Una delegación de las organizaciones campesinas y de pueblos latinoamericanos se reúne en Washington con donantes y representantes del Banco Mundial, el Fondo Verde para el Clima y la Fundación Rockefeller para plantearles las necesidades de financiamiento de los pueblos en la región a favor del medio ambiente y nuevas formas de patrocinios
Texto y fotos: Emilio Godoy / IPS Noticias / Pie de Página
Sembrados en tierra sobre una membrana plástica negra, una tropa de delgados bejucos verdes tiene una misión trascendental: eliminar la suciedad de los desechos líquidos que reciben de los pueblos de la cuenca, para que ese flujo, ya depurado, siga hacia el lago de Pátzcuaro y dotar de líquido limpio al ecosistema.
El sembradío de chuspata, espadaña o carrizo (Typha latifolia), los nombres por los que también se conoce a la planta, forma parte de uno de los dos humedales artificiales que operan en el pueblo de San Jerónimo Purenchécuaro, de 3 mil habitantes, situada en el municipio de Quiroga, en el occidental estado de Michoacán, a 332 kilómetros al oeste de Ciudad de México.
Un humedal artificial es una planta de tratamiento que consta de sedimentos, plantas, piedras, tuberías y una membrana, que elimina la suciedad de los desechos líquidos, como grasas, jabones, excretas y metales pesados.
Además de la visión de los guardianes verdes, el visitante recibe otra impresión al llegar: el olor fétido de los residuos líquidos que se filtran en la primera estación del sistema, que separa la basura del flujo, para impedir bloqueos de la tubería.
“El humedal aporta agua limpia al lago. Es parte de los trabajos de protección y conservación del lago que hacemos”, dijo a IPS, durante un recorrido por la zona, Osvaldo Camacho, presidente de Bienes Comunales de San Jerónimo Purenchécuaro.
La visita formó parte del “Intercambio de saberes sobre mecanismos comunitarios para el financiamiento territorial”, escenificado en Morelia, la capital del estado, del 7 al 9 de octubre, convocado por la Coordinadora de Mujeres Líderes Territoriales de Mesoamérica, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (APMB).
En la organización del Intercambio también participaron el Mecanismo de Bosques y Fincas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el apoyo de la mexicana Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores, y que congregó a delegados de 13 organizaciones de nueve países.
Una delegación del encuentro se reúne estos 12 y 13 de octubre en Washington con representantes del Banco Mundial, el Fondo Verde para el Clima (FVC), la Fundación Rockefeller y otros donantes, para plantearles las necesidades de financiamiento de los pueblos indígenas y nuevas formas de patrocinios.
Rodeado por asentamientos del pueblo purépecha, uno de los 69 que habitan en México, el lago Pátzcuaro, de 260 kilómetros cuadrados, se enfrenta a la pérdida de oxígeno por la materia orgánica que las descargas generan, la deforestación de la cuenca, la erosión, el descenso del nivel de agua y la expansión inmobiliaria.
Como la salud del ecosistema depende del cuidado del bosque y la limpieza del agua, el pueblo indígena de San Jerónimo Purenchécuaro se enfoca en la preservación de la cuenca, en una responsabilidad compartida con autoridades y otros pobladores de la zona.
Con financiamiento de la no gubernamental Fundación Gonzalo Río Arronte, la comunidad instaló en 2007 el primer humedal con capacidad de 0,8 litros por segundo (lts/seg), de una hectárea de extensión y a un costo de 150 000 dólares. El segundo arrancó en 2011, para filtrar 1.8 lts/seg, sobre dos hectáreas y mediante una inversión de 250 mil dólares.
Además, la comunidad, que se autoorganiza según usos y costumbres tradicionales y posee 3 mil 146 hectáreas de pino, ya aporta 2 mil 300 hectáreas a un área destinada voluntariamente a la conservación, una categoría reconocida por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En los últimos tres años, ha reforestado 20 hectáreas y creó un centro de investigación acuícola y forestal, que comenzará sus actividades con 15 mil dólares del gubernamental Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
A cuentagotas
San Jerónimo ha emprendido esas obras con financiamiento gubernamental, una bolsa que tiene límites draconianos por los recortes aplicados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien organizaciones ambientalistas acusan de desdeñar el tema.
A nivel mundial, los pueblos indígenas y las comunidades locales batallan por conseguir fondos para cuidar sus territorios. Por ello, el encuentro en Morelia sirvió para revisar el estado del financiamiento y las alternativas para resolver la problemática.
La evidencia científica más reciente demuestra que los pueblos originarios son los protectores más eficaces de los bosques tropicales, por lo cual se requiere de mayores esfuerzos para su conservación, ante las crecientes amenazas.
Pero organizaciones ambientales y participantes en el encuentro en Morelia coinciden en que el financiamiento internacional resiste a la ley de la gravedad, pues los fondos no caen hasta los territorios.
Se estima que cada año solo 270 millones de dólares se destinan al cuidado forestal en el mundo y apenas 46 millones llegan a los guardianes directos del bosque: los pobladores nativos.
El financiamiento multilateral directo a comunidades indígenas ha sido una barrera recurrente para sus esfuerzos por proteger recursos naturales.
Por ejemplo, el FVC, creado en la cumbre climática del balneario mexicano de Cancún de 2010, ha financiado 128 proyectos de medios de vida de comunidades y 57 iniciativas forestales y de uso del suelo y ha entregado para ello un total de 1500 millones de dólares para cada rubro. Para el total de 200 proyectos, ha destinado 8 mil 200 millones de dólares.
Además, ha acreditado a 113 instituciones para recibir fondos, pero ninguna de índole indígena.
Intentos latinoamericanos
Ante ello, varias iniciativas tratan de promover proyectos en zonas indígenas dentro de América Latina, según se destacó en el encuentro de Morelia.
En Brasil, el Fondo Indígena de la Amazonia Brasileña (Podaali) –palabra del pueblo baniwa que significa “celebración”–, creado en 2019, incluye entre sus líneas de acción la gestión territorial y ambiental, así como la economía sostenible y garantía de derechos. Abarca a 64 organizaciones de base, 400 mil indígenas y 114 pueblos en aislamiento voluntario.
“Nace con mucho apoyo de las organizaciones. Pero el gobierno brasileño ha sido un obstáculo, no hay apertura para los pueblos indígenas. Pero esta coyuntura negativa ha fortalecido a las organizaciones”, aseguró a IPS la indígena kaxuyana Valeria Payé, directora ejecutiva del fondo y asistente al encuentro de Morelia.
El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro aplica políticas destructoras del ambiente y de acoso a territorios indígenas, como la promoción de la minería, la ganadería y la agroindustria en la Amazonía brasileña.
En unas semanas, Podaali lanzará su primera convocatoria para proyectos, por 384 mil dólares, de los no gubernamentales The Nature Conservancy (Estados Unidos), Fundación Porticus (Países Bajos) y el Instituto de Clima y Sociedad (Brasil).
También en Brasil, el Fondo Indígena del Río Negro, vinculado a la Federación de Organizaciones Indígenas de Río Negro, ofrece financiamiento a 12 territorios indígenas del noroeste brasileño. Cubre 13 millones de hectáreas, ha entregado 190 mil dólares a 15 emprendimientos. Su meta programada para 2023 suma 25 iniciativas y 35 para 2024.
Payé espera que el panorama para las comunidades indígenas de su país cambie si Bolsonaro es derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el 30 de octubre, y que la convocatoria de proyectos sea exitosa, para proseguir con el trabajo.
En 2020, la AMPB lanzó el Fondo Territorial Mesoamericano, para fortalecer la gobernanza y los derechos territoriales de sus 10 integrantes en los seis países donde trabaja.
En una fase piloto entre 2020-2021, invirtió 600 000 dólares para 10 proyectos en seis naciones y seis organizaciones, e inició un segundo piloto, con 500 000 dólares.
Un análisis de FAO halló que estos fondos son jóvenes, trabajan en red, efectúan un intercambio continuo de experiencias, orientados a resolver necesidades de sus socios, y dependen de donaciones. La inversión promedia 19 dólares por hectárea forestal.
Como sea
En Bolivia, la no gubernamental Central de Cooperativas El Ceibo mezcla los aportes de sus socios y el crédito tradicional.
“Siempre necesitamos financiamiento. Depende de muchas condiciones, como tasas de interés y plazos de pago”, declaró a IPS durante el encuentro David Cahuana, gerente general de la organización, con sede en La Paz.
El Ceibo, que aglutina a 48 cooperativas y 1 300 productores de cacao orgánico, posee cuatro unidades de agroindustria, de investigación, inmobiliaria y financiera. Esta última ofrece cinco productos financieros y tiene 649 clientes.
Cada productor debe cultivar al menos tres hectáreas de cacao y producir una tonelada anual. También plantan árboles maderables y cítricos. Exportan 30 % de la producción a destinos como Alemania y Suiza.
“Ahora necesitamos financiamiento por 10 millones de dólares para renovar equipos industriales. Obtendremos los primeros tres millones mediante un crédito bancario”, indicó Cahuana.
En noviembre de 2021, los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y 17 financistas privados anunciaron la disposición de 1700 millones de dólares para ayudar a las comunidades indígenas y locales a preservar los bosques tropicales entre 2021 y 2025.
Pero hasta ahora, solo el Instituto Internacional de Reconstrucción Rural ha recibido 25 millones y la Alianza Climática y del Uso del Suelo, 250 mil.
Volviendo a San Jerónimo Purenchécuaro, la comunidad busca 850 mil dólares para instalar un tercer humedal sobre dos hectáreas y 1,56 lts/seg de capacidad. Por falta de fondos, dejaron un vivero forestal de pino y encino, capaz de producir hasta 20 mil plantas por año.
“No sé de dónde vamos a sacar el dinero, pero lo vamos a obtener”, previó un optimista Camacho.
En la última estación del sistema antes de que una tubería conduzca el agua al lago, ya no apesta. Con otros esquemas de financiamiento, la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro espera crear otras sensaciones en el ecosistema que protege.
*Esta nota fue realizada por IPS NOTICIAS. Aquí puedes leer la original.
Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.