Hay simulación en el gobierno de Evelyn Salgado, asegura
Texto: Amapola Periodismo
Foto: Redes
Martes 23 de julio de 2024
Chilpancingo
Para el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero (Cipoeg-EZ), Jesús Plácido García, el asesinato de los cinco policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en el municipio de Juan R.
Escudero es un ejemplo de que un grupo criminal que está aliado con el gobierno tiene la consigna de exterminar a las autodefensas.
Cinco miembros de la UPOEG fueron asesinados a balazos y dos más heridos por varios hombres, la mañana de este lunes 22 cuando viajaban en camioneta por la carretera Tierra Colorada-Ayutla.
De acuerdo con la versión de Jesús Plácido, los policías comunitarios realizaban un recorrido de rutina por la carretera y se dirigían a su comunidad de Chacalapa, cuando fueron emboscados.
«El grupo de policías comunitarios asesinados y los dos heridos son de Chacalapa; y sus familiares tienen mucho miedo, porque piensan que en cualquier momento pueden llegar al pueblo los agresores», expuso Jesús García.
Los cinco comunitarios que murieron fueron recogidos por sus familiares; los dos heridos son atendidos en sus casas; uno de ellos se halla muy grave.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que por estos hechos se integró una carpeta de investigación.
«Agentes de la policía ministerial y de servicios periciales de la Fiscalía localizaron una camioneta con impactos de arma de fuego e indicios de una agresión a las personas que presumiblemente se trasladaban, sin que hasta el momento se hayan localizado personas heridas o sin vida», informó la dependencia.
Alrededor de las 10 de la mañana del lunes 22, la Fiscalía informó que tenía conocimiento de que en estos hechos había sido asesinado un hombre.
Para Jesús Plácido, el hecho de que el gobierno y la Fiscalía oculten información como la masacre de los cinco policías comunitarios demuestra que son cómplices con los grupos criminales.
«Hay una simulación en el gobierno de Evelyn Salgado, porque cuando dice ella que hay coordinación para combatir al crimen organizado es solo una mentira», aseveró Plácido García, quien también forma parte de la dirigencia de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) con sede en Alcozacán, municipio de Chilapa.
El jueves 18 de julio, hombres armados asesinaron a balazos a la señora María de Jesús Peza Margarito, de 43 años, y a su sobrino Alberto Berales Tepetitla, de 25 años, cuando viajaban en una camioneta en la carretera Hueycantenango- Chilapa.
Las dos víctimas formaban parte del Cipoeg-EZ y de la CRAC-PF en esa zona de la Montaña baja.
Jesús Plácido afirmó que los delincuentes que asesinaron a María de Jesús Peza y Alberto Berales forman parte del mismo grupo del crimen organizado que emboscó a los policías comunitarios de la UPOEG en el municipio de Juan R. Escudero.
Según el activista, es la organización criminal Los Ardillos la que controla esta zona de la Costa Chica y parte de la Montaña baja.
Los Ardillos son dirigidos por los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez.
En enero de 2022, la fiscalía estatal reconoció la presencia de este grupo criminal, que en esas fechas asesinó a balazos a diez músicos de Alcozacán.
En los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y Ayutla, Los Ardillos y Los Rusos se pelean esta zona de la Costa Chica, de acuerdo con un análisis que tiene el gobierno del estado sobre las bandas del crimen organizado.
Jesús Plácido señaló que el avance de las organizaciones criminales en territorios de Guerrero tiene que ver con las alianzas que han tejido con las autoridades de los municipios.
«Para nadie es un secreto que en este proceso electoral del 2024, los grupos del crimen organizado pusieron a alcaldes en muchos municipios de Guerrero», aseguró.
El dirigente del Cipoeg-EZ denunció que en octubre próximo se cumple un año de que su tío Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG, fue asesinado afuera de las oficinas estatales de la Secretaría de Salud, en la avenida Ruffo Figueroa, al sur de Chilpancingo.
«La Fiscalía no ha hecho justicia del caso de mi tío», reclamó Jesús Plácido.
A los desplazados de la Sierra de Leonardo Bravo, asentados en Chichihualco, la cabecera de ese municipio, los alcanzaron sus verdugos.
Los hombres armados que irrumpieron el viernes 4 de mayo en Chichihualco, hace seis meses se quedaron con sus casas, cuando irrumpieron en sus comunidades autonombrándose miembros de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
Para varios de los 1,800 expulsados de sus casas de manera forzada en aquel noviembre, Chichihualco fue el lugar que pensaron sería su nuevo hogar.
Con la nueva incursión se replantean quedarse o irse de nuevo.
Una parte de ellos, como otros habitantes originarios de Chichihualco, ya salieron de la cabecera municipal por el temor de las balaceras ocurridas en los últimos nueve meses, desde agosto del 2023, pero ahora la tensión creció con la llegada de los armados.
Los habitantes denunciaron que hay zonas de la cabecera municipal ya deshabitadas, como La Trinchera, producto de los hechos violentos de los últimos meses. Creen que por esta zona ingresaron los supuestos policías comunitarios.
“La gente ahorita ya nos entiende”, dice una de las desplazadas que aún vive en Chichihualco y se resiste a salir. Recuerda que cuando recién llegaron a la cabecera los habitantes los miraban mal porque creyeron que su desplazamiento era producto de alguna acción indebida suya, pero ahora queda claro que no es un destino que buscaron.
Aspectos del bloqueo que habitantes de Chichihualco realizaron a un par de kilómetros de esa cabecera municipal, en reclamo de la salida de los supuestos policías comunitarios de Heliodoro Castillo. Foto: Interacción noticias
Las balaceras, contaron algunos de ellos, de quienes se protege su identidad, se intensificaron en junio del 2023, en particular en la cabecera municipal. Eso ha generado cambios en la manera de vivir, un ejemplo, es que no hay clases presenciales; nunca comenzó el ciclo escolar en las escuelas, porque en agosto pasado, la tensión a partir de enfrentamientos a balazos volvió a crecer.
Las maestras y los maestros dan clases virtuales o bien, como pueden acercan tareas a sus alumnos, informó el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña.
En Leonardo Bravo hay 37 planteles educativos de nivel básico y en la mayoría de ellos no hay clases. En Chichichualco pareciera que la pandemia nunca terminó.
En marzo pasado comenzó una nueva jornada de enfrentamientos a balazos que los habitantes denunciaron como pudieron, porque la comunicación telefónica se corta.
Este contexto antecede al ingreso de este viernes 3 de mayo de los supuestos policías comunitarios a la cabecera municipal de Chichihualco.
–¿Son las mismas gentes?,–se le pregunta a una de las desplazadas sobre los supuestos policías comunitarios que, se sabe en la cabecera municipal, están ligados al grupo criminal de Los Tlacos.
– Sí,– contesta.
–¿Cómo están?
–Pues, preocupados.
Los armados son los mismos que los sacaron de sus casas y se quedaron con ellas en la Sierra; ahora se extendieron a la cabecera municipal de Chichihualco.
Lo que saben los habitantes es que para este ingreso, al que le antecedieron varios días de balaceras, trajeron muchos hombres de los pueblos de la Sierra.
Una de las balaceras más fuertes previa a este ingreso ocurrió la tarde del pasado miércoles 24 abril. Uno de los grupos criminales atravesó árboles y montones de tierra por la carretera que conecta a Chilpancingo con Chichihualco y cortó, por más de 24 horas, la energía eléctrica, al parecer, para evitar que llegara algún tipo de ayuda a la cabecera municipal.
Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo son dos municipios vecinos de la zona Centro del estado, pero su mayor conexión es la Sierra, la cordillera boscosa más alta del territorio que convierte a la zona en una sola región de abundante riqueza natural.
Un esquema hecho por el gobierno estatal sobre los grupos criminales en Guerrero, al que se tuvo acceso, expone que Los Tlacos y el Cártel de la Sierra están asentados en el municipio de Leonardo Bravo, y que la parte que colinda con Chilpancingo aún hay presencia de remanentes del Cártel del Sur.
La extraña reacción institucional sobre el ingreso armado
Este martes, cuatro días después del ingreso de los supuestos policías comunitarios, un grupo de personas, que se presentaron como habitantes de Chichihualco, se concentraron en la carretera estatal que conecta con Chilpancingo, a uno o dos kilómetros de distancia de aquella cabecera municipal, con la exigencia de que los hombres armados sean expulsados por las autoridades.
De lo contrario exponen con hacer lo mismo: armarse y crear su propio grupo de policías comunitarios. “El pueblo ya está harto de que ustedes no hagan nada”, le dice un habitante a uno de los militares que llegaron hasta el punto del bloqueo.
Es el segundo día de protestas.
Los militares, entre ellos guardias nacionales, llegaron para escuchar la exigencia del grupo de habitantes que bloquea la carretera hacia Chichihualco, y a colaborarles, según dijeron, hasta donde su posibilidad se los permite.
Pero los habitantes están molestos. “Ustedes no van a servir, ¿por qué? Se me afigura, yo pienso, no tengo la certeza, pero se me afigura que ustedes están detrás de allí. Así de sencillo, porque no hacen nada”, suelta un hombre mayor que participa en el bloqueo, quien con claridad expone que la protesta es un “hasta aquí” de la ciudadanía de Chichihualco.
La actuación de las autoridades, en este caso, deja más duda que claridades. Ciertos servidores públicos estuvieron en Chichihualco después que ingresaron los supuestos policías comunitarios de Heliodoro Castillo, el pasado viernes 3 de mayo.
Ese mismo día circuló en los medios locales de comunicación una información que daba cuenta de que el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, acudió allá para tener una reunión con comisarios municipales, y conocer sus demandas. No era un boletín oficial, pero era el mismo texto replicado en los portales de los medios.
Acudió además, dice en el texto y se ve en las fotos que acompaña la información, el presidente municipal de Leonardo Bravo, Saúl Villa Adame.
Ahí mismo reportan que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz ha fortalecido “los operativos y despliegues en la cabecera municipal, Chichihualco y zonas colindantes con La Sierra”.
Lo que difunden como una reunión entre servidores públicos y comisarios, para algunos habitantes, fue un acto de bienvenida de servidores públicos estatales a los supuestos policías comunitarios ligados a Los Tlacos, porque coinciden la reunión con el ingreso y, sobre todo, porque llevaban tiempo sin aparecerse autoridades por Chichihualco.
Un desplazado informó que el alcalde de Leonardo Bravo llevaba cerca de una año sin visitar Chichihualco. También lo dijo una mujer con la cara tapada que participaba en el bloqueo de la carretera esta mañana.
El gobierno estatal encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha hecho público a detalle cuáles son las acciones para frenar la inseguridad en Chichihualco de hace meses. De abril a la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha compartido en sus redes sociales, uno de sus principales mecanismo de difusión, un par de posteos con fotos de algunas operaciones policiacas en esa cabecera municipal.
“Personal de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, adscritos a la Coordinación Operativa Centro, continúa realizando recorridos de seguridad, proximidad y prevención del delito por las diferentes colonias e inmediaciones de la localidad de Chichihualco, perteneciente al municipio de Leonardo Bravo”, se lee en uno de ellos difundido el 26 de abril pasado.
Fue hasta la tarde de este martes 7 de mayo, que el gobierno del estado emitió un comunicado oficial a nombre del subsecretario Rodríguez Cisneros, y lo hizo para negar cualquier tipo de pacto con grupos fuera de la ley, pero exponen la necesidad de mantener el diálogo con las “partes” divergentes.
“El funcionario estatal acudió al poblado de Chichihualco para sostener una mesa de trabajo donde reiteró la disposición al diálogo del gobierno del estado con los movimientos comunitarios en aras de atender la construcción de la paz tanto del municipio de Leonardo Bravo como de Heliodoro Castillo, en región de la Sierra”, es uno de los párrafos de ese comunicado.
Policías comunitarios de Heliodoro Castillo más tarde aceptaron retirarse de Chichihualco. En la imagen, momentos del diálogo que tuvieron esta tarde con el subsecretario Francisco Rodríguez Foto: Interacción Noticias
Como ha ocurrido antes, la gobernadora no ha explicado de manera pública qué ocurre en Chichihualco y por qué escaló el problema a este punto. A las tres de la tarde de hoy sólo dedicó unas líneas en sus redes sociales al tema. “Este martes, desde muy temprano encabezamos la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz; enfocamos nuestros esfuerzos en la seguridad priorizando Chichichualco, donde mantenemos la presencia de fuerzas federales y estatales con un operativo especial”.
