Con dos candidatos que se declararon ganadores, con la base trabajadora dividida y en la incertidumbre de quien será su próximo dirigente, el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) llevó a cabo su elección para elegir a su próximo secretario general.
El SUSPEG es el sindicato más grande del estado, con 22,000 agremiados entre maestros y personal administrativo. Aglutina a trabajadores de todas las dependencias del gobierno del estado, Organismos Públicos Descentralizados (OPD), ayuntamientos, Poder Legislativo y una parte del magisterio estatal.
La elección se llevó a cabo el pasado 30 de noviembre, los candidatos fueron Adolfo Calderón Nava, Adela Hernández Angelito y Héctor Acevedo Rivera.
Los tres candidatos tienen antecedes con partidos políticos o con grupos dentro del sindicato, quienes, de acuerdo con varios agremiados, no dudan que estos están manipulando la contienda.
Calderón Nava fue regidor de Chilpancingo en el periodo 2018-2021 por el Partido Revolucionaria Institucional (PRI), y antes ya había ocupado el cargo de secretario general del SUSPEG en el periodo 2012-2016.
Adela Hernández Angelito, de acuerdo con los agremiados, es la candidata oficial, y la que apoya el actual secretario general, David Martínez Mastache.
Acevedo Rivera, en tanto, se asume así mismo como el candidato de la Cuarta transformación dentro del SUSPEG, y durante su campaña aparecía en fotos con el senador Félix Salgado Macedonio y su hija la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, aunque estos nunca se pronunciaron a favor de ningún candidato.
Al final de la contienda los resultados quedaron de esta manera: 7,215 votos para Hernández Angelito, 7,150 para Calderón Nava y 2,000 para Acevedo Rivero. La diferencia entre los dos candidatos punteros fue de 65 votos.
La noche del 30 de noviembre los dos candidatos que recibieron la mayoría de los votos se declararon ganadores y ambos recibieron una constancia de validez a su triunfo.
Hernández Angelito recibió su constancia por parte del secretario general del SUSPEG, Martínez Mastache, quien también preside la Comisión Electoral. Por su parte, Calderón Nava recibió una constancia firmada por tres integrantes de la Comisión Electoral.
La doble entrega de constancias generó incertidumbre en la base trabajadora, pues no tienen certeza de quien será su próximo dirigente estatal.
“Nosotros votamos por un candidato y en la noche salen con que hay dos ganadores y no se nos aclara nada, no sabemos quién ganó o cual constancia es la verdadera”, comenta una agremiada del Sindicato.
Mientras algunos están en la incertidumbre otros continúan apoyando el triunfo de su respectivo candidato.
Los que apoyaron a Calderón Nava sostienen que hubo muchas inconsistencias durante la jornada electoral, mencionan inflado de urnas y casillas que cerraron horas después de lo acordado.
Mientras que personal que apoyó a Hernández Angelito dice que es imposible inflar casillas porque la boletas están seriadas y se envían a cada sección el número exacto de los agremiados.
De acuerdo con una sindicalizada perteneciente al magisterio, quien no quiso dar su nombre, comentó que durante la administración de Calderón Nava no hubo apoyo para los agremiados.
«Aumentó la deuda del ISSSPEG, no se otorgaron nuevas bases y aceptó la reforma educativa enviada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en lugar de ver por nosotros los trabajadores apoyó a los de arriba», comentó.
Las dos constancias de validez de los candidatos están en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde se espera se resuelva el conflicto en los próximos días para que él o la ganadora proteste el 15 de diciembre por un periodo de cuatro años.
Debido al desorden administrativo derivado del déficit financiero de 3 mil 351 millones de pesos que le heredó su antecesor, el priísta Héctor Astudillo Flores, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda puso en marcha una serie de medidas de austeridad en su gobierno.
Entre estas medidas, el oficio SFA/1/701-2021 de la Secretaría de Administración y Finanzas, señala la no contratación de más personal y de la eliminación de «la lista de raya».
«Este gasto de personal de lista de raya que tenía la anterior administración generaba un millón de pesos mensuales», indicó en una entrevista el titular de esta dependencia estatal, Raymundo Segura Estrada.
El documento oficial de la SAF del gobierno estatal que circuló desde el pasado 2 de diciembre en las dependencias ordena que se suspende todo tipo de gastos extraordinarios.
Otra de las indicaciones que dio la gobernadora es de que solo personal con «funciones relevantes» utilizarán vehículos oficiales.
Además a partir de este sábado (4 de diciembre) todos los vehículos oficiales estarán en el estacionamiento de las dependencias estatales y las unidades solo se utilizarán los fines de semana en caso de áreas operativas o viajes de comisión.
Evelyn Salgado enfrenta este problema financiero a menos de dos meses de iniciar su mandato.
Además, la morenista tampoco recibió el apoyo financiero que esperaba de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su visita a Guerrero, el pasado 24 de octubre, López Obrador se comprometió a apoyar financieramente al gobierno de Evelyn Salgado.
Raymundo Segura Estrada, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, declaró que ellos esperaban que la Secretaría de Hacienda les diera una «ayuda» de 3 mil millones de pesos que es el déficit financiero que heredaron de la anterior administración que encabezó Astudillo.
Hacienda sólo les ofreció menos de mil millones de pesos.
A finales de noviembre pasado, el gobierno estatal solicitó un crédito de 2 mil cien millones de pesos a las instituciones bancarias para pagar salarios y otras prestaciones a los trabajadores.
En octubre, a unos días de que Héctor Astudillo dejara el cargo trabajadores de las dependencias estatales y paraestatales pararon labores y tomaron los edificios para exigir el pago de salarios, bonos y otras prestaciones.
A los pocos días de que la morenista Evelyn asumió el cargo, el secretario de Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, informó que el anterior gobierno les heredó un déficit financiero de 3 mil 351 millones de pesos y más de 20 mil millones de pesos en deudas al Sistema de Servicio Tributario (SAT) y al ISSSTE.
«Únicamente estamos apagando fuegos porque no nos dejaron recursos y los recursos recibimos de las participaciones federales son insuficientes, ante tantas deudas, tantos compromisos», dijo en esa ocasión el funcionario estatal.
«Hubo desvíos de recursos con Astudillo», dice diputado
El diputado local y presidente de la Comisión de Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jacinto González Varona, dijo que los informes financieros que ha dado a conocer el gobierno de Evelyn Salgado de la administración pasada reflejan que el ex gobernador Héctor Astudillo habría incurrido en desvíos de recursos públicos.
