Feliciano García Nava, originario de Veracruz, estaba desaparecido en Acapulco, en donde participó en un enfrentamiento con hombres armados
Texto: Andrea Mendoza
Foto: Cortesía Fuerza Armada México
Lunes 15 de abril del 2024
Chilpancingo
Feliciano García Nava, de 20 años, se localizó sin vida en el puerto de Acapulco, el pasado sábado 13 de abril. Feliciano pertenecía a la Guardia Nacional, a la que ingresó hace un año, era originario de Veracruz.
García Nava estaba de servicio en Acapulco; sus familiares perdieron contacto con él desde el 5 de abril, por lo que solicitaron una alerta y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas publicó su ficha el mismo 5 de abril.
La alerta establecía que García Nava había sido visto por última vez en Acapulco.
Ocho días despues, el 13 de abril, el cadáver de García Nava fue hallado en el puerto.
Según información brindada por sus familiares el joven falleció durante un enfrentamiento armado, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha esclarecido el motivo de su muerte.
Sepelio del joven Feliciano García Nava, hallado sin vida en Acapulco el 14 de abril del 2024
Los restos de García Nava fueron escoltados por elementos y compañeros de la Guardia Nacional, de acuerdo con un video difundido por un medio nacional.
Sus amigos hicieron un recorrido de 14 horas hasta la comunidad de Río Claro, municipio de Papantla, Veracruz.
Al llegar al domicilio de García Nava bajaron el ataud y lo depositaron en medio del patio de su casa, lo escolataron cuatro elementos de la Guardia Nacional en cada esquina para despues rendir un homenaje por su labor.
En la casa del elemento de la GN se veían apenas unas cuantas sillas y una pared de madera.
Familiares y amigos cercanos esperaron el cadáver del joven hasta la madrugada de este lunes 15 de abril.
La comunidad de Río Claro alberga a 270 habitantes, por lo que García Nava era conocido en todo el pueblo.
Habitantes y amigos asistirán al entierro qué será esta misma tarde.
«Siempre serás recordado como uno de los mejores, mi gato», dijo uno de sus compañeros de la Telesecundaria donde estudiaba.
A los 19 años, García Nava decidió enlistarse en la Guardia Nacional, para buscar una mejor vida para él, sus padres y sus dos hermanos menores, quienes no contaban con el suficiente dinero para manternerse y para atenderse enfermedades.
El gobierno federal reportó que el censo de desaparecidos es de 99 mil 729 casos, luego de no haber actualizado el registro desde agosto de 2023.
Texto: Redacción Animal Político
Foto: Amapola Periodismo/Archivo
18 de marzo, 2024
El Gobierno Federal presentó una actualización del censo de desaparecidos en la cual reducen 20 mil casos de los 114 mil 815 que reporta el registro nacional.
Durante la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló que en agosto de 2023 se tenía un total de 110 mil 964 personas desaparecidas y no localizadas, sin embargo, con la actualización hasta el 15 de marzo pasado, se registraron 9 mil 427 casos más.
Foto: Oscar Guerrero/Archivo
“Lo anterior tiene que ver con las entidades federativas que van actualizando el registro pero aquí debemos restar 5 mil 576 personas que ya fueron localizadas por lo que nos da un total de 114 mil 815 personas desaparecidas”, declaró la secretaria.
Además, la titular de Gobernación señaló que a la cifra de 114 mil se le deben restar 15 mil 158 ya que son personas que ya fueron localizadas con la metodología de búsqueda del Gobierno Federal.
“Actualmente hay 99 mil 729 personas que aún estamos en proceso de búsqueda”, declaró Alcalde.
Visitas, defunciones o duplicidad, las localizaciones de desaparecidos
La funcionaria también expuso que de la reducción de 20 mil 193 personas, 4 mil 656 se localizaron a través de las visitas de casa por casa; 4 mil 629 por informe de defunción; 10 mil 717 informados por autoridad local; y 191 personas se han encontrado en centros penitenciarios.
Además, sostuvo de las 20 mil localizaciones, 3,512 se hicieron en lo que va de 2024, las cuales se suman al primer corte dado a conocer en diciembre pasado.
Actualización del nuevo censo hecho por el gobierno de López Obrador
Al mostrar los resultados por entidad federativa, se tiene que los tres estados con mayor número de localizaciones son CDMX (3 mil 80), Jalisco (2 mil 607) y Edomex (1, 493).
Luisa Alcalde mencionó que “en la mayoría de las personas no localizadas no son víctimas de desaparición forzada, la gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. De las personas localizadas, el 86% no fue víctima de un delito”.
Foto: Itzel Urieta/Archivo
Irregularidades del censo de desaparecidos
Con el nuevo censo de personas desaparecidas, presentado en diciembre de 2023 por el presidente López Obrador, al menos 10 mil 720 nombres fueron borrados del registro nacional de víctimas de este delito, según los resultados de un análisis comparativo realizado por Animal Político y la asociación civil Data Cívica.
