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Invisibilizan a mujeres indígenas en prisión desde su registro

En un diagnóstico hecho por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se evidencian una serie de fallas estructurales en la impartición de justicia para mujeres indígenas y luego su internamiento en centros penitenciarios de la entidad.

Texto: Jaime Armendáriz/Raíchali

Foto: Cortesía de CEDH/Raíchali

14 de febrero 2024

Julia es una mujer indígena que lleva 8 años en una prisión de Chihuahua por haber matado a un hombre que intentó violarla. Trabajaban en el mismo lugar y él la acosó en varias ocasiones.

Esa no fue la única vez que Julia vivió violencia. A sus 13 años otro hombre la violentó. Estaban casados y quedó embarazada, pero lo dejó por sufrir violencia sexual.

Así como ella, hay por lo menos otras 7 mujeres indígenas en el centro penitenciario número 1 del estado, ubicado en Aquiles Serdán, y una más en el Cereso número 2, localizado en ciudad Juárez, pero podría haber más.

En un diagnóstico sobre mujeres en centros penitenciarios, realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), este organismo especifica que las mujeres indígenas dijeron desconocer que se trata de un hecho ilícito aquello por lo que fueron detenidas.

Por ejemplo, en su mayoría, cometieron delito en defensa propia tras sufrir algún tipo de violencia de género (física, psicológica o sexual) durante diferentes etapas de su vida y por parte de distintas personas; o realizaron alguna acción que vivieron en su entorno familiar durante su niñez.

Esto quiere decir que no hubo una visión desde lo cultural al momento de aplicar justicia en la entidad a mujeres de comunidades, establece la CEDH. A ello se le suman las barreras lingüísticas para hacer efectivo un proceso adecuado para esas mujeres, especialmente por la falta de personas intérpretes y/o traductoras en los procesos penales.

Entre los testimonios recabados por la comisión derechohumanista par su diagnóstico, está el de Ana, mujer indígena sentenciada a 11 años de prisión como cómplice en el delito de abuso sexual contra su hija.

“La historia de violencia se repitió en su familia debido a que ella también fue abusada sexualmente durante su niñez, y hasta su detención, desconocía que se trataba de un delito. Luego de 3 años interna, declaró que desea redimir la situación con su hija, a quien desea hacerle saber que no está sola”, dice el documento, publicado en enero de este año.

En el diagnóstico la CEDH advierte la posibilidad del registro irregular de las mujeres indígenas que son internadas en prisión, ya que no en todos los casos se establece la pertenencia a pueblos originarios.

En México, de conformidad con las cifras de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta agosto de 2022, la población indígena y afrodescendiente en los centros de reinserción social del país, era de 7 mil 671 personas, de las cuales 255 eran mujeres y 7 mil 416 hombres.

Específicamente en Chihuahua, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, hay 8 mujeres detectadas como de pueblos originarios, recluídas por delitos como robo agravado, abuso sexual, homicidio en grado de tentativa y homicidio. Son de Chihuahua, Urique y Guerrero, y tienen parcial o totalmente la comunicación con sus familiares.

Estela, por ejemplo, es una mujer indígena, y en su testimonio dado para el diagnóstico dijo no comprender bien cómo fue procesada y no sabe cuándo podrá salir porque ya no la visita ninguna persona defensora.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no existe uniformidad en los criterios utilizados para su identificación. En algunos lugares, las mujeres indígenas privadas de la libertad deben declararlo, mientras que en otros, el personal penitenciario discierne en función de su idioma.

Al respecto, la CEDH urge a tener mecanismos claros para el registro de quienes ingresan a los penales, así como asegurar asistencia jurídica que incluya personal especializado en el trabajo con comunidades indígenas, para dar asesoría adecuada y culturalmente informada.

También considera la necesidad de crear un centro penitenciario en la región de la Sierra Tarahumara para propiciar el contacto de las mujeres de comunidades con sus familias o personas cercanas.

Estigma y prejuicios, los obstáculos para una correcta justicia para mujeres

Ese tipo de panoramas y vivencias violentas son una constante en contra de mujeres, no sólo indígenas, sino en general de las que se encuentran recluidas en centros penitenciarios. Son también estigmatizadas socialmente y viven una cascada de consecuencias negativas a partir de estar privadas de la libertad.

