Para acercar a las infancias a este ejercicio, un grupo de jóvenes instaló una casilla llamada INE Kids.
La idea surgió por Paola y Alis Lobato, quienes son hermanas, porque cuando eran chicas soñaban con ser grandes. Durante las votaciones al igual que la gente mayor, ellas también querían votar.
Justo afuera del museo universitario José Juárez fue instalada una pequeña casilla para que las niñas y los niños puedan votar por la presidencia.
Las boletas, las cuales son adaptadas para los menores de edad tienen las fotos de los tres candidatos a presidencia: Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Máynez.
Aunque los votos de los menores no contarán, las hermanas Lobato harán el conteo para los niños a las seis de la tarde.
Hasta ahora más de 150 niños han ejercido su voto.
Los niños podrán votar hasta las seis de la tarde cuando se cierre las casillas del INE Kids.
Este 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo declarado por la ONU para informar sobre esta condición de vida y generar empatía en la población y las instituciones hacia las personas en esta circunstancia
Texto: Jocelyn Ruano Millán
Foto: Cortesía de la familia Nájera Millán
Martes 2 de abril del 2024
Chilpancingo
A Valeria por seguir siendo una niña de diez
“Es una niña de 10”.
Dijeron los médicos a Elizabeth, cuando nació su hija Valeria Nájera Millán. A los ocho días presentó una condición cardiaca que tuvo que ser tratada por al menos un año y medio.
Las constantes visitas al hospital y estudios sobre su salud solo fueron parte del entrenamiento de Elizabeth y Ricardo, la mamá y el papá de Valeria, para lo que se vendría dos años más tarde.
Hasta ese momento, a pesar de la afección cardiaca Valeria, se desenvolvían conforme al estándar normal de alguien de su edad, pero de pronto, parecía como si la niña se hubiera atascado en reversa.
Valeria no quiso hablar, caminar e incluso jugar con otras personas.
Después de consultar a varios especialistas, Elizabeth, lo supo, su hija tenía autismo.
Valeria Nájera Millán en las diferentes etapas de su vida, diagnosticada con TEA a sus tres años y medio
El TEA en el mundo y en México
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que en el mundo uno de cada 160 niños presenta esta condición en el mundo.
En México, un estudio de Autism Speaks y la Clínica Mexicana de Autismo (CLIMA), hecho en 2016, identificó que uno de cada 115 niños tiene autismo y que por cada cinco casos, cuatro se presentan en niños y uno en niñas, de acuerdo con datos de Teletón México.
La ONU declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concientización sobre el Autismo con el objetivo de informar acerca de esta enfermedad para generar empatía de la población y en las instituciones hacia las personas con este padecimiento.
El Trastorno del Espectro Autista (TEA)
No existen pruebas médicas para diagnosticar el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Los especialistas observan el comportamiento y desarrollo durante varias sesiones para concluir sí existe.
No todos los casos son iguales, hay personas que viven con TEA sin saberlo.
Los pediatras recomiendan hacer exámenes para diagnosticar TEA durante las consultas de control de un infante sano, entre los 18 y 24 meses.
La herramienta que se utiliza comúnmente en los consultorios pediátricos es la lista de verificación M-CHAT-R/F, un cuestionario de 23 preguntas para las madres y padres. Con ella se identifican a los menores que pueden tener TEA e iniciar conversaciones sobre retrasos del lenguaje.
Los especialistas recomiendan que después del diagnóstico se discutan inquietudes sobre el comportamiento y las posibles medidas a tomar con la niña o niño para realizar pruebas adicionales genéticas, neurológicas y del desarrollo.
¿Cómo es tener autismo?
“Usualmente son menores que tienen afectadas el área de comunicación, el área social y el área conductual. Es decir, ellos no permiten el contacto físico o entablan una conversación espontánea”, explicó la maestra de Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), Margarita Martínez Navarrete, de la Escuela Primaria Vicente Guerrero.
Las USAER son instancias técnico operativas de la Secretaría de Educación sobre educación especial encargadas de proporcionar apoyos técnicos, metodológicos y conceptuales a los centros de educación básica.
“Son personas rutinarias. Para ellos y ellas es más cómodo tener un orden y horario para cada cosa”, agregó la especialista.
De acuerdo con la página oficial del gobierno federal sobre educación inclusiva, las USAER deben garantizar corresponsablemente con la escuela regular, el derecho de todas y todos los estudiantes a recibir una educación inclusiva, con especial atención a la población con discapacidad y a aquellos estudiantes en riesgo de ser excluidos, marginados o de abandonar su proceso de escolarización, por falta de adecuación de los contextos a sus necesidades de aprendizaje.
