco de Alimentos Región Istmo” es un aliciente para los miles de personas migrantes que cruzan el territorio oaxaqueño y que ingresan por la frontera sur.
Al mes, esta agrupación que nació de la sociedad civil de Santiago Niltepec, Oaxaca entrega 5 toneladas de ayuda humanitaria, que va desde alimentos, medicinas, ropa, artículos de higiene, entre otros.
“En este año hemos atendido beneficiado a 19 mil 546 migrantes entre niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, discapacitados y de la comunidad LGTB. Esto con base a los datos que se levanta al momento de la entrega de ayuda” informa Geonatan Geovani Jacinto Lorenzo, uno de los voluntarios.
El joven junto con otras nueve personas desde hace tres años impulsan la ayuda humanitaria, para la comunidad migrante y han hecho vínculos con organismos internacionales como la OIM, ACNUR, UNICEF, WORLD WISION MÉXICO, y nacionales como OPERACIÓN BENDICIÓN MÉXICO, DISTRIBUIDORA NADRO y SORIANA.
Dijo, que la más reciente ayuda del fin de semana fue la entrega a 4 mil familias migrantes de cajas de comida y artículos de higiene donados por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
“Acá no estamos peleados ni con la religión ni las organizaciones, siempre y cuando sea para ayudar. Desafortunadamente no recibimos apoyos del gobierno del estado, el gobernador Salomón Jara no nos voltea a ver, y el DIF no envía ayuda al banco de alimentos región Istmo”, recalcó.
Los migrantes que han llegado en las últimas caravanas en su mayoría cansados, con ámpulas en los pies, deshidratados y hasta enfermos y son originarios de Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Eduardo, Colombia, Costa rica, Belicee y Panamá.
“Agradecemos esta gran ayuda, nos dan medicamentos, cobijas, bolsas de comida no perecederos, sandalia, ropa y artículos de de higiene personal”, cuenta Ana Nicole de Venezuela de 29 años.
“Con esta ayuda vamos a sobrevivir una semana, nos ayudará a seguir nuestro camino, la meta es llegar a los Estados Unidos, ojalá lo logremos”, cuenta.
Desde hace dos años,el Istmo de Tehuantepec se ha convertido en el cruce de personas migrantes, al día, de acuerdo con organizaciones y autoridades transitan de 800 a mil 500 personas de al menos diez nacionalidades.
Este texto es original de Agencia de Noticias IstmoPress y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.
Lilith Saori Arreola desapareció la noche del 2 de enero de 2023 en Playa Zicatela, municipio de Pochutla, Oaxaca.
Texto: Eréndira Aquino / Animal Político 13 de agosto de 2024
Hace más de año y medio que se vio por última vez a Lilith Saori, en la zona de Zicatela, en Puerto Escondido, Oaxaca. Se encontraba vacacionando, y tras una discusión con sus acompañantes salió del hotel donde se encontraban hospedados, sin que hasta ahora se conozca cuál fue su destino.
“Fue muy triste enterarme por Instagram que Lilith había desaparecido, un día después de que ocurrieron los hechos vi una publicación en la que compartían un boletín de búsqueda”, cuenta Joanna, madre de la joven.
Joanna explica que, con 21 años, Lilith vivía con su pareja, por lo que no se enteró de que saldrían de viaje. Fue hasta que se encontró con la publicación en redes sociales que se enteró del viaje de su hija, y que se desconocía su paradero.
“Se fue a pasar el año nuevo acompañada de su pareja, una prima de la pareja y su novio. El 31 viajaron temprano y tenían su boleto de regreso para el día 6 de enero, pero ella no volvió. Al parecer hubo una discusión entre Lilith y su pareja, y después de esto mi hija salió del hotel hacia la playa, donde se les perdió”, recuerda.
Lo que se sabe de la desaparición de Lilith
De acuerdo con los boletines de búsqueda emitidos por la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda del estado, Lilith Saori Arreola desapareció la noche del 2 de enero de 2023 en Playa Zicatela, municipio de Pochutla, Oaxaca, aunque la denuncia por su no localización fue presentada dos días después, por parte de sus acompañantes de viaje.
Luego de ver la publicación con el boletín de búsqueda de Lilith, su madre cuenta que consiguió dinero para viajar a Puerto Escondido y se comunicó con la pareja de la joven: “le pedí que me contara qué estaba pasando, porque yo estaba en shock. Fue entonces cuando me explicó que mi hija había entrado en un cuadro de ansiedad y que había salido corriendo”.
Según la versión de las personas que se encontraban de viaje con Lilith, al verla correr intentaron alcanzarla sin éxito, aunque en un video que las autoridades mostraron a Joanna se observa que dos de los acompañantes logran darle alcance en la calle y hablaron por un par de minutos con ella, para luego quedarse mirando cuando la joven se aleja.