En las conclusiones hechas por la CEDH en su diagnóstico, el estigma y los prejuicios obstaculizan examinar la reclusión desde una perspectiva más amplia, que revela una serie de condiciones y situaciones que colocan a todas las personas en estado de vulnerabilidad.

Además que, en caso concreto de las mujeres, prevalecen en su contra una estructura machista, con la prevalencia de estereotipos sexistas y una segregación histórica, con una tolerancia desde lo social y lo institucional.

“Las cárceles dejaron de funcionar desde hace mucho, hay que repensar el sistema penitenciario”: Enrique Zúñiga, especialista

Texto: Elidet Soto / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

6 de noviembre del 2022

Visitar las cárceles de México es ver los malos tratos y las vejaciones de las que son objeto internos y custodios, pero también confirma que lo que ahí sucede fue diseñado por el propio Estado.

Esta es la premisa de Enrique Zúñiga, autor del libro La pelea por los infiernos (Grijalbo), donde muestra las entrañas de las prisiones a través de historias que recolectó en diversas visitas a esos lugares.

Zúñiga asegura que el sistema penitenciario en México está perdido y no existe un punto de retorno, por lo que propone eliminar las cárceles.

“¿Por qué las cárceles no deben existir? Porque desde hace mucho han dejado de funcionar, están en un punto de no retorno, es más fácil quitar una prisión que construir una, porque es toda una industria que está anclada o avienta anzuelos ficticios”, dice en entrevista.

Para el autor, los monstruos no son solo los asesinos, secuestradores o narcotraficantes que están privados de la libertad, sino también el Estado que diseñó este modelo para sacar beneficios políticos y económicos.

“Es una lógica sistemática, es bárbara, pero están instrumentadas con inteligencia, ahí ves la mano del poder, no es un acto improvisado, fue planeado y organizado desde otro lugar”, expone.

Para Zúñiga, las prisiones, actos o elementos similares representan una teatralización del Estado, que finge combatir las conductas delictivas cuando en realidad estas son provocadas por esa misma maquinaria.

En busca de otro modelo

En La pelea por los infiernos hay historias de cómo, por ejemplo, en una cárcel de Veracruz existe un zoológico; otras narran el pacto patriarcal que existe en las prisiones y otras más relatan que hay sitios donde la tortura y el horror son los protagonistas.

Todas estas situaciones —insiste Zúñiga— tienen algo en común: son producto de la complicidad del Estado con la delincuencia organizada.

Zúñiga, quien trabajó como visitador adjunto en el Mecanismo Nacional de prevención de la tortura, sostiene que el sistema penitenciario no es algo justo, por lo que cree necesario repensar cómo se conforma.

“Hay que repensar qué vamos a hacer con este sistema que se constituye como un sistema de injusticia, no como un sistema justo. Un sistema que alberga gente pobre, segrega personas y castiga las diferencias es falaz”, dice.

Durante sus recorridos, vio a criminales disminuidos, viviendo en la miseria, entre la suciedad, y tratados como simples mercancías o peor que animales.

“No tienen acceso a nada, las cárceles las avientan en cinturones de miseria, la gente vive en la suciedad, con la ropa raída, incluso esos grandes capos que te quieren pintar”, ejemplifica.

La lucha por el poder es el combustible que alimenta al sistema, dice el autor, quien fue testigo de cómo las personas con ganas de ayudar y cumplir una función de integración social fueron seducidas por el poder.

“En las cárceles se administran las violaciones de derechos humanos, las agonías y el cautiverio, solo para construir proyectos políticos”, recalca.

El negocio de las prisiones

¿Cuánto vale un prisionero? Como ser humano, nada; pero para hacer negocios, millones. Al menos así lo narra el autor en uno de los capítulos del libro, donde retrata la manera en la que, a través de capital privado y de gobierno, operan ocho penales federales en el país.

“El sistema penitenciario es un gran negocio, pero es el infierno para otros, y ahí quedan atoradas personas privadas de libertad y nosotros como sociedad”.

Zúñiga explica cómo operan los contratos de prestación de servicios en las cárceles, los cuales ponen en manos privadas la construcción de estos centros, así como los servicios de alimentación y limpieza.

