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61% de beneficiarios de las Tandas del Bienestar no reembolsaron nada en 2020

La Auditoría también advirtió un desorden en el número de beneficiarios que la Secretaría de Economía informó, pues los datos mostraron inconsistencias.

Texto: Dalila Sarabia / Animal Político

Fotografía: Facebook Ivan Hernandez

22 de febrero de 2022

Durante el 2020, 494 mil 145 personas recibieron apoyos por 6 mil pesos como parte del programa Microcréditos para el Bienestar (mejor conocido como Tandas del Bienestar) para invertirlos en su micronegocio, sin embargo, el 61% (302 mil 315) de los beneficiarios no reembolsó nada del dinero prestado, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entre los hallazgos que la ASF da a conocer en el tercer informe relativo a la cuenta pública de 2020, también se encuentra que la Secretaría de Economía, que en ese momento tenía a su cargo este programa social, no logró acreditar que todos los beneficiarios cumplieran con los requisitos para recibir el programa, así como demostrar que habían recibido capacitaciones, todo ello en medio de la emergencia por COVID-19.

Como parte de la revisión hecha por la Auditoría se confirmó que entre el 70 y 80% de los expedientes de beneficiarios tenían pendiente de acreditar todos los requisitos y entre el 20 y 30% del total aún no demuestra la documentación que avale que la asignación del apoyo mediante financiamiento se ajustó al monto establecido en las reglas de operación.

Las Tandas del Bienestar es un programa social que empezó estando a cargo de la Secretaría de Economía y en 2021 pasó a ser responsabilidad de la Secretaría del Bienestar el cual tiene como objetivo hacer préstamos, en un primer momento, de 6 mil pesos para que los beneficiarios puedan invertirlo en sus micronegocios. El recurso deben pagarlo en un año y cuando lo hagan pueden acceder a uno de 10 mil, después de 15 mil y hasta 20 mil pesos, siempre siguiendo esta dinámica.

Sin embargo, Animal Político ha podido documentar que, al menos hasta septiembre pasado, ningún beneficiario había accedido a un crédito superior a los 6 mil pesos a pesar de haber pagado los préstamos.

Incluso, para este 2022 el programa no está considerado en el Presupuesto de Egresos.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante este año el programa operará con el dinero que los beneficiarios han devuelto y que, según se informó en una respuesta de transparencia, asciende a los 800 millones de pesos, es decir, apenas se ha podido recuperar el 11% de los poco más de 7 mil millones de pesos que se le aprobaron para este programa entre 2019 y 2021.

“Respecto de los reembolsos de los apoyos durante 2020, de las 494 mil 145 personas beneficiadas, 302 mil 315 (62.18%) no realizaron ningún pago y la Secretaría de Economía requiere fortalecer los ordenamientos, sistemas, mecanismos o procedimientos para dar seguimiento a las personas que no lo efectuaron, con el fin de que puedan disponerse los recursos para otorgar apoyos mediante financiamientos nuevos o subsecuentes”, informa la Auditoría sobre el ejercicio 2020.

El ente fiscalizador también advirtió sobre el desorden en el número de beneficiarios que la Secretaría de Economía informó, pues los datos mostraron inconsistencias.

Por ejemplo, en un primer momento registró en su base de datos que durante 2020 entregó 382 mil 444 apoyos, una cifra que se acreditó con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), sin embargo, en el cuarto informe trimestral, así como la Cuenta Pública refirió que se había beneficiado a 464 mil 557 personas.

Además, durante la ejecución de la auditoría reportó que los apoyos mediante financiamiento habían sido de 494 mil 145, es decir, una diferencia —entre el primer y tercer reporte— de 111 mil 701 beneficiarios.

“Se debe fortalecer la conciliación de cifras a fin de que sean consistentes y confiables en términos del total de personas beneficiadas en 2020”, subraya la ASF.

“Las pruebas que aportó la Secretaría de Economía demuestran que presenta áreas de mejora por implementar, a fin de contar con la información y la evidencia documental que acredite en qué medida amplió la cobertura y alcance del programa y su contribución a fomentar la consolidación de las actividades productivas de las personas que iniciaron o contaban con un micronegocio, mitigar los efectos de la desaceleración económica debida a la emergencia sanitaria y atender al mayor número posible de personas que están sufriendo los efectos económicos ocasionados por el virus del COVID-19”.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización

Sin medicinas: Personas en prisión no reciben la atención médica necesaria

Texto: León Ramírez / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

11 de enero de 2022

A Alfonso* le diagnosticaron diabetes hace 18 años, dos meses después de que ingresó en un Centro de Readaptación Social (Cereso) en el sur de México y desde entonces requiere seguimiento médico, medicinas y una dieta especial.

