Texto y foto: Jesús Guerrero
Domingo 5 de mayo del 2024
Chilpancingo
Familiares de personas desaparecidas, desplazados por la violencia y estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa se manifestaron en las calles de Chilpancingo para pedir por la paz y alto a la violencia en Guerrero.
«Ahorita en Guerrero la gente ya no puede salir a las calles, porque no sabe si va a regresar o bien lo asesinan o desaparecen», señaló Melitón Ortega, vocero de las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 10 años en Iguala por miembros del crimen organizado, policías y Ejército.
Un centenar de personas empezó la marcha en la estatua de Nicolás Bravo, avanzó por las avenidas, Insurgentes, Benito Juárez, Ignacio Ramírez, Juan Ruiz de Alarcón hasta llegar al antimonumento de los 43, en la avenida Lázaro Cárdenas.
La movilización social en la capital guerrerense coincidió con otras protestas que de manera simultánea se llevaron a cabo en otras entidades del país para exigir al gobierno la búsqueda de desaparecidos, que haya paz y castigo a los responsables de asesinatos.
Un profesor de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG), denunció desde carro de sonido que encabezaba la marcha, que el presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió su palabra de que durante su sexenio habría paz.
«Nosotros queremos que nuestros hijos salgan de nuestras casas a divertirse sin tener que preocuparnos de que ya no van a regresar porque se los llevó la delincuencia», expuso.
En el mitin en el monumento a las banderas, donde se halla el antimonumento de los 43, un integrante del Centro de Derechos Humanos José María y Pavón denunció que gente que tiene un familiar desaparecido y que está desplazada no pudo venir a Chilpancingo porque en las comunidades donde viven se ha desatado en los últimos días una ola de violencia provocada por el crimen organizado.
Gente que ya tenía contemplado participar en la movilización de este domingo en Chilpancingo vive en los municipios de Zitlala, Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo.
«Hace dos días, familias que viven en pueblos de la Sierra fueron obligados por los comisarios a trasladarse a Chichihualco para una reunión con funcionarios del estado que les iban a plantear sus demandas», refirió el vocero del Centro Morelos.
El viernes 3 de mayo, integrantes de la autollamada policía comunitaria de Heliodoro Castillo y comisarios de varios pueblos de ese municipio llegaron a Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, para atender el supuesto auxilio que les hicieron las autoridades de esta localidad para frenar la inseguridad.
Ese día, el gobierno del estado informó que en atención a las demandas de carácter social planteadas por comisarios de las comunidades, el subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales, de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros dialogó con ellos y el presidente de Leonardo Bravo, Saúl Villa Adame.
“¿Hasta qué grado están los compromisos de las autoridades del estado con estos grupos delincuenciales y narcoparamilitares?”, cuestionó el vocero del Centro Morelos en referencia a la supuesta policía comunitaria que desde este viernes tiene ocupado Chichihualco.
Durante el mitin, el integrante del Centro Morelos exigió al gobierno federal que cumpla con la recomendación 171/2023 que le envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en donde se le pide al Senado de la República que apruebe la Ley General para Prevenir, Atender integralmente el Desplazamiento Forzado.
En la recomendación también se le pide al gobierno que incluya en los programas de apoyo y de seguridad a más de cien personas desplazadas por la violencia de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala.
Hasta el momento, estas familias no han sido acogidas en los protocolos de ayuda humanitaria y de seguridad por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En la protesta de este domingo en Chilpancingo, participó un grupo de personas desplazadas por la violencia de comunidades del municipio de Leonardo Bravo que fueron expulsadas por miembros de la supuesta policía comunitaria de Heliodoro Castillo en noviembre de 2018.
Una habitante de Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, aseguró que este mismo grupo de presuntas autodefensas que arribaron este viernes a Chichihualco son de la misma agrupación que a ellos los expulsaron de sus comunidades hace casi seis años.
En entrevista, la mujer recordó que el 18 de noviembre de 2018, alrededor de la una de la tarde, arribaron muchos hombres armados a la comunidad de Los Morros, Filo de Caballos, Campo de Aviación e Izotepec.
«Esa llamada policía comunitaria de Tlacotepec nos expulsó de nuestros pueblos y se quedaron con nuestras casas, terrenos, huertas, ganado, todo lo que teníamos», denunció al finalizar la marcha la entrevistada que no reveló su nombre por razones de seguridad.
Calculó en 1,800 las personas de estas cuatro comunidades de la sierra que fueron expulsadas por el grupo armado.
Muchas de las familias desplazadas se fueron a Estados Unidos y permanecen allá de manera ilegal. Pero la mayoría de las víctimas de las cuatro comunidades viven en algunas ciudades de Guerrero o de Morelos.
De las 1,800 personas desplazadas, cien no están incluidas en la lista de víctimas en la CEAV, por lo que se desacata una recomendación que le envió al gobierno federal la CNDH, aseguró la mujer de Los Morros.
Afirmó que si el gobierno cumple con la recomendación de la CNDH, las familias desplazadas tendrán derecho al pago de la renta de su casa, alimentación, medidas de seguridad y que se les reubique.
«Llevamos casi seis años pagando renta en el lugar donde vivimos y luchando para que nuestros hijos no sean rechazados en las escuelas donde quieran estudiar», se quejó la mujer.