González citó el caso de la deuda histórica de 14 mil millones de pesos al ISSSTE que heredó Evelyn Salgado Pineda.
«Aquí lo que ocurrió es de que esos recursos destinados para pagarse el ISSSTE los gobiernos de Astudillo y las anteriores administraciones lo tomaban para pagar salarios a trabajadores de la Secretaría de Salud o de Educación que no están regularizados por el gobierno federal», expuso.
¿Qué es lo que hacían los gobiernos anteriores? pues llegaba el recurso de la Secretaría de Hacienda y lo tomaban para destinarlo a otros rubros y nunca lo reponían, dijo.
El legislador morenista criticó que la pasada legislatura local haya aprobado casi sin ningún trámite la cuenta pública del gobierno de Astudillo.
«En marzo del 2022, llegará al Congreso la cuenta pública del 2021 del ex gobernador Héctor Astudillo y esta vez será muy diferente porque ahora si vamos analizarla bien y seguramente vamos a descubrir muchas irregularidades financieras que se habrían incurrido».
En la pasada 62 legislatura y que fue la que aprobó la cuenta pública 2020 de Astudillo estaban los diputados Alfredo Sánchez Esquivel, de Morena, quien está de nuevo en el Congreso y además como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), también en esa ocasión aprobaron y ahora repiten en el cargo el priísta Héctor Apreza Patrón y el perredista Bernardo Ortega Jiménez. Los tres tienen presencia nuevamente por la vía plurinominal.
El diputado Jacinto González Verona dijo que estará muy pendiente de los resultados de la auditoría que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la administración de Astudillo.
Un diagnóstico de TOJIL y el IMCO destapa las deficiencias con las que operan estas fiscalías: en promedio cada una tiene solo 7 policías y 4 peritos para atender cientos de indagatorias.
Texto: Arturo Rangel / Animal Político
Fotografía:
2 de diciembre de 2021
Durante 2019 y 2020 las fiscalías anticorrupción del país iniciaron casi 18 mil carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción de funcionarios públicos. Sin embargo, en ese mismo lapso solo 67 casos (menos del 1%) fueron esclarecidos con una sentencia en contra de los responsables. En cambio, la enorme mayoría de las indagatorias (9 de cada 10) se mantienen en curso sin llegar ante un juez o de plano fueron archivadas ante la imposibilidad de las fiscalías de conseguir más pruebas.
Múltiples obstáculos potencian estos malos resultados. Recursos humanos insuficientes, recortes de presupuesto, procedimientos de investigación inadecuados, legislaciones incompletas, fallas en capacitación y poca o nula autonomía, son algunas de las deficiencias con las que a diario se enfrentan las fiscalías especializadas en la investigación de estos casos.
Una investigación conjunta realizada por la asociación civil TOJIL y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) diagnosticó por primera vez las condiciones de operación, desempeño y resultados de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción del país. Dichas fiscalías son una pieza clave del sistema nacional anticorrupción, pues se encargan de investigar hechos irregulares que podrían haber derivado en delitos, y de ser el caso proceder en contra de los responsables para que el daño sea reparado.
Sin embargo, pese a esta función primordial, el estudio identificó que la mayor parte de estas áreas de investigación operan en medio de carencias y con pobres resultados. Es decir: aunque por ley ya existen en la mayoría de los estados, su desempeño se encuentra muy lejos del esperado.
Aunque, en promedio, cada entidad inició 749 carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción, solo 35 de ellas (4.6%) avanzaron lo suficiente para llegar ante un juez y que se abriera un proceso, y solo en tres casos (el 0.4%) se llegó hasta una sentencia condenatoria.
“Pese a que se cuenta con Fiscalías Anticorrupción a nivel normativo, en la realidad no cuentan con un mínimo de recursos para ser una institución operativa y funcional. Si bien existen esfuerzos a nivel nacional, actualmente ninguna Fiscalía Anticorrupción cumple con los estándares analizados en su nivel óptimo”, concluye el estudio.
Para llegar a estos resultados las organizaciones responsables del estudio enviaron solicitudes de información a todas las fiscalías del país; además se entrevistaron con fiscales, policías y peritos de cinco estados seleccionados como muestra. A continuación, se detallan los puntos clave del análisis realizado por dichas organizaciones en los cinco ejes que se estudiaron.
Poco personal y mal capacitado
De acuerdo con el informe, las fiscalías anticorrupción del país tienen, en promedio, hasta 12 agentes del Ministerio Público para atender las denuncias. Dicha cifra se agrava si se toma en cuenta que estos fiscales tienen que distribuir sus casos entre los 7 policías de investigación y cuatro peritos con los que en promedio cuentan estas fiscalías.
A ello se suman las deficiencias en la capacitación. Apenas cinco fiscalías anticorrupción tuvieron peritos que recibieron algún curso o reforzamiento de sus habilidades para indagar este tipo de delitos entre 2019 y 2020, mientras que solo 11 brindaron alguna preparación especial para sus policías. La mitad de las fiscalías capacitaron a sus agentes del Ministerio Público asignados.
Fuera de los promedios, al analizar cada caso por separado se advierte que solo la Fiscalía anticorrupción de Sonora cuenta con un capital humano satisfactorio, es decir, con un número suficiente de fiscales, policías y peritos, los cuales además han sido capacitados adecuadamente. Hay 13 estados que se consideran que tienen recursos humanos regulares.
En cambio, hay 13 entidades donde el estudio concluye que el capital humano es deficiente cuantitativa y cualitativamente: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.
El Estado de México es la entidad del país con más agentes del MP en su fiscalía anticorrupción con 53, aunque a su vez estos tienen que dividirse las 6 mil 266 indagatorias iniciadas en los dos años analizados; es un promedio de 118 carpetas de investigación por cada fiscal. En el otro extremo se encuentra la fiscalía anticorrupción de San Luis Potosí que apenas cuenta con dos agentes del MP, o las fiscalías de Querétaro, Guerrero y Colima que apenas tienen tres.
“Contar con la cantidad y calidad de capital humano para la investigación de los actos de corrupción es fundamental para la atención de las cargas de trabajo y los tiempos de respuesta. Sin personal suficiente y bien capacitado, difícilmente los hechos de corrupción se podrán investigar con oportunidad e idoneidad”, advierte el análisis.
