Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
A los niños y el profesor, Lamberto Castro de la Cruz les une más que la dupla enseñanza-aprendizaje. Todos forman parte del mismo colectivo, son familiares devíctimas de una persona desaparecida o asesinada en Guerrero.
“Ellos a lo mejor no saben que yo también estoy padeciendo una situación igual, pero trato de entenderlos, porque sé el entorno de dónde vienen, cómo está su situación”, dice
Desde 2006 a la fecha el estado de Veracruz como la mayor parte del país padece una crisis de inseguridad y violencia derivadas de la cuestionada guerra contra el narco que desató Felipe Calderón Hinojosa. Niños, niñas y adolescentes se cuentan entre los llamados “daños colaterales” de esa guerra y violencia a la que no se ha logrado dar vuelta a la página.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) en su informe ‘La infancia cuenta en México 2017’, en la última década el país “ha vivido la generalización de la violencia e inseguridad y entre los principales afectados se encuentran niñas, niños y adolescentes, quienes son afectados de forma directa por las situaciones de criminalidad, violencia e impunidad que actualmente tienen al país en una profunda crisis de derechos humanos”.
Los daños van desde la violación a su derecho a crecer en un ambiente libre de violencia, hasta la orfandad, la trata de personas, la muerte, el reclutamiento, los desplazamientos forzados.
Duros, los datos
“según datos presentados por la sociedad civil a la CIDH, entre 2006 y 2014 existieron cerca de 2 mil asesinatos de niños, niñas y adolescentes de los cuales la mitad sucedió en el curso de enfrentamientos que involucraron la participación de las fuerzas de seguridad”.
-Informe 2017 de la Redim
El informe 2017 de la Redim detalla que “cada día en México son asesinados 3 niñas, niños y adolescentes y diariamente desaparecen 4 de ellos en el territorio nacional, sin que ante esta grave situación se cuente con una respuesta contundente del Estado Mexicano”.
Añade que “según datos presentados por la sociedad civil a la CIDH, entre 2006 y 2014 existieron cerca de 2 mil asesinatos de niños, niñas y adolescentes de los cuales la mitad sucedió en el curso de enfrentamientos que involucraron la participación de las fuerzas de seguridad”.
Y es que las niñas, los niños y adolescentes“ han sido impactados directamente de forma crítica por las problemáticas derivadas del enfrentamiento entre el gobierno y el crimen organizado, parte de este impacto negativo incluye el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, los homicidios violentos, la orfandad, los desplazamientos forzados y las desapariciones”.
En noviembre de 2018 la Redim informó que de los casi 7 mil niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México, el 70% ocurrió en la administración de Enrique Peña Nieto.
Más análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México precisan que de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta julio del 2017 se registraron 33 mil 482 personas desaparecidas. De ese total, 6 mil 079 son niñas, niños y adolescentes, lo cual representa el 18.2 por ciento del total de desapariciones. Asimismo, 6 de cada 10 casos de desaparición son de niñas y adolescentes mujeres.
En noviembre de 2018 la Redim informó que de los casi 7 mil niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México, el 70% ocurrió en la administración de Enrique Peña Nieto.
Además, refiere la Red que niños, niñas y adolescentes se han convertido en blanco de ejecuciones extrajudiciales.
Desde 2006 al 2019 fueron asesinados en la guerra contra el crimen organizado más de 16 mil niñas, niños y adolescentes; sólo del 2015 a marzo del 2019 suman 4,299 homicidios dolosos, en su mayoría realizados con arma de fuego. En el primer trimestre de 2019 ocurrieron 285 homicidios dolosos contra la población de cero a 17 años, es decir, 3.2 homicidios diarios. Los Estados más violentos fueron Guanajuato, Veracruz y Nuevo León, reveló la Redim en abril de este 2019.
Niños, víctimas del crimen
Información de Redim refiere que de las personas desaparecidas entre 2006 y 2014, el 30 por ciento son menores de edad, “en el segmento de 15 a 17 años ocho de cada diez son mujeres y en el grupo de cero a cuatro años de edad, 6 de cada 10 son varones”.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), advirtió que hay menores de edad y mujeres adolescentes que son víctimas de trata de personas.
La trata es, para el crimen organizado, uno de sus mayores negocios, deploró.
El Director Ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, expuso en Xalapa, en mayo de 2017, que aunque no se sabe con certeza el destino de muchos menores que desaparecen, algunos casos podrían estar ligados a la trata.
Alertó que los datos dan cuenta de que el crimen organizado encontró en las mujeres adolescentes y en los niños, fuentes de ingreso. Refirió que la trata de personas tiene varios fines, como la explotación sexual, explotación laboral, venta ilegal de niños.
Hay, resaltó, un escenario muy delicado ante el que debe haber atención integral de todos los niveles de gobierno, distintas instituciones, asignación de recursos y políticas públicas para las infancias en Veracruz y México.
En el estado de Veracruz no existen cifras puntuales de menores desaparecidos, como tampoco hay registro de menores en situación de calle.
El escenario de violencia ha derivado en que la mayoría de los niños no jueguen fuera de casa, sus familias no les permiten estar solos ni en la banqueta. Juan Martín Pérez García expuso que siete de cada diez adultos no dejan salir a la calle a los niños a jugar, por miedo a la inseguridad.
En calle, niños sin registro y asechados por peligros
En las esquinas, en los cruceros, en las avenidas solas o llenas de gente, niños y niñas en situación de calle padecen, además de pobreza, abandono o violencia intrafamiliar en muchos casos, así como ausencia de protección a sus derechos, el asecho de múltiples peligros y formas de violencia en un estado y un país en crisis de seguridad desde hace más de una década. No hay registro de ellos.
Ni a nivel federal ni local los gobiernos cuentan con un registro de la población infantil que vive en situación de calle.
-Arturo Narváez
La ausencia de un registro de menores que viven en situación de calle los pone en peligro de ser robados o secuestrados para diversos fines, como la trata de personas, o de ser desaparecidos por grupos delictivos, sin que tampoco exista registro de ello, advierte el académico de Sociología de la Universidad Veracruzana y ex director del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle A.C. (Matraca), Arturo Narváez.
En entrevista, Arturo Narváez detalló que ni a nivel federal ni local los gobiernos cuentan con un registro de la población infantil que vive en situación de calle. La inexistencia de este registro no sólo impide la creación de Políticas Públicas para atender a las infancias, sino que pone a los menores de edad en situaciones en extremo peligrosas.
“Los únicos datos que hay sobre este sector -en situación de calle-, es un poco de los niños que trabajan, y es del INEGI, del reporte de la Secretaría del Trabajo, pero sólo cuenta a niños y niñas trabajadores a partir de la encuesta de población en la vivienda, es decir, sólo se cuenta a niños a partir de lo que se dice en el espacio familiar, pero no contempla el trabajo en calle”.
Además, los sistema DIF municipales hacen algunos conteos, pero son cifras no comprobadas que no permiten conocer cuántos menores de edad viven en situación de calle ni qué pasa con ellos, precisó Arturo Narváez.
Ante ello, acentuó el académico, es urgente que se realice ese registro de menores en situación de calle. Se trata de un diagnóstico solicitado por organizaciones civiles desde hace varios años, y que debe comenzar por diagnóstico a nivel local, es decir, municipal, para lograr concentrar un diagnóstico estatal y de ahí ir a lo federal.
Expuso que las omisiones de la sociedad y de los gobiernos al no contar con siquiera registros de las infancias en situación de calle, viola tratados y acuerdos incluso internacionales.
Aunque hay leyes y tratados de protección a la infancia, éstos “no necesariamente se han traducido en la mejora de la calidad de vida de la niñez… ya es tiempo de que no sólo se quede en el marco normativo, sino de que se traduzca en la calidad de vida de los niños”.
Urge defender a la niñez
“Tenemos no tan sólo autoridades que no atienden a los niños en situación de calle, sino a una sociedad indiferente y egoísta que prefiere voltear a mirar a otro lado y decir, si acaso: pobrecitos, lo bueno que mis hijos no están así; y no se trata de eso, somos una sociedad, son niños de todos, lo que les pasa a ellos es reflejo de cómo estamos como sociedad”.
El tema de la infancia, resaltó el académico de la Universidad Veracruzana, es no sólo de obligación del Estado para firmar acuerdos internacionales y Leyes Generales y Leyes Estatales, sino también de los ciudadanos.
“Tenemos que pensar como ciudadanos en la defensa de la niñez desde nuestros espacios comunitarios, no sólo en el ambiente familiar, debemos empezar a tejer estas redes de protección hacia las niñas y los niños. Ese es para nosotros, como sociedad, el desafío”.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Voz Alterna y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Los periodistas enviados por la agencia informativa del Estado mexicano a 20 ciudades y países han demandado desde el inicio del actual sexenio la atención a su situación laboral, lastimada paulatinamente desde gobierno pasado hasta ser despedidos sin justificación
Los corresponsales de Notimex en el Extranjero solicitaron una mesa de diálogo con la empresa para resolver su situación laboral, ante la falta de respuesta de la agencia y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acusaron.
En un comunicado, los 20 periodistas acusaron que la agencia de información del Estado mexicano suspendió de forma unilateral la prórroga de nuestros contratos para 2019 y terminó el vínculo laboral sin indemnizaciones.
“Solicitamos se entable una mesa de diálogo de la empresa con nuestro representante legal para resolver nuestra situación”, dice el texto.
Los corresponsales, con antigüedades de 8 a 35 años, recordaron que en enero y febrero participaron en dos licitaciones promovidas por la empresa para ser recontratados, las cuales aceptaron pese a las reducciones laborales que implicaban. Pero los trámites fueron detenidos y Notimex les anunció que ningún contrato sería renovado.
Los periodistas recuerdan que desde 2013 firmaron contratos anuales bajo amenaza de ser despedidos, sin que se les respeten sus derechos adquiridos, como la entrega de aguinaldo y en 2017 su salario fue reducido 25 por ciento.
Los 20 corresponsales destacan en el documento que nunca han formado parte del sindicato de la agencia ni han tenido vínculo con el líder Conrado García, cuyos manejos están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública.
En marzo pasado, después de casi tres meses de incertidumbre laboral por no recibir el pago de sus salarios, los periodistas solicitaron a López Obrador que interviniera para aclarar su situación laboral.
En esa ocasión, los corresponsales destacaron que desde el inicio de 2019 el director interino Enrique Valadez González suspendió el pago de los salarios y dejó de publicar los materiales periodísticos.
En ese momento, recuerdan, el gobierno federal anunció que los casos serían analizados y resueltos uno por uno, lo que no ha sucedido.
Los periodistas iniciaron una demanda colectiva que requiere una respuesta formal por parte de Notimex.
El comunicado está firmado por los corresponsales en ciudades estadounidenses como Washington, California, Miami y Texas, y en los países Brasil, El Vaticano, Alemania, Francia, Colombia, Argentina, Nueva York, Inglaterra, Canadá, España, Italia, Guatemala, Venezuela y Chile.
El 21 de marzo pasado Sanjuana Martínez tomó el control de Notimex pero la situación de los corresponsales no fue resuelta.
Con la llegada de Martínez, Notimex se ha mantenido en una polémica constante. En la administración de la periodista al menos 87 personas fueron despedidas debido a la austeridad del gobierno federal, según ha señalado la funcionaria, quien afirma que la agencia ha sido un botín del sindicato. Sin embargo, 14 personas no aceptaron las condiciones de su despido y denunciaron que no se han respetado sus derechos laborales.
Notimex aseguró el 30 de junio en un comunicado que los despidos de los trabajadores sindicalizados fueron apegados a la ley. Pero el 4 de julio pasado, un grupo de ex empleados de la agencia se manifestaron afuera de Palacio Nacional durante la conferencia presidencial.
Ante los cuestionamientos directos al respecto, López Obrador desestimó las acusaciones de despidos injustificados y maltrato laboral por parte de San Juana Martínez, quien ha sido acusada también de acoso contra periodistas críticos hacia su trabajo en la agencia.
El presidente anunció que esta semana la titular de la agencia asistirá a la conferencia matutina para aclarar el manejo del organismo.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Las irregularidades en el trabajo que realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses rayan en lo ilógico e inhumano. Su trabajo pericial en cualquier lugar de trabajo debiera incluir la revisión exhaustiva de la zona; sin embargo, en esta historia, una madre tuvo que recolectar uno a uno los restos su hijo.
Bastó con remover la maleza para que el cráneo de Oscar Eduardo Núñez Bustos, de 18 años, emergiera de la tierra. Su madre, Nancy Bustos, lo encontró porque los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no hicieron correctamente el levantamiento de sus restos cuando, por vez primera, fueron al pozo a donde arrojaron el cuerpo de su hijo luego de que una banda dedicada al huachicoleo: lo desapareciera y asesinara.
