La salud de Iker, el niño de siete años al que le amputaron un brazo después del accidente en la Autopista del Sol, es delicada y requiere otra operación, informó Lizbeth Peña Bibiano, madre del menor.
Por su parte, Estrella de Oro, la empresa propiedad del autobús en la que viajaba, no responde a la petición de la familia de pagar los gastos médicos, prótesis, ayuda psicológica y una pensión vitalicia.
El pasado lunes, representantes de Estrella de Oro pidieron una prórroga de cuatro días para analizar la petición de la familia de Iker.
Hoy se cumplió esa prórroga y en el transcurso de la tarde se sabrá la respuesta.
“Ellos están retrasando todo mientras la salud de mi hijo está en riesgo, me hacen dar vueltas a sus reuniones para que no me resuelvan nada”, se quejó Peña Bibiano.
De acuerdo con la información proporcionada por la madre, el estado de salud de Iker es delicado, la herida de la operación donde le amputaron el brazo aún está fresca y tiene riesgo de infección.
Además, los doctores que atienden al menor, en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, recomendaron una segunda operación porque en la parte del tronco del brazo surgió una mancha negra que puede ser gangrena y necesita ser retirada.
Aún con la salud del menor en riesgo, la madre de Iker negocia con los representantes de Estrella de Oro asumir todos los gastos médicos y de recuperación que pueda requerir, petición que la empresa, hasta el momento, menciona, está revisando.
El día de hoy se tiene prevista otra reunión con la madre de Iker para continuar las negociaciones con la empresa.
En tanto, la Central de Autobuses Estrella de Oro Chilpancingo continúa cerrada por familiares, amigos y sociedad civil que apoya a Iker y a las víctimas del accidente ocurrido en la Autopista del Sol, el pasado 23 de octubre.
Otra de las demandas es que la empresa dé con el paradero del conductor del autobús, al que acusan de manejar la unidad en estado de ebriedad y, al momento del accidente, hablar por teléfono.
En el accidente fallecieron dos menores y 17 personas resultaron heridas, con algunas familias la empresa ya llegó a un acuerdo, pero la Central de Autobuses no se liberará, mencionaron los manifestantes, hasta que se les resuelva favorablemente a todos.
Familiares de pasajeros accidentados en un autobús cumplieron seis días con la toma de las instalaciones de la Central de Autobuses Estrella de Oro de Chilpancingo para exigir el pago de las indemnizaciones.
El pasado viernes, familiares, amigos y sociedad civil cerraron en forma intermitente la Autopista del Sol y obligaron a que el gobierno del estado intercediera ante la empresa para que se sentara a negociar.
La tarde del pasado domingo 23 de octubre un autobús de la línea Estrella de Oro se volcó en el kilómetro 310 de la Autopista del Sol en las inmediaciones de la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo.
En el autobús viajaban 40 pasajeros. El conductor de nombre José Luis Rodríguez, según algunos testigos, iba en estado de ebriedad.
Denunciaron que a un lado de la guantera llevaba varias latas de cerveza.
Ese mismo día, la Secretaría de Protección Civil emitió un comunicado en donde dijo que en el accidente murieron Eros Said Nájera Campos y Karla Yunuen Jiménez Miranda, de 11 y 18 años.
Además de que hubo 11 personas lesionadas. Después se supo que eran más de 20 heridos.
Ante la falta de apoyo por parte de la empresa, los familiares de los accidentados tomaron la Central de Autobuses Estrella de Oro desde el lunes 24 de octubre y desde ese día está suspendido el servicio de transporte en esta plaza de Chilpancingo.
Este viernes, luego del bloqueo en la Autopista, familiares de algunos accidentados que resultaron heridos y del caso del menor fallecido Ero Said Nájera llegaron a un arreglo con la empresa.
El papá de la adolescente fallecida Karla Yunuen está en estado de coma en el Hospital Raymundo Abarca Alarcón.
