Intacto el imperio Abarca-Pineda en Iguala*

Texto: Margena de la O

Fotografía: Tomada de internet

 

En Iguala, la familia de empresarios Abarca Pineda es una de las económicamente más acomodadas. Sus negocios, de diferentes ramos, funcionan sin contratiempos aun con la crisis de violencia que se sabe existe en la ciudad.

La posición de la familia podría resultar intrascendente en un lugar donde la economía se basa en la venta de oro en grandes centros comerciales, si no fuera porque la pareja pilar de esa familia, José Luis Abarca Velázquez (ex alcalde de Iguala) y María de los Ángeles Pineda, enfrentan un proceso judicial por homicidio, secuestro y delincuencia organizada.

Ambos, señalados por la noche de Iguala ocurrida el 26 de septiembre de 2014, donde asesinaron a tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y desaparición a 43 más. También de operadores en primera fila del grupo criminal Guerreros Unidos en esa zona del estado. (La información más reciente es que Abarca fue absuelto por un juez por este caso).

En el contexto de la captura y detención de la pareja (5 de noviembre de 2014, delegación Iztapalapa), la Procuraduría General de la República (PGR) difundió que 65 propiedades de la familia eran investigadas por un probable involucramiento en el lavado de dinero del «narcotráfico».

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, asegura que en casos donde se determina lavado de dinero debería existir una revisión del origen de los bienes.

Galerías Tamarindos, ubicada sobre Periférico Oriente, frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, es la propiedad públicamente más conocida de José Luis Abarca Velázquez, sobre todo por las facilidades concedidas por sus amigos políticos. El ex perredista, Lázaro Mazón Alonso, apoyó el proyecto desde su segundo periodo de alcalde (2002-2005), pero como senador (2006-2012, aunque lo dejó en 2011) gestionó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la donación de una franja de tierra que cedieron con la condición de que sólo fueran «vías de acceso y áreas recreativas».

Otro político que ayudó a conseguir la donación de la Sedena, fue el priísta Rubén Figueroa Smutny, hijo y nieto de ex gobernadores del estado de Guerrero –familia acusada por las organizaciones sociales del estado de caciques–, en sus tiempos de diputado federal (2003-2006). Mazón Alonso, en la ceremonia de inicio de la obra, el 22 de enero de 2008, agradeció al menor de los políticos Figueroa por su colaboración, que consistió en buscarle una entrevista con los mandos de la Sedena. Todo esto quedó asentado en la prensa.

La PGR difundió que investigaba, entonces, las propiedades de la familia Abarca-Pineda. Entre los comerciantes de Galerías Tamarindos nunca se supo de algún cierre o del escrutinio de alguna medida judicial, por que funciona con cierta normalidad. Los negocios cierran a las 10 de la noche, y las actividades concluyen con la última función de cine; sólo la administración cierra a las 6:30 de la tarde.

Las medidas salieron de los arrendatarios: terminaron su relación de arrendamiento con la familia Abarca y cerraron su negocio. En plaza, se contaron el viernes 27 de marzo del 2015, 11 locales cerrados, en un espacio de 40 cortinas disponibles–aunque la plaza en general cuenta con 62 locales–; el negocio cerrado más reciente es mariscos Miguelitos. Cerraron otras líneas de comidas rápidas, como Subway y MacDonald’s, aunque éste último sólo por un par de meses, pero ya reabrió.

El 22 de octubre de 2014, Iguala fue la sede de la movilización nacional por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos, ocasión que un grupo de personas utilizó para saquear las tiendas de Galerías Tamarindos. Los arrendatarios, en medio del caos, llegaron, muchos con los nervios desbordados, a tratar de rescatar lo que pudieron.

La plaza comercial se construyó con una inversión aproximada de 300 millones de pesos (de éstos 80 millones requirió la mega Comercial Mexicana que ocupa la mitad de la fachada), información que circuló en los medios de comunicación. La plaza es administrada actualmente (en 2015) por la hermana del ex alcalde de Iguala, Roselia Abarca Velázquez, directora del Centro de Estudios Benemérito de las Américas, también negocio familiar.

Existe todo un protocolo en la administración de la Plaza para que ofrezcan información del arrendamiento de los locales: llenar una solicitud con todos los datos personales y empresa o giro; entregarla a la asistente, y después, la maestra Roselia Abarca se comunica para otorgar una cita.

–¿Quién es la administradora, perdón?

–La maestra Roselia, –responde la mujer joven a cargo de oficina en ese momento.

–¿Cuál es su apellido?

–Abarca, –dice en un tono bajito, y cambiando la dirección de la mirada.

En Iguala se sabe –es lo que comentaron algunas personas– que las farmacias Guadalajara también son de los Abarca Pineda, empresarios, servidores públicos y generadores, en parte, de la crisis actual del estado de Guerrero. Abarca Velázquez logró ser alcalde de Iguala por el respaldo de Lázaro Mazón Alonso, en principio, y después por el de Sebastián de la Rosa Peláez, líder local de Nueva Izquierda (NI), diputado federal con licencia, y actual candidato a diputado plurinominal en tercera posición.

Habitantes del municipio recuerdan a Abarca Velázquez justificando el ingreso de las dos farmacias, ubicadas en Morelos esquina con Aldama y Periférico Norte, como opción generadora de empleo para la ciudad. Ambas funcionan normalmente hasta las nueve de la noche. Pero la actividad por la que se le conocía mucho antes del caso Iguala, era la de orero (vendedor de piezas de oro), aunque su familia tiene toda una historia en el comercio.

Su familia vendía sombreros y vestidos de novia. Isidoro Velázquez Hernández, abuelo del ex alcalde, era comerciante de sombreros. Nicolás Abarca, su padre, también es comerciante, tiene una tienda de vestidos de novia.

Iguala tiene toda una tradición artesanal del oro, de familias que se dedicaron desde los años 50 a crear a mano cada uno de las piezas. Con los años, las casas de cambio de Guadalajara, Jalisco se convirtieron en los principales proveedores de los oreros de Iguala, y dejaron la orfebrería.

El Centro Joyero de Iguala, ubicado en el centro de la ciudad, Reforma esquina con Obregón, es uno de los cuatro centros comerciales de oro más grande de la ciudad, aún con varios de sus locales cerrados. También el empoderamiento de los Abarca Velázquez: Arte en joyería Aurium (locales 13, 14, 15, 28, 36, 96, 97 y 98, en los que se solía ver a la pareja Abarca-Pineda), Joyería Orovel’s (locales 3,4 y 34), y Stela (local 19).

La tarde del 27 de marzo del 2015, el local 36 de Arte en joyería Aurium, lo atendía una mujer mayor, cabello oscuro al hombro. Los que la conocen, dijeron que se trata de Esther Velázquez, la madre de José Luis Abarca Velázquez. Y debe de ser, porque la adolescente de cuerpo espigado, piel clara y cabello largo y rizado de las fotos de promoción del Centro de Estudios Benemérito de las Américas distribuida por Galerías Tamarindos, llega y la saluda con familiaridad.

En las publicaciones periodísticas inmediatas a la información proporcionada por la PGR de que investigaba 65 propiedades de la pareja de empresarios y políticos, se conoció que son propietarios de al menos 19 inmuebles en Iguala y otros cinco en Morelos.

En el contexto de la captura y detención de la pareja (5 de noviembre de 2014, delegación Iztapalapa), la Procuraduría General de la República (PGR) difundió que 65 propiedades de la familia eran investigadas por un probable involucramiento en el lavado de dinero del «narcotráfico».

En el número 8 de la calle Roble, entre Álamo y Laurel, en la colonia Jacarandas, hay una casa de una extensión un poco menor a la tercera parte de toda la vía; paredes altas, pintada a dos colores neutros distintos, portón eléctrico y una cámara en dirección a la puerta y el portón. «Allí vivía José Luis Abarca», dijo un joven sobre la casa grande, de fachada lujosa.

Es el mismo 27 de marzo del 2015 por la tarde y un muchacho moreno y esbelto abre la puerta y sale de la casa; tras él otro que le rebasa un poco en estatura y de piel un poco más clara. Los dos se suben a una motoneta estacionada afuera y se van por la calle Álamo. Después, se enciende la luz de una lámpara que se asoma a la calle.

Los vecinos de los Abarca Pineda no han visto que alguna corporación vigile la casa o realice alguna actividad parecida a una especie de aseguramiento, de no ser por la vez que gente de la PGR, lo supieron porque llevaban estampada las siglas en las ropas, estuvieron por allí cuando recién capturaron a la pareja. Más bien, dicen, parece todo normal en esa casa, y hasta reparaciones le hacen: hay dos montones de arena y grava en la banqueta.

Desde la noche que desaparecieron los normalistas han pasado seis meses, tiempo en que las madres y padres, casi a diario, libran una protesta con la consigna firme desde el principio: se los regresen vivos. En ese mismo tiempo, los Abarca Velázquez y Abarca Pineda, recobraron gran parte de su vida de antes.

 

*Este texto se publicó en el Semanario Trinchera en 2015, en los siguientes años hasta este 2022, la plaza comercial Galerías Tamarindos y otros negocios de los Abarca Pineda continuaron igual.

Se preveía absolución de Abarca, dice Vidulfo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace casi ocho años, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que se preveía la absolución del ex alcalde perredista, José Luis Abarca Velázquez, porque las pruebas que presentó la entonces PGR por el delito de secuestro eran débiles de manera premeditada.

«Fueron pruebas sustentadas en ilícitos que le hicieron al ex alcalde», dijo Rosales Sierra.

Dijo que esta investigación a Abarca que hizo el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto fue parte de la «verdad histórica» que maquinó el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está en prisión.

«Era obvio que el derrotero y la conclusión de esa investigación iba a derivar en una sentencia absolutoria porque hay una debilidad probatoria, porque esa investigación tiene datos de prueba que fueron extraídos de forma ilícita”, explicó el abogado.

El abogado mencionó que el ex alcalde de Iguala preso en el penal del Altiplano enfrenta otras causas penales una de ellas tiene que ver con la desaparición forzada de los normalistas.

Según Rosales Sierra, la nueva investigación que realiza la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa cuanta con datos de prueba contra Abarca que permiten establecer su responsabilidad en la desaparición de los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014.

Aseguró que el ex edil perredista de Iguala ya enfrenta órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en estos hechos y que existen pruebas de que él dio órdenes esa noche (el 26 de septiembre).

«Para nosotros es claro que él tiene responsabilidad», externó Rosales Sierra.

Este martes, el juez federal de Tamaulipas, Samuel Ventura, absolvió del delito de secuestro en agravio de los normalistas de Ayotzinapa a Abarca Velázquez sin embargo sigue en prisión porque enfrenta otros procesos penales, uno de ellos por el del homicidio calificado en agravio del dirigente social Arturo Hernández Cardona, en mayo del 2013, un año y meses antes de los sucesos de Ayotzinapa.

 

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