A Ezequiel Mora, padre de uno de los 43, no lo venció el Covid; murió de un infarto

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Franyeli García / Archivo

Chilpancingo

 

En septiembre del 2020, Ezequiel Mora Chora, padre del normalista desaparecido Alexander Mora Venancio, dijo que gracias a la fuerza que desde algún lugar le impulsó su hijo no murió de Covid-19.

La madrugada de hoy lunes, Ezequiel, quien toda su vida fue campesino en su natal comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, falleció de un infarto cuando estaba en un hotel ubicado cerca de la Tepecoacuilco, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cheque, como lo conocían en El Pericón, murió un día después que su madre Brígida cumplió un año más de fallecida.

El 5 de diciembre del 2014 después de más de dos meses de la desaparición de su hijo, Ezequiel estaba en Oaxaca cuando recibió una llamada telefónica de su casa donde le decían que urgía se trasladara a las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicadas en Tixtla.

Ezequiel se alegró porque pensó tendría noticias buenas de su hijo Alexander. A su arribó a Guerrero, Ezequiel se trasladó a Ayotzinapa donde ya lo esperaba el personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (AAF) e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Le informaron que uno de los fragmentos de hueso hallados en el río de San Juan, en Cocula, pertenecían a su hijo Alexander, según estudios científicos de la Universidad de Innsbruck, en Austria.

«Sentí mucho coraje y tristeza», dijo Ezequiel cuando recibió la noticia.

En septiembre del 2020 y a seis años de la desaparición de su hijo Alexander, Ezequiel denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, no le habían entregado los restos de su hijo.

El pedazo de hueso ni la muela en la que los científicos de la Universidad de Innsbruck se habían basado en comprobar que pertenecían a Alexander, tampoco se les habían entregado.

«Ni siquiera tengo sus restos para llevarlos al panteón para enterrarlos y rezarle», dijo en entrevista en aquella ocasión.

La última vez que Venancio Chora vio a su hijo Alexander fue el 15 de septiembre del 2014, cuando a él y a otros dos hijos los llevó a Tecoanapa para festejar el grito de Independencia. El 16 de septiembre, Alexander se marchó a la escuela de Ayotzinapa.

Después de la desaparición de su hijo Alexander, Ezequiel tuvo la pérdida de dos de sus seres queridos, el de su madre Brígida, el 28 de agosto del 2017, quien murió por una enfermedad. El 16 de abril del 2018, su hijo Irene, de 41 años de edad, fue asesinado.

En el 2020 cuando en México estaba en su punto más alto de la pandemia por el Covid-19, Ezequiel se contagió y estuvo enfermo más de tres meses. Un médico de la comunidad vecina de Xalpatláhuac lo salvó con medicinas pero también con hierbas de la región.

«Aquí en El Pericón murieron muchas personas y en Xalpatláhuac como 20 también fallecieron por esta maldita enfermedad», contó.

Ezequiel nunca dudó el principal responsable de la desaparición de su hijo y de los demás normalistas el principal responsable es el ex presidente Enrique Peña Nieto, a quien el gobierno de López Obrador pretende exonerar.

Este viernes 26 de septiembre en la Ciudad de México, Mora Chora participó con los demás padres y madres de los 43 en una marcha y mitin para exigir al gobierno de López Obrador que localicen a sus hijos y que les entreguen las evidencias científicas de que ya están muertos.

Un fuerte aguacero que cayó en la Ciudad de México no impidió a Ezequiel y a los demás padres y madres protestar cuando se cumplen siete años once meses de la desaparición de sus hijos en Iguala.

En septiembre del 2021 falleció en Tixtla por complicaciones del Covid-19, Bernardo Campos Cantor, padre del normalista Bernardo Campos Santos.

Doña Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez, otro de los normalistas desaparecidos, murió a consecuencia del cáncer en su casa en la comunidad de Omeapa, del municipio de Tixtla.

 

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Tres de cada 10 personas diagnosticadas de covid reportan persistencia de la enfermedad: Ensanut 2021

La segunda encuesta nacional consecutiva de salud y nutrición revela que la pandemia aumentó la brecha de la desigualdad: el mayor costo -económico y de mortandad- ha recaído en los hogares más pobres y el fragmentado sistema público aún debe enfrentar los retos de la precaria salud de la población


Texto: Daniela Pastrana / Píe de Página 

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

2 de agosto de 2022

 

El mayor impacto de la pandemia de covid-19 en México ha estado en la población más pobre y sin seguridad social. Esta conclusión, que parece una obviedad, tiene por primera vez un sustento documentado en una encuesta nacional.

La encuesta, que parte de un levantamiento de campo en más de 12 mil hogares, realizado entre agosto y noviembre de 2021, y evaluada por expertos del Instituto Nacional de Salud Pública a partir de la generación de más de 900 indicadores, es concluyente:

Los mayores niveles de mortalidad por covid se dieron en los municipios con mayores condiciones de pobreza, y en los estados que tienen mayor población en la informalidad y sin seguridad social. Ese sector también concentra el mayor aumento de gasto de bolsillo.

Además, los hogares cuyo jefe o jefa de familia tiene un bajo nivel socioeconómico son donde menos posibilidades hay de cumplir con las medidas de mitigación de riesgos (como el aislamiento social o las medidas sanitarias).

A eso hay que agregar que seis de cada 10 personas diagnosticadas reportaron secuelas después de un mes, y tres de cada 10 reportan secuelas persistentes.

Al presentar estos datos, la investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Arantxa Colchero Aragonés, destacó la necesidad garantizar la cobertura universal de salud efectiva para la población sin seguridad social e invertir en la prevención para reducir la carga de enfermedad.

Lo que hay ahora, expuso la especialista, es un sistema de salud fragmentado, con recursos insuficientes, y una población ya vulnerada sobre la que está recayendo el peso de la pandemia.

Uno de los elementos que destaca la encuesta es que 70 por ciento de las personas se atendió fuera de la salud pública, sobre todo con médicos privados que tienen consultorios particulares, y en segundo lugar con médicos que trabajan en consultorios adyacentes a farmacias, lo que implica una sobremedicación.

“Es difícil evaluar a este sector porque no está regulado y está muy atomizado, hay una gran cantidad de proveedores de atención. Pero los que más preocupan son los consultorios adyacentes a farmacia (CAF) porque tienen médicos menos calificados e incentivos económicos para prescribir medicamentos”, dijo Colchero.

 

 

Inseguridad alimentaria impacta en zonas rurales

 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021 fue presentada este lunes en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE),

Uno de los datos más destacables del documento, de más de 300 cuartillas, es que 60.8 por ciento de los hogares encuestados presentó algún tipo de inseguridad alimentaria: 34.9 por ciento presentó inseguridad leve, que significa que algún hogar experimenta preocupación por el acceso a los alimentos y sacrifica la calidad de la dieta; 15.8 por ciento dijo tener inseguridad moderada, que implica restricciones en la cantidad de los alimentos consumidos, y 10.1 por ciento reportó inseguridad severa, es decir, donde alguno de los integrantes omite tiempos de comida por la falta de dinero.

Destaca que la mayor inseguridad alimentaria se presentó en hogares rurales, donde 71 por ciento reportó inseguridad alimentaria. En zonas urbanas, el promedio fue de 66.4 y en grandes metrópolis fue de 53.5 por ciento.

La diferencia, en el caso de la inseguridad alimentaria severa fue de 12 por ciento en zonas rurales y 8.3 en las metrópolis.

“Como está sucediendo en diversos continentes, entre ellos Latinoamérica, la pandemia de covid-19 está impactando de forma negativa la economía de los países y también su acceso a la alimentación, amenazando los medios de subsistencia de los grupos de población más vulnerables y que viven en contextos frágiles, como la población en pobreza y marginación de localidades urbanas y rurales”, dice la encuesta que se puede consultar en este link.

Precarización de la salud

La Ensanut 2021 muestra un aumento de los gastos en salud y alimentación con respecto a 2020: la encuesta revela que 68.4 por ciento de los hogares reportó haber aumentado sus gastos generales y 72 por ciento los gastos en alimentos.

También reporta que a 89 por ciento de los usuarios de algún servicio de salud público le recetaron medicamentos; y el gasto medio fue de 450 pesos.

“Covid-19 está impactando de forma negativa la economía de los países y también su acceso a la alimentación, amenazando los medios de subsistencia de los grupos de población más vulnerables y que viven en contextos frágiles, como la población en pobreza”, dice la encuesta.

Sergio Bautista Arefondo, director de innovación de servicios y sistemas de salud del INSP, destacó que en México la estructura de salud, fragmentada, que otorga los servicios con base en el estatus laboral, no se traduce en acceso a la salud. Y por el contrario, se ha convertido en una barrera.

“Los resultados vienen de una tendencia previa”, dijo el especialista, al asegurar que la desigualdad económica y la marginación ya eran determinantes de la falta de acceso a servicios previos a la pandemia.

Enfermedades crónicas en ascenso

En la presentación de la encuesta, Enrique Lazcano, director general del INSP, destacó la importancia de fortalecer, renovar e implementar una nueva estrategia para el diseño y operación de futuras encuestas, y contribuir a generar información útil para la transformación del sistema de salud.

Un patrón recurrente que muestra la encuesta, dijo el funcionario, es la presencia de enormes inequidades y el aumento progresivo de actividades no saludables.

«Todos los resultados de la encuesta documentan la necesidad de abordar en forma más eficaz las necesidades de salud de los grupos vulnerables”, señaló.

Entre los resultados, destacó la prevalencia de las enfermedades crónicas en la población: 10.2 por ciento en el caso de diabetes diagnosticadas ( un porcentaje que subió más de 5 puntos a partir de las tomas de muestras, lo que significa que son personas que no sabían que tenían esa enfermedad), 15.7 de hipertensión, 14.9 de enfermedades renales y 32.8 de Hipercolesterolemia.

En la población escolar entre 5 a 11 años de edad, la prevalencia de sobrepeso más obesidad aumentó progresivamente a 37.4 por ciento Y en la población de 12 a 19 años ascendió a 42.9 por ciento.

Además, 91.7 por ciento de los adolescentes que reportaron consumir bebidas endulzadas de manera habitual.

“Prácticamente todos los adolescentes consumen bebidas azucaradas”, dijo.

Panorama complicado

El representante en México de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS), Miguel Malo Serrano, emitió un breve mensaje en el que destacó tres cosas: la capacidad de adaptación del INSP a los procesos de emergencia (“el INSP ha sido capaz de generar la Ensanut continua en una pandemia”), el privilegio de contar con una herramienta de medición efectiva, que no tienen otros países, y el “aporte fundamental” que tiene al estar hecho “desde una perspectiva de lo público, del bienestar y nos desde los fines de lucro”.

“Colegas: realmente lo que tenemos en este proceso que no acaba de pandemia es una panorama complicado”, dijo.

«No se cuantos de nosotros pensamos que estamos volviendo a una nueva normalidad o estamos repitiendo la vieja normalidad en el mundo (…) Los datos que nos muestran informes a nivel mundial, como el de Oxfam, es que se han ampliado esas inequidades sociales. Si pensamos que los 10 multimillonarios más grandes en el mundo ganaron en la pandemia, aumentaron su lucro en la pandemia, tanto como para que nadie pasara a la pobreza o para financiar totalmente la vacuna para la humanidad, nos hace reflexionar sobre como estamos organizando nuestra sociedad y qué podríamos hacer para revertir eso y no volver a la vieja normalidad”.

Tres lecciones

El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell destacó que México enfrentó la pandemia en condiciones de desigualdad social y perfil de morbimortalidad adverso, con alta prevalencia de enfermedades crónicas.

Esto es resultado de los cambios estructurales del sistema sanitario desde los años 80, insistió.

«El sistema de salud mexicano nunca alcanzó la cobertura universal y se fue desmantelando desde finales del siglo XX, cuando viró hacia un modelo que exacerbó las diferencias y alimentó los negocios oportunistas, conocido como el régimen de protección social en salud o Seguro Popular, dejando al país sin capacidad de respuesta”

Esta realidad obligó a tomar medidas drásticas para enfrentar la velocidad y propagación del virus SARS-CoV-2, como fue la Jornada Nacional de Sana Distancia, con suspensión de actividades públicas no esenciales; reconversión hospitalaria, así como adquisición oportuna y suficiente de vacunas.

Para el subsecretario, hay tres lecciones fundamentales aprendidas, no solo en México sino en el mundo, sobre estas grandes transformaciones en los sistemas de salud que han dejado “estragos profundos y muy negativos”, son:

1.Las causas directas del daño causado por la pandemia tienen, en primer lugar, a la enorme desigualdad social

2. Una segunda causa, relacionada con la anterior. es “el desastroso perfil de morbimortalidad que tiene México: la epidemia de obesidad, diabetes, y múltiples cánceres relacionados con los estilos de vida. Estos estilos de vida no son casuales y no se deciden voluntariamente, están determinados por las realidades económicas y sociales, que se caracterizan por la erosión de vida silvestre, la devastación ambiental, asociado a procesos de urbanización desordenados y ambiciosos, y también por el ecosistema alimentario”.

Un ecosistema agroalimentario, dijo, fue transformado para sustituir la diversidad que se tenía de productos nacionales por un reducido conjunto de productos industrializados, que son el motor fundamental de la epidemia de enfermedades crónicas no transmisible

«Estos productos son los que han provocado una enorme carga de enfermedad, discapacidad y muerte”.

3. La tercera lección está relacionada con el desmantelamiento de la salud pública-

“¿Qué capacidad tenía el sistema de salud mexicano para enfrentar estas condiciones?”, preguntó.

Y él mismo explicó: “Se empezó a desmantelar la capacidad pública, instituciones que fueron privatizadas de facto y casi por entero. Uno de los mayores ejemplos es el ISSSTE, pero ocurrió también en Seguro Social y en las secretarias de salud estatales y federal, dejando al país sin capacidad de respuesta, con una mínima que capacidad que fue desplazada a aventuras oportunistas como los CAF (Consultorios Adyacentes a Farmacias) y servicios integrales”.

75 por ciento de la población con anticuerpos asociados a la vacunas

Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP, explicó que la seroprevalencia de anticuerpos de SARS-CoV-2 contra la proteína S (generada por la infección del virus y por la vacunación), se triplicó de un año al otro, al pasar del 23.6 a 75 por ciento.

En tanto que la seroprevalencia de anticuerpos de SARS-CoV-2 para proteína N (que se genera principalmente por la infección del virus), fue de 58 por ciento. Eso significa que tres cuartas partes de la población encuestada tenía anticuerpos y ese porcentaje esta asociado a la vacunación.

Por su parte, la directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del INSP, Celia Alpuche Aranda, explicó que la estrategia de vacunación fue compleja, “por haber iniciado con muchas incertidumbres que se tenían que adaptar a circunstancias especiales como el no acceso a vacunas”.

La investigadora destacó que entre las principales razones de las personas para no vacunarse, están la de creer que la vacuna tiene efectos adversos para la salud y problemas de logística para hacer llegar la vacunación a lugares de difícil acceso.

Personas acuden a centros de vacunación en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez

Este texto es propiedad de Pie de Página y los reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de Pie. Puedes consultar el original en este enlace. 