Valeria Nájera Millán en las diferentes etapas de su vida, diagnosticada con TEA a sus tres años y medio
¿La educación para un autista es inclusiva?
La educación básica en México implica tener una educación desde preescolar hasta el nivel medio superior. La mamá y el papá de Valeria, inscribieron a su hija en un preescolar, a los tres años, como lo hacen todas las madres y padres en este país.
Al principio creyeron que Valeria iba bien. Meses más tarde, después de una constante observación, la maestra citó a Elizabeth y a Ricardo para hablar con ellos.
La maestra les comentó que posiblemente Valeria podía tener autismo debido a las acciones que realizaba y otras que no. Les recomendó buscar ayuda profesional para estar seguros.
En ese entonces ni la mamá o el papá de Valeria sabían qué era esa condición. Después de investigar un poco, sus preocupaciones aumentaron por lo que fueron a consultar a los médicos del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT).
Valeria Nájera Millán en las diferentes etapas de su vida, diagnosticada con TEA a sus tres años y medio
Después de un diagnóstico general fue trasladada al Hospital Psiquiátrico Infantil, a la Ciudad de México, porque en Guerrero no existen los médicos y el equipo técnico para hacer este tipo de estudios.
En la entidad, sólo el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, y el Hospital General de Acapulco cuentan con programas de atención a niños y niñas con TEA, sólo para consulta externa en la subespecialidad de neurología pediátrica, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Salud mediante solicitudes de información.
A sus tres años y medio, posterior a varias citas con las especialistas acompañadas de pruebas con encefalografía, tomografías y resonancia Valeria fue diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista.
Desde que Valeria fue diagnosticada con TEA, ha sido acompañada por distintos familiares en su camino lleno de citas para estimulación temprana: sensorial, del habla y educativa.
Valeria estudio la primaria en la Escuela Vicente Guerrero, al norponiente de la ciudad. Cuando terminó sus estudios de primaria, comenzaron sus problemas, Valeria no ha sido aceptada en ninguna secundaria regular.
Su proceso de adaptación en la primaria fue exitoso gracias a la maestra de USAER y la psicóloga con la que cuentan.
En su etapa adolescente Valeria enfrenta el reto mayor de su corta vida. Su desarrollo está en suspenso porque no ha sido aceptada en una secundaria para estudiar.
Valeria Nájera Millán en las diferentes etapas de su vida, diagnosticada con TEA a sus tres años y medio
Más de 70 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados han sido retornados a sus países de origen entre el 2021 y 2023 en Jalisco. Negándoles su derecho al tránsito libre y seguro, así como a continuar su proyecto de vida. Sólo tres personas menores de edad pudieron iniciar procesos de solicitud de refugio en el estado.
Organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) reconocen que la política de deportaciones masivas de personas en contexto de movilidad humana y con necesidades de protección internacional alcanza también a las infancias y adolescencias.
Texto: Arleth Delgadillo, Iberia Campos, Nubia Ramírez, Oriana Rivero y Sarahí Flores / Zona Docs
Fotografía: Cortesía / Zona Docs
13 de diciembre 2023
Johan de 19 años es un joven hondureño que fue deportado de Chiapas cuando aún era menor de edad. En aquel momento sólo su amigo acompañante logró cruzar el norte de la frontera mexicana y ahora se encuentra en los Estados Unidos.
Actualmente lo único que quiere Johan es tener una oportunidad para continuar con su proyecto de vida en el país que eligió para vivir.
Niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes se ven obligados a transitar por México tras salir de sus países de origen junto a sus familias o en solitario, huyendo de la violencia o buscando reunirse con sus familiares en Estados Unidos. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y a la Unidad de Política Migratoria, en enero del año 2023 se registró el ingreso de 6 mil 833 personas migrantes de entre 0 y 17 años.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de población migrante. La migración internacional desde distintos países del mundo hacia México ha sido impulsada por diversos factores como la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la reunificación familiar y, en algunos casos, la huida de la violencia y la inseguridad en algunas regiones.
Jalisco, según cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), es una de las 10 entidades con más alto grado de intensidad migratoria a Estados Unidos, y a su vez un estado de tránsito y destino para la población en movilidad humana y con necesidades de protección internacional.
Sobre este último dato, de acuerdo con el Diagnóstico de Movilidad Humana en Jalisco (2022) hay un aumento creciente de la población solicitante de la condición de refugiado o de protección complementaria que reside en Jalisco. Y es que, entre 2020 y 2021 se registró un incremento del 437% en las solicitudes de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) pasando de 603 a 3 mil 240 entre ambos años. Esta última cifra registrada representa el 4% de las TVRH emitidas en todo el país.
El 55% fueron solicitadas por población proveniente de Haití, el 10% a personas originarias de Venezuela, el 7% a población chilena, 6% a personas de Brasil, 5.5% a población cubana y el resto (cerca del 5%) a personas procedentes de Honduras.
Compromisos por cumplir
El actual Gobierno de México ha asumido el compromiso de “promover una migración ordenada, segura y regular”, así como “el reto de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes estableciendo una política humanitaria”. Especialmente de las poblaciones que viven una situación de riesgo o vulnerabilidad dentro de sus naciones de origen, para facilitar “su integración”. Como es el caso de las infancias y adolescencias en situación de movilidad humana o con necesidades de protección internacional.
Por lo tanto, los cambios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México nombraron al Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) como el órgano gubernamental encargado de establecer instrumentos, políticas, servicios y acciones de protección de los derechos de esta población en el país.
En ese sentido, el SIPINNA declaró que los esfuerzos realizados por la federación, los estados y los municipios deben orientarse a la consolidación de subsistemas de Protección Especial, a través de Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes adscritos al Sistema DIF.
Bajo este contexto, el marco legal establece que las Procuradurías de Protección son la autoridad responsable de la determinación del Interés Superior de la Niñez, y por lo tanto, deben enfocar su total atención en garantizar -desde la no discriminación- que el Estado mexicano promueva, garantice y defienda los derechos de las infancias y adolescencias en México, sean migrantes o no.
Al respecto, Rosa del Carmen Ochoa, directora de Protección y Restitución de Derechos de la Procuraduría de Protección en Jalisco, afirmó en entrevista que tanto el Sistema DIF como la Procuraduría estatal tienen “la total responsabilidad de lo que les suceda a las Niñas, Niños y Adolescentes migrantes (NNA)”.
Frente a esta responsabilidad gubernamental e interinstitucional, las Procuradurías de Protección deben actuar de manera responsable bajo el marco de las políticas públicas federales establecidas en la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes en Situación de Migración.
De hecho, para facilitar la tarea al funcionariado obligado, el Instituto para la Mujeres en la Migración (IMUMI) elaboró el Manual de Capacitación para Autoridades de Protección a Niñas Niños y Adolescentes en Situaciones de Migración en febrero de 2022.
“La ruta señala qué es lo que le toca a cada autoridad hacer cuando se detecta a un niño, niño o adolescente en situación de migración, en caso de ser no acompañado se informa al DIF para que pueda asignar un Centro de Asistencia Social o algún albergue…Se tiene que entrevistar al infante, bueno eso es lo ideal, pero la realidad es que no es lo que pasa”, declaró Sandra Mejía abogada del IMUMI.
De esta manera, la ruta establece cinco etapas que buscan de forma puntual la protección y restitución de los derechos de las infancias y adolescencias en situaciones de movilidad humana, ya sea en contextos donde viajan acompañados o no acompañados.
Rosa del Carmen Ochoa subrayó que todas las dependencias de gobierno deben actuar bajo los mismos lineamientos y bajo el mismo enfoque de derechos de protección y restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana.
Esta guía contempla el monitoreo constante de los flujos migratorios tras el ingreso de las personas migrantes al país; en este proceso las Procuradurías de Protección son responsables de la identificación de las infancias y adolescencias migrantes.
Una vez identificadas las niñas, niños y adolescentes, el proceso continúa por medio de la designación de un equipo de trabajo multidisciplinario conformado por las áreas de psicología, medicina, trabajo social y jurídica quienes realizan una evaluación integral de cada persona menor de edad para establecer un plan de reintegración social.
Finalmente, la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes en Situación de Migración lleva como principal fundamento el cuidado del principio del Interés Superior de la Niñez, el cual implica la toma de decisiones efectivas que resguarden y garanticen los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Protocolos de acción… ¡Ignorados!
Johan este año volvió por tercera vez a México, esperando no ser deportado nuevamente. Cuenta que “ya abandonó” su sueño de llegar a los Estados Unidos y lo único que desea ahora es asegurar su bienestar y obtener un trabajo “decente” en México.
Por ello, ha iniciado su proceso de solicitud de refugio, debido a que en años anteriores, encontrándose en la frontera de Chiapas, el estado siempre negó su entrada. Esto resulta contrario a los estatutos de la Ruta de Protección, la cual se rige bajo el principio de no devolución.
El derecho internacional obliga a los Estados a no devolver o expulsar a una persona a un estado donde exista la posibilidad de que su vida o libertad estén en riesgo inminente.
A pesar de ello, se estipula que “cuando la Procuraduría de Protección detecte que resulta necesario el retorno asistido en observancia del Interés Superior de la Niñez emitirá una medida de protección al Instituto Nacional de Migración para que este gestione el procedimiento de retorno”.
Sin embargo, ¿qué circunstancias y desafíos deben de sufrir las niñas, niños y adolescentes para dejar su país de origen y aventurarse en un proceso migratorio?
“Fue feo como me llegó a pasar todo el viaje… Por los carteles, porque pues lo secuestran a uno… Tuve mucho miedo” afirma Johan sobre su recorrido por la frontera vertical que representa México para las personas migrantes, debido a las condiciones de inseguridad que el país atraviesa.
Sandra Mejía, abogada del IMUMI explicó que en casos como el de Johan “se tendría que detectar si el niño o adolescente tiene necesidades de protección internacional, es decir, si viene huyendo. Las razones por las cuales las niñeces pueden estar huyendo y necesitan de la protección internacional por el regular es por crimen organizado, reclutamiento en narcotráfico, o violencia familiar”.
El Gobierno de México reconoce que en los últimos 4 años al menos 120 mil niños, niñas y adolescentes han sido contabilizados dentro de la ruta migratoria hacia los Estados Unidos.
Por su parte, de acuerdo con una nota realizada por le periodista Aletse Torres para ZonaDocs, el proyecto Inclusión Digna, un modelo de cuidados alternativos para la niñez y adolescencia migrante, solicitantes de asilo y refugiados impulsado por AVSI México en alianza con el albergue FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino A.C. identificó que los perfiles más habituales en la niñez y adolescencia en contexto de movilidad son los siguientes:
Adolescentes provenientes de zonas urbanas huyendo de amenazas e inseguridad de las pandillas y con falta de protección estatal, ya sea directamente hacia su persona o hacia su familia.
Infantes que viajan acompañados por sus padres en una migración forzada de la familia nuclear.
Infancias acompañadas de su madre por eventos de violencia de género en sus países de origen.
Adolescentes indígenas no acompañados provenientes de comunidades rurales.
Adolescentes transgénero no acompañadas que han sido rechazadas por su familia y la sociedad homofóbica.
Los niños, niñas y adolescentes en flujos masivos que transitan por nuestro país, merecen, por encima del control migratorio de cualquier estado, tener un viaje digno, el respeto, protección y ejercicio de sus derechos.
Sin embargo, los esfuerzos realizados por las instituciones gubernamentales de Jalisco han sido limitados, pues resulta paradójico el número de jóvenes migrantes no acompañados que son repatriados a sus países de origen; esto a sabiendas de que existe un protocolo de acción que estipula el no retorno de las infancias.
Según datos del DIF Jalisco y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, proporcionados a través de solicitudes de acceso a la información durante 2021, 2022 y lo que va del 2023 se han recibido 226 notificaciones de infancias y adolescencias migrantes por el Instituto Nacional de Migración.
En el primer semestre de 2023, el DIF Jalisco contabilizó 92 notificaciones, es decir, 92 niñas, niños y adolescentes que requerían asistencia. De estos sólo 14 fueron resguardados y 78 continuaron su camino voluntariamente ya que venían acompañados.
No obstante, en el caso de las niñas, niños y adolescentes que viajaban no acompañados, “todos fueron retornados a su país de origen”, informó Rosa del Carmen Ochoa.
Esta situación resulta violatoria del principio de la no devolución, así como contradictoria frente al potencial riesgo del que podrían estar huyendo, pues como establecen las organizaciones los perfiles que mantiene esta población menor de edad dejan en evidencia los contextos de vulnerabilidad de los que vienen huyendo.
Rosa del Carmen Ochoa insistió que a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados “nos los dejamos continuar, no hay manera de que nosotros los dejemos continuar solos, porque los estamos exponiendo a un riesgo”.
Los registros del DIF y la Procuraduría de Protección han determinado que durante los años de 2021 y 2023 se han resguardado a 74 niños, niñas y adolescentes migrantes en calidad de no acompañados.
Rosa del Carmen Ochoa comentó que en promedio la edad de los adolescentes es de 15 y 17 años, por lo que de acuerdo a “su nivel de madurez” se les explica directamente las posibilidades de restitución de sus derechos:
Regresar a tu país de origen debido a que después del diagnóstico inicial no se detectaron elementos de riesgo.
Quedarse en México, pero sin conocer el tiempo de espera para una posible reunificación familiar.
En caso de que en el diagnóstico sea detectado riesgo de vida para los NNA, solicitar calidad de refugiado en COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados).
Hace dos años retornaron a Johan a su país de origen cuando era un menor de edad, sin considerar que sólo le faltaba una semana para cumplir 18 años. Ninguna autoridad se encargó de evaluar su situación y, por ello, fue obligado a regresar a Honduras:
“Había un señor que nos iba a esconder, pero no teníamos suficiente dinero, entonces le dije a mi amigo que le iba a dar mi dinero para que lo escondiera a él y nomás a ver que cómo la hacía yo… Y me agarró migración”, cuenta su experiencia como si se tratara tal cual de una hazaña de historieta.
Sandra Mejía, reconoció que las autoridades mexicanas no están garantizando el derecho de las infancias y adolescencias a la no devolución y, por lo tanto, les retornan de manera masiva, sin considerar sus condiciones de riesgo y situaciones particulares:
“Lo que estamos viendo en la realidad es que las procuradurías no están haciendo diagnósticos conscientes y que están haciendo retornos masivamente. Son muy pocos los NNA que tienen la oportunidad de reunificarse en un tercer país, o de solicitar asilo en México”.
Por su parte, Rosalba Rivera coordinadora del área de infancia migrante en IMUMI,
refirió que hay una clara diferencia entre lo que establece la ley federal y los protocolos de acción, así como con lo que realmente sucede en la práctica de dichos manuales.
En el caso de Johan, él no sentía la disposición para compartir sus motivaciones de migración, pero, el simple hecho de que cada año busqué la forma de salir de su país podría significar que sus planes están fuera de éste.
Las niñas, niños y adolescentes también se ven obligados a tomar la decisión de emigrar, por lo tanto, cuando la autoridad decide ignorar o no prestar atención a estas condiciones no sólo violenta sus derechos, sino que les niega la oportunidad de vivir vidas más dignas y seguras.
“Un proyecto de vida en pausa”: niñas, niños y adolescentes que se quedan
Las instituciones públicas y las Procuradurías de Protección deben garantizar los derechos de las infancias y adolescencias migrantes no acompañados que deciden quedarse en el país.
Según reportes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) durante el 2023, Jalisco ha presentado 427 casos de personas solicitantes de refugio en el estado. Al mismo tiempo, el DIF Jalisco reporta que durante el mismo año únicamente 3 adolescentes atendidos solicitaron la condición de refugiado.
Johan se encuentra frustrado, dice que en su tercera travesía para volver a entrar a México, había decidido que esta vez llegaría hasta Jalisco, esperando recibir una atención digna por parte de las oficinas de migración, puesto que, en Chiapas esto no fue así “es la primera vez que yo llego hasta aquí, y son igual de mala onda que en Chiapas”, confiesa.
“Hemos visto que se trata de procesos muy complicados, muchas veces las personas regresan frustradas de sus citas con COMAR porque no las atienden o porque les regresaron la documentación. Incluso, si pones una palabra diferente a como ellos lo piden te regresan el trámite y eso también causa miedo a las personas porque sienten que los pueden deportar”, explicó Sharon, voluntaria en el Refugio Casa del Migrante, espacio humanitario que ofrece sus servicios a la población en movilidad humana, así como aquella con necesidades de protección internacional.
Por otro lado, el proceso de restitución de derechos establecido por la Ruta de Protección Integral para aquellas niñas, niños o adolescentes que deciden quedarse en el territorio nacional continúa a la par de la construcción de un proyecto de vida independiente.
El Manual de Capacitación para Autoridades de Protección a Niñas Niños y Adolescentes en Situaciones de Migración, establece que el proyecto de vida independiente es aplicable a las y los adolescentes en situación de migración que se encuentran en cualquier modalidad de cuidado alternativo y están próximos a cumplir la mayoría de edad, asimismo, señala que el DIF y las Procuradurías de Protección son las responsables de ayudar al adolescente para diseñar su proyecto de vida, además de ayudarlo a desarrollar habilidades en el área laboral, social, relaciones interpersonales, vida cotidiana, educación sexual, vida en pareja, entre otras.
“Cuando los NNA migrantes no acompañados están por cumplir los 16 o 17 se les va preparando para su sustento independiente. Hay un departamento de proyecto de vida en la Dirección de Adopciones y Familia de Acogida”, agregó Rosa del Carmen Ochoa.
Johan tenía 17 años la primera vez que fue deportado, pero ¿por qué estos principios no fueron aplicables para él? Sandra Mejía del IMUMI reconoció que esto sucede porque no todas las autoridades están dando cumplimiento a los estatutos de la ruta de protección:
“Lo que pasa en la realidad es que no se les está apoyando. La procuraduría no está cumpliendo con estas medidas de protección para transición a la vida independiente, sino más bien es con acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto son muchos los adolescentes que se quedan a vivir aquí en México” finalizó Sandra Mejía.
Por ahora, después de tres intentos, Johan sigue persistente en la búsqueda de su objetivo de una vida digna frente a los vacíos institucionales de los que sigue siendo objeto.
Este reportaje fue realizado en el marco del Bloque de Producción periodística convergente del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, del cual ZonaDocs fungió como Socio Formador.
Toronjil en Té es un colectivo de dos mujeres chilpancinguenses, Danelly Ramírez y Samydeli Calderón que comparten un objetivo: fomentar la lectura y redescubrir el teatro a las infancias.
Este colectivo nace de la necesidad de crear un espacio que fomente en las infancias guerrerenses la búsqueda del saber, el fomento a la cultura y el gusto por la lectura.
Toronjil en Té imparte talleres, crea cortometrajes y realiza actividades culturales que estén al alcance de las infancias.
Mediante Manzanilla Teatro, un área de Toronjil en Té, impulsan el gusto por el teatro y las artes escénicas.
Danelly Ramírez, conocida como Dane, destacó que uno de sus logros más recientes son dos ediciones del taller Letras Catárticas organizado para la Unidad de Género de la Secretaría General de Gobierno, realizados en el Zanate Azul.
Dane ha tomado diplomados en profesionalización de mediación lectora e hizo un curso de escritura para jóvenes, ambos en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Dannely Ramírez y Samydeli Calderón durante los talleres de Toronjil en Té sobre fomento de la lectura desde edades tempranas.
Por su parte Samidely, o Samy, como la llaman sus amigos, cuenta con una experiencia de nueve años en la mediación de lectura; ha tomado distintos cursos dentro y fuera de la capital y forma parte de distintos programas sobre el fomento a la lectura.
Dane y Samy apuestan por las infancias, saben que el futuro es de ellas y ellos, las niñas y los niños, y la lectura y la escritura es parte del camino.
Guerrero ocupa el tercer lugar en analfabetismo a nivel nacional de acuerdo con información del INEGI y la población en la que más repercute esta situación son las infancias de ocho a 14 años.
La apuesta para remontar estos números adversos es Toronjil en Té y Manzanilla Teatro.
Nichdali Isis Fitch Obregón, embajadora en Chilpancingo de la Fundación Chocho, advierte que demandará a las autoridades del ayuntamiento de Chilpancingo por no entregar las trenzas recabadas en el Trenzatón Infantil que se utilizarían para crear pelucas para niñas que padecen cáncer.
El Trenzatón infantil los realizaron el 17 de febrero en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en la que estuvo presente la presidenta del DIF estatal, Liz Salgado Pineda y la del DIF Chilpancingo, Arely Hernández Martínez.
Las presidentas de los DIF son hermanas de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, respectivamente.
Hasta ahora, seis días después del evento, el DIF municipal no le ha entregado a Chocho las trenzas recolectadas.
Fitch Obregón denunció que Liz Salgado Pineda y Arely Hernández Martínez sólo acudieron a tomarse la foto al evento sin conocer realmente la problemática de las infancias con cáncer.
«Yo iba a poner la lona y todo pero después ellos se ofrecieron hacerlo que porque por un tema de imagen ellos iban a imprimir las lonas y hacerlas públicas”.
En entrevista telefónica, Fitch Obregón denunció que el DIF Chilpancingo se apropió del evento y no siguieron las especificaciones para el corte de trenzas que se requiere para hacer una peluca, ya que se necesitan trenzas mínimo 40 centímetros y el corte realizado por las estilistas del DIF fue de 20 a 35.