A pesar de que algunos aceptaron un arreglo, los familiares de Iker David decidieron seguir con la protesta porque la empresa de autobuses les ofrece un pago de 70 mil pesos por la pérdida del brazo del menor de siete años. El brazo de Iker fue amputado.
«Nosotros no vamos a recibir esos 70 mil pesos lo que exigimos que la empresa se haga cargo de los gastos de por vida de Iker porque conforme vaya creciendo va a requerir que se le cambie la prótesis», dijo la abuela del menor.
Iker está internado en el Hospital Raymundo Abarca Alarcón en la sala de urgencias.
En la fachada de las instalaciones de la Central de Autobuses hay cuando menos seis pintas en las que se lee: «quiero mi brazo».
Hay otras que dicen: «asesinos». También hay otras consignas en los autobuses estacionados en la explanada de la estación.
Por versiones de los plantonistas se sabe que este viernes a otra de las accidentadas le fue amputado uno de sus brazos en tanto que a otra se le colocaron varios tornillos en las costillas que se fracturó durante la volcadura.
Desde que los familiares iniciaron su lucha, organizaciones sociales, mujeres feministas y sociedad civil acudieron a ese sitio para brindarles su respaldo no tan solo en forma presencial sino económico.
Decenas de cajas con víveres reciben diariamente los plantonistas.
A siete días del accidente, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado a conocer las investigaciones del accidente y tampoco se sabe si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó si va emitir alguna sanción contra la empresa de transporte público.
¿A poco la SCT no sabía que la Estrella de Oro nos cobra el seguro médico y de vida en el boleto, o nomás se hace? preguntó un familiar de Iker.
Mencionó que en el boleto que da la empresa al pasajero viene un apartado del cobro de tres pesos por el pago del seguro de vida y médico.
«No nos explicamos porqué la empresa se hizo tonta al no llevar de inmediato a los heridos a un hospital privado y dejar que fueran internados en un hospital público», contó un familiar de una de las personas lesionadas.
La Estrella Blanca y taxis repletos de pasajeros
La toma de las instalaciones de la Estrella de Oro beneficia a la competencia en este sector de servicios. La Estrella Blanca desde hace seis días tiene sus instalaciones repletas de pasajeros.
Esta empresa de la cual es accionista el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, también tiene un cúmulo de denuncias de mala prestación del servicio que ha originado accidentes.
También los taxis colectivos están repletos de usuarios pese a que viajar en estas unidades representan un riesgo mayor para los usuarios.
Zaira Sinaí Rosales Reyes despareció la tarde del jueves al salir de la Escuela Secundaría General Antonio I Delgado (ESGAID), plantel donde cursa el segundo grado, en el turno vespertino.
Hoy sus familiares pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda apoyo para su localización.
La menor acude al turno vespertino de la ESGAID, ubicada frente a la Alameda Granados Maldonado y, de acuerdo con la versión de los familiares, alrrededor de las siete de la noche, hora de la salida, su hermano, Santiago Rosales Reyes fue a esperarla como de costumbre pero Zaira Sinaí nunca salío.
Desde ese momento está en calidad de desaparecida por lo que se activó la Alerta Violeta, que es el protocolo para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.
Esta mañana, los familiares de Zaira acudieron a la ESGAID para pedir a los directivos información y apoyo.
“Yo le pido a la señora gobernadora que me ayude lo más que pueda porque en estos casos la verdad urge, ya pasaron muchos casos y no hay solución”, dijo Susana Reyes Arriaga, madre de Zaira, quien no contuvo el llanto y ya no puso dar más declaraciones.
El hermano de Zaira, Santiago, comentó que a la hora de salida, a las 7:40 de la tarde, ella nunca salió por donde la esperaba, por lo que suponen, salío por otra puerta.
“La estuve esperando hasta las nueve nunca salió”, dijo su hermano y agregó que por el tema de la inseguridad siempre la llevan y la esperan afuera de la secundaria.
La versión de los compañeros de Zaira es que la vieron salir de la escuela, pero no con quien y, más tarde, la vieron caminando por los arcos de la colonia Rufo Figueroa, a unos 200 metros de la escuela.