El problema con estos contratos —argumenta— es que están en la opacidad y es imposible saber exactamente los detalles de lo pactado. Lo que sí se ha logrado documentar es la serie de irregularidades que existen en los centros.

Por ejemplo, en septiembre de 2013, la CNDH emitió una recomendación debido a que encontró que en el Cefereso de Sonora, el primero en operar bajo este modelo, no había reinserción social, los presos no tenían actividades recreativas, laborales o deportivas, había personal insuficiente y un inadecuado acceso a servicios de salud.

La prisión es patriarcal

Otro de los temas en los que Zúñiga abunda es el patriarcado que se vive en las prisiones y cómo las mujeres son doblemente víctimas, por lo que se ven orilladas a traficar con sus cuerpos.

“Son dobles víctimas por el sentido de ser mujer y ser prisioneras y no les queda de otra que capitalizar, muchas veces con la belleza, la cual puede ser lastre o salvación”, dijo.

El autor afirma que si las cárceles fueran diseñadas por mujeres no habría actos de barbarie como hay ahora. Incluso, dentro del horror que se vive en la cárcel, las mujeres suelen ser menos conflictivas que los hombres, hay más cuidado entre ellas porque se saben solas ante un sistema patriarcal.

“La mujer está integrada y vuelve comunidad el encierro, el hombre está totalmente fragmentado, un hombre solo se refugia en las drogas, en la violencia, por eso si las carceles estuvieran en un modelo feminista serían diferentes. Si ellas no se dan la mano, el sistema se las acaba”.

Un trabajo para tener memoria

La pelea por los infiernos es un trabajo de denuncia —dice Zúñiga—, pero también aspira a ser memoria, un archivo que ayude a terminar con las monstruosidades que suceden en esos lugares.

“La intención es que se vaya rompiendo con esta omertá y se haga una lógica de hablar y dinamitar los discursos de estos lugares, porque al fin y al cabo les dan mucho poder, se tiene que nombrar lo que ocurre”.

El autor espera que con su trabajo, que podría considerarse un ejercicio sociológico, cambien las dinámicas crueles y despiadadas que se viven en las cárceles de México, y en algún momento exista otro sistema para tratar con las personas que cometen algún delito.

En la imagen, manifestantes piden la libertad de los presos políticos a las afueras del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz (Hemeroteca Amapola)

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

Para visitar a personas presas, 9 de cada 10 familias deben recorrer hasta mil kilómetros

41% de personas presas en centros federales nunca recibe visitas, y en 16% de los casos, familiares deben gastar más de $1,500 en pasajes y comidas para poderlos ver una vez al año.

Texto: Dalila Sarabia / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

13 de abril de 2022

Hace tres años que la hija de Socorro está en prisión luego de haber sido señalada de participar en un secuestro. Unos días después de su detención, la mujer fue enviada al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16 de Morelos en donde ha permanecido sin una sentencia.

Desde que llegó a este lugar no ha recibido visita. Socorro ha intentado ahorrar algunos pesos e irla a visitar “de entrada por salida” pero es imposible. “O voy a verla o le doy de comer a sus hijos”, dice la mujer de 62 años.

Tras la detención de su hija, Socorro quedó al cuidado de sus dos nietos: una niña de 10 años y un pequeño de ocho. De ser la abuelita que los cuidaba mientras su mamá salía a trabajar, pasó a ser la responsable económica del hogar, además de que sus tareas como cuidadora se duplicaron.

Lavando y planchando ropa ajena, dice, es cómo ha logrado tener dinero para que a sus nietos y a ella nunca les falte un plato de comida. Cuando en verdad no tiene un peso le pide apoyo a uno de sus hijos que migró a Estados Unidos.

“Sí me apoya mandándome unos centavos, pero no como antes”, comparte Socorro.

Así, con unos cuantos pesos en la bolsa para tener algo que comer, el salir de su pueblo, en Veracruz, e ir a visitar a su hija en Morelos no es una prioridad.

De acuerdo con el Informe sobre la situación de las prisiones privadas en México que realizó México Evalúa y Documenta, el 91% de los familiares de las personas privadas de la libertad en un centro federal viven en un estado diferente al que se encuentra la prisión en donde están, y para ir a visitarlos sus familiares deben recorrer hasta 1557 kilómetros.