Poco dinero y contado
El estudio concluye que solo cinco estados cuentan con fiscalías anticorrupción con recursos materiales que se consideran satisfactorios: Chihuahua, Durango, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. En cambio, hay 12 estados con un nivel regular y ocho estados con un nivel deficiente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa.
En promedio, el presupuesto anual de las fiscalías anticorrupción del país asciende a 24.5 millones de pesos que las organizaciones consideran insuficiente, y más si se considera que hay entidades como Tamaulipas donde los recursos no llegan ni a tres millones de pesos. Otro dato negativo es que de 20 estados que proporcionaron datos de sus presupuestos en 2019 y 2020, hay ocho en los que hubo recortes de recursos.
Un foco rojo: solo cinco estados (Durango, Jalisco, Campeche, Coahuila y Veracruz) cuentan con fiscalías anticorrupción con presupuestos que se asignan de manera independiente. El resto de las fiscalías no cuentan con un presupuesto propio, sino con asignaciones que se realizan desde otra dependencia o desde la Fiscalía General.
“La falta de recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones por hechos de corrupción genera una dependencia presupuestal de las Fiscalías Generales, lo que en algunos casos puede representar un riesgo en la autonomía para ejercer sus facultades y limitar su capacidad operacional por falta de recursos”, indica el informe.
Normas inadecuadas y falta de autonomía
El común denominador es que las fiscalías anticorrupción del país operan con un marco legal deficiente. Ninguna de las 29 analizadas cuenta con un protocolo de audiencias, un protocolo de protección a testigos, o un protocolo de investigaciones encubiertas. Hay 10 estados donde, además, el nombramiento del fiscal anticorrupción no es autónomo, sino que se trata de una designación directa del fiscal general.
“Este dato es relevante, ya que, si bien no se cuenta con evidencia del impacto que este modelo organizacional ha tenido, este pudiera ser un elemento que limite o restrinja la autonomía de los Fiscales Anticorrupción al no tener una certeza en la estabilidad de su cargo, por lo que puede quedar sujeto a decisiones de índole político”, advierte el estudio.
Otra deficiencia importante es que existen siete estados donde los códigos penales no tienen una clasificación independiente de los delitos que representan hechos de corrupción como pueden ser el peculado, el abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, cohecho, entre otros. Esta es una deficiencia importante porque dificulta la identificación de casos que competen a sus fiscalías anticorrupción.
De acuerdo con el puntaje que el informe asignó en este apartado, hay diez fiscalías anticorrupción estatales que funcionan con un marco jurídico deficiente: Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, estado de México, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
“También se destaca que la mayoría de las fiscalías no cuentan con las reformas necesarias para realizar la investigación y persecución de empresas de forma autónoma. Por lo que esto implica limitar más aún las posibilidades de llevar a cabo investigaciones de mayor complejidad en las que se encuentren involucrados particulares y servidores públicos” indicó el IMCO.
Investigando al “ahí se va”
El análisis identificó deficiencias en la manera en cómo las fiscalías investigan los casos de posible corrupción. En general, las indagatorias se llevan a cabo con procedimientos discrecionales, sin mecanismos específicos u homologados ni una metodología bien definida.
Resalta, por ejemplo, que el 45% de las fiscalías carecen de plataformas electrónicas para registrar y dar seguimiento a sus actuaciones. De hecho, solo hay tres entidades en donde las fiscalías tienen registros claros de las investigaciones que tienen en curso.
Pese a que la denuncia es un mecanismo fundamental a partir del cual se puede iniciar una investigación, solo 18 estados cuentan con tres o más vías de denuncia. El resto tienen vías muy acotadas para presentar las querellas y hay tres casos (Guanajuato, Morelos y Querétaro) donde no es posible formular denuncias de manera anónima.
Otro aspecto negativo es que hay 11 fiscalías que no tienen las capacidades para iniciar indagatorias de oficio. Es decir, pese a que tengan conocimiento de que pudo haberse cometido un acto de corrupción (por ejemplo en un reportaje en la prensa) no pueden iniciar una indagatoria a menos que alguien no lo denuncie directamente.
“En la generalidad las fiscalías se limitan a investigar los hechos que les son denunciados directa y formalmente sin que se generen diversos mecanismos de investigación del fenómeno criminal en cada caso en concreto”, señala el informe.
Las fiscalías anticorrupción de Veracruz, Querétaro, Nayarit y Morelos presentan –en general– procesos de investigación deficientes. Hay nueve estados más con procedimientos regulares, y quince estados cuyos procesos se consideran satisfactorios.
Prevalece la impunidad
Pese a que los delitos de corrupción cuentan para su investigación con fiscalías especializadas en la mayor parte del país, la realidad es que es mínima la proporción de casos que se esclarecen aún cuando se denuncien y se abran las indagatorias correspondientes. La regla general es la impunidad.
Como ya se dijo al inicio, apenas el 0.4% de los casos denunciados llegaron a una sentencia condenatoria; en proporción se trata de apenas 1 de cada 200 casos. Las fiscalías anticorrupción apenas lograron convertir en procesos judiciales firmes el 5% de las carpetas iniciadas.
Solo hay dos fiscalías anticorrupción, las de Sonora y Michoacán, que lograron judicializar más del 10% de sus indagatorias iniciadas. El resto ni eso. Hay cuatro estados: Guanajuato, Guerrero, Nayarit y San Luis Potosí que no lograron enviar ni un solo caso ante un juez local.
Peor aún: de 24 fiscalías anticorrupción que proporcionaron información, hay 12 de ellas (o sea la mitad) que no obtuvieron una sola sentencia relacionada con delitos de corrupción en 2019 y 2020.
Los especialistas detectaron que hay casos como el de la fiscalía anticorrupción del estado de México la cual reporta que decidió “resolver” tres mil 404 carpetas de investigación (prácticamente la mitad de las que abrió) enviándolas al archivo temporal. Si bien se trata de una opción legal en caso de que no haya datos suficientes, en los hechos significa más impunidad.
“Tratándose de posibles hechos de corrupción, esta forma de terminación de la investigación no resulta la más idónea ya que no resuelve los casos ni asegura completa efectividad por parte de las Fiscalías”, concluye el análisis.