Ante el alza de contagios, largas filas para las pruebas Covid en Chilpancingo

Al presentar las estadísticas sobre nuevos contagios, al medio día de hoy, la dependencia estatal detalló que desde el inicio de la pandemia, Guerrero acumula 103,482 casos confirmados y 6,777 defunciones a causa del covid-19.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

12 de junio de 2022

Chilpancingo

 

Ante el aumento de casos activos de Covid-19 en Guerrero las filas en los módulos de aplicación de pruebas rápidas en la capital lucen llenos de personas, en las filas hay alrededor de 300 personas.

Debido al incremento de contagios en la entidad, la Secretaría de Salud colocó dos módulos de pruebas. Al ya establecido en el quiosco de la Alameda Granados Maldonado se sumó un segundo en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, los que se observan llenos de personas.

Los últimos datos de la Secretaría de Salud indican que se registraron 122 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas y que la ocupación de camas Covid-19 en los hospitales es hasta el momento del 18 por ciento.

La dependencia estatal no reportó decesos por esta causa en las últimas 24 horas.

Al presentar las estadísticas sobre nuevos contagios, al medio día de hoy, la dependencia estatal detalló que desde el inicio de la pandemia, Guerrero acumula 103,482 casos confirmados y 6,777 defunciones a causa del covid-19.

Los casos se concentran en 43 municipios; los principales se ubican en Acapulco con 899, Chilpancingo 761, Zihuatanejo 206, Iguala 90, Tecpan 46, Ometepec 40, Taxco 39, Petatlán 34, Tixtla 28 y Eduardo Neri 15.

De acuerdo con los datos nacionales, Guerrero se ubica en el lugar 24 en casos activos a nivel nacional.

A pesar del aumento de los casos a nivel federal no se actualiza el semáforo epidemiológico, el cual se mantiene en verde.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, realiza actos masivos con las mínimas medidas de precaución sanitaria para evitar contagios.

El día de ayer encabezó un acto de entrega de computadoras a estudiantes de las ocho normales del estado, el evento se realizó en el auditorio de Palacio de Gobierno donde no hubo medidas de sana distancia, ni de reducción de aforo.

El auditorio estaba lleno de estudiantes normalistas, funcionarios públicos y medios de comunicación sin ninguna medida de sana distancia, el equipo de logística sentó a todos los asistentes juntos y para hablar los oradores se les permitía quitarse el cubre bocas.

 

 


Aumentan casos de Covid-19 en Guerrero y el gobierno estatal no toma acciones

Aunque el número de casos aumentó, la Secretaría de Salud federal mantiene el semáforo verde epidemiológico.


Texto: ​Amapola Periodismo

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

En las últimas 24 horas confirmaron 378 casos de Covid-19 en Guerrero, informó la Secretaría de Salud estatal.

Este domingo estuvieron concurridos los módulos de Acapulco y Chilpancingo, donde la gente acudió a realizarse la prueba para detectar si tienen la enfermedad.

Aquí en la capital del estado hubo largas filas de personas en la alameda para hacerse la prueba rápida de Covid-19.

El módulo de atención está ubicado en el kiosco de esta alameda, a tres cuadras del zócalo de Chilpancingo.

El repunte de casos de Covid-19 empezó hace casi un mes y este es el primer fin de semana que la Secretaría de Salud estatal mantuvo este módulo de pruebas Covid-19 ante el aumento de la demanda.

La Secretaría de Salud estatal informó que hay 2 mil 395 casos activos de Covid-19 y la ocupación en las camas de hospitales es de un 19 por ciento.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que los 2 mil 395 casos se concentran en 43 municipios, entre ellos Acapulco con mil 78; Chilpancingo, 664, Zihuatanejo 223; Iguala, 85, Tecpan de Galeana 48; Taxco 44; Ometepec, 36, Tixtla 27 y La Unión, 13 casos.

Según la Secretaría de Salud, Guerrero se mantiene en el lugar 24 con mayo número de casos de Covid-19 en el país.

Aunque el número de casos aumentó, la Secretaría de Salud federal mantiene el semáforo verde epidemiológico.

El gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda aún no difunde acciones para contener la propagación de este virus en Guerrero.

Esta última semana, el gobierno estatal promocionó los destinos turísticos de Acapulco, Zihuatanejo y

Taxco para que los turistas nacionales y extranjeros venga a visitarlos en esta temporada de vacaciones de verano.

 


Un juez ordena a la SEP y a Salud aplicar protocolos anticovid en escuelas; advierte que no hubo un regreso seguro a las aulas

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México determinó que el gobierno federal no garantizó las condiciones para un regreso seguro en este ciclo escolar, por lo que ahora le ordena tomar medidas.


Texto: Dalila Sarabia / Animal Político 

Fotografía:

8 de junio de 2022

 

Luego de considerar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no garantizó las medidas sanitarias necesarias para que los alumnos volvieran a las escuelas en total seguridad para el ciclo escolar 2021-2022, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a la dependencia y a la Secretaría de Salud (SSa) que implementen todas las medidas que garanticen que los planteles del país sean seguros frente a la emergencia sanitaria que aún se vive.

“Lo anterior porque dichas autoridades no ejercieron sus facultades para que el regreso a clases presenciales iniciado el año pasado fuera lo más seguro posible, violando así los derechos a la educación y a la salud de las niñas, niños y adolescentes (NNA) que asisten a la escuela”, señaló Mexicanos Primero en un comunicado publicado este martes.

Entre las medidas que ambas dependencias deberán poner en marcha a la brevedad está la emisión de un protocolo sanitario que distinga claramente entre recomendaciones y lo que es de aplicación obligatoria para las escuelas, así como que hagan disponibles todos los insumos necesarios para la prevención de contagios, sin costo alguno para las comunidades escolares.

“Ello, establece el juzgador, dado que no asumieron su responsabilidad como autoridades máximas en materia educativa y salubridad, respectivamente, no establecieron medidas de prevención obligatorias en las aulas y, en muchos casos, delegaron en las mismas comunidades escolares la procuración de cubrebocas, sanitizantes, termómetros y demás insumos, situaciones que esta sentencia manda corregir”, señaló la organización.

Respecto del protocolo sanitario, este deberá ser elaborado por expertos de la SEP y la SSa y debe recoger las opiniones y experiencias de las autoridades educativas locales y otros integrantes del Sistema Educativo Nacional.

En las últimas semanas, la SSa ha reportado un incremento en los casos activos y positivos de COVID-19.

De acuerdo con el reporte técnico que emitió ayer, en una semana se detectaron 18 mil casos de COVID-19, por lo que la estrategia de comunicación cambiará y a diario —ya no semanalmente— se estará informando sobre la evolución de la pandemia.

“Lo que está sucediendo en distintas entidades del país no es cosa menor: los contagios en escuelas están poniendo en riesgo nuevamente la continuidad de la presencia de niños, niñas y adolescentes en las aulas. Esto, por supuesto, vulnera el ejercicio de su derecho a aprender, el cual ya ha sido violentado durante casi dos años de encierro”, subrayó Mexicanos Primero.


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original dando click en este enlace

Desaparecer en pandemia: otras formas de narrar la violencia

La pandemia por covid-19 modificó las formas en las que se expresa el crimen en nuestro país; la urgencia de narrar estos cambios, orilló a que un grupo de periodistas y artistas apostaran a nuevas narrativas para visibilizar las secuelas de esa otra enfermedad que nos atraviesa desde hace décadas: la violencia


Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página

Fotografía: Cortesía Patricia Mayorga

19 de mayo de 2022

Ciudad de México 

¿Cómo se comportó la violencia durante la pandemia? ¿En qué cambió? ¿Cómo la hemos narrado? Fueron las preguntas que se hicieron un grupo de periodistas, acompañados de artistas, organizaciones, y el colectivo Técnicas Rudas hace un año.

El resultado: Desaparecer en pandemiaun sitio en el que se albergan una serie de investigaciones en formato multimedia; donde, además de la desaparición forzada, se abordan problemáticas como el desplazamiento, la reactivación de las redes de trata de personas y las nuevas formas de reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado.

“Tuvimos diálogos con muchas organizaciones para hacer este trabajo”, explicó en entrevista Patricia Mayorga, periodista chihuahuense y coordinadora del área de libertad de expresión de la Red de Periodistas de a Pie.

La red PdP es una organización de periodistas en activo que este viernes 20 cumple 15 años de trabajar en la defensa del periodismo independiente y ético en México, con un enfoque preventivo y asentado en el periodismo de las distintas regiones del país. Por ese trabajo ha recibido diversos reconocimientos internacionales.

Mayorga, quien tuvo que exiliarse varios años fuera de México después del asesinato de Miroslava Breach, es especialista en temas de violencia al norte del país, y, en conjunto con integrantes de Raíchali Elefante Blanco, participó en algunas de las investigaciones que se presentan en el sitio.

«Coincidimos en que era necesario que durante la pandemia no se quitara el foco de estos temas; que se evidenciara que los grupos criminales se reorganizaron durante la pandemia”, añadió la periodista.

Con historias que van desde Chihuahua a Tamaulipas, incluyendo testimonios de personas en Oaxaca, Michoacán y Zacatecas; Desaparecer en pandemia presenta una realidad vigente en nuestro país: la violencia no se ha ido.

Las historias

Los territorios desde donde se narran las historias no son cualquier lugar. En estos lugares la violencia ha sido constante, y sus efectos devastadores.

Desde la frontera en Ciudad Juárez; cruzando por la Sierra Tarahumara y las carreteras de Nuevo Laredo y Monterrey; la criminalidad se ha actualizado. Lo mismo en el terreno, que en la virtualidad.

Patricia Mayorga lo constata. Ella participó, como lo hizo años atrás, en la investigación que pone en evidencia los escombros de la violencia que se vuelven a levantar durante la pandemia en Juárez.

“En Ciudad Juárez se están reabriendo bares y hoteles clandestinos que se habían clausurado en la época de la violencia, sobre todo en la época del megajuicio (2015) (…). Quienes están trabajando en estas zonas nos advirtieron esto; nos alertaron que había mucho movimiento de trata”, refiere.

Asimismo, junto a Raúl Pérez de Raíchali, Mayorga analizó los efectos de la tala clandestina en la Sierra Tarahumara de Chihuahua; entre ellos: el desplazamiento forzado.

“Se incrementó la tala clandestina e ilegal en la sierra. La Semarnat reconoce lavado de dinero a partir de esto; es un foco rojo”.

De igual forma, otro punto que se analizó fue el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Ahí, integrantes de Técnicas Rudas auxiliaron al equipo de periodistas para contactar a las víctimas directas e indirectas. Recuperar sus testimonios que, como todo durante la pandemia, pusieron al centro la virtualización de la criminalidad.

Como Mayorga, el periodista Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco recorrió las carreteras de Nuevo Laredo y Monterrey; donde decenas de personas han desaparecido a manos de grupos del crimen organizado.

Tanto Patricia como Manuel han sido víctimas de lo que narran. Ambos han sido desplazados por su labor periodística. Ambos están en un proceso de retorno. Ambos buscan seguir ejerciendo su labor.

“Carlos Manuel y yo estamos en retorno de desplazamiento; este proyecto también es una estrategia para seguir dando cobertura a los temas que queremos cubrir en nuestros estados”, explica Mayorga.

Reinventar las narrativas para seguir contando historias

La violencia contra quien narra las violencias es común en nuestro país; y muchas veces implica callar por seguridad. Esto lo saben bien Patricia y Carlos Manuel; así como cientos de periodistas en México.

Parte de los aprendizajes que obtuvieron durante este trabajo, cuenta Mayorga, fue la adquisición de protocolos de seguridad, así como técnicas de coordinación y comunicación “que muchas veces no tenemos como periodistas”.

Estas enseñanzas las brindó Técnicas Rudas; quienes en todo momento acompañaron al equipo de investigadoras e investigadores para que su labor no implicara riesgos.

«El gran aprendizaje es que teníamos que estar en una plataforma segura, monitoreándonos, reportándonos, ordenando. Eso da cierta fortaleza a la hora de hacer periodismo, en el caso de nosotros que estamos como retornados y no sabemos dónde estamos pisando, fue una cosa de certidumbre. En el periodismo nos cuesta aplicar estos protocolos”, relata Mayorga.

Del mismo modo, enfatiza Patricia, “nos enseñaron a usar otras técnicas para contar las historias, usar nuevas narrativas; muchas veces estamos acostumbrados a escribir textos largos, y con estas nuevas técnicas podemos llegar a más gente”.

“Había mucha libertad para expresar emociones e irlas acomodando junto con los creativos; ellos también supieron captar esas otras partes que tuvimos en las reuniones de trabajo”, señala.

La metodología de Técnicas Rudas no es nueva; son varios los proyectos que esta organización ha coordinado con periodistas para narrar temas complejos y dolorosos; pero sobre todo, necesarios de visibilizar.

En compañía del equipo de periodistas, artistas visuales, sonoros y diseñadores dieron forma a un espacio multiplataforma que, de manera interactiva, acompañan los textos con música, videos e imágenes que ponen a relieve realidades complejas.

“Es una forma de hacer periodismo; para no salir tan solos y no arriesgarnos tanto. Otra estrategia de hacer periodismo y llegar a otros públicos”, reflexiona Patricia.

Ziumi Juárez Gámez; Arturo Muñoz Rodríguez el Carcará y Fer Fierro Zago fueron los artistas que participaron en el proyecto; así como un equipo de programadores y colaborades invitados.

Patricia Mayorga concluye que, pese a la importancia de sus investigaciones, este proyecto “no esta descubriendo el hilo negro, ni la forma de presentarlo o investigarlo, pero es otro aporte. Un esfuerzo de darle otros enfoques de multimedia a temas tan complejos”.

El proyecto completo lo puedes consultar en la página desaparecerenpandemia.org; ahí se mostrará un menú interactivo donde las investigaciones periodísticas se combinan con música, videos, ilustraciones y animaciones.

 

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Los casos activos estimados de COVID-19 caen por debajo de 6 mil

Los casos activos estimados, considerados un indicador de la intensidad del COVID-19, se situaron en 5 mil 844.


 

Texto: Animal Político 

Fotografía: Amílcar Juárez 

11 de abril de 2022

 

México inició la semana con un descenso de los casos activos estimados de COVID-19 por debajo de la marca de 6 mil, según las más recientes cifras de la Secretaría de Salud federal.

En su reporte técnico diario, la dependencia indicó que los casos activos estimados son 5 mil 844. Los casos activos son considerados el motor de la pandemia porque representan a personas que tuvieron síntomas en los últimos 14 días y aún tienen capacidad de contagiar.

La secretaría también informó que los casos acumulados suman 5 millones 723 mil 214, tras registrarse este lunes otros 281.

El número de personas fallecidas llegó a 323 mil 727, luego de que se contabilizaron dos fallecimientos más.

México inicia el periodo de vacaciones de Semana Santa mientras la cuarta ola de contagios está en descenso, según las autoridades federales.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores del país se reunieron para discutir medidas contra la pandemia, como un refuerzo a la vacunación.

