Atacan normalistas Poder Judicial de Iguala en donde se filmaron videos de secuestro de 17 de Ayotzinapa

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero 

Iguala

 

Al término del mitin en esta ciudad, normalistas atacaron con bombas molotov, piedras y petardos las instalaciones del Poder Judicial, ubicado en la carretera federal, rumbo a Chilpancingo.

Posterior al mitin, los normalistas se trasladaron a las instalaciones del Poder Judicial en donde estrellaron los camiones en las dos puertas de acceso.

Los jóvenes encapuchados atacaron con piedras, petardos y bombas molotov el edificio y les prendieron fuego a los dos camiones.

Este ataque, dijeron los estudiantes, fue en repuesta a que la FGR canceló la orden de aprehensión contra la expresidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana, por ser presuntamente responsable de haber destruido los videos donde se graba cuando  grupo de hombres armados y policías bajan de un auotobús a 17 normalistas de Ayotzinapa y se los llevaron esa misma noche del 26 de septiembre.

El nombre de Galeana Marín aparece en el informe de la Comisión de la Verdad que dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en agosto de este año.

Después de casi una hora de estos hechos, en la carretera Iguala-Chilpancingo, en el puente Mezcala, se registró un accidente.

Un camión de carga embistió un autobús en el que viajaban las estudiantes de la normal de Amilcingo, Morelos.

En el percance, no hubo lesionados. Esto ocurrió alrededor de las 19:30 horas.

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Texto: Jesús Guerrero

 Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

Iguala

 

El sábado 4 de octubre del 2014, ocho días después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, un grupo de agentes de la Policía Ministerial, peritos forenses y agentes del Ministerio Público y el entonces procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, entraron a las faldas de un cerro del ejido de Pueblo Viejo.

El hoy ex funcionario del gobierno de Ángel Aguirre Rivero tiene orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 y vínculos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos al que actualmente se le conoce como La Bandera.

Alrededor de las cinco de la tarde de ese día, Iñaky Blanco, a bordo de una camioneta Suburban blanca blindada, bajó del camino sinuoso del cerro de esta zona.

El procurador se negó a responder las preguntas de los reporteros a quienes se les impidió ingresar a ese lugar en el que el funcionario encabezó la primera búsqueda de los normalistas desaparecidos.

El último informe que presentó la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa dio a conocer que en esa zona de Pueblo Viejo habrían sido asesinados y mutilados un grupo de estudiantes de la Normal.

A mediados de octubre del 2014, semanas después de los hechos de Iguala, Iñaky Blanco dio un informe del caso en donde reveló que lo que ya se había indagado del caso es de que uno de los detenidos de Guerreros Unidos confesó que 17 normalistas habían sido llevados a ese lugar de Pueblo Viejo para asesinarlos.

Días después, a Iñaky lo dejaron fuera de la investigación y las retomó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) desde donde, ahora se sabe, según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se maquinó la verdad histórica para ocultar el crimen de Estado.

En el informe que dio en el mes de agosto el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez se establece que «Juan» uno de los testigos protegidos y que se llama Gilberto López Astudillo, El Gil quien era líder del GU y que fue exonerado por un juez federal, aseguró que Iñaky Blanco recibía cien mil dólares mensuales de Guerreros Unidos.

El Gil, uno de los líderes de esta organización, menciona que también recibían sobornos el entonces secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez.

También tiene orden de captura por el caso Ayotzinapa, la ex presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín. Todos ellos eran funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Desde el 2013, Pueblo Viejo ha sido reconocido por las autoridades como un tiradero de cadáveres de personas desaparecidas que perpetraba el GU.

Durante el 2013 en las Lomas de Zapatero y Loma del Coyote, que forman parte de este ejido de Pueblo Viejo, fueron halladas decenas de fosas clandestinas con cadáveres que tiraban miembros de Guerreros Unidos.

También las autoridades estaban enteradas de que este grupo tenía vínculos con el entonces alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y los jefes de la policía municipal, así como con jefes militares del 27 Batallón de Infantería.

«Toda esta zona es un cementerio de los narcotraficantes”, define una de las vecinas de las últimas casas de la colonia Las Parotas, en Pueblo Viejo.

Recargada en la tranca de madera de su patio, la memoria de la mujer viaja en retrospectiva cuando ubica que el tiradero de cadáveres en este punto al poniente de Iguala empezó en el 2010.

En una de las calles de la colonia San Miguelito, aparecieron los cuerpos decapitados de dos jóvenes que tenían un mensaje en una cartulina: «esto les pasó por uñas».

La primera fosa clandestina descubierta en esta zona del antiguo ejido de Pueblo Viejo, data de abril de 2013.

En esa ocasión, once policías municipales y un comandante del municipio de Cuetzala fueron privados de su libertad por miembros de Guerreros Unidos. Hasta la fecha solamente hallaron tres agentes en una fosa clandestina en la colonia Granjales, el resto de las víctimas sigue sin aparecer.

Por todo lo que ocurrió aquella vez el entonces alcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, fue detenido por la PGR en abril del 2014 acusado de pertenecer a La Familia Michoacana, otro grupo del crimen organizado, y de ordenar secuestros en la región Norte de Guerrero, Estado de México y Michoacán.

Álvarez Mesino fue dejado en libertad porque no hallaron pruebas en su contra.

En abril y mayo de este mismo año del 2014, cuatro meses antes de la desaparición de los 43, fueron halladas seis fosas clandestinas con 19 cadáveres en avanzado estado de putrefacción en esa misma zona de Pueblo Viejo.

En abril del 2013, Ernesto Pineda Vega, vecino de esta misma zona, denunció que en esta demarcación una célula de Guerreros Unidos secuestraba, asesinaba y sepultaba aquí mismo a sus víctimas.

PIneda Vega quien fue detenido por la policía municipal de Iguala y que según él, fabricándole el secuestro de un ciudadano de nombre Adolfo Salgado Salgado, acusó a Abarca Velázquez de tener nexos con Guerreros Unidos.

Esta zona del ejido de Pueblo Viejo está integrada por una veintena de colonias irregulares que solo tienen el servicio de luz eléctrica.

La vecina de la colonia Las Parotas dice que por la noche o en la madrugada de casi todos los días se escucha el ruido de camionetas que suben hacia una vereda que lleva a uno de los cerros. «Hemos percibido olores fétidos, como que atrás de los vehículos llevan animales o personas fallecidas», dijo.

De su casa, a las faldas del cerro El Coyote, donde el 5 de octubre peritos de la PGR y de la FGE localizaron seis fosas con 28 cuerpos calcinados, hay más de dos kilómetros. Primero es una vereda donde no caben más de dos personas, pero a medida que se avanza sólo puede caminar una y a veces agachado haciendo a un lado la maleza.

«A las personas que las traen aquí en contra de su voluntad no tenían otra forma de caminar porque también sabían que iban derecho a su muerte», declaró en aquella ocasión uno de los agentes ministeriales que resguardó la zona durante el tiempo que duraron las excavaciones en octubre del 2014.

Los 28 cuerpos hallados en estas fosas estaban calcinados. «Los hicieron como en barbacoa», dijo uno de los enviados de la CNDH.

Según el informe pericial, los cuerpos de las víctimas fueron colocados abajo de ramas y troncos y les prendieron fuego. Pero todavía no se determina si los quemaron vivos.

En esa ocasión, la PGR estableció que ninguno de los 28 cuerpos localizados en estas fosas pertenecía a los normalistas desaparecidos.

Aunque ahora la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa informó que si existe la presunción de que en algún lugar del ejido de Pueblo Viejo fueron tirados los cadáveres de un grupo de los 43 normalistas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Otras historias de Pueblo Viejo

Delfino Zaragoza Ocampo, cuenta que su hermano Alberto y sus compañeros Miguel Ángel Antolino Navarrete y Raúl Vázquez Zamora, desaparecieron el 2 de junio del 2013, luego de salir de la central camionera de Iguala.

La denuncia de desaparición forzada de estas tres personas está en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG) y la FGE.

Para llegar a Pueblo Viejo se entra por el Periférico Norte, justo por donde el 26 de septiembre del 2014, en la noche, los normalistas sufrieron el segundo ataque a tiros por parte de un grupo civil, en donde murieron dos jóvenes y al día siguiente apareció desollado otro. De allí se llevaron a un grupo de normalistas.

Un taxista dice que esta zona del poniente de la ciudad, rumbo al municipio de Teloloapan, es una de las más peligrosas. Según él, quien entra y no conoce el lugar, por lo menos lo asaltan. «Aquí es tierra de nadie, porque mandan los delincuentes. Y nadie, ni siquiera el Ejército Mexicano les puede hacer algo», afirma.

El taxista dice : “Aquí en Iguala, los que mandan son los de la delincuencia, y no la autoridad”.

En la imagen, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos durante una búsqueda de sus hijos en el Ejido de Carrizalillo el pasado 23 de mayo del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Fototeca Amapola)

Intacto el imperio Abarca-Pineda en Iguala*

Texto: Margena de la O

Fotografía: Tomada de internet

 

En Iguala, la familia de empresarios Abarca Pineda es una de las económicamente más acomodadas. Sus negocios, de diferentes ramos, funcionan sin contratiempos aun con la crisis de violencia que se sabe existe en la ciudad.

La posición de la familia podría resultar intrascendente en un lugar donde la economía se basa en la venta de oro en grandes centros comerciales, si no fuera porque la pareja pilar de esa familia, José Luis Abarca Velázquez (ex alcalde de Iguala) y María de los Ángeles Pineda, enfrentan un proceso judicial por homicidio, secuestro y delincuencia organizada.

Ambos, señalados por la noche de Iguala ocurrida el 26 de septiembre de 2014, donde asesinaron a tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y desaparición a 43 más. También de operadores en primera fila del grupo criminal Guerreros Unidos en esa zona del estado. (La información más reciente es que Abarca fue absuelto por un juez por este caso).

En el contexto de la captura y detención de la pareja (5 de noviembre de 2014, delegación Iztapalapa), la Procuraduría General de la República (PGR) difundió que 65 propiedades de la familia eran investigadas por un probable involucramiento en el lavado de dinero del «narcotráfico».

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, asegura que en casos donde se determina lavado de dinero debería existir una revisión del origen de los bienes.

Galerías Tamarindos, ubicada sobre Periférico Oriente, frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, es la propiedad públicamente más conocida de José Luis Abarca Velázquez, sobre todo por las facilidades concedidas por sus amigos políticos. El ex perredista, Lázaro Mazón Alonso, apoyó el proyecto desde su segundo periodo de alcalde (2002-2005), pero como senador (2006-2012, aunque lo dejó en 2011) gestionó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la donación de una franja de tierra que cedieron con la condición de que sólo fueran «vías de acceso y áreas recreativas».

Otro político que ayudó a conseguir la donación de la Sedena, fue el priísta Rubén Figueroa Smutny, hijo y nieto de ex gobernadores del estado de Guerrero –familia acusada por las organizaciones sociales del estado de caciques–, en sus tiempos de diputado federal (2003-2006). Mazón Alonso, en la ceremonia de inicio de la obra, el 22 de enero de 2008, agradeció al menor de los políticos Figueroa por su colaboración, que consistió en buscarle una entrevista con los mandos de la Sedena. Todo esto quedó asentado en la prensa.

La PGR difundió que investigaba, entonces, las propiedades de la familia Abarca-Pineda. Entre los comerciantes de Galerías Tamarindos nunca se supo de algún cierre o del escrutinio de alguna medida judicial, por que funciona con cierta normalidad. Los negocios cierran a las 10 de la noche, y las actividades concluyen con la última función de cine; sólo la administración cierra a las 6:30 de la tarde.

Las medidas salieron de los arrendatarios: terminaron su relación de arrendamiento con la familia Abarca y cerraron su negocio. En plaza, se contaron el viernes 27 de marzo del 2015, 11 locales cerrados, en un espacio de 40 cortinas disponibles–aunque la plaza en general cuenta con 62 locales–; el negocio cerrado más reciente es mariscos Miguelitos. Cerraron otras líneas de comidas rápidas, como Subway y MacDonald’s, aunque éste último sólo por un par de meses, pero ya reabrió.

El 22 de octubre de 2014, Iguala fue la sede de la movilización nacional por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos, ocasión que un grupo de personas utilizó para saquear las tiendas de Galerías Tamarindos. Los arrendatarios, en medio del caos, llegaron, muchos con los nervios desbordados, a tratar de rescatar lo que pudieron.

La plaza comercial se construyó con una inversión aproximada de 300 millones de pesos (de éstos 80 millones requirió la mega Comercial Mexicana que ocupa la mitad de la fachada), información que circuló en los medios de comunicación. La plaza es administrada actualmente (en 2015) por la hermana del ex alcalde de Iguala, Roselia Abarca Velázquez, directora del Centro de Estudios Benemérito de las Américas, también negocio familiar.

Existe todo un protocolo en la administración de la Plaza para que ofrezcan información del arrendamiento de los locales: llenar una solicitud con todos los datos personales y empresa o giro; entregarla a la asistente, y después, la maestra Roselia Abarca se comunica para otorgar una cita.

–¿Quién es la administradora, perdón?

–La maestra Roselia, –responde la mujer joven a cargo de oficina en ese momento.

–¿Cuál es su apellido?

–Abarca, –dice en un tono bajito, y cambiando la dirección de la mirada.

En Iguala se sabe –es lo que comentaron algunas personas– que las farmacias Guadalajara también son de los Abarca Pineda, empresarios, servidores públicos y generadores, en parte, de la crisis actual del estado de Guerrero. Abarca Velázquez logró ser alcalde de Iguala por el respaldo de Lázaro Mazón Alonso, en principio, y después por el de Sebastián de la Rosa Peláez, líder local de Nueva Izquierda (NI), diputado federal con licencia, y actual candidato a diputado plurinominal en tercera posición.

Habitantes del municipio recuerdan a Abarca Velázquez justificando el ingreso de las dos farmacias, ubicadas en Morelos esquina con Aldama y Periférico Norte, como opción generadora de empleo para la ciudad. Ambas funcionan normalmente hasta las nueve de la noche. Pero la actividad por la que se le conocía mucho antes del caso Iguala, era la de orero (vendedor de piezas de oro), aunque su familia tiene toda una historia en el comercio.

Su familia vendía sombreros y vestidos de novia. Isidoro Velázquez Hernández, abuelo del ex alcalde, era comerciante de sombreros. Nicolás Abarca, su padre, también es comerciante, tiene una tienda de vestidos de novia.

Iguala tiene toda una tradición artesanal del oro, de familias que se dedicaron desde los años 50 a crear a mano cada uno de las piezas. Con los años, las casas de cambio de Guadalajara, Jalisco se convirtieron en los principales proveedores de los oreros de Iguala, y dejaron la orfebrería.

El Centro Joyero de Iguala, ubicado en el centro de la ciudad, Reforma esquina con Obregón, es uno de los cuatro centros comerciales de oro más grande de la ciudad, aún con varios de sus locales cerrados. También el empoderamiento de los Abarca Velázquez: Arte en joyería Aurium (locales 13, 14, 15, 28, 36, 96, 97 y 98, en los que se solía ver a la pareja Abarca-Pineda), Joyería Orovel’s (locales 3,4 y 34), y Stela (local 19).

La tarde del 27 de marzo del 2015, el local 36 de Arte en joyería Aurium, lo atendía una mujer mayor, cabello oscuro al hombro. Los que la conocen, dijeron que se trata de Esther Velázquez, la madre de José Luis Abarca Velázquez. Y debe de ser, porque la adolescente de cuerpo espigado, piel clara y cabello largo y rizado de las fotos de promoción del Centro de Estudios Benemérito de las Américas distribuida por Galerías Tamarindos, llega y la saluda con familiaridad.

En las publicaciones periodísticas inmediatas a la información proporcionada por la PGR de que investigaba 65 propiedades de la pareja de empresarios y políticos, se conoció que son propietarios de al menos 19 inmuebles en Iguala y otros cinco en Morelos.

En el contexto de la captura y detención de la pareja (5 de noviembre de 2014, delegación Iztapalapa), la Procuraduría General de la República (PGR) difundió que 65 propiedades de la familia eran investigadas por un probable involucramiento en el lavado de dinero del «narcotráfico».

En el número 8 de la calle Roble, entre Álamo y Laurel, en la colonia Jacarandas, hay una casa de una extensión un poco menor a la tercera parte de toda la vía; paredes altas, pintada a dos colores neutros distintos, portón eléctrico y una cámara en dirección a la puerta y el portón. «Allí vivía José Luis Abarca», dijo un joven sobre la casa grande, de fachada lujosa.

Es el mismo 27 de marzo del 2015 por la tarde y un muchacho moreno y esbelto abre la puerta y sale de la casa; tras él otro que le rebasa un poco en estatura y de piel un poco más clara. Los dos se suben a una motoneta estacionada afuera y se van por la calle Álamo. Después, se enciende la luz de una lámpara que se asoma a la calle.

Los vecinos de los Abarca Pineda no han visto que alguna corporación vigile la casa o realice alguna actividad parecida a una especie de aseguramiento, de no ser por la vez que gente de la PGR, lo supieron porque llevaban estampada las siglas en las ropas, estuvieron por allí cuando recién capturaron a la pareja. Más bien, dicen, parece todo normal en esa casa, y hasta reparaciones le hacen: hay dos montones de arena y grava en la banqueta.

Desde la noche que desaparecieron los normalistas han pasado seis meses, tiempo en que las madres y padres, casi a diario, libran una protesta con la consigna firme desde el principio: se los regresen vivos. En ese mismo tiempo, los Abarca Velázquez y Abarca Pineda, recobraron gran parte de su vida de antes.

 

*Este texto se publicó en el Semanario Trinchera en 2015, en los siguientes años hasta este 2022, la plaza comercial Galerías Tamarindos y otros negocios de los Abarca Pineda continuaron igual.

Se preveía absolución de Abarca, dice Vidulfo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace casi ocho años, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que se preveía la absolución del ex alcalde perredista, José Luis Abarca Velázquez, porque las pruebas que presentó la entonces PGR por el delito de secuestro eran débiles de manera premeditada.

«Fueron pruebas sustentadas en ilícitos que le hicieron al ex alcalde», dijo Rosales Sierra.

Dijo que esta investigación a Abarca que hizo el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto fue parte de la «verdad histórica» que maquinó el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está en prisión.

«Era obvio que el derrotero y la conclusión de esa investigación iba a derivar en una sentencia absolutoria porque hay una debilidad probatoria, porque esa investigación tiene datos de prueba que fueron extraídos de forma ilícita”, explicó el abogado.

El abogado mencionó que el ex alcalde de Iguala preso en el penal del Altiplano enfrenta otras causas penales una de ellas tiene que ver con la desaparición forzada de los normalistas.

Según Rosales Sierra, la nueva investigación que realiza la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa cuanta con datos de prueba contra Abarca que permiten establecer su responsabilidad en la desaparición de los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014.

Aseguró que el ex edil perredista de Iguala ya enfrenta órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en estos hechos y que existen pruebas de que él dio órdenes esa noche (el 26 de septiembre).

«Para nosotros es claro que él tiene responsabilidad», externó Rosales Sierra.

Este martes, el juez federal de Tamaulipas, Samuel Ventura, absolvió del delito de secuestro en agravio de los normalistas de Ayotzinapa a Abarca Velázquez sin embargo sigue en prisión porque enfrenta otros procesos penales, uno de ellos por el del homicidio calificado en agravio del dirigente social Arturo Hernández Cardona, en mayo del 2013, un año y meses antes de los sucesos de Ayotzinapa.

 

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Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial y Tlachinollan 

14 de septiembre del 2022

Iguala

 

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, incendiaron la entrada principal del 27 Batallón de Infantería, ubicado en la ciudad de Iguala, después de un acto político donde estuvieron madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

En el mitin, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al gobierno federal investigar al Ejército por sus implicaciones en la desaparición de sus hijos y dijeron que ni el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa ni la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam detendrá la exigencia de aparición con vida de los estudiantes desaparecidos en Iguala.

“piensan que con la detención de Murillo Karam estaremos ya en nuestras casas pero no, hasta no tener una justicia verdadera no nos vamos a detener”, dijo Joaquina García, madre del normalista desaparecido Martín Getzemany Sánchez García.

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa durante la protesta de hoy afuera del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala, Guerrero. Fotografía: Tlachinollan

Después del breve acto político afuera del 27 Batallón de Infantería, los estudiantes de Ayotzinapa comenzaron a lanzar piedras y petardos al interior del Batallón, posteriormente colocaron varios colchones rociados de gasolina en la fachada principal, a los que le prendieron fuego.

El acceso principal al Batallón estaba cercado con vallas y alambre de púas, además del paso vehicular bloqueado por una coladera sin tapa.

Los obstáculos no fueron impedimento para los normalistas, quienes lograron derribar el cerco y estamparon un camión repartidor de embutidos con el que lograron abrir la puerta principal del Batallón, posteriormente, el camión fue incendiado y permaneció en llamas un par de minutos.

El asesor legal de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que de acuerdo con el reciente informe presentado por la Comisión de la Verdad el Ejército fue un de los que participó en la desaparición de los jóvenes normalistas.

“En el informe señalaron a un coronel de este 27 Batallón de ordenar el asesinato de tres estudiantes, además de que otros 25 fueron ingresados a estas instalaciones antes de desaparecer”, mencionó Rosales Sierra.

Después de incendiar la entrada y la fachada principal, los normalistas se retiraron del lugar.

Esta serie de movilizaciones que madres y padres de los 43 realizan, junto con estudiantes normalistas de todo el país y organizaciones sociales, son en el marco del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en la ciudad de Iguala, el 26 de septiembre del 2014, por integrantes del Ejército, policía federal y policías municipales que operaron coludidos con Guerreros Unidos, el grupo criminal que opera en la región en colusión con grupos económicos y políticos.

Clemente Rodríguez, padre Christian Alfonso Rodríguez Telumbre uno de los 43 normalistas desaparecidos, lanza piedras a la entrada principal del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Fotografía: Especial
Normalistas de Ayotzinapa en la entrada principal del 27 Batallón de Infantería en Iguala durante un protesta para exigir la aparición con vida de sus 43 compañeros desaparecidos. Fotografía: Especial

A sólo dos días de informe de 100 días de la gobernadora ocurren hechos de violencia

“100 días, una historia de transformación”, llevará como título el evento oficial del gobierno de Guerrero, mientras en las calles de las ciudades más importantes la ola de violencia crece. 


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

25 de enero del 2022

Chilpancingo

 

A dos días del informe de 100 días de gobierno que dará la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ocurrieron hechos de violencia en Chilpancingo e Iguala: dos hombres fueron asesinados y dos mujeres heridas de bala.

En Iguala a plena luz del día, un grupo de hombres armados asesinaron a tiros a un hombre e hirieron a dos mujeres tras perseguirlos por las calles de esa ciudad.

Autoridades locales informaron que alrededor de las 13:45 horas de este martes, la policía recibió el reporte de una balacera que se registraba en las calles Santos Degollado e Eutimio Pinzón, en la colonia Unidos por Guerrero.

Fuerzas de seguridad estatales y federales acudieron al lugar y hallaron mal estacionado un automóvil Volkswaven, tipo Jetta y en el interior de este estaba un hombre que ya había fallecido y dos mujeres heridas.

Las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital para que les dieran atención médica.

Testigos señalan que el hombre y las dos mujeres que viajaban en el automóvil Jetta color gris eran perseguidos al parecer por hombres que viajaban en un vehículo. Después de darles alcance les dispararon.

El hombre que iba manejando el Jetta y que murió recibió varios tiros en el costado izquierdo de su cuerpo.

En Chilpancingo un hombre que estaba en una tienda fue asesinado a balazos en la colonia Progreso.

Se habla de que la víctima era perseguida por varios hombres por varias calles de esa colonia y al darle alcance le dispararon dejándolo herido y minutos después falleció.

Presume gobernadora staff para informe

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda presumió en sus redes sociales a un grupo de trabajadores de la Dirección de Comunicación Social y de Radio y Televisión de Guerrero que se encargarán de la transmisión de su informe de 100 días de estar al frente del gobierno.

Evelyn y su staff estaban en la sala de la República de la residencia oficial de Casa Guerrero.

«100 días, una historia de transformación», llevará como título el evento oficial que se transmitirá este jueves 27 a las diez de la mañana en la señal de RTG y las redes sociales de periódicos digitales.

 

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