Sin embargo, el centro en el que se encuentra no se los proporciona o lo hace de forma insuficiente, a pesar de que el derecho a la salud es su responsabilidad y se trata de una enfermedad crónica.

Esta situación ha hecho que Alfonso, quien dice ahora estar perdiendo la vista y el cabello, tenga que trabajar dentro de prisión y vender artesanías para así juntar los 140 pesos que le cuestan sus pastillas.

“Todo lo que voy ganando, lo poquito lo voy guardando, pero casi no se vende. Hasta ahorita estoy tomando las pastillas. Aquí, conforme a mis alcances, voy comprando el medicamento cada vez que se me termina”, cuenta Alfonso.

Y aunque puede obtener algunos medicamentos, dice que sus recursos son insuficientes para mantener una dieta adecuada –dado que el centro tampoco le proporciona–.

“Me dicen que eso le corresponde a uno, comprarlas, y desde que llegué ha estado así. Nos han dado pero muy leve; últimamente ya lo compramos totalmente nosotros”, señala Alfonso.

“El otro día cuando se me reventaron los talones, me dolía mucho, me punzaban los pies. No me atendió un médico, me compuse con vendas y un compañero que tenía árnica me dio para ponerme”, detalla.

Recientemente, comenta, ha solicitado sin éxito atención especializada, un médico que le oriente, monitoree su enfermedad y lo canalice para una cirugía de ojos, ya que últimamente reporta ver borroso, como si tuviera “grava”.

“Ahorita no hay quien me cheque, voy tomando conforme me siento. Si me siento con sueño o cansado, es señal de que está bien alta la diabetes, y cuando está baja es cuando me da hambre o sudo frío, o quiero comer algo”.

Enfermedades crónicas sin acceso a la salud
Alfonso es una de las miles de personas dentro del Sistema Penitenciario que viven la falta de medicinas y/o tratamiento por parte de los centros, a pesar de que padecen enfermedades como diabetes, hipertensión, VIH o cáncer lo cual, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afecta el derecho a la protección de la salud.

Según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) 2020, el 22.2% de la población de las cárceles en el país dijo haber sido diagnosticada por un médico con una enfermedad, algunas de las cuales son crónicas (que pueden no tener cura y requieren atención de largo plazo).

En el caso específico de la diabetes, una de cada tres personas (33%) que no toman medicamento ni están en tratamiento para la diabetes dicen que no lo hacen porque el centro no se los proporciona.

Esta situación impacta también a personas diagnosticadas con hipertensión, la enfermedad más común entre las personas privadas de su libertad: el 32.3% de quienes no reciben medicamentos afirman que no lo hacen porque el centro no se los da, mientras que en el caso del VIH el porcentaje es de 24.6% y cáncer el 22.6%.

El doctor Uri Torruco comenta que normalmente la diabetes se diagnostica cuando ya está en una etapa avanzada, y “tiene complicaciones agudas, que son mucho más frecuentes cuando la gente deja de tomar el tratamiento”.

“Dejar de tratar a una persona con diabetes la pone en riesgo de complicaciones crónicas como daño renal, infarto, afectaciones a los ojos y, el más frecuente de todos, la neuropatía, que eventualmente predispone para amputaciones e infecciones graves de los pies”, comenta.

“Supón que necesitas insulina, necesitas medicina. La dejas de tomar en el caso de dos a tres semanas puedes desarrollar una complicación que te puede poner en riesgo de muerte, más allá de las crónicas”.

En el caso de la hipertensión, explica que si no se trata se puede desarrollar cardiopatía hipertensiva “y puede causar o aumentar el riesgo de infarto, de daño renal, de arterias tapadas, sobre todo en las extremidades”.

Mientras que en el caso de VIH, no seguir con los medicamentos implica que la carga viral aumente, lo cual que puede dañar el sistema inmunitario y hacer más probable la transmisión del virus, explica la organización británica Avert.

Y el cáncer, otra enfermedad diagnosticada en personas en prisión que no reciben medicamentos, Torruco insiste en que también requiere de un tratamiento “muy estricto” para que funcione, por lo que no se debe suspender el tratamiento.