La secretaría a cargo de Jorge Alcocer deberá presentar el nuevo semáforo de riesgo para todo el país el viernes próximo. En él se verá si las 32 entidades del país se mantienen en verde por tercera quincena consecutiva o si hay cambios de color.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización, puedes leer el original aquí  

 

Enseñar es resistir: Así fue la pandemia sin escuelas para las infancias rarámuri

Abandonadas por el gobierno, las comunidades urbanas rarámuri que migraron a la capital de Chihuahua en busca de una vida distinta, huyendo de la sequía, la presencia del crimen organizado, los proyectos extractivos y la muerte, se enfrentaron a preguntas sin respuestas sobre la educación de sus hijos e hijas, mientras su pesadilla sobre un bicho se hacía realidad


Texto: Óscar Rosales / Raichali noticias

Investigación: Óscar Rosales, Raúl Fernando Pérez, Jaime Armendáriz

Video y fotografía: Raúl Fernando Pérez

Traducción de entrevistas: Carlos Fierro

 

María escuchó atentamente a su cuñada. La recuerda muy inquieta, preocupada por un sueño, una pesadilla de esas que nadie quiere tener. “Decía que iban a morir muchos seres humanos, que iba a llegar una enfermedad muy grande”, relata María Luisa Chacarito y añade: “Decía que no se iba a terminar”.

Chacarito es lideresa rarámuri de Rinconada Los Nogales, una de las 18 comunidades indígenas urbanas de Chihuahua, capital del estado con el mismo nombre, en la frontera norte de México.

Era diciembre del 2019, un momento del año en que las familias indígenas, en su mayoría de la etnia rarámuri, están más atentas a la tempestad del crudo invierno, cuando las temperaturas en esta región empiezan a descender más allá de los cero grados centígrados, que a una enfermedad del otro lado del mundo.

Pero tan sólo tres meses después del 31 de diciembre, cuando se encendieron las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la notificación del primer caso de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China, la pesadilla comenzó a tomar forma.

El lunes 23 de marzo el gobierno mexicano comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia, nombre que se le daría a las políticas de confinamiento para contener la propagación del virus Sars-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, después de que se registraron los primeros casos en el país.

Por esos días, un familiar de Chacarito volvió a soñar con la enfermedad. Era la cuarta vez que en la comunidad alguien soñaba con el virus.

Para la cultura rarámuri los sueños son muy importantes. Sus médicos tradicionales, owiruame en lengua rarámuri, curan a través de los sueños. Por eso decidieron realizar el Yúmare, su principal ceremonia tradicional, en la que danzan y cantan desde la noche hasta el amanecer. Ahí le pidieron a Onorúame, el dios rarámuri, que los protegiera de la enfermedad.

Ciertamente, los temores contenidos en aquellos sueños nocturnos fueron un indicio de lo que se venía. Las medidas del gobierno para contener el virus implicaron el cierre de muchos centros de trabajo, la cancelación de eventos masivos, el aislamiento en casa y la suspensión de clases en todas las escuelas.

Sin nadie en las aulas de clase y con niños y niñas sin poder salir de casa, las dudas se repetían en los padres y las madres de las comunidades: ¿Quién acompañaría a sus hijos e hijas mientras trabajan? ¿Cómo iban a aprender ahora sin maestros? ¿Perderían el ciclo escolar? ¿El gobierno ayudaría?

Las historias y testimonios de diez de estas 18 comunidades exponen cómo la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas de Chihuahua (COEPI), órgano de gobierno destinado a realizar y gestionar políticas públicas para los pueblos originarios, no cumplió en su totalidad con las funciones que le corresponden en el ámbito educativo formal en un momento de emergencia, como la pandemia por COVID-19.

Fue con ayuda de la sociedad civil, que las familias de las comunidades Pájaro Azul, Rinconada Los Nogales, Cerro de La Cruz, Díaz Infante, La Soledad, Gabriel Tepórame, Rubio, Napawika, El Oasis y la colonia Tarahumara, lograron atender a 350 niños, niñas y adolescentes durante el ciclo escolar, supliendo así muchas de las funciones de un Estado despreocupado por sus pueblos originarios.

La adversidad antes del bicho

Los pueblos rarámuri migran a la capital en busca de una vida distinta. Dejan su hogar en la sierra por diferentes razones: falta de empleo, la sequía, la tala inmoderada de sus bosques por parte de ejidatarios chabochis, desnutrición y, principalmente, la presencia del crimen organizado y los proyectos extractivos, como la minería, que atentan contra sus tierras y sus pobladores. Tan solo desde el 2013 hasta el 2021, han sido asesinadas 18 personas activistas y defensoras del territorio indígena en Chihuahua.

La vida para una persona indígena en la urbe chihuahuense nunca ha sido fácil. En Rinconada Los Nogales, distinta a la colonia vecina del mismo nombre, pero ocupada por personas no indígenas, es decir, mestizas -chabochi, como les dicen en lengua rarámuri-, no hay pavimento ni cancha de basquetbol, como sí hay en las comunidades Pájaro Azul o Gabriel Tepórame.

Muchas de las casas están hechas con materiales improvisados, como tablones, lonas y láminas, que poco protegen de los climas extremos que se viven en las planicies centrales de Chihuahua.

Ubicada al suroriente de la ciudad, Rinconada Los Nogales está asentada junto a los desechos industriales de la antigua fundidora Ávalos. Montañas de plomo, cadmio, arsénico y zinc, abandonadas a la intemperie desde 1997, forman parte del paisaje.

Esta, al igual que el resto de comunidades, son resultado del desplazamiento de miles de personas indígenas originarias de la Sierra Tarahumara, una cadena montañosa de bosques y valles que forma parte de la Sierra Madre Occidental, la cordillera más extensa de México.

Provienen de municipios como Bocoyna, Guachochi, Carichí y Guadalupe y Calvo. Su presencia permanente en la capital comenzó en la década de los 30’s, aunque hay historiadores y antropólogos, como Enrique Servín, abogado, políglota, activista, escritor, poeta y lingüista mexicano, destacado defensor y estudioso de las lenguas indígenas, que sostienen que en la ciudad siempre hubo personas rarámuri.

Sin embargo, la construcción de las comunidades no ocurrió sino hasta 1957, cuando la Misión Evangelística Mexicana levantó las primeras casas de adobe, sin servicios básicos, sólo techadas y con piso de tierra, en la comunidad que hoy se conoce como El Oasis, al suroeste de la ciudad.

Con el paso de los años, gracias a la filantropía chihuahuense, el apoyo de la sociedad civil, la iglesia y la extinta Coordinación Estatal de la Tarahumara (el organismo anterior a la COEPI, esta última creada en 2016), algunas comunidades pudieron mejorar un poco de su infraestructura.

Las comunidades indígenas en la capital se asemejan a pequeños fraccionamientos, ubicados dentro de una colonia mucho más grande, normalmente habitadas por chabochis.

En la comunidad Gabriel Tepórame, también al sur de la ciudad, las casas son de una o dos habitaciones y un baño. Están construidas de manera contigua, desde una vista aérea forman un rectángulo, y en el centro hay una amplia cancha de baloncesto.

En Pájaro Azul forman la misma figura, solo que su cancha se encuentra en la entrada de la comunidad y los caminos entre casas son de tierra. En las orillas de ese rectángulo, hay un comedor y una cocina comunitaria, donde se reúnen para hablar de los temas importantes para ellos.

Su organización interna replica la forma de gobierno de los pueblos en la Sierra Tarahumara. Cada una tiene tres gobernadores o gobernadoras (siríames, en lengua rarámuri), cuyo período dura tres años. Son quienes encabezan todas las reuniones, dan consejos y coordinan todos los asuntos de interés colectivo, como sus fiestas tradicionales.

Algunas comunidades en vez de gobernadores o gobernadoras, tienen líderes o lideresas, como es el caso de María Luisa Chacarito en Rinconada Los Nogales. Para que un medio de comunicación pueda entrar y documentar o reportear, debe pedir la autorización de dichas autoridades.

Es también a través de estas personas que las comunidades gestionan apoyos para mejorar la infraestructura de sus hogares o la calidad educativa de hijos e hijas. Sin embargo, la educación formal siempre ha sido una especie de privilegio para la mayoría.

En la comunidad Rinconada Los Nogales, de 15 niños que hay, solo 6 asisten a la escuela, es decir, menos de la mitad. María Luisa Chacarito explica que, para muchas familias, conseguir el dinero de la inscripción resulta muy complicado, sobre todo para las madres solteras (que son mayoría), aún con el descuento que les dan las escuelas públicas en la cuota de inscripción, que se cobra en muchas de ellas pese a que el artículo tercero de la Constitución Mexicana garantiza que la educación del Estado es gratuita.

La mayoría de las madres trabajan largas jornadas como empleadas domésticas, sin prestaciones laborales. En el mejor de los casos, por limpiar y atender una casa ganan de 200 a 300 pesos por día. Sin embargo, gastan hasta 50 pesos diarios sólo en transporte de traslado, en el que también invierten de 2 a 4 horas de su tiempo.

Por otro lado, los padres recurren a empleos distintos. “Ganan muy poco porque trabajan como jardineros o en la albañilería. Están cansados, algunos ya son muy mayores”, explica Chacarito.

Obtener trabajos mejor remunerados en la ciudad tampoco es fácil. La mayoría de los rarámuri desplazados a la capital de Chihuahua no tuvieron oportunidad de terminar la primaria o la secundaria, un requisito mínimo solicitado. Terminan en empleos que satisfacen a las urbes, alejadas de las necesidades de las comunidades donde vivían, abandonadas y estigmatizadas por los tres niveles de gobierno.

Su rezago educativo se explica por el trato que han recibido por parte del Estado, pues históricamente el gobierno mexicano ha visto a sus pueblos originarios como una cultura inferior. La falta de entendimiento de cómo se conectan con la naturaleza, su desinterés a la forma de aprendizaje de pueblos como el rarámuri y la imposición de sistemas de enseñanza no indígenas en la Sierra Tarahumara, les ha impedido avanzar como cultura en sus propios términos de progreso.

El contexto de la discriminación en México tampoco ayuda. Según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), realizada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 15.9 por ciento de las personas indígenas mayores de 12 años no ha podido obtener un trabajo o un ascenso por pertenecer a esta población.

Los rarámuri pasaron de proteger los bosques de la Sierra Tarahumara, a cuidar el brillo del piso de las familias más privilegiadas de la capital de Chihuahua. De sembrar sus propios alimentos en el monte, a hacer las compras de otros en el supermercado.

La brecha de desigualdad entre mestizos e indígenas ya era bastante ancha.

Entonces, apareció un bicho: un gusano en las manos. Así es como se les describió a niños y niñas rarámuri el Sars-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. La idea del gusano era simple, ayudaba a entender lo importante que era protegerse del virus y acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias a nivel nacional: lavarse las manos, evitar el contacto físico y, principalmente, no salir de casa.

Para muchos estudiantes, el no salir de casa y poder tomar clases desde la distancia, fue sinónimo de comodidad. Para las familias indígenas de la mancha urbana significó incertidumbre.

La maestra esperanza

Guadalupe busca dónde sentarse. Se aleja muy poco de la mesa que está llena de hojas, libros y colores. El cuarto está repleto de sillas muy pequeñas y mesitas cuyas patas no pasan del medio metro. Decidida, se acomoda a un lado de la puerta por donde entra un cálido haz de luz. Observa el pequeño espacio vacío y, entre discretas y cálidas sonrisas que externa durante la entrevista, recuerda su labor ahí.

“Trabajamos ayudando a los niños para que no pierdan las ganas de ir a la escuela, ya que es muy importante estudiar, si no estudiamos, no aprendemos nada”, dice Guadalupe Espino, una joven rarámuri de la comunidad Pájaro Azul que, desde mayo del 2020, apoya y acompaña la realización de tareas de alrededor de 20 niños y niñas rarámuri de preescolar.

La maestra Lupita, como le dicen sus vecinos, nació en la ciudad de Chihuahua, pero sus padres son originarios de Norogachi, una comunidad ubicada en el municipio de Guachochi, al sur del estado, en la Sierra Tarahumara.

Contrario a lo que se pudiera creer, al no haberse criado en la sierra, su manejo del rarámuri es claro y fluido, debido a la educación de sus padres y la convivencia con sus vecinos de Pájaro Azul que siempre le hablaron en su lengua materna. Para ella, trabajar con niños y niñas después del cierre de escuelas es una oportunidad de recordar raíces, recuperar el idioma y conservar tradiciones.

“Les enseño a los niños en tarahumara y en español para que aprendan los dos idiomas, para que no pierdan nuestra forma de hablar. Es muy importante conservar nuestra lengua», señala.

Lupita forma parte de un proyecto educativo, deportivo y cultural para las comunidades indígenas urbanas que empezó en mayo del 2020 con la asociación civil Paz y Convivencia Ciudadana.

Lupita, la maestra encargada de niños y niñas en edad de preescolar. Además de ayudarles con el programa de la Secretaría de Educación Pública, también les enseña a leer y escribir en rarámuri.

Después del cierre de las escuelas a finales de marzo, la organización civil se acercó a Yolanda, Hilda y Guadalupe, las gobernadoras de Pájaro Azul y explicó sus intenciones para apoyar la educación de los infantes, previendo la situación que se avecinaba por la pandemia.

Las y los estudiantes comenzaron a recibir folletos y hojas de contenido realizado tanto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como por sus docentes y directivos de la escuela, con tareas y ejercicios. Este material era enviado, en su mayoría, mediante mensajería de WhatsApp.

La directora y las maestras de la escuela le hacían llegar esos materiales por semana a Guadalupe Espino, para que ella ayudara a niños y niñas a realizarlas. De esa manera, cada viernes, les devolvía los trabajos hechos y con eso la escuela calificaba a sus estudiantes.

Otras tres personas acompañaban a Guadalupe cubriendo otras necesidades formativas. Emma Martínez con atención psicológica para estudiantes y sus familias; Danelia Reyes generaba y realizaba actividades artísticas, y Jorge Girón, con clases de educación física. Esta dinámica de cuatro personas es la misma en el resto de comunidades donde tiene presencia el proyecto.

Ocasionalmente, se impartían aprendizajes distintos a lo común, como sencillas clases de guitarra y electrónica básica.

“Nuestra intención es que vean que hay oportunidades para salir adelante”, comparte Jorge Girón quien, además de ser profesor de educación física, es el coordinador del proyecto en Pájaro Azul.

“Muchas son madres solteras, o no cuentan con un trabajo establecido que les pueda brindar una guardería o son trabajadoras del hogar sin prestaciones”, añade Girón. Señala que, desde antes de la pandemia, los horarios laborales y las distancias no permitían que muchos niños y niñas de preescolar fueran a la escuela.

Madres y padres sintieron más tranquilidad al saber que sus hijos e hijas tenían una compañía formativa mientras trabajan.

El profesor ausencia

El proyecto Paz y Convivencia fue concebido como un programa de educación no formal, ya que no está apegado a los esquemas de enseñanza de la SEP. No siguen un sistema de calificaciones y busca “revalorizar la comunidad indígena, conservar sus tradiciones y conocimiento, y edificar su valor”, describe Paola Contreras, coordinadora del proyecto en la comunidad Cerro de La Cruz y Rinconada Los Nogales.

Este esfuerzo no empezó al mismo tiempo en las diez comunidades. El acercamiento con las gobernadoras de Pájaro Azul fue el primero y único que se dio en abril del 2020, debido a las limitaciones presupuestales de ese momento.