Entre esos nombres borrados se incluyen casos de víctimas cuya localización ha sido confirmada, aunque también están muchas personas que permanecen desaparecidas y a las que, indebidamente, las autoridades ya no reconocen esta condición.
Además, una investigación de A dónde van los desaparecidos, señala que más de 260 personas desaparecidas figuran con una clasificación errónea en el censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.
Foto: Oscar Guerrero/Archivo
Se trata de casos mediáticos, víctimas que no han sido vistas desde la Guerra Sucia y personas cuyas familias informaron en las jornadas de búsqueda que no habían sido localizadas, están registradas como ubicadas sin confirmar su identidad o sin datos que permitan hallar a quien reportó el delito.
También se han denunciado irregularidades como que el nuevo censo de desaparecidos confunde a víctimas con familiares que los buscan, por ejemplo, el caso de una familia cuyo hijo está desaparecido, pero en el listado fue registrado su papá.
A tres semanas de la desaparición de Sigifredo Villalba Torres, abogado y trabajador del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), familiares y amigos protestaron en Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que la Fiscalía agilice las investigaciones.
Los manifestantes denunciaron que a tres semanas de la desaparición de Sigifredo Villalba no hay ningún avance en las investigaciones.
“Queremos la intervención de la gobernadora o de algún representante de la gobernadora para que agilicen las investigaciones», mencionó Magaly Martínez, compañera de trabajo de Sigfredo.
Familiares y amigos de Sigfredo Villalba Torres protestan frente al Palacio de Gobierno, este 29 de enero del 2024. Foto: Miguel Sánchez
En la protesta, realizada en la entrada principal de Palacio de Gobierno exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), que brinde información sobre la geolocalización de su teléfono celular para saber dónde fue la última ubicación de Sigifredo.
De acuerdo con la información proporcionada por los amigos y familiares, Sigifredo salió de su casa el domingo 7 de enero, acudió al centro de Chilpancingo a retirar dinero y desde entonces no se sabe nada de él.
“El 8 de enero se reincorporaría a sus labores en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pero no fue así”.
El automóvil en el que viajo Sigifredo, una Nissan modelo Kicks color roja, tampoco lo hallan.
Durante la hora que duró la manifestación ningún funcionario estatal salió a atenderlos.
La representante del Colectivo De Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores, se sumó a la protesta y exigió a las autoridades atender a la familia de Sigifredo.
Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, protesta junto a familiares y amigos de Sigfredo Villalba Torres, este 29 de enero del 2024. Foto: Miguel Sánchez
Sigifredo, de 46 años, es abogado de profesión y desde hace 15 años es trabajador sindicalizado del TSJ, en el área de Juzgados Penales de Ciudad Judicial.
Sus compañeros de trabajo lo definen como una persona tranquila y que no se metía en problemas, por eso les extraña su desaparición.
El domingo por la tarde Sigifredo salió a retirar dinero a una sucursal bancaria al centro de Chilpancingo, salió de su casa, sin dar más información a su esposa.
Sigifredo, de 46 años, es abogado de profesión y trabajador sindicalizado del TSJ, en el área de Juzgados Penales de Ciudad Judicial.
A Yenny Reyes Marcial le flaquean las piernas y su ansiedad aumenta cuando está a punto de llegar a su objetivo.
–Tengo mucho miedo, –confiesa a Próspero Barrera, su esposo.
–Debes estar tranquila. Todos van a estar bien, –la reconforta.
La ansiedad de Yenny tiene mucho sentido. Es viernes 27 de octubre. Tiene tres días sin noticia de su hermana, desde el martes en la noche, cuando el huracán Otis entró a Acapulco, dejó de tener comunicación con Yulissa, debido a que se cayeron las señales de teléfono, internet y la ciudad completa se quedó sin energía eléctrica. Para el viernes, el gobierno tenía confirmadas 39 personas fallecidas y 10 desaparecidas.
Su hermana es madre de dos menores, una niña de 10 años y un bebé de 12 meses. El jueves y el viernes comenzaron a circular en las redes fotografías de personas desaparecidas y fallecidas durante el huracán. Algunas personas posteaban la foto de alguien y preguntaban si lo habían visto y otras avisaban de personas fallecidas sin identificar.
El jueves, Yenny y Próspero intentaron llegar a la casa de Yulissa por primera vez. Escucharon que los tramos de la Autopista del Sol y de la carretera federal que sucumbieron por las lluvias de Otis, ya habían sido habilitados. No lo pensaron, sólo tomaron su auto y salieron a buscar a su familia.
Yenny y Próspero llenaron la cajuela con algo de despensa, jugos, aguas, galletas, sardinas, atún, papel higiénico. Desde el miércoles comenzaron a llegar noticias de que las tiendas departamentales y las de conveniencia, como Oxxo, 3B y Netos, después de la destrucción de Otis, fueron saqueadas, así que se previnieron con algo de víveres para Yulissa, su esposo, su sobrina y su sobrino.
