El histórico rezago educativo en México se volvió un botón de muestra para hablar de inequidad y falta de acceso a la educación en condiciones dignas.
Al haberse cerrado los campus universitarios de la Universidad de Guadalajara en regiones al interior del Estado de Jalisco, estudiantes dejaron las licenciaturas en ciudades donde emigraron a adquirir competencias académicas, libertad, vivencias para el mundo laboral y un futuro que no los sometiera al autoempleo.
Pero la pandemia los hizo volver a comunidades pequeñas de donde salieron, aceptar empleos agrícolas y claudicar en la única oportunidad de romper la cadena de desventaja y pobreza. Brincar de la migración planeada, a la forzada.
En este episodio, además, te contamos la doble complejidad en alumnas indígenas y las primeras evidencias de la depresión masiva entre el alumnado a nivel licenciatura que llegó a ideas suicidas en la ciudad de Guadalajara.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
Abandonadas por el gobierno, las comunidades urbanas rarámuri que migraron a la capital de Chihuahua en busca de una vida distinta, huyendo de la sequía, la presencia del crimen organizado, los proyectos extractivos y la muerte, se enfrentaron a preguntas sin respuestas sobre la educación de sus hijos e hijas, mientras su pesadilla sobre un bicho se hacía realidad
Investigación: Óscar Rosales, Raúl Fernando Pérez, Jaime Armendáriz
Video y fotografía: Raúl Fernando Pérez
Traducción de entrevistas: Carlos Fierro
María escuchó atentamente a su cuñada. La recuerda muy inquieta, preocupada por un sueño, una pesadilla de esas que nadie quiere tener. “Decía que iban a morir muchos seres humanos, que iba a llegar una enfermedad muy grande”, relata María Luisa Chacarito y añade: “Decía que no se iba a terminar”.
Chacarito es lideresa rarámuri de Rinconada Los Nogales, una de las 18 comunidades indígenas urbanas de Chihuahua, capital del estado con el mismo nombre, en la frontera norte de México.
Era diciembre del 2019, un momento del año en que las familias indígenas, en su mayoría de la etnia rarámuri, están más atentas a la tempestad del crudo invierno, cuando las temperaturas en esta región empiezan a descender más allá de los cero grados centígrados, que a una enfermedad del otro lado del mundo.
Pero tan sólo tres meses después del 31 de diciembre, cuando se encendieron las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la notificación del primer caso de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China, la pesadilla comenzó a tomar forma.
El lunes 23 de marzo el gobierno mexicano comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia, nombre que se le daría a las políticas de confinamiento para contener la propagación del virus Sars-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, después de que se registraron los primeros casos en el país.
Por esos días, un familiar de Chacarito volvió a soñar con la enfermedad. Era la cuarta vez que en la comunidad alguien soñaba con el virus.
Para la cultura rarámuri los sueños son muy importantes. Sus médicos tradicionales, owiruame en lengua rarámuri, curan a través de los sueños. Por eso decidieron realizar el Yúmare, su principal ceremonia tradicional, en la que danzan y cantan desde la noche hasta el amanecer. Ahí le pidieron a Onorúame, el dios rarámuri, que los protegiera de la enfermedad.
Ciertamente, los temores contenidos en aquellos sueños nocturnos fueron un indicio de lo que se venía. Las medidas del gobierno para contener el virus implicaron el cierre de muchos centros de trabajo, la cancelación de eventos masivos, el aislamiento en casa y la suspensión de clases en todas las escuelas.
Sin nadie en las aulas de clase y con niños y niñas sin poder salir de casa, las dudas se repetían en los padres y las madres de las comunidades: ¿Quién acompañaría a sus hijos e hijas mientras trabajan? ¿Cómo iban a aprender ahora sin maestros? ¿Perderían el ciclo escolar? ¿El gobierno ayudaría?
Las historias y testimonios de diez de estas 18 comunidades exponen cómo la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas de Chihuahua (COEPI), órgano de gobierno destinado a realizar y gestionar políticas públicas para los pueblos originarios, no cumplió en su totalidad con las funciones que le corresponden en el ámbito educativo formal en un momento de emergencia, como la pandemia por COVID-19.
Fue con ayuda de la sociedad civil, que las familias de las comunidades Pájaro Azul, Rinconada Los Nogales, Cerro de La Cruz, Díaz Infante, La Soledad, Gabriel Tepórame, Rubio, Napawika, El Oasis y la colonia Tarahumara, lograron atender a 350 niños, niñas y adolescentes durante el ciclo escolar, supliendo así muchas de las funciones de un Estado despreocupado por sus pueblos originarios.
La adversidad antes del bicho
Los pueblos rarámuri migran a la capital en busca de una vida distinta. Dejan su hogar en la sierra por diferentes razones: falta de empleo, la sequía, la tala inmoderada de sus bosques por parte de ejidatarios chabochis, desnutrición y, principalmente, la presencia del crimen organizado y los proyectos extractivos, como la minería, que atentan contra sus tierras y sus pobladores. Tan solo desde el 2013 hasta el 2021, han sido asesinadas 18 personas activistas y defensoras del territorio indígena en Chihuahua.
La vida para una persona indígena en la urbe chihuahuense nunca ha sido fácil. En Rinconada Los Nogales, distinta a la colonia vecina del mismo nombre, pero ocupada por personas no indígenas, es decir, mestizas -chabochi, como les dicen en lengua rarámuri-, no hay pavimento ni cancha de basquetbol, como sí hay en las comunidades Pájaro Azul o Gabriel Tepórame.
Muchas de las casas están hechas con materiales improvisados, como tablones, lonas y láminas, que poco protegen de los climas extremos que se viven en las planicies centrales de Chihuahua.
Ubicada al suroriente de la ciudad, Rinconada Los Nogales está asentada junto a los desechos industriales de la antigua fundidora Ávalos. Montañas de plomo, cadmio, arsénico y zinc, abandonadas a la intemperie desde 1997, forman parte del paisaje.
Esta, al igual que el resto de comunidades, son resultado del desplazamiento de miles de personas indígenas originarias de la Sierra Tarahumara, una cadena montañosa de bosques y valles que forma parte de la Sierra Madre Occidental, la cordillera más extensa de México.
Provienen de municipios como Bocoyna, Guachochi, Carichí y Guadalupe y Calvo. Su presencia permanente en la capital comenzó en la década de los 30’s, aunque hay historiadores y antropólogos, como Enrique Servín, abogado, políglota, activista, escritor, poeta y lingüista mexicano, destacado defensor y estudioso de las lenguas indígenas, que sostienen que en la ciudad siempre hubo personas rarámuri.
Sin embargo, la construcción de las comunidades no ocurrió sino hasta 1957, cuando la Misión Evangelística Mexicana levantó las primeras casas de adobe, sin servicios básicos, sólo techadas y con piso de tierra, en la comunidad que hoy se conoce como El Oasis, al suroeste de la ciudad.
Con el paso de los años, gracias a la filantropía chihuahuense, el apoyo de la sociedad civil, la iglesia y la extinta Coordinación Estatal de la Tarahumara (el organismo anterior a la COEPI, esta última creada en 2016), algunas comunidades pudieron mejorar un poco de su infraestructura.
Las comunidades indígenas en la capital se asemejan a pequeños fraccionamientos, ubicados dentro de una colonia mucho más grande, normalmente habitadas por chabochis.
En la comunidad Gabriel Tepórame, también al sur de la ciudad, las casas son de una o dos habitaciones y un baño. Están construidas de manera contigua, desde una vista aérea forman un rectángulo, y en el centro hay una amplia cancha de baloncesto.
En Pájaro Azul forman la misma figura, solo que su cancha se encuentra en la entrada de la comunidad y los caminos entre casas son de tierra. En las orillas de ese rectángulo, hay un comedor y una cocina comunitaria, donde se reúnen para hablar de los temas importantes para ellos.
Su organización interna replica la forma de gobierno de los pueblos en la Sierra Tarahumara. Cada una tiene tres gobernadores o gobernadoras (siríames, en lengua rarámuri), cuyo período dura tres años. Son quienes encabezan todas las reuniones, dan consejos y coordinan todos los asuntos de interés colectivo, como sus fiestas tradicionales.
Algunas comunidades en vez de gobernadores o gobernadoras, tienen líderes o lideresas, como es el caso de María Luisa Chacarito en Rinconada Los Nogales. Para que un medio de comunicación pueda entrar y documentar o reportear, debe pedir la autorización de dichas autoridades.
Es también a través de estas personas que las comunidades gestionan apoyos para mejorar la infraestructura de sus hogares o la calidad educativa de hijos e hijas. Sin embargo, la educación formal siempre ha sido una especie de privilegio para la mayoría.
En la comunidad Rinconada Los Nogales, de 15 niños que hay, solo 6 asisten a la escuela, es decir, menos de la mitad. María Luisa Chacarito explica que, para muchas familias, conseguir el dinero de la inscripción resulta muy complicado, sobre todo para las madres solteras (que son mayoría), aún con el descuento que les dan las escuelas públicas en la cuota de inscripción, que se cobra en muchas de ellas pese a que el artículo tercero de la Constitución Mexicana garantiza que la educación del Estado es gratuita.
La mayoría de las madres trabajan largas jornadas como empleadas domésticas, sin prestaciones laborales. En el mejor de los casos, por limpiar y atender una casa ganan de 200 a 300 pesos por día. Sin embargo, gastan hasta 50 pesos diarios sólo en transporte de traslado, en el que también invierten de 2 a 4 horas de su tiempo.
Por otro lado, los padres recurren a empleos distintos. “Ganan muy poco porque trabajan como jardineros o en la albañilería. Están cansados, algunos ya son muy mayores”, explica Chacarito.
Obtener trabajos mejor remunerados en la ciudad tampoco es fácil. La mayoría de los rarámuri desplazados a la capital de Chihuahua no tuvieron oportunidad de terminar la primaria o la secundaria, un requisito mínimo solicitado. Terminan en empleos que satisfacen a las urbes, alejadas de las necesidades de las comunidades donde vivían, abandonadas y estigmatizadas por los tres niveles de gobierno.
Su rezago educativo se explica por el trato que han recibido por parte del Estado, pues históricamente el gobierno mexicano ha visto a sus pueblos originarios como una cultura inferior. La falta de entendimiento de cómo se conectan con la naturaleza, su desinterés a la forma de aprendizaje de pueblos como el rarámuri y la imposición de sistemas de enseñanza no indígenas en la Sierra Tarahumara, les ha impedido avanzar como cultura en sus propios términos de progreso.
El contexto de la discriminación en México tampoco ayuda. Según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), realizada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 15.9 por ciento de las personas indígenas mayores de 12 años no ha podido obtener un trabajo o un ascenso por pertenecer a esta población.
Los rarámuri pasaron de proteger los bosques de la Sierra Tarahumara, a cuidar el brillo del piso de las familias más privilegiadas de la capital de Chihuahua. De sembrar sus propios alimentos en el monte, a hacer las compras de otros en el supermercado.
La brecha de desigualdad entre mestizos e indígenas ya era bastante ancha.
Entonces, apareció un bicho: un gusano en las manos. Así es como se les describió a niños y niñas rarámuri el Sars-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. La idea del gusano era simple, ayudaba a entender lo importante que era protegerse del virus y acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias a nivel nacional: lavarse las manos, evitar el contacto físico y, principalmente, no salir de casa.