A pesar de conocer este proyecto desde el inicio y tener responsabilidades con las personas indígenas de Chihuahua, la COEPI, dirigida entonces por María Teresa Guerrero, no concretó ningún apoyo económico.

Según Luis Echeverría, presidente de Paz y Convivencia, la dependencia estatal argumentó una falta de presupuesto. Accedió a impartir cursos de pertinencia cultural para el equipo multidisciplinario que trabajaría en la comunidad, pero estos no se dieron ese año. Su excusa por ambas ausencias: la pandemia.

Tras varios intentos por conseguir el recurso, la organización civil concursó en una convocatoria emitida por la oficina estatal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Fue ahí donde lograron obtener 260 mil pesos que se ejercieron a partir de mayo del 2020 en Pájaro Azul.

En noviembre de ese año, la sociedad civil logró replicar el proyecto en la comunidad Díaz Infante, utilizando parte del presupuesto del DIF. El objetivo era extenderse a todas las comunidades en la ciudad, pero sin el apoyo monetario de la COEPI, la tarea resultaba casi imposible. Además, después del 2020, no había ningún presupuesto asegurado para continuar el proyecto. Pero las cosas cambiaron antes de finalizar el año.

La COEPI se comprometió con la sociedad civil a otorgar el 30 por ciento necesario para continuar el proyecto en el 2021, según comentó Nidia Castillo, coordinadora general. Es decir, COEPI daría alrededor de 1 millón 404 mil pesos.

Después, Paz y Convivencia ingresó el proyecto a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), donde les aprobaron 3 millones 254 mil pesos, el 70 por ciento faltante, según el informe de proyectos de enero del 2021 de la misma fundación.

Con el presupuesto total alcanzado, de 4 millones 659 mil pesos, había la posibilidad de extenderse a otras ocho comunidades. La asociación civil estaba tranquila y las familias de Pájaro Azul y Díaz Infante tendrían asegurado el apoyo educativo por otro año.

Sin embargo, esa esperanza cambió de un momento a otro.

Antes de comenzar el 2021, la COEPI avisó a Paz y Convivencia Ciudadana que no facilitaría ese casi millón y medio que había prometido. El pretexto, nuevamente, la pandemia. Tampoco hubo mucho éxito con solicitudes de apoyo realizadas al DIF estatal, la oficina de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación.

Hasta ese momento, el órgano estatal de los pueblos indígenas tampoco había cumplido con su promesa de impartir cursos de sensibilización sobre la cultura indígena a las personas que integraban los equipos que apoyaban a las comunidades.

La preocupación llegó de nuevo. El compromiso por parte de la sociedad civil ya estaba hecho con las autoridades de otras siete comunidades. No querían “echarse para atrás”, expresa Nidia Castillo.

La COEPI, ahora a cargo de Enrique Alonso Rascón Carrillo, declaró que en su momento la dependencia proporcionó insumos de limpieza y transporte a visitas guiadas en museos, pero que el presupuesto para el resto de necesidades solo fue proporcionado por la FECHAC. Se solicitó un total y desglose de los gastos realizados por COEPI, pero no se recibió respuesta, argumentando que el proyecto aún no ha finalizado.

También señalaron que impartieron capacitaciones de pertinencia cultural indígena, pero estas no se dieron hasta 2021, un año después de lo prometido.

Sin embargo, las comunidades ni la sociedad civil “se echaron para atrás”. Todo el 2021 realizaron las actividades contempladas para el proyecto, pero con el 70 por ciento del presupuesto pensado originalmente.

Aprender en la carencia

La pintura blanca ya ha empezado a descarapelarse de la vieja puerta metálica del comedor comunitario de Pájaro Azul. Al cruzarla, se puede leer en una pared, con letras recortadas y de diversos colores: “Arte comunitario”. Bajo el mensaje, hay varias hojas con dibujos. En uno hay un caracol arrastrándose lentamente sobre un hongo verde con puntos. Parece moverse hacia la casa café del dibujo a su izquierda. Cerca de los lienzos, pegada en una columna de concreto, está una hoja sobre la que escribieron “Horario”. Va desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde.

“Lo cambiamos para que no les dé ni frío ni calor”, explica Jorge Girón.

El área no puede utilizarse en un horario distinto al establecido. La infraestructura del lugar no resguarda lo suficiente para los constantes y drásticos cambios climáticos que registra la ciudad de Chihuahua en un solo día. La falta de ventanas los expone al sofocante calor del verano durante las tardes o a las heladas matutinas de otoño e invierno, y los fuertes vientos que sorprenden ocasionalmente a la capital pueden volar el techo de lámina que los cubre. Se ha solicitado apoyo para mejorar el espacio, pero la COEPI no ha mostrado interés.

Esa falta de atención de la COEPI se replicó en casi todas las dependencias e instituciones locales. Yolanda, Hilda y Guadalupe, gobernadoras de Pájaro Azul, explican que solo encontraron puertas cerradas. Las solicitudes que habían hecho para mejorar las áreas comunes de la comunidad, como la cancha o el comedor, quedaron en la incertidumbre. ¿La excusa? La misma, la pandemia.

“Queríamos amueblarlo o acondicionarlo para los niños”, explicaron las gobernadoras en torno al comedor comunitario. “Para ir a pedir apoyos también se nos decía que no saliéramos de nuestro hogar hasta que pasara el COVID”, señalan.

“Y ciertas cosas que faltaban en la comunidad, para nosotros empezar bien la gobernanza. Mejoras de agua, drenaje, alumbramiento”, agregan. Les decían que las oficinas estaban cerradas, aunque les recibieron los documentos. Las gobernadoras no sabían si alguna de estas peticiones procedería. Hasta el momento, siguen buscando ayuda.

Por otro lado, la operación al 70 por ciento de las capacidades presupuestales ha dificultado la tarea de Paz y Convivencia. De hecho, también repercute en los salarios de los equipos. Ninguno lo percibe al 100 por ciento.

“Nuestra intención sería integrar el comedor comunitario, que de perdida en la mañana ya hubiera un alimento para todos”, explica Jorge Girón, ya que han detectado a infantes que acuden a las actividades sin desayunar, un problema que se replica en las otras nueve comunidades.

Las familias han recibido donaciones que les permiten resarcir los efectos de ese recurso faltante de la COEPI. Alimentos como burritos y materiales escolares como cuadernos, lápices, mochilas e incluso zapatos, son cosas muy necesarias para cada comunidad.

“Teniendo el material básico, los niños pueden hacer una infinidad de cosas. Se facilita el aprendizaje”, señala el coordinador del proyecto en Pájaro Azul.

A la lista de carencias en medio de la pandemia, la maestra Lupita cree que se suma otro elemento: el idioma. Aunque Lupita tiene consigo algunos libros en rarámuri impresos por la SEP, ella afirma que este tipo de material no es común en las escuelas con alumnado indígena.

Según datos de la oficina de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), en el ciclo escolar de enero a junio del 2021, se imprimieron a nivel estatal, como apoyo a las labores de enseñanza de los docentes de educación indígena, casi 20 mil Cuadernos de Trabajo para niños y niñas indígenas. Pero en todo el estado, según datos de la misma dependencia, existen alrededor de 25 mil alumnos registrados.

Para compensar la falta de reproducción de contenidos educativos en rarámuri, la maestra pide a sus alumnos utilizar otros elementos para recordar sus raíces. “En ocasiones les digo que vengan vestidos con su ropa típica para que no se olviden de nuestras tradiciones, (nuestras) danzas, matachín y pascol”, refiere.

Pese al esfuerzo en conjunto entre familias y sociedad civil, desde su comienzo el proyecto tiene los días contados, pues finalizó el 15 de diciembre del año pasado.

Ahora, el reto vuelve a ser casi el mismo: obtener financiamiento. Paz y Convivencia ven probabilidades de que el FECHAC retome la propuesta de trabajo y puedan dar seguimiento a las comunidades a partir de febrero o marzo de este 2022, pero nuevamente con tan solo 70 por ciento de lo necesario. El otro 30 por ciento seguiría faltando y desde el año pasado, la COEPI no ha dado indicios de facilitar este recurso.

Aunque las gestiones y esfuerzos por conseguir el dinero están ahí, no hay certezas de nada.

Las tareas pendientes

Después de las elecciones a nivel estatal que ocurrieron durante junio del 2021, el mapa político en las dependencias gubernamentales de Chihuahua se ha reconfigurado.

La gobernadora electa María Eugenia Campos, del Partido Acción Nacional (PAN), considerado un grupo político de derecha conservadora, ha dejado a cargo del órgano de gobierno a Enrique Alonso Rascón Carrillo, un joven sin ningún tipo de experiencia sobre comunidades indígenas, pero con una larga trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), considerado de centro-izquierda.

La designación de Rascón al frente de la COEPI ha sido cuestionada por tener un conflicto de intereses, ya que es suplente en el Congreso de Chihuahua del diputado Omar Bazán Flores, quien tiene una demanda penal contra la comunidad rarámuri de Mogótavo, con la que busca desalojar al pueblo ubicado en la zona de Barrancas del Cobre, en el municipio de Urique.

Los habitantes de Mogótavo señalan que el despojo que busca cometer Bazán tiene intereses inmobiliarios, pues hablan de la construcción de complejos turísticos e incluso de campos de golf en su territorio.

Por lo tanto, comunidades indígenas y activistas piden la destitución de Rascón como titular de la COEPI. Aseguran que su nula experiencia con los pueblos originarios y su relación con el legislador Bazán pone en peligro a las comunidades y lo hacen indiferente a las necesidades de estas en cualquier región del estado.

Y aunque la falta de apoyo en términos educativos para las personas indígenas de la ciudad de Chihuahua no ocurrió durante la gestión de Rascón, sino de su antecesora María Teresa Guerrero, el exgobernador panista, Javier Corral el tema no ha sido retomado.

Por lo pronto, así como niños y niñas al final de un día de escuela, el Estado aún tiene tareas pendientes. Lo único seguro, tanto para las comunidades indígenas urbanas como para la sociedad civil, es la incertidumbre y la permanente desigualdad.

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

 

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Desde que Ciudad Juárez se convirtió en un punto de concentración masiva de migrantes, cientos de personas se han sumado de manera voluntaria para atenderles, impartir clases a niños, niñas y adolescentes, empoderar a las mujeres, y dar atención médica en los albergues, enfrentando una crisis humanitaria que se agudizó con la pandemia. Estas son sus historias


Texto: Verónica Martínez / La verdad de Juárez

Fotografía: Rey R. Jauregui

4 de enero de 2022

 

Ciudad Juárez. Cruzar el área de oración y el comedor comunitario del templo El Buen Pastor, desde la puerta de entrada hasta el altar, era imposible; el piso estaba cubierto de colchonetas donde dormían decenas de migrantes, recuerda Martha Esquivel y narra cómo tuvieron que orillar los bancos de madera para abrir espacio, y recibir cada vez a más personas que llegaban de otros países.

“Recuerdo que podían llegar de día y de noche, en la madrugada, sin avisar, y nosotros los teníamos que aceptar”, dice Martha, de 59 años, voluntaria en la cocina del templo donde habilitaron el albergue El Buen Samaritano, que ha alimentado a miles de migrantes que llegaron para cruzar a Estados Unidos.

Aunque el lugar operaba como comedor desde el 2011, en octubre del 2018 recibió por primera vez a un grupo de cerca de 90 personas que agentes del Grupo Beta, encargados de auxiliar a migrantes en el país, llevaron hasta su puerta. A los pocos días ya eran más de 250; el refugio, atendido por el pastor Juan Fierro García y su esposa María Dolores, estaba abarrotado.

Desde entonces, las políticas migratorias de Estados Unidos convirtieron a Ciudad Juárez en uno de los puntos de concentración masiva de migrantes, principalmente de países centroamericanos, como Guatemala, El Salvador y Honduras, así como de estados del surponiente de México, como Michoacán y Guerrero, que llegan a esta frontera, colindante con El Paso, Texas, con la intención de cruzar a Estados Unidos.

La situación se agudizó por el flujo de personas migrantes retornadas desde Estados Unidos bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), un programa iniciado por el gobierno de Donald Trump en enero de 2019 que obligó a solicitantes de asilo a esperar en México, y en marzo del 2020, con el inicio de la pandemia, por la orden de salud pública conocida como Título 42 impuesta por la misma administración estadounidense ante la expansión de la COVID-19, mediante la cual justificaron la expulsión de migrantes.

Tan sólo en 2021, en medio de la pandemia, las expulsiones de migrantes desde el otro lado de esta frontera aumentaron casi cuatro veces, lo que encendió la alerta de los albergues –operados en su mayoría por organizaciones civiles y religiosas– así como de las autoridades, quienes tuvieron que hacer frente a las dificultades para atender esta nueva oleada en medio de una contingencia de salud.

Cifras de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) exhiben que 430 mil 457 personas han sido detenidas en el sector de El Paso, Texas, de octubre del 2018 a septiembre del 2021.

A partir del 2018 en los albergues comenzó a haber “una situación extraordinaria” por la llegada masiva de personas. Antes de eso daban servicio a un flujo de migrantes relativamente bajo, explica Rodolfo Rubio Salas, investigador social del Colegio de Chihuahua (Colech) y experto en materia migratoria.

Antes, quienes llegaban a los albergues eran principalmente personas mexicanas, en su mayoría deportadas por Estados Unidos, pero en 2018 empezaron a llegar a Ciudad Juárez ciudadanos de Cuba y de otros estados de México, que se habían desplazado desde otros puntos de la frontera al intentar solicitar asilo sin éxito.

Esta oleada de personas puso a esta comunidad en una situación inédita, al pasar de ser una ruta de migrantes a una sala de espera para miles.

La situación se complicó con la expansión del coronavirus en la ciudad, con albergues en condiciones de hacinamiento, algunos migrantes enfermos y sin dinero para comprar medicamentos.

Conforme iba escalando la magnitud del fenómeno migratorio, cientos de hombres y mujeres se sumaron, aun en medio de la pandemia, para hacer frente a una crisis humanitaria: registrando las llegadas de migrantes, cocinando cenas calientes, en la ampliación y construcción de edificios que no estaban preparados como albergues, convirtiendo áreas de oración de templos en dormitorios, con atención médica, psicológica o convirtiéndose en proveedores.

Detrás de la necesidad humanitaria que ha azotado a Ciudad Juárez, está el trabajo y los rostros de juarenses que les abrieron los brazos.

 

Una noche de noviembre, como en muchas ocasiones, Martha escuchó que tocaban el portón que da al patio del templo. Esta vez, ya sin espacio en el albergue, la voluntaria no podía dar acogida a más personas.

“Me dijeron: ‘Si tan siquiera nos dejaras entrar al patio estaríamos más seguros’”, cuenta Esquivel, pero tuvo que negarles la entrada. Sin embargo no podía dormir, pensaba en las personas que dejó a la intemperie.

“Déjalos pasar y nosotros les hacemos un lugar aquí”, le comentaron otros migrantes que se encontraban en el albergue. Las personas aún permanecían afuera, aferrándose al portón y temblando de frío. “Los pasé, pero cuando los miré me doy cuenta que venían cerca de 20 niños”. Los menores abrazados de sus padres y madres se ocultaban entre las chamarras y cobijas.