“A raíz de eso yo me quedé consternada, no es posible que ellos no hayan dicho la verdad hasta el día de hoy, se les llamó a una ampliación de declaración, pero hasta ahora no hay avances en las investigaciones, además que hemos tenido que pasar por la revictimización de funcionarios que nos dijeron que su papá y yo éramos los culpables de lo que estaba sucediendo, por no saberla educar”, lamenta Joanna.
“Tengo fe en que el caso va a avanzar, aunque sé que no soy la única y también sé que en todos lados los casos están así, pero tengo la esperanza de que con el apoyo de un colectivo se agilice la investigación. Como madre,una tiene que seguir adelante con toda la fuerza y el amor para encontrar a nuestros hijos”, subraya.
Actualmente, en México hay 116 mil 400 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, de los cuales 609 casos ocurrieron en Oaxaca.
Una vida llena de sueños
Lilith es una mujer trans que sueña con poner un refugio para perros, le gusta el cosplay –disfrazarse como personaje de algunos de sus personajes favoritos– y se encontraba indecisa entre estudiar gastronomía o diseño de modas. En tanto, se dedicaba a perfeccionar el idioma inglés y el japonés, con la esperanza de viajar pronto a territorio nipón.
Su madre la describe como una joven “llena de amor incondicional por los que no tienen voz, rescataba perritos y, aunque entonces yo no entendía la importancia que tenía, era de las que acudía a las marchas contra la violencia hacia las mujeres“.
Ocho meses antes de su desaparición, Lilith se fue a vivir con la pareja que la acompañaba en el viaje a Oaxaca, aunque mantenía comunicación con su familia. Sin embargo, Joanna reclama que no tuvieron conocimiento de manera pronta sobre su desaparición, lo que a su consideración entorpeció la búsqueda.
“Afortunadamente hay gente de Puerto Escondido que me ha buscado para ofrecerme apoyo con la pega de boletines y la difusión en redes del caso, porque yo vivo al día y aunque quisiera poder ir más seguido no puedo”, señala Joanna.
Para continuar con los viajes y las acciones de búsqueda de Lilith, Joanna fabrica accesorios y los vende por redes sociales, donde cada tanto difunde la organización de rifas entre familiares y amigos para costear los gastos.
“Cuando tengo que viajar me preparo desde meses antes, hago accesorios con resina y organizo las rifas entre personas cercanas, y gracias a dios siempre logro juntar los recursos necesarios. Ahí es donde me doy cuenta que no estoy sola, y eso me anima a continuar, yo nunca voy a perder la esperanza”, expresa.
Mujeres trans, personas LGBT más afectadas por desaparición
En lo que va de 2024, el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT ha registrado 11 casos de desaparición en México: en Baja California (3), Tamaulipas (2), Guanajuato (2), Veracruz (2), Chihuahua (1) y Querétaro (1).
Esta cifra supera los siete casos que documentó el Observatorio en 2023: 5 en Baja California, 1 en Guanajuato y 1 en San Luis Potosí.
De acuerdo con la asociación Letra Ese, las más afectadas por este fenómeno son las mujeres trans, ya que, de las desparecidas, aproximadamente la mitad son halladas sin vida, seguidas de los hombres gays y las lesbianas.
También son las principales víctimas de asesinatos de personas LGBT. En lo que va del año, asociaciones civiles han documentado 36 transfeminicidios, de los cuales sólo en tres casos hay personas detenidas.
En dos meses, ocho mujeres trans fueron asesinadas en la Ciudad de México, Tabasco y Nuevo León, con cuyos casos suman 35 los transfeminicidios cometidos en lo que va del 2024 en el país, de acuerdo con un registro realizado por asociaciones civiles.
Los últimos tres casos ocurrieron en un lapso de dos días, en Nuevo León, entre el 27 y el 29 de julio.
Ante este panorama, la Coalición LGBTTTI+ hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Fiscalía General de la República, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emprendan acciones para “prevenir y aminorar estas cifras rojas que son una constante contra las poblaciones trans de México“.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
OAXACA.- Las fiestas navideñas en Estados Unidos no son nada comparadas con las celebraciones en México, menos aún comparadas con las del estado indígena sureño de Oaxaca, donde tengo la suerte de pasar las fiestas. Las escuelas y las oficinas gubernamentales salieron el 15 de diciembre y no vuelven hasta el 8 de enero. Las celebraciones son incesantes.
Las procesiones religiosas y cívicas conocidas como calendas, con marionetas gigantes y bandas de música, cortan el tráfico. Los santos desfilan. Uno tras otro -la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de la Soledad- es festejado con una celebración pública. Los belenes cubren la ciudad. Incluso el 23 de diciembre se celebra el Festival del Rábano en Oaxaca un concurso anual que se remonta 126 años atrás y en el que se tallan escenas y figuras en rábanos gigantes. El mezcal fluye libremente desde antes de Nochevieja hasta el día de Reyes, el 6 de enero.