Nancy llevó hasta ese punto tanto a los peritos forenses como a los policías investigadores que le fueron asignados en la Fiscalía Especializada en Desapariciones de la Fiscalía General de Jalisco, porque fue ella misma quien localizó el pozo. Tardó semanas en hacerlo porque no recibió ninguna ayuda institucional, pues nadie hizo caso cuando les notificó que había recibido un mensaje anónimo con el posible paradero de su hijo.
Oscar Eduardo fue desaparecido por una banda dedicada al huachicoleo, el 19 de noviembre de 2018, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, uno de los focos rojos en el país en cuanto a la extracción ilegal de hidrocarburos. A éste se lo llevaron, los mismos que meses atrás le habían prometido un mejor futuro si le entraba al huachicol. Su madre, ya le había recriminado el que se involucrara con estas personas que, a veces, le pagaban 300 pesos por día, aunque la mayor parte del tiempo sólo lo traían de un lado para otro.
“A mí hijo se lo llevaron varias personas encapuchadas… éste en lugar de huir o acelerar su carro cuando estos hombres lo toparon, decidió bajarse para encararlos… yo creo que se bajó porque los conocía… porque a pesar de que estaban encapuchados, él sabía quiénes eran. Unos niños que estaban en la calle me dijeron que lo habían golpeado para después llevárselo. Yo pensaba que le meterían una chinga y que luego me lo dejarían ahí tirado, pero esto no pasó… me lo desaparecieron los muchachos con los que creció, me lo desaparecieron los mismos chicos que, como mi hijo, también creyeron en las promesas de los huachicoleros”, narró Nancy, quien no se perdona el no haber sido más dura con su hijo.
La desaparición de Oscar Eduardo ocurrió en La Cofradía, comunidad perteneciente a Tlajomulco de Zúñiga; en este lugar, entre 2017 y 2018, se decomisaron más de 250 mil litros de combustible robado. Desde aquel 19 de noviembre de 2018, en que Oscar Eduardo fue desaparecido y asesinado, hasta el 13 de mayo de 2019: 126 jóvenes fueron asesinados, 57 murieron por el disparo de un arma de fuego. Uno de ellos fue Oscar.
La carpeta de investigación por la desaparición de Oscar Eduardo quedó registrada bajo el folio D-I/64519/2018, el 20 de noviembre de 2018, en la Fiscalía Especializada en Desapariciones; no obstante, ésta nunca arrojó resultados porque el ministerio público asignado a su caso, Erasmo Carlos Badillo Ceballos, tenía muy aprehendida la letanía: “Señora, tenga paciencia, ya estamos investigando”;“ Estamos analizando la información que nos dio, pronto verá resultados” o “Usted tranquila, estamos por aprobar el operativo, no se desespere”.
Nancy, por supuesto, se desesperó porque ya les había dado santo y seña de quiénes eran los huachicoleros que se habían llevado a su hijo. Les había pasado nombres, direcciones y hasta sus perfiles de Facebook. Incluso, había dado indicaciones de dónde los podrían encontrar, pues era sabido por todos en La Cofradía cuál era la ubicación de los terrenos en los que se ordeñaban los ductos de PEMEX. En la Fiscalía puros oídos sordos a sus palabras.
No obstante, la búsqueda de Oscar Eduardo cambiaría, el 23 de noviembre de 2018.
Emprender la búsqueda en territorio huachicol
A través de un mensaje anónimo, uno de los jóvenes que se llevaron a su hijo, le confesó de manera burlesca que “El Canelo” -como también le decían a Oscar Eduardo por ser pelirrojo- había sido arrojado sin vida cerca del pozo conocido como el Ojo de Agua: “A mí me tocó echarle la cal para que no oliera, así que no lo va a encontrar”, le escribió.
“¿Cómo encontrar un pozo de agua alrededor de una comunidad donde la mayor parte de las parcelas de maíz tienen sus propios pozos?”, se preguntó Nancy, cuando decidió salir a buscar a su hijo, aquel 23 de noviembre.
Repasó una y otra vez el mensaje que le enviaron, pero durante dos meses no logró hallar el “Ojo de Agua”, ni tampoco tuvo noticias del personal de la Fiscalía de Desaparecidos, aunque éstos ya sabían que estaba buscando a Oscar Eduardo en una fosa clandestina.
“No hallaba el méndigo pozo… hasta que alguien me dijo que éste se encontraba cerca de los sitios donde los huachicoleros ordeñaban la gasolina; así que con todo miedo del mundo me animé a buscarlo en ese lugar, no me importaba que los victimarios a lo lejos me vieran buscar a mi hijo”, explicó Nancy, quien a sus búsquedas sólo llevaba una pala y un machete.
Tras varios días de búsqueda vino a su mente el tema de la cal, y así fue como comenzó a quitar basura y maleza para hallar manchas blancas de polvo: las encontró, y debajo de éstas halló la boca de pozo donde le dijeron que habían arrojado a su hijo: “Algo ya me decía que ahí estaba, pero no sabíamos cómo asomarnos porque ignorábamos la profundidad del pozo; primero, aventamos una piedra para saber qué tan hondo estaba, después amarramos a una amiga para que se bajara y ésta me dijo: ¡Aquí está tu hijo!”.
El 4 de enero de 2019, un mes y medio después de su desaparición, Nancy encontró a su hijo, Oscar Eduardo. Lo halló sola y bajo la amenaza de que los jefes del huachicol: “Ya la traían en la mira!”.
El cuerpo de Oscar Eduardo estaba cubierto por basura, maleza y una piedra que le echaron encima para dificultar su localización, pues ésta impedía que el cuerpo se viera desde arriba. Nancy, lo reconoció por su ropa y por la forma de sus piernas.
Al hallarlo marcó a los policías investigadores a los que sólo conocía por sus nombres de pila: Mario y Carlos; les dijo que había encontrado el cuerpo de su hijo en un pozo.
Ambos policías llegaron al lugar y éstos fueron quienes llamaron al ministerio público de la Fiscalía General de Jalisco, a Protección Civil de Tlajomulco de Zúñiga y al Servicio Médico Forense del IJCF. Nancy pensó que con esto acabaría su martirio, pero lo peor estaba por pasarle.
Las sistemáticas omisiones y negligencias forenses en Jalisco
Nancy Bustos indicó dónde estaba el cuerpo de su hijo y pidió de manera enérgica que la exhumación la realizaran con sumo cuidado porque la maleza y la basura que colocaron encima de la boca del pozo si no se quitaba bien podría ser arrojada sobre Oscar.
El personal que acudió a la exhumación no sólo la ignoraron, sino que, además, le pidieron que se fuera detrás del cordón de seguridad, aún cuando la Ley General de Víctimas señala que ella tenía derecho a estar a pie de fosa.
De lejos observó que su hijo fue sacado del pozo dentro de una bolsa plástica negra; así que no pudo ver el estado en que se encontraba su cuerpo. Del pozo pasó a un vehículo del SEMEFO. En ese momento, Nancy creyó que el trabajo se había realizado de manera correcta, pero como ya se dijo: lo peor aún estaba por ocurrirle.
El ministerio público a cargo de la investigación, Erasmo Carlos Badillo Ceballos, le pidió que esperara unos días para que el IJCF realizara la necropsia de ley y la confronta de la toma de ADN, y que luego de ello podría recuperar el cuerpo de su hijo. Sin embargo, pasó una semana y no tuvo noticias.
Acudió a las instalaciones del Semefo, pero ahí nadie atinaba a decirle nada sobre el cuerpo de su hijo porque el IJCF se encontraba en plena crisis de los contenedores frigoríficos y, en consecuencia, decenas de familiares de desaparecidos estaban ahí solicitando saber si su familiar, acaso, era alguno de los 337 cuerpos que al margen de la ley, la Fiscalía General y el propio instituto colocaron por más de dos años en dos tráileres; uno de éstos, incluso, fue abandonado en el mismo municipio donde Oscar Eduardo desapareció y fue asesinado.
Nancy le insistió una y otra vez a Badillo Ceballos ver el cuerpo de su hijo; éste le decía que no era posible. Ella le preguntó el por qué de la negativa, si tenía derecho a verlo. Tras la insistencia, éste le confesó que el problema es que el cuerpo no estaba completo.
“¿Cómo que no está completo el cuerpo de mi hijo?, le pregunté al licenciado, pero éste no me quiso decir nada. Yo pensé que por la piedra y el tiempo, seguramente, su cuerpo se estaría dividido en dos, pero jamás imaginé lo que descubriría cuando me lancé al Semefo”, recordó Nancy, a quien nunca le mostraron en el IJCF las fotos de la exhumación de su hijo.
El 11 de enero de 2019, y tras mucho insistir, una trabajadora social del IJCF le confesó a Nancy que sí había fotografías forenses de su hijo.
¿De verdad quiere ver las fotografías? Es que son muy fuertes.
Es mi hijo, claro que quiero verlas, le respondió Nancy.
Al ver las fotografías descubrió que al cuerpo de su hijo le hacía falta la cabeza. Llamó a su ministerio público para reclamarle porque no le había dicho esto y porque si se dieron cuenta de ello no regresaron al pozo a buscarla ese mismo día; el funcionario no tuvo respuestas. Uno de los policías investigadores que le fueron designados, le confesó que éste había pedido todo para realizar la búsqueda. Bacillo Cevallos, no autorizó la diligencia.
“¿Cómo que mi hijo no tiene cabeza? ¿Dónde dejaron su cabeza?” fueron las preguntas que Nancy Bustos les realizó en muchas ocasiones al personal del Semefo, pero también a su ministerio público en la Fiscalía, pero sus respuestas eran las mismas: “el cuerpo que nos trajimos no tiene cabeza, no sabemos si puede estar o no en el lugar de la exhumación”, le explicaron.
“Yo no podía creer lo que me estaban diciendo: ¿cómo era posible que no supieran dónde había quedado la cabeza?, les pregunté, pero nadie sabía nada, lo único que me dijeron es que después irían a buscarla”, recordó Nancy, quien no se lograba explicarse lo que vivía.
Al día siguiente, 12 de enero, Nancy tomó pala y machete para ir a buscar a su hijo. Bastó con remover la maleza y la basura para hallar la cabeza de su hijo en el mismo pozo donde peritos calificados, ya habían realizado “la exhumación” de todos los restos de su hijo.
“Nos fuimos y comenzamos a sacar la basura, removimos todo. Un amigo de Oscar que me acompañó ese día comenzó a sacar cabello y al ver el color supe que era de mi hijo. El chico que bajó al pozo comenzó a llorar y me dijo: ¡Señora, aquí está su cabeza… lo encintaron de sus ojos! Y sí, ahí encontramos la cabeza de mi hijo, la hallamos nosotros y yo la tuve ahí conmigo todavía con piel y cabello”, señaló Nancy.
Después del hallazgo marcó a Fiscalía para decirles que ya había encontrado la cabeza de su hijo; sus policías investigadores le hicieron llegar ese mensaje al ministerio público Erasmo Carlos Badillo Ceballos, éste la hizo esperar durante horas para luego decirle que: “dejara la cabeza en el pozo y que ellos irían al otro día por ella, pues sino la dejaba ahí; ellos no la podrían recoger”.
“¡A quién se le ocurre pensar que yo abandonaría la cabeza de mi hijo! ¿De verdad pensaron que los esperaría hasta que éstos tuvieran tiempo de venir a hacer el trabajo que no hicieron bien desde el inicio? Me llenó de tanta rabia su respuesta que tomé a mi hijo y me lo llevé conmigo. Al otro día, sí lo fui a dejar al pozo”, narró Nancy.
Al otro día, en efecto, llegaron nuevamente al pozo personal de la Fiscalía General de Jalisco, Protección Civil de Tlajomulco de Zúñiga y del Servicio Médico Forense del IJCF para llevarse el cráneo de Oscar Eduardo, el cual tenía una cinta que tapaba sus ojos y carecía de la quijada. Por ello, Nancy pidió que ahora sí revisaran bien el lugar hasta localizar todos los restos de su hijo. Después de varias horas, los peritos dijeron que ya no había nada más.
Nancy no les creyó y decidió regresar, el 13 de enero, una vez más al pozo para descubrir que los peritos habían dejado en el lugar: la mano y la quijada de su hijo.
“No se supone que son personas especializadas, no se supone que saben hacer bien su trabajo, entonces, por qué no buscaron bien en el pozo… cómo puede ser que yo y varios amigos de mi hijo encontremos los restos que los peritos no son capaces de localizar”, fustigó Nancy.
Tras este nuevo hallazgo volvió a reclamarle a su ministerio público, Erasmo Carlos Badillo Ceballos, pero éste sólo contestó que: “ya era muy tarde para hacer una nueva diligencia”, para después advertirle que “ya no bajará al pozo porque eso entorpecería la investigación”.
“¿Cuál investigación? Si todo lo hice yo misma, yo encontré el pozo donde estaba mi hijo; yo les avisé que lo había encontrado; yo fui la que halló su cabeza y el resto de su cuerpo; yo he sido la que le señaló a los responsables, a los cuales nunca han declarado ni detenido. Yo lo he hecho todo; ellos ni siquiera hicieron bien la exhumación”, explicó Nancy.
