El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo un abuso de autoridad y que el joven normalista Yanqui Rothan Gómez Peralta, asesinado por policías de Guerrero en una persecución, nunca disparó, como sostuvo en un inicio la Secretaría de Seguridad estatal.
“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar, pero no disparó el joven, por ejemplo, hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General. No vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables”, declaró.
López Obrador expresó su pésame a los familiares del estudiante y prometió que no se permitirá la impunidad. Además, destacó que se castigará a los responsables y no se “fabricará nada” para protegerlos.
Foto: Cortesía de redes
AMLO reconoce abuso de autoridad
Hace unos días, el mandatario replicó la versión de las autoridades locales, quienes argumentaban una persecución originada por el reporte de un robo de vehículo.
De acuerdo con los normalistas, los estudiantes iban a bordo de una camioneta cuando los atacaron al pasar por el retén que está a la salida oriente de Chilpancingo, a la altura de la colonia Indeco.
En tanto, el gobierno de Guerrero sostiene que la policía estatal marcó el alto a los conductores de ese vehículo porque iban tras la investigación de una unidad reportada como robada.
Sobre los policías involucrados, López Obrador dijo que aunque están detenidos en Guerrero, ya se encuentran a disposición de la FGR.
Policía de Guerrero torturó a normalista: Vidulfo Rosales
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayozinapa, declaró a Ciro Gómez Leyva que el joven Osiel fue torturado por la policía estatal para que se declarara culpable de portar un arma y de disparar.
Entrevistado en Radio Fórmula, el abogado detalló que Yanqui Rothan y sus compañeros que lo acompañaban en la camioneta en la que murió, iban por unas compañeras a la terminal de autobuses.
“No había retén en el lugar de los hechos, ellos se estacionan para hacer una compra cuando son agredidos”, declaró.
Rosales acusó inconsistencias en la versión de las autoridades de Guerrero en el asesinato de Yanqui Rothan Gómez Peralta, y que, incluso, las autoridades dieron datos falsos.
“El estudiante Osiel escapa y es detenido posteriormente, fue puesto a disposición hasta las 7 de la mañana. A las 2 de la mañana se está dando una conferencia de prensa por parte del secretario de Gobernación y de Seguridad Pública, expresan que ya fue puesto a disposición la persona detenida, pero no, a esa hora estaba siendo coaccionado y torturado”, declaró.
Sobre los hechos, el abogado detalló que la policía llegó en motocicleta, les marcó el alto a los estudiantes, a quienes les pidió que se bajara del auto apuntándoles. El estudiante Yanqui Rothan que era el que manejaba se asustó y aceleró para intentar regresar a Tixtla, cundo intenta regresar le disparan a las llantas y luego a los ocupantes.
En el mitin de este 26 de enero, que mes con mes realizan estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, para exigir justicia por los 43, no asistieron los estudiantes normalistas y tampoco las madres y padres.
La denominada Acción Global por los 112 meses de la noche de Iguala, fue encabezada por el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso y por el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach).
A las 12 del día integrantes de ambas organizaciones llegaron al antimonumento a los 43 desaparecidos, en la avenida Lázaro Cárdenas, donde bloquearon el carril norte -sur para realizar el mitin.
Este es el primer mitin desde el 2014 en el que los estudiantes normalistas faltan. Las causas no fueron dadas a conocer.
En entrevista, el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, recordó que el pasado 11 de enero las madres y padres de los 43 se levantaron de una mesa de trabajo con autoridades federales, por que sumaron al otro grupo de madres y padres con los que están peleados porque en 2022 participaron en una marcha para pedir la liberación del principal sospechoso de la desaparición masiva.
“Además continúa la exigencia de que se entreguen los expedientes de al menos 800 folios del Ejército Mexicano, que pueden contener información relevante sobre el paradero de los jóvenes”, agregó Molina Rodríguez.