Los Reyes Magos trajeron regalos, pero los Tres Panelistas facultados para resolver la actual disputa comercial entre Estados Unidos. y México sobre el maíz transgénico -Christian Häberli de Suiza, Hugo Perezcano Díaz de México y Jean E. Kalicki de EEUU.- no parecen tener el mismo espíritu.
Los Reyes Magos trajeron regalos, pero los Tres Panelistas facultados para resolver la actual disputa comercial entre Estados Unidos. y México sobre el maíz transgénico -Christian Häberli de Suiza, Hugo Perezcano Díaz de México y Jean E. Kalicki de EEUU.- no parecen tener el mismo espíritu navideño.
Después de semanas de retrasos, el caso escrito de Estados Unidos en la disputa del Tratado Mexico-Estados Unidos-Canada (T-MEC) fue finalmente presentado, finalizado y traducido, con sus 70 páginas y 139 anexos. Se tardó hasta principios de diciembre porque México exigió una traducción oficial, no una versión automática. Es justo; hay mucho en juego en el caso.
Antes de las vacaciones, los panelistas también entregaron respuestas tardías a grupos no gubernamentales que, siguiendo las directrices del T-MEC, habían escrito cartas solicitando «permiso» para presentar comentarios formales de diez páginas al panel. Unas 13 ONG enviaron cartas apoyando la defensa de México, como documentó el Insituto de Politica Agricola y Comercial (IATP, por sus siglas en ingles). También lo hizo la asociación de la industria biotecnológica BIO. El IATP presentó una solicitud, y yo también lo hice en mi calidad de investigador principal en un instituto de la Universidad de Tufts. De Mexico ofrecen comentarios la ANEC, Semillas de Vida, Grupo Vicente Guerrero, Poder del Consumidor, y PODER.
El 15 de diciembre, tres semanas después de la fecha límite prometida del 21 de noviembre (como se indica en las directrices del T-MEC), el panel nos notificó que BIO sería invitada a presentar comentarios y que 10 de las 13 ONG también estaban invitadas, entre ellas las cinco organizaciones mexicanas. La secretaría de la T-MEC publicó las decisiones y la justificación del panel (que en el momento de escribir estas líneas estaba «Pendiente de revisión»). Son ligeramente alentadoras, pero también potencialmente preocupantes.
Es una buena señal que el panel invitara a 10 ONG a presentar comentarios en apoyo de la defensa de México. Según se informa, el gobierno estadounidense recomendó que no se aceptara ninguno de ellos, sólo el de la industria biotecnológica. El gobierno mexicano apoyó todas las propuestas, incluida la de BIO, y afortunadamente el panel adoptó un enfoque más abierto. Estos comentarios proporcionarán una amplia y profunda información y análisis que sin duda ayudarán al panel en sus deliberaciones.
No se me invitó a presentar comentarios sobre el caso. Tampoco lo fueron la Unión Nacional de Agricultores de Canadá ni Farm Action de EE.UU. Habrían ofrecido una voz útil desde los agricultores del norte, argumentando que las restricciones al maíz transgénico de México representan una oportunidad de mercado, no una pérdida, para los agricultores estadounidenses y canadienses, que podrían obtener precios un 20% más altos por sus exportaciones si cambiaran al maíz no transgénico.
En otras palabras, las restricciones al maíz transgénico de México podrían no perjudicar a los agricultores estadounidenses, sino darles un mayor valor por sus exportaciones de maíz. Yo habría presentado datos para respaldar esa afirmación, como escribí hace un año.
El panel del T-MEC no dio razones sustantivas para rechazar nuestras peticiones de presentar comentarios formales, pero la exclusión sugiere que pueden estar aceptando como dada la afirmación de Estados Unidos de que las restricciones al maíz transgénico de México tienen un impacto comercial negativo. Sin preguntas, aparentemente.
Una señal más preocupante llegó en una de las cartas de aceptación. En su respuesta invitando a Amigos de la Tierra a presentar comentarios sobre la ciencia que justifica las preocupaciones de México sobre la seguridad del maíz transgénico en sus tortillas, el panel estipuló que tales comentarios deben:
«excluir cualquier discusión sobre ‘herbicidas a base de glifosato y endotoxinas Bt’, que es una cuestión de hecho que no está ante este Panel, y centrarse únicamente en los ‘impactos sobre la salud humana y el medio ambiente del maíz blanco transgénico’«.
¿Excluir qué? Esas son las principales preocupaciones en materia de salud humana.
Las endotoxinas Bt son una de las dos principales formas de modificación genética del maíz, que insertan una bacteria en el genoma del maíz para matar al barrenador europeo del maíz y otras plagas. Como se indica en su carta, la propuesta de FOE presentaría una serie de nuevas pruebas de que la endotoxina Bt, que actúa sobre el intestino del barrenador del maíz, podría afectar a los intestinos de los organismos que consumen maíz transgénico Bt. Con el enorme aumento en los últimos años en México y los EE.UU. de las enfermedades relacionadas con el intestino, desde la enfermedad de Crohn hasta el intestino permeable, ¿qué podría ser más relevante para las cuestiones de salud humana?
Tal vez sólo los posibles residuos del glifosato rociado abundantemente en la otra variedad de maíz transgénico diseñado para tolerar Roundup y otras herbicidas a base de glifosato. Los residuos son un problema probado y muchas pruebas recientes relacionan bajos niveles de exposición durante largos periodos de tiempo con problemas de riñón, hígado y otros problemas de salud.
La mayor parte del maíz blanco transgénico procedente de Estados Unidos presenta ambos rasgos, por lo que la mayor parte del maíz transgénico que entra en México puede presentar riesgos tanto por residuos de Bt como de glifosato. De hecho, ambos se han encontrado en tortillas y otros productos de consumo a base de maíz en México.
¿Cómo va a evaluar el grupo especial la afirmación de México de que está tomando medidas cautelares para proteger la salud pública si esos riesgos se excluyen desde el principio? Uno espera que el panel haya malinterpretado parte del lenguaje técnico de la carta de FOE. Si no es así, la restricción muestra o bien una profunda incomprensión de la ciencia de los transgénicos o un sesgo sistémico que excluye los principales riesgos para la salud en discusión, aceptando como dada la postura de EE.UU. de que los cultivos transgénicos son «sustancialmente equivalentes» a sus homólogos convencionales, por lo que no es necesario ningún estudio adicional.
México insiste en que sus altos niveles de consumo de maíz mínimamente procesado exigen precaución en ausencia de pruebas científicas de seguridad. De hecho, Sin Maíz No Hay País de recién exhortó al gobierno mexicano que inicie una contrademanda a los EE.UU. por estas razones. Cualquiera de los dos defectos en el pensamiento del tribunal sugeriría una insensibilidad cultural que no augura nada bueno para un panel facultado para dictaminar sobre la integridad sanitaria, medioambiental y cultural de la apreciada cultura y dieta del maíz de México.
Hablando de insensibilidad cultural, los panelistas dieron de plazo a México hasta el 4 de enero para presentar su defensa por escrito, dos días antes de Reyes. Los panelistas básicamente exigen que el gobierno trabaje en ello durante toda la elaborada temporada navideña mexicana. Me han dicho que el gobierno mexicano pidió una prórroga de dos semanas para tener en cuenta las fiestas, pero Estados Unidos se opuso y el panel rechazó la petición.
Hay que recordar que el propio panel había incumplido su propio plazo en tres semanas para entregar las respuestas a las ONG, y que tiene derecho a ajustar el calendario de disputas del T-MEC a su discreción.
La Secretaría del T-MEC, que para esta disputa es administrada por la Secretaría de Economía de México, no pudo ser localizada para hacer comentarios sobre la adherencia del panel al calendario del T-MEC. ¿Por qué? Su respuesta automática indicaba que estarían cerrados del 18 de diciembre al 2 de enero por las fiestas navideñas.
«Bah humbug» a todos los científicos, economistas, abogados y funcionarios mexicanos que pasarán las fiestas no en celebraciones familiares, observancias religiosas o eventos comunitarios, sino finalizando la respuesta de México a un caso estadounidense entregado en español a México más de un mes después de la fecha límite establecida en el USMCA.
Timothy A. Wise es Asesor Principal del Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP), donde su trabajo se centra en el Futuro de la Alimentación, basado en su libro, Eating Tomorrow: Agribusiness, Family Farmers, and the Battle for the Future of Food (The New Press, 2019). Es experto en temas relacionadas al maíz, los tradados de libre comercio, y las controversias sobre los cultivos transgénicos. Es investigador principal del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Universidad de Tufts, donde fundó y dirigió su Programa de Globalización y Desarrollo Sostenible. Anteriormente dirigió la agencia de ayuda internacional Grassroots International. Es autor de Confronting Globalization:Economic Integration and Popular Resistance in Mexico, además de Eating Tomorrow. Vive en Cambridge, Massachusetts.
Integrantes de la comunidad muxe de este municipio zapoteca lamentaron la transfobia y discriminación de organizadores y socios de la Vela San Vicente Ferrer Goola “Lado Sur”, al señalar en su invitación que “No se permitirá la entrada de hombres vestidos de mujer”, a la tradicional vela en honor al Santo Patrón de los juchitecos, a celebrarse el próximo 26 mayo.
Las velas en el Istmo de Tehuantepec son festividades tradicionales y nocturnas que se realizan en su mayoría en el mes de mayo, en Juchitán por ejemplo comienzan desde el 30 de abril y concluyen el 31 de mayo, y se realizan en honor a la Santa Cruz, a animales como el lagarto y también a frutas de la temporada como el ciruelo, y la máxima es a San Vicente Ferrer Goola.
“Esta decisión es un retroceso a nuestra lucha”, dijo Felina Santiago, fundadora y defensora de los derechos de la comunidad muxe desde hace 3 décadas en esta región de Oaxaca, quién celebró que por fortuna ese mismo 26 de mayo, se realizan tres velas en honor a San Vicente Goola, y en una de ellas la “San Vicente Goola, lado sur”, sí hay inclusión para las muxes y les permiten el libre acceso.
“Esas velas donde nos llaman hombres vestidos de mujer o nos discriminan por ocupar el baño de mujer, o el miedo a lo distinto, son velas en decadencia, velas clasistas y racistas, es una lastima que ni un terremoto o una pandemia nos enseñara el respeto y la tolerancia, por fortuna nosotras no necesitamos ir a esas celebraciones transfóbicas, tenemos un espacio que una sociedad de una vela nos dió y lo hacemos en colectivo, libres y solidarias”, agregó.
Las muxes no son ni hombres ni mujeres, tampoco un tercer género como muchos lo nombran, son personas que viven y luchan por la inclusión ,el respeto y la tolerancia, muestra de ello es su vela anual llamada “Intrépidas buscadoras del peligro”, invitan al público en general, porque lo que anhelan es una sociedad igualitaria en derechos.
Elvis Guerra, escritora zapoteca y artista textil refirió que no se puede seguir normalizando la transfobia.
“Nuestra lucha debe ser en favor de la inclusión. Las muxes somos parte de la sociedad, somos parte de la cultura, también somos identidad”, enfatizó.
Dijo que el mensaje que dan al excluir a las muxes y nombrarlas como “hombres vestidas de mujeres” es “te quiero para hacerme mi botana, adórname la pista, péiname, maquíllame, hazme mi traje, pero no te quiero en mi vela”.
El joven poeta recalcó que hasta que la inclusión se haga costumbre, las muxes seguirán luchando.
De acuerdo con Integrantes de las Intrépidas Buscadoras del Peligro, suman unos 30 crímenes de odio en la zona. En Febrero del 2020, fue asesinado Oscar Cazorla, fundador de este colectivo y activista muxe, su crimen está impune hasta ahora.
Las velas son para disfrutar; cada socio gasta entre 15 y 20 mil pesos
Felina Santiago recalcó que las velas son para disfrutar, amar, bailar y una forma de solidaridad y comunalidad, y no son fiestas de odio, como lo que practican los socios de la Vela San Vicente Ferrar “Lado Sur”.
Dijo que quizá les impidan el acceso, porque las muxes llaman la atención y acaparan miradas, lo cual quizá les afecta en su ego, lo cual no es una justificación a negarles la entrada.
Reconoció que ir a la vela como invitado mínimamente es una inversión de mil pesos, pero sí eres socio el gasto es entre 15 y 20 mil pesos.
Mujeres, feministas y defensoras tundieron en las redes sociales a los organizadores, al impedir el ingreso a las muxes.
Jocelyn Cheé Santiago, joven activista lamentó la negativa a las muxes a ocupar un espacio, y lo mismo ocurre con las lesbianas de vestirse más allá del mandato de lo femenino.
“Amamos los eventos comunitarios y de hermandad, y terminan excluyendo a la comunidad”, recalcó.
Y así un sinfín de mensajes en las redes sociales, lamentando el actuar de los socios que excluyen a las muxes de la vela mayor, la más tradicional de Juchin en honor a San Vicente Ferrer.
Este texto es propiedad de Istmopress y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
La pandemia llegó a Oaxaca causando enfermedad y muerte como en todo el mundo, solo que en este estado, que desde hace 20 años encabeza los primeros lugares en rezago social, las comunidades indígenas se enfrentaron además a la indolente deuda histórica por la falta de hospitales, lo que triplicó el número de fallecimientos en esa población.
Cuando 48 de las y los 162 habitantes que viven en José López Portillo -o Chocomanatlán como también se le conoce a esta comunidad-, tuvieron dificultad para respirar, ojos enrojecidos por la fiebre y el cuerpo flagelado por dolores intensos en las articulaciones, pensaron en la muerte.
Era julio del 2021 y hasta entonces habían evitado que la COVID-19 llegara a este pueblo de la etnia zoque, enclavado a 1,053 metros de altitud en la serranía del llamado “pulmón de México”, el macizo selvático más grande del estado de Oaxaca.
Inicialmente pensaron que era dengue o chikungunya, desestimaron al virus Sars-CoV-2 dado el aislamiento natural de esta comunidad indígena separada por 146 km de Santa María Chimalapa, su cabecera municipal, y cerca de 400 km de la capital del estado, que se recorren en hasta 12 horas de agreste y sinuosa serranía.
Pero la pandemia sí les alcanzó en la tercera ola y para enfrentarla solo tenían yerbas, tés y paracetamol, si lograban conseguirlo.
El 26 de julio de 2021, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) calificaron de “emergencia sanitaria” el brote de COVID-19 que postró a una buena parte de la población de Chocomanatlán.
Aunque tienen una clínica de salud, ante una enfermedad “fuerte” que necesite hospitalización, corren el riesgo de morir en el camino, pues el hospital más cercano se encuentra a casi dos horas, en territorio del municipio de Cintalapa, en el estado sureño de Chiapas, dice Adrián León Corso, suplente del agente municipal de la comunidad.
Si deciden ir a un hospital de Oaxaca, entonces deben recorrer de seis a siete horas hasta Juchitán de Zaragoza, sorteando la lluvia o la niebla y el mal estado del camino.
Para salir lo piensan mucho porque además no hay transporte público, ni dinero suficiente para pagar el viaje:
“Para llegar a Cintalapa el camino es de terracería y en temporada de lluvias es cuando se descompone. Tenemos un arroyo que cuando llueve mucho no nos deja pasar. Solamente los que tienen moto logran pasar por un puentecito artesanal que tenemos”, explica León Corso.
Un viaje a Cintalapa en transporte particular cuesta entre mil 500 o mil 600 pesos, y solo incluye la ida. “Para llegar a Juchitán es peor porque son como 3 mil pesos, es el doble. Como ve, es muy caro salir de aquí. No hay para pagar tres mil o seis mil pesos para irse a curar, sin contar que hay que comprar medicamentos. Entonces, es más barato morirse aquí”.
Menos hospitales más muertes
Y es que en el estado de Oaxaca el camino al hospital puede ser un viaje a la muerte, pues muchas comunidades indígenas tienen que recorrer dos, seis o hasta 12 horas para llegar a un hospital, como sucede con los pueblos angpen y odepüt (zoques), ikoots (huaves), ayuujk (mixes), ñuu Savi (mixtecos) o los binnizá (zapotecos).
Es por ello, y por su propia orografía, que muchas comunidades prefirieron cerrar sus fronteras durante la pandemia.
La falta de acceso a la salud en este estado del suroeste del país es uno de los factores por los que desde el año 2000 a la fecha, Oaxaca se ha mantenido en los tres primeros lugares nacionales en rezago social, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Y ahora en la pandemia, Oaxaca es primer lugar en número de casos positivos de COVID-19 en población indígena del país, con 4 mil 727 registros, de acuerdo con el reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), con fecha al 10 de noviembre de 2021
Esto significa que la población indígena en Oaxaca se ha muerto de COVID-19, tres veces más que la población general del estado, revela Paola María Sesia, doctora en Antropología Sociocultural con enfoque hacia Antropología Médica y profesora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), con base en un análisis de los datos disponibles en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).
Para Sesia, se trata de una de las gravísimas consecuencias del problema estructural de la falta de acceso a los servicios de salud para la población indígena.
Ejemplos de esta situación existen en todo el estado, donde hay 50 hospitales abandonados, algunos que incluso se inauguraron hasta dos veces para quedar después en el olvido, junto con las comunidades que más los necesitan.
Huajuapan espera espera y espera
, Huajuapan de León es un municipio de la Mixteca oaxaqueña, en el noroeste del estado, donde en lugar de un hospital hay montículos de tierra y una pequeña represa.
El prometido nuevo hospital reemplazaría al viejo, de nombre Pilar Sánchez Villavicencio, creado en 1982 y cuyas 30 camas son insuficientes, al grado de que han tenido que atender pacientes en los pasillos.
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el sistema de salud debería contar con 4.7 camas por cada mil personas, por lo que el hospital de Huajuapan debería tener al menos 423 camas.
Este hospital abarca una población de 90 mil habitantes en un área de influencia de 198 mil personas de 54 comunidades, incluidas San Simón Zahuatlán y Santos Reyes Yucuná, dos de las cinco con mayor pobreza en el país, de acuerdo con el Coneval.
Tras cuatro colocaciones de “primera piedra”, el 5 de febrero del 2014 el gobierno estatal, entonces encabezado por Gabino Cué Monteagudo, iniciaría los trabajos de construcción del nuevo hospital con una inversión de 285 millones de pesos. Sin embargo eso no sucedió.
En junio de 2015, el Ayuntamiento interpuso la controversia constitucional 38/2015 porque el hospital no se había construido, y el 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Gobierno de Oaxaca construir el hospital y le dio 18 meses para hacerlo.
El actual gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, ha dicho que se va a cumplir con esta resolución, pero no cuándo. Mientras tanto la Mixteca oaxaqueña sigue con un hospital que apenas pudo destinar cinco camas para el área COVID, que tan solo en los primeros 25 días de 2021 se saturó y había una lista de espera de más de 15 personas. No todas sobrevivieron.
“Se envió a pacientes a sus domicilios; vía telefónica se les monitoreaba y recetaba”, explica el personal médico. Hubo gente que se fue a clínicas y con doctores particulares, con las complicaciones de costo y distancia que ello representa. También hubo escasez de oxígeno.
Además, el hospital tuvo que funcionar con 60 por ciento del personal, pues el resto se confinó por padecer comorbilidades.
“Hubo un momento en el que ya no teníamos médicos para esa área y el personal se empezó a enfermar; la necesidad del hospital siempre ha estado, pero la pandemia vino a recrudecerla, porque los demás hospitales también estuvieron saturados; fue desesperante, vimos morir hasta a cinco integrantes de una familia, no todos se pudieron internar, unos no quisieron por temor y otros porque ya no teníamos espacio y no alcanzaron a llegar a otro hospital”, lamenta el personal médico.
La huella del abandono
La fotografía de cuatro integrantes de la familia Maldonado que enfermaron de coronavirus -acostados en su patio- tres de esas personas conectadas a un tanque de oxígeno, en Magdalena Tequisistlán, en la región del Istmo de Tehuantepec, al sureste del estado de Oaxaca, se viralizó en las redes sociales.
Agosto del 2021 fue letal para las familias de este municipio oaxaqueño donde habitan 6 mil personas. De acuerdo con un censo municipal, una de cada seis personas de Tequisistlán se contagió de COVID-19 y cursó la enfermedad en su hogar, con atención médica a distancia y tratamiento particular de hasta 100 mil pesos, debido a que desde hace 10 años el hospital está inconcluso.
Todo es silencio y vacío en el edificio, no hay personal médico, ni de enfermería y tampoco mobiliario. Fue inaugurado en dos ocasiones: la primera por el gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz, y la segunda por Gabino Cué Monteagudo, emanado de una coalición de partidos de izquierda.
Es uno de los 50 hospitales abandonados en Oaxaca y 300 a nivel nacional, que el propio gobierno federal reconoce que necesitan rehabilitarse, construirse y equiparse.
A Magdalena Tequisistlán le conocen como “La llave del Istmo”, porque es el poblado que conecta al Istmo de Tehuantepec con la capital oaxaqueña; entre ambos lugares hay una distancia de poco más de 200 kilómetros que se recorren en unas tres horas y 40 minutos en auto.
Enfrentar la pandemia sin personal médico y por sus propios medios no fue nada sencillo para las familias. Una veintena de personas fallecieron en este municipio oaxaqueño donde el coronavirus visibilizó el abandono sanitario.
“Nos da tristeza ver cómo se va desgastando el inmueble, costó mucho dinero para que no funcione”, lamentan habitantes que saben y denuncian que no tener un hospital concluido es una violación a su derecho a la salud.
Durante 15 meses, esta localidad istmeña de origen chontal estuvo sin contagios de COVID-19, pero con semáforo epidemiológico verde y una relajación de las medidas sanitarias en las elecciones del 6 de junio, cuando en Oaxaca eligieron un nuevo Congreso y 153 Ayuntamientos, todo cambió.
Las personas enfermas vivieron una odisea. Los hospitales más cercanos en Tehuantepec y Salina Cruz -ubicados a 60 minutos de distancia-, estaban saturados; la única opción fue atenderse en casa.
Antonia, de 46 años de edad, estuvo conectada a un tanque de oxígeno durante 30 días. Ocupó cerca de 25 tanques para su rehabilitación; actualmente vive con secuelas.
“Es lamentable que esta unidad médica esté abandonada, la construyeron e inauguraron en dos ocasiones y nunca funcionó porque no tiene equipo, es un cajón enorme y vacío, nos da mucho coraje que esté desgastándose por la irresponsabilidad de las autoridades en echarlo a funcionar. Pudo haber salvado muchas vidas”, dice el presidente municipal Roel Filio.
Es un derecho humano
A 98 kilómetros de Tequisistlán se localiza Unión Hidalgo. En este municipio zapoteca también hay un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) abandonado desde hace seis años.
La madrugada del 5 de enero del 2021, Juan, derechohabiente del ISSSTE de 60 años, murió de un paro respiratorio dentro de la ambulancia que lo trasladaba desde “Rancho Gubiña”, como se conoce a Unión Hidalgo, al Hospital Civil de Juchitán, localizado a 30 minutos de distancia; estaba contagiado de COVID-19.
Rosa María, su esposa, está molesta. Cree que Juan pudo haber sobrevivido si el hospital funcionara: esos 30 minutos de distancia le costaron la vida. A nueve meses de su muerte exige su reapertura y funcionamiento como un derecho humano a la salud.
“Llevamos 19 meses viviendo una pandemia y la clínica del ISSSTE de Unión Hidalgo está cerrada, ¿cuántas vidas se hubieran salvado?, por eso exigimos su apertura”, expresa.
De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca, hasta el 9 de octubre de 2021 en Unión Hidalgo se habían registrado 147 casos confirmados y 27 defunciones, aunque la autoridad local reconoce un subregistro que triplicaría el número de contagios y decesos.
Un candado en el portón principal avisa que el hospital, inaugurado en 2006, está cerrado; desde el 2015 no opera por falta de equipo y personal.
En este municipio habitan 14 mil 500 personas y solo existe una unidad básica de los Servicios de Salud de Oaxaca, donde las quejas por la falta de medicinas son una constante, por lo que un grupo de la sociedad civil impuso un amparo para exigir la apertura del hospital.
“El amparo firmado por aproximadamente una centena de ciudadanos ya tuvo eco y aunque el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se ha negado a firmar, las autoridades de Salud estatal ya saben que hay una demanda que exige su funcionamiento”, advierte el abogado Edward Martín Regalado, promotor del recurso judicial ciudadano que fue admitido por el juez séptimo de distrito.
Martín Regalado refiere que por un lado las autoridades -a través del portal de transparencia- informaron que dicha unidad está en construcción y, por otro, el 13 de agosto pasado, sin avisar y en total discreción, el entonces director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, recorrió las instalaciones y admitió que desde hace tres años se abandonó, tras su construcción, pero se comprometió a equiparlo, aunque sin fecha para ello, y a su renuncia al cargo ocurrida el 30 de noviembre de 2021, no había aún cumplimiento del compromiso.
En el catálogo de clínicas del ISSSTE esta unidad aparece como abierta y en operación, por lo que, al menos en teoría, recibe un presupuesto anual que hasta el momento no se sabe ni de cuánto es, ni a dónde va a parar. Y aunque se preguntó, ninguna autoridad tuvo respuesta.
Según datos del mismo Instituto, obtenidos por transparencia, en el 2016 autorizaron 12.4 millones para reconstruirlo, pero a la fecha solo existe un cascarón y en los primeros días de diciembre del 2021 apenas la estaba pintando.
“La información no coincide, entre ellos mismos se engañan y eso es lamentable, los ciudadanos de Unión Hidalgo lo que deseamos es que esta clínica brinde servicios a la salud, que dé medicinas, que atienda a la gente que lo requiera, es una urgencia”, reitera el abogado.
Se volvió costumbre
Tan solo la administración del gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz (1 de diciembre de 2004 – 30 de noviembre de 2010) dejó 102 obras hospitalarias inconclusas, entre las que sobresalen dos hospitales de 60 camas, uno en Matías Romero y otro en Tlaxiaco.
Tampoco se concluyeron seis hospitales de 30 camas, entre ellos los de Santa María Huatulco y Pochutla en la región de la Costa; en Tehuantepec en la región del Istmo, y en su natal Chalcatongo, en la región de la Mixteca oaxaqueña.
De igual forma, esa administración no concluyó los Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de Telixtlahuaca, Tlacolula, y Acatlán de Pérez Figueroa.
La administración de Gabino Cué Monteagudo (1 de diciembre de 2010 – 30 de noviembre de 2016), también fue señalada de no concluirlas.
Gabriela Velásquez Rosas, ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que Cué dejó un sistema de salud colapsado y 175 obras inconclusas, de las cuales 75 estaban calificadas como obras prioritarias.
El 19 de agosto del 2021, el secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, reconoció ante el Congreso del Estado que esa institución se encuentra en un proceso de reingeniería y saneamiento de salud, pero la realidad es que atraviesa una severa crisis financiera que apenas permite pagar sueldos.
A cinco años del gobierno del priista Alejandro Murat, su colaborador justificó la crisis que atraviesan los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) por la deuda que le heredaron las administraciones de Ulises Ruiz y Gabino Cué, que supera los 9 mil 440 millones de pesos.
Problema estructural
Para Paola María Sesia, doctora en Antropología Sociocultural, una de las gravísimas consecuencias del problema estructural de la falta de acceso a los servicios de salud durante la pandemia de COVID-19 es el alto porcentaje de defunciones entre la población indígena.
La profesora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) región Pacífico Sur expuso que esa situación se presenta en todo el país, pero en Oaxaca se agrava porque es el estado con mayor población indígena del país.
“Entonces aquí estamos hablando de un problema estructural de falta de acceso a servicios, que es gravísimo porque estamos hablando de porcentajes de defunciones de la comunidad indígena que son más del doble que el resto de la población, y eso también sucede en Oaxaca”, puntualizó.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).