Esta situación visibilizó de una manera más contundente la realidad de movilidad humana en la frontera para los residentes juarenses, afirma Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).

 

“Todo esto ha mantenido a Juárez en tres años consecutivos de una demanda de atención humanitaria permanente, que no habíamos visto más que en otras fronteras, como Tijuana”, advierte.

Eso detonó que organizaciones y colectivos, o personas en lo individual, buscaran la manera de apoyar de manera esporádica, afirma Blanca, “pero también hubo quienes se sumaron ya de forma continua en el trabajo humanitario a las personas en movilidad”.

Una de las razones que Navarrete considera el motor de esa acogida extraordinaria a los migrantes en los últimos tres años, es el origen de los habitantes de Ciudad Juárez: cerca del 40 por ciento son migrantes y llegaron principalmente de otros estados de México, con el objetivo de alcanzar territorio estadounidense o para quedarse trabajando en la industria maquiladora.

“Somos una comunidad conformada por muchas personas de muchos estados, entonces dar este acogimiento es reconocer la propia historia de la ciudad”.

***

José Uzueta, pastor de la iglesia evangelista Alabanzas al Rey, cuenta que a finales del 2018 el Consejo Estatal de Población llamó a una reunión para solicitar apoyo con la recepción de las personas migrantes.

“Aquí en el templo se quedaron muchos en colchonetas en el piso y fue así que empezamos a acogerlos, porque de otra forma estarían en la calle”, afirma.

Pastor José Unzueta

En un espacio que solía usarse como salón de eventos y posteriormente como el templo de la iglesia, acomodaron lateralmente decenas de colchonetas que iban desde la base del altar hasta la entrada. Los que no alcanzaron colchón se acomodaban en cobijas o en las bancas del templo.

Cuando se le hizo la misma solicitud al templo Solus Christus, el pastor Rodolfo Barraza consideró que no. Su hijo Andrés Barraza y otros voluntarios de la comunidad ya habían apoyado al gobierno estatal cocinando la cena para más de 600 migrantes, alojados provisionalmente en el Gimnasio del Colegio Bachilleres.

Pastor Rodolfo 

“Cuando me dicen que se quedaron 54 personas a la intemperie y esa noche estando bajo cero no sabía qué hacer”, dice Barraza. “Pensé en Santiago 4:17. Si sabes hacer algo bueno y no lo haces se te toma por pecado, entonces dije que sí.”

En marzo del 2019 llegó otro reto a la ciudad con la extensión del Protocolo de Protección a Migrantes a El Paso, que devolvió a miles de personas y familias a México para esperar el largo proceso de acudir a sus citas en las cortes estadounidenses y pedir asilo humanitario.

Bajo el esquema de MPP, el Instituto Nacional de Migración registró la devolución de 20 mil 649 migrantes por Ciudad Juárez hasta el 31 de marzo del 2020, según datos de una encuesta realizada por la Organización Mundial para las Migraciones.

“Fue en agosto del 2019 cuando realmente la cantidad de flujo migratorio ya había descendido en términos de la llegada, pero la gente seguía en la ciudad esperando una primera cita para formalizar la solicitud de asilo”, explica Rubio. Esos casos se iban juntando con aquellos que ya habían sido atendidos y que formaban parte de este programa conocido como “Quédate en México”. Estas largas esperas, de hasta dos años, impusieron la necesidad de más espacios humanitarios en Ciudad Juárez.

El alto flujo de movilidad humana se complicó aún más cuando en el 2020 inició la pandemia de COVID-19 y bajo órdenes de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, las autoridades estadounidenses empezaron a retornar a los solicitantes de asilo bajo el Título 42.

Solo en el año fiscal 2021, autoridades migratorias estadounidenses han retornado a 146 mil 463 personas bajo el esquema del Título 42, según datos registrados por CBP hasta el mes de septiembre. Una cantidad que supera a todas.

El Gimnasio Municipal Enrique ‘Kiki’ Romero, que se acondicionó como albergue temporal, abrió en abril de 2021 con el propósito de recibir a migrantes retornados bajo la orden de salud y por la necesidad de espacios en la ciudad, y hasta noviembre del año pasado había acogido a más de 5 mil 300 personas, dice el exdirector de Dirección de Derechos Humanos Rogelio Pinal, quien fue coordinador del refugio.

La pandemia, el otro reto

Para marzo del 2020, los flujos migratorios que llegan a Ciudad Juárez habían disminuido, pero aquellas personas que alcanzaron la frontera se encontraban con albergues limitados en aforo para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 y tuvieron que adaptarse a los retos que trajo la pandemia.

Las personas que presentaban síntomas o eran casos confirmados de COVID-19 pasaban la cuarentena en un hotel que tenía como función ser un filtro. Los albergues solo aceptaban a personas que habían cumplido con su cuarentena en el hotel, y además acondicionaron sus propios filtros en sus instalaciones.

La pandemia supuso otras dificultades, principalmente por la ausencia de asociaciones civiles y organizaciones internacionales que redujeron sus visitas a los albergues.

“Todas las organizaciones dejaron de ir a los albergues por la pandemia”, cuenta Lucero de Alva, voluntaria que imparte talleres educativos en distintos albergues de la ciudad. “Yo me encomendé a Dios y me puse doble cubreboca, porque era cuando más se necesitaban estas actividades”.

Para Martha Esquivel, la pandemia también significó trabajo agregado en limpieza y en los registros de personas. Ahora todos debían pasar por una cuarentena de 14 días en una habitación separada del resto. “Yo iba toda cubierta, me encargué de tomarles la temperatura, hacerles preguntas de cómo se sentían, aparte de registrar las entradas al albergue”, explica Martha.

Martha Esquivel

Bajo órdenes del pastor Juan Fierro, las únicas personas que podían salir del albergue eran Martha y su esposo, por lo que se convirtieron en el único contacto de los migrantes al exterior durante el confinamiento. Esto agregó la responsabilidad de hacer viajes a las farmacias y supermercados para comprar lo que se necesitara. Pero además de limitar los recursos de personal, hubo escasez de productos como papel higiénico y fórmula para bebés, recuerda Martha, quien se refugiaba en su fe para seguir sirviendo en medio de una pandemia.

“Le decíamos al señor que era su trabajo y su obra la que estábamos haciendo, entonces le pedíamos que nos protegiera”, dice la voluntaria.

La oficina del ministerio de Movilidad Humana, ubicada en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, se cerró y muchos de los voluntarios se fueron, dijo la coordinadora Cristina Coronado. Había cerca de 180 a 200 familias que procuraban las oficinas para recoger despensas y con la falta de empleos que ocasionó la pandemia, gran parte de la población que atendían ya no podía pagar rentas, ni recibían remesas de sus familiares en Estados Unidos que también habían perdido sus empleos.

Aun con un equipo reducido, Coronado no pensó en dejar de servir y consideró que más que nunca las poblaciones especialmente vulnerables requerían ayuda. La voluntaria solicitó más fondos a la Diócesis y al Ministerio San Columbano para comprar equipo de protección personal y generar más despensas.

“Lo que hicimos fue llevar comida a las familias que teníamos ubicadas. Íbamos vestidos como astronautas, con trajes y caretas. Dejábamos la comida, llevábamos renta, recorríamos toda la ciudad llevando lo que la gente necesitaba”, narra Coronado, quien en ese entonces sólo tenía la ayuda de otra misionera y algunas mujeres migrantes.

El trabajo que hizo durante el 2020 la aisló de su familia, apenas llegaba a su casa para bañarse y dormir. Ella se consideraba un riesgo y muchas veces tuvo miedo de contagiarse. Todos los días que dejaba su casa oraba y al regresar oraba de nuevo, pero la pandemia les dejó enseñanzas, dice Coronado.

“Tengo mucho más confianza ante cualquier cosa o evento que se nos venga y que siempre habrá alguien dispuesto a dar los recursos. Nosotros ponemos nuestras caras, nuestras manos y nuestro trabajo.”

 

Flujos cambiantes

Además de que el flujo migratorio incrementó, también se presenció un cambio en la demografía de las personas migrantes que llegaban a Ciudad Juárez, señala Rubio, investigador del Colech.

Anteriormente eran hombres que buscaban cruzar la frontera, pero desde el 2018 eran en su mayoría familias expulsadas de sus lugares de origen por la violencia, que migraban para pedir asilo humanitario, un proceso tardado que implicaba una estancia más larga en los albergues. Entre más personas llegaban a solicitar asilo, las esperas se extendían.

Para diciembre del 2018, los albergues en la ciudad reportaban estar saturados y ya no aceptaban a más personas. En febrero del 2019, 11 iglesias evangelistas y católicas se acondicionaron para recibir al alto flujo migratorio en la ciudad.

Adaptarse al movimiento migratorio y asegurarse de brindar un acogimiento digno fue un reto para quienes se encargaban y hacían voluntariado en los albergues, que en un principio consideraron que la necesidad de ayuda humanitaria sería pasajera. No fue así.

Cuando Rodolfo y Lilia Barraza recibieron al primer grupo de migrantes, los acomodaron en el templo ubicado en la zona sur de la ciudad, en la calle Del Granjero. Fue el organismo estatal de COESPO quien les facilitó los colchones para acomodar a las más de 40 personas, pero en otras necesidades los pastores dependieron del apoyo de la comunidad de la iglesia.

“Nunca hubo planes de abrir un albergue para migrantes. Mi esposo, mi hijo y yo estábamos muy a gusto en la iglesia sirviendo al señor. Sabíamos que (los migrantes) estaban en el puente. Sí nos movió el corazón y queríamos ayudar, pero en sí nunca se nos ocurrió iniciar un albergue”.

La mujer consideraba que la necesidad humanitaria de dar acogimiento a los migrantes duraría solo unos meses, pero Solus Christus ya está cerca de cumplir su tercer año como un refugio para migrantes.

“Fue un alivio siempre tener algo que darles de comer”, dice Lilia.

 

 

 

NAVEGAR CON EL DOLOR HUMANO

José Uzueta estima que cerca de 350 migrantes han pasado por el albergue Alabanzas al Rey y, como pastor, muchos de ellos han confiado en él, al estar sentados frente al altar.

“Yo me sé la historia de casi todos. Cada una es diferente y cada una te impactará mucho”, dice Uzueta. El hombre asegura que es importante escucharlos para que puedan “descansar de ese dolor que han llevado”.

Atender a personas que llegan desde lejos, huyendo o en busca de una nueva vida es cansado, tanto físicamente con las tareas del día a día, como emocionalmente.

Es “navegar con el dolor humano”, afirma Blanca Navarrete, la directora de DHIA, quien se ha dedicado por años a la atención de grupos vulnerables, como son los migrantes.

“Hay un desgaste muy fuerte emocional y físico en las personas que ofrecen este trabajo. Para nosotros, finalmente, ellos son personas defensoras de la vida digna”, dice Navarrete.

Además de coordinar el funcionamiento del albergue y el pago de los servicios, muchos asumen la responsabilidad de dar protección a cientos de personas y asegurar su alimentación.

“Sí, es cansado”, reconoce Uzueta. “Pero en ese cansancio vas aprendiendo cómo sobrellevarlo y cómo llevar esas cargas para sentirte fortalecido al día siguiente”.

 

Navegar con el dolor humano

Ante el panorama, Alejandra Ortigoza, psicóloga experta en temas de violencia y que presta servicios en diversos albergues de Ciudad Juárez, considera que es importante cuidar la salud mental de las y los cuidadores de migrantes.

Las personas voluntarias deben estar conscientes de posibles síntomas, resultado del exceso de trabajo, que a menudo son muy sutiles, como el cansancio, la irritabilidad y la tensión física, dice Ortigoza. Con el tiempo estos síntomas pueden evolucionar a consecuencias médicas más graves como la fatiga crónica, dolores de cabeza, migrañas, gastritis y colitis… se puede llegar a la primera etapa del burnout o estrés crónico.

“Están viendo personas que tienen muchas necesidades diariamente. (El burnout) los conlleva a que los cuidadores presenten mecanismos de defensa que no son los más óptimos”, explica Ortigoza. Entre estos mecanismos se encuentra la despersonalización y el distanciamiento emocional que los lleva a no trabajar de la mejor manera.

Desde octubre del 2018, Martha Esquivel, voluntaria en el albergue El Buen Samaritano no había tomado un descanso. Esquivel permanecía 24 horas en el templo. Su rutina era despertar a las cuatro de la mañana y oraba antes de preparar el desayuno para cerca de 200 personas. También cocinaba comida y cena, y terminaba la limpieza y las labores hacia las ocho de la noche.

Su esposo Armando Guerrero también ayudaba con el mantenimiento del templo y a transportar alimentos, donaciones y en caso de ser necesario llevar a personas al hospital. Fue en mayo del 2021 que Esquivel y Guerrero decidieron al fin tomar un descanso.

“La verdad me sentía muy cansada”, dice Esquivel mientras recuerda que se apoyaba en la mesa de la cocina del templo por los calambres que sufría en las plantas de los pies.

Es importante que los cuidadores tengan una variedad de espacios y dinámicas para que no permanezcan completamente inmersos en las actividades de los albergues, dijo Arlene Woelfel, psicóloga en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Las personas voluntarias y encargadas de los albergues en su mayoría sirven en las iglesias y templos, y no solo permanecen en estos espacios de refugio para atender migrantes, sino también para cumplir su vocación religiosa.

“Pueden hacerlo continuamente por un año o dos, pero lo que a menudo pasa es que las personas trabajan de esta forma sin darse cuenta que sus niveles de tolerancia tienen límites,” dice Woelfel.

 

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Pandemia sin hospitales: en la población indígena de Oaxaca se triplicaron las muertes por COVID-19

La pandemia llegó a Oaxaca causando enfermedad y muerte como en todo el mundo, solo que en este estado, que desde hace 20 años encabeza los primeros lugares en rezago social, las comunidades indígenas se enfrentaron además a la indolente deuda histórica por la falta de hospitales, lo que triplicó el número de fallecimientos en esa población.


Texto: Nathalie Gómez, Diana Manzo, Paulina Ríos, Pedro Matías / Página 3

Ilustración: Conejo Muerto

3 de febrero de 2022

 

Cuando 48 de las y los 162 habitantes que viven en José López Portillo -o Chocomanatlán como también se le conoce a esta comunidad-, tuvieron dificultad para respirar, ojos enrojecidos por la fiebre y el cuerpo flagelado por dolores intensos en las articulaciones, pensaron en la muerte.

Era julio del 2021 y hasta entonces habían evitado que la COVID-19 llegara a este pueblo de la etnia zoque, enclavado a 1,053 metros de altitud en la serranía del llamado “pulmón de México”, el macizo selvático más grande del estado de Oaxaca.

Inicialmente pensaron que era dengue o chikungunya, desestimaron al virus Sars-CoV-2 dado el aislamiento natural de esta comunidad indígena separada por 146 km de Santa María Chimalapa, su cabecera municipal, y cerca de 400 km de la capital del estado, que se recorren en hasta 12 horas de agreste y sinuosa serranía.

Pero la pandemia sí les alcanzó en la tercera ola y para enfrentarla solo tenían yerbas, tés y paracetamol, si lograban conseguirlo.

 

El 26 de julio de 2021, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) calificaron de “emergencia sanitaria” el brote de COVID-19 que postró a una buena parte de la población de Chocomanatlán.