El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas encabezó el mitin por la desaparición de los normalistas, con la ausencia de los estudiantes y de las madres y padres, este 26 de enero del 2024. Foto: Especial
Al no haber estudiantes ni alguna madre o padre de los normalistas, no hubo un pronunciamiento sobre los ocho militares implicados en la desaparición de los 43 y que la semana pasada fueron liberados por un juez federal para enfrentar su proceso fuera de prisión.
El contenido de los 18 folios tiene que ver con intervenciones de comunicaciones; informe de actividades delictivas de grupos organizados; enfrentamientos; detonaciones de arma de fuego: hechos de violencia cometidos en contra de los estudiantes, así como su posible destino.
Texto: Manu Ureste
Fotografía: Animal Político
18 de octubre 2023
La Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación publicó la tarde del martes documentos y extractos de comunicaciones que confirman que el Ejército mexicano tuvo conocimiento “en tiempo real” de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, así como de los delincuentes que estaban implicados y los grupos delictivos a los que pertenecían. Incluso, tuvo reportes de los posibles lugares a los que los pudieron haber llevado.
Lo anterior forma parte de los 18 folios que la Comisión encontró en sus archivos con información elaborada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, del Ejército mexicano.
Este 26 de septiembre se cumplieron 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. | Foto: Cuartoscuro
Caso Ayotzinapa: ¿Qué dicen los 18 nuevos documentos?
Esos 18 folios son parte de los 868 folios que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que existen, antes de abandonar el país, y que no les fueron entregados por los militares, pese a que pueden contener información clave sobre los jóvenes desaparecidos y sobre cuál fue el grado de participación del Ejército y de las autoridades mexicanas en el suceso.
Como publicó Animal Político, de esos 868 folios, la Sedena solo había reconocido la existencia de cinco que entregó, lo que generó la inconformidad de los padres y la exigencia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se les brindara toda la documentación por parte de los militares. De hecho, durante la marcha por los 9 años del caso del pasado 27 de septiembre, los padres acusaron directamente al presidente de estar del lado de los militares y no de las víctimas.
Ahora, luego de que el mandatario pidiera públicamente que se rastreara toda la información, la Segob, a través del subsecretario Alejandro Encinas, anunció que encontró en los archivos de la Comisión de la Verdad 18 folios de la Sedena y extractos de conversaciones que, básicamente, vienen a corroborar varios de los puntos que la Comisión ya expuso en su segundo informe del caso, que publicó el pasado 27 de septiembre.
A 9 años de la desaparición de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Ángel Aguirre no enfrenta consecuencias penales, pero ha tenido consecuencias políticas. Foto: Cuartoscuro
Entre los que se encuentra que el Ejército tuvo conocimiento “en tiempo real” de lo sucedido con los 43 normalistas. En concreto, la Comisión señala en un ‘adendum’ a ese Segundo Informe cinco puntos clave:
1. Que la Sedena tenía identificados y hacía seguimiento con anterioridad de los hechos de Iguala “a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos”.
2. Que se acredita la existencia de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI).
3. Que se confirma que desde al menos el año 2009, Julio ‘N’, estudiante desaparecido “inicia su relación laboral con el Ejército y realizaba funciones de OBI”. Es decir, que se encontraba ‘infiltrado’ entre los estudiantes.
4. Que “se reitera que todas las autoridades estaban enteradas de lo que estaba sucediendo” los días de los hechos, 26 y 27 de septiembre de 2014.
5. Y que se confirma que “el Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron”.
De los 18 folios encontrados por la Comisión, 6 están fechados antes de los hechos de Iguala, 4 están fechados durante los hechos, y 8 están fechados después de los hechos.
En esos folios se detalla, por ejemplo, 196 extractos de conversaciones y temas relacionados con hechos violentos en contra de los estudiantes la noche en la que desaparecieron; comunicaciones presumiblemente entre miembros de la delincuencia organizada, autoridades y sujetos de interés; seguimiento a miembros de la delincuencia organizada; pugnas por el territorio, y referencias a sitios donde se buscó a los 43 estudiantes.
