Con exposición de fotografías, venta de comida y ropa, familiares de desaparecidos exigen justicia

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

8 de mayo de 2022

Chilpancingo

 

Durante los días sábado y domingo, familiares de personas desaparecidas expusieron fotografías, realizaron venta de comida y ropa en diferentes sitios de Acapulco para visibilizar la situación por la que atraviesan y denunciar que el gobierno no hace nada por hacerles justicia.
Durante la exposición de fotografías de los desaparecidos que se instaló en el zócalo, se leyó un comunicado en donde los familiares hacen responsable al Estado Mexicano de esta crisis humanitaria por acción, omisión o por complicidad con los grupos delincuenciales.
«Las autoridades los detienen (a las víctimas) y luego se los entregan a las bandas para que sean en trabajo esclavo, venta de órganos, prostitución y otros delitos, dependiendo, si son hombres o mujeres», expone.
Señalan que aún de que las familias no interpongan la denuncia por la desaparición de alguno de sus parientes las autoridades están obligadas a realizar su búsqueda porque eso lo establecen los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de los cuales el Estado Mexicano firmó esos compromisos.
Denunciaron que debido a que el gobierno no realiza la búsqueda de los desaparecidos las familias tienen que hacerlo como ocurre aquí en Guerrero.
Mencionan que el Agente del Ministerio Público da un plazo de 72 horas después de la desaparición para que los familiares presenten la denuncia.
«Durante ese proceso revictimizan a los familiares y además las autoridades nunca realizan el protocolo de búsqueda», afirman.
Doña Socorro Gil quien desde el 5 de diciembre del 2018 tiene a su hijo Jhonatan Guadalupe Romero Gil, dijo que en la actividad que realizaron este sábado en el zócalo de Acapulco participaron madres y padres que tiene un familiar desaparecido en diversos municipios de Guerrero.
«Todos trajeron la fotografía de un familiar desaparecido que se montó en la exposición y una acción para visibilizar nuestra lucha y porque el gobierno atienda nuestro reclamo de justicia», dijo doña Socorro en entrevista.
Dijo que su caso muchos más permanecen en la impunidad porque las autoridades no les interesa atender.
«Nosotros tenemos realizar nuestras propias búsquedas con nuestros propios recursos económicos porque el gobierno no nos da nada», expresó.
En diciembre del 2018, doña Socorro denunció que el 5 de ese mes a las nueve de la noche su hijo Jhonatan junto con su amigo de nombre Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca caminaban por la avenida Costera Miguel Alemán y se dirigían a jugar fut bol la cancha deportiva que está ubicada a unos metros de la playa Tlacopanocha, cerca del zócalo de Acapulco.
Frente a la playa, los dos jóvenes fueron interceptados por policías municipales que iban a bordo de una patrulla. Los agentes se llevaron por la fuerza a Jhonatan y a Carlos Ignacio Rojas.
El seis de diciembre apareció muerto y con huellas de tortura Carlos Ignacio Rojas.
Jhonatan quien en esa época recientemente había egresado de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero (UA-Gro), sigue sin aparecer.
Doña Socorro quien en la exposición fotográfica de este sábado que se montó en el zócalo de Acapulco y llevó el retrato de su hijo, dijo que desde un principio el gobierno municipal -que encabezaba la entonces alcaldesa morenista Adela Román- y la Fiscalía borraron las evidencias para tratar de exonerar a los policías municipales.
«En la carpeta de investigación que integró la Fiscalía se borró el nombre del número de la patrulla en donde iban los policías que se llevaron a mi hijo», expresó doña Socorro.
Dice que ya han pasado más tres años de la desaparición de su hijo y el caso sigue en la impunidad.
Mencionó que ella ha encabezado en dos búsquedas por uno de los cerros de la colonia Alta Progreso en donde se supone que los policías municipales se llevaron a su hijo.
«Yo he puesto de mi dinero para realizar la búsqueda y lo único que nos da el gobierno es la protección policiaca cuando realizamos las actividades», señaló doña Socorro.
Dijo que en la exposición fotográfica que se montó en el zócalo, varias personas le dijeron que tenían a un familiar desaparecido pero que no habían puesto la denuncia.
«En Guerrero, en Acapulco, siguen las desapariciones pero la gente no acude ante la autoridad para poner la denuncia por miedo o porque sabe que nunca harán nada», contó.
Este domingo, integrantes de la Asociación de Familias en Busca de sus Desaparecidos instalaron en el zócalo del Fraccionamiento Costa Azul en Acapulco un tianguis de venta de comida y ropa para recabar recursos económicos que utilizarán para realizar las búsquedas de sus familiares.
Los familiares dijeron que por cada jornada de búsqueda que realizan se requieren mil 500 pesos para la compra de insumos.
El grupo de 30 personas instalaron su tianguis a un costado de la iglesia de este fraccionamiento.

Para visitar a personas presas, 9 de cada 10 familias deben recorrer hasta mil kilómetros

41% de personas presas en centros federales nunca recibe visitas, y en 16% de los casos, familiares deben gastar más de $1,500 en pasajes y comidas para poderlos ver una vez al año.


Texto: Dalila Sarabia / Animal Político 

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

13 de abril de 2022

 

Hace tres años que la hija de Socorro está en prisión luego de haber sido señalada de participar en un secuestro. Unos días después de su detención, la mujer fue enviada al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16 de Morelos en donde ha permanecido sin una sentencia.

Desde que llegó a este lugar no ha recibido visita. Socorro ha intentado ahorrar algunos pesos e irla a visitar “de entrada por salida” pero es imposible. “O voy a verla o le doy de comer a sus hijos”, dice la mujer de 62 años.

Tras la detención de su hija, Socorro quedó al cuidado de sus dos nietos: una niña de 10 años y un pequeño de ocho. De ser la abuelita que los cuidaba mientras su mamá salía a trabajar, pasó a ser la responsable económica del hogar, además de que sus tareas como cuidadora se duplicaron.

Lavando y planchando ropa ajena, dice, es cómo ha logrado tener dinero para que a sus nietos y a ella nunca les falte un plato de comida. Cuando en verdad no tiene un peso le pide apoyo a uno de sus hijos que migró a Estados Unidos.

“Sí me apoya mandándome unos centavos, pero no como antes”, comparte Socorro.

Así, con unos cuantos pesos en la bolsa para tener algo que comer, el salir de su pueblo, en Veracruz, e ir a visitar a su hija en Morelos no es una prioridad.

De acuerdo con el Informe sobre la situación de las prisiones privadas en México que realizó México Evalúa y Documenta, el 91% de los familiares de las personas privadas de la libertad en un centro federal viven en un estado diferente al que se encuentra la prisión en donde están, y para ir a visitarlos sus familiares deben recorrer hasta 1557 kilómetros.

Se trata de una situación que contradice las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos que estipulan que “en la medida de lo posible los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social”, lo que ha traído como resultado que, de acuerdo con el informe, el 41% de los presos en prisiones federales nunca reciban visita.

Los familiares del 16% de las personas privadas de su libertad en estos centros federales y que reciben visita una vez al año, llegan a gastar hasta mil 500 pesos en pasajes y comidas.

Para la realización de este informe, México Evalúa y Documenta habían planteado hacer entrevistas a los reclusos de estos centros penitenciarios, sin embargo, dada la emergencia sanitaria por COVID-19, se decidió aplicarlas a sus familiares. En el ejercicio participaron 218 familias de personas privadas de su libertad en siete de los ocho Centros de Prestación de Servicios (CPS) federales en funcionamiento.

Como parte de los resultados, también se advirtieron otro tipo de gastos que deben hacer a fin de que sus familiares puedan tener mínimamente lo que requieren para satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, artículos de higiene personal.