Se trata de una situación que contradice las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos que estipulan que “en la medida de lo posible los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social”, lo que ha traído como resultado que, de acuerdo con el informe, el 41% de los presos en prisiones federales nunca reciban visita.

Los familiares del 16% de las personas privadas de su libertad en estos centros federales y que reciben visita una vez al año, llegan a gastar hasta mil 500 pesos en pasajes y comidas.

Para la realización de este informe, México Evalúa y Documenta habían planteado hacer entrevistas a los reclusos de estos centros penitenciarios, sin embargo, dada la emergencia sanitaria por COVID-19, se decidió aplicarlas a sus familiares. En el ejercicio participaron 218 familias de personas privadas de su libertad en siete de los ocho Centros de Prestación de Servicios (CPS) federales en funcionamiento.

Como parte de los resultados, también se advirtieron otro tipo de gastos que deben hacer a fin de que sus familiares puedan tener mínimamente lo que requieren para satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, artículos de higiene personal.

El 91% de las personas encuestadas dijo que mensualmente hace depósitos de entre 500 y mil 500 pesos. El 88% debe hacer estos depósitos a través de giros postales o telegráficos, lo que significa que además del dinero que mandan, deben pagar comisiones y cargos adicionales.

Este punto resulta muy revelador porque hay que recordar que las cárceles federales son Asociaciones Público-Privadas (APP), sin embargo, la falta de regulación de estos centros genera espacios para que se vulneren los principales derechos de las personas usuarias del sistema penitenciario.

Y es que, el estudio muestra que con el dinero que sus familiares les envían, no solo lo ocupan para comprar jabón para poder bañarse, sino que también para adquirir agua, alimentos -pues los que se les brinda no son suficientes o son de muy mala calidad-, así como para pagar el acceso al servicio médico, que, en teoría, es un derecho de las personas privadas de la libertad.

No obstante, una de cada tres personas encuestadas declaró que a su familiar se le cobra el servicio médico o las medicinas.

“No les dan el medicamento adecuado que ellas necesitan. Yo como familiar le llevo su medicamento, pero aun así́ ponen muchas condiciones para que lo acepten, además de que tardan más de 3 meses para que se los entreguen. Entonces si es medicamento que nosotros compramos es porque ahí́ adentro no se los dan”, dice el familiar de una mujer presa en el Cefereso 16 de Morelos.

“Nos dicen que la próxima semana vayamos a ver si ya está autorizado, como si viviéramos a la vuelta del penal y tuviéramos dinero para solventar cada que ellos quieren. Hace 3 meses fui a televisita y llevé medicamento que mi mamá necesita y hasta la fecha es día que no se lo han entregado”, detalla el familiar en el testimonio contenido en el informe.

Como parte del análisis hecho con ayuda de los reportes anuales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publica sobre las condiciones de estos espacios, también se advierte “la insuficiencia o franca inexistencia de actividades laborales, de capacitación y educativas —si bien esto ha mejorado con el paso del tiempo, de acuerdo con los informes de la CNDH— señalan el grado de abandono con el que el Estado mexicano inició la provisión de estos servicios para las personas privadas de la libertad en los Cefereso”, se lee en el informe.

“Las fallas e insuficiencias presentes en los Cefereso (…) no son del todo atribuibles a la actuación de la iniciativa privada, sino que ocurren en la provisión de servicios y programas que son también responsabilidad del Estado. Una posible explicación podría estar relacionada con el desdibujamiento de las atribuciones del Estado en este tipo de centros, pues la introducción de un tercer actor —la iniciativa privada— altera por completo la relación persona privada de la libertad- gobierno”, se expone en el documento.

A diez años de la puesta en operación de este modelo de APP -que buscaba mejorar las condiciones en las que se tenía a las personas privadas de su libertad- es importante recalcar que si bien es cierto que en abril de 2021 se dio a conocer que se resultado de las negociaciones entre el gobierno y los privados a cargo de estos espacios, se acordó una reducción del 15% en los pagos que se deberán hacer a las empresas y que al final del contrato la tenencia de las instalaciones recaerá en el Estado, aún hay muchos pendientes.

Uno de los más importantes, puntualiza este informe, es poder conocer con plena transparencia la versión pública de los contratos de prestación de servicios dirigidos a la construcción y operación de estos centros penitenciarios.