Salieron de Chilpancingo como a las doce y a las 12:40 llegaron a la entrada de Acapulco. “La Autopista ya estaba en buenas condiciones, no tuvimos problemas para llegar”, contó Próspero.
El problema comenzó en La Venta, la comunidad pegada al puerto. Desde ahí, la circulación fue lenta. De La Venta a la Zapata hicieron cinco horas. Como Yenny y Próspero, mucha gente se fue a Acapulco a buscar a su familia y otra tanta, después de los daños que dejó el huracán, quería salir del puerto. En la Zapata la situación se complicó aún más. Ahí estuvieron como una hora y media totalmente varados.
Cuando estaba a punto de dar las siete de la noche en el mismo punto, Yenny y Próspero tomaron la decisión de regresar. Acapulco era un caos y, sin luz, se sumió en una oscuridad profunda.
Segunda travesía
El viernes 27 de octubre, la Estrella de Oro reanudó las salidas a Acapulco. Yenny y Próspero decidieron intentarlo de nuevo, ahora en el transporte público. Se sumó Alberto, el abuelo paterno de Valentina, la niña de 10 años. Llegaron temprano a la terminal. No eran los únicos con la misma idea. La Estrella de Oro estaba llena de gente que quería llegar a Acapulco a saber de algún familiar. Lograron salir a las 09:45 de la mañana.
El autobús llegó al punto conocido como Paso Limonero alrededor de las 11:20.
“A partir de aquí el camino está muy complicado, quienes quieran bajarse, adelante”, indicó el operador del autobús. Una hora después varados en el mismo punto, la mayoría decidió bajarse.
Yenny, Próspero y don Beto se bajaron para moverse en el transporte local. El taxi estaba descartado, el día anterior, la pareja vio esa posibilidad. El chófer quería cobrar 1,500 pesos por acercarlos hasta donde las condiciones de las calles se lo permitieran.
El viernes corrieron con suerte, al cabo de unos 30 minutos de caminata, espacio en el que vieron a gente ir y venir con mercancías de diferente índole, hallaron un autobús. Esta no era su ruta y tampoco sabían qué camino iba a tomar. El mismo conductor, lo desconocía.
–Vamos a llegar hasta donde topemos. Son 20 pesos, –advertía al pasaje, el que sin pensarlo mucho se subió.
Una cuadra, dos cuadras, las que fueran eran buenas. El calor abrazaba y un polvo fino se pegaba a los rostros sudorosos.
Estas personas caminan en una de las calles de Acapulco para buscar a sus familiares, de los que no tienen noticias después del paso del huracán Otis. Entre ellas van Yenny, Próspero y Alberto.
La suerte jugaba de su lado. La ruta por donde circuló el autobús fue lo más cercana a su destino. Paró por completo en el puente de Ejido. De ahí, a caminar. El recorrido a pie acrecentaba los temores de Yenny. Las barrancas llevaban todavía aguas bravas. Las tiendas destrozadas. Las casas sin azoteas. Vidrios rotos. Las estructuras de estas casas en la calle. Árboles caídos. Carros varados. Mucho lodo.
La avenida Ejido seguía interminable en tales condiciones. En varias de las calles paralelas no pudieron subir por los árboles atravesados. Finalmente, la Calle 7, de la colonia Bella Vista, parecía despejada. Por ahí subieron. En la calle Santa Cruz doblaron a la izquierda.
Ahí, a pocos pasos del domicilio de Yulissa, alrededor de las dos de la tarde, Yenny flaqueó.
–Tienes que llegar. Ten fe, –aconsejó Próspero que parecía calmado.
Pero cuando dieron la vuelta, fue Próspero el que soltó un silbido alto, descontrolado. Al parecer, era costumbre avisar a la cuñada y los sobrinos de esta forma que llegaban.
Fueron unos segundos largos y unos silbidos para ensordecer.
Entonces, en el cuarto piso de un edificio blanco, se asomó Yulissa. Los vio y soltó una sonrisa de felicidad.
–¿Están bien?, –preguntaron todos desde abajo. -Sí, suban, –indicó Yulissa con entusiasmo.
Alberto y Valentina, de 10 años, un reencuentro con final feliz, después de varios días que el abuelo no tuvo noticias de su nieta.
Aparte del techo que se voló, los muebles que se mojaron, la comida que se le echó a perder por falta de refrigeración. Yulissa y sus hijos estaban bien. El abuelo pidió que Valentina se viniera con él a Chilpancingo para hacer más fácil la situación a Yulissa.
El retorno era lo que seguía. El último autobús salía de la terminal a las cuatro de la tarde. No había taxis, por lo menos no accesibles. Caminar rápido era la única opción. Desde este lugar estaban como a una hora de la terminal de autobuses.