El 14 de enero, se realizó la tercera diligencia en el pozo para ahora sí llevarse todos los restos de Oscar Eduardo, pero no así la evidencia que se quedó en el lugar y que Nancy cree que podría ser importante para localizar a los responsables; por ejemplo, dejaron ahí ropa con manchas de sangre; bachichas de cigarro y una piedra también con sangre que se localizó cerca de la cabeza de su hijo. Todo eso lo dejaron en el lugar.
Nancy Bustos interpuso, el 6 de febrero de 2019, la queja 390/2019/IV en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) contra todos los funcionarios públicos que incumplieron su labor en el levantamiento del cuerpo de su hijo; a la fecha, no ha obtenido respuesta. Su caso, ni siquiera formó parte de la Recomendación 10/2019 que la propia CEDHJ realizó en contra del IJCF y la Fiscalía General de Jalisco por la mala praxis forense.
Actualmente su investigación pasó de la Fiscalía Especializada en Desapariciones al Área de Homicidios en la misma Fiscalía General de Jalisco; sin embargo, el traslado no ha implicado nada, ya que nadie ha sido llamado a declarar por el asesinato de su hijo y ninguna de las pistas que ella ha aportado han sido retomadas.
“En homicidios estamos peor que cuando estaba mi caso en desaparecidos; a la fecha, no se ha investigado nada, ni siquiera se investigó nada cuando en Tlajomulco estuvieron los operativos contra el huachicol; no se ha investigado nada desde que cerraron los lugares de ordeña. Yo creo que ahí era la oportunidad para detener a los responsables, pero nadie de los que participaron en la desaparición y asesinato de mi hijo han sido detenidos… ellos siguen ahí merodeando mi casa y molestando a mi familia”, señaló.
Nancy, tras mucho insistir, ahora cuenta con medidas de protección, pues los integrantes de la banda de huachicoleo continuamente hostigan y molestan a su familia, pues creen que ha sido su insistencia en Fiscalía lo que ha impedido que su actividad ilícita continúe.
Aunque tiene medidas de protección, Nancy declara: “Tengo las medidas, pero de qué sirven si quienes me tienen que cuidar luego ni vienen, mientras con otros casos o en colonias más pudientes, la seguridad siempre está ahí a las afueras de sus casas… lo que también pedí fueron medidas para impedir que el pozo y el terreno donde hallé a mi hijo se modifique, pues creo que debe investigarse bien el lugar, pues los dueños del terreno ya están destruyendo el pozo”.
Pese al horror que le han hecho vivir los huachicoleros y las autoridades de Jalisco, Nancy Bustos no baja la guardia: “Yo encontré a mi hijo, y sé que estoy en riesgo… yo quiero justicia porque quienes nos hicieron esto merecen ser castigados, y esto incluye a quienes me lo mataron, pero también a quien me dejaron ahí en partes en el pozo”.
Tras el análisis de cada uno de los restos de Oscar Eduardo, Nancy pudo recuperar, el 19 de febrero de 2019, el cuerpo completo de su hijo. El cuerpo que ella misma localizó parte por parte ante la negligencia de la autoridad que, a la fecha, no se ha hecho responsable de nada.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Zona Docs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
En la Montaña, pese a que ya se autorizó la entrega del fertilizante, los campesinos señalan que no ha llegado ni 40 por ciento. Las lluvias y el mal tiempo aumentan la incertidumbre de las cosechas.
Texto y fotografía: Isael Rosales y Lenin Mosso
12 de julio del 2019
Acatepec
Una granizada incrementó el riesgo para la siembra de este año para campesinos comunidades del municipio Acatepec, región Montaña, que no han recibido el fertilizante.
Las milpas de aproximadamente 15 centímetros de altura quedaron sepultadas por el granizo de hasta dos centímetros de espesor.
Acatepec colinda con Zapotitlán Tablas, ambos municipios de bajo desarrollo humano y alta marginalidad, la mayoría de la población es indígena. El gobernador, Héctor Astudillo Flores, reconoció que la entrega del insumo está más lenta en la Montaña que en el resto del estado, donde se empezó a distribuir dos días antes de la granizada.
Ángel Aguilar, habitante de Laguna Seca, Acatepec, es miembro del Consejo de Comunidades Indígenas de la Montaña (CCIM). Observa las milpas sepultadas por el granizo; comenta que la entrega del fertilizante va lenta y la milpa está apunto de perderse. “Si no la abonan se quedará amarilla y ya no crecerá”.
Los campos de siembra de maíz, frijol y quelites se pintaron de color blanco por el granizo, que sorprendió a los pobladores que se encontraban trabajando en el campo.
En la región de la Montaña se concentraron la mayor parte de las protestas en el estado por falta de fertilizante. Más de 500 campesinos tu’un savi (mixtecos), me’phaa (tlapanecos) y nahuas aglutinados en el Consejo de Comunidades Indígenas de la Montaña, integrado por 319 comunidades de 15 municipios –de los 19 municipios que conforman la región–, marcharon el 1 de julio rumbo a la salida de Tlapa. Bloquearon la carretera Tlapa-Puebla.
Cerca de Acatepec, donde fue la granizada, en el municipio de Zapotitlán Tablas mantuvieron bloqueos permanentes en el crucero de Tlatlauquitepec por más de 15 días. Atlixtac y Acatepec se sumaron a estas protestas.
Acatepec es uno de los municipios de la Montaña más golpeados por la pobreza. De 157 comunidades y colonias participaron en los bloqueos 24 comisarios de las siguientes comunidades: Barranca Dulce, Zontecomapa, Zilacayota, Loma de la Silla, Laguna Seca, Cuixinipa, Tierra Colorada, Agua Fría, Loma Da, Plan Piedra Grande, Palo Seco, Yerba Buena, Plan Ojo de Agua, Aguatordillo, Acatepec Centro, Loma Panorama, Apetzuca, Colonia Bugambilia, Barranca Pobre, Mezcalapa, Cruz Alta, Villa de Guadalupe, Ocote Capulin y El Mirador.
Tan sólo en este municipio son 6 mil 974 hectáreas de productores que exigen su fertilizante.
El viernes 6 de julio, Jorge Gage Francois, coordinador nacional de fertilizantes, en reunión con el CCIM se comprometió a la entrega en un plazo máximo de ocho días, sin que llegada la fecha, haya llegado el insumo a Acatepec. De acuerdo al CCI no ha llegado ni el 40% del total de fertilizante que debería llegar.
Don Pedro, indígena mè phàà de la comunidad de Zilacayota, Acatepec, quien este año sembró tres hectáreas, desde pequeño ayudaba a sembrar a sus padres, y ahora tiene su propia siembra con tres hijos.
“Es la primera granizada de este año, tenía tiempo que no caía así. La milpa se quema por el frío, además seguimos en la espera de la entrega del fertilizante”, dijo.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” avizora una crisis humanitaria en cuanto a seguridad alimentaria: se puede avecinar una hambruna, la lentitud de la entrega no sólo del fertilizante sino de los vales para la entrega es lenta. La milpa no espera más.
Muchos campesinos y campesinas han decidido comprar su fertilizante, endeudándose por su siembra. De perderse las cosechas, serían más de 30 mil familias pobres afectadas.
Los campesinos acusan también que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) pretende introducir una semilla mejorada, para tratar de suplantar la semilla original o criolla.
“Ya no podemos esperar porque la milpa y la lluvia no nos espera, la lluvia marca su propio ritmo y eso obliga que el campesino siembre y al sembrar se hace exigente el fertilizante. Si no se presta atención a este problema va haber hambruna en toda la Montaña”, opina don Pedro, quien tenía que empezar a sembrar desde finales de abril.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
Video: Salvador Cisneros, Angie García, Sofía Arestegui, Lizette Galeana, Fredy Madrid y Andru Guzmán
11 de julio del 2019
Chilpancingo
Hace cuatro años, Rosalía Martínez Azar, Rosy, decidió formar su propio grupo. Pidió a su esposo, Ángel Chavelas, le enseñara los pasos y los sones. Preguntó a tlacololeros mayores más información sobre la danza. Involucró a su familia. Su hijo Caleb Chavelas aprendió a tocar la flauta y el tambor y su hija Azul se convirtió en el Tecuán.
Rosy lanzó la convocatoria en las redes sociales. Llegaron al teatro del pueblo de la feria 30 mujeres. El 16 de noviembre del 2015 se constituyó el segundo grupo de tlacololeras en Chilpancingo.
Cuando comenzaron a bailar, luego luego llamaron la atención, recibieron buenos comentarios, pero también malos, llenos de discriminación, de machismo: “estás muy tonta para tronar el chirrión”, “no puedes bailar”, “eso es para hombres, “no te vas a aguantar el ajuar”.
Las catalogaron, pero nunca por su forma de bailar o por sus trajes sino por ser mujeres: “viejas pedorras”, “sarrapastrosas”, “guangas” y, el insulto más recurrente, “machorras”. “Hasta hoy hemos tenido que lidiar con el machismo. El machismo no nada más de afuera sino también de nuestros seres más cercanos”, dice Rosy.
–¿Por qué era importante hacer su propia danza de tlacololeras?
–Para demostrarme a mí misma que yo podía hacer algo que no estaba marcado para las mujeres. Siempre ha estado dicho que es para los hombres, que es algo muy rudo, muy pesado.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
Carlos Urzúa se convirtió en el tercer funcionario de primer nivel que renuncia a la llamada Cuarta Transformación en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su lugar, el presidente nombró como responsable de Hacienda a quien hasta este martes fue el subsecretario de ingresos, Arturo Herrera Gutiérrez, quien representa un aliado en su estrategia social
Texto: María Ruiz y Daniela Pastrana / Pie de Página
Fotografía: Especial/AMLO y María Ruiz
10 de julio del 2019
En su primer mensaje como secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez aseguró que el país tiene finanzas sanas y que no habrá cambios los objetivos macroeconómicos. Su nombramiento calmó el nerviosismo en los mercados que había provocado la renuncia de Carlos Urzúa.
“El país cuenta con finanzas públicas y privadas altas, el sistema financiero mexicano en lo general y el sistema bancario en particular tienen altos niveles de capitalización”, dijo Herrera, en conferencia de prensa.
Antes, el nuevo secretario de Hacienda –aunque aún debe ser ratificado en el cargo por el Congreso– agradeció la confianza del presidente por su nombramiento y confió en que el equipo con el que trabaja en la Secretaría no le fallará ni a él ni al país. También dijo que espera tener una relación constructiva con el Congreso y los estados.
“Desconozco los detalles o los casos específicos a los que se refería el Secretario Urzúa (en su carta de renuncia en la que habla de imposiciones) pero esa no fue mi experiencia como subsecretario y es el tipo de equipo con el que yo quiero seguir trabajando”, dijo.
Herrera enlistó los objetivos de la secretaria a su cargo: tener un superávit primario de 1 por ciento del PIB este 2019, un marco macroeconómico sólido, finanzas públicas sanas, respeto a la autonomía del Banco de México y un sistema financiero con suficiente capitalización.
“Yo no veo una recesión en puerta; sí estoy preocupado por la desaceleración mundial”, dijo el secretario, tras asegurar que ya está trabajando para blindar la economía en el Paquete Económico que se entregará al Congreso el 8 de septiembre.
Herrera fue, hasta este martes, subsecretario de Ingresos de Hacienda. Con su nombramiento, el presidente designa a un aliado en su estrategia social, pero también a alguien que puede generar confianza en la Iniciativa Privada. De hecho, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales dio a Arturo su voto de confianza:
“Reaccionó el presidente rápido nombrando de inmediato al subsecretario, hoy secretario Arturo Herrera, la verdad es que tiene un voto de confianza de la industria, hemos estado con él tratando todos los temas, realmente es con él con quien nosotros tratábamos todos los temas que teníamos con Hacienda”, expresó el presidente de CONCAMIN.
Más tarde la Asociación de Bancos de México publicó su aprobación al nombramiento del nuevo secretario y le reiteró al Gobierno de México su apoyo.
Posicionamiento de la Asociación de Bancos de México sobre la propuesta de nombramiento para Secretario de Hacienda y Crédito Público. pic.twitter.com/R03mSONISO
— Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) July 10, 2019
Quién es Arturo Herrera
Herrera Gutiérrez es el primer secretario de hacienda egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (plantel Iztapalapa). Estudió la maestría en Economía en El Colegio de México y el doctorado en Economía en la Universidad de New York (NYU). Ha sido profesor de teoría y política monetaria, macro y micro economía, tanto en el Comex como en NYU.
El ahora exsecretario Urzúa es matemático por el Tecnológico de Monterrey y por el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; cursó un doctorado en economía en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, y era el funcionario más respetado en el área.
De hecho, tanto Herrera como Urzúa estuvieron con Marcelo Ebrard en la reunión del G20, en Tokio.