Ex funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre que fueron exonerados por la FGR por presuntos actos de corrupción reaparecieron en la toma de posesión del presidente del Poder Judicial, Raymundo Casarrubias Sánchez. La gobernador Evelyn Salgado Pineda estuvo presente.
«El mal se hace rápido, pero el bien llega tarde, pero llega», respondió sonriente a la prensa Henry Paul Hughes Alcocer, quien junto con seis integrantes de su familia y el hermano del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero fueron exculpados por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de lavado de 268 millones de pesos producto de la corrupción en contratos gubernamentales.
«Simplemente somos inocentes», dijo Henry quien junto a su hermano Víctor Ignacio -que formaron parte del gobierno de Ángel Aguirre- estuvieron en el acto de toma de protesta de Raymundo Casarrubias, ex candidato del PRD a la alcaldía del municipio de Chilapa.
Los dos ex funcionarios exonerados recientemente por la FGR fueron parte del grupo de invitados especiales del magistrado Raymundo Casarrubias.
Los siete hermanos Hughes y Floriberto Aguirre Rivero, hermano del ex gobernador Ángel Aguirre, fueron acusados de este delito por la entonces PGR semanas después cuando éste último renunció al cargo derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre del 2014.
De manera afectuosa los Hughes se saludaron con Casarrubias quien en la sesión del 18 de noviembre resultó electo presidente del Poder Judicial con 13 de los 25 votos de los magistrados.
La designación de Casarrubias pasó con el aval de Evelyn Salgado y el papá de ella, Félix Salgado Macedonio.
El jurista Eduardo López Betancourt quien participó activamente en la campaña de Félix Salgado antes de que el INE le cancelara su candidatura y luego en la de Evelyn, fue el que recomendó a Casarrubias para ocupar ese cargo.
«Quiero resaltar la presencia de mi amigo, el maestro de la UNAM, Eduardo López Betancourt», dijo en su discurso Raymundo Casarrubias dirigiéndose a su mentor.
En la comida que López Betancourt ofreció en su residencia en Acapulco el pasado 13 de octubre al ex gobernador Ángel Aguirre y al entonces gobernador Héctor Astudillo Flores, el senador Manuel Añorve y otros políticos del PRI y PRD también estuvo de invitado el magistrado Raymundo Casarrubias.
En esa fotografía que circuló en las redes sociales dos días antes de que Evelyn asumiera la gubernatura, Casarrubias aparece sonriente.
López Betancourt llegó al salón de sesiones del Poder Judicial acompañado por Héctor Vicario Castrejón, el hombre de confianza del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Vicario fue tres veces diputado local, ex senador y ex diputado federal así como ex delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano (Sedatu), en dónde se le inhabilitó por presuntos actos de corrupción
«Véngase ya mijo», le dijo López Betancourt a Vicario antes de ingresar al salón de sesiones.
«Si he escuchado que la gente se queja de que hay mucha violencia», decía Héctor Vicario al referirse a la localidad de Huitzuco donde él, asegura, sigue viviendo a pesar del toque de queda que los grupos de la delincuencia organizada impusieron a la ciudadanía de ese municipio.
Vicario se encaminó de prisa hacia la entrada del salón ante el llamado de López Betancour.
López Betancourt y los hermanos Henry y Víctor Hughes fueron las principales figuras durante el evento. Recibían los saludos y los abrazos.
López Betancourt se tomó fotografías con muchos de los magistrados y magistradas. Con Casarrubias se fundió en un abrazo.
Vestido de guayabera blanca y pantalón azul claro, estuvo inadvertido el secretario General de Gobierno, Saúl López Sollano.
Un trabajador del Poder Judicial se le acercó y le pidió a López Sollano que se tomara una foto con él, quien aceptó de inmediato.
De los políticos que militan en Morena, solo llegaron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Alfredo Sánchez Esquivel, la diputada Estrella de la Paz Bernal y el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
Otro ex funcionario del gobierno de Ángel Aguirre que también acaparó la atención en la sesión fue Ramón Almonte Borja quien forma parte de la lista de 44 aspirantes a la Fiscalía General del Estado (FGE) que tiene el Congreso local y que en los próximos días decidirá ese nombramiento.
Salvador Calleja Paniagua, Vicefiscal y encargado de despacho de la FGE fue otro de los invitados y también está en la lista de los 44 aspirantes a ese cargo.
Los trabajadores de la FGE acusaron a Salvador Calleja de vender las plazas de las comandancias de la policía ministerial y las agencias del Ministerio Público.
Luego de protestar como presidente del Poder Judicial y a la vez presidente del Consejo de la Judicatura, Casarrubias se colocó un birrete para iniciar su discurso de apertura.
Pasó lista a sus invitados y hasta integrantes de su familia, quienes estuvieron en las primeras filas del salón.
«Ojalá y no se me olvide el nombre de ninguno de mis hermanos, es que somos una familia muy numerosa», dijo Casarrubias quien fue nombrado magistrado por el Congreso en el 2012 a propuesta del entonces gobernador Ángel Aguirre.
En las graderías del salón había jueces del ramo penal, civil, de lo familiar y de paz que tienen 20 y hasta 30 años de trabajar en el Poder Judicial sin escalar un cargo de mayor rango.
Ahí en las graderías estaba sentado un juez de paz de Tlapa que se trasladó a esta capital en transporte público.
Un juez de paz no gana ni 15 mil pesos al mes cuando un magistrado percibe oficialmente 90 mil pesos aparte de dos bonos al año.
Casarrubias quien fue candidato del PRD a la alcaldía de Chilapa, cuatro años después fue nombrado magistrado y en el 2007 a propuesta del entonces gobernador priísta Héctor Astudillo Flores fue ratificado en el cargo por otros siete años.
En su discurso, Casarrubias Vázquez les dijo a los que no han escalado ese puesto que él ya goza que tendrán posibilidades de ascenso a cargos superiores de categoría que constituyan un estímulo para mejorar su desempeño.
«Los cargos públicos en la administración e impartición de justicia deben ser ocupados por quienes posean cualidades exigidas legalmente para ello, sin privilegios de ninguna especie», señaló Casarrubias que a partir de este miércoles dirige un Poder Judicial que ha sido cuestionado de nepotismo y de corrupción.
Mientras se desarrollaba la sesión, afuera del edificio, en la calle Francisco Madero, un grupo de trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) protestaba en contra de la presidenta de este organismo, Cecilia Narciso Gaytá,n a quien la acusan de negarse a dar solución a sus demandas laborales.
Los inconformes cumplieron ocho días en paro de labores exigiendo que se les otorguen el 12 por ciento de aumento salarial y no el ocho por ciento que ofrece Narciso Gaytán.
Debido a la protesta de este grupo de trabajadores, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ingresó al recinto por la puerta de atrás.
Al final del acto, la gobernadora nuevamente salió por la puerta trasera y se subió a un automóvil blanco Volkswaven Jetta.
En esa misma calle donde estuvo estacionado el vehículo de la gobernadora los hermanos Víctor y Henry Hughes, seguían saludando a la gente.
«Somos inocentes», dijo Henry quien no dejaba de sonreír.
“Este gobierno no afecta a la población civil. ‘Abrazos, no balazos’ nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes”, señaló la secretaria de Seguridad.
Texto: Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz
1 de diciembre de 2021
Con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, compareció ante la Cámara de Diputados, donde afirmó que en los últimos tres años “se han dejado atrás las incursiones reactivas y se ha dado paso a las acciones de inteligencia, sinónimo de la política de abrazos no balazos”.
“Este gobierno no afecta a la población civil. ‘Abrazos, no balazos’ nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes”, afirmó la secretaria de Seguridad.
En su exposición, Rodríguez Velázquez señaló que en tres años, a través de acciones coordinadas entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la Guardia Nacional se han detenido a 2 mil 553 criminales, de los cuales 879 pertenecían a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Santa Rosa de Lima, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Viagras.
Aseguró que por instrucción del presidente se fortaleció la estrategia de seguridad en 50 municipios, que concentran el 50% de la incidencia de homicidios dolosos, y que a tres meses de esta intervención “tenemos una reducción de este delito del 2.2% con relación al año anterior”, y se fortaleció la coordinación con fiscalías para avanzar en la judicialización de carpetas de investigación.
La secretaria anunció también que se ha atendido la violencia feminicida y los delitos que vulneran a niñas, niños y adolescentes con acciones de la Guardia Nacional, mediante un área especializada.
Oposición critica militarización y pide fortalecer policías
Durante la comparecencia, el diputado Román Cifuentes, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que la estrategia de la actual administración en materia de seguridad representa una causa de dolor y muerte para las familias que padecen los efectos del crimen organizado, y que “parece más estar fundada en ocurrencias y caprichos”.
Indicó que, a su parecer, la militarización no ha sido la solución a los problemas de violencia, y sostuvo que su grupo parlamentario dará la lucha para proteger los derechos y seguridad de los mexicanos, y señaló que “hoy ya no se puede evocar al pasado, porque los malos datos de este gobierno superan a las administraciones pasadas”.
Por su parte, María de Jesús Aguirre, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que diversas regiones del país exigen paz y tranquilidad, por lo que su grupo parlamentario ve con preocupación el debilitamiento de las policías municipales y estatales.
Agustín Basave, de Movimiento Ciudadano, externó su convicción de que la crisis de seguridad requiere de cooperación urgente, y coincidió en que no se puede recuperar la paz “sin el fortalecimiento de las policías municipales”.
En respuesta a los señalamientos, el diputado Juan Isaías Bertín, de Morena, defendió que el reto en materia de seguridad que tiene el país es consecuencia de la corrupción que se dio en pasadas administraciones, y que hoy “la historia tiene otro sentido”, pues las problemáticas que conllevan a la violencia “son atacadas desde la raíz”.
En tanto la diputada Marisela Garduño del Partido del Trabajo señaló que en lo que corresponde all ámbito federal, el gobierno y el poder legislativo han respondido a la exigencia ciudadana, y destacó que para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022 se aprobó un incremento a la SSCP con el fin de que haya más recursos para construir cuarteles para la Guardia Nacional.
“Que hay reclamos, es cierto; que hay cosas que mejorar, también; como también es verdad que nos dejaron este país enfrentando altísimos niveles de delincuencia, incluso en donde las propias instituciones encargadas de combatir el crimen estaban al servicio de grandes capos, dejando desprotegido al pueblo”, concluyó.
Vicente Guerrero, originario de esta ciudad, hace 200 años, dio una lección de carácter. Rechazó el indulto del virrey, cuyo mensajero fue su mismo padre.
Durante varios años, los hombres y las mujeres de esta pequeña ciudad mandaron esa lección al sótano de la memoria colectiva.
La disputa del control entre grupos económicos y políticos asociados con el crimen organizado, desde el 2012, sumió a Tixtla en una espiral violenta.
Durante los últimos nueve años, las noticias de tixtlecos desmembrados y decapitados, tirados en la carretera o en diferentes puntos de Chilpancingo, hicieron que los habitantes se quedaran en absoluto silencio.
Esta violencia era resultado de la disputa territorial entre Los Rojos, el grupo criminal que antes dominaba Tixtla, y Los Ardillos, los que finalmente se quedaron con el control.
Esta semana posterior a la llamada elección más competida de la historia de México, las mañanas en esta pequeña ciudad tienen un toque diferente. Las personas se miran tranquilas, aunque continúan sin hablar en público de temas de seguridad y de política.
El domingo 6 se junio rechazaron continuar con el gobierno de la actual alcaldesa Erika Alcaraz Sosa, la que llegó abanderada por el PRD, como parte de la corriente política que al interior de ese partido encabeza Bernardo Ortega Jiménez, actual diputado local, hermano de Celso e Iván, quienes de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) son los líderes del grupo criminal Los Ardillos.
Ortega Jiménez y Alcaraz Sosa tuvieron antes otros cargos. Los eligieron así los habitantes de las poblaciones dominadas por ese grupo criminal. Alcaraz Sosa fue diputada local por el 24 distrito, que abarca los municipios de Mochitlán y Quechultenango (en los que surgieron Los Ardillos), además de Tixtla, Zitlala y Apango. El cargo se lo dejó a Ortega y ella se postuló para ser la alcaldesa de Tixtla.
En esta contienda electoral, Alcaraz Sosa buscaba la reelección en la alcaldía y Ortega Jiménez, en el distrito 24. Sólo Ortega lo consiguió. Alcaraz Sosa obtuvo 33 por ciento de votos, le ganó la partida el morenista Moisés Antonio González Cabañas, con 56 por ciento.