Llegaron a las cuatro en punto, como si el tiempo se hubiera acomodado a la medida de sus necesidades, pero ya no hallaron boletos. Volvieron a caminar hasta hallar un taxi disponible que los llevó a la entrada. Ahí estuvieron cuatro horas parados, hasta que un autobús los subió, alrededor de las doce de la noche llegaron a Chilpancingo. Cansados, sudados con las piernas temblando por el esfuerzo. Felices. La desgracia, a ellos, no los tocó.
La salud de Iker, el niño de siete años al que le amputaron un brazo después del accidente en la Autopista del Sol, es delicada y requiere otra operación, informó Lizbeth Peña Bibiano, madre del menor.
Por su parte, Estrella de Oro, la empresa propiedad del autobús en la que viajaba, no responde a la petición de la familia de pagar los gastos médicos, prótesis, ayuda psicológica y una pensión vitalicia.
El pasado lunes, representantes de Estrella de Oro pidieron una prórroga de cuatro días para analizar la petición de la familia de Iker.
Hoy se cumplió esa prórroga y en el transcurso de la tarde se sabrá la respuesta.
“Ellos están retrasando todo mientras la salud de mi hijo está en riesgo, me hacen dar vueltas a sus reuniones para que no me resuelvan nada”, se quejó Peña Bibiano.
De acuerdo con la información proporcionada por la madre, el estado de salud de Iker es delicado, la herida de la operación donde le amputaron el brazo aún está fresca y tiene riesgo de infección.
Además, los doctores que atienden al menor, en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, recomendaron una segunda operación porque en la parte del tronco del brazo surgió una mancha negra que puede ser gangrena y necesita ser retirada.
Aún con la salud del menor en riesgo, la madre de Iker negocia con los representantes de Estrella de Oro asumir todos los gastos médicos y de recuperación que pueda requerir, petición que la empresa, hasta el momento, menciona, está revisando.
El día de hoy se tiene prevista otra reunión con la madre de Iker para continuar las negociaciones con la empresa.
En tanto, la Central de Autobuses Estrella de Oro Chilpancingo continúa cerrada por familiares, amigos y sociedad civil que apoya a Iker y a las víctimas del accidente ocurrido en la Autopista del Sol, el pasado 23 de octubre.
Otra de las demandas es que la empresa dé con el paradero del conductor del autobús, al que acusan de manejar la unidad en estado de ebriedad y, al momento del accidente, hablar por teléfono.
En el accidente fallecieron dos menores y 17 personas resultaron heridas, con algunas familias la empresa ya llegó a un acuerdo, pero la Central de Autobuses no se liberará, mencionaron los manifestantes, hasta que se les resuelva favorablemente a todos.
Familiares de pasajeros accidentados en un autobús cumplieron seis días con la toma de las instalaciones de la Central de Autobuses Estrella de Oro de Chilpancingo para exigir el pago de las indemnizaciones.
El pasado viernes, familiares, amigos y sociedad civil cerraron en forma intermitente la Autopista del Sol y obligaron a que el gobierno del estado intercediera ante la empresa para que se sentara a negociar.
La tarde del pasado domingo 23 de octubre un autobús de la línea Estrella de Oro se volcó en el kilómetro 310 de la Autopista del Sol en las inmediaciones de la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo.
En el autobús viajaban 40 pasajeros. El conductor de nombre José Luis Rodríguez, según algunos testigos, iba en estado de ebriedad.
Denunciaron que a un lado de la guantera llevaba varias latas de cerveza.
Ese mismo día, la Secretaría de Protección Civil emitió un comunicado en donde dijo que en el accidente murieron Eros Said Nájera Campos y Karla Yunuen Jiménez Miranda, de 11 y 18 años.
Además de que hubo 11 personas lesionadas. Después se supo que eran más de 20 heridos.
Ante la falta de apoyo por parte de la empresa, los familiares de los accidentados tomaron la Central de Autobuses Estrella de Oro desde el lunes 24 de octubre y desde ese día está suspendido el servicio de transporte en esta plaza de Chilpancingo.
Este viernes, luego del bloqueo en la Autopista, familiares de algunos accidentados que resultaron heridos y del caso del menor fallecido Ero Said Nájera llegaron a un arreglo con la empresa.
El papá de la adolescente fallecida Karla Yunuen está en estado de coma en el Hospital Raymundo Abarca Alarcón.
A pesar de que algunos aceptaron un arreglo, los familiares de Iker David decidieron seguir con la protesta porque la empresa de autobuses les ofrece un pago de 70 mil pesos por la pérdida del brazo del menor de siete años. El brazo de Iker fue amputado.
«Nosotros no vamos a recibir esos 70 mil pesos lo que exigimos que la empresa se haga cargo de los gastos de por vida de Iker porque conforme vaya creciendo va a requerir que se le cambie la prótesis», dijo la abuela del menor.