En la conferencia le preguntaron si su nombramiento será solo para sacar adelante el paquete económico del próximo año. “Yo estoy absolutamente comprometido con este gobierno y estaré aquí hasta que el presidente lo determine”, respondió Herrera Gutiérrez.
La renuncia
Carlos Urzúa renunció acusando –sin dar nombres– la imposición de funcionarios sin conocimiento y con conflictos de interés, y decisiones de políticas públicas sin suficiente sustento como informó en una carta que compartió en Twitter.
“Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda. Sin embargo durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con un video en redes sociales donde anunció el nombramiento de Herrera.
“He tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el Secretario de Hacienda Carlos Urzúa. Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. Como es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, expresó en el video el presidente.
En el video, López Obrador explica que su nueva política está dando buenos resultados porque no ha crecido la deuda pública ni hay déficit además de que, según el presidente, el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en lo que lleva de gobierno.
Previo al nombramiento, Arturo Herrera adelantó a periodistas en Palacio Nacional que él se quedaría en Hacienda y agregó que “todo está muy bien”.
Tanto el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) como el de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), manifestaron su preocupación por la renuncia de Urzúa.
Enoch Castellanos de Canacintra tuiteó que México requiere una economía fuerte, finanzas sanas y políticas públicas con sustento, citando al ex secretario. Y Canacintra emitió un comunicado desde su cuenta oficial donde se manifiestan preocupados por las declaraciones de Carlos Urzúa:
Gustavo de Hoyos Walther publicó un video en el Twitter oficial de Coparmex donde habla de las denuncias de Urzúa sobre la falta de método y sustento además de la “revelación sobre una visión extremista de la gestión pública”, también exigió la investigación de los casos de conflicto de interés e imposición de funcionarios que mencionó Carlos Urzúa.
La estabilidad macroeconómica es condición para el desarrollo. La renuncia del titular de @Hacienda_Mexico es un indicador preocupante sobre la racionalidad en la gestión del @GobiernoMX. Recibimos la designación de Arturo Herrera con esperanza en la preservación de la ortodoxia. pic.twitter.com/MQFzj786zT
Después de la renuncia se registró una caída del peso mexicano de más del 2 por ciento y la Bolsa Mexicana de Valores una baja del 1.22 por ciento. El dólar subió de 18.903 a 19.55. Sin embargo, luego de anunciar a Arturo Herrera como nuevo secretario, el peso recuperó terreno.
El tema fue retomado por el secretario en la conferencia: “Efectivamente, cuando el secretario Urzúa lanzó su tuit hubo un cambio en la moneda nacional, un pequeño deslizamiento que se movió parcialmente, en el sentido inverso, cuando se hizo el anuncio de que yo iba a ser su sustituto. Quiero pensar que estas dos señales significan que los mercados querían mucho al doctor Urzúa, pero también me quieren a mí”
También aseguró que Urzúa habló con él y le dijo que “no pudieron haber elegido a alguien mejor”.
Gráfica de la página “PrecioDólar”: “El gráfico se compone de cuatro opciones principales; BANXICO” title=”Precio del dolar en BANXICO“>BANXICO (el banco central de México), bancos (un promedio de los 25 bancos que figuran en México), el mercado de dinero en tiempo real (también llamado de divisas) y una duración de los precios en dólares ofrecidos por los proveedores de tarjetas de crédito como Visa, MasterCard y American Express” según explicación de la página web.
Las renuncias de la 4T
La de Urzúa es la tercera renuncia de un funcionario de primer nivel que se da en los siete meses de gobierno de López Obrador. El primero en renunciar fue Germán Martínez Blanco, quién el 21 de mayo dejó su cargo como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, tras acusar la ” injerencia perniciosa” de funcionarios de Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por Urzúa que ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y de prestación de servicios de la institución. Esas injerencias, dijo, son de “esencia neoliberal”.
Cuatro días después siguió la renuncia de Josefa González Blanco a la Secretaría del Medio Ambiente, después de la polémica que provocó por haber solicitado el retraso de un vuelo comercial al que llegó tarde.
Un cambio forzado fue el de Tonatiuh Guillén renunció al cargo de director del Instituto de Migración en junio, y fue sustituido por Francisco Garduño. La sustitución se debió al viraje en la política migratoria de México para responder a la amenazada de Estados Unidos de provocar una guerra comercial si México no frenaba la migración.
Otros subsecretarios que han renunciado son: Simón Levy de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur) por motivos personales; Patricia Bugarín de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también por motivos personales y Clara Torres Armendáriz del programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar, luego de que se cancelara el programa y Gualberto Ramírez de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Era la mañana de un domingo de febrero del 2008. En el auditorio del entonces Fideicomiso para el Mejoramiento Integral y el Desarrollo de las Artesanías Derivadas de la Industria de la Palma (Fidepal), en la cabecera de Chilapa, la organización campesina Movimiento Social de Izquierda que encabezaba Ranferi Hernández Acevedo, realizaba su asamblea.
A la escena entró una mujer delgada, morena, alta, con vestido colorido, el traje tradicional de su pueblo, Rincón de Chautla, para tomar la palabra. Era la primera vez que lo hacía en público. Se hizo de valor para exigir la libertad de dos de sus hijos que estaban recluidos en el penal de Chilapa desde dos años atrás.
Era Escolástica Luna, una mujer nahua que había emprendido sola una lucha casi imposible: buscar justicia. En una de las bolsas de su vestido llevaba una cámara fotográfica que utilizaba para dejar registro de su labor, también para no perder evidencias.
Del miedo a dirigirse a un público desde un micrófono, doña Escolástica pasó a participar en ese 2008 como oradora en un mitin por el aniversario de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez perpetrada en junio de 1995 por parte de la policía de Guerrero, gobernado por Rubén Figueroa Alcocer.
A partir de entonces participó en movilizaciones en Tlapa, Chilpancingo, Acapulco, Iguala y en la Ciudad de México, además consiguió para su comunidad el rastreo de su camino de entrada empinado y agreste, fertilizante y lámina para las viviendas de todas las familias.
“En ese tiempo yo nunca salía de mi casa, siempre estaba en mi casa pero ya que fueron a encerrar a mis hijos tuve que salir a muchas partes, ni una oficina de Chilapa conocía”, recuerda.
Dos años atrás sus hijos Bernardino y David Sánchez Luna fueron detenidos junto con otros seis pobladores de Rincón de Chautla, acusados del asesinato de dos hombres originarios de Zacapexco, una comunidad vecina.
El 10 de mayo del 2006 por la noche, recuerda bien Escolástica, policías ministeriales llegaron hasta la comunidad para detener a David Sánchez; los demás pobladores fueron detenidos por la misma acusación cuando acudieron a visitarlo al reclusorio en Chilapa. Otros dos pobladores contaban con órdenes de aprehensión.
“Dicen que según ellos (sus hijos y vecinos) acá arriba, en el monte, mataron. Fue mentira porque no les pudieron comprobar, pero se tardaron dos años con 10 meses en la cárcel”, dice la mujer.
En ese tiempo, Escolástica ni siquiera había entrado a una oficina en Chilapa, desconocía los laberintos de la burocracia. No se imaginaba lo difícil que es pedir justicia en este país.
En esos días en la comunidad sólo quedaron niños, mujeres y algunos ancianos. A Escolástica la nombraron comisaria municipal y, además de exigir la libertad de sus hijos, también demandó mejoras, servicios, obras para su pueblo.
El conflicto
En 2010, cuenta Escolástica Luna, los líderes de Zelocotitlán pidieron a los comisarios de Zacapexco y Rincón de Chautla firmar un acta para entrar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede). El proyecto incluía hacer un campamento en un lugar conocido como Yerbabuena.
“No quisieron firmar los comisarios (de Zacapexco y Rincón), no sellaron, por eso empezó este problema. Pero nosotros ya sabíamos cómo trabajaban (los de Zelocotitlán), que a uno que no quiere ir lo secuestran y lo matan, por eso preferimos la Policía Comunitaria”. En septiembre de 2014, Rincón de Chautla, colonia Emperador, Papaxtla, Zacapexco y Zompeltepec del municipio de Chilapa; Ayahualtempa y Tlachimaltepec del municipio José Joaquín de Herrera conformaron su policía comunitaria adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Como se negaron a trabajar con ellos, continua Escolástica, los pobladores de Zelocotitlán comenzaron con el acoso.
“Aquí ya venían unos de otros pueblos, echaban balazos. Los de Zelo nos empezaron a exigir que trabajáramos con ellos pero nosotros no quisimos, como el pueblo no quiso empezaron los problemas. Decían que si queríamos trabajar con ellos entonces iba haber paz pero no quisimos”.
En 2015, los pobladores de Zelocotitlán también se aglutinaron a un grupo armado autodenominado Policía Comunitaria Por la Paz y la Justicia, a quien las autoridades acusan de la desaparición de al menos 16 jóvenes en Chilapa cuando unos 300 hombres armados irrumpieron para detener a supuestos integrantes de una organización criminal.
El saldo desde diciembre de 2018 a la fecha han sido el asesinato de 20 personas y una docena de desaparecidos.
El 19 de diciembre, en la localidad Paraíso de Tepila, un matrimonio fue asesinado; el grupo Paz y Justicia acusó a los policías de la CRAC-PF del crimen. La comunidad ahora convertida en un pueblo fantasma estaba dividida entre los dos grupos y con este hecho no han cesado las hostilidades.
Ese mismo día, los policías comunitarios de Paz y Justicia incursionaron y expulsaron de Paraíso de Tepila a los integrantes de la CRAC-PF, además de instalar un reten en el crucero de Rincón de Chautla; fue en este momento, según las autoridades de la CRAC, que desaparecieron 12 personas, entre ellos 10 menores de edad y niños:
Rosaría Ignacio Melchor, de 60 años de edad; Alberto Espiridión Ignacio, de 40 años; Antonia Andraca Celedonio de 36; Ángel Espiridión Andraca, de 17; Rosaria Espiridión Andraca, de 15 años; Sergio Espiridión Ignacio, de 12; Jorge Espiridión Andraca, de 12; Emiliano Espiridión Andraca de 9; Juanita Espiridión Andraca de 7; Elena Espiridión Ignacio de 6; Zacarías Espiridión Andraca, de 6 y Anita Espiridión Andraca de 3 años.
El 27 de enero por la mañana 10 policías del grupo Paz y Justicia fueron emboscados y asesinados cuando se dirigían al reten en el crucero de Rincón; más tarde se reforzaron e intentaron entrar a la comunidad donde fueron repelidos por la CRAC-PF; ahí fallecieron otros dos integrantes de Paz y Justicia.
El 4 de mayo, fueron asesinados en el bulevar de Chilapa un consejero regional de la CRAC-PF y su acompañante en el bulevar de Chilapa; y el 16 del mismo mes fue asesinada una pareja de San Jerónimo Palantla en las inmediaciones de ese pueblo.
El 11 y el 17 de mayo, Rincón de Chautla y Zacapexco saltaron a la escena nacional con la difusión de dos videos donde niños, niñas y mujeres aparecen recibiendo adiestramiento en el manejo de armas con rifles de madera y escopetas para integrarse a las filas de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF y defenderse.
La mañana del viernes 24 de mayo, en la carretera Chilapa-Tlapa fueron hallados en bolsas negras los restos de un comandante regional y de un policía comunitario de la CRAC-PF; un día antes habían salido de Xicotlán a comprar víveres a Chilapa.
Ante la presión social por la difusión de esos videos y los hechos de violencia, la autoridades por fin reaccionaron. En el entronque que conduce a Rincón de Chautla y Zacapexco, soldados del Ejército instalaron un puesto de vigilancia.
El gobierno de Chilapa y de Guerrero volteó a verlos unos días. Les mandaron un profesor de primaria, empezó la construcción de unas gradas de la cancha y les enviaron medicinas.
Para Escolástica es insuficiente. Dice que se necesitan escuelas desde preescolar hasta secundaria con desayunos escolares, una clínica de salud con por lo menos un personal de enfermería y la pavimentación de unos cinco kilómetros desde Zacapexco al crucero que va a la entrada de Rincón. También una tienda de abasto popular.
El adiestramiento
De la detención de sus hijos han pasado trece años. Ahora es una tarde de junio del 2019 y Escolástica está sentada en medio de la cancha multiusos de Rincón de Chautla. Ya tiene 70 años.
Junto con otras mujeres recibe el adiestramiento en el manejo de las armas, no para hacer daño, dice, sino para defender a su comunidad de asedio de una organización criminal que opera en esa región de Chilapa.
Como en aquella asamblea, Escolástica tiene un vestido verde con listones delgados color naranja bordados, un mandil amarillo con vivos azules que le cubre la parte frontal del cuerpo, un suéter rojo que tiene el logotipo de una escuela privada y unos huaraches de plástico.
Permanece sentada con la espalda recta y en su mano derecha sostiene una escopeta de uno o dos disparos expansivos; con la mano izquierda de piel áspera y de venas marcadas hace ademanes que acompañan sus dichos.