“Concretamente, es relevante que se conozcan las obligaciones de las empresas en cuanto a los servicios de salud, el acceso a agua y los servicios de alimentación, así ́ como la provisión de actividades culturales, educativas y laborales. De igual forma, la publicación de los contratos de prestación de servicios permitiría conocer las atribuciones y responsabilidades del Estado en la gestión de los Cefereso”, recomiendan las organizaciones.

Asimismo, consideraron que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Publica deben atraer la investigación de algunos de los aspectos reportados pues si bien es cierto que la operación y gestión de estos centros está en manos de agentes privados, estas entidades cuentan con capacidad para auditarlas.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original aquí.

Sin medicinas: Personas en prisión no reciben la atención médica necesaria

Texto: León Ramírez / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

11 de enero de 2022

A Alfonso* le diagnosticaron diabetes hace 18 años, dos meses después de que ingresó en un Centro de Readaptación Social (Cereso) en el sur de México y desde entonces requiere seguimiento médico, medicinas y una dieta especial.

Sin embargo, el centro en el que se encuentra no se los proporciona o lo hace de forma insuficiente, a pesar de que el derecho a la salud es su responsabilidad y se trata de una enfermedad crónica.

Esta situación ha hecho que Alfonso, quien dice ahora estar perdiendo la vista y el cabello, tenga que trabajar dentro de prisión y vender artesanías para así juntar los 140 pesos que le cuestan sus pastillas.

“Todo lo que voy ganando, lo poquito lo voy guardando, pero casi no se vende. Hasta ahorita estoy tomando las pastillas. Aquí, conforme a mis alcances, voy comprando el medicamento cada vez que se me termina”, cuenta Alfonso.

Y aunque puede obtener algunos medicamentos, dice que sus recursos son insuficientes para mantener una dieta adecuada –dado que el centro tampoco le proporciona–.

“Me dicen que eso le corresponde a uno, comprarlas, y desde que llegué ha estado así. Nos han dado pero muy leve; últimamente ya lo compramos totalmente nosotros”, señala Alfonso.

“El otro día cuando se me reventaron los talones, me dolía mucho, me punzaban los pies. No me atendió un médico, me compuse con vendas y un compañero que tenía árnica me dio para ponerme”, detalla.

Recientemente, comenta, ha solicitado sin éxito atención especializada, un médico que le oriente, monitoree su enfermedad y lo canalice para una cirugía de ojos, ya que últimamente reporta ver borroso, como si tuviera “grava”.

“Ahorita no hay quien me cheque, voy tomando conforme me siento. Si me siento con sueño o cansado, es señal de que está bien alta la diabetes, y cuando está baja es cuando me da hambre o sudo frío, o quiero comer algo”.

Enfermedades crónicas sin acceso a la salud
Alfonso es una de las miles de personas dentro del Sistema Penitenciario que viven la falta de medicinas y/o tratamiento por parte de los centros, a pesar de que padecen enfermedades como diabetes, hipertensión, VIH o cáncer lo cual, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afecta el derecho a la protección de la salud.

Según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) 2020, el 22.2% de la población de las cárceles en el país dijo haber sido diagnosticada por un médico con una enfermedad, algunas de las cuales son crónicas (que pueden no tener cura y requieren atención de largo plazo).

En el caso específico de la diabetes, una de cada tres personas (33%) que no toman medicamento ni están en tratamiento para la diabetes dicen que no lo hacen porque el centro no se los proporciona.

Esta situación impacta también a personas diagnosticadas con hipertensión, la enfermedad más común entre las personas privadas de su libertad: el 32.3% de quienes no reciben medicamentos afirman que no lo hacen porque el centro no se los da, mientras que en el caso del VIH el porcentaje es de 24.6% y cáncer el 22.6%.

El doctor Uri Torruco comenta que normalmente la diabetes se diagnostica cuando ya está en una etapa avanzada, y “tiene complicaciones agudas, que son mucho más frecuentes cuando la gente deja de tomar el tratamiento”.

“Dejar de tratar a una persona con diabetes la pone en riesgo de complicaciones crónicas como daño renal, infarto, afectaciones a los ojos y, el más frecuente de todos, la neuropatía, que eventualmente predispone para amputaciones e infecciones graves de los pies”, comenta.