El 91% de las personas encuestadas dijo que mensualmente hace depósitos de entre 500 y mil 500 pesos. El 88% debe hacer estos depósitos a través de giros postales o telegráficos, lo que significa que además del dinero que mandan, deben pagar comisiones y cargos adicionales.

Este punto resulta muy revelador porque hay que recordar que las cárceles federales son Asociaciones Público-Privadas (APP), sin embargo, la falta de regulación de estos centros genera espacios para que se vulneren los principales derechos de las personas usuarias del sistema penitenciario.

Y es que, el estudio muestra que con el dinero que sus familiares les envían, no solo lo ocupan para comprar jabón para poder bañarse, sino que también para adquirir agua, alimentos -pues los que se les brinda no son suficientes o son de muy mala calidad-, así como para pagar el acceso al servicio médico, que, en teoría, es un derecho de las personas privadas de la libertad.

No obstante, una de cada tres personas encuestadas declaró que a su familiar se le cobra el servicio médico o las medicinas.

“No les dan el medicamento adecuado que ellas necesitan. Yo como familiar le llevo su medicamento, pero aun así́ ponen muchas condiciones para que lo acepten, además de que tardan más de 3 meses para que se los entreguen. Entonces si es medicamento que nosotros compramos es porque ahí́ adentro no se los dan”, dice el familiar de una mujer presa en el Cefereso 16 de Morelos.

“Nos dicen que la próxima semana vayamos a ver si ya está autorizado, como si viviéramos a la vuelta del penal y tuviéramos dinero para solventar cada que ellos quieren. Hace 3 meses fui a televisita y llevé medicamento que mi mamá necesita y hasta la fecha es día que no se lo han entregado”, detalla el familiar en el testimonio contenido en el informe.

Como parte del análisis hecho con ayuda de los reportes anuales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publica sobre las condiciones de estos espacios, también se advierte “la insuficiencia o franca inexistencia de actividades laborales, de capacitación y educativas —si bien esto ha mejorado con el paso del tiempo, de acuerdo con los informes de la CNDH— señalan el grado de abandono con el que el Estado mexicano inició la provisión de estos servicios para las personas privadas de la libertad en los Cefereso”, se lee en el informe.

“Las fallas e insuficiencias presentes en los Cefereso  (…) no son del todo atribuibles a la actuación de la iniciativa privada, sino que ocurren en la provisión de servicios y programas que son también responsabilidad del Estado. Una posible explicación podría estar relacionada con el desdibujamiento de las atribuciones del Estado en este tipo de centros, pues la introducción de un tercer actor —la iniciativa privada— altera por completo la relación persona privada de la libertad- gobierno”, se expone en el documento.

A diez años de la puesta en operación de este modelo de APP -que buscaba mejorar las condiciones en las que se tenía a las personas privadas de su libertad- es importante recalcar que si bien es cierto que en abril de 2021 se dio a conocer que se resultado de las negociaciones entre el gobierno y los privados a cargo de estos espacios, se acordó una reducción del 15% en los pagos que se deberán hacer a las empresas y que al final del contrato la tenencia de las instalaciones recaerá en el Estado, aún hay muchos pendientes.

Uno de los más importantes, puntualiza este informe, es poder conocer con plena transparencia la versión pública de los contratos de prestación de servicios dirigidos a la construcción y operación de estos centros penitenciarios.

“Concretamente, es relevante que se conozcan las obligaciones de las empresas en cuanto a los servicios de salud, el acceso a agua y los servicios de alimentación, así ́ como la provisión de actividades culturales, educativas y laborales. De igual forma, la publicación de los contratos de prestación de servicios permitiría conocer las atribuciones y responsabilidades del Estado en la gestión de los Cefereso”, recomiendan las organizaciones.

Asimismo, consideraron que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Publica deben atraer la investigación de algunos de los aspectos reportados pues si bien es cierto que la operación y gestión de estos centros está en manos de agentes privados, estas entidades cuentan con capacidad para auditarlas.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original aquí.

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