«Nosotros hacemos pelucas de cabellos largo, porque a las niñas principalmente les gustan esas, y aunque si se pueden hacer pelucas de cabello corto, el objetivo de este Trenzatón era solo para pelucas largas», explicó.
Al final las trenzas quedaron a resguardo del DIF municipal, para realizar el conteo y después le hará la entrega formal a Chocho. Pero esto último no ha ocurrido.
El acuerdo, según Fitch Obregón, fue que Chocho le donaría al DIF de Chilpancingo un peluca, con un valor de 12,000 pesos, por la colaboración del Trenzatón.
Al no cumplir con los requisitos y no entregarlas a tiempo, Fundación Chocho se deslindó del destino final de las trenzas recabadas.
Además, Fitch Obregón mencionó que por lo que observó el día del evento, si hubo trenzas con las medidas correctas, pero de esas no se sabe nada.
“Yo vi lo que me querían entregar, la mayoría eran trenzas de 15 centímetros y como cuatro de 25, y fueron aproximadamente 50 las que se recolectaron”.
A través de un comunicado, Fundación Chocho se deslindó del uso que se le puedan dar a las trenzas.
«Nuestra organización se deslinda por completo del destino final de dichas trenzas en posesión del DIF municipal de Chilpancingo, desde el día del evento», se lee en el texto.
Fitch Obregón hizo el llamado al Ayuntamiento y al DIF municipal conducirse con responsabilidad y profesionalismo.
Informó que ya tuvieron un acercamiento con el DIF municipal y Chocho a nivel nacional, pero advirtió que este diálogo puede terminar en demanda si no llegan a un acuerdo.
«No se trata de desprestigiar y tampoco quisiera que esto afectara la voluntad de las personas hacía la donación de cabello”.
Fundación Chocho es una asociación a nivel nacional que promueve acciones para apoyar a infancias con cáncer, y entre una de sus actividades realizan los cortes de trenza para realizar las pelucas para niñas y mujeres con algún padecimiento oncológico; tienen una lista de espera por el trabajo que requiere elaborarlas.
“No se trata de sacarse la foto, se trata de la vida y lucha de una niña y mujer adulta con cáncer”, es el fragmento final comunicado de Chocho, que está firmado por director de la fundación, Alex Arche.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Oscar Guerrero 8 de noviembre del 2022 Chilpancingo
La diputada de Morena Beatriz Mojica Morga presentó una iniciativa de reformas a la Ley 812 de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para prohibir castigos corporales y humillantes en contra de niños y niñas.
Esta iniciativa pretende prohibir el castigo corporal o físico cometido en contra de niñas, niños y adolescentes; golpes con la mano o con algún objeto, pellizcos, mordidas, empujones, tirones de cabello u orejas y quemaduras, «además de cualquier otro trato humillante, ofensivo, denigrante, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio».
Mojica Morga mencionó que a pesar de que las infancias están protegidas en diversas leyes tanto estatales como federales «son insuficientes en la vida real, ya que muchos padres ejercen violencia contra ellos a través de la presión, humillación, chantaje, agresiones y castigos corporales».
La diputada de Morena mencionó que esta iniciativa es el resultado de foros entre diversas organizaciones de defensa de la niñez y la adolescencia, donde se propuso que se deben limitar los castigos corporales.
«Estas prácticas los lesionan y humillan, dañan y exhiben y la crianza, educación y orientación debe ser positiva, amable, amorosa y ejemplificativa», mencionó durante su exposición de motivos en tribuna.
Agregó que se tiene que cambiar la forma de tratar a las infancias y las juventudes para educarlos y formarlos alejados de conductas agresivas y violentas.
En su iniciativa, Mojica Morga también propuso reformar la Ley 812 para establecer como un derecho esencial la alimentación nutritiva.
Ambas propuestas se turnaron a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para su análisis y dictaminación.
La encuesta fue aplicada a 6.9 millones de personas de grupos etarios que van de los 3 a los 17 años y de todos los estados del país.
Texto: Zedryk Raziel / Animal Político
Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)
24 de junio de 2022
1 de cada 4 niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años afirman estar expuestos a abuso sexual en su comunidad o el entorno en el que viven, de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2021 aplicada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con la encuesta, la violencia sexual es el tercer problema más grave identificado por la población ubicada en ese rango de edad. Además, las y los encuestados declararon haber sido víctimas de transgresiones a su cuerpo e intimidad por parte de adultos que están encargados de su cuidado
“Los problemas del entorno que más afectan a niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años, de acuerdo con las respuestas en la CIJ 2021, son la discriminación que perciben (35.85% en promedio), la desigualdad y la violencia contra las mujeres (27.14% en promedio), el abuso sexual infantil (25.71% en promedio), así como la pobreza y la falta de trabajo (24.5% en promedio)”, citan las conclusiones de la Consulta.
La encuesta fue aplicada a 6.9 millones de personas de grupos etarios que van de los 3 a los 17 años y de todos los estados del país. El ejercicio fue realizado en noviembre de 2021 y se centró en recabar las experiencias de los menores a lo largo de la pandemia.
A diferencia de la Consulta Infantil y Juvenil de 2018 –que era la más reciente–, en la de 2021 se incluyeron preguntas específicas sobre abusos físicos y psicológicos sufridos por niñas, niños y adolescentes en lugares como el hogar, la escuela, el trabajo, albergues o la calle, espacios donde los menores están a cargo de padres y madres, tutores, cuidadores o profesores.
A través de casillas instaladas en escuelas y juntas distritales, y mediante un sitio de internet habilitado como urna electrónica, fueron encuestadas 597 mil 420 personas de 3 a 5 años (8.57%); 2 millones 034 mil 389 de 6 a 9 años (29.16%); 2 millones 582 mil 101 de entre 10 y 13 años (37.01%), y 1 millón 762 mil 929 de 14 a 17 años (25.27%).
Del total, 2.9 millones de personas (42.7%) son niñas y adolescentes mujeres; 2.7 millones (38.9%) son niños y adolescentes hombres; 65.8 mil (0.9%) expresaron que no se identifican con ninguna de esas identidades de género, y 1.2 millones (17.4%) no especificaron ese dato.
Una pregunta fue: “Las personas adultas que te cuidan ¿qué tanto respetan tu cuerpo y tu intimidad?”. La población encuestada de 10 a 17 años respondió en un 25% (1.1 millones de niñas, niños y adolescentes) que los adultos “nunca” respetan su cuerpo e intimidad, mientras que otro 13% (564 mil 853) dijo que “a veces” lo respetan.
La pregunta sobre abusos físicos y psicológicos incluía otras posibles respuestas como golpes, gritos e insultos, castigos y menosprecio. La encuesta no detalló el contexto de las agresiones ni la figura adulta que las cometió.
Específicamente en el grupo etario de 10 a 13 años, el 16.34% (421 mil 915 personas) respondió que el abuso sexual infantil es el problema que más le afecta.
Además, 10 mil 700 personas de 3 a 5 años dijeron haber sido testigos de que “no se respeta el cuerpo de niñas y niños”, aunque no se especificó el lugar ni qué persona adulta cometió la agresión.
El abuso sexual impacta de manera más aguda en la población infantil y adolescente en situación de vulnerabilidad.
Por ejemplo, de las niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años que se identifican como indígenas, el 17.52% dijo que el abuso sexual es el riesgo que más identifican en su comunidad o entorno. La cifra fue de 24.25% entre la población que habita en albergues; de 21.78% entre quienes viven en situación de calle; de 18.72% entre personas con discapacidad; de 16.44% entre personas afrodescendientes, y de 16.25% entre personas migrantes.
En la Consulta Infantil y Juvenil de 2018, la única pregunta dirigida a documentar este tipo de abusos era si la persona encuestada había sido víctima de violencia sexual en el último año. El 9.9% de adolescentes entre 14 y 17 años respondió que “sí”, sin que el instrumento metodológico les permitiera abundar en mayores precisiones.
En la Consulta de 2015, la respuesta a esa pregunta entre el mismo grupo etario fue del 11.6%.
Aunque el informe de la Consulta 2021 se hizo público en abril, el pasado miércoles el presidente del INE, Lorenzo Córdova, presentó los resultados ante el Congreso de Nuevo León, donde llamó a que las opiniones de las personas menores de 18 años sean tomadas en cuenta por legisladores para la creación de políticas públicas.
“Estoy seguro de que los resultados de esta Consulta serán insumos valiosos para el diseño de leyes y de políticas públicas que contribuyan a la generación de condiciones más favorables para el desarrollo de la infancia y la adolescencia en México y para una democracia sustantiva y sustentable”, dijo.