Tanto la publicación del Segundo Informe del caso, el pasado 27 de septiembre, en el que, entre otros puntos, se señala que el exfiscal Tomás Zerón admitió que el Gobierno de Peña Nieto construyó la ‘verdad histórica’, como la publicación de este nuevo adendum con información del Ejército, fue considerado por los padres de los normalistas como un paso adelante en darles la razón de que el Ejército, en efecto, tiene más documentación e información del caso que la entregada inicialmente, aunque consideraron que esto no es suficiente, pues la exigencia es que se entreguen hasta 868 folios. Y, hasta ahora, solo se han revelado 18.
El pasado 28 de septiembre, los padres de los normalistas levantaron el plantón que habían instalado frente al Campo Militar número 1 de la Ciudad de México, el cual habían instalado para presionar al Ejército mexicano para que entregara toda la documentación del caso Iguala.
“Finalmente aceptan que el Ejército mexicano tiene información en sus archivos, y hoy hubo un mandato presidencial para que esa información sea buscada y entregada a las autoridades que están investigando. Esto reafirma y nos da la razón de que en los archivos militares existe información relacionada con el paradero de nuestros estudiantes”, dijo el abogado de los normalistas Vidulfo Rosales, el pasado 28 de septiembre.
Caso Ayotzinapa
En las últimas semanas, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 han denunciado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está cumpliendo su promesa respecto a la resolución del caso. Incluso, han denunciado que en su segundo informe, nuevamente criminalizan a los estudiantes.
“En el informe del secretario de la Defensa Nacional no hay nada, no da respuesta, ni el presidente ni él dan respuesta a la información que solicitaron padres de familia de manera muy puntual, vuelve a referir que ya fueron integrados y hace un recuento de los archivos analizados, pero eso ya lo sabemos”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes.
Las madres y padres de los 43 encabezaron la marcha por los 9 años de la desaparición de sus hijos. | Foto: Cuartoscuro
En su último informe del caso Ayotzinapa, el GIEI señaló que el Ejército y la Marina negaron información u ocultaron hechos, a pesar del compromiso del gobierno de López Obrador de garantizar apertura en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas.
“La apertura de archivos ordenados por el presidente de México proporcionó mucha información relevante para el esclarecimiento, pero llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de la Sedena ha supuesto un nuevo obstáculo”, señaló el equipo del GIEI en México.
Familiares y cientos de participantes en marcha por Ayotzinapa expresaron en el Zócalo su desilusión con el gobierno de AMLO por «obstaculizar» la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas ocurrida hace nueve años.
Texto y Foto: Animal Político
27 de septiembre 2023
Tras la marcha de este martes por el caso Ayotzinapa, familiares de los 43 estudiantes normalistas expresaron frente a Palacio Nacional su desilusión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por considerar que obstaculiza la investigación para esclarecer la desaparición en 2014 de los jóvenes en Guerrero.
“Depositamos esperanza en este gobierno porque de verdad creíamos que habría un cambio y que realmente sabríamos qué pasó. Pero cuál fue la desilusión. Nos llevaron cinco años por el camino fácil. Y ahora quieren que aceptemos una narrativa que no tiene fundamentos”, dijo en el Zócalo Mario, familiar de los jóvenes desaparecidos.
Alrededor de cinco mil personas -según datos de la autoridad capitalina- participaron este martes en la marcha por el caso Ayotzinapa para exigir justicia por la desaparición hace nueve años de 43 normalistas en Guerrero.
Una manifestación multitudinaria como las que se realizaban en los primeros años de ocurrida la desaparación, pero ahora con la exigencia al gobierno de López Obrador de entregar toda la información del caso y de que no proteja al Ejército.
“No somos necios como el señor presidente, sabemos leer, no hace falta que el presidente nos diga que leamos. Estamos molestos porque no puede ser que no nos entreguen toda la documentación del caso. Este gobierno ahora quiere una segunda verdad histórica”, expresó una madre de los estudiantes desaparecidos durante los discursos en el Zócalo.
Hacia las 19:00 horas comenzaron a llegar los primeros participantes en esta manifestación al Zócalo de Ciudad de México, punto final de esta protesta.
Ahí, familiares agregaron que AMLO no quiere reconocer que el Ejército sabe a dónde se llevaron a los normalistas.
“No hay nadie más que sepa a dónde se los llevaron que el ejército mexicano. Que no lo quiera reconocer (AMLO) y jugar al desprestigio, es otra cosa. Hay pruebas de cómo se movió el ejército ese día”, dijo Mario.
Emiliano Navarrete, otro de los participantes que tomó el micrófono, lamentó que López Obrador dificulte a las familias el camino para llegar a esclarecer el caso Ayotzinapa.
“No estamos por caer en el juego del presidente. Lamentamos mucho su postura, porque nos hace difícil llegar a esclarecer el caso.
“El presidente no quiere aceptar el trabajo del GIEI, pero nosotros queremos saber dónde se llevaron a nuestros hijos. Porque el gobierno sigue siendo hoy los principales obstaculizadores de la verdad y la justicia”, añadió Navarrete.
Además, dijeron que el gobierno federal se ha puesto del lado de los militares y no de las víctimas, que ha ocultado información y eso “es criminal”.
“Hasta hoy no hay pruebas contundentes del paradero de los 43 y eso nos obliga a seguir exigiendo verdad y justicia y a seguir luchando. Y no nos van a acallar con desprestigio, amenazadas ni descalificación. Aquí vamos a seguir y vamos a mantener el plantón en el símbolo de la desaparición, que es el ejército mexicano”, dijo Vidulfo Rosales.
El paso de los contigentes transcurrió de manera pacífica, sin presencia de policías, sólo agentes de tránsito.
Únicamente algunos de los participantes realizaron pintas en fachadas por las calles donde pasa la columna de la manifestación.
En las vallas metálicas colocadas para resguardar el Palacio Nacional, participantes pintaron la frase “Fue el Ejército”.
Cuando se mencionó el nombre de Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura por la jefatura de Ciudad de México y exsecretario de Seguridad en la capital, algunos de los asistentes gritaron “asesino”.
Manifestantes pintaron las vallas que resguardaban el Palacio Nacional con mensajes como “Narcoestado militar”. Foto: Manu Ureste
De acuerdo con las autoridades capitalinas, en la marcha por Ayotzinapa 2023 participaron alrededor de cinco mil personas y el saldo fue blanco.
“Con una afluencia de 5 mil personas se llevó a cabo de manera pacífica y con saldo blanco, la marcha a 9 años de los hechos de Ayotzinapa. El @GobCDMX garantizó el derecho a la libre manifestación en todo momento, salvaguardando la integrad de los manifestantes”, reportó en X Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno capitalino.
Durante la concentración en el Zócalo, manifestantes lanzaron objetos que provocaron un par de explosiones, sin que se reportaran lesionados.
La marcha por el caso Ayotzinapa comenzó alrededor de las 16:00 horas de este martes en el Ángel de la Independencia, donde los contigentes se dieron cita para exigir justicia por los 43 estudiantes desaparacidos hace nueve años.
En el lugar se observó la presencia de múltiples contigentes para comenzar la marcha por Paseo de la Reforma.
“Ayotzinapa vive, la lucha sigue y sigue”, entonaron algunos de los participantes que se dirigen al Zócalo de CDMX.
Los manifestantes llegaron a bordo de autobuses, incluidos los padres de los estudiantes desaparecidos. Incluso, ya con la marcha iniciada, arribaron al menos otros 10 camiones con más participantes.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos. 26 de septiembre no se olvida”, gritaba otro contigente a su paso por Reforma.
Esta marcha ocurre un día después de una reunión entre los padres de los jóvenes desaparecidos con autoridades del gobierno federal.
Este 26 de septiembre se conmemora la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste
Los padres de los normalistas exigieron que el Ejército entregue toda la información relativa al caso Ayotzinapa.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que haría pública toda la información sobre el caso. Esta tarde, la Presidencia publicó en su sitio web un documento titulado “Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada” para consulta del público en general.
Manifestantes señalan la participación de militares en el caso Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste
Durante la marcha, algunos de los participantes realizaron pintas en fachadas y algunos monumentos con consignas y exigencias a las autoridades.
“Ejército asesino”, escribieron algunos.
A su paso, algunos manifestantes realizaron pintas de consignas en fachadas de los alrededores. Foto: Manu Ureste
Mientras que las autoridades movilizaron a un grupo de policías por la calle de Bucareli, cerca de Reforma.
Policías son movilizados en la calle de Bucareli. Foto: Nayeli Roldán
Mujeres expresan consignas en la marcha por los nueve años de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste
Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al exprocurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”.
Texto: Jhon Gibler / Quinto Elemento Lab
Fotografía: Quinto Elemento Lab
26 de septiembre 2023
Un mes después, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, llamó al jefe de la OACNUDH en México y le ofreció un viaje en helicóptero para observar el basurero de Cocula, donde, decía, fueron encontrados dos estudiantes. Para esa tarea designaron a Gómez Trejo y a su misma compañera de la ONU.
Fueron a sus casas por una muda de ropa y luego a la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron al helicóptero y los llevaron a un campo de fútbol de la localidad, que había sido convertido en base de operaciones de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar).
Ahí les pidieron esperar al “jefe”, que resultó ser Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien ordenó llevarlos al basurero.
“Y entonces nos suben a una camioneta donde había dos hombres armados con ametralladoras. […] Íbamos todos apretados”. Ya en el lugar, “los ministerios públicos nos empiezan a explicar; al fondo veíamos como trabajaban los peritos. Nosotros nos quedamos en la parte alta”. Las explicaciones no eran claras: “No entendía absolutamente nada”, dice.
Tres meses después, el 27 de enero de 2015, Gómez Trejo estaba sentado en una fondita comiendo con dos colegas de la ONU. En la televisión transmitían la conferencia de prensa de Murillo Karam y Zerón, en la que presentaron la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala, basada en videos de tres supuestas confesiones.
Las investigaciones permitían concluir, según el procurador, que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros de Guerreros Unidos, que después metieron los restos de sus huesos calcinados en bolsas de plástico que arrojaron al río San Juan.
Un colega que tenía mucha experiencia documentando casos de tortura, al observar los videos de los detenidos dijo: “Mira, esa gente se ve bien madreada”.
Imagen del basurero de Cocula tomada por Omar Gómez Trejo cuando lo visitó en octubre de 2014. En ese tiempo, el gobierno de Peña Nieto quiso convertirlo en escenario del crimen de los estudiantes.
Para esa tarea designaron a Gómez Trejo y a su misma compañera de la ONU. Fueron a sus casas por una muda de ropa y luego a la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron al helicóptero y los llevaron a un campo de fútbol de la localidad, que había sido convertido en base de operaciones de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar).
Ya en el lugar, “los ministerios públicos nos empiezan a explicar; al fondo veíamos como trabajaban los peritos. Nosotros nos quedamos en la parte alta”. Las explicaciones no eran claras: “No entendía absolutamente nada”, dice.
Tres meses después, el 27 de enero de 2015, Gómez Trejo estaba sentado en una fondita comiendo con dos colegas de la ONU. En la televisión transmitían la conferencia de prensa de Murillo Karam y Zerón, en la que presentaron la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala, basada en videos de tres supuestas confesiones.
Las investigaciones permitían concluir, según el procurador, que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros de Guerreros Unidos, que después metieron los restos de sus huesos calcinados en bolsas de plástico que arrojaron al río San Juan.
Un colega que tenía mucha experiencia documentando casos de tortura, al observar los videos de los detenidos dijo: “Mira, esa gente se ve bien madreada”.
