En México sigue la corrupción e impunidad, asegura ex titular de la UIF, Santiago Nieto

José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo 

El ex titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, mencionó durante una conferencia que dio en esta capital que en México persiste la impunidad y la corrupción.

Nieto Castillo asistió como ponente a la conferencia denominada Combate a la Corrupción, organizada por el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJ).

Ahí mencionó que de un 100 por ciento de casos que atiende el Poder Judicial en México sólo el dos por ciento logra una sentencia condenatoria, el resto, 98 por ciento, se quedan en la impunidad.

Hizo un llamado al presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, para fortalecer el Poder Judicial en Guerrero.

El magistrado Casarrubias Vázquez militó en las filas del PRD y en noviembre del 2021, por mayoría de votos de sus compañeros magistrados, fue designado presidente del Poder Judicial con la anuencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Durante su exposición, Nieto Castillo mencionó que México se estancó en erradicar la corrupción de 2020 a la fecha.

Explicó que a través del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es como varios países miden su nivel de corrupción.

El IPC clasifica a 180 países y territorios de acuerdo con los niveles de percepción de la corrupción en el sector público. Actualmente México figura en el lugar 138 de los 180 países.

Además el IPC utiliza una escala del 0 al 100 para clasificar los niveles de corrupción en donde un mayor punta indica menor corrupción y un menor puntaje indica mayor corrupción. El puntaje de México en ese rubro es de 30 puntos.

Sobre el tema electoral Nieto Castillo mencionó que Morena tiene las de ganar en el Estado de México el próximo año, pero en Coahuila se desconoce el panorama político.

Dijo que para fortalecer la democracia en México se necesita fortalecer el Poder Judicial, entre ellos el de Guerrero, acabar con las élites políticas y cacicazgos estatales; llamó a los académicos a no ser complacientes con el poder.

«Dónde más dinero incauta el Estado después del crimen organizado es la corrupción, y se necesitan dos factores indispensables para el combate a la corrupción: las instituciones y la voluntad política”, mencionó Nieto Castillo, quien estuvo acompañado por su esposa Carla Humphrey; ella también hizo algunas participaciones durante la conferencia.

Asistieron además magistrados y académicos. Ocurrió en el auditorio del Poder Judicial, ubicado en centro de esta ciudad.

Tanto Nieto Castillo y su esposa recibieron sendos regalos por parte de los magistrados del TSJ.

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Aguas Blancas: 27 años de la masacre y ninguno de los responsables está detenido

Texto: Amílcar Juárez

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

La mañana del 28 de junio de 1995 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se movilizaron para exigir la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero Vázquez, quien desapareció un mes antes, el 24 de mayo, durante una operación policiaco-militar en la región de la Costa Grande y la Sierra de Guerrero.

El 3 de mayo de ese año, en la comunidad de Tepetixtla, Romero Vázquez leyó las demandas de la OCSS durante una visita del gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El reclamo molestó al priista y focalizó la represión.

Esa mañana tenían planeado protestar en Coyuca de Benítez y Atoyac, pero en un retén policías en El Vado de Aguas Blancas detuvieron a las camionetas en las que se transportaban los campesinos.

Los policías ordenaron a los campesinos de la primera camioneta que bajaran, luego a golpes los obligaron a tirarse al piso boca abajo con las manos en la nuca sin darles explicación.

El retén estaba integrado por policías judiciales y policías motorizados estatales.

Cuando llegó la segunda camioneta se repitió la operación: a punta de golpes bajaron a los campesinos, todavía no terminaban de descender cuando comenzó la masacre: 17 campesinos asesinados y 24 más heridos.

Mientras ocurría la masacre, sobrevolaba en un helicóptero el general Mario Arturo Acosta Chaparro, recuerda la defensora de derechos humanos e integrante de la OCSS, Norma Mesino Mesino.

A 27 años, los integrantes de la OCSS sostienen que la emboscada fue planeada y los tiradores perpetrados en la maleza.

En ese tiempo, Figueroa Alcocer tenía de asesor al general Francisco Quirós Hermosillo.

Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo fueron los encargados de “combatir” la guerrilla de Lucio Cabañas y diferentes grupos insurgentes en el estado bajo una estrategia de guerra de baja intensidad y contrainsurgencia en los años 70 y 80, de la cual dejaron en Guerrero un sin número de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales.

Testigos los señalan como iniciadores y perpetradores de los llamados “vuelos de la muerte” que salían de la Base Área de Pie de la Cuesta de Acapulco en el mandato de gobernador Rubén Figueroa Figueroa, padre de Figueroa Alcocer.

“En la masacre participaron todos los secretarios de estado en Guerrero, el procurador, el secretario de Seguridad Pública, el de Gobernación, el de Finanzas, todos jugaron un papel para acallar, socavar la lucha y la forma de protesta de la OCSS”, recuerda Mesino Mesino.

El origen

La OCSS se constituyó el 14 de enero de 1994 en la comunidad serrana de Tepetixtla.

Desde su formación, las autoridades buscaron desprestigiar y criminalizarla; se formó por demandas de los pueblos, por las violaciones graves a los derechos humanos pues después del año de los 60 quedaron muchas familias agraviadas, comunidades enteras sitiadas, dice Mesino.

La mayoría de campesinos que conforman la OCSS son sobrinos, hijos, nietos, esposas, hijas, nietas de víctimas de la llamada Guerra sucia que golpeó todo el país pero en particular a la Costa Grande y Sierra de Guerrero. Es por eso que desde su conformación la principal demanda fue la presentación con vida de cientos de desaparecidos políticos. Esta exigencia fue la principal molestia de Figueroa Alcocer.

El priista previo a la masacre trató de cooptar a la OCSS mediante cumplimientos de demandas económicas y a sus dirigentes entre ellos Benigno Guzmán, Hilario Mesino, Marína Sánchez Flores.

“A sus desaparecidos ya se los llevo…”, recuerda Mesino que les decía el ex gobernador.

La consigna por Figueroa Alcocer fue la cooptación, pero para los que no aceptaban  les esperaba la represión y la cárcel, situación que tomó forma el 28 de junio de 1995 con la masacre Aguas Blancas. Luego vino más  persecución, criminalización, encarcelamiento y asesinato.

Otra maniobra de Figueroa Alcocer fue tratar de dividir a través de Bertoldo Guzmán hermano de Benigno (uno de los dirigentes de la OCSS), quien formó una organización paralela provista con todos los recursos.

—¿Dentro de los asesinados murieron dirigentes de la OCSS?