Aunque tienen una clínica de salud, ante una enfermedad “fuerte” que necesite hospitalización, corren el riesgo de morir en el camino, pues el hospital más cercano se encuentra a casi dos horas, en territorio del municipio de Cintalapa, en el estado sureño de Chiapas, dice Adrián León Corso, suplente del agente municipal de la comunidad.

Si deciden ir a un hospital de Oaxaca, entonces deben recorrer de seis a siete horas hasta Juchitán de Zaragoza, sorteando la lluvia o la niebla y el mal estado del camino.

Para salir lo piensan mucho porque además no hay transporte público, ni dinero suficiente para pagar el viaje:

“Para llegar a Cintalapa el camino es de terracería y en temporada de lluvias es cuando se descompone. Tenemos un arroyo que cuando llueve mucho no nos deja pasar. Solamente los que tienen moto logran pasar por un puentecito artesanal que tenemos”, explica León Corso.

Un viaje a Cintalapa en transporte particular cuesta entre mil 500 o mil 600 pesos, y solo incluye la ida. “Para llegar a Juchitán es peor porque son como 3 mil pesos, es el doble. Como ve, es muy caro salir de aquí. No hay para pagar tres mil o seis mil pesos para irse a curar, sin contar que hay que comprar medicamentos. Entonces, es más barato morirse aquí”.

Menos hospitales más muertes

Y es que en el estado de Oaxaca el camino al hospital puede ser un viaje a la muerte, pues muchas comunidades indígenas tienen que recorrer dos, seis o hasta 12 horas para llegar a un hospital, como sucede con los pueblos angpen y odepüt (zoques), ikoots (huaves), ayuujk (mixes), ñuu Savi (mixtecos) o los binnizá (zapotecos).

Es por ello, y por su propia orografía, que muchas comunidades prefirieron cerrar sus fronteras durante la pandemia.

La falta de acceso a la salud en este estado del suroeste del país es uno de los factores por los que desde el año 2000 a la fecha, Oaxaca se ha mantenido en los tres primeros lugares nacionales en rezago social, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Y ahora en la pandemia, Oaxaca es primer lugar en número de casos positivos de COVID-19 en población indígena del país, con 4 mil 727 registros, de acuerdo con el reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), con fecha al 10 de noviembre de 2021

Esto significa que la población indígena en Oaxaca se ha muerto de COVID-19, tres veces más que la población general del estado, revela Paola María Sesia, doctora en Antropología Sociocultural con enfoque hacia Antropología Médica y profesora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), con base en un análisis de los datos disponibles en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

Para Sesia, se trata de una de las gravísimas consecuencias del problema estructural de la falta de acceso a los servicios de salud para la población indígena.

Ejemplos de esta situación existen en todo el estado, donde hay 50 hospitales abandonados, algunos que incluso se inauguraron hasta dos veces para quedar después en el olvido, junto con las comunidades que más los necesitan.

Huajuapan espera espera y espera

, Huajuapan de León es un municipio de la Mixteca oaxaqueña, en el noroeste del estado, donde en lugar de un hospital hay montículos de tierra y una pequeña represa.

El prometido nuevo hospital reemplazaría al viejo, de nombre Pilar Sánchez Villavicencio, creado en 1982 y cuyas 30 camas son insuficientes, al grado de que han tenido que atender pacientes en los pasillos. 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el sistema de salud debería contar con 4.7 camas por cada mil personas, por lo que el hospital de Huajuapan debería tener al menos 423 camas.

 

Este hospital abarca una población de 90 mil habitantes en un área de influencia de 198 mil personas de 54 comunidades, incluidas San Simón Zahuatlán y Santos Reyes Yucuná, dos de las cinco con mayor pobreza en el país, de acuerdo con el Coneval.

Tras cuatro colocaciones de “primera piedra”, el 5 de febrero del 2014 el gobierno estatal, entonces encabezado por Gabino Cué Monteagudo, iniciaría los trabajos de construcción del nuevo hospital con una inversión de 285 millones de pesos. Sin embargo eso no sucedió. 

En junio de 2015, el Ayuntamiento interpuso la controversia constitucional 38/2015 porque el hospital no se había construido, y el 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Gobierno de Oaxaca construir el hospital y le dio 18 meses para hacerlo. 

El actual gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, ha dicho que se va a cumplir con esta resolución, pero no cuándo. Mientras tanto la Mixteca oaxaqueña sigue con un hospital que apenas pudo destinar cinco camas para el área COVID, que tan solo en los primeros 25 días de 2021 se saturó y había una lista de espera de más de 15 personas. No todas sobrevivieron.

“Se envió a pacientes a sus domicilios; vía telefónica se les monitoreaba y recetaba”, explica el personal médico. Hubo gente que se fue a clínicas y con doctores particulares, con las complicaciones de costo y distancia que ello representa. También hubo escasez de oxígeno.

Además, el hospital tuvo que funcionar con 60 por ciento del personal, pues el resto se confinó por padecer comorbilidades.

“Hubo un momento en el que ya no teníamos médicos para esa área y el personal se empezó a enfermar; la necesidad del hospital siempre ha estado, pero la pandemia vino a recrudecerla, porque los demás hospitales también estuvieron saturados; fue desesperante, vimos morir hasta a cinco integrantes de una familia, no todos se pudieron internar, unos no quisieron por temor y otros porque ya no teníamos espacio y no alcanzaron a llegar a otro hospital”, lamenta el personal médico.

 

 

La huella del abandono

La fotografía de cuatro integrantes de la familia Maldonado que enfermaron de coronavirus -acostados en su patio- tres de esas personas conectadas a un tanque de oxígeno, en Magdalena Tequisistlán, en la región del Istmo de Tehuantepec, al sureste del estado de Oaxaca, se viralizó en las redes sociales.

Agosto del 2021 fue letal para las familias de este municipio oaxaqueño donde habitan 6 mil personas. De acuerdo con un censo municipal, una de cada seis personas de Tequisistlán se contagió de COVID-19 y cursó la enfermedad en su hogar, con atención médica a distancia y tratamiento particular de hasta 100 mil pesos, debido a que desde hace 10 años el hospital está inconcluso.

Todo es silencio y vacío en el edificio, no hay personal médico, ni de enfermería y tampoco mobiliario. Fue inaugurado en dos ocasiones: la primera por el gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz, y la segunda por Gabino Cué Monteagudo, emanado de una coalición de partidos de izquierda.

Es uno de los 50 hospitales abandonados en Oaxaca y 300 a nivel nacional, que el propio gobierno federal reconoce que necesitan rehabilitarse, construirse y equiparse.

A Magdalena Tequisistlán le conocen como “La llave del Istmo”, porque es el poblado que conecta al Istmo de Tehuantepec con la capital oaxaqueña; entre ambos lugares hay una distancia de poco más de 200 kilómetros que se recorren en unas tres horas y 40 minutos en auto.

Enfrentar la pandemia sin personal médico y por sus propios medios no fue nada sencillo para las familias. Una veintena de personas fallecieron en este municipio oaxaqueño donde el coronavirus visibilizó el abandono sanitario. 

“Nos da tristeza ver cómo se va desgastando el inmueble, costó mucho dinero para que no funcione”, lamentan habitantes que saben y denuncian que no tener un hospital concluido es una violación a su derecho a la salud.

Durante 15 meses, esta localidad istmeña de origen chontal estuvo sin contagios de COVID-19, pero con semáforo epidemiológico verde y una relajación de las medidas sanitarias en las elecciones del 6 de junio, cuando en Oaxaca eligieron un nuevo Congreso y 153 Ayuntamientos, todo cambió. 

Las personas enfermas vivieron una odisea. Los hospitales más cercanos en Tehuantepec y Salina Cruz -ubicados a 60 minutos de distancia-, estaban saturados; la única opción fue atenderse en casa.

Antonia, de 46 años de edad, estuvo conectada a un tanque de oxígeno durante 30 días. Ocupó cerca de 25 tanques para su rehabilitación; actualmente vive con secuelas. 

“Es lamentable que esta unidad médica esté abandonada, la construyeron e inauguraron en dos ocasiones y nunca funcionó porque no tiene equipo, es un cajón enorme y vacío, nos da mucho coraje que esté desgastándose por la irresponsabilidad de las autoridades en echarlo a funcionar. Pudo haber salvado muchas vidas”, dice el presidente municipal Roel Filio.

Es un derecho humano

A 98 kilómetros de Tequisistlán se localiza Unión Hidalgo. En este municipio zapoteca también hay un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) abandonado desde hace seis años.

La madrugada del 5 de enero del 2021, Juan, derechohabiente del ISSSTE de 60 años, murió de un paro respiratorio dentro de la ambulancia que lo trasladaba desde “Rancho Gubiña”, como se conoce a Unión Hidalgo, al Hospital Civil de Juchitán, localizado a 30 minutos de distancia; estaba contagiado de COVID-19. 

Rosa María, su esposa, está molesta. Cree que Juan pudo haber sobrevivido si el hospital funcionara: esos 30 minutos de distancia le costaron la vida. A nueve meses de su muerte exige su reapertura y funcionamiento como un derecho humano a la salud.

“Llevamos 19 meses viviendo una pandemia y la clínica del ISSSTE de Unión Hidalgo está cerrada, ¿cuántas vidas se hubieran salvado?, por eso exigimos su apertura”, expresa.

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca, hasta el 9 de octubre de 2021 en Unión Hidalgo se habían registrado 147 casos confirmados y 27 defunciones, aunque la autoridad local reconoce un subregistro que triplicaría el número de contagios y decesos.

Un candado en el portón principal avisa que el hospital, inaugurado en 2006, está cerrado; desde el 2015 no opera por falta de equipo y personal. 

En este municipio habitan 14 mil 500 personas y solo existe una unidad básica de los Servicios de Salud de Oaxaca, donde las quejas por la falta de medicinas son una constante, por lo que un grupo de la sociedad civil impuso un amparo para exigir la apertura del hospital.

“El amparo firmado por aproximadamente una centena de ciudadanos ya tuvo eco y aunque el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se ha negado a firmar, las autoridades de Salud estatal ya saben que hay una demanda que exige su funcionamiento”, advierte el abogado Edward Martín Regalado, promotor del recurso judicial ciudadano que fue admitido por el juez séptimo de distrito.

Martín Regalado refiere que por un lado las autoridades -a través del portal de transparencia- informaron que dicha unidad está en construcción y, por otro, el 13 de agosto pasado, sin avisar y en total discreción, el entonces director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, recorrió las instalaciones y admitió que desde hace tres años se abandonó, tras su construcción, pero se comprometió a equiparlo, aunque sin fecha para ello, y a su renuncia al cargo ocurrida el 30 de noviembre de 2021, no había aún cumplimiento del compromiso.

En el catálogo de clínicas del ISSSTE esta unidad aparece como abierta y en operación, por lo que, al menos en teoría, recibe un presupuesto anual que hasta el momento no se sabe ni de cuánto es, ni a dónde va a parar. Y aunque se preguntó, ninguna autoridad tuvo respuesta.

Según datos del mismo Instituto, obtenidos por transparencia, en el 2016 autorizaron 12.4 millones para reconstruirlo, pero a la fecha solo existe un cascarón  y en los primeros días de diciembre del 2021 apenas la estaba pintando.

“La información no coincide, entre ellos mismos se engañan y eso es lamentable, los ciudadanos de Unión Hidalgo lo que deseamos es que esta clínica brinde servicios a la salud, que dé medicinas, que atienda a la gente que lo requiera, es una urgencia”, reitera el abogado.

 

Se volvió costumbre

Tan solo la administración del gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz (1 de diciembre de 2004 – 30 de noviembre de 2010) dejó 102 obras hospitalarias inconclusas, entre las que sobresalen dos hospitales de 60 camas, uno en Matías Romero y otro en Tlaxiaco.

Tampoco se concluyeron seis hospitales de 30 camas, entre ellos los de Santa María Huatulco y Pochutla en la región de la Costa; en Tehuantepec en la región del Istmo, y en su natal Chalcatongo, en la región de la Mixteca oaxaqueña.

De igual forma, esa administración no concluyó los Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de Telixtlahuaca, Tlacolula, y Acatlán de Pérez Figueroa.

La administración de Gabino Cué Monteagudo (1 de diciembre de 2010 – 30 de noviembre de 2016), también fue señalada de no concluirlas.

Gabriela Velásquez Rosas, ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que Cué dejó un sistema de salud colapsado y 175 obras inconclusas, de las cuales 75 estaban calificadas como obras prioritarias.

El 19 de agosto del 2021, el secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, reconoció ante el Congreso del Estado que esa institución se encuentra en un proceso de reingeniería y saneamiento de salud, pero la realidad es que atraviesa una severa crisis financiera que apenas permite pagar sueldos.

A cinco años del gobierno del priista Alejandro Murat, su colaborador justificó la crisis que atraviesan los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) por la deuda que le heredaron las administraciones de Ulises Ruiz y Gabino Cué, que supera los 9 mil 440 millones de pesos.

Problema estructural

Para Paola María Sesia, doctora en Antropología Sociocultural, una de las gravísimas consecuencias del problema estructural de la falta de acceso a los servicios de salud durante la pandemia de COVID-19 es el alto porcentaje de defunciones entre la población indígena.

La profesora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) región Pacífico Sur expuso que esa situación se presenta en todo el país, pero en Oaxaca se agrava porque es el estado con mayor población indígena del país.

“Entonces aquí estamos hablando de un problema estructural de falta de acceso a servicios, que es gravísimo porque estamos hablando de porcentajes de defunciones de la comunidad indígena que son más del doble que el resto de la población, y eso también sucede en Oaxaca”, puntualizó.

 

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Enfrenta una pandemia sin información: la experiencia tseltal del buen vivir

Sin información en lenguas indígenas sobre lo que estaba sucediendo y sin atención médica disponible, los pueblos indígenas en Chiapas, que suman 1.6 millones de personas, enfrentaron la pandemia aferrándose a su fe, a la medicina tradicional para paliar los síntomas de la COVID-19 y su filosofía del Lekil kuxlejal (buen vivir).


Texto e imágenes: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

Traducción: Pascuala Vázquez, Juan Gabriel

Edición de video: José Raúl Cruz Velazco

 

YO TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED

Domingo García Moreno, un anciano de la región Chi’ch, escucha paciente las preguntas que le formulo, con ayuda de la traducción de Pascuala Vázquez Aguilar; me responde, pero a la primera oportunidad, revira: “yo tengo una pregunta para usted, ¿hay una cura para esta enfermedad (COVID-19)? ¿La inyección (vacuna) es una cura para esta enfermedad, o no lo es? ¿Cómo se crean las inyecciones?”.

Platicamos en la habitación que sirve como lugar de reunión de quienes conforman el gobierno comunitario (autónomo) en el municipio de Chilón. Por las ventanas se distinguen las montañas, árboles de más de 30 metros de altura en distintos tonos de verde que se extienden hasta donde alcanza la vista.

Para llegar acá, hay que recorrer 46 kilómetros desde la cabecera municipal de Ocosingo, en la zona norte del estado de Chiapas, entre impenetrables paisajes de selva.