“Supón que necesitas insulina, necesitas medicina. La dejas de tomar en el caso de dos a tres semanas puedes desarrollar una complicación que te puede poner en riesgo de muerte, más allá de las crónicas”.

En el caso de la hipertensión, explica que si no se trata se puede desarrollar cardiopatía hipertensiva “y puede causar o aumentar el riesgo de infarto, de daño renal, de arterias tapadas, sobre todo en las extremidades”.

Mientras que en el caso de VIH, no seguir con los medicamentos implica que la carga viral aumente, lo cual que puede dañar el sistema inmunitario y hacer más probable la transmisión del virus, explica la organización británica Avert.

Y el cáncer, otra enfermedad diagnosticada en personas en prisión que no reciben medicamentos, Torruco insiste en que también requiere de un tratamiento “muy estricto” para que funcione, por lo que no se debe suspender el tratamiento.

Atención deficiente
La falta de acceso a la salud en las cárceles del país no solo afecta a las personas con enfermedades crónicas. Argelia*, una mujer que estuvo en un Centro de Readaptación Social, cuenta que vivió su embarazo en prisión sin que algún especialista o las autoridades le brindaran acompañamiento.

“Cuando llegué me llevaron a un servicio médico, pero no me hicieron ningún chequeo ni nada. Yo dije que pensaba que estaba embarazada, que si me podían revisar para yo llevar un control dentro del reclusorio, pero me dijeron que no, que tenía que esperar y que no había un especialista que me pudiera atender”, señala.

En este contexto, la ENPOL 2021 exhibe solo al 72.7% se le practicó un examen méxico al entrar al centro, a pesar de que las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos indican que un profesional debe examinar a cada recluso “tan pronto sea posible después de su ingreso”.

Además, menos de la mitad, al 41%, se les realizaron revisiones médicas periódicas, sin que la personas lo soliciten, para conocer su estado de salud.

“Yo quería saber si estaba embarazada, si el bebé venía bien. Hubo una vez que mi mamá habló con el abogado para ver si podía entrar un médico, que iban a pagar mis familiares, para que me pudieran revisar, pero no me dieron la autorización”, acusa.

Argelia cuenta que sufrió violencia obstétrica el día que parió: los médicos determinaron, sin consultarla, practicarle una cesárea, además de que la mantuvieron amarrada de pies y manos.

Después, en el centro penitenciario, la herida de la cesárea se le infectó, pero de nueva cuenta no le proporcionaron atención ni medicamentos, y retrasaron la entrega de los antibióticos que sus familiares le llevaron.

“La única venda que yo me traje del hospital, con la que me vendaron cuando me hicieron la cesárea, fue la única venda que yo tuve desde que me alivié como hasta en un mes. Ni una venda, ni una gasa”, acusa.

Evidencia de la CNDH
Los datos que arroja la ENPOL del Inegi coinciden con una serie de recomendaciones sobre el sistema penitenciario que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2021, en las que se ha evidenciado la falta de tratamiento así como en los centros de detención.

En un caso documentado por la Comisión (30/2021), el familiar de una persona con VIH privada de su libertad en el CEFERESO Buenavista Tomatlán, en Michoacán, acusó que el paciente dejó de recibir retrovirales desde que ingresó al centro.

Señaló que solo le daban omeprazol, “lo cual tuvo como consecuencia que su enfermedad agravara, dejara de consumir alimentos, tuviera fiebre y vomitara sangre”. La persona falleció el 21 de diciembre de 2020.

Según el documento de la CNDH, a la persona se le cambió el retroviral y se dejó de atender los síntomas de vómito, pérdida de peso, singulto, entre otros, lo que causó deterioro en su estado de salud.

En el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz (37/2021) la Comisión encontró que una persona con hipertensión, que murió el 10 de noviembre de 2020, no “tuvo un diagnóstico certero y por ende un tratamiento adecuado”.

La más reciente recomendación en este sentido (84/2021) expone el caso de una persona recluida en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Morelos, a quien no se le proporcionó el seguimiento médico indicado para cáncer de mama.

Según el documento, no se le practicaron en tiempo y forma los estudios solicitados ni se le brindó continuamente el tratamiento para su padecimiento, por lo que existió “recurrencia local de tumor”.

*Los nombres de las personas se modificaron para proteger su identidad.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización