¿Por qué a casi nadie le importa la violencia contra los reporteros y reporteras?
La última semana se vivió uno de los capítulos de mayor tensión, frustración y vulnerabilidad para las y los periodistas de Guerrero.
El lunes 9 de enero se rompió el cerco y supimos que el reportero Jesús Pintor Alegre y los administradores de la página de Facebook Escenario Calentano, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, fueron privados de su libertad por una organización criminal en la región de la Tierra Caliente desde finales de diciembre del 2022.
La noticia prendió todas las alarmas, el riesgo de que la situación llegara al punto extremo era punzante. La organización criminal, presuntamente la Familia Michoacana, en los últimos meses ha dejado patente su capacidad de violencia.
Cuando surgió la noticia, el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda y la Fiscalía General del Estado (FGE) no habían hecho nada para localizar al reportero y a los dos administradores. No habían ordenado una operación de búsqueda. Nada. Al parecer ignoraban lo que estaba sucediendo.
Todo fue incertidumbre. Había confusión. No se sabía con exactitud cuándo fueron privados de su libertad, en dónde, por quiénes, por qué.
La mañana del jueves 12 de enero, surgieron más noticias. Esta vez fueron buenas. Jesús Pintor y Fernando Moreno fueron liberados. No fueron rescatados en una operación policial, como se informó, y es pertinente dejarlo claro.
La liberación de Pintor Alegre y Moreno Villegas fue durante la noche del miércoles, a eso de las 11:00, cuando los criminales los dejaron en el cauce del río el Cuirio, en el municipio de Coyuca de Catalán.
La mañana siguiente, Jesús Pintor contó lo sufrido en el cautiverio: fue privado de su libertad el 27 de diciembre en el zócalo de Ciudad Altamirano. Pasó casi 15 días vendado de los ojos, con las manos esposadas, acostado sobre la batea de una camioneta sin permiso de levantarse. Lo golpearon, sintió frío, hambre pero, sobre todo, sintió de cerca la muerte.
Jesús Pintor dice que volverá al periodismo, pero reconoce, que del golpe psicológico no se va a reponer.
Aún sigue desaparecido Alan García, de quien no se sabe absolutamente nada. Si fue liberado, si sigue en cautiverio o cuál fue su destino. Se desconoce también si las autoridades lo buscan.
Este caso pone en evidencia muchas cosas. La vulnerabilidad de las reporteras y los reporteros, así como el amplio margen de impunidad con la que operan las organizaciones criminales y el desinterés de las autoridades por proteger a las y los periodistas.
Nada es nuevo. Estas condiciones las sufren desde hace muchos años. El periodismo en México se volvió una profesión de alto riesgo y tan vulnerable casi al mismo tiempo. Mientras las organizaciones criminales crecían al amparo del poder político y económico, los territorios se volvían más hostiles, y los desplazamientos, las desapariciones y los asesinatos aumentaron exponencialmente, a la par de que los derechos laborales de las reporteras y reporteros se diluían.
Concluimos que en Guerrero se hace periodismo en un terreno minado y en condiciones precarias.
Pero estas condiciones no surgieron de la nada, fueron construidas, y ahora son estructurales y sistemáticas. Esta violencia que vivimos con cotidianidad todos los pobladores tiene objetivos y beneficiarios claros: ejercer un control social, replegar a través del terror y el miedo la organización de los pueblos, para saquear fácilmente las riquezas del país: los minerales, las maderas, los ríos y el erario.
Para lograrlo necesitan del silencio.
De acuerdo con lo documentado por organizaciones de defensa de la libertad de expresión, los perfiles de las y los periodistas asesinados en los últimos años coinciden en por lo menos dos cosas: trabajaban en los estados e investigaban temas de corrupción de las autoridades locales.
En otras palabras: periodista que investiga, cuestiona, critica al cacique, al empresario, al líder sindical, al político, funcionario o al gobernante se convierte en incómodo, es alguien que estorba, y alguien a quien buscan silenciar.
En Guerrero el silencio va ganando regiones completas. La Tierra Caliente es una de ellas. Ahí es imposible informar, criticar a los personajes públicos porque no hay certeza si el político es criminal o el criminal es político. Compañeros han optado por la autocensura.
En Chilapa, prácticamente no hay quien informe, y la población no tiene en dónde informarse, porque desde hace unos cinco años a este municipio no llega ningún periódico, no hay una radio o televisora, ni hay portales de noticias. Sólo hay un silencio profundo.
En Iguala ocurre lo mismo. En 2021 siete reporteros y reporteras fueron desplazados porque fueron amenazados de muerte por criminales, aunque no se sabe si fue por cuenta propia o por órdenes de la clase política. Salieron sin dudarlo porque nadie les garantizó su seguridad. Algunos regresaron. Lo cierto es que ahora el silencio impera. ¿A quién conviene ese silencio?
Guerrero desde hace años ocupa un lugar preferente en la violencia contra la prensa. En las dos últimas décadas han sido asesinados por lo menos 20 reporteros y dos más están desaparecidos.
En Guerrero es permanente, constante, que se busque el silencio de la prensa al costo que sea. El modelo de financiamiento de los medios de comunicación no está diseñado para hacer periodismo, para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, sino para silenciar, para ocultar, para lavar imágenes.
Los directivos de los medios de comunicación han preferido la salida cómoda: colocaron a los gobiernos como su principal cliente, como su principal y, en algunos casos, única fuente de financiamiento. Esto ha traído consecuencias.
En teoría, los gobiernos y distintas instituciones disponen de un presupuesto para la publicidad oficial, es decir, para informar a la población de acciones de esas instituciones, de cómo obtener un beneficio, un programa de vacunación o de informar de medidas de precaución ante fenómenos naturales y también para garantizar el flujo informativo.
Pero eso no ocurre, entre las autoridades y la mayoría de los dueños de los medios existe un pacto oscuro y perverso. Los gobiernos transfieren dinero a los medios de comunicación con estas condicionantes: callar, ocultar y, en el mejor de los casos, hasta limpiar la imagen del gobernante.
Cuando los directivos aceptan estas condiciones también se benefician. Nadie los obliga a dar contratos, salarios y prestaciones a sus reporteros y reporteras. Nadie los obliga a transparentar los recursos públicos que reciben. ¿Usted conoce cuánto dinero reciben las medios locales, radios, páginas web y de Facebook, o medios impresos?
¿Por ley, quién está obligado a revisar que los medios de comunicación garanticen los derechos laborales de los reporteros y reporteras? Las mismas autoridades le dan el dinero con la condición de callar.
¿Y qué pasa si al mismo tiempo eres la autoridad y el dueño de un medio de comunicación? Acá en Guerrero está pasando, los Salgado lo encarnan. Evelyn Salgado Pineda es la gobernadora, la hermana, Sol Salgado Pineda, es la directora del periódico familiar, El Guerrero, un diario atiborrado de publicidad oficial, pero sus reporteros no tienen contratos, ni salario fijo y menos prestaciones. Ochenta pesos les pagan la nota y fotografía publicada.
Un círculo perfecto. Un negocio perfecto.
¿Un periodista amenazado y precarizado está en condiciones de hacer un periodismo de calidad?
Los primeros que sufren estas condiciones son las reporteras y los reporteros y sus familias. Pero esto tiene efectos expansivos que llegan a todos los rincones. El silencio y la falta de un periodismo de calidad afecta a la mayoría de la población. No tener información que revise, cuestione y critique el actuar de las autoridades sólo enraíza aún más la corrupción. En Guerrero es conocido lo que implica la corrupción.
Esta es la razón esencial del por qué la exigencia de justicia cada vez que asesinan, desaparecen, desplazan o se agrede a un reportero. No es un lugar común afirmar que cuando matan a un reportero se mata la verdad o silencian la verdad. No lo es. Cada vez que ocurre un crimen contra un reportero o reportera la sociedad se queda sin un poco de verdad.
Lo que está en el fondo, es la información y la información es un bien público que toca defender a todos. A todos. Periodistas y ciudadanos.
El llamado es para los ciudadanos, que cuiden la información, que cuiden el periódico, la radio, el programa de televisión, el portal de noticias que les ofrece información independiente, crítica, útil.
Las autoridades no lo van a hacer, no les interesa ni tampoco les conviene. Eso dicen las cifras: más del 98 por ciento de los crímenes contra periodistas están en la impunidad.
El llamado también es para nosotros mismos. No podemos seguir desarticulados, reaccionar sólo en momentos de emergencia como lo que sufrió Jesús Pintor y Fernando Moreno, y sigue sufriendo Alan García. Debemos organizarnos permanentemente para protegernos, para salir de la precariedad.
Los periodistas deben (debemos) ser capaces de poner cara a los directivos y exigirles nuestros derechos laborales. Después de la violencia extrema, no hay otra peor que la precarización. Un periodista no puede salir todos los días de su casa con incertidumbre de si podrá llevar algo a su mesa, si podrá completar la renta o pagar el servicio telefónico.
Además, como discutieron un grupo de periodistas asentados en Chilpancingo el sábado en la mesa del programa radial Reporteros SOS por la frecuencia de Radio Universidad, los comunicadores (incluidos los periodistas) deben (debemos) ser más conscientes de a quién le ponemos nuestras grabadoras, micrófonos y cámaras.
Como gremio hemos contribuido en encumbrar a políticos corruptos, a criminales y a criminales disfrazados de políticos.
El escenario es desalentador, pero ni callar ni morir deben ser las únicas salidas para los periodistas de Guerrero.
Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. eltlacololcolumna@gmail.com Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos.
*Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones.