“Le pedimos a la gobernadora su intervención inmediata porque es una niña de 13 años desaparecida y por el peligro que corren nuestras jovencitas y si no nos hacen caso vamos a bloquear la Autopista, sólo así hacen caso”, mencionó otra de las familiares.
Después de la reunión con los directivos de la ESGAID, los familiares acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer las denuncias correspondientes.
“Una madre está sufriendo, pedimos a todos se pongan en su lugar ya no queremos más niñas desaparecidas”, dijo Maria Guadalupe Flores, familiar de Zaira.
Los manifestantes, muchos de ellos familiares de las víctimas del accidente en la Autopista del Sol, reclaman justicia y que la empresa asuma su responsabilidad con las víctimas.
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
27 de octubre del 2022
Chilpancingo
Familiares de dos pasajeros que fallecieron y de 11 que resultaron heridos durante una volcadura de un autobús de la Estrella de Oro en la Autopista del Sol cumplieron más de 24 horas con la toma de la central de esta línea camionera en Chilpancingo para para exigir justicia, el pago de indemnizaciones, y atención médica para los lesionados.
Por la toma de las instalaciones, el servicio de transporte de la empresa está suspendido.
El pasado domingo en la tarde, el autobús de la Estrella de Oro, que forma parte de la empresa Autobuses de Oriente SA de CV (conocida como ADO), con número económico 1558, que llevaba el operador José Luis Rodríguez, se volcó en el kilómetro 308 de la Autopista del Sol, carril norte-sur, frente al parque industrial del Valle del Ocotito.
Según los reportes de Protección Civil, en el accidente murieron Eros Said Campos y Karla Junuen Jiménez, de 11 y 17 años, y 11 personas salieron lesionadas, algunas con heridas graves.
Ante la falta de atención médica a los heridos y de que la empresa no ha informado sobre las causas del accidente, tampoco la fiscal general Sandra Valdovinos Salmerón sobre los avances de la investigación, los familiares de las víctimas cerraron la central de autobuses, ubicada al norte de esta ciudad.
Los manifestantes escribieron consignas en las instalaciones y en los autobuses estacionados en la explanada. «Justicia», «Detengan al asesino”, fueron algunas de las que escribieron.
En el mitin de hoy fuera de las instalaciones, Teresa Bibiano Carranco, familiar del niño Iker David Piña, quien a causa del accidente le amputaron un brazo, dijo que los pasajeros del autobús se percataron que el chofer (José Luis Rodríguez) conducía en estado de ebriedad.
«Exigimos que sea detenido el chofer, porque no se vale que después del accidente haya escapado, dejando en el abandono a los 40 pasajeros», dijo Bibiano Carranco.
«A Iker le cambiaron la vida; ya no tiene un bracito y a nosotros se nos hace un nudo en la garganta cuando nos pregunta que es lo que le pasó a su brazo, mencionó la mujer.
En la protesta de este jueves llegaron activistas feministas, estudiantes de las escuelas normales y ciudadanos para solidarizarse con la lucha de los familiares.
Hasta este jueves la empresa de la Estrella de Oro no ha dado a conocer su versión de los hechos.
Bibiano Carranco dijo que en un acercamiento que tuvieron con representantes de la empresa les ofrecieron 70 mil pesos por la pérdida del brazo de Iker. «Eso no es justo, ni eso cuesta una prótesis», dijo.
En el accidente también resultó lesionada la madre de Iker.
Bibiano Carranco contó que el domingo la madre de Iker llegó al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, y el personal médico le preguntó que escogiera si la atención era para ella o para su hijo.
«Obviamente la señora prefirió que su hijo fuera atendido, y eso es un ejemplo cómo en ese hospital son de inhumanos», refirió.
Durante el mitin, los familiares exigieron la presencia de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que realicen una revisión de las unidades que tiene esa línea de autobuses.
En la reunión que tuvieron ayer miércoles con representantes de la empresa les dijeron a los familiares que ellos no tienen contratado un seguro de vida para los pasajeros.