Atención deficiente
La falta de acceso a la salud en las cárceles del país no solo afecta a las personas con enfermedades crónicas. Argelia*, una mujer que estuvo en un Centro de Readaptación Social, cuenta que vivió su embarazo en prisión sin que algún especialista o las autoridades le brindaran acompañamiento.

“Cuando llegué me llevaron a un servicio médico, pero no me hicieron ningún chequeo ni nada. Yo dije que pensaba que estaba embarazada, que si me podían revisar para yo llevar un control dentro del reclusorio, pero me dijeron que no, que tenía que esperar y que no había un especialista que me pudiera atender”, señala.

En este contexto, la ENPOL 2021 exhibe solo al 72.7% se le practicó un examen méxico al entrar al centro, a pesar de que las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos indican que un profesional debe examinar a cada recluso “tan pronto sea posible después de su ingreso”.

Además, menos de la mitad, al 41%, se les realizaron revisiones médicas periódicas, sin que la personas lo soliciten, para conocer su estado de salud.

“Yo quería saber si estaba embarazada, si el bebé venía bien. Hubo una vez que mi mamá habló con el abogado para ver si podía entrar un médico, que iban a pagar mis familiares, para que me pudieran revisar, pero no me dieron la autorización”, acusa.

Argelia cuenta que sufrió violencia obstétrica el día que parió: los médicos determinaron, sin consultarla, practicarle una cesárea, además de que la mantuvieron amarrada de pies y manos.

Después, en el centro penitenciario, la herida de la cesárea se le infectó, pero de nueva cuenta no le proporcionaron atención ni medicamentos, y retrasaron la entrega de los antibióticos que sus familiares le llevaron.

“La única venda que yo me traje del hospital, con la que me vendaron cuando me hicieron la cesárea, fue la única venda que yo tuve desde que me alivié como hasta en un mes. Ni una venda, ni una gasa”, acusa.

Evidencia de la CNDH
Los datos que arroja la ENPOL del Inegi coinciden con una serie de recomendaciones sobre el sistema penitenciario que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2021, en las que se ha evidenciado la falta de tratamiento así como en los centros de detención.

En un caso documentado por la Comisión (30/2021), el familiar de una persona con VIH privada de su libertad en el CEFERESO Buenavista Tomatlán, en Michoacán, acusó que el paciente dejó de recibir retrovirales desde que ingresó al centro.

Señaló que solo le daban omeprazol, “lo cual tuvo como consecuencia que su enfermedad agravara, dejara de consumir alimentos, tuviera fiebre y vomitara sangre”. La persona falleció el 21 de diciembre de 2020.

Según el documento de la CNDH, a la persona se le cambió el retroviral y se dejó de atender los síntomas de vómito, pérdida de peso, singulto, entre otros, lo que causó deterioro en su estado de salud.

En el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz (37/2021) la Comisión encontró que una persona con hipertensión, que murió el 10 de noviembre de 2020, no “tuvo un diagnóstico certero y por ende un tratamiento adecuado”.

La más reciente recomendación en este sentido (84/2021) expone el caso de una persona recluida en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Morelos, a quien no se le proporcionó el seguimiento médico indicado para cáncer de mama.

Según el documento, no se le practicaron en tiempo y forma los estudios solicitados ni se le brindó continuamente el tratamiento para su padecimiento, por lo que existió “recurrencia local de tumor”.

*Los nombres de las personas se modificaron para proteger su identidad.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización

Economía de México cierra 2021 con crecimiento de 5%, pero entra en recesión técnica

En el cuarto trimestre, la actividad económica retrocedió 0.1% tras una baja de 0.4% en el trimestre inmediato anterior.

Texto: Animal Político – AFP

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

31 de enero de 2022

La economía de México creció 5% en 2021, según cifras de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), elaborada por Inegi.

Sin embargo, el país entró en recesión técnica al sumar dos trimestres consecutivos con retrocesos. En el cuarto trimestre, la actividad económica retrocedió 0.1% tras una baja de 0.4% en el trimestre inmediato anterior.

En ese periodo, la economía se vio arrastrada por un descenso de 0.7% en el sector servicios y un avance de solo 0.4% en la actividad industrial.

“La caída de 0,1% en el PIB de México en el último trimestre confirma que la economía cayó en una recesión en la segunda mitad de 2021 y creemos que el crecimiento este año será más débil de lo esperado”, escribieron analistas de Capital Economics en una nota a sus clientes.

En su comparación anual, la economía creció 1% en el último trimestre del año pasado frente al mismo periodo de 2020.

El Inegi indicó que en 2021, la actividad industrial, que representa un 30% del PIB, creció 6.8%.

El sector servicios, que representa el 60% de la economía, avanzó 4.2% y las actividades primarias crecieron 2.7%.

La economía mexicana se vio duramente golpeada en 2020 por el cierre de actividades que trajo la pandemia de covid-19, que ha dejado en el país 4,9 millones de contagios y 305.893 defunciones.

Para enfrentar la emergencia económica, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador evitó dar apoyos fiscales a las empresas y en su lugar se concentró en programas sociales y sus obras de infraestructura como el nuevo aeropuerto para Ciudad de México y una refinería en el sureste del país.

Para este año, los analistas privados que regularmente encuesta el autónomo banco central esperan que la economía crezca 2,7%.

El 25 de febrero próximo, el Inegi dará a conocer las cifras definitivas de crecimiento económico.

Vendedores ambulantes en los pasillos del mercado central Baltazar R Leyva Mancilla. Foto José Luis de la Cruz (Archivo)

Vacuna Covid para niños: En qué países ya se aplica y de qué forma la aconseja la OMS

El desarrollo de vacunas contra COVID-19 sigue avanzando, y en varios países la vacunación en menores de 12 años ya es un hecho.

Texto: Samedi Aguirre / Animal Político

Fotografía:

28 de enero de 2022

El desarrollo de vacunas contra COVID-19 y la investigación al respecto sigue avanzando, y en varios países, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Cuba, Perú, El Salvador, Chile, Ecuador, Colombia, Holanda, Costa Rica, India, la vacunación en menores de 12 años ya es un hecho.

En México, en tanto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido reticente respecto a la vacunación a niñas y niños, solo abriendo hasta ahora el registro para que sí reciban las dosis aquellos que tengan entre 12 y 17, con alguna comorbilidad.

Uno de los argumentos del gobierno para no extender más la vacunación, incluso a niñas y niños sanos, es que tienen poco riesgo ante COVID y que primero deben darse las vacunas a otros grupos de edad, aunque hay voces e incluso se han presentado recursos judiciales en el país para que también comiencen a recibir también esa protección.

Cuando lo cuestionaron la mañana del 26 de enero, el presidente López Obrador negó que la OMS haya recomendado vacunar a personas de 5 a 11 años, aunque aceptó que revisaría el tema, para seguir lo que apunta el organismo internacional.

Justo cinco días antes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había actualizado sus recomendaciones, señalando los beneficios de vacunar a niños sanos de entre 5 y 17 años aunque también apuntando que primero se debería cubrir totalmente a los grupos de alta prioridad.

Es decir, antes de vacunar a niñas y niños sanos primero garantizar los esquemas y los refuerzos correspondientes a: las personas inmunodeprimidas y los trabajadores de salud, adultos con comorbilidades, las mujeres embarazadas, los maestros y otros trabajadores esenciales, “los grupos demográficos desfavorecidos con mayor riesgo de COVID-19 grave”, y las niñas, niños y adolescentes con comorbilidades.

Incluso la OMS refirió que “los países que han logrado una alta cobertura de vacunación en las poblaciones de alto riesgo deberían priorizar el reparto global de las vacunas contra la COVID-19 antes de vacunar a los niños y adolescentes sanos que tienen el menor riesgo de sufrir resultados graves”.

La Secretaría de Salud de México, en un comunicado, refirió al respecto que el Plan Nacional de Vacunación tiene “plasmadas” las recomendaciones de la OMS, y que sigue su ruta para priorizar las dosis, ubicando a niñas, niños y adolescentes sanos en el grupo de menor prioridad.

Carlos Sandoval, investigador del Centro de Biotecnología de la UNAM, explicó a Animal Político que hasta ahora la única vacuna para niños autorizada por la OMS es la de Pfizer.

Sin embargo, países como China e India ya autorizaron la vacunación pediátrica en su población con otros tipos de vacunas contra COVID-19.

Los niños también se enferman

Al inicio de la pandemia falsamente se creía que si había alguien a quien no le afectaba la COVID era a los jóvenes, niños y niñas, pero con el avance de las investigaciones y el desarrollo de la pandemia en todas las poblaciones hoy se sabe que cualquier persona, sin importar su edad, puede enfermar y morir de COVID-19.

“Si bien los niños parecen presentar un cuadro menos severo de la infección no son inmunes a la infección. Se van a infectar y se pueden llegar a convertir en un reservorio, permitiendo que personas con un riesgo mayor se contagien”, dice el doctor Carlos Sandoval.

De hecho, en las primeras dos semanas del 2022 los casos de infecciones confirmadas en menores de edad se quintuplicaron en México, con relación a las cifras reportadas apenas a principios de diciembre.

Entre el 1 y el 16 de enero, se registraron 3 mil 609 casos de COVID-19 en menores de edad y 12 de ellos fallecieron, según un reporte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). El mismo sistema, desde el inicio de la pandemia, había registrado un total de 837 defunciones de niñas y niños.

Al respecto Juan Martín Pérez García, Coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, señala que hay que tener claro que se trata de un subregistro, pues no se aplican pruebas diagnósticas a todos los menores de edad.

La letalidad de la COVID-19 en niños y niñas se conoce desde el inicio de la pandemia, cuando investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Secretaría de Salud publicaron en la Gaceta Médica de México un estudio en donde encontraron que “Los niños con COVID 19 tienen alta mortalidad en México, por lo que en ellos se debe procurar evitar la neumonía, especialmente en los menores de cuatro años, con riesgo cardiovascular o inmunosupresión”.

Por ello, la ONU destaca que “aunque la COVID-19 grave es poco frecuente en los niños, se produce ocasionalmente, y la vacunación de los niños tiene el beneficio adicional de minimizar la interrupción de su educación, mejorando así su bienestar general”.

Los niños y niñas, refirió también Pérez García, son personas con derechos y no se les debería dar un trato desigual para recibir la dosis, porque incluso podrían vulnerarse algunas de sus garantías constitucionales.

La primera, dice, es el derecho a la no discriminación “porque el plan de vacunación para COVID es universal, así está publicado en el Diario Oficial de la Federación y el mismo Cofepris ya aprobó la vacuna para mayores de 12 años de Pfizer, entonces al no aplicarla se está dando un trato desigual sin ningún tipo de fundamento”.

En segundo termino dice que no vacunar a los niños y niñas aunque la vacuna ya se aprobó para su rango de edad, también es una violación al derecho a la salud “porque no tiene nadie porqué padecer el Covid, infectarse y tener secuelas en su vida”.

“Están vacunando a los maestros para un regreso seguro a clases, y no a los niños y la pregunta es ¿los niños no son personas?”, cuestiona Pérez García.

Vacunación pediátrica no es igual a la vacuna de adultos

Cuando comenzó la vacunación en población adulta, muchas personas se preguntaron por qué no se incluía a los menores de edad en los planes de vacunación. Para empezar, las recomendaciones internacionales siempre han seguido la ruta marcada por la OMS, en donde se da prioridad a grupos vulnerables como adultos mayores y personas con alguna comorbilidad.

Pero también es importante considerar que no se le puede poner exactamente la misma vacuna a una persona de 60 que a otra de 8 años. El doctor Sandoval explicó que esto se debe no sólo al tamaño y peso, sino también a la madurez del sistema inmunológico.

“Normalmente hay una dosis que se administra en personas mayores de 11 años y una versión pediátrica que tiene una dosis más pequeña”, explicó.

Por lo que aunque algunas vacunas ya se aprobaron para ser administradas en población adulta, ahora se requiere que cada vacuna cumpla con los requisitos y evaluaciones de seguridad y eficacia, para población pediátrica.

Pfizer es la primer vacuna pediátrica aprobada por la OMS

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el pasado 19 de diciembre el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en personas de 5 a 17 años.

Recientemente, el Grupo de Asesoramiento Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE) de la OMS señaló que la vacuna de Pfizer-BioNTech (BNT162b2) contra el COVID-19 es segura para su uso en niños y niñas mayores de 5 años, pero con un ajuste en la dosis: 30 microgramos para adultos y 10 microgramos para niños.

Esto lo determinaron luego de revisar los resultados de ensayos de fase 3 en niños de 12 a 15 años y de 5 a 11 años. Ambos mostraron resultados favorables en cuanto a respuesta inmune y seguridad.

La OMS también señala que a los menores de 17 años con comorbilidades se les debe ofrecer la vacuna, junto con otros grupos de alto riesgo.

Cabe señalar que aún no se ha determinado la necesidad y el momento de las dosis de refuerzo para niños de 5 a 11 años.

En México, la Cofepris aprobó su usó en adolescentes de 12 a 17 años, pero el gobierno Federal sólo ha abierto el registro para que se vacunen mayores de 15 años, o personas de entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad.