En la diputación local se impuso de nuevo Ortega Jiménez con el 51 por ciento de votos, Silvia Guillermo Tecoapa, de Morena, obtuvo el 30 por ciento.
La historia de la violencia en la histórica ciudad
Una decena de policías municipales vigilan el acceso a Tixtla.
Detienen a los conductores de los automóviles que no han visto por ahí. Los de los lugareños ya los conocen. A estos solo les piden que bajen la velocidad.
–¿A dónde se dirige? –preguntan a los visitantes.
Tixtla es un lugar que atrae gente de otros municipios de la zona Centro, principalmente Chilpancingo. A esa pequeña cabecera, se va a misa, a comer o a comprar mezcal y artesanías.
La gente local asegura que esos policías que vigilan los accesos y las salidas graban a todo el que entra y sale de Tixtla. En sus gorras, dicen, traen una cámara.
Durante el retorno, los policías vuelven a interrumpir la circulación.
–¿Todo bien? –preguntan, con mucha amabilidad, a quienes se retiran.
Esta vigilancia que tiene Tixtla es muy parecida a los filtros de seguridad que existen en los municipios de Mochitlán y Quechultenango, este último es el municipio de origen de Los Ardillos, en los que hubo violencia alrededor de los años 2006-2008, después con el control total de este grupo, aparenta ser un sitio próspero, cuyo gran inconveniente es que nadie puede contrariar a los hermanos Ortega Jiménez.
De acuerdo con algunos vecinos de la ciudad, la violencia comenzó en Tixtla durante la administración perredista de Gustavo Alcaraz Abarca, del 2012 al 2015. Ahí comenzaron los secuestros y asesinatos. A esta administración se le ligó con el grupo criminal Los Rojos.
El vínculo no era mera especulación. Gustavo Alcaraz Abarca era medio hermano de José Luis Ortega Abarca, alias La Gringa, identificado como el jefe de plaza de Los Rojos.
En 2015, llegó al ayuntamiento Hossein Nabor Guillén, otro perredista, cercano a Bernardo Ortega Jiménez, por lo que la gente vinculó a esta administración con Los Ardillos, como una consecuencia lógica e inmediata.
No sólo eso, durante esta administración, varios líderes de Los Rojos y sus familiares fueron asesinados. Los desaparecían en Tixtla y reaparecían dentro de bolsas negras desmembrados o decapitados en alguna calle de Chilpancingo.
Hossein Nabor en esta elección del 2021 se pasó a Morena y se integró a la campaña del candidato a la alcaldía Moisés Antonio González Cabañas.
En 2015, llegó Alcaraz Sosa, pareja política de Ortega Jiménez, y la violencia se volvió un asunto de todos los días.
Así se instaló el miedo
Los domingos siempre eran diferentes para la familia Catarino Vázquez, vecinos de la principal calle de Tixtla, la avenida Insurgentes.
Se levantaban tarde y por lo mismo almorzaban tarde. Alrededor de la una del domingo 4 de junio del 2017, el matrimonio formado por el abogado Eduardo Catarino Dircio, Hilda Vázquez Cipriano, y su hija Yaret, con la compañía de un primo de 12 años, almorzaban y hacían planes para el resto del domingo.
Yaret pidió a Eduardo permiso para ver una película en la computadora cuando terminaran de almorzar. El abogado concedió el deseo a su hija. Dijo que le parecía bien que se entretuvieran viendo una peli mientras él cortaba el rastrojo seco del patio.
Una media hora después, Yaret y su primo escogía la película que vería con su primo, cuando se escucharon detonaciones, pero que a Yaret y su primo se le figuraron cohetes.
“No, no son cohetes”, dijo Hilda con algo de temor.
En las últimas semanas, las balaceras y las noticias de hombres asesinados eran algo común en la pequeña cabecera, pegada a la capital del estado.
A petición de su mamá, Yaret y su primo se quedaron en la cocina mientras Hilda se cercioraba de lo que pasaba. En esos momentos, Yaret escuchó a su papá Eduardo preguntar si eran cohetes lo que escuchaba. Hilda le aclaró que lo que escuchaba eran balazos y le pidió que se subiera a la casa. Los balazos se escuchaban más seguido y más cerca. Cerraron la puerta para guarecerse en la casa de estructura de madera, forrada de lámina galvanizada.
A los pocos segundos escucharon hombres corriendo afuera de la vivienda y más balazos. También gritos.
¡Sal hijo de tu puta madre te va a cargar la chingada! Decían.
Adentro, por instinto todos guardaron silencio. No sabían a quién le decían que saliera.
¡Que salgas hijo de tu puta madre!
Silencio.
Entonces, quienes gritaban golpearon la puerta con rabia y volvieron a exigir a alguien que saliera. Yaret vio a su papá y a su mamá intercambiando miradas de pánico. Podía escuchar las respiraciones aceleradas de los cuatro en ese refugio frágil.
Los golpes en la puerta y los gritos arreciaron. Yaret escuchó a su papá decirles que saldría para que ellas no corrieran peligro.
“Voy a salir”, le dijo Eduardo a Hilda, “Sino, nos van a disparar”.
“Soy el casero, estoy con mi familia, con mi esposa, mi hija y un sobrino. No sé a quién buscan pero voy a abrir. No disparen”, dijo Eduardo fuerte y con tono sereno.
Yaret vio a su papá abrir la puerta y salir con las manos en alto, después tirarse boca abajo, y desde el suelo decir una y otra vez: “Soy el casero, estoy con mi familia, por piedad no nos hagan daño”.
También vio como los policías apuntaban a la espalda de su papá.
Vio que estos bajaron las armas y dijeron: “Es el casero”.
Pero también escuchó otras pisadas que subían y vio a más policías y también a militares.
¡Dispárenle al hijo de su puta madre!
Yaret vio a su papá que seguía boca abajo y que cada vez gritaba con más desesperación. “¡Soy el casero, por piedad, soy el casero, estoy con mi familia!”.
La niña de 11 años vio a un policía insultar a su papá a pesar de los gritos de piedad. Vio a ese policía que apuntaba con su arma en su espalda. Vio cuando ese policía apretó el gatillo. Vio la expresión de terror en los ojos de su papá cuando se escuchó el disparo.
Luego la niña ya no escuchó más.