Iker está internado en el Hospital Raymundo Abarca Alarcón en la sala de urgencias.
En la fachada de las instalaciones de la Central de Autobuses hay cuando menos seis pintas en las que se lee: «quiero mi brazo».
Hay otras que dicen: «asesinos». También hay otras consignas en los autobuses estacionados en la explanada de la estación.
Por versiones de los plantonistas se sabe que este viernes a otra de las accidentadas le fue amputado uno de sus brazos en tanto que a otra se le colocaron varios tornillos en las costillas que se fracturó durante la volcadura.
Desde que los familiares iniciaron su lucha, organizaciones sociales, mujeres feministas y sociedad civil acudieron a ese sitio para brindarles su respaldo no tan solo en forma presencial sino económico.
Decenas de cajas con víveres reciben diariamente los plantonistas.
A siete días del accidente, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado a conocer las investigaciones del accidente y tampoco se sabe si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó si va emitir alguna sanción contra la empresa de transporte público.
¿A poco la SCT no sabía que la Estrella de Oro nos cobra el seguro médico y de vida en el boleto, o nomás se hace? preguntó un familiar de Iker.
Mencionó que en el boleto que da la empresa al pasajero viene un apartado del cobro de tres pesos por el pago del seguro de vida y médico.
«No nos explicamos porqué la empresa se hizo tonta al no llevar de inmediato a los heridos a un hospital privado y dejar que fueran internados en un hospital público», contó un familiar de una de las personas lesionadas.
La Estrella Blanca y taxis repletos de pasajeros
La toma de las instalaciones de la Estrella de Oro beneficia a la competencia en este sector de servicios. La Estrella Blanca desde hace seis días tiene sus instalaciones repletas de pasajeros.
Esta empresa de la cual es accionista el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, también tiene un cúmulo de denuncias de mala prestación del servicio que ha originado accidentes.
También los taxis colectivos están repletos de usuarios pese a que viajar en estas unidades representan un riesgo mayor para los usuarios.
Zaira Sinaí Rosales Reyes despareció la tarde del jueves al salir de la Escuela Secundaría General Antonio I Delgado (ESGAID), plantel donde cursa el segundo grado, en el turno vespertino.
Hoy sus familiares pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda apoyo para su localización.
La menor acude al turno vespertino de la ESGAID, ubicada frente a la Alameda Granados Maldonado y, de acuerdo con la versión de los familiares, alrrededor de las siete de la noche, hora de la salida, su hermano, Santiago Rosales Reyes fue a esperarla como de costumbre pero Zaira Sinaí nunca salío.
Desde ese momento está en calidad de desaparecida por lo que se activó la Alerta Violeta, que es el protocolo para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.
Esta mañana, los familiares de Zaira acudieron a la ESGAID para pedir a los directivos información y apoyo.
“Yo le pido a la señora gobernadora que me ayude lo más que pueda porque en estos casos la verdad urge, ya pasaron muchos casos y no hay solución”, dijo Susana Reyes Arriaga, madre de Zaira, quien no contuvo el llanto y ya no puso dar más declaraciones.
El hermano de Zaira, Santiago, comentó que a la hora de salida, a las 7:40 de la tarde, ella nunca salió por donde la esperaba, por lo que suponen, salío por otra puerta.
“La estuve esperando hasta las nueve nunca salió”, dijo su hermano y agregó que por el tema de la inseguridad siempre la llevan y la esperan afuera de la secundaria.
La versión de los compañeros de Zaira es que la vieron salir de la escuela, pero no con quien y, más tarde, la vieron caminando por los arcos de la colonia Rufo Figueroa, a unos 200 metros de la escuela.
“Le pedimos a la gobernadora su intervención inmediata porque es una niña de 13 años desaparecida y por el peligro que corren nuestras jovencitas y si no nos hacen caso vamos a bloquear la Autopista, sólo así hacen caso”, mencionó otra de las familiares.
Después de la reunión con los directivos de la ESGAID, los familiares acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer las denuncias correspondientes.
“Una madre está sufriendo, pedimos a todos se pongan en su lugar ya no queremos más niñas desaparecidas”, dijo Maria Guadalupe Flores, familiar de Zaira.
Los manifestantes, muchos de ellos familiares de las víctimas del accidente en la Autopista del Sol, reclaman justicia y que la empresa asuma su responsabilidad con las víctimas.
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
27 de octubre del 2022
Chilpancingo
Familiares de dos pasajeros que fallecieron y de 11 que resultaron heridos durante una volcadura de un autobús de la Estrella de Oro en la Autopista del Sol cumplieron más de 24 horas con la toma de la central de esta línea camionera en Chilpancingo para para exigir justicia, el pago de indemnizaciones, y atención médica para los lesionados.
Por la toma de las instalaciones, el servicio de transporte de la empresa está suspendido.
