Denuncian que su esposo es quien asigna la obra pública en la capital
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Durante la primera sesión de Cabildo abierto de la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez, los regidores de oposición se lanzaron en su contra, la acusaron de coartar la libertad de expresión, de asignar obras públicas sin licitar a su esposo y de no entregar patrullas.
En un evento en el que el equipo de Comunicación Social del Ayuntamiento presumió como la «primera sesión de Cabildo abierto en la historia de Chilpancingo», la situación se le salió de control para la alcaldesa cuando tres regidores la acusaron de corrupta y simuladora.
Para esta sesión montaron un gran templete y mamparas de color blanco y vino en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac; la cerraron. Para ingresar elementos de la Policía Municipal revisaban las lonas y cartulinas de los asistentes, con el propósito de cerciorarse que eran a favor de la alcaldesa y evitar cualquier tipo de protesta.
Pero esta vez las inconformidades y reclamos vinieron desde dentro; de tres regidores del Cabildo capitalino.
Esta sesión fue para aprobar el Programa Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Basado en Resultados 2023, además de un acuerdo que propuso Hernández Martínez para la aprobación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun) 2023.
Fue ese último punto del orden del día que encendió los ánimos de los integrantes del Cabildo.
Antes de la votación, por protocolo, la secretaria general del Ayuntamiento, Xóchitl Heredia Barrientos, solicitó la lista de oradores para razonar sus votos.
Las participaciones las abrió el primer síndico, Andrei Marmolejo Valle, quien dijo que su voto era a favor para ayudar a Chilpancingo y solucionar el tema del agua, aunque no explicó cómo.
Le siguió la regidora de Educación y Cultura, la panista Reynalda Pablo de la Cruz, quien dijo que votaría en contra del acuerdo.
«Mi votó será en contra y es por una razón, porque este recurso de varios millones no se repartirá equitativamente y no está claro qué van a llevar a cabo y felicito a todos los que fueron beneficiados, pero lamentó a los que les dieron la atención», mencionó la panista.
Pablo de la Cruz agregó que ya solicitó una auditoria al Ayuntamiento porque hay varios millones en obra pública que la alcaldesa no ha comprobado.
Le siguió la priísta, la regidora de Seguridad Ciudadana, Guadalupe Aguilar Alcocer, quien comenzó su participación solicitando a la alcaldesa no «coartar la libertad de expresión».
Explicó frente a unas 100 personas asistentes, que fueron movilizadas por la alcaldesa, que en las sesiones de Cabildo que no son abiertas no la dejan terminar sus participaciones por lo que decide abandonarlas.
Las acusaciones más fuertes que hizo Aguilar Alcocer fue que dijo que votaría en contra del acuerdo porque no existe transparencia en saber en qué se gasta la obra pública del municipio.
Dijo que con este acuerdo sólo se asignan obras a 96 colonias de 596 que tiene la capital, además «hay colonias que están teniendo seis obras y otras que no tienen ni una, a pesar que tienen necesidades, por eso pregunto si de verdad es justicia social o sólo quieren pagar favores políticos», mencionó Aguilar Alcocer.
Ante tales aseveraciones la secretaria general hizo una primera moción de orden, a la que Aguilar Pastor se negó y dijo que «siempre hacen eso y quieren aplicar una ley mordaza».
«Que les informe también la señora ciudadana presidenta quién es el que asigna las obras, ¿saben quién?, es su esposo.
En ese momento intervinó Marmolejo Valle y dijo que pedía la moción de orden porque ya había alusiones personales contra la alcaldesa.
«No estoy haciendo alusiones personales, ciudadano síndico», respondió Aguilar Alcocer, y reviró el sindico, «sí la esta haciendo ciudadana regidora».
«Que el pueblo se enteré que las cosas no se están haciendo bien, que sepan que se compraron 13 patrullas y sólo se entregaron tres», agregó.
