Mientras en nueve entidades el aborto ya se despenalizó, colectivas, organizaciones y legisladoras buscan que esto avance en el resto. Subrayan que no solo es clave evitar que esta práctica se castigue, sino garantizar que sea un servicio brindado por el sector salud.
Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político
Fotografía: Amílcar Juárez / Óscar Guerrero
23 de mayo de 2022
Aunque 23 estados siguen esperando por la despenalización del aborto en sus códigos penales, algunos, como Aguascalientes, Puebla y Baja California Sur, han optado por la vía del amparo para obligar a la homologación con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) que, desde 2021, declaró inconstitucional la criminalización del aborto.
Acompañados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), otros tres estados se sumarán en las próximas dos semanas al esfuerzo por la vía del amparo, según confirmó la organización. Estos se darán a conocer una vez que la acción legal sea promovida, pues aún continúa el diálogo con las colectivas a nivel local para ver cuáles de ellas se sumarían.
“Estamos próximas a presentar amparos en otros cinco estados de la República. No se puede conocer aún cuáles, porque muchas colectivas piden tener la oportunidad de platicar entre ellas para determinar quiénes sí van con el amparo y quiénes no. En las próximas dos semanas promoveremos dos o tres más, para después completar cinco”, aseguró Melissa Ayala, coordinadora del área de Documentación y Litigio de Casos de GIRE.
Esto, a raíz de la determinación de la SCJN del 7 de septiembre de 2021, mediante la cual resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
Aunque la resolución de la Corte es un precedente para que, en adelante, ningún juez local o federal determine encarcelar a una mujer por el delito de aborto, las organizaciones y colectivas coinciden en que la despenalización a nivel local sigue siendo no solo importante, sino necesaria como paso obligado para homologar las legislaciones locales con lo determinado por la SCJN.
“Como ya dijo la Corte, la criminalización absoluta del aborto viola los derechos de igualdad, de no discriminación, de dignidad, de autodeterminación, pero es muy importante que también logremos sacar el aborto de los códigos penales, donde tiene un efecto disuasor para las mujeres: el saber que hay una posibilidad de que se les meta a la cárcel o el temor de que se les abra una carpeta de investigación o les llegue un citatorio. Lo que pasó en septiembre es histórico, pero no hay que perder de vista que es el primer paso: tenemos que sacar el aborto de los códigos penales locales porque solo así, vamos a lograr que las mujeres tengan autonomía sobre sus cuerpos y puedan decidir sin miedo”, señala Ayala.
Mientras que el martes pasado, con reformas a su Código Penal y Ley de Salud locales, Guerrero se convirtió en la novena entidad donde el aborto voluntario está despenalizado, bajo ciertas condiciones —además de la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Coahuila y Sinaloa—, otros estados siguen en el intento por la vía del amparo o la insistencia legislativa, incluso tras el rechazo de varias iniciativas.
Es el caso de Quintana Roo y Puebla, donde un activismo fuerte y con mucha presencia ha llevado incluso a la toma de los congresos locales, a largos procesos de iniciativas presentadas, y también a obstáculos para dictaminarlas y pasarlas a pleno.
“En el caso de Quintana Roo, ha sido un proceso muy largo, muy obstaculizado, y parte de los acuerdos fue que el pleno pudiera tomar la iniciativa, pero ya cuando se votó, no pasó. Se han presentado otras, con el apoyo del movimiento feminista, que también se han desechado, al igual que iniciativas ciudadanas”, recuerda Cristina Santana, coordinadora de la REDedefine, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).
En Puebla, por lo menos cuatro bloques de iniciativas han sido congelados o han quedado olvidados después de haberse turnado a comisiones. En otros estados, como Guanajuato, también hubo iniciativas que quedaron olvidadas; en Durango, se dio un proceso muy amplio de recolección de firmas para una iniciativa ciudadana, que después se vio obstaculizada; en Morelos, las iniciativas nunca fueron votadas; en Michoacán, aunque también se han dado, han enfrentado diversos obstáculos; en Jalisco, se presentó una que sigue en el Congreso local en espera de ser dictaminada; en Sonora, aunque existe una movilización social fuerte, no se ha reflejado en esfuerzos legislativos, y en Nayarit, apenas comienza el diálogo entre la sociedad civil y las legisladoras.