—Sí, había compañeros representantes de comunidades, porque la organización tiene su estructura de representantes colectivos, pero también tiene representantes regionales y comunales, varios de los compañeros asesinados eran representantes comunales.

Represión selectiva tras la masacre

“Después de la masacre de Aguas Blancas, Figueroa Alcocer como es sabido por todos, mandó a traer y cooptar a las viudas, quiso dividir así a la organización para frenar la protesta de justicia”, dice Mesino.

Héctor Vicario Castrejón, uno de los alumnos de Figueroa Alcocer, ofreció dinero a Benigno Guzmán e Hilario Mesino: 300,000 pesos y llevarlos a Cuba a cambio de que abandonaran la lucha. Ambos se negaron. El resultado: fueron perseguidos, detenidos y la organización criminalizada.

Fueron acusados de motín, sabotaje y recluidos en cárceles de máxima seguridad como Puente Grande, Jalisco.

La estrategia focalizada contra las bases de la OCSS no paró ahí.

“Muchos de los sobrevivientes como Gerónimo Hernández Refugio, Gilberto Ramírez Bahena, Antonio Barragán están detenidos, el compañero Eugenio Aguirre Bahena fue asesinado, otros compañeros fueron desplazados, otros compañeros como Celio Vázquez también fue asesinado”, precisa Mesino.

Agrega: “Todos ellos tenían un cargo dentro de la organización y el estado se encargó de infiltrar, investigar toda la estructura de la organización por eso los ataques iban bien dirigidos a las estructuras de la OCCS”.

La justicia no llega

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe declaró que se violaron gravemente los derechos humanos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó directamente a Figueroa Alcocer.

Pero la masacre de Aguas Blancas no entró en los acuerdos que firmó el gobierno de la República en el marco internacional porque fueron posterior a 1998 y tampoco entró en la nueva Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990”.

La masacre de Aguas Blancas quedó en el limbo.

A pesar de que se consumaron violaciones graves a los derechos humanos ninguna instancia internacional ha atraído el caso y el gobierno mexicano no ha acatado las recomendaciones.

“La nueva estrategia de visualizar la lucha y conseguir justicia nos ha llevado a interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de mi padre Hilario Mesino Acosta y Marina Sánchez Flores, aun no ha sido atraído por dicha comisión, Aguas Blancas es una deuda histórica”, dice Mesino.

 Gerónimo Hernández Refugio

Gerónimo Hernández es sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas. Está sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de secuestro por un falso testimonio. En diciembre cumple los 20 años, hace unas semanas fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Chiapas, sin aviso a su defensa ni a su familia.

Hegel Mariano, abogado de Gerónimo Hernández, interpuso un amparo por las violaciones a sus derechos humanos y su debido proceso; se ganó y se logró su regreso al Cereso de Chilpancingo.

Mesino responsabilizó a las autoridades penitenciarias de la integridad física de Gerónimo Hernández pues dentro de los reclusorios exigen cuotas económicas por seguridad.

El domingo 26 de junio, la OCSS instaló en Acapulco un plantón para exigir de una mesa de trabajo con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para revisar los casos jurídicos de integrantes que se encuentran recluidos.

“Nos vimos en la necesidad y deber de manifestarnos porque pareciera que tenemos gobiernos con oídos sordos, porque se publica que somos el santuario de los derechos humanos  pero es mentira tuvimos que hacer la manifestación para decirle a la gobernadora que intervenga y se hagan mesas de trabajo para revisar el caso de cada uno de los presos”, denuncia Mesino.

 

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Masacre de El Charco, 24 años de impunidad

Efrén Cortés sobrevivió a la masacre que encabezaron los Gafes, ese cuerpo táctico compuesto por militares de élite entrenados para operaciones especiales adiestrados en Estados Unidos. 


Texto: Amílcar Juárez 

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo 

 

La madrugada del 7 de junio de 1998, el 27 Batallón de Infantería cercó la comunidad de El Charco. Las botas de los militares sonaron en el techo de la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez. 

“¡Salgan le vamos a dar su chilate con pan!”, gritaron los soldados. 

“¡Ríndanse, perros!”, insistieron.  

“¡Salgan putos, entreguen las armas!”, retaron. 

El 27 Batallón de Infantería, del entonces Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) no mediaron más: lanzaron ráfagas con sus armas de alto poder a las  paredes de la primaria. 

En ese momento la región naa´savi del municipio de Ayutla de los libres y en toda la región Montaña, había una fuerte presencia organizada del movimiento guerrillero del Ejército Popular Revolucionario (EPR).  

Este movimiento, fue considerado como amenaza en la región por los aparatos de seguridad nacional y se desplegó un plan de contrainsurgencia y militarización. 

Entre noviembre y diciembre de 1997, el proyecto original del EPR se fracturó, en el movimiento insurgente en Guerrero surgió una nueva visión denominada “el poder popular”. 

La fractura, en esencia fue por la nueva estrategia: la lucha popular masiva ya no estaría caracterizada por las armas, por la construcción de núcleos de combate y por un Ejército. 

Esa diferencia provocó una escisión en el EPR.  

El 6 y el 7 de junio de 1998, en El Charco se convocó a los pueblos para consultarlos sobre dos temas: la ruptura con el EPR y su autonomía. 

“Ese 7 se estaba dando una consulta para tratar dos temas: la ruptura y el aspecto de la autonomía, pero la autonomía no nada más de la parte de Ayutla sino de toda la Montaña, se estaba replanteando sobre los municipios autónomos para que se empezara a construir una nueva forma de relación política con el estado y la Federación”, dice Efrén Cortés, uno se los sobrevivientes de la masacre.  

El 6 de junio, los pueblos decidieron adherirse al ERPI; al día siguiente se abordaría la autonomía pero eso no fue posible, los militares los atacaron. 

La columna. Los civiles 

Han pasado 24 años de esa masacre, Efrén Cortés sobrevivió a la masacre que encabezaron los Gafes, ese cuerpo táctico compuesto por militares de élite entrenados para operaciones especiales adiestrados en Estados Unidos.  

En este 2022 reconstruye esos días, esas horas que se vivieron en El Charco. 

“El Ejército se encontraba en dos poblaciones cercanas denominadas El Piñal y Coxcatlán, se sabe que hubo una fuga de información, aún es difuso si se trató de una delación. El Ejército sabía que había una consulta popular donde convergen la insurgencia armada y la base social, por eso la columna del ERPI estaba el día que se dio la masacre. 

“Lo que sucede es que se da la reunión el día 6, se pide a la base que se retiren, pero la población no se quiso retirar y deciden pernoctar en el mismo sitio donde se encontraba la columna de combatientes. 