Respecto a la seguridad de la vacuna, el doctor Carlos Sandoval señaló que hasta ahora las pruebas realizadas con la vacuna de Pfizer indican que la seguridad y los riesgos son los mismos en adultos como en la población pediátrica.

“Y si hablamos de la población adulta que ha recibido la vacuna sí hay reportes de efectos secundarios pero son muy pocos, estamos hablando de uno en millones de dosis administradas, mientras que el riesgo de complicación por COVID es más elevado, entonces la vacuna implica menos riesgo”, señaló.

De acuerdo con el Sistema de notificación de eventos adversos de vacunas (VAERS) de Estados Unidos, entre el 3 de noviembre y el 19 de diciembre de 2021, VAERS recibió y procesó 4,249 informes de eventos adversos para niños de 5 a 11 años que recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19; de los cuales 97.6 % no fueron graves. Esto tras la aplicación de 8.7 millones de dosis.

Las reacciones notificadas con mayor frecuencia después de cualquiera de las dosis fueron dolor en el lugar de la inyección, fatiga y dolor de cabeza; mientras que la fiebre se notificó con más frecuencia después de la segunda dosis.

Otras vacunas pediátricas contra COVID

Aunque Pfizer es la única vacuna para niños autorizada por la OMS y por la Cofepris para ser administrada en población menor de edad; ya se han completado estudios y autorizado otras vacunas en el mundo.

En China, por ejemplo, se completaron ensayos en personas mayores de 3 años para las vacunas CoronaVac de Sinovac y BBIBP-CorV de Sinopharm, por esa razón el gobierno de China autorizó su aplicación en dicha población a finales de 2021.

En Argentina, la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica también autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm en niños de entre 3 y 11 años en octubre pasado.

Covarxina, una vacuna desarrollada por Bharat, fue aprobada en India para personas de 12 a 17 años; mientras que en Cuba la vacunación contra COVID a menores de edad comenzó desde septiembre pasado, gracias a la vacuna Soberana.

Mientras tanto, en México, grupos de padres de familia han tenido que recurrir a amparos para lograr la inoculación en sus hijos sin que se tenga una cifra exacta de esto.

Además, asociaciones como Save the children hacen un llamado para exigir al gobierno federal que incluya a niñas y niños desde los 5 años en los esquemas de vacunación contra COVID-19, sin condicionar su aplicación a la existencia de comorbilidades.

México despide al 2021 con mayoría de empleos informales: representan el 56% del total

En diciembre de 2021, más de la mitad de personas ocupadas formaban parte del sector informal; del total de personas empleadas, solo el 43.5% contaba con un trabajo formal.

Texto: Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz

21 de enero 2022

Hasta finales de 2021, un total de 32.2 millones de personas tenía un empleo informal, es decir que no tenían seguridad social ni contrato, lo que representó un 56.5% de la población con trabajo en el país.

Así lo informó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN), del Inegi, para la edición de diciembre, en la que señaló que la informalidad en el último mes del 2021 representó un aumento de 0.8% a comparación del año anterior.

La tasa de ocupación en el sector informal fue de 29.1% para hombres y 30.6% en el caso de las mujeres, lo que significa que las mujeres son quienes más laboraron en este sector.

El Inegi reportó que en diciembre de 2021 hubo 56.9 millones de personas con empleo, cifra que representó un aumento de 4.3 millones de personas, a comparación del mismo mes en 2020 (52.6 millones).

De estas, solo 24.7 millones contaban con un trabajo formal, que es el 43.5% del total, por debajo del 56.5% de la población en el sector informal.

A nivel nacional, la población desocupada –la cual considera a la población que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo– se situó en 2.1 millones de personas.

La ENOEN indicó que en diciembre del año pasado, 14.5% de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria, mientras que aquellos con mayor nivel de instrucción representaron el 85.5%.

Según la edad de los desocupados, el grupo de 25 a 44 años fue donde más se concentró la población desocupada, con un porcentaje de 45.5.

A su interior, las personas subocupadas –es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas– fueron 5.7 millones, que significa el 10% de la población ocupada y reflejó un decremento de 1.7 millones de personas con relación a diciembre de 2020.

En cuanto a los sectores donde más se reflejó el aumento en la población ocupada, el Inegi señaló a los servicios profesionales, financieros y corporativos, donde laboraron 769 mil personas.

Le siguieron los servicios diversos y los restaurantes, así como los servicios de alojamiento, con aumentos de 747 mil y 721 mil personas, respectivamente.

Por entidad federativa, los estados con mayor tasa de ocupación fueron: Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Nayarit y Baja California.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización