Justicia a cuentagotas: A 10 años de la ejecución extrajudicial de Arturo Hernández Cardona

Aunque José Luis Abarca fue absuelto por la desaparición delos 43, sobre él pesan otros crímenes que están en riesgo de permanecer en la impunidad. Uno de ellos es el asesinato del asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros activistas de Guerrero


Texto: Lydiette Carrión / Pie de Página 

Fotografía: Retomada de la página de Facebook del Colectivo contra la tortura y la impunidad 

Ciudad de México

1 de mayo del 2023

 

“Yo creo que mi papá tardó en darse cuenta de lo que era Abarca”, comenta, como pensando en voz alta, Soledad Hernández Mena, hija de Arturo Hernández Cardona. Hace 10 años (a finales de mayo de 2013), Arturo y siete colaboradores suyos fueron víctimas de desaparición forzada y tortura por mandato del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. A Arturo y tres más, Abarca además los asesinó. Cuatro de ellos lograron escapar.

La entrevista es en la CDHCDMX, después del acto conmemorativo. Dirigentes de Guerrero, familiares de algunos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa –el crimen cometido en contra de ellos está también ligado al crimen contra Hernández Cardona y sus compañeros–, familiares de Julio César Mondragón, estudiante torturado y asesinado también en Iguala, líderes sindicales de las minas en Taxco, todos se reúnen para recordar el trabajo social que realizó Hernández Cardona.

Tras el evento, Soledad narra en retrospectiva lo que ocurrió aquel año de 2013. Ella advierte que las amenazas y el peligro que corrieron su padre y colaboradores fue tras una discusión en el cabildo, cuando Hernández Cardona confrontó que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca y mano derecha de éste, estaba vinculada con el crimen organizado; en particular cuando señaló los vínculos que la familia de Pineda Villa tenía con el cartel de los Beltrán Leyva.


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Ese fue el detonante, reflexiona Soledad, como para sí. De hecho, narra, pocos días después de que Hernández Cardona y su gente denunciaran penalmente a la dupla Abarca–Pienda Villa por vínculos criminales, que esta célula los desapareció y asesino.

–Pero los vínculos de Pineda Villa eran algo que ya se sabía allá– se le cuestiona.

–No mucho–, aclara. Aunque –sí había salido algo en la revista Proceso. Pero ellos (los Abarca), cada vez que salía algo en la prensa, compraban todo el material (en los kioskos). Y nada llegaba a Iguala.

Agrega además que la prensa local sacaba poco o nada; la prensa policiaca en parte por estar en la nómina de las autoridades; otros más, por miedo. Los últimos, porque el gobierno estatal, que en ese entonces estaba dirigido por Ángel Aguirre, protegía a Abarca.

Y como para sí también explica que al interior del entonces Partido de la Revolución Democrática, aunque varios sabían de estas actividades criminales, esos vínculos, aquellos que sabían hicieron de la vista gorda.

Hace unos días, el juez federal Samuel Ventura Ramos desestimó los delitos de ejecución extrajudicial, tortura y desaparición forzada, que Abarca, cometió en contra de Arturo Hernández Cardona y otros miembros de la Unidad Popular. Hoy se cumplen 10 años de que Abarca cometiera estos crímenes.

“La verdad sí deja un sabor amargo”, explica Soledad. Aunque le dan 92 años por secuestro, la justicia federal no reconoce ni el delito de desaparición forzada –aunque Abarca era servidor público cuando cometió los crímenes–, ni la tortura cometida ni la ejecución extrajudicial.

Además, añade, “esta sentencia no está firme”, acusa; la defensa todavía puede impugnar la sentencia, y lo va a hacer. Hernández Mena teme que posteriormente se reduzca aún más la sentencia.

La joven tuvo que abandonar Iguala pocos años después de la desaparición forzada de su papá. Aunque había intentado mantenerse en el lugar para presionar y exigir que se hiciera justicia (desde el inicio hubo testigos que declararon cómo vieron que Abarca mató personalmente a Hernández Cardona), nadie les hizo caso.

Las primeras amenazas llegaron pocos días después de que su padre fue hallado torturado y muerto. La familia y varias organizaciones “tomaron” el palacio municipal de Iguala como forma de protesta. Pero las amenazas anónimas de muerte no tardaron. A sus teléfonos llegaban mensajes que amenazaban con muerte si no dejaban el Palacio y se retiraban.

Las amenazas continuaron hasta dos o tres años después, por lo que familia decidió mejor dejar la región. Sumado a las amenazas, no había una sola autoridad que hiciera caso, a las acusaciones directas contra Abarca.

Por ejemplo, familiares y amigos pidieron al congreso de Guerrero que retirara el fuero a Abarca para que fuera procesado. Pero el Congreso no lo hizo. En cambio Ángel Aguirre sí hizo declaraciones públicas en apoyo al cabildo de Iguala, a pesar de que ya había una denuncia ante el ministerio público, por amenazas de muerte, por vínculos con el crimen organizado. Activistas, también pidieron que la entonces Procuraduría General de la República atrajera el caso, pero tampoco lo hizo. Sólo hasta que aconteció la desaparición forzada de los 43 estudiantes y la ejecución extrajudicial de otras seis personas (más de un año después del caso Hernández Cardona), las autoridades federales aceptaron atraer el caso.

“Ahora dicen que en realidad no existía Guerrero Unidos”, exclama Soledad. En algunos círculos políticos, pareciera que se reescribió la historia para proteger a grupos políticos que continúan activos, en cargos públicos, tanto en Guerrero, como a nivel nacional.

Y lo sabe porque su padre de hecho fue dirigente político nacional y ni eso lo protegió frente al grupo criminal que decidió acabar con su vida, y que posteriormente, como se narró anteriormente, este crimen quedara a todas luces impune. Sólo hasta que el caso de los 43 fue un escándalo internacional –y como se ha narrado en otros trabajos, los casos están indisolublemente ligados–.

Foto: Comité contra la Tortura y la Impunidad

 

Este texto fue publicado originalmente en Pie de Página y lo reproducimos como parte la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.

Sí hay responsabilidad de ex alcalde Iguala en la desaparición de los 43, revira madre de estudiante desaparecido

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Después de la absolución de José Luis Abarca Velázquez del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los jóvenes desaparecidos, aseguró que el ex alcalde sí es culpable y reprobó la determinación del juez.

Ascencio Bautista señaló a la ex Procuraduría General de la República (PGR) y a su ex titular, Jesús Murillo Karam, de construir un expediente poco sólido, situación que generó que Abarca Velázquez fuera absuelto por los hechos ocurridos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala.

La falta de un buen expediente, expuso, también generó que otros tantos implicados obtuvieron su libertad.

“Decimos como madres y padres ¿cómo no va a ser responsable? Claro que es responsable de la desaparición forzada de nuestros hijos, porque en ese momento estaba como presidente (municipal), así como ya hemos dicho como madres y padres todas las instituciones tenían conocimiento de que estaban atacando a nuestros hijos, desde el presidente de la República de ese tiempo, pasando por el ex gobernado Ángel Aguirre y José Luis Abarca, todos son responsables”, dijo Ascencio Bautista en entrevista al termino del aniversario número 41 de Radio Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), realizado en rectoría.

Con esta absolución emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, Abarca Velázquez fue considerado inocente en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,

Tal como la documentó el día de ayer Amapola, periodismo transgresor, el Tribunal absolvió al ex alcalde de Iguala después de considerar que el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes que acreditaran que participó y tuvo responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes.

Abarca Velázquez ya fue sentenciado a 92 años de prisión por el secuestro de los activistas Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

La madre de Benjamín aclaró que el abogado de ellos aún no tienen la notificación de la absolución del ex alcalde de Iguala.

Lo que preocupa a las madres y padres de los 43 desaparecidos, dijo, es que por el deficiente proceso más personas implicadas en el caso puedan salir de prisión.

“Como madres y padres nos preocupa que ya va a terminar su mandato (de Andrés Manuel López Obrador) y él se comprometió, cuando lo fuimos a verlo a Iguala, durante su campaña, a que va a esclarecer los hechos antes de que termine su mandato y nosotros no queremos llegar a otro año más sin resultados, no podemos dejar en el olvido el caso”, mencionó.

También reprochó que aún no da resultados el actual fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, nombrado por el presidente López Obrador, en sustitución de Omar Gómez Trejo.

“Como madres y padres si vemos obstáculos en la Marina, en el Ejército, el Batallón 27 de Iguala, todos ellos no quieren entregar los expedientes a los expertos y expertas y nuestra exigencia es que entreguen todos los archivos para llegar a la verdad”.

Otra exigencia que hacen las madres y padres es la reactivación de 18 órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso, “como fiscal especial es fácil, pero no lo quieren hacer”.

 

Intacto el imperio Abarca-Pineda en Iguala*

Texto: Margena de la O

Fotografía: Tomada de internet

 

En Iguala, la familia de empresarios Abarca Pineda es una de las económicamente más acomodadas. Sus negocios, de diferentes ramos, funcionan sin contratiempos aun con la crisis de violencia que se sabe existe en la ciudad.

La posición de la familia podría resultar intrascendente en un lugar donde la economía se basa en la venta de oro en grandes centros comerciales, si no fuera porque la pareja pilar de esa familia, José Luis Abarca Velázquez (ex alcalde de Iguala) y María de los Ángeles Pineda, enfrentan un proceso judicial por homicidio, secuestro y delincuencia organizada.

Ambos, señalados por la noche de Iguala ocurrida el 26 de septiembre de 2014, donde asesinaron a tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y desaparición a 43 más. También de operadores en primera fila del grupo criminal Guerreros Unidos en esa zona del estado. (La información más reciente es que Abarca fue absuelto por un juez por este caso).

En el contexto de la captura y detención de la pareja (5 de noviembre de 2014, delegación Iztapalapa), la Procuraduría General de la República (PGR) difundió que 65 propiedades de la familia eran investigadas por un probable involucramiento en el lavado de dinero del «narcotráfico».

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, asegura que en casos donde se determina lavado de dinero debería existir una revisión del origen de los bienes.

Galerías Tamarindos, ubicada sobre Periférico Oriente, frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, es la propiedad públicamente más conocida de José Luis Abarca Velázquez, sobre todo por las facilidades concedidas por sus amigos políticos. El ex perredista, Lázaro Mazón Alonso, apoyó el proyecto desde su segundo periodo de alcalde (2002-2005), pero como senador (2006-2012, aunque lo dejó en 2011) gestionó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la donación de una franja de tierra que cedieron con la condición de que sólo fueran «vías de acceso y áreas recreativas».

Otro político que ayudó a conseguir la donación de la Sedena, fue el priísta Rubén Figueroa Smutny, hijo y nieto de ex gobernadores del estado de Guerrero –familia acusada por las organizaciones sociales del estado de caciques–, en sus tiempos de diputado federal (2003-2006). Mazón Alonso, en la ceremonia de inicio de la obra, el 22 de enero de 2008, agradeció al menor de los políticos Figueroa por su colaboración, que consistió en buscarle una entrevista con los mandos de la Sedena. Todo esto quedó asentado en la prensa.

La PGR difundió que investigaba, entonces, las propiedades de la familia Abarca-Pineda. Entre los comerciantes de Galerías Tamarindos nunca se supo de algún cierre o del escrutinio de alguna medida judicial, por que funciona con cierta normalidad. Los negocios cierran a las 10 de la noche, y las actividades concluyen con la última función de cine; sólo la administración cierra a las 6:30 de la tarde.

Las medidas salieron de los arrendatarios: terminaron su relación de arrendamiento con la familia Abarca y cerraron su negocio. En plaza, se contaron el viernes 27 de marzo del 2015, 11 locales cerrados, en un espacio de 40 cortinas disponibles–aunque la plaza en general cuenta con 62 locales–; el negocio cerrado más reciente es mariscos Miguelitos. Cerraron otras líneas de comidas rápidas, como Subway y MacDonald’s, aunque éste último sólo por un par de meses, pero ya reabrió.

El 22 de octubre de 2014, Iguala fue la sede de la movilización nacional por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos, ocasión que un grupo de personas utilizó para saquear las tiendas de Galerías Tamarindos. Los arrendatarios, en medio del caos, llegaron, muchos con los nervios desbordados, a tratar de rescatar lo que pudieron.

La plaza comercial se construyó con una inversión aproximada de 300 millones de pesos (de éstos 80 millones requirió la mega Comercial Mexicana que ocupa la mitad de la fachada), información que circuló en los medios de comunicación. La plaza es administrada actualmente (en 2015) por la hermana del ex alcalde de Iguala, Roselia Abarca Velázquez, directora del Centro de Estudios Benemérito de las Américas, también negocio familiar.

Existe todo un protocolo en la administración de la Plaza para que ofrezcan información del arrendamiento de los locales: llenar una solicitud con todos los datos personales y empresa o giro; entregarla a la asistente, y después, la maestra Roselia Abarca se comunica para otorgar una cita.

–¿Quién es la administradora, perdón?

–La maestra Roselia, –responde la mujer joven a cargo de oficina en ese momento.

–¿Cuál es su apellido?

–Abarca, –dice en un tono bajito, y cambiando la dirección de la mirada.

En Iguala se sabe –es lo que comentaron algunas personas– que las farmacias Guadalajara también son de los Abarca Pineda, empresarios, servidores públicos y generadores, en parte, de la crisis actual del estado de Guerrero. Abarca Velázquez logró ser alcalde de Iguala por el respaldo de Lázaro Mazón Alonso, en principio, y después por el de Sebastián de la Rosa Peláez, líder local de Nueva Izquierda (NI), diputado federal con licencia, y actual candidato a diputado plurinominal en tercera posición.

Habitantes del municipio recuerdan a Abarca Velázquez justificando el ingreso de las dos farmacias, ubicadas en Morelos esquina con Aldama y Periférico Norte, como opción generadora de empleo para la ciudad. Ambas funcionan normalmente hasta las nueve de la noche. Pero la actividad por la que se le conocía mucho antes del caso Iguala, era la de orero (vendedor de piezas de oro), aunque su familia tiene toda una historia en el comercio.

Su familia vendía sombreros y vestidos de novia. Isidoro Velázquez Hernández, abuelo del ex alcalde, era comerciante de sombreros. Nicolás Abarca, su padre, también es comerciante, tiene una tienda de vestidos de novia.

Iguala tiene toda una tradición artesanal del oro, de familias que se dedicaron desde los años 50 a crear a mano cada uno de las piezas. Con los años, las casas de cambio de Guadalajara, Jalisco se convirtieron en los principales proveedores de los oreros de Iguala, y dejaron la orfebrería.

El Centro Joyero de Iguala, ubicado en el centro de la ciudad, Reforma esquina con Obregón, es uno de los cuatro centros comerciales de oro más grande de la ciudad, aún con varios de sus locales cerrados. También el empoderamiento de los Abarca Velázquez: Arte en joyería Aurium (locales 13, 14, 15, 28, 36, 96, 97 y 98, en los que se solía ver a la pareja Abarca-Pineda), Joyería Orovel’s (locales 3,4 y 34), y Stela (local 19).

La tarde del 27 de marzo del 2015, el local 36 de Arte en joyería Aurium, lo atendía una mujer mayor, cabello oscuro al hombro. Los que la conocen, dijeron que se trata de Esther Velázquez, la madre de José Luis Abarca Velázquez. Y debe de ser, porque la adolescente de cuerpo espigado, piel clara y cabello largo y rizado de las fotos de promoción del Centro de Estudios Benemérito de las Américas distribuida por Galerías Tamarindos, llega y la saluda con familiaridad.

En las publicaciones periodísticas inmediatas a la información proporcionada por la PGR de que investigaba 65 propiedades de la pareja de empresarios y políticos, se conoció que son propietarios de al menos 19 inmuebles en Iguala y otros cinco en Morelos.

En el contexto de la captura y detención de la pareja (5 de noviembre de 2014, delegación Iztapalapa), la Procuraduría General de la República (PGR) difundió que 65 propiedades de la familia eran investigadas por un probable involucramiento en el lavado de dinero del «narcotráfico».

En el número 8 de la calle Roble, entre Álamo y Laurel, en la colonia Jacarandas, hay una casa de una extensión un poco menor a la tercera parte de toda la vía; paredes altas, pintada a dos colores neutros distintos, portón eléctrico y una cámara en dirección a la puerta y el portón. «Allí vivía José Luis Abarca», dijo un joven sobre la casa grande, de fachada lujosa.

Es el mismo 27 de marzo del 2015 por la tarde y un muchacho moreno y esbelto abre la puerta y sale de la casa; tras él otro que le rebasa un poco en estatura y de piel un poco más clara. Los dos se suben a una motoneta estacionada afuera y se van por la calle Álamo. Después, se enciende la luz de una lámpara que se asoma a la calle.

Los vecinos de los Abarca Pineda no han visto que alguna corporación vigile la casa o realice alguna actividad parecida a una especie de aseguramiento, de no ser por la vez que gente de la PGR, lo supieron porque llevaban estampada las siglas en las ropas, estuvieron por allí cuando recién capturaron a la pareja. Más bien, dicen, parece todo normal en esa casa, y hasta reparaciones le hacen: hay dos montones de arena y grava en la banqueta.

Desde la noche que desaparecieron los normalistas han pasado seis meses, tiempo en que las madres y padres, casi a diario, libran una protesta con la consigna firme desde el principio: se los regresen vivos. En ese mismo tiempo, los Abarca Velázquez y Abarca Pineda, recobraron gran parte de su vida de antes.

 

*Este texto se publicó en el Semanario Trinchera en 2015, en los siguientes años hasta este 2022, la plaza comercial Galerías Tamarindos y otros negocios de los Abarca Pineda continuaron igual.

Se preveía absolución de Abarca, dice Vidulfo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace casi ocho años, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que se preveía la absolución del ex alcalde perredista, José Luis Abarca Velázquez, porque las pruebas que presentó la entonces PGR por el delito de secuestro eran débiles de manera premeditada.

«Fueron pruebas sustentadas en ilícitos que le hicieron al ex alcalde», dijo Rosales Sierra.

Dijo que esta investigación a Abarca que hizo el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto fue parte de la «verdad histórica» que maquinó el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está en prisión.

«Era obvio que el derrotero y la conclusión de esa investigación iba a derivar en una sentencia absolutoria porque hay una debilidad probatoria, porque esa investigación tiene datos de prueba que fueron extraídos de forma ilícita”, explicó el abogado.

El abogado mencionó que el ex alcalde de Iguala preso en el penal del Altiplano enfrenta otras causas penales una de ellas tiene que ver con la desaparición forzada de los normalistas.

Según Rosales Sierra, la nueva investigación que realiza la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa cuanta con datos de prueba contra Abarca que permiten establecer su responsabilidad en la desaparición de los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014.

Aseguró que el ex edil perredista de Iguala ya enfrenta órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en estos hechos y que existen pruebas de que él dio órdenes esa noche (el 26 de septiembre).

«Para nosotros es claro que él tiene responsabilidad», externó Rosales Sierra.

Este martes, el juez federal de Tamaulipas, Samuel Ventura, absolvió del delito de secuestro en agravio de los normalistas de Ayotzinapa a Abarca Velázquez sin embargo sigue en prisión porque enfrenta otros procesos penales, uno de ellos por el del homicidio calificado en agravio del dirigente social Arturo Hernández Cardona, en mayo del 2013, un año y meses antes de los sucesos de Ayotzinapa.

 

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