“Cuando ellos llegan, llegan disparando y aniquilan a dos de los guardias (de la guerrilla) y se da el cerco, se empieza la negociación, se les dijo a los Gafes: `está la columna aquí, pero hay civiles´, 20 fueron detenidos, pero habían más. 

“La reunión aglutinaba alrededor de 300 personas la mayoría autoridades comunitarias de su población, pero muchos quedaron fuera del cerco militar. 

“Cuando sucede esto los responsables de la columna, le dijeron al Ejército que permitieran que saliera la gente civil, los mandos del Ejército dijeron no porque si están con la guerrilla algo tienen de responsabilidad. Es esto lo que propicia que la columna del ERPI abra fuego para tratar de romper el cerco. 

“Las primeras unidades que salen si rompen el cerco, salieron dos pelotones porque ahí había una concentración muy grande fuerzas regulares y base desarmada, se rompe el cerco y los Gafes se percatan de esto  y  emplean una táctica con granadas con aditivo ahí ya fue muy difícil romper cerco porque empezaron a tirar morteros. Son estas esquirlas la que han dejado huella en las paredes de la escuela primaria  

“Las granadas fueron arrojadas al interior de las dos aulas donde se encontraban los civiles y guerrilleros lo que provocó un sinfín de heridos por las esquirlas. Es por eso que nosotros decimos sí hay enfrentamiento, pero hay ejecuciones de rendidos y de gentes desarmadas. 

“La reunión se dio, si hubo una consulta social donde había una influencia del movimiento insurgente sobre un pueblo que si apoyaba, pero bajo una lógica diferente, la Montaña desarmó el vanguardismo, la dictadura del proletariado, lo desarmó por varias cosas porque los pueblos indígenas dijeron más que revolución tenemos que organizarnos”. 

El error. El Pitazo 

—¿Cuántos combatientes estaban el 7 de junio? 

—En la concentración de la consulta había cuatro columnas cada una con dos pelotones una suma de 48 milicianos con sus respectivos mandos, más la base por eso hubo una confrontación grande porque había poder de fuego. 

—¿Cuáles fueron los errores por parte de la insurgencia? 

—Hubo un problema de exceso de confianza y que violó los principios de seguridad, el error en particular que se cometió ahí fue que las columnas pernoctaron dentro de la población, eso jamás se debería cometer porque ahí no te puedes ni defender y si te defiendes como se intentó vine la represión sobre varias cosas. 

Existen indicios que alguien le dio el pitazo al Ejército que estaba muy cerca, pero eso fue un 20 por ciento, porque en un 80 por ciento fue un error de los responsables de no tomar las medidas que deben de tener una columna guerrillera. 

La columna guerrillera debe de moverse, nunca pernoctar tanto tiempo, tiene que moverse para evadir el cerco o la estrategia del Estado, porque el Estado siempre va estar con sus aparatos de inteligencia, con sus operativos, con sus infiltraciones. 

—¿Murieron altos mandos del ERPI en el enfrentamiento? 

—No cayó nadie de la dirección nacional, pero sí cayeron mandos regionales fundamentales para la región, murieron cuatro que eran fundamentales para el proceso. 

—¿Existió una campaña de contrainsurgencia antes de la masacre?í 

—Sí existió, después de la aparición pública del EPR en el vado de Aguas Blancas, la toma de Tecoanapa y la propaganda armada. El Estado sí consideró al EPR y a todas sus ramificaciones como un peligro para su existencia sobre todo por la capacidad de fuego, nunca se había presentado un movimiento con esas características, con esa estructura, con esa disciplina. 

El Estado comenzó a utilizar una estrategia llamada Aldeas, empezó a construir pequeñas aldeas en Coxcatlan Candelaria, en El Piñal, en Quiahuitepec y ya no se retiran, tomaron parte de la zona serrana, para estar observando desde dentro. La masacre se da dentro de un contexto de militarización y de contrainsurgencia. 

Basta recordar que al mando del batallón se encontraba Alfredo Oropeza Garnica, el encargado del plan Arcoíris empleado en 1994 en la selva Lacandona y los altos de Chiapas, en la zona de influencia del EZLN. 

En El Charco también tiene una lógica de contrainsurgencia porque ellos sabían que allí había base social y no permitieron salir a los civiles, la estrategia era contener o aniquilar a la insurgencia. 

El 27 Batallón Infantería llegó primero a Costa Chica a la población de Buena Vista, para esos años el batallón que se encontraba en el Tuci, en Atoyac, también era de Fuerzas especiales, posterior a la masacre se desplegó otro en la ciudad de Tlapa. 

En los manuales de guerra de amplio espectro del sociólogo Venezolano Carlos Lanz sostiene que una de las estrategias es golpear a la población con temas culturales. 

Antes de la masacre de El Charco se habían cometido violaciones sexuales por militares a mujeres en la región en su mayoría menores de edad, entre los 13 y 14 años, se registraron alrededor de 40 casos. 

En la reunión del 6 y 7 de junio se estaba tratando ese tema, la respuesta que se iban a emplear, además de que el Ejército influenciaba con drogas y alcohol a los jóvenes de las comunidades. 

—Nuevamente el 27 Batallón de Infantería, ahora en Iguala en el caso Ayotzinapa 

—Sigo sosteniendo que en el caso Ayotzinapa para mí fue una estrategia de contrainsurgencia, aunque se le ha querido quitar peso con las incorporaciones de grupos delincuenciales. 

Está documentado periodísticamente que desde que salieron de la normal los iba monitoreando el Cisen, hoy CNI, lo que planteo es que si los aparatos de inteligencia los iban monitoreando y se dieron cuenta que la Policía de Iguala los detuvo y esta policía se los entregó a los grupos delincuenciales porque no hicieron nada, si dicen que existe una coordinación entre instituciones donde participa el Ejército, la Marina la Policía Federal, las policías estatales y municipales, ¿por qué no evitaron esta barbarie¿. 

Ese mismo batallón que estuvo presente en la masacre de El Charco, algo sabe sobre lo que pasó. Otra situación sospechosa es que ocho estudiantes eran de Tecoanapa y cuatro de Ayutla, once en total, de los cuales muchos de esos padres de familia estuvieron con nosotros. 

Pareciera ser un mensaje de escarmiento. 

—¿Cómo es la situación jurídica del caso de la masacre de El Charco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 

—La demanda se realizó por dos argumentos: uno por ejecución extrajudicial y la segunda es por tortura. 

En la ejecución extrajudicial existen cinco compañeros que tienen “tatuaje”, lo que indica que fueron asesinados a quemarropa, se le denomina tatuaje cuando el hueso es quemado con la pólvora. 