El pasado domingo en la tarde, el autobús de la Estrella de Oro, que forma parte de la empresa Autobuses de Oriente SA de CV (conocida como ADO), con número económico 1558, que llevaba el operador José Luis Rodríguez, se volcó en el kilómetro 308 de la Autopista del Sol, carril norte-sur, frente al parque industrial del Valle del Ocotito.
Según los reportes de Protección Civil, en el accidente murieron Eros Said Campos y Karla Junuen Jiménez, de 11 y 17 años, y 11 personas salieron lesionadas, algunas con heridas graves.
Ante la falta de atención médica a los heridos y de que la empresa no ha informado sobre las causas del accidente, tampoco la fiscal general Sandra Valdovinos Salmerón sobre los avances de la investigación, los familiares de las víctimas cerraron la central de autobuses, ubicada al norte de esta ciudad.
Los manifestantes escribieron consignas en las instalaciones y en los autobuses estacionados en la explanada. «Justicia», «Detengan al asesino”, fueron algunas de las que escribieron.
En el mitin de hoy fuera de las instalaciones, Teresa Bibiano Carranco, familiar del niño Iker David Piña, quien a causa del accidente le amputaron un brazo, dijo que los pasajeros del autobús se percataron que el chofer (José Luis Rodríguez) conducía en estado de ebriedad.
«Exigimos que sea detenido el chofer, porque no se vale que después del accidente haya escapado, dejando en el abandono a los 40 pasajeros», dijo Bibiano Carranco.
«A Iker le cambiaron la vida; ya no tiene un bracito y a nosotros se nos hace un nudo en la garganta cuando nos pregunta que es lo que le pasó a su brazo, mencionó la mujer.
En la protesta de este jueves llegaron activistas feministas, estudiantes de las escuelas normales y ciudadanos para solidarizarse con la lucha de los familiares.
Hasta este jueves la empresa de la Estrella de Oro no ha dado a conocer su versión de los hechos.
Bibiano Carranco dijo que en un acercamiento que tuvieron con representantes de la empresa les ofrecieron 70 mil pesos por la pérdida del brazo de Iker. «Eso no es justo, ni eso cuesta una prótesis», dijo.
En el accidente también resultó lesionada la madre de Iker.
Bibiano Carranco contó que el domingo la madre de Iker llegó al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, y el personal médico le preguntó que escogiera si la atención era para ella o para su hijo.
«Obviamente la señora prefirió que su hijo fuera atendido, y eso es un ejemplo cómo en ese hospital son de inhumanos», refirió.
Durante el mitin, los familiares exigieron la presencia de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que realicen una revisión de las unidades que tiene esa línea de autobuses.
En la reunión que tuvieron ayer miércoles con representantes de la empresa les dijeron a los familiares que ellos no tienen contratado un seguro de vida para los pasajeros.
“¿Cómo es posible eso, pues, en manos de quienes estamos?”, cuestionó una de las manifestantes.
“Ahora resulta que no podemos viajar seguros porque subirnos en un autobús de esta empresa es arriesgarte a la muerte”, siguió.
Otra de las manifestantes, agregó: «son ataúdes rodantes”.
Hasta las 12 del día, los familiares de las personas accidentadas mantenían tomadas las instalaciones.
Durante los días sábado y domingo, familiares de personas desaparecidas expusieron fotografías, realizaron venta de comida y ropa en diferentes sitios de Acapulco para visibilizar la situación por la que atraviesan y denunciar que el gobierno no hace nada por hacerles justicia.
Durante la exposición de fotografías de los desaparecidos que se instaló en el zócalo, se leyó un comunicado en donde los familiares hacen responsable al Estado Mexicano de esta crisis humanitaria por acción, omisión o por complicidad con los grupos delincuenciales.
«Las autoridades los detienen (a las víctimas) y luego se los entregan a las bandas para que sean en trabajo esclavo, venta de órganos, prostitución y otros delitos, dependiendo, si son hombres o mujeres», expone.
Señalan que aún de que las familias no interpongan la denuncia por la desaparición de alguno de sus parientes las autoridades están obligadas a realizar su búsqueda porque eso lo establecen los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de los cuales el Estado Mexicano firmó esos compromisos.
Denunciaron que debido a que el gobierno no realiza la búsqueda de los desaparecidos las familias tienen que hacerlo como ocurre aquí en Guerrero.
Mencionan que el Agente del Ministerio Público da un plazo de 72 horas después de la desaparición para que los familiares presenten la denuncia.
«Durante ese proceso revictimizan a los familiares y además las autoridades nunca realizan el protocolo de búsqueda», afirman.
Doña Socorro Gil quien desde el 5 de diciembre del 2018 tiene a su hijo Jhonatan Guadalupe Romero Gil, dijo que en la actividad que realizaron este sábado en el zócalo de Acapulco participaron madres y padres que tiene un familiar desaparecido en diversos municipios de Guerrero.
«Todos trajeron la fotografía de un familiar desaparecido que se montó en la exposición y una acción para visibilizar nuestra lucha y porque el gobierno atienda nuestro reclamo de justicia», dijo doña Socorro en entrevista.
Dijo que su caso muchos más permanecen en la impunidad porque las autoridades no les interesa atender.
«Nosotros tenemos realizar nuestras propias búsquedas con nuestros propios recursos económicos porque el gobierno no nos da nada», expresó.
En diciembre del 2018, doña Socorro denunció que el 5 de ese mes a las nueve de la noche su hijo Jhonatan junto con su amigo de nombre Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca caminaban por la avenida Costera Miguel Alemán y se dirigían a jugar fut bol la cancha deportiva que está ubicada a unos metros de la playa Tlacopanocha, cerca del zócalo de Acapulco.
Frente a la playa, los dos jóvenes fueron interceptados por policías municipales que iban a bordo de una patrulla. Los agentes se llevaron por la fuerza a Jhonatan y a Carlos Ignacio Rojas.
El seis de diciembre apareció muerto y con huellas de tortura Carlos Ignacio Rojas.
Jhonatan quien en esa época recientemente había egresado de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero (UA-Gro), sigue sin aparecer.
Doña Socorro quien en la exposición fotográfica de este sábado que se montó en el zócalo de Acapulco y llevó el retrato de su hijo, dijo que desde un principio el gobierno municipal -que encabezaba la entonces alcaldesa morenista Adela Román- y la Fiscalía borraron las evidencias para tratar de exonerar a los policías municipales.
«En la carpeta de investigación que integró la Fiscalía se borró el nombre del número de la patrulla en donde iban los policías que se llevaron a mi hijo», expresó doña Socorro.
Dice que ya han pasado más tres años de la desaparición de su hijo y el caso sigue en la impunidad.
Mencionó que ella ha encabezado en dos búsquedas por uno de los cerros de la colonia Alta Progreso en donde se supone que los policías municipales se llevaron a su hijo.
«Yo he puesto de mi dinero para realizar la búsqueda y lo único que nos da el gobierno es la protección policiaca cuando realizamos las actividades», señaló doña Socorro.
Dijo que en la exposición fotográfica que se montó en el zócalo, varias personas le dijeron que tenían a un familiar desaparecido pero que no habían puesto la denuncia.
«En Guerrero, en Acapulco, siguen las desapariciones pero la gente no acude ante la autoridad para poner la denuncia por miedo o porque sabe que nunca harán nada», contó.
Este domingo, integrantes de la Asociación de Familias en Busca de sus Desaparecidos instalaron en el zócalo del Fraccionamiento Costa Azul en Acapulco un tianguis de venta de comida y ropa para recabar recursos económicos que utilizarán para realizar las búsquedas de sus familiares.
Los familiares dijeron que por cada jornada de búsqueda que realizan se requieren mil 500 pesos para la compra de insumos.
El grupo de 30 personas instalaron su tianguis a un costado de la iglesia de este fraccionamiento.
41% de personas presas en centros federales nunca recibe visitas, y en 16% de los casos, familiares deben gastar más de $1,500 en pasajes y comidas para poderlos ver una vez al año.
Texto: Dalila Sarabia / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
13 de abril de 2022
Hace tres años que la hija de Socorro está en prisión luego de haber sido señalada de participar en un secuestro. Unos días después de su detención, la mujer fue enviada al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16 de Morelos en donde ha permanecido sin una sentencia.
Desde que llegó a este lugar no ha recibido visita. Socorro ha intentado ahorrar algunos pesos e irla a visitar “de entrada por salida” pero es imposible. “O voy a verla o le doy de comer a sus hijos”, dice la mujer de 62 años.
Tras la detención de su hija, Socorro quedó al cuidado de sus dos nietos: una niña de 10 años y un pequeño de ocho. De ser la abuelita que los cuidaba mientras su mamá salía a trabajar, pasó a ser la responsable económica del hogar, además de que sus tareas como cuidadora se duplicaron.
Lavando y planchando ropa ajena, dice, es cómo ha logrado tener dinero para que a sus nietos y a ella nunca les falte un plato de comida. Cuando en verdad no tiene un peso le pide apoyo a uno de sus hijos que migró a Estados Unidos.
“Sí me apoya mandándome unos centavos, pero no como antes”, comparte Socorro.
Así, con unos cuantos pesos en la bolsa para tener algo que comer, el salir de su pueblo, en Veracruz, e ir a visitar a su hija en Morelos no es una prioridad.
De acuerdo con el Informe sobre la situación de las prisiones privadas en México que realizó México Evalúa y Documenta, el 91% de los familiares de las personas privadas de la libertad en un centro federal viven en un estado diferente al que se encuentra la prisión en donde están, y para ir a visitarlos sus familiares deben recorrer hasta 1557 kilómetros.