“Nosotros lo que buscamos es defender a nuestra familia. Yo le voy a entrar para defenderlos”, dice segura la mujer.
Agrega: “Quiero que las mujeres también aprendan pero no para hacer mal, para hacer el bien de su pueblo, de sus hermanos, de los niños, para que sepan defenderse.
“Nos organizamos para podernos defender, porque ya el gobierno creo que como dicen no se alcanza o no quiere apoyarnos, pero nosotros mismos nos podemos apoyar, tanto hombres y mujeres”.
Desde enero y de manera gradual, Rincón de Chautla se convirtió en una isla enclavada en medio de cerros: sus pobladores no pueden viajar a los dos centros de abasto de la región, Chilapa y Hueycantenango, porque hay presencia de personas armadas que ya han asesinados a varios de ellos. No pueden salir a comprar.
Tampoco pueden entrar comerciantes a abastecer alimentos, bebidas ni ropa. Ya nadie entra a vender, ni el camión de la Coca ni el de la Pepsi.
“Ni por la ropa, no podemos ir a Chilapa, ni a Hueyca. Ni modo, se va acabar la ropa y ya no podemos salir”, expresa Escolástica.
Por el conflicto armado que viven, a Rincón de Chautla se fueron los pocos profesores, los médicos no porque nunca han tenido ni una casa de salud.
“Si los niños tuvieran maestros pues que estudien pero ya que no tienen maestro que aprendan a defenderse”.
Este aislamiento lo están resistiendo al límite: el pueblo vive con una dieta básica de alimentación y se curan con remedios naturales.
“Lo bueno de nosotros es que sembramos, tenemos maíz, tenemos frijol, lo que nos falta es sal, jabón”.
Desde esos episodios de diciembre de 2018, los pobladores de Rincón de Chautla no han parado de pedir seguridad a las autoridades y hasta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, los representantes del gobierno les respondían que no había justificación ni evidencias para que acudieran a esa zona.
“¿Para cuándo ya me mataron van a venir?, ¿ya a qué viene el gobierno?”, reclama la mujer a la inacción gubernamental.
Escolástica es de las fundadoras de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, en los primeros años y en 2018 fue la coordinadora de este grupo.
Después de la charla, Escolástica regresa con las demás mujeres que viven en su pueblo y que también permanecen armadas. Ya han marchado por la cancha y ahora se preparan para hacer guardias de vigilancia.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
El 10 de mayo del 2006 por la noche, policías ministeriales detuvieron a dos de sus hijos acusados de asesinato. Ecolástica comenzó a exigir su libertad, pero nunca había entrado a una oficina, desconocía los laberintos de la burocracia. No se imaginaba lo difícil que es pedir justicia en este país. En esos días, los hombres del pueblos huyeron por el temor de ser detenidos también, sólo quedaron niños, mujeres y algunos ancianos. A Escolástica la nombraron comisaria municipal y, además de exigir la libertad de sus hijos, también demandó mejoras, servicios, obras para su pueblo.
Rincón de Chautla, junto a otras 16 comunidades nahuas que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC- PF) viven en medio de una pugna desde hace 13 años. En esta última etapa, de diciembre del 2018 a la fecha, 20 personas fueron asesinadas y 12 desaparecidas. Explican que la delincuencia pretende vaciar la zona.
Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Luis Daniel Nava
8 de julio del 2019
Rincón de Chautla, Chilapa
1
Niños con uniformes escolares corren alrededor de la comandancia de la Policía Comunitaria de la comunidad de Rincón de Chautla, a una hora de Chilapa. Los niños juegan al combate y se disparan con unas pistolas de madera que les hicieron para entrenarlos.
Los policías comunitarios llegan a la cancha de usos múltiples y también lo hacen las mujeres de esta pequeña comunidad y de otras tres vecinas: Zacapexco, Alcozacan y Ayehualtempa. Sus trajes amarillo canario, rosa mexicano, anaranjado y verde limón alegran esta mañana nublada y fría. Mientras las mujeres desfilan en la cancha de usos múltiples portando sus rifles, los niños juegan.
Rincón de Chautla, junto a otras 16 comunidades nahuas que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC- PF) viven en medio de una pugna desde hace 13 años. En esta última etapa, de diciembre de 2018 a la fecha, de acuerdo a recuentos periodísticos, 20 personas fueron asesinadas y 12 desapariciones forzadas. Explican que la delincuencia pretende vaciar la zona.
Es lunes 10 de junio del 2019. Ha pasado casi un mes del video que se viralizó en internet en el que cinco niños y tres niñas, de entre siete y nueve años, marchan como militares y luego de la posición de firmes uno de ellos lee un comunicado.
–Como pueblo no vamos a dejarlos solos. Es nuestra palabra contra la de los sicarios. Nos matan un comunitario y vamos por 10 sicarios… Los niños y niñas que hoy somos sobrevivientes de los ataques sanguinarios seguimos en la lucha, porque sabemos que van a regresar y van a atacar a nuestra policía, –dijo un niño de unos ocho años frente a las cámaras en el video que compartió la misma Policía Comunitaria.
Y ya son casi seis meses de la irrupción de hombres armados con rifles a la comunidad. Ese día, según reportes oficiales, hubo 12 muertos. Todos de fuera. La gente de Rincón de Chautla asegura que se defendió de una nueva agresión de una organización criminal.
En esta comunidad nahua, son los niños y las mujeres quienes llevan las huellas indelebles de los asesinatos, desapariciones y encarcelamientos de sus papás, hermanos, tíos, primos y amigos. Desde 2006, los niños y las mujeres cobran un papel activo en la defensa de su pueblo, enclavado en Chilapa, uno de los municipios con más muertos y desaparecidos después de Chilpancingo y Acapulco.
Hoy los niños no entrenan. Quizá no lo hagan más. El policía comunitario Policarpo Rodríguez, de 59 años, cuenta con un español accidentado, que hay posiciones encontradas acerca del entrenamiento de los niños. Después del video del 12 de mayo y la atención mediática recibida, el único maestro de la comunidad –porque las dos maestras más no van ante la situación de riesgo–, fue quien les pidió dejar fuera a los niños.
–Fue algo desesperado, porque estamos desesperados, –reconoce Rodríguez.
2
Rincón de Chautla está en una colina. Desde el mirador del crucero que lleva tanto a Chilapa como a José Joaquín de Herrera (Hueycatenango), se observan árboles frondosos que acompañan el camino agreste de tres kilómetros. Pinos y maleza del campo. Cuesta abajo, se ve la tierra rojiza como el color de los ladrillos de las casas. Mientras todos se organizan en la cancha, cuatro mujeres ponen a asolear maíz encima de dos petates de palma.
Es el día 14 después de los hechos del 27 de mayo. Las mujeres de los petates de palma cuentan que la comida es escasa. El punto geográfico de su comunidad obliga a ir a Chilapa o a Hueycatenango por víveres. Dicen que esa es su desgracia. En cada lado operan diferentes grupos de la delincuencia organizada que les impiden traer comida.
Los niños juegan mientras los grandes platican de lo que ha pasado en el pueblo. Juegan y pasean alrededor de los testimonios de cómo fue desde el 2006, Rincón Chautla, un refugio pero también lugar donde han contado asesinatos. Acá está gente de Paraíso Tepila, una comunidad vecina cuyas familias se desplazaron desde el 19 de diciembre, fecha en la que hombres armados irrumpieron y desaparecieron a 12 integrantes.
Policarpo Rodríguez, uno de los policías comunitarios desplazados de Paraíso Tepila, no se acostumbra a extrañar a sus 12 familiares: no quedó rastro de ellos desde el 19 de diciembre del 2018. Este 10 de junio luce angustiado portando su rifle.
El señor, a quien no le disgusta que le tomen fotos, dice que civiles armados del Movimiento por la Paz y Justicia –a quienes identifica con el grupo “Los Ardillos”–, instalaron en diciembre pasado retenes en la carretera Chilapa-Hueycatenango, y en el crucero de Paraíso Tepila raptaron a sus 12 familiares, todos salían huyendo, tres eran niños.
Un acontecimiento tras otro. Por eso fueron las señoras quienes alzaron la mano para ser entrenadas y accedieron que sus hijos recibieran esa educación marcial. Para ellas sólo hay dos opciones: se defienden o se van.
3
Las mujeres se arremolinan a contar sus historias. Dos de ellas están viudas por los últimos acontecimientos de mayo. En específico sus maridos fueron asesinados y despedazados el 23 de mayo.
En la cancha, cargando a su bebé de tres meses está una mujer. Tiene 23 años de edad y una tristeza que le sale por los ojos y le quita el cabello. Es viuda y ahora madre soltera: piensa constantemente en el futuro de su bebé y el de su hija de cinco años de edad, quien aún piensa que su papá regresará.
Su esposo Isaías Xanteco Ahuejote de 25 años de edad fue asesinado junto a Bartolo Hilario Morales de 39 años de edad, quien había sido coordinador de la CRAC-PF. El 24 de mayo los restos de ambos fueron localizados sobre la carretera Chilapa-Tlapa a la altura de un lugar conocido como Las Antenas. Esto sólo 20 días después de los asesinatos de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, en Chilpancingo el 5 de mayo.
Todos adheridos al Congreso Nacional Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La organización exigió justicia por esas muertes y los hechos en la zona.
Para ella, quien tiene una voz baja y delgada, iban tras Bartolo Hilario Morales. Él le había pedido un viaje a su esposo. Isaías era chofer. Saldrían de su colonia Tula, a sólo 10 minutos de Rincón Chautla. Ella le dijo que no fuera, que pasar por Hueycantenango era difícil. El control territorial ejercido en la última década era una advertencia por sí misma. Fue.
Cree que “quizás al señor ya le traían algo”. Su suegro le dijo a su esposo que no fuera, que no importaba que le hubiesen pagado el viaje redondo. Le dijo claro: “no te vayas con ese señor, a ese señor ya sabemos que lo quieren agarrar”. Isaías necesitaba llevar el sustento a su casa. La situación de escacez empezó desde el año pasado: no era viable salir de la zona indígena a Chilapa. Por eso Isaías estaba ideando con otros choferes una nueva ruta: Alcozacán-Chilapa.
El jueves 23 de mayo cuando Isaías le prometió que no habría problema, ese día desapareció. Ella no tiene celular. Salió a las 12 del día, pero fue hasta las 18:00 horas cuando la familia se alarmó. Su suegro y sus hermanos intentaron marcarle sin éxito. Mandaba directo a buzón. Isaías solía darse una vuelta a su colonia, en sus jornadas de chofer.
No hubo aviso de nada. Hasta que sus cuñados vieron vía Facebook que habían raptado a dos hombres, pensó que podía ser Isaías. Lo último que le dijo que la ruta saldría de Colotepec, otra comunidad cercana, y varios choferes ya estaban formando otra organización de carros.
“No se dedicaba a otra cosa. Sí, ya la había hecho de policía comunitario, en 2016 lo metieron y cambió en 2017, pero eso ya había pasado, él nomás estaba de chofer trabajando la ruta. Tenía 28 años”, relata al tiempo que abraza a su hija y se seca las lágrimas al contestar que no sabe qué hará sola.
Para ella no fue fácil tomar la decisión de aprender a matar. Apenas habían pasado 20 días del asesinato de Lucio Bartolo y Modesto Verales. La angustia del jueves se prolongó hasta el domingo 26, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) entregó a ella y a la esposa de Bartolo, los cuerpos para sepultarlos.
“Podríamos estar tranquilos, porque ahorita estamos viviendo con miedo. Queremos vivir tranquilos”, repite. Ella, junto a otra mujer, viuda con seis hijos, por la muerte de Bartolo. Están en la cancha esperando indicaciones de sus siguientes acciones. Parece que las autoridades creen que el nombre del Rincón debe estar a tono con su condición de marginalidad. Calculan ser unas 140 familias, todas necesitando despensas, certezas y justicia.
Del carro donde iban sus maridos no se sabe nada, coinciden. Ni eso le han podido entregar. Vive sola. No cuenta más que con el apoyo de su mamá, quien saca unos pesos de lavar ajeno y hacer cintas de palma soyamiche.
No puede trabajar, con la niña pequeña es complicado ir al campo. “Recogemos de todo. Sembramos milpa, ahorita este trabajo hay aquí. De las ocho de la mañana, de las cinco a las seis. Como está chiquita no sale tanto, le doy pecho”, cuenta que por esas labores del campo recibe 100 pesos en una jornada completa.
“Estaría dispuesta de defenderme, es para el bien de mis hijas, ¿quién las va a cuidar si no tienen papá?”.
4
El 12 de mayo, los policías mayores se organizaron y enseñaron a los niños posiciones básicas de tiro y portación de armas: es lo único que se aprecia en el video difundido, siete días atrás en el bulevar de Chilapa fueron encontrados dentro de una camioneta muertos dos policías comunitarios.
El gobierno del priista Héctor Astudillo Flores reaccionó tres días después. Envió a una comisión de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno acompañados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG). Para el 15 de junio se comprometieron a responder las demandas de las 17 comunidades, en total con 18 mil habitantes según cálculos de la gente: no ocurrió ni de cerca.