“Las despenalizaciones están avanzando en un momento muy histórico, para el que pasaron muchos años desde la despenalización de 2007 (en la CDMX) para que Oaxaca finalmente pudiera en 2019. A partir de ahí, se han acelerado y una lucha histórica que tenía décadas justo ahorita está avanzando de manera muy acelerada en toda América Latina, producto de las movilizaciones sociales que han estado exigiendo que pueda haber acceso al aborto legal, seguro y gratuito”, explica Santana.
Por eso es indispensable en este momento, añade, conversar sobre el tema, eliminar el estigma sobre el aborto y verlo como un hecho muy común en la vida reproductiva de las mujeres, que además es un tema de salud pública, justicia social y derechos humanos. Aunque cada estado enfrenta una situación política y social muy distinta, en todos ellos existen colectivos locales y movimientos feministas que trabajan e insisten en la despenalización.
“Es muy importante decir que en todos los estados hay sociedad civil organizada, colectivas locales y activistas independientes que están reclamando muy fuertemente que se pueda despenalizar y legalizar el aborto en sus estados; muchos de ellos sí han retomado las exigencias y presentado iniciativas, pero están detenidas por falta de voluntad política. Hoy estamos en otro momento en cuanto a la despenalización del aborto, porque las resoluciones que la Corte emitió el año pasado son clave para los procesos de despenalización”, añade Santana.
Sin embargo, las estrategias diferenciadas también han resultado en reformas estatales variadas, la mayoría con la consideración de 12 semanas, pero no siempre con una modificación a las leyes estatales de salud que garanticen no solo la ausencia de castigo para mujeres y personas gestantes, sino el acceso al aborto como un servicio de salud seguro y gratuito. Aun así, en los estados, no debería ser problema que primero exista una reforma al Código Penal y después a la Ley de Salud, porque la Secretaría de Salud federal ya ha emitido lineamientos técnicos para brindar el servicio, aunque no siempre se cumplen.
“Esos modelos de semanas en realidad ya son obsoletos, porque no estamos en 2007 discutiendo ese tema. La Corte ya trascendió lo de las 12 semanas; entonces, se abre la puerta a no obstaculizar por periodos. Si bien hay iniciativas que sí contemplaron la adición en las leyes de Salud, el escenario ideal es quitar el aborto del Código Penal y, como la Corte también dijo que el aborto es un derecho, dar el acceso y, en ese sentido, modificar las leyes de Salud para que se reconozca”, subraya la coordinadora de la REDefine.
En tanto, con su acompañamiento legal, el área de Documentación y Litigio de Casos de GIRE sigue en la vía de los amparos con la confianza de que en los estados donde los congresos no estén dispuestos a legislar, esta sea la opción para lograr despenalizar mediante el trabajo conjunto de colectivas y organizaciones.
Sin certezas en el nivel federal
A nivel federal, el escenario sigue siendo incierto. Aunque la despenalización en los estados es prioritaria porque el aborto generalmente es procesado como un delito del fuero común, y la acusación se hace a nivel local, sería necesario hacer cambios en la Ley General de Salud para garantizar el acceso al aborto gratuito como un servicio más, no solo por parte de las secretarías de Salud locales, sino también del IMSS y del ISSSTE.
Con este propósito, a raíz de la resolución de la Corte de septiembre de 2021, 11 senadoras de todos los grupos parlamentarios del Senado —incluidos el PAN y el PES— presentaron una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.
“Las reformas son para el Seguro Social y el ISSSTE. Por eso es importante, porque la Federación tiene muchos servicios hospitalarios y de atención en los estados; si se despenaliza solamente en el estado, únicamente los servicios de salud estatales, o municipales si hay, pueden brindar la interrupción legal del embarazo. Nosotros le hemos dicho al IMSS y al ISSSTE que no pueden negarse: si en el estado donde están sus clínicas está despenalizado y es un servicio de salud, lo tendrían que dar. Sin embargo, no es así, no está tan claro; a veces sí lo hacen, a veces no”, señala la senadora Patricia Mercado.
La iniciativa propuesta detalla que, como parte de las reformas a la Ley General de Salud, se agregaría un apartado que especifica: “Todas las personas e instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud deberán brindar de manera gratuita los servicios de aborto seguro, independentiemente de si la usuaria cuenta o no con derechohabiencia, en los términos de la presente Ley y de las disposiciones reglamentarias o normativas que para tal efecto expida la Secretaría, debiendo garantizarle a la mujer embarazada o persona gestante las mejores condiciones de seguridad y calidad para la atención médica”.
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