El estado no puede negar eso porque está demostrado que hubo ejecución, porque eso es lo vimos primero, estaban heridos, después que nos llevaron hacia otro lado escuchamos balazos, eso da entender que fueron ejecutados. No lo vimos, pero lo escuchamos. 

En el caso particular de Ericka Zamora (también sobreviviente) y el mío está documentado que fuimos torturados, los médicos legistas dijeron: `estos vienen bien jodidos´. 

Esas son cosas que el Estado no se las puede quitar. 

La demanda fue recibida en 2012 por la CIDH y hubo admisibilidad por parte del Estado mexicano donde señaló que existen indicios, que se violaron muchos artículos, hay sospechas de que hubo ejecuciones extrajudiciales y está demostrado que hubo tortura. 

El Estado lo admite, ahora lo que estamos esperando es el informe de fondo y este busca establecer la violación de derechos humanos y ponerse de acuerdo entre Estado y victima del caso, de no llegar a un acuerdo se turnara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta es ya la segunda instancia. 

En estos momentos se está esperando el informe de fondo, lleva 10 años la demanda, pensamos que el informe saldrá a la luz a finales del sexenio de (Andrés Manuel) López Obrador o del siguiente, sabemos que es un juicio tardado. 

En los hechos ocurridos en la comunidad de El Charco, del municipio de Ayutla de los Libres, murieron 11 personas, cinco heridos y 22 detenidos. 

 

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Buscando a Vicente: el río grita para que le regresen a su defensor

Detenciones, asesinatos y hostigamiento durante la búsqueda  de Vicente Suástegui Muñoz, defensor de la tierra en Acapulco,Guerrero.


Texto: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña / Pie de Página

Fotografía: Lenin Mosso

Acapulco

 

No hay nada, ni rastros de sus pasos entre las palmeras que se extienden por las comunidades afros de Acapulco. Por ningún lugar se le ha visto a Vicente Suástegui Muñoz, defensor de la tierra y el río Papagayo. Desde aquella funesta noche, cuando hombres armados se lo llevaron a un hotel de Tres Palos, las lágrimas permanecen en su familia. Ese 5 de agosto, cuando las nubes se desgajaban en torrenciales lluvias, empezó la pesadilla. Al filo de las 8 de la noche lo buscaron en las peligrosas calles de la colonia Renacimiento. Al siguiente día recorrieron las colonias vecinas, repartiendo volantes con la fotografía del defensor. Hombres y mujeres no quisieron dar información por el temor que los desaparecieran o los asesinaran. Ni una gota de confianza resbala por esa tierra de nadie, donde crece el terror impuesto por los grupos de la delincuencia organizada.

La familia no durmió por la desesperación y la preocupación. El 6 de agosto de 2021 fue recibida la denuncia en el Ministerio Público del Sector Central que se encuentra en la Fiscalía Regional en el puerto. Se iniciaron las investigaciones en la carpeta 2030080200466060821 por el delito de desaparición forzada de personas, cometida por particulares. La policía ministerial ordenó investigar los hechos, buscar testigos y evidencias, y también se emitió la alerta. Se giró oficio a diferentes dependencias para saber del paradero de Vicente, pero las autoridades informaron que desconocían de los hechos y que no contaban con información. La familia solicitó al Ministerio Público que ordenara a la policía ministerial que buscara a Vicente por las colonias de Acapulco, pero estos no lo hicieron (Vicente Suástegui: el defensor de la tierra, en el informe de Tlachinollan “Tu nombre que nunca olvido”.

Para saber qué caminos tomaron o donde lo escondieron. Nada más quedaron las calles retorcidas quietas y silentes, solo el ruido de las piedras y los carros incendiados aún dibujan en la tarde un trozo de humo en el mar. Prevalece la ley de las balas en plena luz del día. Los transeúntes siguen su camino, pero con el rostro palidecido. Una semana después de la desaparición de Vicente estas imágenes del terror provocaron que se suspendieran las búsquedas, porque cerca merodeaban personajes de la “maña”.

A pesar de la hecatombe de la violencia, Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), exigió a las autoridades estatales, con particular énfasis en la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), implementar acciones de búsquedas para dar con el paradero de su hermano Vicente, así como la aceleración de las investigaciones para detener y castigar a los responsables.

En nueve meses la FGE cuenta con la detención de Juan Carlos N alias “El Brillo”, Jorge Eduardo N alias “El Junior”, Felipe N alias “La Yegua” y José Luis N alias “El Galletas o Hipo”. Sigue prófugo de la justicia el comandante de la UPOEG, Pedro Santos Cruz alias “El Pino”, uno de los más importantes perpetradores de la desaparición del defensor. Además del ex policía ministerial, Baltazar Cardona, que fue asesinado en el momento de su detención. Es un hecho que se debe esclarecer, sin embargo, las investigaciones de la FGE aun no garantizan el paradero de Vicente. No hay información judicial para las búsquedas, pese a que se han realizado 10, pero sin rumbo.

“Más preocupante es que no se ha tenido ninguna audiencia. Este 24 de mayo se iba a realizar la audiencia intermedia del “Brillo”, pero no se llevó a cabo. No hay ninguna sentencia en el caso. La Fiscalía no ha avanzado para entrevistar a los detenidos para que den mayor información del paradero del defensor a cambio de alternativas establecidas por la ley. Son los familiares quienes tienen que hacer sus propias indagaciones” comenta Rogelio Telliz, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Es hasta el 14 al 16 de agosto de 2021 cuando se realizó la primera búsqueda, conformada por la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Fiscalía General del Estado de Guerrero, peritos y la unidad canina. El ambiente era hostil. La UPOEG cerró los caminos para que no pasara la caravana de búsqueda. En las colonias de Acapulco encontraron a un Tsuru incendiándose con el cuerpo de una persona en la cajuela. Las tensiones siguieron en la segunda búsqueda llevada a cabo el 19 al 22 por la presencia de civiles armados. La tercera abarcó del 30 de agosto al 2 de septiembre en medio de los patrullajes de la policía ciudadana; la cuarta jornada de búsqueda fue del 7 al 10 de septiembre; la quinta fue del 30 de septiembre al 2 de octubre; y la sexta en el mes de noviembre. Las miradas aviesas de civiles armados nunca dejaron de amedrentar a las y los buscadores.