“Invocamos al derecho que tienen los niños a un esparcimiento, a un desarrollo que tenga que ver con el respeto a la dignidad de ellos mismos”, dijo el ombudsman guerrerense, Ramón Navarrete Magdaleno. “No podemos permitir que haya niños en esa actividad, en esas tareas de seguridad”, advirtió tajante. Se comprometió a revisar de inmediato el tema: tampoco ocurrió.
Desde 2006 han protagonizado pugnas entre grupos que ellos identifican con “Los Ardillos” porque, según cuentan, quieren desplazar a todos. Hay una mina de carbón, hectáreas dispuestas para la agricultura y son paso directo para hacer negocios con otros municipios; además, desde hace casi dos décadas también es una zona amapolera.
David Sánchez Luna está coordinando la reunión de este 10 de junio en Rincón. Él, junto a su hermano Bernardino fueron detenidos de manera injusta junto con otros seis pobladores de Rincón de Chautla en 2006, acusados de un doble homicidio.
Aunque ninguno de los ocho asesinó a los hombres originarios de Zacapexco, estuvieron en la cárcel dos años y 10 meses. Sus esposas y su madre, Escolástica Luna, mantuvieron las actividades de su pueblo y una lucha hasta que lograron que salieran. Ellas lidiaron con las tareas del hogar, los niños y la tierra.
Los policías comunitarios recuerdan que es la segunda generación de niños que asumen este liderazgo. Tres jóvenes que en 2006 vivieron los encarcelamientos injustos y las sepulturas de sus allegados, son policías desde 2016.
David recuerda que hay demandas históricas, pero hoy pide la investigación a fondo de los 12 desaparecidos en la comunidad de Paraíso Tepila, la detención de los responsables que atacaron a su comunidad el 27 de enero del 2019, cancelación de 66 órdenes de aprehensión de la comunidad de San Jerónimo Palantla y liberación de su compañero Godofredo Cortés Reyes de la misma comunidad.
También la devolución de cinco camionetas que quedaron decomisadas por la policía comunitaria de Rincón de Chautla, durante el enfrentamiento del 27 de enero; entrega de apoyo monetario de programa Prospera en la comunidad de Rincón de Chautla y Zapapexco por motivo de amenaza del grupo “Los Ardillos”.
Dice que también les hace falta equipamiento para la CRAC, porque Rincón está a más de una hora de Chilapa y nunca va la policía municipal, ellos han tenido que encargarse de esa tarea de seguridad pública; así como una ambulancia para el traslado de los enfermos, porque no tienen servicios médicos; la construcción de una tienda campesina en Rincón de Chautla, entre otras, que garantizarían por lo menos que su cotidianidad continuara.
“Nos están persiguiendo. Desde 2015 contamos con órdenes de aprehensión. Suman 66 las órdenes a la fecha. Nos lo querían fabricar a 27 más”, explica.
David narra que el 27 de mayo llegaron en camionetas decenas de hombres que identifican con el grupo delictivo “Los Ardillos”, pero ellos repelieron la agresión, por primera vez las mujeres y los niños se colocaron en posiciones de alerta.
El Chino, un supuesto delincuente de ese grupo llegó en una camioneta blindada con las puertas abiertas, cubriendo a los demás. Gritó: “¡venimos a romperles su madre!”. Luego lanzaron rafagas al viento. El pueblo, como su nombre lo dice, está en un rincón cuesta abajo, así que cuando escucharon los disparos, ellos activaron sus armas también.
Esa agresión, según recuerda David, duró una hora y media. Hasta después de las 17:00 horas. Luego intuye que se regresaron heridos. Según sus cálculos unos 88 hombres resultaron heridos, pero la FGE reporta sólo dos muertos de lo que llamó enfrentamiento, y los comunitarios agresión directa.
Desde septiembre del 2014, que Rincón de Chautla, colonia Emperador, Papaxtla, Zacapexco y Zompeltepec del municipio de Chilapa; Ayahualtempa y Tlachimaltepec del municipio José Joaquín de Herrera se adhirieron a la CRAC-PF, escenas como la última han ocurrido con frecuencia. Sólo han contenido las agresiones.
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En el crucero donde fue la agresión en enero está un puesto militar que se instaló a inicios de junio. Los militares aseguran que no han tenido problemas, que a ellos nadie los ha intimidado, mucho menos amenazado.
Abajo está la comunidad pequeña de unas 20 familias, no más de 100 habitantes. Los 10 niños que van a la secundaria, acuden a Zacapexco, una comunidad a 10 minutos de ahí. La primaria es bilingüe y multigrado. Los 20 niños van mezclados de primero a sexto. Los atiende un solo maestro, había otras dos maestras que por miedo decidieron no regresar. El nivel de aprovechamiento escolar es bajo, confiesan los habitantes: los niños han tenido hacen sus actividades académicas al tiempo que se refugian de ataques.
En Guerrero, cerca de 62.5% de la población que vive en situación de pobreza se concentra en 20 municipios, uno de éstos es Chilapa, donde las más pobres son las comunidades indígenas. En 40 por ciento de este territorio no hay drenaje, el mayor grado de escolaridad es la secundaria y hay migración a Estados Unidos por falta de oportunidades, de acuerdo con varios indicadores del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional.
Los niños que juegan a matarse pertenecen al grupo de nueve de cada diez que hablan alguna lengua y son pobres, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
¿Qué pasa en la comunidad nahua de Rincón de Chautla que sus mujeres y niños han tenido que entrenar para matar?
Joaquín Sánchez Guadalupe, el papá de David y Bernardino Sánchez Luna, responde con orgullo: “pasa que tenemos dignidad”.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
Niños del preescolar Ve’e na valí isavi [La casa de los niños de la lluvia] de la comunidad de Yuvinani de Metlatónoc, en la Montaña de Guerrero, terminaron su curso escolar.
La celebración fue especial: estuvo marcada por sus tradiciones, sus costumbres y, además, fue ecológica.
Este año, el profesor Leonel Rivero Espinobarros organizó a los padres de familia para que a la ceremonia los niños acudieran con el traje tradicional del pueblo: con los huipiles y camisas bordadas con las figuras que les dejaron sus antepasados.
Pero no sólo eso, los bailables fueron cantos escritos y musicalizados por los mismo pobladores, como las del escritor, Saúl Rivera Mercenario: El Toro meco y El Cuervo, canciones que son ya parte de la vida del pueblo.
El vals fue tocado por uno de los mejores músicos del pueblo de Yuvinani, Emiliano Salazar Solano quien dirigió la música con el violín en acompañamiento del profesor Raymundo Ramírez con la guitarra.
El profesor Leonel Rivera explicó que la intención de volver hacer las clausuras de esta forma es para rescatar las tradiciones y evitar que se pierdan en las nuevas generaciones.
En esta clausura no todo fue tradición: también ecología. En la celebración los profesores y los padres y madres acordaron no usar vaso, ni platos de plástico o unicel, ni tampoco las decoraciones.
Por ejemplo: las tradicionales figuras de golondrinas las hicieron con cuadrille y la manta fue tejida en punto de cruz.
Los demás adornos los consiguieron en sus bosques: en lugar de lazos, usaron enredaderas, esas que sus antepasados ocupaban para jalar grandes vigas o construir puentes. Para las boas usaron yuja de ocote. De los árboles más grandes consiguieron orquídeas silvestres.
Virginia Torrescano Grande sabe que sin el fertilizante sus tierras producen menos y, producir menos, siempre tiene implicaciones: no cosechará el maíz suficiente para comer tortilla todo el año y puede desaparecer esa pequeña fuente de ingreso con la que no resuelve su vida pero sí para comprar las medicinas que necesita su esposo, Andrés Chocolate Trejo.
Virginia tiene 79 años y desde los 17, cuando se casó con Andrés, siembra y cosecha maíz, frijol y calabaza con lo que alimentó a sus nueve hijos, aunque ahora sólo les quedan seis, porque tres murieron.
Virginia nació en Apango, municipio de Mártir de Cuilapan, y ahí vive con Andrés desde hace 55 años.
Hace diez años, a Andrés se le comenzaron a hinchar los pies, las manos y la barriga. No sabían exactamente por qué y decidió ir al médico. Le diagnosticaron insuficiencia renal. Desde entonces, tiene que hacerse diálisis para disminuir los embates de la enfermedad.
La capacidad de Andrés se fue mermando. Dejó de hacer sus actividades hasta que un día abandonó el campo. No tenía las fuerzas suficientes para levantarse e ir a sembrar, fertilizar, abonar y cosechar la milpa.
Entonces, Virginia asumió toda la responsabilidad.
Virginia tiene 79 años y desde los 17, cuando se casó con Andrés, siembra y cosecha maíz, frijol y calabaza con lo que alimentó a sus nueve hijos, aunque ahora sólo les quedan seis, porque tres murieron.
Mientras lees esta historia probablemente alguna carretera esté siendo bloqueada, una dependencia tomada o algún funcionario público retenido por decenas, tal vez, cientos de campesinos que exigen la entrega del fertilizante. Así lo han hecho las últimas semanas.
Desde mayo, lo esperan para abonar sus plantas de maíz, pero en la mayoría de los pueblos de Guerrero no ha llegado el insumo.
En este ciclo agrícola, el gobierno federal decidió absorber el costo y la distribución del insumo. Es la primera vez que la Federación quita esa responsabilidad al gobierno del estado y a los municipios en los 24 años en que se instauró el programa de entrega de fertilizante en Guerrero.
El gobierno federal implementa en Guerrero el programa piloto de entrega de fertilizante gratuito, porque piensa ampliarlo a todo el país.
Los últimos tres años lo entregó el gobierno estatal; antes el insumo era cubierto con inversión tripartita, es decir, entre el gobierno estatal, los ayuntamientos y los campesinos.
Este año, el atraso provocó la movilización de organizaciones campesinas auténticas y otras ligadas a partidos político, al PRI y al PRD, principalmente. En los últimos días, por todas partes, salieron campesinos a exigir el fertilizante.
Unas se radicalizaron: en las regiones Montaña, Tierra Caliente y Costa Chica retuvieron a funcionarios de la Secretaría del Bienestar, a subdelegados del gobierno federal y alcaldes.
Mientras más se alarga el retraso la incertidumbre aumenta. El gobierno del estado y organizaciones sociales, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, alertan de una posible crisis alimentaria y migratoria.
Para las comunidades rurales y, sobre todo, para los pueblos originarios, unas 529, 780 personas, según registros oficiales, las cosechas de maíz son indispensable para su alimentación. La tortilla es la base de su alimentación.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió que si los campesinos de la Montaña no reciben el fertilizante, los pueblos de esta región enfrentarán una crisis alimentaria por la baja en la producción de granos básicos y, esto, provocará el incremento en la migración.
“Si de por sí la gente es vulnerable, con el retraso de la entrega de fertilizante, la gente prefiere salir de sus pueblos, le apuesta más al ingreso económico como jornalero que como productor en sus comunidades”, advirtió.
En el estado de Guerrero se siembran 453,771 hectáreas y se cosechan 2.88 toneladas de maíz, en promedio, según datos oficiales.
Son las 12 del día del 26 de junio en Apango. En una bodega ubicada a la salida del poblado están decenas de campesinos formados para recibir el fertilizante. Primero pasan con los “Servidores de la Nación”, les verifican los documentos que acreditan la propiedad de sus tierras y les entregan un vale. Con el vale en mano vuelven hacer otra fila para que les entreguen, por fin, el insumo.
En esas filas se formó Virginia junto con su esposo Andrés. Llegaron desde las ocho de la mañana y hasta las 12 de la tarde recibieron el insumo pero incompleto: le dieron seis bultos, cuatro de sulfato y dos de granulado. Faltó el biofertilizante y la semilla mejorada que prometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Desde hace diez años, Virginia siembra tres hectáreas de maíz y fueron las que registraron en el programa de fertilizante del gobierno federal.
Antes con su esposo Andrés no se ponían límites, cosechaban las hectáreas que les permitía su capacidad, seis, siete.
Ahora sólo siembran tres porque es hasta dónde puede Virginia. Hasta donde le dan sus fuerzas.
–¿Y por qué no pidió el fertilizante para las otras dos hectáreas?
–Pues como te lo dan gratis, uno qué puede decir –dice Virginia resignada mientras descansa en una pequeña silla de madera en medio de la sala de su casa.
–¿Piensa comprar el fertilizante que le falta?
–No, no tengo dinero, ya gasté mucho.
Para este ciclo agrícola, Virginia ya gastó 3,700 pesos en los preparativos: un tractor para barbechar, unas bestias para hacer los surcos y contrató trabajadores para sembrar.
Para juntar esos 3,700 pesos, Virginia tuvo que vender el maíz que le quedaba de reserva, sus guajolotes y sus rollos de cintas de palmas de soyamiche, materia prima para artesanías guerrerenses, que se lo pagan a ocho pesos cada uno. No le alcanzó, buscó ayuda con sus hijos.
Virginia está preocupada: con los seis bultos que le dieron apenas y podrá fertilizar una hectárea, las otras dos quedarán sin el abono.
“La tierra necesita el fertilizante, el problema es que ya se acostumbró a que se le eche y puede que la plantita no crezca igual”, dice Virginia.
No aplicarlo implica un riesgo: que no logre cosechar las cinco cargas, los casi 28 bultos de maíz que ha recogido cada año en los últimos diez. Eso implica otro riesgo más directo e inmediato, no tendrá el maíz suficiente para comer durante todo el año próximo y para comprar las medicinas que necesita su esposo, sobre todo cuando se agrava.
Cuando Andrés tiene una crisis y necesita ser atendido, Virginia corre a los tambos donde tiene guardado el maíz, lo organiza en medidas, 12 kilogramos cada una, y sale a ofrecerlo a los molinos y a las señoras que venden tortillas. Por cada medida le dan 50 pesos, así lo hace hasta que junta el dinero de las medicinas.
No tener dinero para atender a su esposo la agobia, sobre todo, después de que hace unos días recibió una noticia: Andrés fue diagnosticado con problemas en la próstata. Virginia no sabe si es cáncer. El médico sólo indicó que ya era tarde para operarlo.
El viernes 28 de junio el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, Víctor Villalobos Arámbula, afirmó que el 15 de julio se entregará el fertilizante en un 100 por ciento, aunque apenas han entregado un 25 por ciento.
Villalobos Arámbula explicó que en Guerrero hay más de 70,000 toneladas del fertilizante en bodegas y se han distribuido otras 27, 641.
El atraso en la entrega del fertilizante está al límite, incluso, el 15 de julio puede ser tarde ya. Por ejemplo, Virginia ya sembró y sus plantas de unos 20 centímetros están listas para la primera fertilización. Así ocurre en casi todo el estado.
Pero, ¿por qué se atrasó tanto la entrega del fertilizante? Pueden ser varias causas: la falta de planeación, la logística, pero, también, pleitos entre políticos. Este pleito ha traído el resultado obvio: nula coordinación, sólo confrontación.
El conflicto por el retraso es otro encontronazo entre el gobernador Héctor Astudillo Flores y el delegado único del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.
La disputa entre el gobernador y el delegado viene de más atrás: desde 2015, cuando ambos fueron candidatos a la gubernatura, Astudillo Flores por el PRI y Sandoval Ballesteros por Morena. Aunque ha tenido varios momentos, como cuando no se ponían de acuerdo en el presupuesto de egresos para este año; en ese tiempo Sandoval Ballesteros era diputado local y líder de la bancada de Morena, mayoritaria en el Congreso de Guerrero. La siguiente ocurrió cuando López Obrador vino por primera vez como presidente a Tlapa, en la Montaña, y el gobernador se llevó una rechifla. Astudillo Flores responsabilizó de eso a Sandoval Ballesteros, quien ya era el delegado único.
En específico, en el tema del retraso del fertilizante ambos políticos tienen perspectivas muy distintas, encontradas.
Astudillo Flores responsabiliza del retraso a la mala planeación del gobierno federal y por detenerse a “revisar el pasado”, es decir, a cómo se operaba el programa y a la revisión del patrón de beneficiarios.
Todo esto, dice Astudillo Flores, ha provocado el retraso y, el retraso, incertidumbre e inconformidad social. “No actuar con responsabilidad y a tiempo tendrá consecuencias muy graves y dolorosas para todos, que lesionarán la paz social y la tranquilidad de las familias campesinas, y, de manera más marcada, afectarán gravemente la producción de granos básicos y la suficiencia alimentaria de las familias rurales del estado”.
Sandoval Ballesteros sostiene que el retraso se debe más bien a los bloqueos, a las tomas de dependencias y retención de funcionarios. Es decir: el retraso se debe a las protestas que realizan campesinos por el retraso del insumo.
Muchas de las movilizaciones, dice el delegado, están promovidas por varios partidos políticos.
Sandoval Ballesteros no ve la incertidumbre que ve Astudillo Flores. Asegura que hay suficiente fertilizante para los campesinos auténticos. “Qué demuestren la propiedad de sus tierras y se les dará el fertilizante”, ha resuelto el delegado.
Es justo ahí dónde radica gran parte del problema: en las cantidades de tierras. Los números no coinciden. Sandoval Ballesteros explica que este año 401,000 campesinos solicitaron fertilizante, 70,000 más que el año pasado para cultivar en 800,000 hectáreas. Afirma que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), sólo tiene registradas 450,000 hectáreas cultivables en todo Guerrero.
El delegado asegura que las 110,000 toneladas de fertilizante que programó el gobierno federal alcanzarán; el gobernador afirma que deben ser más de 200,000, casi el doble.
En medio de este pleito, está Virginia que sólo quiere el fertilizante para cosechar maíz y algo de dinero para comprar las medicinas de Andrés.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
La dote es una tradición ancestral de los pueblos originarios, aunque ahora es una simple transacción económica. Antes, era una ofrenda que una familia brindaba a otra por la felicidad de la nueva pareja. Ahora se meten a intensas negociaciones hasta llegar a un precio. Los precios varían: 40, 80 hasta 150 mil pesos por una niña, por una mujer. El precio se puede establecer en tres aspectos: la edad, el comportamiento y la educación.
Texto: Arturo de Dios Palma
Fotografía: Salvador Cisneros
19 de junio del 2019
La Montaña
1
Alicia no recuerda la fecha cuando, por primera vez, la obligaron a irse a vivir con un hombre desconocido. Sí recuerda con nitidez que era niña. Por ella pagaron 150 pesos de los de antes, un peso con cincuenta centavos de ahora, calcula. Nunca estuvo de acuerdo. No lo conocía. Esa “relación” duró dos años y medio.
Al año comenzaron las agresiones. Fue maltratada; primero porque visitaba a su papá que estaba enfermo y después se reveló la verdadera razón: no podía embarazarse. Un día, el padre del hombre desconocido con el que vivía la golpeó con una vara, después la corrió y le gritó que sí no podía embazarse entonces no les servía.
Alicia regresó a su casa, sus padres intentaron convencerla para que volviera con el “esposo”. Le dijeron que estaba vendida, que le pertenecía. Se negó. La rechazaron. Entonces, vivió unos años con una tía, hasta que le permitieron volver a su casa.
Ahora, Alicia tiene 74 años, ocho hijos y muchos nietos. Está sentada pegada al fogón de leña en su casa de adobe. En medio de la plática se detiene para recordar el fin de esa primera “relación”. Con la experiencia que ha obtenido con los años, dice, cree que no se puedo embarazar porque aún no menstruaba.
La siguiente vez que la obligaron a vivir con un desconocido, no pagaron ningún peso, se la robaron.
2
Es la una de la tarde en este pedazo de la Montaña de Guerrero. Los rayos del sol no penetran las densas nubes grises. La vida y las familias se mueven con cotidianidad, nada extraño se ve a simple vista. Aunque en el interior de muchas casas, hay una tradición que a las niñas les quita su niñez y las convierte en adultas, en madres. Aquí, casi todas las familias han pagado o vendido a una de sus hijas. Le llaman la dote.
La dote es una tradición ancestral de los pueblos originarios, aunque ahora es una simple transacción económica. Antes, era una ofrenda que una familia brindaba a otra por la felicidad de la nueva pareja. Entregaban flores, panes, cerveza, algunos animales y dinero, sin tarifas. Era una manera de agradecer por la crianza de la mujer y una forma de apaciguar la tristeza que provocaba a la familia dejar ir a una de sus hijas, que son “la alegría de la casa”.
Ahora no, las familias se meten en intensas negociaciones hasta llegar a un precio y la ofrenda la dejan en segundo plano. Los precios varían entre los 40, 80 hasta 150,000 pesos por una niña. El precio, según la tradición, se establece en tres aspectos: la edad [mientras más niña más vale], el comportamiento [si se sabe que ya tuvo novio su valor se demerita] y la educación [más educada menos valor].
Neil Arias es abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en los últimos cinco años ha documentado unos 50 casos de venta de niñas; diez por año. Explica que la venta de niñas es una tradición tan arraigada en los pueblos de la Montaña que intervenir para evitarlo es casi imposible. La abogada menciona que no conoce a un sacerdote de la iglesia católica que se haya negado a casar a una niña.
“Hay pueblos completos que sí eso pasa, el sacerdote nunca más vuelve a pisar la comunidad. Y muchos sacerdotes sacan cuentas y mejor prefieren seguir casando a las niñas”, afirma.
Otro problema, expresa, son los ayuntamientos que no mueven un dedo para evitar la venta de niñas y, cuando una mujer ya no quiere seguir en la relación, siempre le dan el lado al que paga. Neil Arias ve otro problema, éste estructural: la pobreza. Muchas veces con la venta de las niñas las familias se quitan una boca de encima, es un gasto menos; pero, agrega, igual de pobres son los que pagan por las niñas.
Neil Arias afirma que la pobreza va acompañada de la falta de escuelas, de hospitales y de caminos. “Estas niñas, niños y jóvenes no tienen alternativas para un futuro”, dice.
Estamos frente a una escena desoladora: pobres comprando pobres.
3
Alfonso, es el hermano menor de Alicia, tiene 67 años, es de los sabios y “mediador” en el pueblo. Lo buscan familias para encabezar las negociaciones para la “petición” de una mujer; calcula que ha mediado unos 115 acuerdos. A pesar de ser un mediador efectivo, dice, ha tenido mala suerte. Tiene seis hijos y dos hijas. Por las cinco nueras —en total— pagó unos 250,000 pesos; mientras que por una de sus hijas recibió 800 pesos y por la otra nada: se casó en los Estados Unidos (EE.UU.) con un guatemalteco.
“Ellos no pagan”, dice con amargura, aunque se reconforta al saber que sus hijas no son maltratadas.
Alfonso conoce perfectamente el cambio que ha sufrido la tradición. Antes, dice, era un ritual que podía durar hasta dos meses con constantes visitas. La primera, recuerda, la hacía el mediador, tocaba la puerta y si estaba abierta metía un pie con flores amarradas. Era el anuncio. Si los de adentro abrían comenzaba la negociación. Si no, le azotaban la puerta en el pie.
De aceptar, venían más visitas, la pareja y las familias se conocían y si llegaban al acuerdo, ponían fecha y, ahora, con las familias completas hacían el ritual: rezaban a Dios, a las ánimas, a los abuelos con los novios hincados al centro por su felicidad. Después venía la fiesta. Ahora, son cuatro reuniones: el anuncio, la respuesta de la familia de la niña, el acuerdo y la entrega, aunque no haya boda. Alfonso recuerda una de sus negociaciones más difíciles. No iba como mediador sino como familiar. Esa vez fueron a pedir a una muchacha de 16 años que su sobrino tiempo atrás había visto en el panteón del pueblo. El joven se fue a trabajar a EE.UU. y regresó para pedirla. La familia de la niña, dice, estaba pidiendo mucho: dos vacas, comida, bebida, la boda y 120,000 pesos. Era imposible pagar todo, recuerda.
La negociación se tensó y estuvieron a punto de llegar a los golpes. Al final acordaron el pago único de 150,000 pesos. Quedaron de verse al otro día para entregarla. No hubo boda. No hubo fiesta. No hubo rezos. Sólo el pago. Eso ocurrió por la tarde, en ese momento la muchacha conoció a su “esposo”.
4
Al año de que regresó a la casa de sus padres, Alicia reencontró al muchacho del que estaba enamorada. Como no tenía para pagar por ella, como exige la tradición, decidieron llevar un noviazgo clandestino. Alicia se embarazó y nació su primer hijo. Decidieron mantener igual la relación. El pueblo y la familia la señalaron, aún así resistió cuatro años.
En ese tiempo, su tía Nubes comenzó a visitarla recurrentemente. Cualquier pretexto era bueno. Siempre el mismo tema: que se casara con otro de sus sobrinos, Ignacio. Trató de convencerla diciéndole que era viudo con dinero y que la trataría bien. Alicia siempre se negó.
En esos días, llegó a la casa de sus padres una familia que iba a pagar por Alicia para convertirla en “esposa” de su hijo. Los papás aceptaron de inmediato, no pusieron ningún tipo de resistencia. Alicia no tuvo más opción, aceptó.
La tía se enteró e insistió en que se casara con Ignacio. Alicia se volvió a negar.
Una noche, cuando los hermanos y el papá y la mamá de Alicia salieron a otro pueblo, llegó la tía con otros cinco hombres a caballos. La despertó y le dijo que arreglara sus cosas porque se tenía que ir con Ignacio. La invitación no fue amable. Alicia se volvió a negar. Discutieron. Afuera estaba el sobrino y otros cuatro hombres más. Todos estaban armados. La tía le lanzó la última advertencia: “Acepta porque si no nos van a matar a todos”. Alicia tomó algunas cosas, a su hijo y se fue sin saber quien de los cinco sería su “esposo”.