“¿Cómo es posible eso, pues, en manos de quienes estamos?”, cuestionó una de las manifestantes.
“Ahora resulta que no podemos viajar seguros porque subirnos en un autobús de esta empresa es arriesgarte a la muerte”, siguió.
Otra de las manifestantes, agregó: «son ataúdes rodantes”.
Hasta las 12 del día, los familiares de las personas accidentadas mantenían tomadas las instalaciones.
Durante los días sábado y domingo, familiares de personas desaparecidas expusieron fotografías, realizaron venta de comida y ropa en diferentes sitios de Acapulco para visibilizar la situación por la que atraviesan y denunciar que el gobierno no hace nada por hacerles justicia.
Durante la exposición de fotografías de los desaparecidos que se instaló en el zócalo, se leyó un comunicado en donde los familiares hacen responsable al Estado Mexicano de esta crisis humanitaria por acción, omisión o por complicidad con los grupos delincuenciales.
«Las autoridades los detienen (a las víctimas) y luego se los entregan a las bandas para que sean en trabajo esclavo, venta de órganos, prostitución y otros delitos, dependiendo, si son hombres o mujeres», expone.
Señalan que aún de que las familias no interpongan la denuncia por la desaparición de alguno de sus parientes las autoridades están obligadas a realizar su búsqueda porque eso lo establecen los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de los cuales el Estado Mexicano firmó esos compromisos.
Denunciaron que debido a que el gobierno no realiza la búsqueda de los desaparecidos las familias tienen que hacerlo como ocurre aquí en Guerrero.
Mencionan que el Agente del Ministerio Público da un plazo de 72 horas después de la desaparición para que los familiares presenten la denuncia.
«Durante ese proceso revictimizan a los familiares y además las autoridades nunca realizan el protocolo de búsqueda», afirman.
Doña Socorro Gil quien desde el 5 de diciembre del 2018 tiene a su hijo Jhonatan Guadalupe Romero Gil, dijo que en la actividad que realizaron este sábado en el zócalo de Acapulco participaron madres y padres que tiene un familiar desaparecido en diversos municipios de Guerrero.
«Todos trajeron la fotografía de un familiar desaparecido que se montó en la exposición y una acción para visibilizar nuestra lucha y porque el gobierno atienda nuestro reclamo de justicia», dijo doña Socorro en entrevista.
Dijo que su caso muchos más permanecen en la impunidad porque las autoridades no les interesa atender.
«Nosotros tenemos realizar nuestras propias búsquedas con nuestros propios recursos económicos porque el gobierno no nos da nada», expresó.
En diciembre del 2018, doña Socorro denunció que el 5 de ese mes a las nueve de la noche su hijo Jhonatan junto con su amigo de nombre Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca caminaban por la avenida Costera Miguel Alemán y se dirigían a jugar fut bol la cancha deportiva que está ubicada a unos metros de la playa Tlacopanocha, cerca del zócalo de Acapulco.
Frente a la playa, los dos jóvenes fueron interceptados por policías municipales que iban a bordo de una patrulla. Los agentes se llevaron por la fuerza a Jhonatan y a Carlos Ignacio Rojas.
El seis de diciembre apareció muerto y con huellas de tortura Carlos Ignacio Rojas.
Jhonatan quien en esa época recientemente había egresado de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero (UA-Gro), sigue sin aparecer.
Doña Socorro quien en la exposición fotográfica de este sábado que se montó en el zócalo de Acapulco y llevó el retrato de su hijo, dijo que desde un principio el gobierno municipal -que encabezaba la entonces alcaldesa morenista Adela Román- y la Fiscalía borraron las evidencias para tratar de exonerar a los policías municipales.
«En la carpeta de investigación que integró la Fiscalía se borró el nombre del número de la patrulla en donde iban los policías que se llevaron a mi hijo», expresó doña Socorro.
Dice que ya han pasado más tres años de la desaparición de su hijo y el caso sigue en la impunidad.
Mencionó que ella ha encabezado en dos búsquedas por uno de los cerros de la colonia Alta Progreso en donde se supone que los policías municipales se llevaron a su hijo.
«Yo he puesto de mi dinero para realizar la búsqueda y lo único que nos da el gobierno es la protección policiaca cuando realizamos las actividades», señaló doña Socorro.
Dijo que en la exposición fotográfica que se montó en el zócalo, varias personas le dijeron que tenían a un familiar desaparecido pero que no habían puesto la denuncia.
«En Guerrero, en Acapulco, siguen las desapariciones pero la gente no acude ante la autoridad para poner la denuncia por miedo o porque sabe que nunca harán nada», contó.
Este domingo, integrantes de la Asociación de Familias en Busca de sus Desaparecidos instalaron en el zócalo del Fraccionamiento Costa Azul en Acapulco un tianguis de venta de comida y ropa para recabar recursos económicos que utilizarán para realizar las búsquedas de sus familiares.
Los familiares dijeron que por cada jornada de búsqueda que realizan se requieren mil 500 pesos para la compra de insumos.
El grupo de 30 personas instalaron su tianguis a un costado de la iglesia de este fraccionamiento.
41% de personas presas en centros federales nunca recibe visitas, y en 16% de los casos, familiares deben gastar más de $1,500 en pasajes y comidas para poderlos ver una vez al año.
Texto: Dalila Sarabia / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
13 de abril de 2022
Hace tres años que la hija de Socorro está en prisión luego de haber sido señalada de participar en un secuestro. Unos días después de su detención, la mujer fue enviada al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16 de Morelos en donde ha permanecido sin una sentencia.
Desde que llegó a este lugar no ha recibido visita. Socorro ha intentado ahorrar algunos pesos e irla a visitar “de entrada por salida” pero es imposible. “O voy a verla o le doy de comer a sus hijos”, dice la mujer de 62 años.
Tras la detención de su hija, Socorro quedó al cuidado de sus dos nietos: una niña de 10 años y un pequeño de ocho. De ser la abuelita que los cuidaba mientras su mamá salía a trabajar, pasó a ser la responsable económica del hogar, además de que sus tareas como cuidadora se duplicaron.
Lavando y planchando ropa ajena, dice, es cómo ha logrado tener dinero para que a sus nietos y a ella nunca les falte un plato de comida. Cuando en verdad no tiene un peso le pide apoyo a uno de sus hijos que migró a Estados Unidos.
“Sí me apoya mandándome unos centavos, pero no como antes”, comparte Socorro.
Así, con unos cuantos pesos en la bolsa para tener algo que comer, el salir de su pueblo, en Veracruz, e ir a visitar a su hija en Morelos no es una prioridad.
De acuerdo con el Informe sobre la situación de las prisiones privadas en México que realizó México Evalúa y Documenta, el 91% de los familiares de las personas privadas de la libertad en un centro federal viven en un estado diferente al que se encuentra la prisión en donde están, y para ir a visitarlos sus familiares deben recorrer hasta 1557 kilómetros.
Se trata de una situación que contradice las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos que estipulan que “en la medida de lo posible los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social”, lo que ha traído como resultado que, de acuerdo con el informe, el 41% de los presos en prisiones federales nunca reciban visita.
Los familiares del 16% de las personas privadas de su libertad en estos centros federales y que reciben visita una vez al año, llegan a gastar hasta mil 500 pesos en pasajes y comidas.
Para la realización de este informe, México Evalúa y Documenta habían planteado hacer entrevistas a los reclusos de estos centros penitenciarios, sin embargo, dada la emergencia sanitaria por COVID-19, se decidió aplicarlas a sus familiares. En el ejercicio participaron 218 familias de personas privadas de su libertad en siete de los ocho Centros de Prestación de Servicios (CPS) federales en funcionamiento.
Como parte de los resultados, también se advirtieron otro tipo de gastos que deben hacer a fin de que sus familiares puedan tener mínimamente lo que requieren para satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, artículos de higiene personal.