Miles de indígenas sobrevivieron al COVID con sus propios recursos, con plantas medicinales que da la tierra

 

En los primeros meses después del inicio de los contagios en Chiapas, ninguna información sobre el virus SARS-CoV-2 o la COVID-19 llegó a este lugar donde más del 97 por ciento de la población habla la lengua indígena tseltal.

De hecho no hubo información suficiente en alguna de las cinco lenguas maternas -tseltal, tsotsil, zoque, ch´ol, tojolabal- que tres de cada diez personas hablan en el estado de Chiapas, al sur del país. Se creó un vacío de información que sigue impactando a poco más de 1.6 millones de habitantes de los pueblos indígenas originarios, incluyendo a Domingo García Moreno.

Domingo García Moreno tiene más dudas que certezas, ¿la vacuna evita que se enfermen de COVID?, es una pregunta que no tienen resuelta, porque a sus comunidades no ha llegado información en sus idiomas.

Fue hasta mediados de abril de 2020, mes y medio después de los primeros contagios en Chiapas, cuando la Secretaría de Salud difundió, en forma de orden, un único mensaje traducido al tseltal: Quédate en casa, “Ayan me ta ana ma xlok´at”.

A este mensaje le siguió un video en la plataforma Youtube, con imágenes y contextos urbanos donde se pedía a la población indígena lavarse las manos y mantener distancia entre personas. Sin embargo en Chiapas, en ese momento, sólo el 17 por ciento de la población tenía acceso a internet; en las zonas rurales e indígenas este porcentaje puede llegar a cero. El impacto de ese video se puede cuantificar: para el 1 de noviembre de 2021 únicamente registraba 233 reproducciones.

Después se colocaron anuncios en la página web de la Secretaría de Salud y otras dependencias de gobierno. En 2021 inició la campaña de vacunación, donde se hablaba del riesgo de muerte para quienes no se vacunaran; fueron mensajes difundidos en medios electrónicos, que giraron en torno al temor, y no a la explicación científica del origen y el por qué de la vacuna.

Por ello, a casi dos años del inicio de los contagios, las comunidades indígenas se siguen haciendo las mismas preguntas sobre las que no han recibido respuestas, ni siquiera parciales, por parte del gobierno mexicano: ¿qué es lo que hasta ahora se sabe del origen de la pandemia?, ¿cuáles han sido las afectaciones que han dejado los contagios?, ¿cómo se crearon las vacunas?, ¿las vacunas van a evitar que las personas enfermen, o mueran?, ¿cuándo acabará la pandemia?

Igual que en todo el mundo, la necesidad de saber es latente para las personas de la región Chi´ch, ubicada en la selva de Chiapas, “yo tengo una pregunta para usted”, es el planteamiento que recibo de Domingo García Moreno, de Antonio Vázquez Cruz, de Manuela Hernández Álvaro, y de otros indígenas tseltales de la zona.

Pascuala Vázquez Cruz tiene 65 años y es Cuidadora de la Madre Tierra, uno de los cargos más relevantes dentro de la cultura tseltal, y quiere saber “si esta enfermedad se va a acabar o no, porque a veces decimos que esta enfermedad fue creada, pero queremos saber si fue creada o no, porque no sabemos. Solo Dios sabe cómo vino esta enfermedad”, reflexiona para sí misma.

Pascuala Cruz tiene el cargo de Cuidadora de la Madre Tierra, su nieta y su hija heredarán su sabiduría para cuidar a la comunidad

AHÍ DONDE ENTRÓ LA DUDA

El vacío informativo fue ocupado por la desinformación, que incrementó la desconfianza hacia las autoridades y las vacunas anti COVID. Para finales de octubre de 2021, las cifras oficiales sobre el avance de la vacunación en Chiapas, en el distrito de Ocosingo, donde se encuentra la zona tseltal, indican que únicamente el 29 por ciento de la población se ha vacunado, en contraste con otras regiones de población mestiza donde se alcanza el 76 por ciento.

Manuela Hernández Álvaro se sienta en la entrada de la construcción que sirve de oficina al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) en el poblado Centro Chi´ch, desde donde refiere que hubo un trato desigual de las autoridades hacia los pueblos indígenas.

“La información en la comunidad no hubo, yo me enteré de las vacunas por medio de la televisión, pero cuando la vacuna vino a la comunidad, ya había la información de que la vacuna sólo nos iba a matar”, dice en relación a rumores y noticias falsas que se extendieron en el estado transmitidos por mensajes de WhatsApp, que llegaron a los teléfonos celulares de algunos jóvenes que, a la primera oportunidad de conectarse a internet, revisaban sus redes sociales. Al regresar a la comunidad, esos jóvenes los difundían de boca en boca. Los mensajes con información falsa afirmaban que las personas morirían meses o semanas después de aplicarse la vacuna.

Manuela Hernández Álvaro es una curandera empírica a la que la población que enfermó, consultaba porque ella misma y sus hijos superaron la enfermedad

“Entonces es ahí donde entró la duda, las personas no creyeron y ya no hubo buena información sobre las vacunas. Desde mi punto de vista me puse a pensar que los que estaban vacunados se estaban muriendo, y los que no estaban vacunados también se morían; dije: qué caso tiene si me vacuno o no”, debate Manuela consigo misma mientras va cayendo la noche en las montañas.

Sucede que en las zonas rurales e indígenas la vacunación se empezó a aplicar en el mes de agosto del 2021, cuando se llegaron a acuerdos con la población para permitir la entrada de las brigadas, y coincidió con la llamada tercera ola de contagios en el estado, que sí impactó en las comunidades rurales e indígenas, por eso las personas de la región asociaron la vacunación con las muertes, explica Pascuala Vázquez Aguilar.

Jacinto Álvarez coincide: “desconocemos qué vacuna nos dan, hay temor de las personas cuando van al doctor, porque mucha gente dice que han matado con la vacunación. El temor que hay ahora es que el mes que pasó vinieron a vacunar a la gente y fue cuando muchos murieron; tenemos miedo y dudas de si se puede curar la enfermedad o no se puede curar, tenemos miedo, tenemos dudas; mucha gente recibió (la vacuna) y otras no, muchas gentes que recibieron andan preocupados, de si es para curar o es para matar”.

Antonio Vázquez Cruz, uno de los ancianos de la región, y padre de once hijos, analiza el trato desigual e impositivo de las autoridades hacia los pueblos indígenas, refiere versiones de que se les pretende obligar a vacunarse a quienes son beneficiarios de programas sociales, y habla de los meses en los que les impidieron salir de sus comunidades.

“De la información que da el gobierno no lo creo, porque a nosotros no nos permitieron salir, pero ellos seguían saliendo. Seguían haciendo sus planes y sus proyectos, seguían oprimiendo a los más pobres, y no nos permitían entrar a sus oficinas porque pensaban que uno era el que llevaba la enfermedad”.

 

Antonio Vázquez, sobreviviente del COVID, reivindica las prácticas agroecológicas y la alimentación orgánica, para mantener el cuerpo sano

UNA ENFERMEDAD QUE CAMINA LENTO

En el poblado Coquiteel, de la región tseltal Chi’ch, cada familia puede contar al menos un contagio, porque aun cuando no ha habido pruebas de confirmación, los síntomas fueron inconfundibles.

Domingo García Moreno, catequista y concejero, explica que durante el primer año de la pandemia, los contagios en la región tseltal no fueron significativos, lo que fomentó el escepticismo hacia la existencia misma del virus, “muchos no creyeron, pero hace dos meses fallecieron muchas personas, las personas afectadas son las que ya tenían edad y las enfermas como de azúcar (diabetes). En la región murieron muchas personas”.

A Manuela Hernández Álvaro se le enfermaron los hijos. “En un principio yo no lo creía, pero cuando mis hijos que están en Ocosingo les pegó la enfermedad, ya no tuve duda. Después me pegó a mí, lo viví en carne propia”. Para Manuela, esta es “una enfermedad que camina lento”.

A Pascuala Vázquez Cruz se le murió su hermana, luego se enfermó ella, y el contagio le vino acompañado de una depresión que la hizo abandonar por algunas semanas sus sembradíos de hierbas medicinales y sus cultivos de flores.

Mientras pone a secar las mazorcas de maíz negro que servirán para la próxima siembra, y revisa la olla de frijol que puso a cocer en el fogón de leña, explica que poco a poco se está reponiendo.

A unos metros de su casa, cinco de sus nietos juegan con unas llantas que colocan sobre la pendiente del camino de tierra, para ver cuál corre más rápido. Luego se encaminan a la pequeña cascada de aguas azul turquesa que se encuentra en la comunidad, se zambullen lanzándose desde la parte más alta, permanecen refrescándose algunos minutos, antes de continuar con las tareas que tienen asignadas.

En la cocina de la familia Álvaro se cocinaron muchos de los brebajes que la población tomó para curarse del COVID

Tomás Luna García y sus hermanos enfermaron, tuvo miedo en su corazón porque pensó que iba a morir. Ahora dice que no quiere salir de su comunidad

 

La pandemia fortaleció la soberanía alimentaria de las comunidades rurales e indígenas que tuvieron que recluirse.

Uno de ellos también enfermó de COVID-19, dice que tuvo miedo de morir, pero que ahora está muy contento porque la medicina que prepara su abuela lo ayudó a curarse. En la región Chi´ch de Bachajón, en Chilón, como en la mayor parte de las zonas indígenas donde no hay centros de salud cercanos, y los que hay cerraron durante los meses de mayor contagio, porque las autoridades sanitarias consideraron que estos lugares no estaban habilitados para tratar pacientes COVID, las personas aprendieron a atenderse usando su medicina tradicional.

En el interior de las instalaciones del gobierno comunitario del Centro Chi’ch instalaron una sala que sirve como aula, donde recibieron capacitación sobre el uso de la medicina tradicional, sobre las propiedades curativas de las plantas de la región. Prepararon, en una cocina adjunta, infusiones que les ayudaron a aliviar los síntomas.

A medida que la enfermedad avanzaba en la región, este proceso se repitió en cada una de las cocinas de los pobladores de la zona. También encontraron fortaleza en su espiritualidad y en su vida comunitaria.

HASTA LAS IGLESIAS NOS CERRARON

Jacinto Álvaro de Meza recuerda el día en que autoridades del gobierno enviaron a policías para obligarlos a cerrar la iglesia de Centro Chi´ch, ubicado a 46 kilómetros de la cabecera municipal de Ocosingo, en la zona selva de Chiapas.

En la región tseltal Chi´ch, como en muchas otras zonas indígenas del estado, la espiritualidad es el eje que da sentido a la vida comunitaria, porque en los centros religiosos del lugar, no sólo se ora, sino se discute y analiza su realidad tangible. Al pie de los altares donde se colocan imágenes católicas junto a símbolos de la cosmovisión maya, se toman acuerdos que alcanzan a la esfera política, social y organizativa.

La espiritualidad, señalan pobladores de la selva, su cuerpo más que cualquier medicina

La palabra pandemia la escucharon por primera vez en la región a principios de marzo de 2020 -cuando se da el primer contagio en el estado-, a través de las radios comunitarias. Se hablaba de un virus, de China, de contagios, de realidades incomprensibles en esta región donde no existe una palabra que sea la traducción de “enfermedad”; acá la salud es sinónimo de equilibrio entre el cuerpo físico y el espiritual.

El historiador y lingüista tseltal Miguel Silvano Jiménez, explica que desde el mundo occidental la enfermedad tiene un origen externo; en la cultura tseltal la enfermedad se asocia al desequilibrio, que puede venir de la pérdida del ch´ulel o el alma. Aquí la palabra enfermedad se traduce como “el corazón no está contento”.

Para la población tseltal el desequilibrio que provoca que el corazón no esté contento, que el cuerpo tenga síntomas físicos, es multifactorial, y para curar a la persona y llevarla de nuevo a su “lab” o centro, los rituales de sanación empiezan por la visita de la comunidad a la persona afectada, para rezar juntos a sus deidades.

Por ello, una de las primeras medidas que tomó la población, fue reunirse en las iglesias de cada uno de los poblados, para hablar de la noticia y hacer ayuno y oración. “Pedimos a la Madre Tierra y a Dios Padre protección”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, una joven del poblado Coquiteel, designada concejala del gobierno comunitario.

“Hicimos el altar maya”, un círculo dividido en los cuatro puntos cardinales: donde sale el sol (la vida), donde se oculta (el inframundo), donde está el tiempo cálido, y donde está el tiempo frío, que es por donde entran las enfermedades, detalla Pascuala Vázquez Cruz, su tía, la Cuidadora de la Madre Tierra.

La población tseltal, que desciende de los mayas, destaca por la articulación que han logrado entre su ser individual, la vida comunitaria, el entorno que llaman Madre Tierra, y la conexión con su espiritualidad, que se refleja en un sincretismo de prácticas y ritualidades.

En la iglesia de Coquiteel, un pequeño poblado a 10 minutos del Centro Ch´ich, el altar maya se coloca enfrente de las imágenes religiosas y el altar católico. A este lugar, Pascuala Vázquez Cruz llevó las flores, el maíz, los frutos y las velas blancas, negras, rojas y amarillas con lo que formó el símbolo sagrado. Aquel día de marzo de 2020, ante el altar maya y las imágenes católicas, los indígenas oraron y ayunaron durante un día y una noche, pidiendo protección.

En las comunidades tseltales de la selva, la población nunca dejó de reunirse, y agradecer la vida con música

En el transcurso de los días siguientes, en la medida que el contagio por el virus del COVID-19 fue extendiéndose casi exclusivamente por las ciudades, el gobierno de Chiapas restringió el tránsito no sólo en los centros urbanos, sino en las comunidades rurales e indígenas, aun cuando en estos lugares los contagios durante las llamadas primera y segunda ola apenas alcanzaron al 0.5 por ciento de la población, según cifras de la Secretaría de Salud.

En Chiapas, a este sector de la población indígena tseltal, descendiente de los mayas, pertenecen más de 300 mil personas; son el más grande y representativo de la región selva.

El gobierno de Chiapas también ordenó cerrar los centros de reunión, entre ellos las iglesias, lo que significó un golpe para la población tseltal, porque para el campesino en general, y para el indígena en particular, es imposible afrontar los problemas de manera aislada, y con mucha frecuencia apelará a la pequeña comunidad, que le da una dimensión de respaldo, protección y fuerza, refiere el sociólogo Antonio Paoli Bolio, quien ha dedicado parte de su vida a conocer y entender la forma de vida tseltal.

“Gobierno no mandó gente a explicar (qué estaba pasando con la pandemia), sólo cerró todo, cerró las dependencias y no dejaron entrar. Gobierno nos hizo cerrar la casa, dijo que no podíamos movernos. Siete u ocho meses no salimos (de la comunidad). También ordenaron cerrar los templos con los policías; pero no explicó. Y no mandó medicamento con que se puede curar, si vas a la casa de salud, no hay doctor”, lamenta Jacinto Álvaro de Meza.

El cierre de los templos y la orden de no reunirse, para la población tseltal significó perder parte de sus ritualidades de sanación.

EL BUEN VIVIR

Petrona Aguilar Ruiz tiene 63 años y el cargo de “Reconciliadora”, que las comunidades tseltales asignan a las personas encargadas de resolver, mediante el diálogo y la conciliación, las diferencias que llegan a existir entre pobladores.

Las personas con el cargo de reconciliadores fomentan el lekil kuxlejal, que se traduce al español como el “buen vivir”, y que gira en torno a la integración armónica entre las personas y su espiritualidad, la comunidad y la naturaleza.

Más que un ideal, el lekil kuxlejal expresa sus valores, sus formas de apreciar la vida, la gente y las cosas, refiere Antonio Paoli Bolio en el libro “Autonomía, educación y lekil kuxlejal: aproximaciones a la sabiduría de los tseltales”.

En ese contexto, la pandemia, la enfermedad que trajo contagios masivos y muertes, significó un desequilibrio de su buen vivir, y una necesidad de afrontar y de entender lo que estaba pasando, en sus causas y escenarios futuros, pero desde su contexto tseltal.

Esta necesidad de entendimiento de acuerdo con su cosmovisión, encontró un vacío en el Estado mexicano, pero abrió paso a la revalorización de su forma de vida y sus saberes, donde se entrelazaron su espiritualidad, sus prácticas agroecológicas, su soberanía alimentaria y la práctica de la medicina tradicional.

No tuvieron suficiente acceso a centros de salud, pero sí infusiones de plantas que fortalecieron sus cuerpos ante los embates del COVID

Petrona asegura que el “estar bien del corazón”, el no tener conflictos y el estar en armonía con la naturaleza, es lo que ayuda a prevenir la enfermedad. “El respeto a la Madre Tierra nos protege de las enfermedades, porque la Madre Tierra, si la respetamos, la cuidamos, no la envenenamos (con agroquímicos), eso nos da una comida sana que fortalece nuestros cuerpos, y así es difícil que nos enfermemos si tenemos una conexión sana con la Madre Tierra”.

Su esposo, Antonio Vázquez, de 68 años, dice que lo que observó, es que quienes enfermaron de gravedad, fue porque “tenían el cuerpo debilitado, porque su alimentación ya está afectada por los químicos, los fertilizantes que le echan a la milpa; su alimentación ya estaba envenenada y su cuerpo estaba débil”.

Él y su esposa también se contagiaron, dice que sintieron que su pecho se oprimía al respirar. Para curarse, rescataron “lo que es nuestra medicina ancestral. Nuestros abuelos no tenían doctor y ellos buscaban cómo curarse con las plantas medicinales. Ahora que no hay médicos y no nos queda más que rescatar lo que nos enseñaron nuestros abuelos, preparamos nuestra planta con jengibre, ajo, cebolla roja, alcanfor…”.

“Pedimos a la Madre Tierra que nos diera las plantas medicinales para curarnos, y que nos siga dando su alimentación, maíz, frijol, café, para fortalecer nuestro cuerpo. Y le pedimos perdón porque hemos fallado de no cuidarla (…) cuidar los árboles, el agua, eso es lo que nos fortalece y hay que cuidarla mucho”.

Para la población tseltal, el lekil kuxlejal es también cuidar al cuerpo, alimentarlo y vincularlo con el mundo de la trascendencia, de tal modo que pueda tener la vida y espíritu buenos, refiere Paoli Bolio.

Jóvenes tseltales pensarían en aplicarse la vacuna antiCOVID, pero aseguran que salir de sus comunidades a los centros de vacunación implica un gasto que no pueden subsanar

En la cocina de Jacinto Álvarez de Meza se empezaron a preparar las infusiones de hierbas para las personas enfermas de COVID-19. Lo mismo en las viviendas de Pascuala Vázquez y Manuela Hernández. “Como la gente vio que me pegó a mí la enfermedad, se acercaba a preguntarme qué me curó, y si ya tenía preparada mi medicina, ya les compartía”, explica Manuela.

En las oficinas del gobierno comunitario del Centro Chi´ch dieron un paso más, y capacitaron a jóvenes para preparar las infusiones y aprender de la pandemia. “Gracias a la hermana Maricela y al médico Gerardo (quienes tienen programas de atención para comunidades indígenas), que estuvieron dando pláticas y talleres de cómo se puede prevenir la pandemia, muchos jóvenes se acercaron a aprender. Se buscó la manera de organizar y dar talleres para aprender a cómo preparar medicamentos para prevenir”.

Aprendieron sobre la pandemia, sobre otras enfermedades de la región, y sobre la medicina tradicional. “Valoramos que sí se puede prevenir, que si no hubiera venido eso (la pandemia), no hubiéramos caminado ese paso. Ahora ya tenemos salud comunitaria (…) está abierto este taller, esa plática para que todos conozcan que sí se puede hacer acercamiento para ver cómo podemos vivir más tranquilamente”.

 

Con la pandemia, la humanidad entró en crisis, pero al interior de las comunidades indígenas tuvieron al menos dos aprendizajes: el valor de curarse con lo que les da la tierra, y el cuidado de la salud comunitaria, que empieza por el autocuidado y se extiende hacia la conservación de la naturaleza. En estas regiones no es que no murieran por los contagios, sino que mantuvieron los medios de vida.

NOTA. En diversas ocasiones se solicitó una entrevista con el Secretario de Salud de Chiapas, para conocer cuál ha sido la estrategia de comunicación y atención que se ha implementado en las zonas indígenas, durante la pandemia; la respuesta del área de comunicación de la dependencia y del secretario José Manuel Cruz Castellanos, fue que se comunicarían más tarde. No lo han hecho.

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Vacuna Covid para niños: En qué países ya se aplica y de qué forma la aconseja la OMS

El desarrollo de vacunas contra COVID-19 sigue avanzando, y en varios países la vacunación en menores de 12 años ya es un hecho.


 

Texto: Samedi Aguirre / Animal Político

Fotografía:

28 de enero de 2022

 

El desarrollo de vacunas contra COVID-19 y la investigación al respecto sigue avanzando, y en varios países, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Cuba, Perú, El Salvador, Chile, Ecuador, Colombia, Holanda, Costa Rica, India, la vacunación en menores de 12 años ya es un hecho.

En México, en tanto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido reticente respecto a la vacunación a niñas y niños, solo abriendo hasta ahora el registro para que sí reciban las dosis aquellos que tengan entre 12 y 17, con alguna comorbilidad.

Uno de los argumentos del gobierno para no extender más la vacunación, incluso a niñas y niños sanos, es que tienen poco riesgo ante COVID y que primero deben darse las vacunas a otros grupos de edad, aunque hay voces e incluso se han presentado recursos judiciales en el país para que también comiencen a recibir también esa protección.

Cuando lo cuestionaron la mañana del 26 de enero, el presidente López Obrador negó que la OMS haya recomendado vacunar a personas de 5 a 11 años, aunque aceptó que revisaría el tema, para seguir lo que apunta el organismo internacional.

Justo cinco días antes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había actualizado sus recomendaciones, señalando los beneficios de vacunar a  niños sanos de entre 5 y 17 años  aunque también apuntando que primero se debería cubrir totalmente a los grupos de alta prioridad.

Es decir, antes de vacunar a niñas y niños sanos primero garantizar los esquemas y los refuerzos correspondientes a: las personas inmunodeprimidas y los trabajadores de salud, adultos con comorbilidades, las mujeres embarazadas, los maestros y otros trabajadores esenciales, “los grupos demográficos desfavorecidos con mayor riesgo de COVID-19 grave”, y las niñas, niños y adolescentes con comorbilidades.

Incluso la OMS refirió que “los países que han logrado una alta cobertura de vacunación en las poblaciones de alto riesgo deberían priorizar el reparto global de las vacunas contra la COVID-19 antes de vacunar a los niños y adolescentes sanos que tienen el menor riesgo de sufrir resultados graves”.

La Secretaría de Salud de México, en un comunicado, refirió al respecto que el Plan Nacional de Vacunación tiene “plasmadas” las recomendaciones de la OMS, y que sigue su ruta para priorizar las dosis, ubicando a niñas, niños y adolescentes sanos en el grupo de menor prioridad.

Carlos Sandoval, investigador del Centro de Biotecnología de la UNAM, explicó a Animal Político que hasta ahora la única vacuna para niños autorizada por la OMS es la de Pfizer.

Sin embargo, países como China e India ya autorizaron la vacunación pediátrica en su población con otros tipos de vacunas contra COVID-19.

Los niños también se enferman

Al inicio de la pandemia falsamente se creía que si había alguien a quien no le afectaba la COVID era a los jóvenes, niños y niñas, pero con el avance de las investigaciones y el desarrollo de la pandemia en todas las poblaciones hoy se sabe que cualquier persona, sin importar su edad, puede enfermar y morir de COVID-19.

“Si bien los niños parecen presentar un cuadro menos severo de la infección no son inmunes a la infección. Se van a infectar y se pueden llegar a convertir en un reservorio, permitiendo que personas con un riesgo mayor se contagien”, dice el doctor Carlos Sandoval.

De hecho, en las primeras dos semanas del 2022 los casos de infecciones confirmadas en menores de edad se quintuplicaron en México, con relación a las cifras reportadas apenas a principios de diciembre.

Entre el 1 y el 16 de enero, se registraron 3 mil 609 casos de COVID-19 en menores de edad y 12 de ellos fallecieron, según un reporte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). El mismo sistema, desde el inicio de la pandemia, había registrado un total de 837 defunciones de niñas y niños.

Al respecto Juan Martín Pérez García, Coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, señala que hay que tener claro que se trata de un subregistro, pues no se aplican pruebas diagnósticas a todos los menores de edad.

La letalidad de la COVID-19 en niños y niñas se conoce desde el inicio de la pandemia, cuando investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Secretaría de Salud publicaron en la Gaceta Médica de México un estudio en donde encontraron que “Los niños con COVID 19 tienen alta mortalidad en México, por lo que en ellos se debe procurar evitar la neumonía, especialmente en los menores de cuatro años, con riesgo cardiovascular o inmunosupresión”.

Por ello, la ONU destaca que “aunque la COVID-19 grave es poco frecuente en los niños, se produce ocasionalmente, y la vacunación de los niños tiene el beneficio adicional de minimizar la interrupción de su educación, mejorando así su bienestar general”.

Los niños y niñas, refirió también Pérez García, son personas con derechos y no se les debería dar un trato desigual para recibir la dosis, porque incluso podrían vulnerarse algunas de sus garantías constitucionales.

La primera, dice, es el derecho a la no discriminación “porque el plan de vacunación para COVID es universal, así está publicado en el Diario Oficial de la Federación y el mismo Cofepris ya aprobó la vacuna para mayores de 12 años de Pfizer, entonces al no aplicarla se está dando un trato desigual sin ningún tipo de fundamento”.

En segundo termino dice que no vacunar a los niños y niñas aunque la vacuna ya se aprobó para su rango de edad, también es una violación al derecho a la salud “porque no tiene nadie porqué padecer el Covid, infectarse y tener secuelas en su vida”.

“Están vacunando a los maestros para un regreso seguro a clases, y no a los niños y la pregunta es ¿los niños no son personas?”, cuestiona Pérez García.

Vacunación pediátrica no es igual a la vacuna de adultos

Cuando comenzó la vacunación en población adulta, muchas personas se preguntaron por qué no se incluía a los menores de edad en los planes de vacunación. Para empezar, las recomendaciones internacionales siempre han seguido la ruta marcada por la OMS, en donde se da prioridad a grupos vulnerables como adultos mayores y personas con alguna comorbilidad.

Pero también es importante considerar que no se le puede poner exactamente la misma vacuna a una persona de 60 que a otra de 8 años. El doctor Sandoval explicó que esto se debe no sólo al tamaño y peso, sino también a la madurez del sistema inmunológico.

“Normalmente hay una dosis que se administra en personas mayores de 11 años y una versión pediátrica que tiene una dosis más pequeña”, explicó.

Por lo que aunque algunas vacunas ya se aprobaron para ser administradas en población adulta, ahora se requiere que cada vacuna cumpla con los requisitos y evaluaciones de seguridad y eficacia, para población pediátrica.

Pfizer es la primer vacuna pediátrica aprobada por la OMS

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el pasado 19 de diciembre el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en personas de 5 a 17 años.

Recientemente, el Grupo de Asesoramiento Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE) de la OMS señaló que la vacuna de Pfizer-BioNTech (BNT162b2) contra el COVID-19 es segura para su uso en niños y niñas mayores de 5 años, pero con un ajuste en la dosis:  30 microgramos para adultos y 10 microgramos para niños.

Esto lo determinaron luego de revisar los resultados de  ensayos de fase 3 en niños de 12 a 15 años y de 5 a 11 años. Ambos mostraron resultados favorables en cuanto a respuesta inmune y seguridad.

La OMS también señala que a los menores de 17 años con comorbilidades se les debe ofrecer la vacuna, junto con otros grupos de alto riesgo.

Cabe señalar que aún no se ha determinado la necesidad y el momento de las dosis de refuerzo para niños de 5 a 11 años.

En México,  la Cofepris aprobó su usó en adolescentes de 12 a 17 años, pero el gobierno Federal sólo ha abierto el registro para que se vacunen mayores de 15 años, o personas de entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad.

Respecto a la seguridad de la vacuna, el doctor Carlos Sandoval señaló que hasta ahora las pruebas realizadas con la vacuna de Pfizer indican que la seguridad y los riesgos son los mismos en adultos como en la población pediátrica.

“Y si hablamos de la población adulta que ha recibido la vacuna sí hay reportes de efectos secundarios pero son muy pocos, estamos hablando de uno en millones de dosis administradas, mientras que el riesgo de complicación por COVID es más elevado, entonces la vacuna implica menos riesgo”, señaló.

De acuerdo con el Sistema de notificación de eventos adversos de vacunas (VAERS) de Estados Unidos, entre el 3 de noviembre y el 19 de diciembre de 2021, VAERS recibió y procesó 4,249 informes de eventos adversos para niños de 5 a 11 años que recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19; de los cuales 97.6 % no fueron graves. Esto tras la aplicación de 8.7 millones de dosis.

Las reacciones notificadas con mayor frecuencia después de cualquiera de las dosis fueron dolor en el lugar de la inyección, fatiga y dolor de cabeza; mientras que la fiebre se notificó con más frecuencia después de la segunda dosis.

Otras vacunas pediátricas contra COVID

Aunque Pfizer es la única vacuna para niños autorizada por la OMS y por la Cofepris para ser administrada en población menor de edad; ya se han completado estudios y autorizado otras vacunas en el mundo.

En China, por ejemplo, se completaron ensayos en personas mayores de 3 años para las vacunas CoronaVac de Sinovac y BBIBP-CorV de Sinopharm, por esa razón el gobierno de China autorizó su aplicación en dicha población a finales de 2021.

En Argentina, la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica también autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm en niños de entre 3 y 11 años en octubre pasado.

Covarxina, una vacuna desarrollada por Bharat, fue aprobada en India para personas de 12 a 17 años; mientras que en Cuba la vacunación contra COVID a menores de edad comenzó desde septiembre pasado, gracias a la vacuna Soberana.

Mientras tanto, en México,  grupos de padres de familia han tenido que recurrir a amparos para lograr la inoculación en sus hijos sin que se tenga una cifra exacta de esto.

Además, asociaciones como Save the children hacen un llamado para exigir al gobierno federal  que incluya a niñas y niños desde los 5 años en los esquemas de vacunación contra COVID-19, sin condicionar su aplicación a la existencia de comorbilidades.

 

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