Para muchos estudiantes, el no salir de casa y poder tomar clases desde la distancia, fue sinónimo de comodidad. Para las familias indígenas de la mancha urbana significó incertidumbre.
La maestra esperanza
Guadalupe busca dónde sentarse. Se aleja muy poco de la mesa que está llena de hojas, libros y colores. El cuarto está repleto de sillas muy pequeñas y mesitas cuyas patas no pasan del medio metro. Decidida, se acomoda a un lado de la puerta por donde entra un cálido haz de luz. Observa el pequeño espacio vacío y, entre discretas y cálidas sonrisas que externa durante la entrevista, recuerda su labor ahí.
“Trabajamos ayudando a los niños para que no pierdan las ganas de ir a la escuela, ya que es muy importante estudiar, si no estudiamos, no aprendemos nada”, dice Guadalupe Espino, una joven rarámuri de la comunidad Pájaro Azul que, desde mayo del 2020, apoya y acompaña la realización de tareas de alrededor de 20 niños y niñas rarámuri de preescolar.
La maestra Lupita, como le dicen sus vecinos, nació en la ciudad de Chihuahua, pero sus padres son originarios de Norogachi, una comunidad ubicada en el municipio de Guachochi, al sur del estado, en la Sierra Tarahumara.
Contrario a lo que se pudiera creer, al no haberse criado en la sierra, su manejo del rarámuri es claro y fluido, debido a la educación de sus padres y la convivencia con sus vecinos de Pájaro Azul que siempre le hablaron en su lengua materna. Para ella, trabajar con niños y niñas después del cierre de escuelas es una oportunidad de recordar raíces, recuperar el idioma y conservar tradiciones.
“Les enseño a los niños en tarahumara y en español para que aprendan los dos idiomas, para que no pierdan nuestra forma de hablar. Es muy importante conservar nuestra lengua», señala.
Lupita forma parte de un proyecto educativo, deportivo y cultural para las comunidades indígenas urbanas que empezó en mayo del 2020 con la asociación civil Paz y Convivencia Ciudadana.
Lupita, la maestra encargada de niños y niñas en edad de preescolar. Además de ayudarles con el programa de la Secretaría de Educación Pública, también les enseña a leer y escribir en rarámuri.
Después del cierre de las escuelas a finales de marzo, la organización civil se acercó a Yolanda, Hilda y Guadalupe, las gobernadoras de Pájaro Azul y explicó sus intenciones para apoyar la educación de los infantes, previendo la situación que se avecinaba por la pandemia.
Las y los estudiantes comenzaron a recibir folletos y hojas de contenido realizado tanto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como por sus docentes y directivos de la escuela, con tareas y ejercicios. Este material era enviado, en su mayoría, mediante mensajería de WhatsApp.
La directora y las maestras de la escuela le hacían llegar esos materiales por semana a Guadalupe Espino, para que ella ayudara a niños y niñas a realizarlas. De esa manera, cada viernes, les devolvía los trabajos hechos y con eso la escuela calificaba a sus estudiantes.
Otras tres personas acompañaban a Guadalupe cubriendo otras necesidades formativas. Emma Martínez con atención psicológica para estudiantes y sus familias; Danelia Reyes generaba y realizaba actividades artísticas, y Jorge Girón, con clases de educación física. Esta dinámica de cuatro personas es la misma en el resto de comunidades donde tiene presencia el proyecto.
Ocasionalmente, se impartían aprendizajes distintos a lo común, como sencillas clases de guitarra y electrónica básica.
“Nuestra intención es que vean que hay oportunidades para salir adelante”, comparte Jorge Girón quien, además de ser profesor de educación física, es el coordinador del proyecto en Pájaro Azul.
“Muchas son madres solteras, o no cuentan con un trabajo establecido que les pueda brindar una guardería o son trabajadoras del hogar sin prestaciones”, añade Girón. Señala que, desde antes de la pandemia, los horarios laborales y las distancias no permitían que muchos niños y niñas de preescolar fueran a la escuela.
Madres y padres sintieron más tranquilidad al saber que sus hijos e hijas tenían una compañía formativa mientras trabajan.
El profesor ausencia
El proyecto Paz y Convivencia fue concebido como un programa de educación no formal, ya que no está apegado a los esquemas de enseñanza de la SEP. No siguen un sistema de calificaciones y busca “revalorizar la comunidad indígena, conservar sus tradiciones y conocimiento, y edificar su valor”, describe Paola Contreras, coordinadora del proyecto en la comunidad Cerro de La Cruz y Rinconada Los Nogales.
Este esfuerzo no empezó al mismo tiempo en las diez comunidades. El acercamiento con las gobernadoras de Pájaro Azul fue el primero y único que se dio en abril del 2020, debido a las limitaciones presupuestales de ese momento.
A pesar de conocer este proyecto desde el inicio y tener responsabilidades con las personas indígenas de Chihuahua, la COEPI, dirigida entonces por María Teresa Guerrero, no concretó ningún apoyo económico.
Según Luis Echeverría, presidente de Paz y Convivencia, la dependencia estatal argumentó una falta de presupuesto. Accedió a impartir cursos de pertinencia cultural para el equipo multidisciplinario que trabajaría en la comunidad, pero estos no se dieron ese año. Su excusa por ambas ausencias: la pandemia.
Tras varios intentos por conseguir el recurso, la organización civil concursó en una convocatoria emitida por la oficina estatal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Fue ahí donde lograron obtener 260 mil pesos que se ejercieron a partir de mayo del 2020 en Pájaro Azul.
En noviembre de ese año, la sociedad civil logró replicar el proyecto en la comunidad Díaz Infante, utilizando parte del presupuesto del DIF. El objetivo era extenderse a todas las comunidades en la ciudad, pero sin el apoyo monetario de la COEPI, la tarea resultaba casi imposible. Además, después del 2020, no había ningún presupuesto asegurado para continuar el proyecto. Pero las cosas cambiaron antes de finalizar el año.
La COEPI se comprometió con la sociedad civil a otorgar el 30 por ciento necesario para continuar el proyecto en el 2021, según comentó Nidia Castillo, coordinadora general. Es decir, COEPI daría alrededor de 1 millón 404 mil pesos.
Después, Paz y Convivencia ingresó el proyecto a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), donde les aprobaron 3 millones 254 mil pesos, el 70 por ciento faltante, según el informe de proyectos de enero del 2021 de la misma fundación.
Con el presupuesto total alcanzado, de 4 millones 659 mil pesos, había la posibilidad de extenderse a otras ocho comunidades. La asociación civil estaba tranquila y las familias de Pájaro Azul y Díaz Infante tendrían asegurado el apoyo educativo por otro año.
Sin embargo, esa esperanza cambió de un momento a otro.
Antes de comenzar el 2021, la COEPI avisó a Paz y Convivencia Ciudadana que no facilitaría ese casi millón y medio que había prometido. El pretexto, nuevamente, la pandemia. Tampoco hubo mucho éxito con solicitudes de apoyo realizadas al DIF estatal, la oficina de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación.
Hasta ese momento, el órgano estatal de los pueblos indígenas tampoco había cumplido con su promesa de impartir cursos de sensibilización sobre la cultura indígena a las personas que integraban los equipos que apoyaban a las comunidades.
La preocupación llegó de nuevo. El compromiso por parte de la sociedad civil ya estaba hecho con las autoridades de otras siete comunidades. No querían “echarse para atrás”, expresa Nidia Castillo.
La COEPI, ahora a cargo de Enrique Alonso Rascón Carrillo, declaró que en su momento la dependencia proporcionó insumos de limpieza y transporte a visitas guiadas en museos, pero que el presupuesto para el resto de necesidades solo fue proporcionado por la FECHAC. Se solicitó un total y desglose de los gastos realizados por COEPI, pero no se recibió respuesta, argumentando que el proyecto aún no ha finalizado.
También señalaron que impartieron capacitaciones de pertinencia cultural indígena, pero estas no se dieron hasta 2021, un año después de lo prometido.
Sin embargo, las comunidades ni la sociedad civil “se echaron para atrás”. Todo el 2021 realizaron las actividades contempladas para el proyecto, pero con el 70 por ciento del presupuesto pensado originalmente.
Aprender en la carencia
La pintura blanca ya ha empezado a descarapelarse de la vieja puerta metálica del comedor comunitario de Pájaro Azul. Al cruzarla, se puede leer en una pared, con letras recortadas y de diversos colores: “Arte comunitario”. Bajo el mensaje, hay varias hojas con dibujos. En uno hay un caracol arrastrándose lentamente sobre un hongo verde con puntos. Parece moverse hacia la casa café del dibujo a su izquierda. Cerca de los lienzos, pegada en una columna de concreto, está una hoja sobre la que escribieron “Horario”. Va desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde.
“Lo cambiamos para que no les dé ni frío ni calor”, explica Jorge Girón.
El área no puede utilizarse en un horario distinto al establecido. La infraestructura del lugar no resguarda lo suficiente para los constantes y drásticos cambios climáticos que registra la ciudad de Chihuahua en un solo día. La falta de ventanas los expone al sofocante calor del verano durante las tardes o a las heladas matutinas de otoño e invierno, y los fuertes vientos que sorprenden ocasionalmente a la capital pueden volar el techo de lámina que los cubre. Se ha solicitado apoyo para mejorar el espacio, pero la COEPI no ha mostrado interés.
Esa falta de atención de la COEPI se replicó en casi todas las dependencias e instituciones locales. Yolanda, Hilda y Guadalupe, gobernadoras de Pájaro Azul, explican que solo encontraron puertas cerradas. Las solicitudes que habían hecho para mejorar las áreas comunes de la comunidad, como la cancha o el comedor, quedaron en la incertidumbre. ¿La excusa? La misma, la pandemia.
“Queríamos amueblarlo o acondicionarlo para los niños”, explicaron las gobernadoras en torno al comedor comunitario. “Para ir a pedir apoyos también se nos decía que no saliéramos de nuestro hogar hasta que pasara el COVID”, señalan.
“Y ciertas cosas que faltaban en la comunidad, para nosotros empezar bien la gobernanza. Mejoras de agua, drenaje, alumbramiento”, agregan. Les decían que las oficinas estaban cerradas, aunque les recibieron los documentos. Las gobernadoras no sabían si alguna de estas peticiones procedería. Hasta el momento, siguen buscando ayuda.
Por otro lado, la operación al 70 por ciento de las capacidades presupuestales ha dificultado la tarea de Paz y Convivencia. De hecho, también repercute en los salarios de los equipos. Ninguno lo percibe al 100 por ciento.
“Nuestra intención sería integrar el comedor comunitario, que de perdida en la mañana ya hubiera un alimento para todos”, explica Jorge Girón, ya que han detectado a infantes que acuden a las actividades sin desayunar, un problema que se replica en las otras nueve comunidades.
Las familias han recibido donaciones que les permiten resarcir los efectos de ese recurso faltante de la COEPI. Alimentos como burritos y materiales escolares como cuadernos, lápices, mochilas e incluso zapatos, son cosas muy necesarias para cada comunidad.
“Teniendo el material básico, los niños pueden hacer una infinidad de cosas. Se facilita el aprendizaje”, señala el coordinador del proyecto en Pájaro Azul.
A la lista de carencias en medio de la pandemia, la maestra Lupita cree que se suma otro elemento: el idioma. Aunque Lupita tiene consigo algunos libros en rarámuri impresos por la SEP, ella afirma que este tipo de material no es común en las escuelas con alumnado indígena.
Según datos de la oficina de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), en el ciclo escolar de enero a junio del 2021, se imprimieron a nivel estatal, como apoyo a las labores de enseñanza de los docentes de educación indígena, casi 20 mil Cuadernos de Trabajo para niños y niñas indígenas. Pero en todo el estado, según datos de la misma dependencia, existen alrededor de 25 mil alumnos registrados.
Para compensar la falta de reproducción de contenidos educativos en rarámuri, la maestra pide a sus alumnos utilizar otros elementos para recordar sus raíces. “En ocasiones les digo que vengan vestidos con su ropa típica para que no se olviden de nuestras tradiciones, (nuestras) danzas, matachín y pascol”, refiere.
Pese al esfuerzo en conjunto entre familias y sociedad civil, desde su comienzo el proyecto tiene los días contados, pues finalizó el 15 de diciembre del año pasado.
Ahora, el reto vuelve a ser casi el mismo: obtener financiamiento. Paz y Convivencia ven probabilidades de que el FECHAC retome la propuesta de trabajo y puedan dar seguimiento a las comunidades a partir de febrero o marzo de este 2022, pero nuevamente con tan solo 70 por ciento de lo necesario. El otro 30 por ciento seguiría faltando y desde el año pasado, la COEPI no ha dado indicios de facilitar este recurso.
Aunque las gestiones y esfuerzos por conseguir el dinero están ahí, no hay certezas de nada.
Las tareas pendientes
Después de las elecciones a nivel estatal que ocurrieron durante junio del 2021, el mapa político en las dependencias gubernamentales de Chihuahua se ha reconfigurado.
La gobernadora electa María Eugenia Campos, del Partido Acción Nacional (PAN), considerado un grupo político de derecha conservadora, ha dejado a cargo del órgano de gobierno a Enrique Alonso Rascón Carrillo, un joven sin ningún tipo de experiencia sobre comunidades indígenas, pero con una larga trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), considerado de centro-izquierda.
La designación de Rascón al frente de la COEPI ha sido cuestionada por tener un conflicto de intereses, ya que es suplente en el Congreso de Chihuahua del diputado Omar Bazán Flores, quien tiene una demanda penal contra la comunidad rarámuri de Mogótavo, con la que busca desalojar al pueblo ubicado en la zona de Barrancas del Cobre, en el municipio de Urique.
Los habitantes de Mogótavo señalan que el despojo que busca cometer Bazán tiene intereses inmobiliarios, pues hablan de la construcción de complejos turísticos e incluso de campos de golf en su territorio.
Por lo tanto, comunidades indígenas y activistas piden la destitución de Rascón como titular de la COEPI. Aseguran que su nula experiencia con los pueblos originarios y su relación con el legislador Bazán pone en peligro a las comunidades y lo hacen indiferente a las necesidades de estas en cualquier región del estado.
Y aunque la falta de apoyo en términos educativos para las personas indígenas de la ciudad de Chihuahua no ocurrió durante la gestión de Rascón, sino de su antecesora María Teresa Guerrero, el exgobernador panista, Javier Corral el tema no ha sido retomado.
Por lo pronto, así como niños y niñas al final de un día de escuela, el Estado aún tiene tareas pendientes. Lo único seguro, tanto para las comunidades indígenas urbanas como para la sociedad civil, es la incertidumbre y la permanente desigualdad.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
Desde que Ciudad Juárez se convirtió en un punto de concentración masiva de migrantes, cientos de personas se han sumado de manera voluntaria para atenderles, impartir clases a niños, niñas y adolescentes, empoderar a las mujeres, y dar atención médica en los albergues, enfrentando una crisis humanitaria que se agudizó con la pandemia. Estas son sus historias
Texto: Verónica Martínez / La verdad de Juárez
Fotografía: Rey R. Jauregui
4 de enero de 2022
Ciudad Juárez. Cruzar el área de oración y el comedor comunitario del templo El Buen Pastor, desde la puerta de entrada hasta el altar, era imposible; el piso estaba cubierto de colchonetas donde dormían decenas de migrantes, recuerda Martha Esquivel y narra cómo tuvieron que orillar los bancos de madera para abrir espacio, y recibir cada vez a más personas que llegaban de otros países.
“Recuerdo que podían llegar de día y de noche, en la madrugada, sin avisar, y nosotros los teníamos que aceptar”, dice Martha, de 59 años, voluntaria en la cocina del templo donde habilitaron el albergue El Buen Samaritano, que ha alimentado a miles de migrantes que llegaron para cruzar a Estados Unidos.
Aunque el lugar operaba como comedor desde el 2011, en octubre del 2018 recibió por primera vez a un grupo de cerca de 90 personas que agentes del Grupo Beta, encargados de auxiliar a migrantes en el país, llevaron hasta su puerta. A los pocos días ya eran más de 250; el refugio, atendido por el pastor Juan Fierro García y su esposa María Dolores, estaba abarrotado.
Desde entonces, las políticas migratorias de Estados Unidos convirtieron a Ciudad Juárez en uno de los puntos de concentración masiva de migrantes, principalmente de países centroamericanos, como Guatemala, El Salvador y Honduras, así como de estados del surponiente de México, como Michoacán y Guerrero, que llegan a esta frontera, colindante con El Paso, Texas, con la intención de cruzar a Estados Unidos.
La situación se agudizó por el flujo de personas migrantes retornadas desde Estados Unidos bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), un programa iniciado por el gobierno de Donald Trump en enero de 2019 que obligó a solicitantes de asilo a esperar en México, y en marzo del 2020, con el inicio de la pandemia, por la orden de salud pública conocida como Título 42 impuesta por la misma administración estadounidense ante la expansión de la COVID-19, mediante la cual justificaron la expulsión de migrantes.
Tan sólo en 2021, en medio de la pandemia, las expulsiones de migrantes desde el otro lado de esta frontera aumentaron casi cuatro veces, lo que encendió la alerta de los albergues –operados en su mayoría por organizaciones civiles y religiosas– así como de las autoridades, quienes tuvieron que hacer frente a las dificultades para atender esta nueva oleada en medio de una contingencia de salud.
Cifras de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) exhiben que 430 mil 457 personas han sido detenidas en el sector de El Paso, Texas, de octubre del 2018 a septiembre del 2021.
A partir del 2018 en los albergues comenzó a haber “una situación extraordinaria” por la llegada masiva de personas. Antes de eso daban servicio a un flujo de migrantes relativamente bajo, explica Rodolfo Rubio Salas, investigador social del Colegio de Chihuahua (Colech) y experto en materia migratoria.
Antes, quienes llegaban a los albergues eran principalmente personas mexicanas, en su mayoría deportadas por Estados Unidos, pero en 2018 empezaron a llegar a Ciudad Juárez ciudadanos de Cuba y de otros estados de México, que se habían desplazado desde otros puntos de la frontera al intentar solicitar asilo sin éxito.
Esta oleada de personas puso a esta comunidad en una situación inédita, al pasar de ser una ruta de migrantes a una sala de espera para miles.
La situación se complicó con la expansión del coronavirus en la ciudad, con albergues en condiciones de hacinamiento, algunos migrantes enfermos y sin dinero para comprar medicamentos.
Conforme iba escalando la magnitud del fenómeno migratorio, cientos de hombres y mujeres se sumaron, aun en medio de la pandemia, para hacer frente a una crisis humanitaria: registrando las llegadas de migrantes, cocinando cenas calientes, en la ampliación y construcción de edificios que no estaban preparados como albergues, convirtiendo áreas de oración de templos en dormitorios, con atención médica, psicológica o convirtiéndose en proveedores.
Detrás de la necesidad humanitaria que ha azotado a Ciudad Juárez, está el trabajo y los rostros de juarenses que les abrieron los brazos.
Una noche de noviembre, como en muchas ocasiones, Martha escuchó que tocaban el portón que da al patio del templo. Esta vez, ya sin espacio en el albergue, la voluntaria no podía dar acogida a más personas.
“Me dijeron: ‘Si tan siquiera nos dejaras entrar al patio estaríamos más seguros’”, cuenta Esquivel, pero tuvo que negarles la entrada. Sin embargo no podía dormir, pensaba en las personas que dejó a la intemperie.
“Déjalos pasar y nosotros les hacemos un lugar aquí”, le comentaron otros migrantes que se encontraban en el albergue. Las personas aún permanecían afuera, aferrándose al portón y temblando de frío. “Los pasé, pero cuando los miré me doy cuenta que venían cerca de 20 niños”. Los menores abrazados de sus padres y madres se ocultaban entre las chamarras y cobijas.
Esta situación visibilizó de una manera más contundente la realidad de movilidad humana en la frontera para los residentes juarenses, afirma Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
“Todo esto ha mantenido a Juárez en tres años consecutivos de una demanda de atención humanitaria permanente, que no habíamos visto más que en otras fronteras, como Tijuana”, advierte.
Eso detonó que organizaciones y colectivos, o personas en lo individual, buscaran la manera de apoyar de manera esporádica, afirma Blanca, “pero también hubo quienes se sumaron ya de forma continua en el trabajo humanitario a las personas en movilidad”.
Una de las razones que Navarrete considera el motor de esa acogida extraordinaria a los migrantes en los últimos tres años, es el origen de los habitantes de Ciudad Juárez: cerca del 40 por ciento son migrantes y llegaron principalmente de otros estados de México, con el objetivo de alcanzar territorio estadounidense o para quedarse trabajando en la industria maquiladora.
“Somos una comunidad conformada por muchas personas de muchos estados, entonces dar este acogimiento es reconocer la propia historia de la ciudad”.
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José Uzueta, pastor de la iglesia evangelista Alabanzas al Rey, cuenta que a finales del 2018 el Consejo Estatal de Población llamó a una reunión para solicitar apoyo con la recepción de las personas migrantes.
“Aquí en el templo se quedaron muchos en colchonetas en el piso y fue así que empezamos a acogerlos, porque de otra forma estarían en la calle”, afirma.
Pastor José Unzueta
En un espacio que solía usarse como salón de eventos y posteriormente como el templo de la iglesia, acomodaron lateralmente decenas de colchonetas que iban desde la base del altar hasta la entrada. Los que no alcanzaron colchón se acomodaban en cobijas o en las bancas del templo.
Cuando se le hizo la misma solicitud al templo Solus Christus, el pastor Rodolfo Barraza consideró que no. Su hijo Andrés Barraza y otros voluntarios de la comunidad ya habían apoyado al gobierno estatal cocinando la cena para más de 600 migrantes, alojados provisionalmente en el Gimnasio del Colegio Bachilleres.
Pastor Rodolfo
“Cuando me dicen que se quedaron 54 personas a la intemperie y esa noche estando bajo cero no sabía qué hacer”, dice Barraza. “Pensé en Santiago 4:17. Si sabes hacer algo bueno y no lo haces se te toma por pecado, entonces dije que sí.”
En marzo del 2019 llegó otro reto a la ciudad con la extensión del Protocolo de Protección a Migrantes a El Paso, que devolvió a miles de personas y familias a México para esperar el largo proceso de acudir a sus citas en las cortes estadounidenses y pedir asilo humanitario.
Bajo el esquema de MPP, el Instituto Nacional de Migración registró la devolución de 20 mil 649 migrantes por Ciudad Juárez hasta el 31 de marzo del 2020, según datos de una encuesta realizada por la Organización Mundial para las Migraciones.
“Fue en agosto del 2019 cuando realmente la cantidad de flujo migratorio ya había descendido en términos de la llegada, pero la gente seguía en la ciudad esperando una primera cita para formalizar la solicitud de asilo”, explica Rubio. Esos casos se iban juntando con aquellos que ya habían sido atendidos y que formaban parte de este programa conocido como “Quédate en México”. Estas largas esperas, de hasta dos años, impusieron la necesidad de más espacios humanitarios en Ciudad Juárez.
El alto flujo de movilidad humana se complicó aún más cuando en el 2020 inició la pandemia de COVID-19 y bajo órdenes de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, las autoridades estadounidenses empezaron a retornar a los solicitantes de asilo bajo el Título 42.
Solo en el año fiscal 2021, autoridades migratorias estadounidenses han retornado a 146 mil 463 personas bajo el esquema del Título 42, según datos registrados por CBP hasta el mes de septiembre. Una cantidad que supera a todas.
El Gimnasio Municipal Enrique ‘Kiki’ Romero, que se acondicionó como albergue temporal, abrió en abril de 2021 con el propósito de recibir a migrantes retornados bajo la orden de salud y por la necesidad de espacios en la ciudad, y hasta noviembre del año pasado había acogido a más de 5 mil 300 personas, dice el exdirector de Dirección de Derechos Humanos Rogelio Pinal, quien fue coordinador del refugio.
La pandemia, el otro reto
Para marzo del 2020, los flujos migratorios que llegan a Ciudad Juárez habían disminuido, pero aquellas personas que alcanzaron la frontera se encontraban con albergues limitados en aforo para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 y tuvieron que adaptarse a los retos que trajo la pandemia.
Las personas que presentaban síntomas o eran casos confirmados de COVID-19 pasaban la cuarentena en un hotel que tenía como función ser un filtro. Los albergues solo aceptaban a personas que habían cumplido con su cuarentena en el hotel, y además acondicionaron sus propios filtros en sus instalaciones.
La pandemia supuso otras dificultades, principalmente por la ausencia de asociaciones civiles y organizaciones internacionales que redujeron sus visitas a los albergues.
“Todas las organizaciones dejaron de ir a los albergues por la pandemia”, cuenta Lucero de Alva, voluntaria que imparte talleres educativos en distintos albergues de la ciudad. “Yo me encomendé a Dios y me puse doble cubreboca, porque era cuando más se necesitaban estas actividades”.
Para Martha Esquivel, la pandemia también significó trabajo agregado en limpieza y en los registros de personas. Ahora todos debían pasar por una cuarentena de 14 días en una habitación separada del resto. “Yo iba toda cubierta, me encargué de tomarles la temperatura, hacerles preguntas de cómo se sentían, aparte de registrar las entradas al albergue”, explica Martha.
Martha Esquivel
Bajo órdenes del pastor Juan Fierro, las únicas personas que podían salir del albergue eran Martha y su esposo, por lo que se convirtieron en el único contacto de los migrantes al exterior durante el confinamiento. Esto agregó la responsabilidad de hacer viajes a las farmacias y supermercados para comprar lo que se necesitara. Pero además de limitar los recursos de personal, hubo escasez de productos como papel higiénico y fórmula para bebés, recuerda Martha, quien se refugiaba en su fe para seguir sirviendo en medio de una pandemia.
“Le decíamos al señor que era su trabajo y su obra la que estábamos haciendo, entonces le pedíamos que nos protegiera”, dice la voluntaria.
La oficina del ministerio de Movilidad Humana, ubicada en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, se cerró y muchos de los voluntarios se fueron, dijo la coordinadora Cristina Coronado. Había cerca de 180 a 200 familias que procuraban las oficinas para recoger despensas y con la falta de empleos que ocasionó la pandemia, gran parte de la población que atendían ya no podía pagar rentas, ni recibían remesas de sus familiares en Estados Unidos que también habían perdido sus empleos.
Aun con un equipo reducido, Coronado no pensó en dejar de servir y consideró que más que nunca las poblaciones especialmente vulnerables requerían ayuda. La voluntaria solicitó más fondos a la Diócesis y al Ministerio San Columbano para comprar equipo de protección personal y generar más despensas.
“Lo que hicimos fue llevar comida a las familias que teníamos ubicadas. Íbamos vestidos como astronautas, con trajes y caretas. Dejábamos la comida, llevábamos renta, recorríamos toda la ciudad llevando lo que la gente necesitaba”, narra Coronado, quien en ese entonces sólo tenía la ayuda de otra misionera y algunas mujeres migrantes.
El trabajo que hizo durante el 2020 la aisló de su familia, apenas llegaba a su casa para bañarse y dormir. Ella se consideraba un riesgo y muchas veces tuvo miedo de contagiarse. Todos los días que dejaba su casa oraba y al regresar oraba de nuevo, pero la pandemia les dejó enseñanzas, dice Coronado.
“Tengo mucho más confianza ante cualquier cosa o evento que se nos venga y que siempre habrá alguien dispuesto a dar los recursos. Nosotros ponemos nuestras caras, nuestras manos y nuestro trabajo.”
Flujos cambiantes
Además de que el flujo migratorio incrementó, también se presenció un cambio en la demografía de las personas migrantes que llegaban a Ciudad Juárez, señala Rubio, investigador del Colech.
Anteriormente eran hombres que buscaban cruzar la frontera, pero desde el 2018 eran en su mayoría familias expulsadas de sus lugares de origen por la violencia, que migraban para pedir asilo humanitario, un proceso tardado que implicaba una estancia más larga en los albergues. Entre más personas llegaban a solicitar asilo, las esperas se extendían.
Para diciembre del 2018, los albergues en la ciudad reportaban estar saturados y ya no aceptaban a más personas. En febrero del 2019, 11 iglesias evangelistas y católicas se acondicionaron para recibir al alto flujo migratorio en la ciudad.
Adaptarse al movimiento migratorio y asegurarse de brindar un acogimiento digno fue un reto para quienes se encargaban y hacían voluntariado en los albergues, que en un principio consideraron que la necesidad de ayuda humanitaria sería pasajera. No fue así.
Cuando Rodolfo y Lilia Barraza recibieron al primer grupo de migrantes, los acomodaron en el templo ubicado en la zona sur de la ciudad, en la calle Del Granjero. Fue el organismo estatal de COESPO quien les facilitó los colchones para acomodar a las más de 40 personas, pero en otras necesidades los pastores dependieron del apoyo de la comunidad de la iglesia.
“Nunca hubo planes de abrir un albergue para migrantes. Mi esposo, mi hijo y yo estábamos muy a gusto en la iglesia sirviendo al señor. Sabíamos que (los migrantes) estaban en el puente. Sí nos movió el corazón y queríamos ayudar, pero en sí nunca se nos ocurrió iniciar un albergue”.
La mujer consideraba que la necesidad humanitaria de dar acogimiento a los migrantes duraría solo unos meses, pero Solus Christus ya está cerca de cumplir su tercer año como un refugio para migrantes.
“Fue un alivio siempre tener algo que darles de comer”, dice Lilia.
NAVEGAR CON EL DOLOR HUMANO
José Uzueta estima que cerca de 350 migrantes han pasado por el albergue Alabanzas al Rey y, como pastor, muchos de ellos han confiado en él, al estar sentados frente al altar.
“Yo me sé la historia de casi todos. Cada una es diferente y cada una te impactará mucho”, dice Uzueta. El hombre asegura que es importante escucharlos para que puedan “descansar de ese dolor que han llevado”.
Atender a personas que llegan desde lejos, huyendo o en busca de una nueva vida es cansado, tanto físicamente con las tareas del día a día, como emocionalmente.
Es “navegar con el dolor humano”, afirma Blanca Navarrete, la directora de DHIA, quien se ha dedicado por años a la atención de grupos vulnerables, como son los migrantes.
“Hay un desgaste muy fuerte emocional y físico en las personas que ofrecen este trabajo. Para nosotros, finalmente, ellos son personas defensoras de la vida digna”, dice Navarrete.
Además de coordinar el funcionamiento del albergue y el pago de los servicios, muchos asumen la responsabilidad de dar protección a cientos de personas y asegurar su alimentación.
“Sí, es cansado”, reconoce Uzueta. “Pero en ese cansancio vas aprendiendo cómo sobrellevarlo y cómo llevar esas cargas para sentirte fortalecido al día siguiente”.
Navegar con el dolor humano
Ante el panorama, Alejandra Ortigoza, psicóloga experta en temas de violencia y que presta servicios en diversos albergues de Ciudad Juárez, considera que es importante cuidar la salud mental de las y los cuidadores de migrantes.
Las personas voluntarias deben estar conscientes de posibles síntomas, resultado del exceso de trabajo, que a menudo son muy sutiles, como el cansancio, la irritabilidad y la tensión física, dice Ortigoza. Con el tiempo estos síntomas pueden evolucionar a consecuencias médicas más graves como la fatiga crónica, dolores de cabeza, migrañas, gastritis y colitis… se puede llegar a la primera etapa del burnout o estrés crónico.
“Están viendo personas que tienen muchas necesidades diariamente. (El burnout) los conlleva a que los cuidadores presenten mecanismos de defensa que no son los más óptimos”, explica Ortigoza. Entre estos mecanismos se encuentra la despersonalización y el distanciamiento emocional que los lleva a no trabajar de la mejor manera.
Desde octubre del 2018, Martha Esquivel, voluntaria en el albergue El Buen Samaritano no había tomado un descanso. Esquivel permanecía 24 horas en el templo. Su rutina era despertar a las cuatro de la mañana y oraba antes de preparar el desayuno para cerca de 200 personas. También cocinaba comida y cena, y terminaba la limpieza y las labores hacia las ocho de la noche.
Su esposo Armando Guerrero también ayudaba con el mantenimiento del templo y a transportar alimentos, donaciones y en caso de ser necesario llevar a personas al hospital. Fue en mayo del 2021 que Esquivel y Guerrero decidieron al fin tomar un descanso.
“La verdad me sentía muy cansada”, dice Esquivel mientras recuerda que se apoyaba en la mesa de la cocina del templo por los calambres que sufría en las plantas de los pies.
Es importante que los cuidadores tengan una variedad de espacios y dinámicas para que no permanezcan completamente inmersos en las actividades de los albergues, dijo Arlene Woelfel, psicóloga en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Las personas voluntarias y encargadas de los albergues en su mayoría sirven en las iglesias y templos, y no solo permanecen en estos espacios de refugio para atender migrantes, sino también para cumplir su vocación religiosa.
“Pueden hacerlo continuamente por un año o dos, pero lo que a menudo pasa es que las personas trabajan de esta forma sin darse cuenta que sus niveles de tolerancia tienen límites,” dice Woelfel.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