El 91% de las personas encuestadas dijo que mensualmente hace depósitos de entre 500 y mil 500 pesos. El 88% debe hacer estos depósitos a través de giros postales o telegráficos, lo que significa que además del dinero que mandan, deben pagar comisiones y cargos adicionales.
Este punto resulta muy revelador porque hay que recordar que las cárceles federales son Asociaciones Público-Privadas (APP), sin embargo, la falta de regulación de estos centros genera espacios para que se vulneren los principales derechos de las personas usuarias del sistema penitenciario.
Y es que, el estudio muestra que con el dinero que sus familiares les envían, no solo lo ocupan para comprar jabón para poder bañarse, sino que también para adquirir agua, alimentos -pues los que se les brinda no son suficientes o son de muy mala calidad-, así como para pagar el acceso al servicio médico, que, en teoría, es un derecho de las personas privadas de la libertad.
No obstante, una de cada tres personas encuestadas declaró que a su familiar se le cobra el servicio médico o las medicinas.
“No les dan el medicamento adecuado que ellas necesitan. Yo como familiar le llevo su medicamento, pero aun así́ ponen muchas condiciones para que lo acepten, además de que tardan más de 3 meses para que se los entreguen. Entonces si es medicamento que nosotros compramos es porque ahí́ adentro no se los dan”, dice el familiar de una mujer presa en el Cefereso 16 de Morelos.
“Nos dicen que la próxima semana vayamos a ver si ya está autorizado, como si viviéramos a la vuelta del penal y tuviéramos dinero para solventar cada que ellos quieren. Hace 3 meses fui a televisita y llevé medicamento que mi mamá necesita y hasta la fecha es día que no se lo han entregado”, detalla el familiar en el testimonio contenido en el informe.
Como parte del análisis hecho con ayuda de los reportes anuales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publica sobre las condiciones de estos espacios, también se advierte “la insuficiencia o franca inexistencia de actividades laborales, de capacitación y educativas —si bien esto ha mejorado con el paso del tiempo, de acuerdo con los informes de la CNDH— señalan el grado de abandono con el que el Estado mexicano inició la provisión de estos servicios para las personas privadas de la libertad en los Cefereso”, se lee en el informe.
“Las fallas e insuficiencias presentes en los Cefereso (…) no son del todo atribuibles a la actuación de la iniciativa privada, sino que ocurren en la provisión de servicios y programas que son también responsabilidad del Estado. Una posible explicación podría estar relacionada con el desdibujamiento de las atribuciones del Estado en este tipo de centros, pues la introducción de un tercer actor —la iniciativa privada— altera por completo la relación persona privada de la libertad- gobierno”, se expone en el documento.
A diez años de la puesta en operación de este modelo de APP -que buscaba mejorar las condiciones en las que se tenía a las personas privadas de su libertad- es importante recalcar que si bien es cierto que en abril de 2021 se dio a conocer que se resultado de las negociaciones entre el gobierno y los privados a cargo de estos espacios, se acordó una reducción del 15% en los pagos que se deberán hacer a las empresas y que al final del contrato la tenencia de las instalaciones recaerá en el Estado, aún hay muchos pendientes.
Uno de los más importantes, puntualiza este informe, es poder conocer con plena transparencia la versión pública de los contratos de prestación de servicios dirigidos a la construcción y operación de estos centros penitenciarios.
“Concretamente, es relevante que se conozcan las obligaciones de las empresas en cuanto a los servicios de salud, el acceso a agua y los servicios de alimentación, así ́ como la provisión de actividades culturales, educativas y laborales. De igual forma, la publicación de los contratos de prestación de servicios permitiría conocer las atribuciones y responsabilidades del Estado en la gestión de los Cefereso”, recomiendan las organizaciones.
Asimismo, consideraron que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Publica deben atraer la investigación de algunos de los aspectos reportados pues si bien es cierto que la operación y gestión de estos centros está en manos de agentes privados, estas entidades cuentan con capacidad para auditarlas.