Mientras el Estado construía su supuesta verdad, llegaba a México el GIEI. Gómez Trejo conocía a dos de sus integrantes: la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz y el abogado colombiano Alejandro Valencia.
Fue este último quien lo buscó para decirle que necesitaban contratar a alguien en México para ayudarlos, y le preguntó si le interesaba.
“Sí, claro”, respondió. Después tuvo una entrevista con otro miembro del grupo, el médico vasco Carlos Beristain, que le pidió integrarse de inmediato. Desde ese día fue el secretario técnico del GIEI.
el gobierno ya había infectado los celulares de los miembros del GIEI, de Gómez Trejo, de periodistas y de abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos con el programa israelí de espionaje Pegasus.
“Sí, me dio miedo”, me dice cuando le pregunto sobre ese tiempo. “Porque hubo gente que después me enteré que trabajaba con Tomas Zerón que se me acercaba. Y de pronto hubo un día en que llegaron a mi casa: ‘Ah, ¿qué pasó, jefe? ¿Aquí vive?’. Y ahí sí yo entendí que había que tomar distancia. Entonces tuve que salir de México para evitar, este… pues cualquier cosa. O sea, esa gente de verdad era poderosa en ese momento”.
El gobierno se negó a renovar el acuerdo con el GIEI, sacando al grupo de expertos del caso y del país en abril de 2016, días después de la presentación de su segundo informe. Gómez Trejo salió de México con el abogado chileno e integrante del GIEI Francisco Cox en un vuelo a Santiago de Chile. Llevó dos maletas. “Fue duro,” dice. “Había una culpa, ¿no? ¿Por qué tengo que irme de México? Lo hicimos bien. Fue un buen trabajo”. De Chile viajó a Guatemala, luego a Washington y después a Nueva York, donde vivió un mes en un hostal, deambulando por las calles de Manhattan hasta que la ONU le ofreció trabajo nuevamente en la OACNUDH, pero esta vez en Honduras.
En ese momento, Juan Orlando Hernández –que actualmente enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos— era el presidente. Durante su gobierno, Honduras se había convertido en el país más mortífero para las y los defensores del territorio y del medio ambiente. El 3 de marzo de 2016, un comando al servicio de un exmilitar y empresario mató a la defensora indígena Berta Cáceres en su casa. A Gómez Trejo le tocó investigar su asesinato.
A nueve años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos mantienen espíritu de lucha y acompañan la exigencia de los padres y las madres para conocer el paradero de los jóvenes
Texto: Emiliano Tizapa Lucena
Fotografía: Oscar Guerrero
25 de septiembre 2023
En la víspera de cumplirse nueve años de los ataques y desaparición de 43 estudiantes, sus actuales compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, aún recriminan al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador que está lejos de esclarecer el crimen a pesar de que desde que inició su mandato fue uno de sus compromisos.
Tras la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, Ayotzinapa quedó marcada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Algunas cosas cambiaron físicamente en la Normal Rural, por ejemplo, la barda perimetral que los aisló en cierto grado de su conexión con los campesinos de Tixtla.
Sin embargo, la escuela mantiene su espíritu de lucha reflejada en los murales de los edificios de las aulas y dormitorios, en los que se observa desde estudiantes víctimas que fueron asesinados por fuerzas policiacas en distintos momentos, hasta los retratos de las madres y padres de los 43, así como los símbolos de movimientos civiles armados guerrerenses.
En un recorrido por la Normal Rural, guiado por dos alumnos de primer ingreso, fue posible constatar que permanece vigente el culto a Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos o estandartes internacionales de la Revolución, como El Che Guevara.
De la institución, y por sus calles angostas, algunas empedradas, entran y salen jóvenes a bordo de motocicletas; otros lavan su ropa en pequeños lavaderos, y unos más se escuchan a lo lejos ensayar en la banda de guerra.
En la cancha de basquetbol continúan los 43 pupitres con las fotografías de los jóvenes desaparecidos que fueron colocados desde aquel 2014. Frente a ellas hay una mesa sobre la que descansan algunas fotografías de normalistas caídos junto a veladoras.