5
¿Una mujer que fue vendida puede desafiar la tradición?
Sí, pero hay consecuencias. Son acusadas, señaladas, incluso, perseguidas por las autoridades. Neil Arias, la abogada de Tlachinollan, tiene documentados el caso de dos mujeres. Una que se negó a casar y otra que terminó su “relación”.
Caso 1. Esperanza, una joven de 21 años de edad del municipio de Metlatonoc, salió huyendo a Tlapa porque su papá la quiso vender sin su consentimiento. Ante la falta de trabajo y dinero regresó a su pueblo. Sus padres la rechazaron y se fue a vivir con una tía. Un día, su padre y policías municipales entraron a la casa de la tía, la sometieron, la golpearon y después se la llevaron a barandillas. La acusaron de rebelde. Estuvo dos días en la cárcel. Todo lo autorizó el síndico municipal de entonces, Felicitos Hernández Olea.
Tlachinollan presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por abuso de autoridad. El síndico contestó que la encarceló por petición de sus padres por “conducta ingobernable”.
Caso 2. En Cochoapa El Grande, comprometieron a Micaela cuando era menor de edad; pagaron 80,000 pesos. No estuvo de acuerdo. A los dos años, nació su hijo y el “esposo” se fue a los EE.UU.. Se quedó a vivir con la tía del esposo, la maltrató y nunca le entregó el dinero que enviaba su “esposo”. Micaela decidió irse a la casa de sus papás. El “esposo” y la tía pidieron al entonces síndico de Cochoapa El Grande, Rutilio Ortega Maldonado, que la citara junto con sus padres. Acudieron a la cita. Ahí la acusaron de maltratar a su hijo; con presiones los hicieron firmar un documento donde entregaba la custodia del niño a la tía y un pagaré por 55,000 pesos, para cubrir parte de los gasto de la boda.
Le quitaron al niño y se lo devolverán hasta que liquide el pagaré.
“Quitarle a los hijos se está convirtiendo en un método para que las niñas no dejen a los esposos”, dice la abogada y explica que la familia que paga siempre exige la devolución del dinero porque muchas veces tuvieron que pedir prestado o irse todos a los campos de jornaleros para juntar ese dinero.
6
Cuando Tonantzin vio llegar a Alberto se puso contenta. Eran años los que su esposo se fue a trabajar a los EE.UU.. Ella y sus hijos lo esperaban con ansias.
Alberto no llegó solo, venía con una nueva esposa, con quien se casó en aquel país. El hombre ya traía el plan hecho: viviría con sus dos esposas en la misma casa. A Tonantzin no le gustó nada la idea y le dijo a Alberto que no tenía ningún problema porque se hubiera casado de nuevo, pero prefería separarse, vivir en otro lugar. Así lo hizo, se fue a Tlapa a trabajar.
Después de meses, comenzaron las visitas de Alberto: llegaba con la intención de llevársela de regreso para cumplir su plan: tener a sus dos esposas juntas. Tonantzin decidió ir hablar con los padres de Alberto para que intervinieran. Sirvió de poco. Entonces decidió ir al ayuntamiento para que los funcionarios lo hicieran.
En el ayuntamiento se reunieron las dos familias y acordaron que Alberto no molestaría a Tonantzin, que la respetaría. El acuerdo duró unos meses y Alberto volvió a molestarla. Nuevamente acudió al ayuntamiento, pero esta vez ya no hubo acuerdo. El exesposo pidió el regreso del pago que hizo por ella cuando se juntaron.
Tonantzin huyó a los EE.UU. porque si se queda la encarcelan.
Alicia es la madre de Tonantzin; espera poder verla pronto.
7
A dos meses del rapto, encontraron a Alicia en la casa de Ignacio. Sin embargo no la pudieron ver. A Alicia le dijeron que sus padres estaban muy enojados por haberse ido con un hombre cuando ya había otro compromiso. Decidió esconderse. Esa ocasión, los padres de Ignacio intentaron contentarlos con ofrendas pero no las aceptaron.
Ese hallazgo fue la condena para Alicia. Desde entonces, Ignacio no dejó de maltratarla, de golpearla. Cualquier cosa era motivo para agredirla. Un día, recuerda Alicia, fue a juntar leña y se le atoró la falda con una vara, se le rompió.
Cuando llegó, Ignacio le reclamó: “¿qué hombre te rompió la falda?”. Esa vez le reventó tres varas en la espalda. Ignacio de todo la celaba y por todo la golpeaba.
Una vez, Alicia logró escapar y llegó donde sus papás, pero la regresaron. La acusaron de haberse ido por su voluntad, no le creyeron la versión del robo. No volvió a escapar. En cambio se refugió con el suegro que la protegía porque nunca estuvo de acuerdo con el robo y, menos, con los maltratos.
Alicia vivió con Ignacio 25 años, tuvo ocho hijos. Fue una vida tortuosa, de maltratos y trabajos forzados.
Así es la vida para muchas de las mujeres vendidas. El pago da todo el poder a quienes las compran. Su papel en la nueva familia muchas veces no es de esposas sino de sirvientas, están obligadas a limpiar la casa, a lavar la ropa, a trabajar en el campo sin pago. Muchas veces, las familias pagan por una esposa para sus hijos, para que no se vayan solos de jornaleros. Para pagarlas se endeudan, venden sus animales o se van a trabajar largos tiempos para juntar ese dinero. Al final saben que es una inversión: porque la mujer por la que pagaron trabajará para recuperar el dinero.
—¿Por qué aguantó tanto? —le pregunto a Alicia.
—Por mis hijos —dice sin dejar de soplarle al fogón.
—¿Algunas vez se sintió feliz?
—Nunca. Al contrario sólo me maltrató y a mis hijos los hizo pasar hambre.
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La venta de niñas es una práctica que no está tipificada como trata de personas, dice Neil Arias, la abogada de Tlachinollan. Es complicado por el aspecto antropológico, es decir: argumentan actuar por una tradición y por sus usos y costumbres, aunque la trata de personas encaja perfectamente.
De todos los casos que Tlachinollan ha acompañado por la venta de niñas, sólo han podido procesar uno por el delito de trata de personas.
Es el caso de tres niñas que ocurrió en el 2009. Esta es la historia según el expediente. Las tres estaban estudiando la secundaria. Estaban de vacaciones, una tía les dijo que sí querían ganarse unos 5,000 pesos tendría que irse con ella, las convenció y les prometió que las regresaría. Les pidió que no dijeran nada. Sin embargo, una si le dijo a sus papás. Se las llevó a Teocuitlapa, en Quechultenango, y las entregó a un hombre. Éste se las llevó a Chilapa. Les compró ropa, huaraches.
Después se las llevó a la comunidad Cuba Libre, en Xalpatlahuac, donde ofreció a dos de ellas. Pidió 50,000 pesos por cada una. Al final pagaron 40,000: a una la compraron para un niño y la otra para un señor.
A la tercera, se la llevó a Tlapa. La violó. Luego la ofreció como su hija. La compró un señor que andaba buscando una niña para su hijo que era sordomudo. Flor no se dio cuenta que la vendieron, lo descubrió semanas después, cuando pidió su pago pensando que estaba trabajando. El comprador también se sorprendió al saber que no era hija del que se la vendió. La niña estuvo ocho meses, el hijo del señor nunca la tocó, pero sí trabajó sin ningún pago.
Los tres papás las buscaron, con Tlachinollan presentaron la denuncia y lograron que se girará la orden de aprehensión contra el hombre que las vendió. Cuando lo capturaron reveló dónde estaban las niñas. En el proceso, los que compraron a las niñas se defendieron al decir que pagaron la dote. Al final sí fueron sentenciados. Después se supo que la tía convenció a las niñas porque estaba amenazada. Le quitaron a su hijo para que lo hiciera.
9
Era diciembre del 2017, a la puerta de la casa de Marcos tocó una niñas de 15 años. Dijo que sus padres la habían enviado porque tenía que casarse con su hijo, Jonathan, de 16. Marcos le cerró la puerta en la cara.
Después de horas decidió dejarla pasar, la niña no paraba de llorar.
Días atrás la familia de la muchacha la había visto bailando con Jonathan. Determinaron que eran novios y que tenían que hacer un compromiso. Jonathan y Marcos se negaron al compromiso. El adolescente aceptó que bailó con la muchacha, incluso que le gustaba, pero se negó a casarse.
La familia de Marcos, principalmente su padre, Alfonso, el mediador, insistió en que debía ir a ver a la familia de la muchacha para hacer el acuerdo y pagar. Alfonso fue el más insistente. Marcos recuerda que fueron días de largas discusiones, pero al final se quedó solo. Le decían que si no aceptaba, la familia de la muchacha los podía embrujar. La familia se impuso: Jonathan debería casarse con la muchacha.
Marcos accedió. Primero llevó una propuesta: les ofreció 20,000 pesos pero sin acuerdo. Que se quedaran con el dinero y con su hija. La familia se negó y en cambio pidió 100,000 pesos. Alfonso, su padre, lo empujó para que aceptara y Marcos pagó la cifra. La muchacha estuvo sólo 15 días, Jonathan en eso días casi no ponía un pie en la casa para evitar verla, mientras que la chica se levantaba a las 5 de la mañana para comenzar con el aseo. Marcos no le gusta que Jonathan se ausentara tanto, así que decidió regresar a la muchacha. La familia de la muchacha se comprometió a devolver la mitad del dinero, pero eso no ocurrió.
Marcos tiene tres hijas y no piensa cobrar por ellas, pero tampoco entregarlas así de fácil. Dice que las entregará sólo si ellas quieren, pero no las dejará que se vayan a la casa del novio, por eso, dice, se está preparando: ya compró un terreno donde piensa construirles casas pequeñas para que ahí vivan. Prefiere estar vigilante.
“Si uno les pega a mis hijas me lo madreó, por eso quiero que estén cerca”, dice Marcos.
10
Era el año de 1992 y en el pueblo de Ignacio se celebraba la feria patronal. Cecilio, el hijo menor de Alicia, tenía siete años, pero recuerda bien ese día. Antes de oscurecer, Alicia le ordenó junto a una de sus hermanas que se bañaran, iban a ir a la feria a tomar atole. Ahí vieron a Ignacio que estaba tomando. Estuvieron un par de horas y regresaron a la casa. Alicia le dijo a Cecilio que se durmiera, porque iban a salir temprano.
En la madrugada, lo despertó, tomó sus varas de su telar de cintura y desamarró una marrana con sus crías y salieron. En la puerta ya los esperaba Ignacio. Tomaron camino de regreso a la casa de los padres de Alicia. Cruzaron el río y entonces el grupo se desarmó: unos marranitos se perdieron e Ignacio tomó otro rumbo. Cecilio lloró por sus marranos, por su papá y por su hermana que se quedó. Pero siguieron caminando hasta la cumbre. Siguieron el camino y llegaron a la casa de los padres de Alicia. Cecilio no entendía muy bien qué pasaba, quería ver a sus hermanos, incluso a su papá. Subía a los cerros para ver si a lo lejos veía a su papá.
Pasaron los días y las semanas, en un momento sintió coraje contra Alicia, pensó que lo había alejado de sus hermanos, de su papá, de su pueblo. Un día, Cecilio se subió al cerro y vio a su papá, enloqueció: le gritó y le gritó, corrió tras él pero no lo alcanzó. Ignacio no se detuvo. Después corrió a su casa, le dijo a su mamá que arreglara sus cosas porque había ido por ellos. Cecilio tomó sus cosas y otra vez subió al cerro. Ignacio nunca apareció. Entendió que nunca más iba volver a su casa.
Alicia se fue a trabajar a los campos, anduvieron de una casa a otra. Sobrevivieron como pudieron. Cecilio y Alicia sembraron y cosecharon amapola un tiempo, hasta que los militares les destruyeron su plantío. Se convirtieron en jornaleros, se fueron al norte del país, los obligaron a trabajar un tiempo sin cobrar por el costo del viaje. Allá en Sinaloa se reencontraron con algunos de sus hermanos. Con su hermana, la que dejaron en el pueblo, se reencontraron cinco años después, muchos años estuvo enojada con ellos.
Mucho tiempo después Alicia le dijo a Cecilio que en realidad dejaron su pueblo porque Ignacio la había corrido, quería estar con otra mujer.
El año pasado, en Día de Muertos, Alicia volvió a ver a Ignacio después de 27 años. El hombre salió del panteón y se acercó donde ella estaba, le dijo que tenía hambre, que le diera de comer. Alicia asintió, se metió a su casa, se bebió dos cervezas de la ofrenda, agarró un rifle, lo escondió en su enagua y salió. Desde la puerta le dijo que se acercara. Cuando lo tuvo cerca le apuntó y le advirtió que le dispararía si no se iba. El hombre salió corriendo sin saber que el rifle no tenía balas. Desde entonces no lo ha vuelto a ver.
La primera versión de este texto fue publicada en El Universal
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