Se trata de una situación que contradice las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos que estipulan que “en la medida de lo posible los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social”, lo que ha traído como resultado que, de acuerdo con el informe, el 41% de los presos en prisiones federales nunca reciban visita.
Los familiares del 16% de las personas privadas de su libertad en estos centros federales y que reciben visita una vez al año, llegan a gastar hasta mil 500 pesos en pasajes y comidas.
Para la realización de este informe, México Evalúa y Documenta habían planteado hacer entrevistas a los reclusos de estos centros penitenciarios, sin embargo, dada la emergencia sanitaria por COVID-19, se decidió aplicarlas a sus familiares. En el ejercicio participaron 218 familias de personas privadas de su libertad en siete de los ocho Centros de Prestación de Servicios (CPS) federales en funcionamiento.
Como parte de los resultados, también se advirtieron otro tipo de gastos que deben hacer a fin de que sus familiares puedan tener mínimamente lo que requieren para satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, artículos de higiene personal.
El 91% de las personas encuestadas dijo que mensualmente hace depósitos de entre 500 y mil 500 pesos. El 88% debe hacer estos depósitos a través de giros postales o telegráficos, lo que significa que además del dinero que mandan, deben pagar comisiones y cargos adicionales.
Este punto resulta muy revelador porque hay que recordar que las cárceles federales son Asociaciones Público-Privadas (APP), sin embargo, la falta de regulación de estos centros genera espacios para que se vulneren los principales derechos de las personas usuarias del sistema penitenciario.
Y es que, el estudio muestra que con el dinero que sus familiares les envían, no solo lo ocupan para comprar jabón para poder bañarse, sino que también para adquirir agua, alimentos -pues los que se les brinda no son suficientes o son de muy mala calidad-, así como para pagar el acceso al servicio médico, que, en teoría, es un derecho de las personas privadas de la libertad.
No obstante, una de cada tres personas encuestadas declaró que a su familiar se le cobra el servicio médico o las medicinas.
“No les dan el medicamento adecuado que ellas necesitan. Yo como familiar le llevo su medicamento, pero aun así́ ponen muchas condiciones para que lo acepten, además de que tardan más de 3 meses para que se los entreguen. Entonces si es medicamento que nosotros compramos es porque ahí́ adentro no se los dan”, dice el familiar de una mujer presa en el Cefereso 16 de Morelos.
“Nos dicen que la próxima semana vayamos a ver si ya está autorizado, como si viviéramos a la vuelta del penal y tuviéramos dinero para solventar cada que ellos quieren. Hace 3 meses fui a televisita y llevé medicamento que mi mamá necesita y hasta la fecha es día que no se lo han entregado”, detalla el familiar en el testimonio contenido en el informe.
Como parte del análisis hecho con ayuda de los reportes anuales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publica sobre las condiciones de estos espacios, también se advierte “la insuficiencia o franca inexistencia de actividades laborales, de capacitación y educativas —si bien esto ha mejorado con el paso del tiempo, de acuerdo con los informes de la CNDH— señalan el grado de abandono con el que el Estado mexicano inició la provisión de estos servicios para las personas privadas de la libertad en los Cefereso”, se lee en el informe.
“Las fallas e insuficiencias presentes en los Cefereso (…) no son del todo atribuibles a la actuación de la iniciativa privada, sino que ocurren en la provisión de servicios y programas que son también responsabilidad del Estado. Una posible explicación podría estar relacionada con el desdibujamiento de las atribuciones del Estado en este tipo de centros, pues la introducción de un tercer actor —la iniciativa privada— altera por completo la relación persona privada de la libertad- gobierno”, se expone en el documento.
A diez años de la puesta en operación de este modelo de APP -que buscaba mejorar las condiciones en las que se tenía a las personas privadas de su libertad- es importante recalcar que si bien es cierto que en abril de 2021 se dio a conocer que se resultado de las negociaciones entre el gobierno y los privados a cargo de estos espacios, se acordó una reducción del 15% en los pagos que se deberán hacer a las empresas y que al final del contrato la tenencia de las instalaciones recaerá en el Estado, aún hay muchos pendientes.
Uno de los más importantes, puntualiza este informe, es poder conocer con plena transparencia la versión pública de los contratos de prestación de servicios dirigidos a la construcción y operación de estos centros penitenciarios.
“Concretamente, es relevante que se conozcan las obligaciones de las empresas en cuanto a los servicios de salud, el acceso a agua y los servicios de alimentación, así ́ como la provisión de actividades culturales, educativas y laborales. De igual forma, la publicación de los contratos de prestación de servicios permitiría conocer las atribuciones y responsabilidades del Estado en la gestión de los Cefereso”, recomiendan las organizaciones.
Asimismo, consideraron que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Publica deben atraer la investigación de algunos de los aspectos reportados pues si bien es cierto que la operación y gestión de estos centros está en manos de agentes privados, estas entidades cuentan con capacidad para auditarlas.