La solemnidad de la escena contrasta con su contexto, una escuela en la que se siguen impartiendo clases y debatiendo ideas en aulas comunes y corrientes.
Pupitres colocados en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para recordar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los estudiantes primerizos, comisionados para el recorrido, portan unas sandalias de cuero cruzadas, muy típicas de la región, y lucen el cabello corto. Uno de ellos es originario de Tixtla, del barrio de El Fortín, la cabecera municipal, y confiesa que, a pesar de que es primo de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, él decidió estudiar en la misma escuela.
Los dos jóvenes presumen que por la temporada han sembrado maíz en la normal y flor de cempasúchil, que cosecharán en la celebración de Día de Muertos; también relatan que cuidan de varios puercos, que se producen para la alimentación en la escuela.
En una de las aulas, un normalista de segundo grado -conocido como Jaguar– pinta junto con otros estudiantes las mantas para las distintas actividades de la jornada nacional por la presentación con vida de sus compañeros. Este año serán 30 mantas con diversos mensajes.
Jaguar en realidad se llama Carlos, tiene 21 años, es originario de la comunidad de Zotoltitlán, del municipio de Mártir de Cuilapan.
Cuenta que llegó a Ayotzinapa por su primo, quien también fue de la generación de los 43 estudiantes desaparecidos, y él lo motivó a estudiar para maestro rural, porque, además, le dijo que aquí hallaría apoyo para expresarse mediante la pintura, que es lo que realmente le apasiona. Confía que esa actividad le ayude, después, a sacar adelante a su familia.
Imagen de la Normal Rural a nueve años de los ataques y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Oscar Guerrero Ramírez/ AMAPOLA PERIODISMO
Las actividades en la Normal Rural transcurren a marchas forzadas, porque se acerca un 26 de septiembre más, y con ello las jornadas de lucha para exigir la presentación con vida de sus 43 compañeros.
Antes del recorrido, uno de los normalistas del comité estudiantil que organiza las actividades para esta jornada, narra la historia y vida de Ayotzinapa, en cuatro episodios.
El primero es que los estudiantes saben que la escuela fue creada en marzo de 1926, ubicada en sus inicios en el centro de la cabecera municipal de Tixtla, cuando aún no era una normal, pero sí un internado para formar maestros.
Ayotzinapa fue el resultado de la unión de una Central Regional con una Central Agrícola, esta última encargada de formar agrónomos; por ello fue fundada bajo los dos conceptos, porque también comenzaron a educar a maestros rurales.
El primer nombre que tuvo la Normal Rural fue Conrado Abundio, y también fue conocida como Vicente Guerrero. Después cambió a su actual ubicación en lo que es la hacienda de Ayotzinapa, a las afueras de la pequeña ciudad de Tixtla, que en náhuatl significa “lugar de tortugas”.
Luego fue llamada Raúl Isidro Burgos, nombre del que los estudiantes consideran sigue siendo el mejor director que ha tenido la institución, recordado por ser un gran gestor y apoyar a los jóvenes.
Ayotzinapa también es conocida por el paso en sus aulas de Lucio Cabañas Barrientos, maestro rural que, tras la represión en un mitin de padres de familia, el 18 de mayo de 1967, por policías judiciales, que dejó cinco muertos en la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez, se internó en la sierra y fundó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que se inmortalizó en el país como un movimiento guerrillero.
Cabañas Barrientos ha dejado impregnado su paso en cada estudiante de generaciones posteriores, y es reflejado en diferentes murales de la escuela, además se convirtió en un símbolo para los docentes en formación: “Aquí en la normal se nos enseña a que todo esto debe ser encaminado a beneficio del pueblo, donde nosotros vamos a trabajar más adelante”.
La educación en Ayotzinapa continúa, según los jóvenes, basándose en cinco ejes: académico, político, cultural, deportivo y los módulos de producción. Con ello, los futuros profesores son encaminados para trabajar en las comunidades rurales.
Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.