El resto que vio fue como algo que se ve en una pantalla, como la película que estaba a punto de ver con su primo. Algo que está pasando en otro lugar. No, en Tixtla. No, en su casa. No, a su papá. No, a ella.
Eduardo Catarino no falleció de inmediato. Hilda Vázquez Cipriano narró los minutos posteriores:
Les pedía por piedad una ambulancia, que me dejaran acercarme a mi marido, y que me dejaran ir a ver a mi suegra, ella todo el tiempo estuvo en la parte de abajo de la casa y cuando escuchó el disparo empezó a gritar. No nos dejaban movernos, nos apuntaban con sus armas.
Luego vinieron unos policías a decirme que qué era la señora para mí, que bajara a verla, les dije que era mi suegra y bajé a verla, cuando subí Eduardo estaba boca arriba y tenía un arma sobre su cuerpo, yo les dije son unos cobardes quítenle esa arma o se la voy a quitar yo, yo le iba a retirar el arma y me apuntaron, me dijeron no la mueva, yo les dije esa arma no es de él y ellos me dijeron no la mueva, porque si lo hace, le voy a disparar.
Un par de horas después de que Yaret viera el asesinato de su padre, el vocero de seguridad pública del gobierno de Héctor Astudillo, Roberto Alvarez Heredia, informó que la policía estatal había “abatido a dos sicarios en un enfrentamiento en Tixtla”, que también había dejado dos policías heridos.
Uno de esos “sicarios abatidos” era el abogado Eduardo Catarino Dircio. La Secretaría de Seguridad Pública difundió incluso las dos fotografías de “los sicarios caídos”. Una de ellas era la del abogado. La foto lo mostraba boca arriba y con un cuerno de chivo sobre el cuerpo, vestía un pantalón de casimir color gris y una playera amarilla. Estaba en la puerta de su casa, en el sitio donde clamó piedad delante de Yaret, de su esposa Hilda y del sobrino que estaba de visita.
La foto del otro “sicario abatido” frente a la casa materna del abogado, en la arteria principal de la ciudad, mostraba a un joven en pantalón de mezclilla, camisa a cuadros y huaraches, muy joven, con un cuerno de chivo a su lado.
Este suceso dejó varios carros y casas baleadas.
La versión oficial que dio el gobierno del estado sobre esos hechos fue que los policías del estado seguían a dos hombres armados que dispararon contra una persona en la terminal de las combis en Chilpancingo y que esa persecución los llevó hasta la casa del abogado.
Se llevan a familia completa y aparece en una camioneta en Chilpancingo
Hombres armados a bordo de tres camionetas cerraron el acceso a la calle Montaño, en el barrio de Santiago, en Tixtla, el sábado 25 de mayo del 2019. Bloquearon el tránsito del transporte público, de vehículos particulares y de personas a pie.
Durante unos 40 minutos nadie pudo pasar por esta parte del noroeste de esta cabecera. Los vecinos se encerraron para no comprometerse. Escucharon gritos y pedidos de auxilio. Pero nadie intervino.
Al día siguiente, el domingo a mediodía, los cadáveres de ocho personas aparecieron en una camioneta tipo Estaquitas, sobre una vialidad de Chilpancingo. Siete eran de la misma familia: los Sánchez Mora. La octava víctima era Xóchitl, de 26 años, enfermera, novia de Pablo Sánchez, el hermano mayor. Xóchilt era de Chilpancingo. Todos comían cuando los hombres armados irrumpieron en la vivienda de ladrillo de una sola planta.
Los hombres armados, integrantes del grupo criminal conocido como Los Ardillos, se querían llevar al hijo menor de los Sánchez Mora, a Pedro Ignacio, de 16 años.
La familia no lo permitió. Se opuso a que se lo llevaran y, los hombres armados, creen que eran unos 18 en total, optaron por llevarse a toda la familia, al papá Sergio Sánchez, quien era sastre, a la madre Julia Mora, a Pablo Sánchez, de 27 años, quien era ayudante de cocina en la Normal Rural de Ayotzinapa, a Fernando Jaír, a Carlos Augusto, a Pedro Ignacio y a Xóchilt, la novia de Pablo que había ido de visita.
Testimonios indican que Pedro Ignacio se había agarrado a golpes la madrugada de ese sábado con el hijo de un integrante de un grupo de la Policía Comunitaria que hay en Tixtla, aliada de Los Ardillos.
Aun cuando los asesinatos son cotidianos en esta cabecera pequeña, el homicidio de una familia completa, conocida además por ser gente de trabajo, afectó a la población. Los días posteriores a este crimen múltiple, la gente intentó reaccionar mediante mensajes en las redes sociales, hubo llamados a protestar, pero nadie salió a las calles a hacerlo.
7 de junio del 2021
En el centro de la ciudad, en el edificio que albergaba el ayuntamiento municipal y hace más de 200 años fue la casa de Vicente Guerrero, están colgadas las sábanas de resultados de la elección del domingo.
Un policía municipal cuida la entrada. La gente de la ciudad se acerca a leer los resultados.
Esta casilla, en la que votan los habitantes oriundos de Tixtla, es la síntesis de lo que ocurrió en el municipio: aquí el candidato de Morena tuvo 222 votos, Alcaraz Sosa: 86.
Esta mañana, la población tixtleca tiene una actitud discreta. Son pocas las personas que caminan por el jardín principal de Tixtla, y son todavía menos las que quieren hablar sobre la elección y sus resultados. Los pobladores son desconfiados con los extraños.
En la calle, la vida transcurre como siempre y así como nunca comentan en la vía pública acerca de los asesinatos, tampoco lo hacen sobre la elección.
Se les pregunta sobre su voto y no se animan a señalar lo que es evidente en esta casilla.
«No le voy a decir por quien voté, sólo le digo que si ganó Morena fue porque ya estamos cansados de vivir con miedo», comenta una persona que descansa en un banca debajo de la estatua de Vicente Guerrero.
«Con miedo pero salimos a votar», dice alguien más que va con mucha prisa y además no quiere detenerse a comentar sobre el suceso del domingo.
El ahora alcalde electo, González Cabañas dijo en una conferencia de prensa que durante la campaña fueron intimidados con llamadas telefónicas, pero ninguna amenaza pasó a mayores.
La posibilidad que se abrió en Tixtla, a partir de las urnas, se concretará o descartará los siguientes tres años.
La alianza actual entre el PRI y el PRD es un acto antibiológico que borró el origen del perredismo. A los perredistas, de pronto, se le olvidaron sus muertos y su historia.
Texto: José Miguel Sanchez
Fotografía: José Luis de la Cruz
20 de abril de 2021
Chilpancingo
Santos Cabrera Rosas fue asesinado la noche del 20 de enero de 1989 cuando se dirigía a su domicilio en la comunidad de Potrerillo, municipio de Petatlán, en la Costa Grande del estado. Recibió nueve impactos de bala calibre 22, su cadáver fue hallado por un menor de edad, quien avisó al comisario de la localidad, de acuerdo con datos de la averiguación previa.
Tres años antes, en 1986, Santos Cabrera fue candidato a diputado suplente por la Unidad Popular Guerrerense (UPG) y al momento de su asesinato se desempeñaba como promotor municipal del naciente Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Santos Cabrera Rosas es el primer nombre del listado de perredistas asesinados que comenzó a construirse el 9 de marzo de 1996, como una manera, al parecer, de escribir su propia memoria: los costos de erigirse como una opción partidista.
De 1989 a 1996, el PRD documentó 134 perredistas asesinados y 12 más desaparecidos. Desde entonces a la fecha hay más muertos, pero se dejará ese primer corte porque en esa época el PRD todavía vivía la represión por sus principios y su contraposición al PRI.
Ese listado es un documento oficial del partido, está membretado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indios del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, con el título de Lista de militantes y simpatizantes del PRD muertos en el estado de Guerrero.
El documento fue hallado en los archivos personales de Guillermo Sánchez Nava, un viejo militante de la izquierda y uno de los fundadores del PRD, a quien el PRI, el partido que ha forjado grandes cacicazgos e injusticias en Guerrero– razón suficiente para que fuera el enemigo eterno de su partido –, en el contexto de la elección de 2011 le hizo saber de lo que era capaz.
Una brigada de priistas que Sánchez Nava sorprendió retirando propaganda del PRD para colocar la del PRI lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y aún no se recupera de esas lesiones.
En ese entonces, él fungía como representante de la coalición Guerrero nos une ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG, ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Guerrero). Recibió una llamada y le informaron que brigadistas del PRI retiraban propaganda, acudió al lugar a tomar fotos de los hechos para presentarlas como prueba de un delito electoral, pero los brigadistas del PRI lo agredieron y huyeron. Hoy Sánchez Nava todavía está postrado en una cama, sin moverse ni hablar.
Esa elección de 2011 fue para, entre otros cargos públicos, definir gobernador. La contienda la libraron dos priistas, en representación del PRD, Ángel Aguirre Rivero, y por el PRI, el partido que no le dio la candidatura, Mane Añorve Baños.
Aguirre Rivero es uno de los personajes principales que orquestó la alianza actual entre el PRI y el PRD. Un acto antibiológico que borró el origen del perredismo. A los perredistas, de pronto, se le olvidaron sus muertos y su historia.
Las victimas del PRD
Cuando se dice que ese primer corte de víctimas del PRD está asociado a su desacuerdo ideológico con el PRI, es porque el asesinato contra Santos Cabrera se le adjudico a los hermanos Mónico y Gregorio Solís Escalante, quienes eran simpatizantes priistas en Potrerillo, de acuerdo con el libro Asesinato y política en México: asesinatos políticos en el Partido de la Revolución Democrática y sus consecuencias, de Sara Schatz.
Por el crimen detuvieron a Mónico Solís Escalante, pero un juez lo absolvió del delito y en su lugar giró orden de aprehensión contra su hermano Gregorio, ordenamiento judicial que nunca se cumplió.
En 1992, la entonces secretaria de Derechos Humanos del PRD, Isabel Molina Warner, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dicha queja dio como resultado una recomendación.
La recomendación va dirigida al entonces gobernador de la entidad, el priista José Francisco Ruiz Massieu, donde se le pide entre otras cosas que proceda a ejecutar la orden de aprehensión contra Gregorio Solís Escalante y explicar por qué no se ha cumplido la orden.
Los hermanos Solís Escalante, se supo, se mudaron a los Estados Unidos y el asesinato de Cabrera Rosas sigue en la impunidad.
Agripino Comonfort Flores es el último nombre que aparece en la lista. Él era campesino oriundo de Atlamajalcingo del Monte, municipio de la región Montaña. De acuerdo con una nota publicada por el periódico La Jornada del 7 de marzo de 1996, policías municipales entraron a su casa y se lo llevaron por la fuerza. Días después familiares y amigos encontraron su cadáver con disparos de escopeta; en la escena del crimen apareció una credencial de un policía preventivo.
Carlos Payan Torres, en ese entonces secretario de Asuntos Electorales del Comité Estatal del PRD, declaró que entre los mismos policías había priistas presuntamente enviados por el alcalde, Simón Vivar Juárez, con quien Comonfort Flores tuvo graves diferencias y ásperos encuentros por su militancia en el PRD, porque organizaba asambleas municipales con miras a la elección local de ese mismo año.
De la última agresión contra perredistas registrada en esa lista hasta ahora han pasado 25 años o 32 desde que se documentó la primera, y 10 de la agresión contra Sánchez Nava, que también continúa en la impunidad.
Ninguno de éstos u otros asesinatos u agresiones importó a los dirigentes perredistas, quienes tomaron las decisiones, para tejer una alianza con sus adversarios ideológicos.
Este 2021, PRI y PRD van juntos por la gubernatura de Guerrero y en otros 14 estados.
Va por Guerrero es el nombre que lleva la alianza a nivel local, y el pasado 28 de febrero registraron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) a su candidato de unidad a gobernador, el priista Mario Moreno Arcos.
Después del registro se realizó un mitin en las oficinas estatales del PRI y en dicho evento estuvieron presentes las dirigencias nacionales de ambos partidos, Alejandro Moreno Cárdenas del PRI y Jesús Zambrano Grijalva del PRD.
“A poco nos imaginábamos en algún momento un evento como éste en donde estuviéramos el PRD junto con el PRI y el PRI junto con el PRD, y aquí estamos en la sede del PRI”, dijo Zambrano Grijalva al inicio de su intervención, olvidando, al parecer, hasta su propia historia, hasta su propia memoria.
Zambrano Grijalva justificó la alianza diciendo que no tienen de qué avergonzarse.