Las búsquedas se quedaron suspendidas aproximadamente por cinco meses. La Comisión Nacional de Búsqueda no volvió al terreno. El resto de las autoridades se desentendieron aún más. Ante la poca importancia por parte de las autoridades en el caso Vicente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dirigió una acción urgente a las autoridades federales para que a la brevedad se realizaran más búsquedas, pero fue concedida la tarea a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la Fiscalía, peritos y la unidad canina. Así fue que se han hecho cuatro jornadas de búsquedas del 21 de abril al 13 de mayo de 2022, pero sin tener resultados.

Marco Antonio, ya ahogado en la desesperación, pedía a gritos caminar en los cerros, barrancas, lagunas y ríos. Las horas pasaban más rápidas. En la descripción esperanzadora de seguir buscando a su hermano una pequeña sonrisa llegó a su rostro. Su mirada quedó perdida por un momento en el horizonte sin rumbo. Ese rostro afligido lleva 6 mil 744 horas con sus ojos rojos por una gota de agua que bruscamente salió del túnel de la angustia.

El pasado 5 de mayo, las búsquedas se cumplieron 270 días sin saber del defensor, “como si la tierra se lo hubiera tragado”. Su hermano tiene la esperanza de encontrarlo con vida.  Lo busca aquí y allá. Descarta cualquier lugar sospechoso. Intercambia la palabra con las familias que habitan cerca del infierno: Acapulco – quizá sea peor tanto que si llegara el diablo temblaría de miedo. Las voces se quiebran, pero poco a poco hablan de fosas, de gritos, de carros desconocidos que pasan en la noche y de personas extrañas. Es todo lo que pueden decir porque temen por sus vidas.

El pasado 12 y 13 de mayo fueron las últimas jornadas de búsquedas porque ya no se tenían más puntos. Aun cuando la Fiscalía del estado tenía que dar lugares para el rastreo, fue Marco Antonio quien terminó brindando la información para no esperar más tiempo. A menudo son las familias quienes tienen que andar preguntando de casa en casa, de corral en corral para recabar datos, mientras las autoridades están de espectadoras. Nada les conmueve, faltos de sensibilidad. En los recorridos están más preocupados por las espinas o los rayos del sol.

¿Dónde está Vicente?  El montón de recuerdos que se alborota. En el recorrido que se realizó por las tierras de Bellavista Papagayo, Marco se quedó pensativo mirando las aguas del río. Hacía memoria de cuando jugaban con su hermano Vicente, quien durante 20 años defendió la vida del río para que no entraran las gravilleras, que están aliadas a los grupos de la delincuencia organizada. Hay cuatro familias caciques que están matando el río con la explotación de materiales pétreos que son exportados en barcos o vendidos en Acapulco, desde hace 50 años. Ahora el mismo río grita para que le regresen a su defensor.

La búsqueda se extendió al río arriba de la comunidad de Zoyamiche. Contadas almas se quedaron ante la violencia. Decenas de familias tuvieron que desplazarse a otras comunidades cercanas, casi hasta quedar deshabitado el lugar. Las tierras quedaron sin campesinos y campesinas que las cultiven. Hasta los árboles florecieron en las casas abandonadas. Una comunidad bajo asedio por la policía ciudadana de la UPOEG, que en ocasiones patrullan las secas calles del pueblo.

Para acercarnos a ese pueblo fantasma, la caravana tomó camino a pie por toda la ribera del río. Los pasos se hundían en la arena por más que se hacía esfuerzo. Perecía la pesadilla de la ausencia. Las miradas en las hojarascas, en las tierras removidas, en los hundimientos del terreno en toda la orilla de una barranca que ni una gota de agua escurría. Marco Antonio encontró una roca al llegar a la orilla del río Papagayo, subió para verla arriba y abajo. Con una vara midió la profundidad de las corrientes. Pensó en una manera de pasar. A lo lejos estaba una panga. Es por allá, dijo, con un respiro de esperanza. Llegando al sitio nadie quería pasar el río. Marco y Saturnino rápidamente se adentraron en las aguas. Desde la otra orilla gritaban para que pasara el resto, y por unos minutos fueron cruzando uno a uno. Entre la arena salió un señor con un quintal de alambre y lo puso en la panga. Así, un grupo de militares le pidieron que los cruzara hasta que todos pasaron.

Eran las dos de la tarde cuando Marco platicaba con una persona mayor de edad montado en un caballo.

El señor:

–Cómo no te voy a conocer, le dijo. Nos dijeron que estabas desaparecido.

– No– respondió Marco, –es mi hermano Vicente.

Bajaron las miradas, conteniendo las emociones bruscas que insoportablemente querían soltarse entre las piedras. El señor se bajó y le dio el caballo a Marco:

–Anda, aquí te espero.

El ruido del río al lado, algunos árboles y buitres que volaban en círculos. No se escuchaba nada, ni siquiera las piedras querían hablar, ya sea por el miedo o por el inclemente sol. Un poco de aire pasaba de rato en rato. Poco más de 2 kilómetros de camino. De regreso se hizo un abanico para abarcar el arenoso terreno, pero no hubo nada. Algunos volvieron a cruzar el río, mientras varios esperaron para que los pasaran en la panga, pero al salir tenían que avanzar cinco metros para cruzar completamente. Sin embargo, un señor se ofreció a cargar a un policía estatal, un militar y un guardia nacional porque no se quisieron mojar sus botas. La imagen tenía muchas interpretaciones, pero la más importante tenía que ver con el abuso de poder de las fuerzas armadas, pero ese es otro tema.

El recorrido siguió por una barranca llena de zarzas y espinos. En seguida apareció una huerta de palmeras de coco. Con los picos, palas, varillas y perros se escudriñaba el terreno, donde había pozos de agua, ropa tirada y la tierra suelta. La varilla entraba a la mitad y a veces más. Ahí se generaba una especie de remolino de integrantes de la caravana. Se escarbaba un poco y al final el perro de la fiscalía olfateaba para descartar que estuviera una persona enterrada. Solo la tierra sabe dónde los malhechores esconden a sus víctimas, en sus entrañas.

Las miradas vigilantes de la policía ciudadana de la UPOEG seguían el curso de la caravana. La osadía de algunos campesinos y campesinas relatan la despiadada ley que prevalece en las comunidades rurales de Acapulco, implantada por el comandante “Pino”. La única comunidad donde no llegaron fue en Medanitos Perros de Agua, cerca del mar. Para llegar se hace una hora desde la comunidad de Llano de la Puerta. Es una brecha poco transitada, llena de bejucos colgados. El polvo intacto, solo se levanta con los remolinos de aire. A las tres de la tarde no hay nada más que unas redes de pescar tiradas en el patio de las casas, hechas de palma de coco y unas plantas a los lados. En el centro del poblado está la escuela primaria, pero sin estudiantes y el resto es arena. El espantoso silencio es más grande que las olas del mar. Todo parecía abandonado hasta que empezaron a salir algunas personas desde el interior de sus chozas, con los rostros sorprendidos.

Marco Antonio se acercó a un señor para establecer un diálogo, donde explicaba los motivos de la llegada de la caravana de búsqueda:

–Mire, andamos buscando a mi hermano Vicente, porque desapareció desde hace 9 meses. Ya son muchos días y no lo encuentro.

El señor:

–Mire, pues por aquí luego viene gente desconocida en la noche. Son puros jóvenes, pero no sabemos que vienen hacer. Nosotros tenemos miedo. Luego vemos pasar motocicletas que sepa de donde son.

Las manos del señor señalaban hacia un lado, un escurrimiento de agua que desemboca al mar, donde tenía 6 meses que habían encontraron un cuerpo sin vida. El hermano de Vicente con la honda preocupación dijo que se descartara ese lugar. Se sumergieron las varillas para detectar algún olor extraño. Había algunos huesos de animales, chanclas, huaraches, ropa carcomida por el sol y muchos troncos de árboles que daban una sensación de melancolía. No hubo nada, pero se continuó por unos matorrales hasta que se encontró una casa abandonada que quedaba habitada sólo por murciélagos.

La caravana se detuvo a un lado de la brecha de terracería para revisar otras casas en obras negras con orificios de balas en las ventanas y con ropa adentro, invadidas por los árboles que crecen rompiendo las paredes. Sobre el paradero de Vicente no se avizora nada, pero hay bastantes señas de la violencia en la región. Es tierra de ausencias, desolación, pobreza y de arenas movedizas donde pululan los grupos delincuenciales. Se dibuja el desgobierno entre las olas de la impunidad.

En estas búsquedas sólo hay sombras que ocultan la verdad. La desesperanza es la única propuesta de vida de las autoridades que no hacen nada por desarticular a los grupos de la delincuencia. La violencia seguirá y las desapariciones no cesarán si no hay una política de Estado. El gobierno del estado está en un desfiladero en llamas. Es tiempo de que deje de cantar, más bien escuche las chicharras y mire que el día es gris. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año Acapulco lleva 143 asesinatos de personas, mientras que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas el puerto cuenta con mil 19 personas desaparecidas. Sigue siendo la ciudad más peligrosa de Guerrero y México. Este es el escenario más cruento de la historia reciente no sólo por las estadísticas, sino porque todos los días hay hechos de alta violencia.

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

 

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Tercer día de búsqueda de restos de Ayelín

Los peritos y la mamá de Ayelín, Flora Marcelo Rojas, recorrieron la vereda donde fue la última vez que caminó la niña y que se presume en esa zona fue privada de su libertad


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

9 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Por tercer día consecutivo, peritos de las fiscalías General de la República (FGR) y del Estado (FGE) realizaron la búsqueda de los huesitos de la niña Ayelín que fue hallada mutilada en octubre del 2020 pero que en esa ocasión todos sus restos no fueron recuperados.

Esta vez, los peritos y la mamá de Ayelín, Flora Marcelo Rojas, recorrieron la vereda donde fue la última vez que caminó la niña y que se presume en esa zona fue privada de su libertad por sus victimarios.

Esto fue en la colonia La Candelaria, en una de las zonas más empobrecidas de Tixtla.

Desde este lunes, peritos forenses acompañados por perros que son adiestrados para localizar a personas fallecidas y la mamá de Ayelín, recorrieron la zona para hallar los 89 huesitos de la niña de 13 años que quedaron en ese lugar.

A los peritos de la Fiscalía de Guerrero que en octubre del 2020, después de la desaparición de Ayelín, no pudieron recuperar los 89 huesitos de la niña.

La niña desapareció el 15 de octubre del 2020 y después de cuatro días de búsqueda por parte de peritos de la Fiscalía del Estado fue hallada mutilada pero no fueron recogidos todos sus restos.

Doña Flora Marcelo Rojas quien después de que su hija fue sepultada se desplazó de su comunidad por haber recibido amenazas realizó protestas en la Ciudad de México para exigir castigo a los responsables y la localización de los demás restos de su niña.

Se informó en esa ocasión que el 15 de octubre la niña recibió una llamada telefónica de su madre quien le dijo que la esperaría en su negocio de material de reciclaje ubicado en la colonia Santa Cruz que estaba ubicado a un costado de la carretera federal Tixtla-Chilapa.

La niña se dirigió caminando por una vereda de la barranca de la Candelaria para reunirse en el sitio donde la esperaba su mamá pero nunca llegó.

Ese mismo día 15 de octubre, doña Flora Marcelo acompañada por sus familiares y vecinos realizaron la búsqueda de Ayelín.

Fue hasta el 19 de octubre cuando peritos de la Fiscalía del estado localizaron mutilada a la niña.

En estos dos días de búsqueda de los demás restos de la niña, fueron hallados varios huesitos pero que se podrá determinar si pertenecen a Ayelín después de que se realicen los estudios de ADN.

Por el homicidio de la menor de 13 años, desde el 25 de octubre del 2020 hay cuatro hombres bajo proceso judicial.

Doña Flora Marcelo, señala que debido a la pandemia por el Covid-19, el proceso judicial en contra de los presuntos responsables del asesinato de su hija, va muy lento.

Mañana jueves a las diez de la mañana, se realizará una protesta en las calles de Tixtla para exigir castigo a los responsables del asesinato de la niña.

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Buscan por segundo día huesos de niña Ayelín en Tixtla

Un año cuatro meses después de su asesinato, a petición de su madre, 89 huesos de Ayelín son buscados


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

8 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Peritos de las Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) participaron en el segundo día de búsqueda de huesos que no fueron recuperados de Ayelín, una niña de 13 años, que en octubre del 2020 fue hallado sus cadáver mutilada en una barranca ubicada entre las colonias la Candelaria y la 6 de noviembre, en la cabecera municipal de Tixtla.

Flora Marcelo Rojas, madre de la niña y que participó en esta jornada de la búsqueda junto con integrantes de colectivos de desaparecidos, informó que están rastreando 89 huesitos de su hija que no han sido recuperados.

La niña desapareció el 15 de octubre del 2020 y después de cuatro días de búsqueda por parte de peritos de la FGE fue hallada mutilada, pero no con todas las partes que le habían quitado por fragmentos. Faltaban huesos.

Flora Marcelo Rojas, quien después de que su hija fue sepultada se desplazó de su comunidad porque recibió amenazas de muerte ha realizado protestas en la Ciudad de México para exigir castigo a los responsables y la localización de los demás restos de su niña.

Derivado de los plantones y marchas que realizó la señora, las autoridades federales y estatales ordenaron que se realizara la diligencia de búsqueda de los 89 huesitos de la menor en una barranca cerca de donde ella vivía junto con su familia en Tixtla.

En esa ocasión, las autoridades informaron que el 15 de octubre a Ayelín la llamó su mamá y le dijo que la esperaría en su negocio de material de reciclaje, ubicado en la colonia Santa Cruz, a un costado de la carretera federal Tixtla-Chilapa. Ayelín fue caminando por una vereda de la barranca de la Candelaria para reunirse con su mamá, pero nunca llegó.

Ese mismo día 15 de octubre, Marcelo Rojas con familiares y vecinos realizaron la búsqueda de Ayelín.

Fue hasta el 19 de octubre cuando peritos de la FGE la localizaron.

En estos dos días de búsqueda de los demás restos de la niña fueron hallados varios huesitos que se podrá determinar si pertenecen a Ayelín después de que se realicen los estudios de ADN.

Por el homicidio de la menor de 13 años, desde el 25 de octubre del 2020 hay cuatro hombres bajo proceso judicial.

La madre de la niña expuso que debido a la pandemia por la Covid-19, el proceso judicial en contra de los presuntos responsables del asesinato de su hija va muy lento.

«La protesta que hicimos en la Ciudad de México es precisamente para que haya justicia, pero vemos que hasta el momento no la habido», dijo la mujer que junto con su familia vive fuera de Guerrero por las amenazas que sufrió después de la muerte de su niña.

Este miércoles (mañana) seguirán los trabajos de búsqueda y el jueves habrá una marcha en las calles de Tixtla para exigir justicia.

Lupita: buscar hasta el último aliento

Texto: Beatriz García y Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

31 de agosto del 2021

Chilpancingo

 

Es la tarde del 25 de noviembre del 2020, y Lupita, junto a sus compañeros del Colectivo de Familiares de Desaparecidos del Estado de Guerrero y el País y efectivos de la Guardia Nacional descienden del Cerro El Veladero, de Acapulco, después de una exhausta búsqueda en fosas clandestinas.

De pronto, camionetas de policías ministeriales y estatales les cierran el paso y les toman fotografías y videos. Lupita les reclama: “¡No somos criminales… nosotros buscamos a nuestros familiares desaparecidos!”.

La escena anterior que representa parte de las consecuencias que viven familiares de desaparecidos y asesinados en México encargados de las búsquedas ante la inacción institucional, la describió la propia Guadalupe Rodríguez Narciso el 7 de julio pasado, con la intención de documentar su trabajo por los desaparecidos, como parte del contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, conmemorado ayer.

El viernes 27 de agosto por la noche, Lupita, como la llamaban de cariño, murió a causa del virus SARS-Cov-2; estuvo hospitalizada desde el 9 de agosto en el Hospital Covid-19 de Iguala.

La vida de la abogada cambió para siempre desde hace siete años. La desaparición de su hijo Josué Molina Rodríguez, ocurrida el 4 de junio del 2014, lo transformó todo. A raíz de su lucha por hallarlo la convirtieron en la portavoz de familiares de desaparecidos y asesinados en Guerrero.

Lupita es una de las cientos de madres en el país que se volvieron líderes, porque asumieron una responsabilidad que le toca al Estado: buscar a sus desaparecidos y la justicia por los asesinados.

En un análisis sobre la situación de los derechos humanos de las personas desaparecidas y no localizadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que: “la desaparición de personas, desafía y cuestiona las capacidades y recursos de las autoridades gubernamentales para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un obstáculo que impide la consolidación de una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos”.

Este texto busca visibilizar y mostrar a Lupita en sus siete años de búsqueda junto a otros familiares de desaparecidos frente a la impunidad.

El comienzo del camino

A las cuatro de la tarde del 4 de junio del 2014, Josué salió de su casa para llevar a su esposa a la escuela, estudiaba en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, a donde llegaron veinte minutos después.

Instantes después de eso, Josué recibió una llamada en su celular. De acuerdo con la investigación que hizo la madre de Josué, Guadalupe Rodriguez Narciso, la llamada salió de la Escuela Secundaria Técnica 30 de la capital, ubicada en la colonia Alianza Popular, al sureste de la ciudad.

A las 4:45 existe el reporte en las autoridades policiacas que fuera de la secundaria, tres hombres armados se llevaban a un joven en un Jetta negro. El vehículo del hijo de Lupita.

En su despacho, Lupita concedió una entrevista a Amapola. Periodismo transgresor a mediados de julio, antes de que enfermara. Habló de Josué, el hijo que la movió a luchar por él y otros desaparecidos.

“Sólo dios sabe por qué lo hizo, si mi hijo no hubiera desaparecido no hubiera ayudado a tantas familias”, dijo.

Sobre la mesa y el escritorio hay pilas de carpetas amarillos con copias de documentos y formatos. Ese día Lupita alistaba los documentos porque al siguiente viajaría a la Ciudad de México a realizar trámites de familiares de desaparecidos. Acudiría al Registro Nacional de Víctimas (Renavi), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para revisar declaraciones, demandas y situación jurídica de algunos casos de asesinados y desaparecidos.

Lupita conocía todo el trámite.

Después de que desapareció Josué acudía todos los días al Ministerio Público y a la delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), en busca de noticias sobre su paradero. Ahí se dio cuenta que muchas familias vivían su misma situación.

Por su profesión conocía el ámbito legal. Se dio cuenta que había personas a quienes ni siquiera les tomaban la denuncia, y regresaban una y otra vez a las oficinas para una serie papeleo, a la par que recibían mala información y malos tratos.

En ese 2014, después de varios meses de dar vueltas a las oficinas de la FGR en espera de una respuesta que nunca llegó, Lupita hizo amistad con otras familias y supieron del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), una organización que ayudaba a familiares de desaparecidos y se sumaron.

Por su astucia, capacidad de dialogar y resolver conflictos, compartieron otros integrantes del colectivo, Lupita se ganó la confianza de otras víctimas, quienes la siguieron cuando decidió dejar Tadeco para comenzar las búsquedas por su cuenta.

“Íbamos a la radio a solicitar una piñata (para hacerles posadas a los niños víctimas), dulces y ahí es donde daba mi teléfono, mi domicilio, para decirles que podían ingresar a nuestro colectivo para luchar juntos”, relató la abogada.

Su colectivo alberga ahora a poco más de 500 familiares víctimas de desaparecidos y asesinados desde el año 2000 en diferentes partes del estado.

“Les pedía sus datos para integrarlas, primero no teníamos grupo de WatsApp, cuando iniciamos todavía no había eso, yo les tenía que marcar y hablar por teléfono, a todas les tenía que avisar, o por mensajes, entonces así se fue consolidando el colectivo, y de ahí algunas personas también me las mandaban de la Fiscalía del estado”, narró.

Lupita no paró en enviar escritos a los gobernadores en turno. Ese día recordó que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y ex procurador Iñaki Blanco nunca los recibió.

Fue en 2015 que a su grupo lo nombraron Colectivo de Familiares de Desaparecidos del Estado de Guerrero y el País.

Estas imágenes corresponden al día 7 de julio, día de la entrevista con Lupita Rodríguez Narciso.

El terreno impere sinuoso para los buscadores

Guadalupe sale de la Fiscalía y un hombre con una mochila colgada en el pecho la sigue. Ella piensa: “¡Me quiere matar!”, pero no muestra miedo, y decide internarse en la vía rápida de la Autopista del Sol. Decide rápido que si habría de morir, que sea arrollada por los autos, pero frente a ella se para un taxi y el chofer le grita: “¡Súbase doña!”. Se sube.

El chofer se dio cuenta que el hombre la seguía y le contó que él lo vio cuando metió su mano a la mochila, como intentando sacar algo, quizá una arma.

Ella suelta el llanto y exclama: “¡Dios me manda a sus ángeles para protegerme, él sabe que no estoy haciendo nada malo, yo estoy buscando a mi hijo y le ayudo a otras madres a buscar sus hijos!”.

Ese día de la entrevista, Lupita dijo que le daba coraje hacerle el trabajo a las autoridades, que son quienes debían buscar a sus familiares y no sólo llenar las sillas de los escritorios en las oficinas.

En diversas ocasiones, Lupita y los familiares de este colectivo también se enfrentaron a otros escenarios violentos, como cuando se plantaron en oficinas de dependencias federales y los desalojaron de manera violenta.

En una protesta en el periodo del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), con el titular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, policías antimotines los rodearon y golpearon miembros del colectivo.

La persistencia

Las búsquedas de los desaparecidos por parte de las autoridades no existían, tampoco la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ni la Comisión Estatal de Búsqueda. Lupita está segura que las instituciones las crearon a raíz de la exigencia de los colectivos.

De acuerdo a lo que está publicado en la página web del gobierno federal, fue hasta el 12 de octubre del 2017 que la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas. Luego se determinó crear la CNB y las comisiones locales. El 7 de marzo de 2018 rindió protesta el primer comisionado, Roberto Cabrera Alfaro.

En ese 2015, la denuncia de Lupita por la desaparición de su hijo se integró en la Unidad de Búsqueda de Personas de la PGR, desde ese momento solicitó ante estas autoridades la investigación y las búsquedas, no sólo de su hijo, si no de los familiares de sus compañeros y compañeras de colectivo.

Al año siguiente, en el 2016, estaba de titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Eréndira Cruzvillegas Fuentes. Lupita recordó que fue tajantemente con ella al decirle que en esa Fiscalía no se hacía investigación. “Aquí se hacen puras búsquedas, pero, pues, no hay para ti, porque yo siempre estaba insistiendo, exigiendo y para ella era una molestia”, recordó que le contestó la funcionaria.

Pero el trabajo de Lupita siguió. Recabó información de sobre desaparecidos que estaban vivos, pero retenidos por otras personas. Las autoridades nunca la escucharon y creyeron en esa posibilidad, y otra vez vivieron las consecuencias de estar solos en este: uno de sus compañeros del colectivo fue desaparecido después que denunció estos hechos.

Sin la intervención del gobierno del estado, la federación otorgó la primera búsqueda liderada por los familiares del colectivo en el 2019.

Sus 62 años, la diabetes e hipertensión que le detectaron antes de la desaparición de su hijo, no fueron impedimento para Lupita. Desde entonces bajaba barrancas, escalaba cerros y caminaba por lugares pedregosos y con maleza en busca de fosas.

Ella y sus compañeros se volvieron un espacie de expertos en búsquedas. Lupita no faltó a ninguna de las más de 10 jornadas que realizaron; la última la realizaron del 14 al 23 de julio. Y si faltaba era porque debía ir a hacer trámites en las diferentes dependencias federales para otros familiares.

Al hablar de la primera búsqueda, Lupita se conmueve, se le humedecen los ojos. “Fue un triunfo tener la oportunidad de buscar a los desaparecidos, es una esperanza para encontrarlos, un trabajo que debería de hacer el Estado”, comentó ese día.

El colectivo localizó más de 100 restos óseos y cadáveres en todas las jornadas de búsqueda, pero el trabajo todavía esta incompleto, los peritos forenses o el Estado debe hacer las confrontas con el ADN de los familiares de desaparecidos para posibles identificaciones. Hasta ahora han identificado a tres desaparecidos.

Buscar hasta el último aliento

En julio pasado fue la última jornada de búsqueda de desaparecidos en fosas clandestinas en la que participó Lupita. Durante esas búsquedas, que ocurrieron en Acapulco y Leonardo Bravo, una bacteria se alojó en un pulmón de Lupita, contó su compañera Gema Antúnez Flores, integrantes del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera.

Gema también se convirtió en activista después de la desaparición de su hijo, Sebastián García Antúnez, de 22 años, desaparecido en Chilpancingo el 27 de febrero del 2011. Ella, al igual que Lupita, tampoco paró en pandemia para exigir justicia por los desaparecidos.

El 7 y 8 de agosto, ambas acudieron a la Ciudad de México a reuniones en al Comisión Nacional de Atención a Víctimas (Conavim), la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), y antes a la FGR y en la Secretaría de Gobernación (Segob).

En esas reuniones Lupita se sintió mal y se fue directo al médico, pero pensó que era la bacteria alojada en su pulmón de la que ya se recuperaba. Le hicieron la prueba y dio positivo a Covid-19.

Gema y otros integrantes del colectivo también se contagiaron, pero algunos ya se recuperaron y otros aún se recuperan.

A Lupita la hospitalizaron el 9 de agosto y después la intubaron.

“Le puedo decir las mil maravillas de la señora, porque para mí siempre fue una persona que daba todo a cambio que las familias estuvieran bien. Yo le puedo decir que era una persona que les transmitía seguridad, paz y ha sido una guerrera, y Dios permita siga adelante porque sería una gran pérdida por todos nosotros”, dijo Gema dos horas antes de que se conociera sobre la muerte de Lupita.

Su muerte ocurrió el viernes 27 de agosto, tres días antes del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

 

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